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MALVINAS HOY. MÁS LEJOS DE ARGENTINA QUE EN 1982, MÁS CERCA DEL REINO UNIDO QUE EN 2003.

César Augusto Lerena*

La afirmación de los derechos soberanos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, las aguas correspondientes y la Antártida se sostiene vigente por esfuerzo de los héroes de Malvinas y de cada uno de los ciudadanos que combaten diariamente para mantener viva la llama de la soberanía nacional, la integridad territorial, los valores de nuestros próceres y la dignidad y resguardo de la Nación. Los derechos soberanos no se declaman, se ejercen y, hay muchos funcionarios que no han estado ni están a la altura de este deber patriótico.

A 40 años de la recuperación de Malvinas, la situación respecto a la reivindicación argentina de sus derechos sobre los archipiélagos es mucho peor a la existente en el año 1982. Ese año el Reino Unido ocupaba 14.100 km2 del Archipiélago y tres millas marinas a su alrededor; los isleños realizaban escasas actividades económicas que no eran sustentables y Malvinas tenía una reducida guarnición militar.

La política llevada a cabo por la Cancillería Argentina y, desde su creación, por la Secretaría de Malvinas y el Consejo Nacional de Malvinas no ha sido inocua sino francamente favorable a los intereses británicos en el Atlántico Sur y Malvinas.

Desde la sanción de la resolución 2065 donde la Asamblea General de la ONU “invitó” a la Argentina y al Reino Unido de Gran Bretaña «a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial (…) a fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposi­ciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands)» la Cancillería de nuestro país se ha limitado a promover sin éxito el diálogo, obtener el apoyo de otros países para iniciar las negociaciones sobre la disputa y a llevar adelante actos unilaterales de cooperación con los isleños y ruinosos actos contrarios al interés nacional. Mientras ello ocurre, el Reino Unido en forma sostenida desde 1982 y creciente desde 2016 a la fecha, se consolida militar, económica y estratégicamente en la región.

¿Qué quedó de la Resolución 1514 (XV) del 14/12/1960?, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que «Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» y qué del mandato expreso de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (1994) que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía sobre Malvinas (…) por ser parte integrante del territorio nacional” y donde “la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía (…) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

¿Y qué de la Res. 31/49 del 01/12/1976?, donde la Asamblea General, entre otras cosas «instó a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas (1514, 2065 y 3160)».

Entre 1982 al 2002 ocurrieron cosas espantosas. Se firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile (1984) donde este país aliado estratégico del Reino Unido obtuvo por primera vez acceso al Atlántico Sur; se inauguró un aeropuerto en Malvinas (1985) facilitando el traslado aéreo de los isleños y fuerzas militares; los ingleses establecieron un área de conservación de la pesquería alrededor de Malvinas (1986) impidiendo el acceso a la pesca de embarcaciones pesqueras nacionales; se iniciaron las negociaciones argentino-británicas (1987/88) que darían lugar luego a la “fórmula del paraguas” congelando nuestra soberanía en las islas; se concretaron luego los infames Acuerdos de Madrid (1989/90) que cedieron la pesca a los británicos en el área de Malvinas y limitaron las operaciones militares argentinas en el Atlántico Sur; se acordó la conservación e investigación conjunta británico-argentina de los recursos pesqueros (1990/95), facilitando a aquellos el otorgamiento de licencias pesqueras a buques extranjeros que son el principal sustento económico de las Islas; se delimitaron las líneas de base del continente argentino (1991) dando lugar al Reino Unido a establecer sus propias delimitaciones en las Islas con la pretensión de acogerse al régimen de Estado ribereño previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); se aprobó el Convenio con el Reino Unido (1992) para la Promoción y Protección de sus inversiones en la Argentina que se consolidó con la Ley 24.184 y beneficia al Reino Unido sobre el resto de los países; los británicos amplían una ocupación de 200 millas alrededor de las Islas Georgias y Sándwich del Sur (1993); la Subsecretaría de Pesca Argentina veda en la ZEE la captura del calamar (1994) permitiendo a esta especie llegar a Malvinas para asegurar el sustento económico de los isleños; se firma el Acuerdo Pesquero con la Unión Europea (1994) sin otorgarle cuota para la pesca del calamar patagónico para no interferir la llegada de esta especie a Malvinas; la Argentina ratifica la CONVEMAR (1995) —al igual que el Reino Unido— un instrumento que facilita las operaciones pesqueras en alta mar por parte de los Estados de bandera (extranjeros) en perjuicio de los Estados ribereños que, como la Argentina, pierde sus recursos migratorios en Malvinas en manos británicas y en alta mar por buques extranjeros; la Argentina acuerda en Londres (1996) normalizar sus relaciones con el Reino Unido sin discutir la limitación de los espacios territoriales y la explotación de los recursos y cooperar para evitar la sobreexplotación extranjera favoreciendo el otorgamiento de licencias pesqueras británicas; se firma un Convenio de Cooperación Militar (1998) que no reduce la presencia militar inglesa en el Atlántico Sur sino por el contrario el Reino Unido traslada a Malvinas el Comando Sur de la Isla Ascensión; se sanciona la ley federal de pesca (1998) que favorece la concentración extranjera de una actividad que era 100% nacional; la Cancillería Argentina acuerda (1999) con el Reino Unido, entre otras cosas, “combatir a los buques pesqueros sin licencia inglesa”; la Argentina aprueba el llamado Acuerdo de Nueva York (2000) que transfiere la administración pesquera en el Atlántico Sur a Organizaciones Regionales Pesqueras (OROP) que permiten la injerencia de terceros países (y entre ellos el Reino Unido) en los recursos nacionales. Entre el año 2000 y el año 2003 los funcionarios argentinos durmieron la siesta.

