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GUAYANA ESEQUIBA: VALE MÁS VOLUNTAD EFECTIVA QUE DECLARACIÓN EMOTIVA

Abraham Gómez R.*

El Palacio de las Academias, Caracas, Venezuela. 

A propósito de la contención centenaria que sostenemos por la extensión territorial que nos arrebataron, durante los últimos (35) años hemos tenido la posibilidad de intercambiar opiniones con muchísima gente, sobre cómo encarar este asunto litigioso.

En los distintos eventos desarrollados en varias ciudades del país, en los medios de comunicación social, en los propios espacios fronterizos y a través de las redes sociales, conseguimos de todo.

Me permito exponer, señaladamente, que hay un denso bastión de compatriotas que conforman una interesante masa crítica, quienes a cada instante afilan con osadía y agudeza sus juicios al respecto y publican las propuestas que ellos consideran acertadas para resolver la controversia, en espera de una justa decisión para nuestro país.

Reconocemos que también hay quienes andan por ahí sin prestarle ningún cuidado a nuestra reclamación —no han manifestado el más mínimo interés en el tema—, cuya actitud es de los que únicamente ven transcurrir las cosas con indiferencia o displicencia.

Otros que se encuentran demasiados imbuidos de pesimismo en cuanto a que nuestra nación pueda obtener una sentencia satisfactoria en la Corte Internacional de Justicia.

Bastantes preguntas, cargadas de negatividades, nos hacen desde este último grupo ya descrito.

Sin embargo, nos agrada mencionar que aparejado a tan disímiles escenarios se registra una mayoría de la población venezolana que se mantiene a la expectativa de todo cuanto viene ocurriendo y los posibles desenlaces.

Estamos —razonablemente— dispuestos a diseñar las estrategias a que haya lugar para que se cumplan los objetivos de reivindicación nacionalista que nos hemos trazado, mediante hechos y actos jurídicamente concretos, por lo que, no se trata de una simple ilusión, sino de una determinación probable con fundamento.

Nuestra contención tiene suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico, y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

Los reclamos que hemos sostenido, desde hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática, capricho nacional o empecinamiento injustificado.

La Contraparte en el litigio sabe que poseemos bastantes documentos.

La delegación diplomática de la excolonia británica (que tiene meses haciendo cabildeo en La Haya) conoce además que nos encontramos apertrechados con los Justos Títulos que avalan la histórica propiedad, incuestionable, de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.

Tengo la seguridad de que una inmensa porción de compatriotas venezolanos coincide conmigo cuando expreso que lo peor que podemos hacer es abrir una innecesaria e inconveniente confrontación política-partidista interna en nuestro país, relacionada a la Guyana Esequiba, en este momento apremiante; cuando nos encontramos concernidos en un serio pleito jurídico, en el Alto Tribunal de La Haya, por la séptima parte de la geografía venezolana, que nos despojaron de manera alevosa y vil.

Hoy, más que nunca, se hace imprescindible la absoluta y sólida unidad de todos los sectores, sin excepciones.

Insisto en señalar que debemos reforzar la estructuración —sin recelos ni mezquindades— de un bloque de defensa compacto y pétreo, para contrarrestar las acechanzas de la Parte que nos rivaliza, por las acciones unilaterales en contra nuestra, que ellos interpusieron y ratificaron en la Corte.

Ciertamente, ha habido declaraciones de todo tipo: motivadas algunas y desentonadas otras.

Se han esgrimido argumentaciones densas, apropiadas y propositivas; pero también, leemos ideas descabelladas, que no cuadran con las soluciones pacíficas para pleitos de tal naturaleza, aconsejadas por el Derecho Internacional Público y recogidas en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

Resulta importante que demos continuidad a nuestros discursos; que reafirmemos con sendos pronunciamientos de respaldo y solidaridad, hasta que la Sala Juzgadora ofrezca la sentencia que toda Venezuela espera, mediante la cual se nos haga justicia.

Al propio tiempo de pronunciar los discursos —por muy emotivos que se tejan— debe constituirse y construirse la inquebrantable voluntad, a toda prueba, para actuar y defender lo que históricamente ha sido nuestro.

