César Augusto Lerena*

César Augusto Lerena*

Gaby Weber*

Gaby Weber con integrantes de ODIA, el Observatorio de Derecho Informática Argentina, quienes consideran el caso un precedente. Imagen: GW
Ahora, el tribunal de apelaciones de Buenos Aires ha ratificado el sobreseimiento de la causa penal contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por robo de documentos. El ministro no tendrá que revelar dónde escondió sus documentos secretos y el ministerio no será registrado, como yo solicité, a pesar de que la Corte Suprema del país ha exigido la publicación de los archivos de Eichmann. Pero hoy en día, ya no se trata de ley y justicia, sino solo de poder; y nadie quiere enfrentarse a Israel ni al Mossad. El pacto de silencio se mantiene.
Durante años, he estado litigando en Argentina para que se publiquen los archivos del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, a quien el Mossad supuestamente secuestró en Buenos Aires en mayo de 1960, heroicamente, por supuesto. Esta historia se cuenta en los libros de historia. Según mi investigación, esta historia es completamente falsa, razón por la cual demandé al Servicio Federal de Inteligencia Alemán (BND) para que me entregara sus archivos sobre Eichmann en 2008 y recibí al menos el 80 % de ellos en ese momento.
Desde 2016, también he emprendido acciones legales en Argentina, entonces gobernada por los peronistas. Inicialmente, perdí, pero desde la aprobación de la nueva Ley de Libertad de Información N° 27.275, he estado ganando, al menos en los tribunales administrativos. Incluso la Corte Suprema dictaminó que los telegramas aún secretos del Ministerio de Relaciones Exteriores debían publicarse. El ministerio se había negado, alegando «daños irreparables». Sin embargo, tras el fallo favorable de la Corte Suprema, alegó que los documentos habían sido «robados», por lo que presenté una denuncia penal por robo.
Primero, el nuevo juez se negó a reconocerme como codemandante; apelé y gané. Luego se negó a aceptar mis solicitudes de pruebas; apelé de nuevo y gané. Entonces mi abogado, Marcos Filardi, citó a testigos muy interesantes, incluido el exdirector del archivo, quien testificó (como todos saben) que los documentos altamente clasificados no se guardan en el archivo público, sino a nivel ministerial. Pero el juez no fue más allá y rechazó nuestra solicitud de interrogar al ministro de Asuntos Exteriores o registrar el ministerio; desestimó el caso, alegando que se habían agotado todas las vías para acceder a estos documentos «perdidos». Apelé de nuevo.
Hace seis semanas se celebró una audiencia pública y uno de los tres jueces de apelación (Gustavo Hornos) expresó su profundo respeto por mi búsqueda de la verdad histórica. Esto nunca me había sucedido antes; normalmente me tachan de «problemático» o algo similar. Estuvieron presentes representantes del ODIA, el Observatorio de Derecho Informático Argentina, quienes consideran el caso un precedente. «Si se salen con la suya, todos perderemos el acceso a los archivos», afirmó Sebastián Marchano, del ODIA.
Ya está disponible el veredicto escrito. De los tres jueces, dos confirmaron el sobreseimiento del caso; el juez Mariano Borinsky explicó que no se podía hacer nada más. Se rumorea que tiene estrechos vínculos con la DAIA (el brazo político de la comunidad judía, que muchos consideran el brazo del Mossad en Argentina), y en febrero pasado pronunció un discurso elogioso en el tribunal penal alabando el derecho procesal israelí. Sin embargo, en su justificación escrita, declaró que el sobreseimiento actual del proceso penal era solo «provisional» y podría reabrirse si aparecieran nuevas pruebas. Esto presumiblemente significa que si otros países rompen el pacto de silencio sobre los sucesos de mayo de 1960 (¿quizás Rusia, Francia?), entonces estos documentos podrían volver a ser solicitados al Ministerio de Relaciones Exteriores. Argentina no quiere ser la primera en pronunciarse.
El juez Hornos publicó su voto particular, calificando el sobreseimiento del caso de «prematuro» y «defectuoso». Afirmó que el ministerio demandado no había explicado por qué mis solicitudes de pruebas —a saber, interrogar al ministro y registrar la agencia— serían ineficaces; simplemente habían adoptado los motivos generales de sobreseimiento del tribunal inferior. Además, el juez Hornos sostuvo que aclarar estos hechos históricos era de interés público. Al menos… El veredicto, excepcionalmente, ha sido publicado y criticado por varios medios de comunicación.

Gaby Weber con el abogado Marcos Filardi durante la audiencia judicial. Foto: B.W.