Entre el 2003 y 2019 pasaron algunas pocas cosas buenas y en su mayoría horribles. Se firma el Tratado de Lisboa (2005) donde los ciudadanos de Europa (entre ellos españoles e italianos) acuerdan que Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y la Antártida se transformen en territorios británicos de ultramar; se suspenden las investigaciones conjuntas (2005) para evitar suministrar información biológica confidencial a los británicos; se otorga la explotación petrolera (2007) hasta el año 2043 del yacimiento “Cerro Dragón” a Pan American Energy de capital accionario británico; la Argentina ratifica sus derechos sobre la plataforma continental extendida (2007) ante la Comisión de límites ad-hoc de las Naciones Unidas; se legisla sobre la prohibición de pescar en el continente y Malvinas (2008) pero no se sancionaron hasta la fecha casos denunciados públicamente; se inicia la localización de los combatientes caídos en Malvinas (2008), permitiendo un alivio a familiares; se inician exploraciones petroleras en Malvinas (2010) lo que podría encaminar a consolidar económicamente a las islas; se dicta el Decreto 256 (2010) por el que se requiere permiso para trasladarse a Malvinas, no obstante, más de 700 buques por año operan en puertos uruguayos; por la Ley Solanas (2011) se restringen las operaciones petroleras en el continente a quienes operan en Malvinas, ello no impidió la licitación de 100.000 km2 y el otorgamiento de áreas a empresas británicas para la explotación offshore (2019) entre el continente y Malvinas; el gobierno británico declara una reserva ecológica de 1.070.000 km2 alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur (2011) violando el Tratado Antártico, la soberanía argentina e impidiendo la explotación de recursos pesqueros a buques nacionales; se realiza un referéndum ilegal en Malvinas (2013) donde los isleños ratifican en un 99,83% seguir siendo una colonia británica; la Comisión de Límites de las Naciones Unidas se expide (2016/17) recomendando solo 350.000 km2 de los 1.782.000 km2 que reivindicaba Argentina, por entender que 1.430.367 km2 se encuentran en disputa con el Reino Unido. No se conoce manifestación de rechazo del gobierno argentino por esta limitación territorial de un grupo de técnicos; se acuerda el indigno “Pacto de Foradori-Duncan” (2016) que ratifica los Acuerdos de Madrid I y II donde se declara: «adoptar todas las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento y desarrollo sustentable de las Islas Malvinas» en abierta violación a la Constitución Nacional; la Canciller Malcorra declara (2016) “las Malvinas no son más el tema principal en las relaciones entre Buenos Aires y Londres” en una nueva violación a la Carta Magna; Marcelo Kohen, actual consejero y asesor principal del Secretario de Malvinas, viaja a Malvinas (2018) y les ofrece a los Isleños quitarle a Tierra del Fuego las islas Malvinas y las aguas correspondientes, mantener vigente el régimen de migraciones en manos de los isleños y promover un referéndum para que los isleños definan si quieren seguir siendo británicos; se aprueban vuelos a Brasil (2019) desde Malvinas facilitando las operaciones y transporte desde las Islas.

Pero, veamos ahora, qué ha hecho el gobierno asumido en 2019, su Cancillería y muy particularmente la Secretaría de Malvinas a cargo de Guillermo Carmona (2021) y el Consejo Nacional de Malvinas (2020) que, en estos casi tres años, ha ratificado las peores cesiones argentinas al Reino Unido de Gran Bretaña:

En primer lugar, mantiene vigente y, de hecho, avala todo lo ocurrido en estos 40 años respecto a la cuestión Malvinas, salvo la honrosa excepción de “suspender” las investigaciones pesqueras conjuntas y los vuelos a Brasil y el anuncio de sanciones a las empresas petroleras que operen en Malvinas. No nos referiremos aquí a algunas acciones, de competencia del Ministerio de Defensa, como la incorporación de cuatro patrulleros multipropósitos para la Armada encargados por el gobierno anterior a Francia que a todas luces resultan insuficientes para la tarea estratégica que debe llevarse en el Atlántico Sur, los mares vinculados a los Océanos Pacífico e Indico y la Antártida.