Así entonces, nos sentimos complacidos en destacar la labor de las ONG (particularmente Mi Mapa de Venezuela), entidades creadas para adelantar hermosas actividades al respecto. Además, hacemos el reconocimiento debido al Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV); lo propio cabe para el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI). Especial mención para la Fundación Venezuela Esequiba, por su insistente afán de concienciación.

Ha sido muy digna y oportuna la determinante posición de La Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Nos llena de orgullo la tarea que viene cumpliendo la Comisión Presidencial en Defensa del Esequibo.

Todos en una sola motivación y propósito, de esfuerzos elogiadamente ponderados; lo cual constituye un ejemplo de lucha sostenida sin actitudes atrabiliarias o estrepitosas, porque aquí se requiere talento y muchísima voluntad (repito, voluntad) en la formación documental y doctrinaria, para insistir en la reclamación y defender en la Corte lo que honradamente siempre ha sido nuestro.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

GUAYANA ESEQUIBA: ESTADO PIAR, SEGÚN LA ACERTADA PROPUESTA DE ESPINAL

Abraham Gómez R.*

La vocación natural de cualquier región del mundo que viva bajo la condición de colonia viene signada para alcanzar su emancipación. Algunas veces se logra rápido y de manera determinante quitarse tales yugos. En otros casos, las circunstancias para gloriar la grandeza de la libertad se vuelven enrevesadas, escabrosas y cuesto mucho dolor patrio.

Todos conocemos que para alcanzar la independencia de Venezuela hubo que librar cruentos combates; sufrir vilezas y traiciones; padecer rigores, penurias y necesidades hasta que se produjo la Batalla de Carabobo (1821) y el combate Naval del Lago de Maracaibo (1823); sin embargo, en verdad, no fue sino hasta el 30 de enero de 1845 cuando el reino de España —mediante tratado— confiere el reconocimiento a Venezuela como Estado independiente; no obstante, reafirmamos como tantas veces ha invocado, el insigne jurista carupanero,  Dr. Cesáreo Espinal Vásquez, que nuestra independencia la logramos en las campañas militares  con durísimas enfrentamientos y no mediante arreglos, convenios o tratados de descolonización. Peleamos por nuestra libertad.

Me ha honrado el Dr. Espinal, al encomendarme la misión de abrir el pórtico y dar entrada a su nuevo libro. Me cabe la satisfacción y honor de haberme dado la oportunidad de inspirarme para redactar un merecido prólogo.

La valiosa entrega escritural para en esta ocasión, denominada “Esequibo: estado Carlos Manuel Piar” (ediciones Espinal. Caracas 2020), comporta un enjundioso estudio, exigentemente documentado y muy digno de su ya proverbial inteligencia.

Recibe el público lector un aporte reciente, generado de su fértil dedicación —digamos, un trabajo indagatorio— como ha sido la distinguida característica de sus entregas académicas: abnegadas, serias y admirables; en cuyo contenido apreciamos, luego de un denso y provechoso recorrido socio histórico hecho por el autor en estricto sentido didáctico, un ferviente entusiasmo con su  objetiva propuesta para la  creación del estado Manuel Carlos Piar, en la extensión territorial de nuestra Guayana Esequiba.

Completamente asimilable, en perspectiva, el Esequibo como el estado Manuel Calos Piar. Una idea elogiable para reivindicar, por una parte, al insigne prócer de la Batalla de San Félix y, por la otra, sabiéndonos poseedores del Justo Título que atesoramos, por ser causahabientes de España.

El Dr. Espinal Vásquez, en su condición de jurista reconocido e incansable investigador social de nuestra geografía humana, nos ha enseñado permanentemente, que los fenómenos fronterizos son realidades jurídicas; porque, la condición limítrofe así lo impone, ciertamente; no obstante, deja en claro la severa advertencia: “debe ser obligante considerar y añadir la dimensión de la gente, las realidades socio-económicas, culturales, éticas, estéticas; generado, todo ello,  a partir de la interactividad que mantienen los habitantes de los citados  espacios  que siempre han sido venezolanos”.

