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LA CANCILLERÍA ARGENTINA TIENE UN INQUILINO EN MALVINAS

César Augusto Lerena*

     Imagen: Cba24 

No alcanzamos a imaginarnos, cómo hubiese manejado el Ministerio de Economía la Canciller Diana Mondino si en lugar del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto le hubiesen encomendado aquella cartera. De números nada y de cumplimiento de obligaciones, contratos y leyes menos y, pese al origen mundano de su apellido y su fluido inglés, no parece que esta señora esté capacitada para manejar un Ministerio que debería representar las relaciones y los intereses argentinos en el mundo. El «inglés» sin contenido o con contenido contrario a los intereses argentinos carece de total eficacia. Alcanzaría con el traductor de Google o cualquier aplicación de Inteligencia Artificial si la cuestión fuese solo números o proyectos de consultoría para terceros; pero no para representar a una Nación Soberana. El manejo en la cuestión Malvinas de la Cancillería haría carecer de sentido la independencia argentina de 1816, recientemente conmemorada.

No nos referiremos aquí a las pésimas declaraciones del gobierno respecto a los presidentes de los principales países importadores de productos argentinos. Cuestión, que no se compadecen con el amable tratamiento que la Canciller le presta a «la Pérfida Albión», pese al gravísimo daño que ésta le infiere a la soberanía argentina, al comercio internacional de nuestros productos, a la economía nacional, al desarrollo regional de la Patagonia, al empleo y al ecosistema marino y pesquero, con la ocupación prepotente de nuestros archipiélagos y mares y apropiándose de nuestros recursos pesqueros e hidrocarburíferos.

Preocuparse por la honestidad de la mujer del Primer ministro del gobierno español ―Estado que reconoció la soberanía argentina de Malvinas― y no exigirle que sus buques gallegos dejen de pescar ilegalmente en Malvinas asociados con los británicos es inadmisible, ya que estos quiebran nuestra autonomía. la normativa legal argentina y la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, mientras la Argentina otorga permisos de captura a empresas nacionales de capital español para pescar en la jurisdicción marítima continental argentina.

Por cierto, pelearse con China y Brasil, que junto a España son los principales compradores de productos pesqueros, no parece tener otro fundamento que el ideológico, llamativamente en un gobierno que se autocalifica de «anarcocapitalista». Ahora bien, la pesca ilegal de buques taiwaneses, coreanos y españoles-británicos de los recursos argentinos en aguas argentinas de Malvinas representa el 60% de los ingresos de los isleños, por algo, ya en 2012, el entonces director británico de pesca en las islas John Barton, decía: «sin la pesca no hubiésemos sobrevivido» (El Cronista, 14/3/12). «Trabajar en conjunto», como refiere la Canciller, sería cometer el mismo error cometido por la Argentina en 1988 en los prolegómenos de los Acuerdos de Madrid, donde se descartó «hablar de la pesca».   

En 1848 Sir William Molesworth, quien en 1855 sería el secretario de Estado para las Colonias del Reino Unido, decía: «En las miserables islas Malvinas, no se da el trigo, no crecen árboles, están abatidas por los vientos; desde 1841 nos costaron 35 mil libras, sin retorno ni beneficio alguno. Decididamente, soy del parecer que esta inútil posesión se devuelva, desde luego, al Gobierno de Buenos Aires, que justamente lo reclama». Pasarían 128 años y el 21 de julio de 1976, mediante el Informe de Lord Shackleton los británicos se dieron cuenta que la riqueza estaba en el mar y no en las islas; cuestión que los gobernantes argentinos ―como la Canciller― siguen sin entender e ignoran igualmente que las islas argentinas no las defienden los británicos por los tres mil isleños que las habitan, sino porque están enclavadas en la parte meridional del Atlántico Sur con proyección a la Antártida y control de los océanos Pacífico e Índico de un valor geopolítico superlativo, frente a la vulnerabilidad del Canal de Panamá. Además, que los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea ya han declarado que la pesca es una cuestión de seguridad nacional, mientras que las autoridades de la Cancillería y de la Subsecretaría de Pesca de la Argentina han sido incapaces de controlar la pesca ilegal que se realiza desde 1976 en el Atlántico Suroccidental de la mano de chinos, taiwaneses, coreanos y españoles-británicos. Solo de las aguas de Malvinas los buques extranjeros extraen anualmente 250.000 toneladas de productos pesqueros por un valor equivalente al 50% del total de las exportaciones anuales argentinas de estas especies y, como es de conocimiento público, se agregará la explotación petrolera de «un yacimiento con reservas comprobables de 300 millones de barriles de petróleo» (Agenda Malvinas, 21/06/2024).