  1. Las tres leyes sancionadas se transformaron en irrelevantes: La Ley 27.557 de plataforma continental que muestra un plano ampliado es un fiasco. Como vimos 1.430.367 km2 de la plataforma está disputada por el Reino Unido según la propia Naciones Unidas. La Ley 27.558 de creación de un Consejo Nacional de Malvinas se integra con numerosos responsables de los desaguisados de los últimos 40 años, entre ellos el citado Marcelo Kohen, Susana Ruiz Cerutti y otros. A dos años de su creación no se le conoce plan estratégico y, algunos de sus miembros dicen por los medios qué propondrían hacer como si no fueran parte y estar obligados a la debida confidencialidad y consenso que exige la ley. La Ley 27.564 de aumento de sanciones a las infracciones pesqueras, no ha colocado una sola multa a los buques extranjeros que bajo licencia inglesa pescan en el área argentina de Malvinas unas 250.000 toneladas anuales por un valor equivalente a todas las exportaciones pesqueras argentinas, lo que podría constituirse en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por incumplir la ley citada y la 24.922.
  2. Mantienen en plena vigencia el Convenio de Cooperación con el Reino Unido (ley 24.184), los Acuerdos de Madrid I y II, el Pacto de Foradori-Duncan, donde estos dos últimos, al margen de violar el Artículo 29º de la Constitución Nacional (“El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”) violan la citada Disposición Transitoria de la Constitución Nacional y, muy grave: podría dar lugar a que el Reino Unido manifieste que mantiene un diálogo activo y fluido con Argentina respecto a Malvinas.
  3. En 1982 el Reino Unido tenía ocupado 11.410 km2, hoy tiene 1.639.900 Km2 de territorio insular y marítimo argentino militarizado (equivalente al 52% de la ZEE Argentina) y disputa con nuestro país 1.430.367 km2 de la plataforma continental y 965.597 km2 de la Antártida más las aguas correspondientes. El gobierno declara no tener hipótesis de conflicto, a pesar de haberlo tenido con Chile por espacios insulares y marinos de menor magnitud e importancia.
  4. Entre 350 y 500 buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses y británicos extraen del Atlántico Sudoccidental un millón de toneladas anuales de recursos pesqueros que duplican en dólares las exportaciones argentinas y, al igual que el embajador Lucio García del Solar que despreció la pesca en las negociaciones de 1989 con el Reino Unido, el Secretario Carmona no ha tomado una sola acción al respecto, permitiendo “la consolidación británica”, al decir del ex director de pesca inglés en las Islas John Barton. Esta internalización del Atlántico Sur genera, además de las pérdidas económicas y laborales de Argentina, un ambiente de tensión en el área con la intervención de potencias extrarregionales.
  5. Los españoles se han transformado en el principal socio extractivo, productivo y comercial de los británicos en Malvinas, quienes además facilitan el ingreso a la Unión Europea de los productos de Malvinas libres de arancel facilitando la sustentabilidad económica de los isleños.
  6. El Reino Unido instaló en Malvinas la base misilística y naval más moderna e importante de la región, absolutamente desproporcionada a la población de las islas, y la Argentina carece de todo poder disuasivo en el Atlántico Sur y de control de las operaciones que se realizan en la región austral, mientras el actual Embajador Argentino Javier Figueroa en Londres declara que: «el Reino Unido y Argentina “han disfrutado” (sic) de una relación diplomática desde 1823», seguramente olvidando los años 1833, 1845, 1933, 1982 y otras tantas fechas de agresión británica.
  7. El Reino Unido tiene hasta la fecha impuestas limitaciones a la compra argentina de armas y ello no impide a la Secretaría de Malvinas basar su estrategia en dialogar, ampliar la base de apoyos y cooperar unilateralmente.
  8. Pese a la presencia naval y misilística del Reino Unido en Malvinas, que supone la intervención de la OTAN en el Atlántico Sur, la Secretaría de Malvinas no ha convocado a las acciones correspondientes de todos los países de África occidental y América oriental de la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” ratificada por la Resolución 41/11 de las Naciones Unidas, destinada a limitar la presencia de países extraños y la militarización de la región.
  9. No hay acciones argentinas que saquen de la posición de confort al Reino Unido en la región y el sostén económico de los isleños. Tampoco iniciativas diplomáticas suficientes destinadas a evitar el uso de los puertos de Uruguay y Chile para dar logística operativa y comercial de las islas. Por el contrario, ha promovido vuelos humanitarios y autorizado la operatividad de la Empresa LATAM desde las islas a Chile, donde los vuelos serían más caros a Río Gallegos ($ 81.450) que al destino más lejos de Punta Arenas ($ 55.344), según informa AgendaMalvinasOK (09/06/2022) lo que dificultaría —aún más— la presencia argentina en Malvinas, que el secretario Carmona califica de “hecho histórico el restablecimiento de los vuelos” (Telam, 8/6/2022).
  10. Contrario a lo que ocurrió con la construcción de un puerto en Georgias del Sur y la licitación de otro en Malvinas, la Argentina solo efectúa anuncios; pero, a la fecha no ha aumentado, modernizado ni tecnificado los puertos de Tierra del Fuego para facilitar el control del área, el acceso a la Antártida y otras cuestiones relativas a la población; radicación industrial, profundización de la investigación en la Patagonia, etc. Las declaraciones por twitter (10/06/2022) del Gobernador Gustavo Melella sobre la responsabilidad de la Cancillería en el manejo de la cuestión Malvinas es elocuente.
  11. Se mantiene la vigencia del Artículo 2º de la Ley 23.775 que establece En lo que se refiere a la Antártida, Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y demás islas subantárticas, la nueva provincia queda sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal, para cuya ratificación no será necesario consultar al gobierno provincial, lo que debilita la posición negociadora argentina y agravia a los habitantes de Tierra del Fuego, dando lugar a proyectos secesionistas como el de Kohen.
  12. El secretario de Malvinas avala la postulación a la Corte Internacional de Justicia de Marcelo Kohen quien, como hemos dicho, proponía la separación de Malvinas de Tierra del Fuego, la continuidad del control de migraciones de los isleños y un referéndum para que los isleños indiquen qué nacionalidad deseaban (En 2013 arrojó que el 99,83% deseaba seguir bajo la corona británica).
  13. Los isleños incrementan al nivel más alto en estos últimos 40 años las relaciones con Brasil, Chile y Uruguay y, estos países contribuyen en la logística, intercambio comercial y de tripulantes etc. con las empresas que operan en Malvinas.

De persistir estas políticas nacionales e internacionales argentinas y el escenario mundial, no parece que vaya a cambiar la tendencia de fortalecimiento británico en el área. La política argentina debería modificarse sustancialmente si se pretende acercar a nuestro país al ejercicio de la soberanía plena, no solo de Malvinas, sino del Atlántico Sudoccidental. Malvinas es una cuestión de identidad nacional. Uno de los tantos proyectos inconclusos argentinos; pero, con un fuerte compromiso afectivo que puede encolumnarnos en un proyecto de interés geopolítico, económico, de soberanía nacional y, una deuda, que todos los argentinos tenemos con los 649 combatientes caídos en Malvinas en 1982.

La afirmación de los derechos soberanos no se declama, se ejerce.

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca (CESPE). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex-Secretario de Estado. Ex-Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021).

 

LA PÉRDIDA DE LOS TRIPULANTES DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN. UNA LEY PARA SU HOMENAJE Y PROTECCIÓN

César Augusto Lerena*

El Submarino ARA San Juan (S-42) sirvió desde el 2 de diciembre de 1985 a la República Argentina. Tenía su asiento habitual en la Base Naval de Mar del Plata hasta que el 15 de noviembre de 2017 en una misión de patrulla de “vigilancia y control” perdió contacto con la Armada, siendo localizado en el POI Nº 24, 45°56′ 59” S 59°46’22″O el 17 de noviembre de 2018 a unos 907 metros de profundidad, a la altura del Golfo de San Jorge y a unas 270 millas náuticas de Comodoro Rivadavia, sobre la plataforma continental argentina.

Para ello, la Oficina Internacional para el Rescate y Escape de Submarinos coordinó el envío de naves, aeronaves, equipos y personal especializado desde 18 países que, junto a los de Argentina, alcanzaron a más de 37 naves y aeronaves y, unas 4 mil personas que realizaron las operaciones de búsqueda en un área de 482.507 km2.