El admirado Dr. Cesáreo Espinal Vásquez, con su otra tesis inmarcesible y ya famosa del “Bien Común”, ha marcado, la ruta —eo ipso— de lo que más conviene a nuestros espacios societales. Muestra de lo dicho, con idéntica motivación, nos la presenta en un texto anterior, en el cual, apenas con un extracto, nos hace la referencia a partir de la siguiente aseveración:

“la justocracia no es la búsqueda de una tercera vía, sino por el contrario es la única vía para vivir en una sociedad justa. La justocracia aboga como fundamentos de sus fines, la conciliación, que es la mediación entre personas, organizaciones, sistemas políticos y ente la nación para la solución pacífica de conflictos…”. (Justocracia, poder de lo justo. Ediciones Espinal. Caracas 2011)

El Dr. Espinal Vásquez nos pide que insistamos —en nuestras conferencias por las universidades del país— en dar a conocer la diferencia conceptual estructural entre lo que es límite y frontera. Precisamente, ha sido nuestra prédica. Exponer que el límite debe entenderse como una entidad jurídica abstracta y de origen político, convenido y visualizado en forma lineal; mientras que la frontera se comprende y asimila al espacio de anchura variable donde convergen seres humanos con potencial de integración, que crea un modo de vida común con sentido dinámico y vital.

Justamente la esencia de su texto; vale decir, su reconocida propuesta del estado Manuel Carlos Piar: la reconfiguración política-administrativa, para la incorporación de la naciente entidad en el concierto de los demás estados federalizados de Venezuela. Dicho ad litteram: “para que el estado Manuel Carlos Piar sea y asuma pronto esa séptima parte de nuestra extensión territorial, de la que nos despojaron y que hemos estado reclamando, hace más de cien años, con suficiente fortaleza y asidero jurídico”.

Ante algunos escenarios académicos, me he permitido argumentar, a propósito del centenario litigio, en que no basta lo declarativo atinente al marco geográfico que con certeza recuperaremos en la Corte Internacional de Justicia; también debemos darle consistencia a la vinculación solidaria venezolanista para trenzarnos en familiaridad con los Esequibanos.

En esta contención por la Guayana Esequiba, estamos munidos de razones y justos títulos para exhibir en el ámbito internacional. Además, resultan valederos todos los enjundiosos aportes que ha hecho —como su particular legado al país— el Dr. Espinal Vásquez, fuentes documentativas que en sí mismas constituyen elementos probatorios.

Es posible que nos declaremos voceros legítimos ante el mundo que pronto veremos nacer el estado Manuel Carlos Piar; no solo en lo que corresponde al espacio territorial y su proyección atlántica, como ha sido recogida jurídicamente expletiva en su propuesta; sino también por su demografía, en/por su riquísimo mestizaje.

Venezuela se sentirá supremamente orgullosa cuando alcancemos la materialización de la idea recogida en este texto; que hace su aparición para quien desee disfrutar de una lectura pedagógica.

Ha expuesto el Dr. Espinal Vásquez, como autocrítica, que siempre nos ha parecido que caen en una seria contradicción quienes se dicen defensores de la Guayana Esequiba, pero nunca hablan de la considerable población que ocupa ese territorio.

En mi caso —por propia experiencia— particularmente puedo testimoniar que en la Guayana Esequiba existen ciudades, pueblos, comunidades y otros asentamientos humanos, donde se aprecian interesantísimos cruces étnicos y de clases sociales, cuyo registro censal más reciente arroja una cifra que sobrepasa las 200.000 personas, que incluye a los Waiwai, Makushi, Arawakos, Akawayos, Saraos, Patamonas, Caribes, Wapashi. Una población considerable de afro e indodescendientes, amerindios, asiáticos, portugueses, etc. Una importante etnicidad amalgamada.

La mencionada geografía humana, que convive en ese territorio, debe llamar la atención y la preocupación de quienes ejecutan políticas públicas, por parte del Estado Venezolano, con la finalidad de corresponderles debidamente y como se merecen, en todas las áreas pertinentes para su subsistencia: cedulación, salud, educación, servicios públicos, turismo, deportes, cultura, apoyo a la producción; en fin, todo cuanto sea necesario para vincularlos con nuestra venezolanidad, que igualitariamente  les corresponde a ellos.

