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GUAYANA ESEQUIBA: VALE MÁS VOLUNTAD EFECTIVA QUE DECLARACIÓN EMOTIVA

Abraham Gómez R.*

El Palacio de las Academias, Caracas, Venezuela. 

A propósito de la contención centenaria que sostenemos por la extensión territorial que nos arrebataron, durante los últimos (35) años hemos tenido la posibilidad de intercambiar opiniones con muchísima gente, sobre cómo encarar este asunto litigioso.

En los distintos eventos desarrollados en varias ciudades del país, en los medios de comunicación social, en los propios espacios fronterizos y a través de las redes sociales, conseguimos de todo.

Me permito exponer, señaladamente, que hay un denso bastión de compatriotas que conforman una interesante masa crítica, quienes a cada instante afilan con osadía y agudeza sus juicios al respecto y publican las propuestas que ellos consideran acertadas para resolver la controversia, en espera de una justa decisión para nuestro país.

Reconocemos que también hay quienes andan por ahí sin prestarle ningún cuidado a nuestra reclamación —no han manifestado el más mínimo interés en el tema—, cuya actitud es de los que únicamente ven transcurrir las cosas con indiferencia o displicencia.

Otros que se encuentran demasiados imbuidos de pesimismo en cuanto a que nuestra nación pueda obtener una sentencia satisfactoria en la Corte Internacional de Justicia.

Bastantes preguntas, cargadas de negatividades, nos hacen desde este último grupo ya descrito.

Sin embargo, nos agrada mencionar que aparejado a tan disímiles escenarios se registra una mayoría de la población venezolana que se mantiene a la expectativa de todo cuanto viene ocurriendo y los posibles desenlaces.

Estamos —razonablemente— dispuestos a diseñar las estrategias a que haya lugar para que se cumplan los objetivos de reivindicación nacionalista que nos hemos trazado, mediante hechos y actos jurídicamente concretos, por lo que, no se trata de una simple ilusión, sino de una determinación probable con fundamento.

Nuestra contención tiene suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico, y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

Los reclamos que hemos sostenido, desde hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática, capricho nacional o empecinamiento injustificado.

La Contraparte en el litigio sabe que poseemos bastantes documentos.

La delegación diplomática de la excolonia británica (que tiene meses haciendo cabildeo en La Haya) conoce además que nos encontramos apertrechados con los Justos Títulos que avalan la histórica propiedad, incuestionable, de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.

Tengo la seguridad de que una inmensa porción de compatriotas venezolanos coincide conmigo cuando expreso que lo peor que podemos hacer es abrir una innecesaria e inconveniente confrontación política-partidista interna en nuestro país, relacionada a la Guyana Esequiba, en este momento apremiante; cuando nos encontramos concernidos en un serio pleito jurídico, en el Alto Tribunal de La Haya, por la séptima parte de la geografía venezolana, que nos despojaron de manera alevosa y vil.

Hoy, más que nunca, se hace imprescindible la absoluta y sólida unidad de todos los sectores, sin excepciones.

Insisto en señalar que debemos reforzar la estructuración —sin recelos ni mezquindades— de un bloque de defensa compacto y pétreo, para contrarrestar las acechanzas de la Parte que nos rivaliza, por las acciones unilaterales en contra nuestra, que ellos interpusieron y ratificaron en la Corte.

Ciertamente, ha habido declaraciones de todo tipo: motivadas algunas y desentonadas otras.

Se han esgrimido argumentaciones densas, apropiadas y propositivas; pero también, leemos ideas descabelladas, que no cuadran con las soluciones pacíficas para pleitos de tal naturaleza, aconsejadas por el Derecho Internacional Público y recogidas en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

Resulta importante que demos continuidad a nuestros discursos; que reafirmemos con sendos pronunciamientos de respaldo y solidaridad, hasta que la Sala Juzgadora ofrezca la sentencia que toda Venezuela espera, mediante la cual se nos haga justicia.

Al propio tiempo de pronunciar los discursos —por muy emotivos que se tejan— debe constituirse y construirse la inquebrantable voluntad, a toda prueba, para actuar y defender lo que históricamente ha sido nuestro.

Así entonces, nos sentimos complacidos en destacar la labor de las ONG (particularmente Mi Mapa de Venezuela), entidades creadas para adelantar hermosas actividades al respecto. Además, hacemos el reconocimiento debido al Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV); lo propio cabe para el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI). Especial mención para la Fundación Venezuela Esequiba, por su insistente afán de concienciación.

Ha sido muy digna y oportuna la determinante posición de La Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Nos llena de orgullo la tarea que viene cumpliendo la Comisión Presidencial en Defensa del Esequibo.

Todos en una sola motivación y propósito, de esfuerzos elogiadamente ponderados; lo cual constituye un ejemplo de lucha sostenida sin actitudes atrabiliarias o estrepitosas, porque aquí se requiere talento y muchísima voluntad (repito, voluntad) en la formación documental y doctrinaria, para insistir en la reclamación y defender en la Corte lo que honradamente siempre ha sido nuestro.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

GUAYANA ESEQUIBA: CONTESTACIÓN (DEFENSA) Y RECONVENCIÓN (ATAQUE)

Abraham Gómez R.*

Había tardado demasiado el gobierno guyanés en iniciar una descomunal campaña en los medios, cuyo contenido apunta a manipular la posible decisión que tomaría Venezuela en cuanto a invocar la no comparecencia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para el 08 de marzo del próximo año, o definitivamente hacernos parte del juicio en la demanda que de modo unilateral interpuso la excolonia británica en contra nuestra.