No obstante, la fecha oficializada del hallazgo del submarino, el 17 de noviembre de 2018, el contralmirante (R) de la Armada Argentina Luis López Mazzeo reveló ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que «el gobierno argentino habría conocido su ubicación al menos 20 días después de su desaparición. La posición —dijo— la había revelado el buque chileno «Cabo de Hornos» (Andrés Klipphan, 7/11/2020, Infobae)»; información, «que habría sido ratificada por el Capitán (R) de la Armada de Chile, César Miranda, quien fue comandante de la citada nave en noviembre de 2017 (Ultimas Noticias -Chile- 22/11/2020. pág. 3,4).

Por su parte, el entonces embajador argentino Rafael Grossi miembro de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, informó al Ministerio de Defensa de Argentina un año antes del encuentro del submarino, que éste podría encontrarse en la latitud 46.12 y longitud 59.69 donde se había descripto un evento “anómalo, único, corto y violento” coincidente con una explosión, muy cerca del lugar donde finalmente se detectó el submarino (Dinatale, Martín; Infobae, 17/11/2018).

Ante la dificultad para determinar la causa del hundimiento y la característica que cita Grossi de explosión “única, corta y violenta”, entre las distintas hipótesis y, más allá de detectarse fallas en las baterías de la nave, se debería tener en cuenta que la desaparición del submarino ARA San Juan se produce en una etapa de tensión en el mar argentino, debida a que pocos días antes del hecho, se realizaron ejercicios militares del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte —entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de 2017— con misiles, buques, submarinos y aviones en el área de Malvinas, repitiendo maniobras que este Reino ya había realizado en 2016, en ambos casos, en abierta violación a la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas que declaró al Atlántico Sur “Zona de Paz y Cooperación” con la firma de todos los países de África occidental y América oriental y, también, correlacionar este hecho, con el conocimiento que habrían tenido Grosso, López Mazzeo y Miranda, respecto a la ubicación aproximada del desenlace, aproximadamente un año antes de la fecha oficial.

De la «Orden “Confidencial” de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos N° 04/17, fechada el 24/10/2017» publicada (Infobae, Andrés Klipphan, 04/02/2018) surge que el submarino ARA San Juan debía «obtener reconocimiento preciso y localización, identificación, registro fotográfico/fílmico» de varios buques, entre ellos el BP CFL HUNTER, el HMS CLYDE y el FPV PROTEGAT y las Aeronaves de la Fuerza Real Aérea Británica (RAF C130) y de la Gobernación (NdA: ilegal) de Malvinas» (punto 3.4.1.2).

Puede verse en el citado informe, que la Patrulla tenía como objeto principal realizar operaciones de vigilancia y control (punto 2); de ejercicio de ataque submarino (puntos 1.2.1, 3.3.2, 4.4.1 y 4.4.2); de patrulla antisubmarina (punto 3.2.1); de conocimiento de modalidad de otros buques REEFERs, Logísticos, petroleros, etc. y de toda actividad ajena no prevista (Punto 1.1.2); pero, todas las tareas de identificación y obtención de imágenes debían hacerse “sin vulnerar la discreción y sigilo de la unidad submarina” (punto 2.4.). Todas cuestiones que demuestran el rol protagónico del ARA San Juan en el cuidado de la soberanía nacional, que acrecienta el valor de los tripulantes en el cumplimiento de la función militar asignada.

Por otra parte, posibles controles de pesca ilegal de embarcaciones extranjeras por parte del submarino San Juan se podrían enmarcar en el citado punto 1.1.2 que refiere al control de “toda actividad ajena no prevista”, en atención a que los recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE Argentina, en particular los que usurpa el Reino Unido en Malvinas y los buques extranjeros, deben ser controlados conforme los artículos 4º, 5º d, 21º e 22º y 23º de la Ley 24.922 y la nueva doctrina de seguridad que indica que la pesca ilegal no es solo un problema de sostenibilidad del recurso sino de inseguridad, ya que si bien tradicionalmente la seguridad solo incluía al Estado o a los gobiernos contra los ataques extranjeros (Figueiredo, 2010, pág. 273), el Informe de la ONU sobre Desarrollo Humano de 1994 examina amenazas a la seguridad de carácter económico, ambiental y social y, en el documento sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima de 2005 se asocia la explotación indebida de los recursos marinos con daños al medio ambiente y a la seguridad económica y, afirma, que la competencia por las poblaciones pesqueras puede dar lugar a conflictos violentos e inestabilidad regional, lo que requiere que las marinas nacionales tomen medidas agresivas” (Luciano Vaz Ferreira, “a pesca como um problema de seguranza…” Artigos. Revistá InterAcá o pág. 11:43, 2018, Universidad Federal de Río Grande. Brasil).

Por su parte, en 2014 el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en su Documento de Estrategia de Seguridad Marítima expone «la necesidad de protección contra las amenazas de su dominio marítimo, incluida la pesca ilegal y, pone a ésta al mismo nivel de otras amenazas, como la delincuencia organizada y el terrorismo, lo que demuestra la gravedad». Ese mismo año, la Unión Europea, incluyó a la Pesca Ilegal como una amenaza para la seguridad marítima de sus Estados miembros y en 2016 el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe exclusivo sobre el tema de la Pesca Ilegal (IUU), y lo define como una amenaza para la seguridad alimentaria y económica, que beneficia al crimen organizado transnacional.

El control de la Pesca Ilegal se relaciona con la delincuencia organizada transnacional (ONU, A/RES/64/72); la inmensidad del mar, la dificultad para hacer cumplir la ley y las bajas penas impuestas por estos delitos hace a la Pesca Ilegal muy atractiva por las organizaciones delictivas (Haenlein, 2017, p. 08); se utilizan estos buques que pescan ilegalmente para el transporte de drogas y armas, donde se utiliza el trabajo esclavo (Shaver; Yozell, 2018, pág. 16; Milko Schvartzman Trabajo Esclavo, Trata y Muerte en el Puerto de Montevideo”, 2018; César A. Lerena “Malvinas 1982-2022”. Pesca la Moneda de Cambio; 2021) y hay abusos laborales —incluida la esclavitud moderna— que son subsidios ocultos y permiten que las flotas pesqueras de aguas distantes sigan siendo rentables y promuevan la sobrepesca (Universidad de Australia Occidental y la iniciativa Sea Around Us en la Universidad de Columbia Británica; Juventud Marítima del SOMU, Argentina, 10/12/2018); cuestiones que los Estados ribereños deben, mediante sus fuerzas aeronavales, disuadir y erradicar, para garantizar su soberanía territorial, económica, social y alimentaria.