Actualmente, en Argentina se vive una auténtica persecución contra todos los periodistas; se les prohíbe el acceso a edificios gubernamentales y son objeto de constantes insultos, incluso entre colegas de periódicos conservadores. El gobierno de Milei va de un escándalo de corrupción a otro y culpa a los medios de comunicación. La libertad de prensa e información les resulta ajena. Y mi caso fue el primero en ser presentado ante un tribunal en virtud de la nueva Ley de Libertad de Información.
Ahora apelaré la desestimación ante la Corte Suprema, porque no solo se está violando la Ley de Libertad de Información y se está mintiendo al público, sino que también se está ignorando el fallo de la Corte Suprema. Pero esto llevará mucho tiempo.
El presidente Javier Milei es un declarado partidario de Netanyahu, e Israel está decidido a mantener su campaña de desinformación sobre Eichmann; los archivos del Mossad están sellados.
El caso de Eichmann y las noticias falsas que lo rodean también será examinado en el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig el 4 de junio de 2026. Mi demanda contra el Servicio Federal de Inteligencia (BND) se escuchará allí a partir de las 9:15 h. Se refiere a la parte aún clasificada de sus archivos sobre Eichmann. El plazo máximo de confidencialidad legalmente establecido de 60 años ya ha expirado, pero el BND se niega a renunciar a la confidencialidad. El Tribunal Administrativo Federal apoya su argumento de que la divulgación «pondría en peligro la seguridad de la República Federal». El BND ya no quiere respetar el plazo de 60 años, sino que se remite a la directiva sobre información clasificada del Ministerio Federal del Interior, es decir, un reglamento administrativo interno emitido por algunos burócratas a puerta cerrada. En mi opinión, esto es inconstitucional, porque un derecho fundamental sólo puede restringirse por ley, no por un reglamento administrativo. Pero vivimos tiempos difíciles para la prensa y la democracia, y los jueces se prestan a ello.
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* Weber estudió lenguas romances y periodismo en la Universidad Libre de Berlín y se doctoró en el Instituto Latinoamericano en 1982. Cofundadora del periódico Taz, trabaja como periodista desde 1978 y como corresponsal independiente desde 1986, inicialmente desde Montevideo y desde 2002 desde Buenos Aires. También ha publicado varios informes e investigaciones exhaustivas sobre la historia de las actividades de inteligencia. Su libro «Eichmann Was Still Needed» se publicó en 2012.
Artículo traducido del alemán por el equipo de la SAEEG. Originalmente publicado el 05/05/2026 bajo el título «Argentinien: Richter bestätigen den Schweigepakt über Eichmann», en Overton Magazin, https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/argentinien-richter-bestaetigen-den-schweigepakt-ueber-eichmann/
César Augusto Lerena*

Publicado en Perfil, el 31 de marzo de 2026.
La desmalvinización y desculturalización de la Cuestión Malvinas en la Argentina fue planificada mediante una serie de decisiones políticas, ideológicas y estratégicas que se consolidaron con Tratados, Acuerdos y Leyes, la desatención del tema y la invisibilización de parte de los organismos competentes.
Se le atribuye al politólogo y sociólogo francés Alain Rouquié, el término “desmalvinizar” en la etapa entre la dictadura militar y la transición democrática tras la Guerra de Malvinas (1982). Este término entendió como necesario separar la Causa Malvinas de la política argentina para evitar que las Fuerzas Armadas la usaran para destacar el rol de los militares en la recuperación de los archipiélagos argentinos; de modo tal, que éstas se rehabilitaran en la sociedad y les permitiera volver a tener un rol protagónico en la escena política. Un temor que estaba fundado no solo por el recientemente concluido Proceso Militar, sino por los numerosos golpes durante el siglo XX.
Supongamos por un instante, que la “desmalvinización” en ese momento hubiese tenido fundamentos políticos atendibles; sin embargo, su instalación promovida desde el gobierno, no tuvo una estrategia integral, porque invisibilizó a los 649 héroes caídos en Malvinas y despreció a quienes, habiendo combatido con valor en las islas, eran merecedores de un gran reconocimiento por parte de la sociedad argentina y, por el contrario, debieron volver al continente “con pena y sin gloria”; además de no tenerse en cuenta, que la Cuestión de Malvinas para ese entonces estaba inserta en la cultura popular. Se privilegió una hipótesis temerosa por sobre el sentimiento nacional, denigrándose para ello el rol sobresaliente -en las condiciones disponibles- de los oficiales, suboficiales y soldados que combatieron en Malvinas.