En este escenario, en el imaginario de la Canciller en una reciente conferencia en el Rotary Club de Buenos Aires comparó a Malvinas con «un departamento» en el cual la Argentina es la dueña y los británicos inquilinos y «algunos pensaran que son okupas», obviamente excluyéndose de esta última calificación. Manifestando también, que «si una empresa opera en las islas no puede operar en Argentina y así un montón de temas donde hemos presentado quejas a países vecinos por permitir que aterrice un avión que luego siguió a Malvinas. Eso con nosotros se terminó. Queremos tener una relación razonable, la agresividad con nosotros se terminó. Lo que queremos hacer es mantener una relación en donde podamos trabajar en conjunto».

Estas manifestaciones de Mondino son sinceramente imperiales y esotéricas. No tiene la Canciller un poder omnívoro, la política argentina en la cuestión Malvinas está determinada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y efectivamente las empresas que directa o indirectamente operan en Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y las aguas correspondientes, no pueden hacerlo en el continente nacional por las leyes 24.543; 24.922; 26.386; 26.659 y 27.564 entre otras, todas aprobadas por el Congreso de la Nación y por lo tanto sus dichos y acciones deben cumplir con el mandato popular. Y además de ello, debería estar sancionando a todo buque pesquero que opera en Malvinas.

Los británicos en Malvinas no son inquilinos. No tienen contrato de alquiler firmado por Argentina y son manifiestamente ocupantes ilegales que además violan la Res. 31/49 de las Naciones Unidas avanzando desde 1982 a la fecha en la ocupación de nuevos territorios marítimos argentinos y explotando, como hemos dicho, los recursos naturales argentinos, con los daños ya descriptos.

Imaginamos a la Canciller solicitando a la Ministra de Seguridad la desocupación del edificio de la Cancillería si esta fuese ocupada por un grupo de embajadores y ministros que reclaman por la aplicación del impuesto a las ganancias en sus remuneraciones o, requiriendo la desocupación por la fuerza pública de su casa si fuese ocupada por un grupo homeless que para sostenerse además alquilasen algunas de las habitaciones «circunstancialmente» libres. Los británicos no son inquilinos de las Islas Sra. Mondino, tal vez esté en sus planes y fue un acto fallido. En todo caso, hemos sido incapaces de sacar a los británicos de la zona de confort, con alguna estrategia donde «trabajar en conjunto» (sic) no sea la opción, sino todo lo contrario, ajustar los procedimientos y declaraciones a la legislación vigente y extremar el ingenio y las capacidades para lograr aquello que hasta la fecha no se logró.

La «relación razonable» que la ministra refiere es de tal generalidad e imprecisión y, su referencia a aportes que en forma unilateral la Argentina efectuó en épocas pasadas sin contraprestación alguna por parte de los británicos, les ha permitido llegar a los británicos a este estado de cosas y, en este sentido, le sugerimos tomar nota de la realidad, porque afirmar temerariamente que «Hoy hay un montón de actividades, sobre todo en hidrocarburos y pesca, que no las hacemos ninguno, ni ellos ni nosotros», es desconocer absolutamente la ocupación de nuestros territorios y la explotación de nuestros recursos, que sintéticamente hemos descripto.

El Ministerio es de Relaciones Exteriores y ello exige entender, como refería el escritor, novelista, dramaturgo y licenciado en Ciencias Políticas y Ciencias Económicas Antonio Gala (1930-2023) «la política no puede estar al servicio de la economía», sino todo lo contrario.  

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

LOS APÁTRIDAS Y EL MAR

César Augusto Lerena*

«En el gobierno no hay sustento intelectual ni convicción política alguna para cuidar nuestros derechos marítimos y mucho menos, respetar el sentimiento de los argentinos».