A propósito de la situación actual de la controversia internacional que sostenemos con la excolonia británica, la posición enfática del autor de este texto no se hace esperar:

«si bien la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción lo contencioso de la reclamación de Venezuela, no tiene competencia para conocer de mediaciones sino es por consenso previo de las partes y es así, igualmente, que nuestro país, no tiene que ir a “litis” contra la República Cooperativa de Guyana, en aplicación del principio jurídico internacional “iuris et de iure” de plena prueba y no de presunciones en virtud de que el derecho nace del mismo derecho, no admite prueba en contrario, es decir, no tengo que probar lo que es de Venezuela, sino Guyana probar que es suyo ese territorio, del que no tiene asidero histórico ni jurídico”.

Con fundamentación en todo lo expuesto, el citado autor de esta obra —para la cual con satisfacción he escrito el prólogo— nos señala que: “le corresponderá a Venezuela, más temprano que tarde, crear el estado General en Jefe Carlos Manuel Piar; decretar otra estrella de la República, otorgar nacionalidad a los habitantes en ese territorio, impedir y solicitar el cese de las concesiones, todo ello, dentro del ámbito de derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”.

Digamos, entonces, que tenemos  una tarea prioritaria —para ir echando las bases idóneas al venidero estado Manuel Carlos Piar— el hecho  de comenzar a  enlazarnos emocionalmente como compatriotas con esos grupos humanos, tan venezolanos como cualquiera de nosotros.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

GUAYANA ESEQUIBA: CONTESTACIÓN (DEFENSA) Y RECONVENCIÓN (ATAQUE)

Abraham Gómez R.*

Había tardado demasiado el gobierno guyanés en iniciar una descomunal campaña en los medios, cuyo contenido apunta a manipular la posible decisión que tomaría Venezuela en cuanto a invocar la no comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para el 08 de marzo del próximo año, o definitivamente hacernos parte del juicio en la demanda que de modo unilateral interpuso la excolonia británica en contra nuestra.

En casi todos los medios audiovisuales de Guyana ha aflorado, en los últimos meses, una sibilina y machacona campaña de (des)información, cuyo contenido apunta a hacerle creer a la población que habita en la Zona en Reclamación que Venezuela no posee los recursos argumentativos probatorios de nuestra contención y que, por tales motivos, le estamos rehuyendo al arreglo judicial, como expedita alternativa que ellos presentaron en la Corte.

El torcido bloque informativo —divulgado  mañana, tarde y noche— que difunden los coagentes guyaneses deja entrever, con malévola sospecha, que los venezolanos no contamos con los recursos históricos o jurídicos densos para desmontar el írrito y nulo Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899; y que ellos, por el contrario, consideran a tal adefesio jurídico “suficientemente válido y oponible”, en el juicio que se lleva a cabo en La Haya; tanto que le atribuyen condición de cosa juzgada (res Judicata) con validez plena. Exactamente están practicando la añeja estrategia goebbeliana.

En ese mismo orden, sentido y propósito, estamos observando y analizando el despliegue inusitado en los canales internacionales; también en los diarios de mayor circulación —los de mucha credibilidad y prestigio y los más leídos en el mundo— la ilimitada propaganda que el gobierno guyanés “ha cancelado”, con la finalidad de darse un barniz favorable en torno al histórico caso del Esequibo. Tratan de diseñarse una matriz opinática acomodaticia.

No quedan dudas que toda la detestable parafernalia mediática, que estamos denunciando, recibe cuantioso financiamiento de las casi cincuenta compañías, de distintas procedencias; con lo cual pretenden resguardar sus intereses en la exploración, explotación y comercialización de los inmensos recursos de la Zona en controversia.

Debemos ser enfáticos en pronunciar con insistencia ante el mundo: no le estamos quitando las dos terceras partes del territorio de Guyana, como ellos “arguyen” en sus vocinglerías por los medios de comunicación a nivel internacional.

Nuestra nación ha sido la víctima, hace más de un siglo, del vil despojo perpetrado con mala fe y añagaza jurídica.