Más allá de destacar los servicios prestados por el ARA San Juan en distintas operaciones navales en el país y el extranjero, corresponde resaltar el rol cumplido por las distintas tripulaciones de este submarino en su carácter de custodios del mar argentino con posterioridad a la guerra de Malvinas y, muy especialmente, a quienes en esta última misión ofrendaron la vida en cumplimiento de su deber.

Pasaron un año y dos días después de su desaparición para que se encontrara al submarino y, con ello, a los 38 tripulantes, entre ellos una mujer y 6 buzos tácticos que estaban cumpliendo a bordo funciones propias de control y vigilancia en el territorio marítimo nacional, la Zona Económica Exclusiva, la Plataforma Continental Argentina y sus archipiélagos, entre ellos Malvinas; es decir, realizando tareas de resguardo de la soberanía nacional, más aún, cuando parte de las aguas y archipiélagos argentinos del Atlántico Sudoccidental se encuentran ocupados ilegalmente por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y por cientos de buques extranjeros que efectúan pesca de los recursos pesqueros originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina, dentro de esta y en alta mar, con o sin licencia ilegal británica.

En atención a ello hay que configurar el lamentable hundimiento y desaparición de su tripulación como un acto heroico en defensa de los territorios nacionales.

En esa tarea de custodia de la soberanía nacional estaban encomendados los miembros de la Armada Argentina: Alcaraz Coria, Fabricio A. (Cabo principal); Alfaro Rodriguez, Ricardo G. (Suboficial segundo); Aramayo, Hugo D. (Cabo principal); Arjona, Alberto R. (Cabo principal); Bergallo, Jorge I. (Capitán de Corbeta); Castillo, Enrique D. (Cabo principal); Cisneros, Leandro F. (Cabo primero); Coronel, Victor H. (Suboficial primero); Cuéllar, Sergio A. (Cabo principal); Enríquez, Victor. (Suboficial segundo); Espinoza, Franco J. (Cabo principal); Fernández, Daniel A. (Suboficial segundo); Fernández, Pedro M. (45, Capitán de Fragata); Gallardo, Javier A. (Suboficial Principal); García, Luis E. (Cabo principal); Herrera, Hugo A. (Suboficial segundo); Ibáñez, Cristian D. (Cabo principal); Krawczyk, Eliana M. (Tte. de Navío); Leiva, Luis M. (Suboficial segundo); Maroli, Victor A. (Tte. de Navío); Mealla, Jorge L. (Tte. de Corbeta); Medina, Roberto D. (Suboficial segundo); Melián, David A. (Cabo primero); Mendoza, Fernando V. (Tte. de Navío); Monzón, Jorge A. (Cabo principal); Niz, Luis A. (Cabo primero); Nolasco, Luis C. (Cabo primero); Ortiz, Jorge I. (Cabo principal); Polo, Daniel A. (Cabo primero); Real, Walter G. (Suboficial primero); Rodríguez, Hernán R. (Suboficial primero); Sánchez, Alberto C. (Suboficial primero); Santilli, Fernando G. (Cabo principal); Silva, Renzo D. M (Tte. de Fragata); Suárez, Germán O. (Cabo primero); Tagliapetra, Alejandro D. (Tte. de Corbeta); Toconas, Mario A. (Cabo principal); Tolaba, Aníbal (Cabo segundo); Valdez, Jorge E. (Cabo principal); Vallejos, Celso O. (Suboficial segundo); Vargas, C. H. (Suboficial segundo); Villarreal, Fernando V. (Tte. de Navío); Wagner, Diego M. (Tte. de Navío) y Zunda Meoqui, Adrian (Tte. de Fragata).

Por otra parte, en atención, a la profundidad en la que se encuentra el submarino ARA San Juan y su tripulación, resulta —al menos por el momento y con la tecnología disponible actual— muy difícil recuperar la nave y con ello, a sus tripulantes, motivo por el cual, es necesario protegerlos de toda acción derivada de exploraciones mineras o hidrocarburíferas y explotaciones pesqueras con artes de pesca de arrastre de fondo, de modo de no afectar el lecho donde descansan los marinos que en el ARA San Juan perdieron la vida en el cumplimiento de sus deberes con la Nación.

Teniendo en cuenta que por la Ley 27.037 el 19 de noviembre de 2014 se sancionó el “Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas” destinado a proteger y conservar espacios marinos y, la Ley 27.615 y su Decreto Reglamentario 316/2021 que estableció indemnizaciones a los familiares. Y en ese sentido sugiero el dictado de la siguiente Ley Nacional:

Artículo 1º. Declárase MONUMENTO NACIONAL MARINO al lugar de la plataforma continental argentina, donde descansan los restos del Submarino ARA San Juan y los 44 tripulantes de esta embarcación de la Armada Argentina, de conformidad con el artículo 5º inciso b) de la Ley 27.037.

Artículo 2º. EL Monumento Nacional Marino se denominará “TRIPULANTES DEL ARA SAN JUAN”, conmemorándose el día 15 de noviembre de cada año, el día del submarinista, en recordación de los 44 tripulantes fallecidos.

Artículo 3º. Encomiéndase al PODER EJECUTIVO a formar una Comisión Técnica para que en el término de noventa (90) días y en base a la documentación existente, determine el área de protección que asegure la inviolabilidad de los restos del Submarino ARA San Juan y de los tripulantes de esta embarcación naval. Dicha Comisión deberá contar con una representación de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Artículo 4º. Establécese, conforme el artículo 5º inciso b) iii) de la Ley 27.037, en el área que determine el Poder Ejecutivo de acuerdo al dictamen de la Comisión Técnica indicada en el artículo precedente, la prohibición de cualquier tipo de actividad extractiva en el lecho y subsuelo marino; la captura con artes de pesca de arrastre de fondo; la introducción, descarte, transplante y propagación de elementos químicos y productos biológicos y/o cualquier actividad que perturbe o modifique la característica única que justifica la categorización de Monumento Nacional Marino.