 

La “forma apátrida” con la que la política nacional desprecia la soberanía argentina en el Atlántico Suroccidental tiene muy pocos precedentes desde la Argentina independiente que conmemoramos el pasado 9 de julio con la firma del llamado “Pacto de Mayo”, en cuyos puntos, no hay una sola línea referida a la soberanía nacional y, muy particularmente, sobre la única política de Estado, plasmada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.

Mientras que la Declaración de Independencia de la Argentina del 9 de julio de 1816 ampliada declaró formalmente “la ruptura de los vínculos de dependencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española y con toda otra dominación extranjera”, el citado Pacto de Mayo, no refiere nada respecto a una política de recuperación de los 1,6 millones de km2 de la jurisdicción marítima argentina y los archipiélagos argentinos ocupados por el Reino Unido; tampoco tiene en cuenta la disputa de ese Reino de más 1,4 millones de km2 de la plataforma continental argentina, la Antártida y las aguas correspondientes. Mucho menos refiere nada con los buques españoles y de otras nacionales que extraen nuestros recursos en Malvinas. La Argentina, sin hipótesis de conflicto.

Ya sufrimos la política de Cavallo ―uno de los principales referentes de este gobierno― para congraciarse con los británicos con la firma de los llamados Acuerdos de Madrid (1989/90) donde se consolidaron los permisos de pesca ilegales en Malvinas que constituyen ―hasta hoy― el principal recurso económico de los isleños que ahora da lugar a los joint venture con empresas gallegas que facilitan el acceso de los productos pesqueros a la Unión Europea sin pago de aranceles pese al Brexit. El mismo Cavallo que acordaría con el Reino Unido la protección de la explotación de los recursos al este de Malvinas y las investigaciones pesqueras conjuntas en el Atlántico Sur; todos hechos que fortalecieron la posición británica en las islas (John Barton, director de Pesca inglés en Malvinas, 2012). También el dictado de la ley 23.968 promovida por la Cancillería facilitó la delimitación de los archipiélagos ocupados por el Reino Unido, además de reducir en 1991 nuestra soberanía plena a 12 millas; aún antes de ratificar la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar en 1995. En 2016 se firmaría el Pacto de Foradori-Duncan ratificatorio de los Acuerdos de Madrid bajo la consigna de “eliminar todos los obstáculos para el desarrollo de Malvinas”. Vergonzante. Aun así, la Argentina, no dejó en todos estos años, de reclamar la ocupación prepotente británica y los derechos sobre los archipiélagos invadidos, como ocurre en la actualidad.

Sin embargo, lo peor está por venir, porque no solo se resignan ―a través de hechos aislados― derechos argentinos sino que bajo pretexto de una política “anarcocapitalista”, distintos “apátridas” desde el gobierno y fuera de él, llevan adelante un plan de sesión de los espacios territoriales argentinos y de enajenación de nuestros recursos naturales. En algunos casos, mediante el mero pago de algún canon desindustrializador y, en otros, por anomia geopolítica y desinterés de administrar el Estado, sus bienes patrimoniales y culturales e incluso “destruirlo desde adentro”, como manifestara el propio Milei.

El presidente que admira a Margaret Thatcher, la misma que ordenó el hundimiento del ARA General Belgrano y con ello provocó la muerte de 323 argentinos. La Canciller Mondino que sostiene que el tema Malvinas es una cuestión más en la relación argentina con el Reino Unido y ante el periódico inglés “The Telegraph” anuncia “los derechos de los isleños serán respetados”, dando por tierra la defensa de integridad territorial plasmada en la Constitución Nacional y termina agradeciendo, la visita del Canciller inglés David Cameron a Malvinas, como si su presencia no fuera una nueva manifestación inglesa de autoridad.