Nosotros tenemos enjundiosa documentación para demostrar que fue el Imperio Británico que nos usurpó y despojó, mediante las trampas y demás tratativas políticas-diplomáticas urdidas a finales del siglo XIX, de una séptima parte de la geografía venezolana; incluso tenían la aviesa intención de arrebatarnos hasta el Delta del Orinoco y una considerable parte del estado Bolívar.

El gobierno guyanés al enterarse de que todavía no se ha producido la determinación si vamos o no al juicio a la Corte han desatado un propagandismo con “descomunal ferocidad”, en dos vertientes: en Georgetown, con la utilización de la televisión a diestra y siniestra contra Venezuela; haciéndonos pasar como avaros en la reclamación, o imbéciles e ignorantes del Derecho Internacional Público. La otra burda estrategia ya la conocemos: vienen organizando sistemáticas visitas a la Guayana Esequiba del presidente Irfaan Ali, de ministros, miembros de las Fuerzas Armadas, empresarios, representantes de todas las organizaciones políticas e iglesias.

En el litigio que sostenemos, desde hace más de un siglo, contra el imperio inglés, primero, y luego con su causahabiente en este asunto la República Cooperativa de Guyana, las posibles alternativas de soluciones han derivado hacia aristas escabrosas.

Lo que hemos descrito, de manera somera, es lo que vergonzosamente ha emprendido Guyana.

Considerando lo antes planteado y frente a tales desmanes: ¿Qué debemos hacer nosotros para defendernos y atacar, para proyectar nuestras verdades sobre este asunto litigioso?

Primeramente, a riesgo de parecer tedioso, considero que —sin perder tiempo— debemos declararnos y dedicarnos  a trabajar tiempo completo, mediante la conformación de una comisión multidisciplinaria para la discusión, análisis,  investigaciones documentales, formular la narrativa de los hechos fundamentales; compendiar las alegaciones de derecho; hacer las precisas consultas públicas y privadas; en fin, todo cuanto haya que diligenciar para elaborar el Memorial de Contestación de la demanda, que deberíamos  consignar en la Corte, —si así lo autoriza el Jefe de Estado— repito,  para el día 08 de marzo del 2023 ¡…diríamos en buen venezolano, eso es mañana mismo…!

En tal Memorial de contestación ratificaremos el contenido parcial (artículo primero) del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, que ellos aceptaron (sin intimidación): el Laudo es nulo de e írrito; por tanto, sobre ese abominable documento no hay nada que discutir, no es oponible a nada; porque ha resultado insubsanable, históricamente.

La nulidad absoluta —ipso jure— en la citada sentencia arbitral se generó desde el mismo momento cuando se omitieron los requisitos necesarios para lograr su objetivo y se burlaron los procedimientos. También ocurrió cuando se nos colocó, en tanto parte interesada y concernida en una situación de indefensión, inclusive a partir del Tratado de Washington de 1897.

Como nuestra segunda estrategia —para poner las cosas en claro—, en simultáneo con la consignación de la Contestación, nos encontraríamos en la precisa (y mejor) ocasión para estructurar una contrademanda o Interponer acciones de Reconvención, por todo el daño que Guyana ha venido perpetrando a Venezuela.

La delegación venezolana que comparecería ante la Corte, en la fecha arriba señalada, tiene todo el derecho, en nombre de nuestro Estado para incoar una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra quien nos ha demandado. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso.

Siendo de esta manera, entonces, el Jurado sentenciador —conforme en pleno y justo derecho— debe admitir la solicitud reconvencional; porque existirá absoluta conexidad entre nuestras pretensiones en nueva litis reconvencional y las que ya han sido identificadas objeto de la demanda principal, introducida y ratificada por la contraparte.

El jurado sentenciador de la Corte Internacional de Justicia, que tramita en juicio el fondo de la controversia, pasará a conocer también —por economía procesal— nuestra causa petendi en reconvención (con solicitudes recientes, de signo diferente, ampliadas e irrebatibles) cuya finalidad procura concluir mediante una Resolución coherente, donde se haga justicia a nuestro país

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.