Artículo 5º. Una vez determinada el Área y las restricciones referidas en los artículos 3º y 4º, comuníquese a todos los Estados de Bandera que realicen actividades de pesca en el Atlántico Sur las prohibiciones citadas, las que en caso de no ser debidamente cumplidas darán lugar a las más severas sanciones aplicables en la legislación nacional e internacional vigente.

A los que custodian nuestra soberanía se los respeta. A Nuestros muertos en cumplimiento de su misión se los venera.

 

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca (CESPE). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex-Secretario de Estado. Ex-Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021).

 

PROPUESTAS PARA RECONSTRUIR LA ARGENTINA

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales  SAEEG

«Sirvo a la patria sin otro objeto que el de verla constituida, ése es el premio al que aspiro».

Manuel Belgrano

 

La Patria nos está necesitando en un momento en que la mayoría de la población opta por uno o por otro de los que conforman la casta política que, tras casi cuatro décadas de una falsa democracia, ha sumergido a la República Argentina en la miseria, en la corrupción, en una falta de futuro para los jóvenes —quienes prefieren emigrar— y en la imposibilidad de delinear un proyecto para quienes se quedan. Como si esto fuera poco, el narcotráfico se apodera del Territorio Nacional mientras se destruye el sistema de defensa, las fuerzas de seguridad y la Inteligencia.

Todos tenemos el diagnóstico de la enfermedad, pero debemos trabajar sobre sobre las “medicinas” que deben suministrarse. Frente a este estado de anomia y caos, deben hacerse propuestas, una hoja de ruta para empezar a peregrinar hacia la “Tierra Prometida” que para un verdadero argentino no es otra que la Patria misma.

Para reconstruir la República no se debe emparchar sino proceder a un proyecto estratégico de reordenamiento y reorganización nacional.

A los fines de llevar adelante una propuesta estratégica debemos debatir acerca de qué modelo de país queremos construir para fijar los Objetivos Nacionales. No cabe duda que Argentina debe ser reconstruida prácticamente desde cero y para ello se debe trabajar para que:

    1. surja una nueva dirigencia nacional en todos los órdenes;
    2. poner fin a la corrupción, un “impuesto” que a la sociedad argentina la somete a la pobreza y a restarle recursos —por ejemplo— a la Educación y a la Salud. En este sentido, se debe tener en claro que el problema de la Argentina no es económico, sino de falta de ética por parte de la clase dirigente;
    3. la población logre tomar conciencia de la crítica situación del país y tome conocimiento de la necesidad de abordar temas que, aunque parezcan distantes, son fundamentales para mantener/recuperar/defender la Integridad Territorial. Uno de ellos es reclamado por la sociedad, la Seguridad, el otro es la Defensa.

 

«Una buena estrategia comienza con tener el objetivo correcto».

Michael Porter

 

El principal problema de la Argentina no es económico sino ético por lo que se debe, en principio, combatir la corrupción en todos los órdenes.

Para ello es importante recomponer el Poder Judicial, herramienta fundamental para reordenar la Nación, ya que tiene una gran responsabilidad en el estado de anomia que existe en el país.

 

«La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes».

Peter Drucker

 

A continuación, nuestras propuestas por orden alfabético:

Articulación del Territorio Nacional
  • Fortalecer la integridad territorial.
  • Potenciar y revalorizar la Dirección Nacional de Vialidad.
  • Reapertura de las escuelas técnicas dependientes de la Dirección Nacional de Vialidad.
  • Se implementará un Plan Ferroviario Nacional que incluirá el transporte de pasajeros, el de mercancías, el estratégico y el de turismo. Por las mismas vías nacionales podrán transitar ferrobuses nacionales, provinciales o privados que permitirán las conexiones interurbarnas y el desarrollo de pueblos y ciudades.
  • Fortalecer y renovar la empresa Líneas Aéreas del Estado (LADE).
  • Crear nuevamente la Marina Mercante, es decir, una empresa como ELMA y una Flota Fluvial del Estado.
  • Potenciar el transporte aéreo con un eficiente servicio de Aerolíneas Argentinas hacia el exterior e interior, transformándola en una empresa competitiva. 
Atlántico Sur y Antártida
  • Cumplir en forma irrestricta con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
  • Mantener incólume el alegato del Embajador José María Ruda de “persuadir a la comunidad internacional de que las mencionadas Islas son parte integrante del territorio argentino y que el deber jurídico y moral de Gran Bretaña es devolverlas a su verdadero dueño, afirmándose así el principio de la soberanía y de la integridad territorial de los Estados…” (1964).
  • Sostener con firmeza las cinco resoluciones concatenadas de las Naciones Unidas que han fortalecido y fortalecen la posición soberana argentina respecto a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur: la Res. 1514 (XV) del 14/12/1960; la Res. 2065 (XX) del 16/12/1965; la Res. la 3160 (XXVIII) de 14/12/1973; la Res. 31/49 del 01/12/1976 y la Res. 41/11 del 27/10/1986.
  • Trabajar con ahínco con el objeto de institucionalizar esta Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS).
  • Impulsar políticas activas en el Atlántico Sur, declarando a este espacio de interés ambiental, social y de desarrollo económico de la Argentina y Suramérica.
  • Dotar a la Armada Argentina, a la Prefectura Naval y a la Fuerza Aérea de los recursos indispensables para ejercer la Soberanía Nacional en el Atlántico Sur.
  • Realizar una intensa campaña de vigilancia del Mar Argentino para contrarrestar la pesca ilegal.
  • Ampliar las medidas destinadas a la conservación de especies en la zona.
  • Establecer el Comando Antártico en Tierra del Fuego.
  • Mantener y ampliar la presencia Argentina en la Antártida fomentando las actividades científicas.
  • Ampliar el presupuesto del Instituto Antártico Argentino incorporando nuevos elementos científicos y de transporte marítimo y aéreo.
  • Beneficiar el desarrollo de la industria naval y la producción de nuestros astilleros.
  • Favorecer la radicación de la población y de industrias en la Patagonia.
  • Dotar al puerto y a la base aérea de Rio Grande y Ushuaia de las mejores condiciones para operar toda la flota mercante, pesquera y militar.
  • Otorgar beneficios a la industria pesquera nacional.
  • Prohibir en las provincias del litoral marítimo la instalación de aeropuertos privados con capacidad para operar aviones de gran tamaño o militares y desactivar los existentes. 
Defensa
  • Adquisición de material (buques de superficie y submarinos, aeronaves, blindados) para que las FFAA puedan cumplir con su misión de defender la Soberanía Nacional.
  • Incrementar la presencia de las FFAA en la Patagonia.
  • Recrear la Industria de la Defensa Nacional.
  • Implementar el desarrollo de material sensible a los efectos de lograr la independencia respecto de tecnologías externas.
  • Potenciar la labor del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF).
  • Fortalecer el área de Ciberdefensa.
  • Desarrollar y profesionalizar las Unidades QBN (Químicos, Biológicos, Nuclear).
  • Incrementar considerablemente el número de efectivos de las FFAA.
Economía
  • Elegir como motor de la economía a las exportaciones agropecuarias e industriales.
  • Tomar medidas para lograr pleno empleo y alza de salario real.
  • Invertir en infraestructura para a) movimiento de mercaderías (FFCC, rutas y autopistas, aviones de carga, flota fluvial y marítima mercante de bandera argentina), b) conectividad que permita la venta de servicios en cualquier punto del país.
  • Conquista del Desierto II: plan de riego en la Diagonal Árida, reservorios y contención para evitar la inundación en la Pampa Húmeda.
  • Generar infraestructura que garantice el bienestar de la población que se traslade al interior del país (salud, educación, seguridad, banca).
  • Baja de impuestos, liberar tipo de cambio, fomentar inversiones. Facilitar acceso a propiedad de la tierra rural a familias en unidades rentables.
  • Fomentar la colocación de producción local en mercados no convencionales.
  • Bajar la carga impositiva al 25% de la economía.
  • Eliminar la emisión monetaria (y por lo tanto la inflación), acabar con el crédito cuasifiscal, reducir la deuda estatal.
  • Federalizar los recursos impositivos. Regla 10% IVA, 10% ganancias (sólo sobre empresas y destino 100% a las provincias), 10% cargas sociales.
  • Prosperidad en las provincias.
  • Traslado al interior de toda oficina estatal que no sea un ministerio (movimiento semicompulsivo de población).
  • Nacionalización de la salud y la educación.
  • Refortalecer Fabricaciones Militares y la industria militar argentina para uso propio y exportación.
  • Inversión en centrales eléctricas (nuclear, termoeléctrica, represas hidroeléctricas). Inversión en explotación de hidrocarburos para uso doméstico en una perspectiva de incremento de la actividad.
  • Fomento de subsidios a las familias para incremento de la tasa de natalidad.
  • Fortalecimiento de todos los eslabones de la cadena productiva con un criterio de bajar el nivel de vulnerabilidad frente a conflictos externos.
  • Facilitar acceso a las familias a la vivienda propia de una planta con predios de tamaño tal que permita huerta, gallinero, árboles y jardín al frente.
  • Facilitar la fabricación de automóviles y utilitarios de bajo precio para acceso masivo de familias. Ídem sistemas alternativos de cocción y calefacción familiar.
  • Acceso a la propiedad por parte de las familias, no sólo de viviendas sino de bienes de producción para volver a generar una masiva clase propietaria (contracorriente de la Agenda 2030). 
Educación
  • Desideologizar la Educación.
  • Inculcar el respeto de los Símbolos Nacionales y el amor a la Patria.
  • Infundir los valores nacionales y el respeto a la autoridad.
  • Implementar un programa de evaluación de docentes.
  • Introducir las cátedras de Educación Cívica y Educación Democrática en el nivel secundario para formar ciudadanos.
  • Crear la materia Ética Pública en los niveles secundario y universitario para poner en valor la honradez y educar a los ciudadanos acerca de las graves consecuencias de la corrupción para sociedad.
  • Cumplir con la obligatoriedad de la educación impuesta por ley.
  • Fundar el “Instituto José Hernández” con el objetivo de difundir la lengua española y la cultura argentina en el exterior. El mismo contará con un Órgano Rector integrado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, además de aquellos organismos que se consideren pertinentes.
Gestión de residuos

El mejor residuo es el que no se genera

Consumo Responsable. Descarte Responsable.