La política economicista monotemática es lamentable; hasta el propio presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados José Espert consideró que “Las Malvinas no son argentinas, porque las perdimos en la guerra”, ignorando todas las Resoluciones de la ONU, en especial la 37/9 del 9 de noviembre de 1982 que “le pidió a Argentina y al Reino Unido la reanudación de las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa de Soberanía sobre dichas Islas”. Igual opinión tiene la Diputada Sabrina Ajmechet o quienes consideran ―como el presidente Macri― que la recuperación de las islas significaría un déficit económico, desconociendo que el producto bruto per cápita de Malvinas es de noventa mil dólares; cuatro veces superior al de la ciudad de Buenos Aires y 50 veces al de La Quiaca (ambas ubicadas a 1.800 km de Buenos Aires); además de la invalorable importancia geopolítica de las islas en la parte meridional del Atlántico Sur y en relación con la Antártida, el océano Pacífico e Índico, como ya sabían los españoles en el siglo XVIII.

En el gobierno no hay sustento intelectual ni convicción política alguna para cuidar nuestros derechos marítimos y mucho menos, respetar el sentimiento de los argentinos. No es posible con este marco moral esperar idénticas políticas a las sostenidas por los independentistas de 1816; razón por la cual, el Pacto de Mayo es letra muerta. El ministro español de ultramar y académico Adelardo López de Ayala (1828-1879) hubiese dicho en la oportunidad: “cuando la estafa es enorme toma nombre decente”.

Decenas de hechos muestran la alineación colonial de este gobierno en las cuestiones relativas al Atlántico Sur, sus archipiélagos y recursos, aunque nos limitaremos a indicar algunas para no agobiar al lector.

En la cumbre del MERCOSUR y con la ausencia del presidente de nuestro país, en un hecho inédito en treinta años, el gobierno argentino no reclamó la soberanía de Malvinas. Precisamente un ámbito central donde la Argentina debería profundizar sus vínculos ante las relaciones amistosas y comerciales crecientes de los isleños en Uruguay, Chile y Brasil. Pero esto se ha transformado en una constante, porque todas las acciones militares británicas en Malvinas y de otro tipo son ignoradas por la Cancillería argentina, como los recientes ejercicios militares de las Fuerzas de Defensa de las islas, la Royal Navy y la Real Fuerza Área británica. Un debilitamiento de Argentina en los reclamos y un enfrentamiento diverso con los países que apoyan la posición argentina, que estarían demostrando la pérdida de apoyo en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

Días antes la Canciller Mondino, al firmar en la ONU el “Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en alta mar” (BBNJ) con una ignorancia supina, se refirió a “proteger nuestras aguas” y a “ser inflexible en la defensa de nuestro territorio” desconociendo que se tratan de aguas internacionales donde la Argentina no tiene jurisdicción y que de ninguna manera ese Acuerdo resuelve la pesca ilegal como manifiesta sino que, por el contrario, a la ya presencia de una flota pesquera de más de 500 buques pesqueros extranjeros, a través de la creación que prevé este Acuerdo de “organizaciones regionales de integración económica” y su incorporación por parte del Reino Unido, se le habrá dado estatus de “Estado ribereño” a los isleños ocupantes de Malvinas, contrario a lo reglado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Mientras firma Acuerdos contrarios al interés nacional y en forma ignara, los pondera, tolera la pesca ilegal anual de 250 mil toneladas de recursos pesqueros en Malvinas sin aplicar la legislación argentina y la Res. 31/49 de la ONU, con un comportamiento que se tipificaría -al menos- de incumplimiento de los deberes de funcionario, ya que se trata de la pesca ilegal más importante del mundo de un Estado a otro, ignorando, lo que ya en el siglo XVIII Manuel Belgrano sabía: “un Estado sin la pesca nada puede sobre la mar”.

La economista-canciller desconoce que las Áreas Marinas Protegidas (AMP) que ese Acuerdo promueve; las utiliza el Reino Unido desde el 2017 para controlar los territorios de ultramar. Es el caso de Malvinas del denominado “Blue belt” donde el proyecto de AMP Bentónica “Agujero Azul” promovida por la fundación Wildlife Conservation Society (WCS) completaría el cinturón azul al NORESTE de Malvinas facilitando la llegada de los recursos pesqueros a las islas. Igual, al SUR de Malvinas con la declaración unilateral británica de “santuario ecológico” de un millón de km― alrededor de las islas Georgias y Sándwich; al ESTE con el citado Acuerdo de Cavallo y al NOROESTE con el GAP de 1.400 Km2 de calamares.