Ahora bien, ¿cuál es el argumento para, después de esos primeros años y hasta la fecha seguir “desmalvinizando” la Argentina? Ya que no hay militares al acecho y, más bien, esta práctica se sostiene, en la vocación que han tenido y tienen algunos altos dirigentes de privilegiar la economía, subordinándonos a los intereses extranjeros, sin importándoles para nada la soberanía nacional.
Antes y después que se institucionalizara el término “desmalvinización” en la práctica ya se usaba cuando los gobiernos argentinos “cooperaron” en forma unilateral con los gobiernos ilegales isleños británicos en las islas. El caso más emblemático fue durante el gobierno del presidente de facto Alejandro Lanusse que firmó la Declaración Conjunta de 1971, a partir de la cual, se les construyó la pista de aterrizaje y proveyó de correo, teléfonos, gas, asistencia médica, etc., y de la llamada política de seducción de Carlos Menem donde se priorizó el interés de los isleños sin avanzar sobre la soberanía.
Desmalvinizar es contribuir al desaliento de los argentinos que han puesto en ese objetivo de liberación irredento la esperanza de un país unido y feliz. Se trata, como la pérdida del “unicornio azul” (1982) de Silvio Rodríguez, ya que las islas son nuestras y las queremos. Sin embargo, importantes dirigentes, carentes de todo fundamento político, histórico, económico y jurídico, contribuyen a fortalecer la “desmalvinización” y hemos debido escuchar en abierta violación a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (1994) que: “las Malvinas son inglesas y no son ni serán argentinas” (Diputada Sabrina Ajmechet); “habría que cambiarlas con vacunas del COVID” (Senadora Patricia Bullrich); reconociendo “la soberanía británica de facto y el derecho de autodeterminación de los isleños británicos” (Ex diputado y actual Embajador en la Unión Europea y Bélgica Fernando Iglesias); además de quien fue el responsable principal del Pacto Foradori-Duncan como Presidente de la nación (Mauricio Macri) que manifestó: “Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como Argentina” y “recuperar Malvinas sería un gasto” o, por último, las expresiones vertidas en el aniversario de la gesta de Malvinas de que “Tendría en cuenta la “decisión de los isleños” a sabiendas que no son parte según la ONU (Presidente Javier Milei y ex Canciller Diana Mondino), etc.
Los gobiernos han puesto por delante del proceder heroico y patriótico de quienes combatieron en Malvinas, la calificación de aventura belicista, dejando de lado el reclamo histórico de soberanía y presentando a los combatientes como víctimas y no como héroes nacionales que pelearon para expulsar al invasor británico del territorio argentino de Malvinas.
Todo ello, también estuvo influido por el lamentable objetivo de debilitar el reclamo, con tal de lograr la reinserción de Argentina en los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos. Política que centralmente estuvo dirigida por los Cancilleres Dante Caputo y su apoyo a la “fórmula inglesa del Paraguas”; Domingo Felipe Cavallo y su rol protagónico en los Acuerdos de Madrid y otros y, Guido Di Tella, con su célebre frase de “relaciones carnales” con Washington en los años 90; aunque esta última quedó minimizada con la relación más profunda e incondicional aún que lleva este gobierno presidido por Javier Milei con el Presidente Donald Trump de Estados Unidos y el Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu.
Por cierto, en materia de invisibilizar la Cuestión Malvinas los Acuerdos de Madrid (1989-90) son centrales, ya que congelaron la soberanía de Malvinas mediante la fórmula del Paraguas y, es obvio, que ésta fue el eje central de la política de desmalvinización; porque lleva técnicamente a cero -en las condiciones y estrategias utilizadas- la posibilidad de discutir sobre la soberanía plena de Malvinas. Ello se profundizó con el Pacto de “Foradori-Duncan” (2016) donde se acordó “eliminar todos los obstáculos (léase entre otros la Disposición Transitoria Primera de la CN) para desarrollar Malvinas”, como si los archipiélagos ya estuviesen siendo administrados por la Argentina.
Dentro de los pocos actos de “malvinización” se encuentran las leyes de educación y capacitación de funcionarios (Ley 27.671); pero, no ha habido vocación del gobierno que la sancionó ni los siguientes de capacitar y, distintas organizaciones y Universidades han tenido que hacer un gran esfuerzo para aplicar la ley.