  • Reflexionar sobre el tema de los residuos.
  • Adoptar conductas responsables que tiendan a cuidar el ambiente que es finito.
  • El uso final de los bienes y servicios impacta directamente en el ambiente. Sin olvidar la fabricación de los insumos que utilizan muchísimos materiales de descarte.
  • instauración de conciencia individual y colectiva por parte la sociedad, que es el basamento fundamental para la disminución de los residuos, para ello hay que comenzar desde las bases.
  • Creación de hábitos cotidianos que estén incorporados en la sociedad que tienden al gasto desmesurado e innecesario de agua, energía.
  • Favorecer a la concientización y reflexión, para el cambio de conductas.
  • Regulación desde nivel central sobre “El reciclado responsable y sostenido” base de la educación a la población en general.
  • Diseñar las directrices necesarias y el apoyo a las instituciones para su implementación. Teniendo que estar en agenda prioritaria. 
Inteligencia
  • Recrear la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) o crear el Ministerio de Inteligencia de la Nación (MIN).
  • Sancionar una nueva Ley de Inteligencia que garantice la Defensa, la Seguridad y el bienestar de la población
  • Desarrollar la Inteligencia Estratégica en función de los Objetivos Nacionales.
  • Reclutar y capacitar a un personal profesional para cumplir funciones esenciales para la Nación.
  • Implementar la Inteligencia Interior, la Inteligencia Exterior y la Contrainteligencia poniendo el foco exclusivamente en los Intereses Nacionales.
  • Crear en el ámbito de SIDE o del MIN la Subsecretaría de Inteligencia Competitiva que deberá implementar “bases regionales” (por ejemplo: Cuyo, Patagonia, Centro, NOA, NOE) con el objetivo de contribuir al desarrollo de las economías regionales.
  • El organismo de Inteligencia absorberá la Secretaría de Asuntos Estratégicos a los efectos evitar la duplicación de funciones y reducir el gasto público. 
Migraciones
  • Derogación de la actual Ley de Migraciones 25871.
  • Reforma y actualización constitucional.
  • Anulación de tratados internacionales de Constitución.
  • Inmigración regulada por el Estado a puntos estratégicos.
  • Cupos de inmigración a países con sistemas totalitarios.
  • Tratados de reciprocidad para temas: salud y educación.
  • Reciprocidad en la implementación del sistema de visas.
  • Retención y expulsión de migrantes que delinquen.
  • Procesos judiciales sumarísimos para delitos aberrantes.
  • Poder de policía a la Dirección Nacional de Migraciones.
  • Incrementar recursos y medios a «control de permanencia».
  • Los Inmigrantes deben jurar nuestra Constitución y Símbolos Patrios.
Poder Judicial
  • Debe ser verdaderamente autónomo.
  • Poner fin al “garantismo”.
  • Debe ser la herramienta para atacar la corrupción, retomar el Estado de Derecho y garantizar el funcionamiento de las instituciones y de la República.
  • Los fiscales deben defender al pueblo y no a los delincuentes.
Política Exterior
  • Desarrollo de una política exterior abierta pero basada en los Intereses Nacionales.
  • Favorecer la presencia argentina en la mayor cantidad posible de países.
  • Contribuir al desarrollo de la Integración Regional por sobre las ideologías.
  • Constituir un Poder Blando para la Argentina.
  • Poner énfasis en el Comercio Exterior.
  • Ver al mundo exterior como una oportunidad para el desarrollo del potencial argentino.
  • Recuperar la gravitación y la credibilidad regional y global.
  • Buscar entablar conversaciones con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
  • Promocionar el Comercio Exterior como forma de asegurar el ingreso de divisas. Participación activa de las Representaciones Diplomáticas y Consulares en la promoción del comercio exterior. Centralización de las instancias administrativas de promoción del comercio exterior.
  • Mantener y ampliar la participación Argentina en misiones de mantenimiento de la paz dentro de los programas de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales.
  • Promocionar el intercambio de profesionales y estudiantes a nivel universitario entre los países latinoamericanos.
  • Crear un programa de becas para estudiantes universitarios de países en vías de desarrollo, especialmente de América Latina y de África.
  • Mantener y ampliar el programa de Cooperación Argentino FOAR.
  • Creación de la Subsecretaría de Asuntos Consulares dentro del Ministerio de Relaciones exteriores teniendo en cuenta la amplia cantidad de Argentinos residentes en el exterior.
  • Insistir en el respeto de los Derechos Humanos en todas sus facetas en todos los países tanto en las relaciones bilaterales como dentro de los Organismos Internacionales.
  • Coordinación de los programas de las Provincias con el exterior con la Cancillería.
  • Racionalización de la estructura de la Cancillería eliminando oficinas creadas en su momento por “estar de moda”, buscando la plena eficiencia ante los desafíos internacionales.
  • Coordinación de las actividades de la Cancillería con el Ministerio de Defensa y con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
  • Promover la participación de la Cancillería en el intercambio de información sobre cuestiones de delitos económicos, terrorismo, narcotráfico y crimen transnacional, etc.
  • Centralizar las actividades argentinas con los organismos internacionales en la Cancillería. 
Producción y Desarrollo
  • La reducción del gasto público favorecerá que el Estado sea el motor del desarrollo nacional a falta de inversiones nacionales y extranjeras.
  • Fomentar el desarrollo de las economías regionales a través de incentivos a la producción y reconstrucción de las vías de comunicación.
  • Disponer de los organismos de Ciencia y Tecnología para favorecer el Desarrollo Regional y Nacional.
  • Colaborar con la producción de los astilleros, los talleres ferroviarios y la industria aeronáutica.
  • Beneficiar las exportaciones.
  • Estimular la producción con valor agregado. 
Reforma del Estado
  • Reducir la cantidad de ministerios a un máximo de 10.
  • Reducir el número de secretarías y subsecretarías de Estado.
  • Contar con el personal de carrera con experiencia para los principales cargos directivos.
  • Reducir el gasto político. 
Salud
  • Recordar que la salud es un derecho y como tal corresponde a cada ciudadano, con la ética como rectora de todas las acciones desarrolladas por la salud pública.
  • Desarrollar una Salud pública mediante un enfoque integral e integrado, con un análisis específico poblacional basado en grupos humanos o poblacionales.
  • Identificar las necesidades de la salud de la población organizando los servicios sanitarios globales con una base poblacional específica y definida.
  • Identificar las poblaciones vulnerables para el desarrollo local de atención.
  • Fortalecer la APS (Atención Primaria de la Salud).
  • Educar para la salud. 
Seguridad
  • Modificar la Ley de Seguridad Interior por la Ley de Seguridad Nacional.
  • Reconstruir la Policía Federal Argentina y extender su presencia a todo el territorio nacional.
  • Reintegrar las Fuerzas de Seguridad a sus funciones originales.
  • Emprender una lucha contundente contra el narcotráfico, sus finanzas y vínculos, para lograr su erradicación definitiva.
  • Enfrentar con dureza el crimen organizado.

 

«En medio del caos, también existe la oportunidad”.

Sun Tzu

 

Marcelo Javier de los Reyes

Equipo de colaboradores (por orden alfabético)

Mariano Carrara (Desarrollo)

Julio Ferrari Freyre (Política Exterior, Planificación Estratégica)

César Augusto Lerena (Atlántico Sur, Pesca) 

Sergio Mikonos (Migraciones)

Adriana Nigliazzo (Salud)

Antonio Eduardo Palacios (Política)

Silvia Perazzo (Política Exterior)

Ignacio Rodríguez Almaraz (Planificación Estratégica, Inteligencia)

Iris Speroni (Economía, Política Fiscal, Producción)

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