Se agrega el proyecto 1258-D-2024 del Diputado Manes que pretende que el Congreso declare AMPs por 595.000 km2, sin mencionar que el Reino Unido ―como indicamos― ya declaró un AMP de 1.070.000 Km2, es decir una reducción de las áreas de captura mucho mayor que la exigida en el acuerdo de biodiversidad. Un ejemplo patético de colonización y una asombrosa mutación de la “neurología” a “oceanografia”.

La macro o microeconomía no sirve para elaborar una estrategia marítima: «El 85% de la pesca a distancia en alta mar la realizan China, España, Taiwán, Japón y Corea del Sur que, del total mundial de 37 millones de horas de pesca ocupan 25 millones; motivo por el cual, el mayor daño no lo ocasionan los 216 Estados restantes, sino que lo generan solo cinco, que son los mismos que operan en el Atlántico Suroccidental y, por lo tanto, hay que trabajar sobre esos países responsables del desequilibrio de los ecosistemas, juntos capturan 26 millones de toneladas de un total 84 millones/año (2019), el 31% de las capturas sobre «221 Estados que notificaron algún tipo de actividad en el comercio pesquero» (FAO, “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura”, 2020) y agregamos: el Reino Unido que se lleva el equivalente al 30% de nuestros desembarcos. Nada de ello hace la Cancillería Argentina y no se trata solo de ineptitud ―que la hay― sino una política de desmalvinización, que es la apunta del iceberg de la sumisión y dependencia nacional, con la consecuente desatención de la soberanía territorial y de los recursos naturales argentinos. De otro modo, no se podría entender el proyecto de reforma de pesca en la Ley de Bases sobre la extranjerización de la explotación del mar argentino; la permanencia de un radar británico en Tierra del Fuego; la designación de los embajadores Jorge Faurie en Chile ―el socio estratégico británico― y de Carlos Foradori en Ginebra, ambos responsables del Pacto Foradori-Duncan que promovía “el desarrollo de Malvinas” en poder de los isleños; la desatención de los estratégicos Puertos de Ushuaia y Río Grande, mientras que en Malvinas se licita un nuevo puerto destinado a dar logística a los buques de transporte, militares, de turismo y ciencia vinculada a la Antártida.

El enfrentamiento con los presidentes de nuestros tres principales compradores de pescado: Brasil, China y España y por supuesto la pelea con todos nuestros aliados naturales que “amenazan con hacer perder en la ONU de los apoyos históricos en la Causa Malvinas” (Taglioni, Augusto, LPO, 11/7/24); la tolerancia de que empresas de Israel exploten los recursos petrolíferos en Malvinas mientras se promueve el traslado a Jerusalén de la embajada argentina, etc., a lo que hay que sumar la paralización de todas las obras estratégicas, entre ellas la etapa norte del Gasoducto NK.

Y lo peor, no se trata de una simple asignación de prioridades, no es posible esperar de apátridas, proyectos destinados a fortalecer la soberanía política, territorial y alimentaria.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

LA CANCILLER ARGENTINA VIOLA LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

César Augusto Lerena*

La Canciller de Argentina, Diana mondino reunida con el Canciller británico David Cámeron. Twitter Diana Mondino.

El Comisionado de las islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur extendió “la prohibición de pescar” de 283.000 a 449.000 Km2 en el denominado Santuario Ecológico ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 1.070.000 Km2 de alrededor de las islas, violando, además de la soberanía argentina, la Convención de los recursos vivos en la Antártida, constituyéndose en un nuevo acto unilateral sin que la Cancillería argentina tomara posición alguna y actuara en consecuencia.

La Canciller Diana Mondino y la Secretaría de Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chario, los responsables diplomáticos de la Convención sobre Recursos Vivos Marítimos Antárticos y de la Protección del Medio Marino Antártico, de la Secretaría de Bioeconomía, Fernando Vilella, de la Subsecretaría de Pesca Juan Antonio López Cazorla y del Consejo Federal Pesquero, violan por acción u omisión la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y toda la legislación argentina aplicable (Leyes 15.802, 22.584, 23.775, 23.968, 24.216, 24.543, 24.922, 25.263, 25.675, 26.386, 26.651, 26.776 y 27.564). Independientemente de la responsabilidad que podrían caberle al gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Gustavo Melella en su competencia provincial.