El poder político y los medios en general trataron a la guerra como un hecho lamentable -argumento inglés que deja de lado sus invasiones previas del territorio- y, perdieron de vista que, por fuera de la confrontación militar y la pérdida de combatientes nacionales, la Argentina, que hasta 1982, tenía invadidos unos 20.000 Km2 de su territorio, con posterioridad a la guerra, el Reino Unido amplió su invasión a 1.639.900 Km2 de territorios marítimos y, extrae anualmente 250.000 toneladas de recursos pesqueros valuados en unos mil millones de dólares FOB, a la par de iniciar las exploraciones petroleras a través de la empresa israelí Navitas-Petroleum.
La auto limitación de utilizar los medios diplomáticos en la negociación junto a “la fórmula del Paraguas” que congela la soberanía, es de por sí una estrategia que restringe y debilita las acciones que deberían llevarse adelante para desalentar al Reino Unido a mantener la invasión y, constituye un desmalvinización.
Todas estas cuestiones, acompañadas de una falta de difusión popular y formación en todos establecimientos educacionales y, la capacitación de los funcionarios públicos respecto a los derechos nacionales sobre los archipiélagos, las aguas correspondientes y la Antártida, han desculturalizado a los argentinos en estas cuestiones relativas al ejercicio pleno de la soberanía de Malvinas; que entonces, eran parte de acervo cultural de los argentinos.
En el otro extremo, a pesar de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional se admite la designación de funcionarios y la aprobación de los pliegos de legisladores que sostienen que las Malvinas son inglesas o las han perdido después de la guerra desconociendo al mismo tiempo la Res. 37/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1982 que indica todo lo contrario.
Se desmalviniza cuando en el cumpleaños (14/11/1948) del Rey Carlos III, “por la Gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios, Rey, Jefe de la Mancomunidad y, Defensor de la Fe” (título que incluye a Malvinas) los funcionarios argentinos concurren al “besamanos” de la embajada del Reino Unido en Buenos Aires a saludar al monarca y celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas (2025), en una muestra de sumisión total a un país invasor; a pesar, del Acta definitiva de la Declaración de nuestra Independencia que reza “libres de toda dominación extranjera” y, de las posteriores invasiones inglesas de 1806, 1807, 1833 y 1982 y, la ocupación nuestros espacios y explotación de nuestros recursos.
Igualmente, se desmalviniza, cuando se dicta la Ley 24.184 de protección y promoción de la inversión inglesa y se le da privilegios por sobre todos los países y, que encontrándose vencidos los plazos de la ley, no se la deroga.
De la misma manera, se desmalviniza, cuando se crea un Consejo Nacional de Malvinas (Ley 27.558/20) y no se le otorga facultades para elaborar una estrategia destinada a ejecutar la Política de Estado definida en la Constitución Nacional y, cuando no se provee a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de un presupuesto acorde a la necesidad de disuadir la ocupación y explotación del mar y los archipiélagos argentinos.
También, se desmalviniza, cuando el gobierno no tiene políticas de integración con Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y los Estados de África occidental, ni se llevan adelante políticas nacionales marítimas, mercantes, portuarias, pesqueras, de explotación offshore de hidrocarburos y relativas a la Antártida destinadas a aislar al Reino Unido en el Atlántico Suroccidental. Mientras ello ocurre, la embajada británica en la Argentina, grotescamente, promueve la relación con nuestros países vecinos e invita a estudiantes argentinos y de éstos a “conocer a sus vecinos” los isleños británicos, ocupantes ilegales de nuestro territorio insular y marítimo.
Además, se desmalviniza, al generar agobio nacional e internacional, cuando por toda política en más de 60 años, la Cancillería Argentina no ha hecho otra cosa que reclamar infructuosamente al Reino Unido que se disponga a negociar con la Argentina, mientras en paralelo, el gobierno se alinea con los países de la OTAN que en general no han apoyado a la Argentina en esta materia; a punto tal, que en su oportunidad admitieron al momento de aprobarse en 1907/9 el Tratado de Lisboa donde la Unión Europea reconoce los auto-llamados territorios británicos de ultramar, donde se incluían a las Malvinas, la Antártida, etc.
En la práctica, la malvinización ha sido mantenida y promovida centralmente por aquellos intervinientes en la Guerra de Malvinas que lograron superar esa dolorosa gesta y, se asumen no solo como Veteranos de la Guerra, sino como combatientes activos de la Causa Malvinas, entendiendo que la rotura de la integridad territorial nacional por parte del Reino Unido es una afrenta a la dignidad de todos los argentinos; un desprecio a todos los patriotas que dieron su vida -en especial los que cayeron defendiendo la nación en Malvinas- y una humillación inadmisible a la Patria.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar
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