La Argentina es un Estado Marítimo. El 62% del total del territorio nacional es marítimo. No parece entenderlo el gobierno y son, junto a este nuevo hecho, varias las razones por las cuales entendemos que el gobierno no ejerce la soberanía política y la debida administración del Atlántico Suroccidental.

El avance sobre la prohibición de navegación y pesca de un área 166.000 Km2 sobre el Área Marina Protegida existente viola la citada Convención y la Resolución de la ONU 31/49 del 01/12/1976, promovida por el gobierno de Isabelita, que instó «a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones 2065 y 3160»; las normas relativas a la Convención Antártica y toda la legislación argentina relativa a los derechos argentinos territoriales, pesqueros y ambientales, sin que la Cancillería se haya pronunciado al respecto, contradiciendo la estrategia argentina desde 1833 en adelante y, asombrosamente (¿o no?), en ausencia de la Canciller Mondino o la Secretaria de Malvinas de la Cancillería, en la VIII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) “los países de la región reafirmaron su respaldo a los derechos de soberanía argentinos en la cuestión de las Islas Malvinas, conforme a lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas” (Prensa MRECyC 131/24); precisamente, la resolución citada ―entre otras― es la que viene violando en forma sistemática el Reino Unido desde 1976 cuando, alrededor de Malvinas, éste solo ocupaba tres millas marinas, es decir, un territorio argentino que alcanzaba a 11.410 Km2, más las citadas millas.

El silencio de la Cancillería Argentina ante el avance permanente y creciente del Reino Unido en el Atlántico Sur deja en clara la política que ejecuta la Canciller Mondino, a quien Eric Calcagno calificó de “traidora a la patria y agente británica” (Radio Rebelde “la Cancillería Argentina…”, 06/03/2024). Una política que va más allá de la “seducción de los isleños” y a “sostener que hay que respetar sus derechos” que refiriese Mondino, sino que avanza lisa y llanamente hacia la cancelación de la “Cuestión Malvinas” y a la sumisión a los intereses británicos, manteniendo la ley de promoción y protección de las inversiones británicas (Ley 24.184/92) no lleva ninguna acción destinada a recuperar el ejercicio pleno de Malvinas; por ejemplo, sancionando a los buques que pescan en Malvinas y omitiendo, los reclamos ante la presencia ilegal y armada del Reino Unido en las islas, quien transgrede todas las Resoluciones de la ONU y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, además de desinformar a los argentinos sobre la verdadera gravedad de la invasión británica en los archipiélagos y el mar argentino.

El Reino Unido no solo invade Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y ahora avanza en 166.000 Km2, sin reclamo alguno de Cancillería. Además, la Canciller Mondino desinforma y oculta la dimensión real de la ocupación territorial argentina. Su posición es ―al menos― contradictoria: cuestiona que Rusia estaría ocupando 18% del territorio de Ucrania y no denuncia que el Reino Unido invade o disputa el 46,64% del territorio argentino; es decir, un espacio más amplio que el territorio continental americano argentino (2.791.810 Km2) y antártico argentino (965.314 Km2); ya que el Reino Unido ha invadido y/o disputa a la Argentina 5.497.178 Km2 del territorio nacional; es decir, un 46,64%, ya que aquella ocupa y explota 1.639.900 Km2 de territorio argentino (aguas correspondientes, zona de protección y GAP en Malvinas y el Área Marina Protegida y santuario ecológico de 1.070.000 Km2 alrededor de Georgias del Sur y Sándwich del Sur); disputa con la Argentina 2.426.911 Km2 del continente antártico y 1.430.367 Km2 de la plataforma continental.

Por acción o inacción de las Autoridades argentinas, el frente fluvial y marítimo argentino está siendo debilitado. Una falta de administración adecuada de la vía Paraná-Paraguay que no favorece el desarrollo regional del litoral del nordeste argentino y la autorización para la profundización del canal del Puerto de Montevideo sin una tarea equivalente en el proyectado canal de Magdalena impide la debida integración la red comercial fluvial-marítima argentina y favorece la logística de la pesca ilegal en alta mar de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva y en Malvinas, debilitando la soberanía en los archipiélagos del Atlántico Suroccidental y, muy particularmente, a las poblaciones de la Patagonia, cuya densidad población es de las más bajas del país; mientras que el Reino Unido controla desde Malvinas los accesos a los océano Indico y Pacífico y avanzan en la constitución de un Hub Regional en Malvinas. Para ello construyó un Puerto en Georgias del Sur y acordó la construcción de un nuevo puerto en Malvinas que estima habilitar en 2027, mejorando la logística en las islas, además de contar con un aeropuerto para aviones de gran porte. Todo ello facilitará las operaciones de los grandes buques de carga que utilizan el estrecho de Magallanes para acceder al Pacífico ante la imposibilidad de hacerlo por el canal de Panamá. Del mismo modo, los que transitan desde el océano Índico, los contingentes turísticos y los pesqueros extranjeros que operan en la parte meridional del Atlántico Suroccidental; además de promover el interés científico mundial de quienes trabajan en la Antártida, desplazando en todas estas actividades a los puertos del Tierra del Fuego.

Ante la inacción de la Cancillería argentina, todas las operaciones relacionadas con Malvinas utilizan los puertos y aeropuertos de Uruguay para favorecer las operaciones pesqueras y petroleras de Malvinas; al igual que el puerto de Punta Arenas de Chile; es decir, trabajan consolidando las relaciones con estos países, pese a la posición retórica de Suramérica en favor de la Argentina y el poco interés de los funcionarios argentinos por buscar acuerdos con los vecinos, en especial los vinculados al Atlántico Sur y la Antártida.

Finalmente, en una clara demostración del objetivo británico de ocupar este espacio estratégico del Atlántico Suroccidental, el Reino Unido mantiene en las islas una base militar misilística y naval absolutamente desproporcionada, contraria a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que firmaran todos los países de África occidental y América oriental y se aprobara en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas.

Todos hechos de fortalecimiento de la proyección del Reino Unido hacia la Antártida que pueden ser inconmensurables y muy probablemente irreversibles, ante la tolerancia y pasividad de la Canciller argentina.

El Reino Unido tiene una política diseñada para todos los archipiélagos de ultramar que éste considera parte de la Comunidad Británica de Naciones y, entre ellas, la anunciada en 2017 respecto a establecer un “Cinturón Azul” (Blue belt) a las islas, bajo el pretexto de proteger el ambiente alrededor de estas, que en realidad, no es otra cosa que constituir áreas de control británico marino, tal es el caso del “Santuario Ecológico” de 1.070.000 Km2 establecido alrededor de las islas Georgias y Sándwich del Sur en 2011, que ahora profundiza mediante la prohibición absoluta de pesca de 166.000 Km2 que se agrega a la determinación del Área GAP de 4.000 Km2 al noroeste de Malvinas donde se concentra gran parte del calamar que migra a Malvinas, establecido en forma unilateral por el Reino Unido en 1994, sin que la Cancillería, efectuara hasta la fecha reclamo alguno.

Tampoco la Cancillería lleva adelante una política de relación con la Unión Europea post-Brexit de modo que todos los productos pesqueros capturados no ingresen a la Unión Europea sin pagar aranceles de importación y, sobre España que, teniendo empresas radicadas en la Argentina, autoriza a buques gallegos a pescar en Malvinas y asociarse con empresas británicas de las Islas; sin, como dijimos, la Argentina aplique sanción alguna.

Por cierto, siguen vigentes, los Acuerdos de Madrid I y II que limitan la acción de defensa nacional naval y aérea; habilitan de hecho la captura de los recursos pesqueros argentinos.

Nos preguntamos qué diría San Martin que liberó a Chile (1818) y Perú (1821), territorios de una menor dimensión de los ocupados o en disputa con el Reino Unido. ¿O Rosas y Mansilla? que llevaron adelante la Batalla de la vuelta de Obligado de 1845 en el intento de evitar el ingreso franco-inglés a la red troncal del Paraná.  

Las autoridades argentinas de la Cancillería y Pesca no administran el Atlántico Suroccidental y las implicancias derivadas de la ocupación británica ni siquiera “mean” a los invasores como sugiere el presidente Milei con los gobernadores, por el contrario, los toleran y protegen.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).