En casi todos los medios audiovisuales de Guyana ha aflorado, en los últimos meses, una sibilina y machacona campaña de (des)información, cuyo contenido apunta a hacerle creer a la población que habita en la Zona en Reclamación que Venezuela no posee los recursos argumentativos probatorios de nuestra contención y que, por tales motivos, le estamos rehuyendo al arreglo judicial, como expedita alternativa que ellos presentaron en la Corte.

El torcido bloque informativo —divulgado  mañana, tarde y noche— que difunden los coagentes guyaneses deja entrever, con malévola sospecha, que los venezolanos no contamos con los recursos históricos o jurídicos densos para desmontar el írrito y nulo Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899; y que ellos, por el contrario, consideran a tal adefesio jurídico “suficientemente válido y oponible”, en el juicio que se lleva a cabo en La Haya; tanto que le atribuyen condición de cosa juzgada (res Judicata) con validez plena. Exactamente están practicando la añeja estrategia goebbeliana.

En ese mismo orden, sentido y propósito, estamos observando y analizando el despliegue inusitado en los canales internacionales; también en los diarios de mayor circulación —los de mucha credibilidad y prestigio y los más leídos en el mundo— la ilimitada propaganda que el gobierno guyanés “ha cancelado”, con la finalidad de darse un barniz favorable en torno al histórico caso del Esequibo. Tratan de diseñarse una matriz opinática acomodaticia.

No quedan dudas que toda la detestable parafernalia mediática, que estamos denunciando, recibe cuantioso financiamiento de las casi cincuenta compañías, de distintas procedencias; con lo cual pretenden resguardar sus intereses en la exploración, explotación y comercialización de los inmensos recursos de la Zona en controversia.

Debemos ser enfáticos en pronunciar con insistencia ante el mundo: no le estamos quitando las dos terceras partes del territorio de Guyana, como ellos “arguyen” en sus vocinglerías por los medios de comunicación a nivel internacional.

Nuestra nación ha sido la víctima, hace más de un siglo, del vil despojo perpetrado con mala fe y añagaza jurídica.

Nosotros tenemos enjundiosa documentación para demostrar que fue el Imperio Británico que nos usurpó y despojó, mediante las trampas y demás tratativas políticas-diplomáticas urdidas a finales del siglo XIX, de una séptima parte de la geografía venezolana; incluso tenían la aviesa intención de arrebatarnos hasta el Delta del Orinoco y una considerable parte del estado Bolívar.

El gobierno guyanés al enterarse de que todavía no se ha producido la determinación si vamos o no al juicio a la Corte han desatado un propagandismo con “descomunal ferocidad”, en dos vertientes: en Georgetown, con la utilización de la televisión a diestra y siniestra contra Venezuela; haciéndonos pasar como avaros en la reclamación, o imbéciles e ignorantes del Derecho Internacional Público. La otra burda estrategia ya la conocemos: vienen organizando sistemáticas visitas a la Guayana Esequiba del presidente Irfaan Ali, de ministros, miembros de las Fuerzas Armadas, empresarios, representantes de todas las organizaciones políticas e iglesias.

En el litigio que sostenemos, desde hace más de un siglo, contra el imperio inglés, primero, y luego con su causahabiente en este asunto la República Cooperativa de Guyana, las posibles alternativas de soluciones han derivado hacia aristas escabrosas.

Lo que hemos descrito, de manera somera, es lo que vergonzosamente ha emprendido Guyana.

Considerando lo antes planteado y frente a tales desmanes: ¿Qué debemos hacer nosotros para defendernos y atacar, para proyectar nuestras verdades sobre este asunto litigioso?

Primeramente, a riesgo de parecer tedioso, considero que —sin perder tiempo— debemos declararnos y dedicarnos  a trabajar tiempo completo, mediante la conformación de una comisión multidisciplinaria para la discusión, análisis,  investigaciones documentales, formular la narrativa de los hechos fundamentales; compendiar las alegaciones de derecho; hacer las precisas consultas públicas y privadas; en fin, todo cuanto haya que diligenciar para elaborar el Memorial de Contestación de la demanda, que deberíamos  consignar en la Corte, —si así lo autoriza el Jefe de Estado— repito,  para el día 08 de marzo del 2023 ¡…diríamos en buen venezolano, eso es mañana mismo…!

En tal Memorial de contestación ratificaremos el contenido parcial (artículo primero) del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, que ellos aceptaron (sin intimidación): el Laudo es nulo de e írrito; por tanto, sobre ese abominable documento no hay nada que discutir, no es oponible a nada; porque ha resultado insubsanable, históricamente.

La nulidad absoluta —ipso jure— en la citada sentencia arbitral se generó desde el mismo momento cuando se omitieron los requisitos necesarios para lograr su objetivo y se burlaron los procedimientos. También ocurrió cuando se nos colocó, en tanto parte interesada y concernida en una situación de indefensión, inclusive a partir del Tratado de Washington de 1897.

Como nuestra segunda estrategia —para poner las cosas en claro—, en simultáneo con la consignación de la Contestación, nos encontraríamos en la precisa (y mejor) ocasión para estructurar una contrademanda o Interponer acciones de Reconvención, por todo el daño que Guyana ha venido perpetrando a Venezuela.

La delegación venezolana que comparecería ante la Corte, en la fecha arriba señalada, tiene todo el derecho, en nombre de nuestro Estado para incoar una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra quien nos ha demandado. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso.

Siendo de esta manera, entonces, el Jurado sentenciador —conforme en pleno y justo derecho— debe admitir la solicitud reconvencional; porque existirá absoluta conexidad entre nuestras pretensiones en nueva litis reconvencional y las que ya han sido identificadas objeto de la demanda principal, introducida y ratificada por la contraparte.

El jurado sentenciador de la Corte Internacional de Justicia, que tramita en juicio el fondo de la controversia, pasará a conocer también —por economía procesal— nuestra causa petendi en reconvención (con solicitudes recientes, de signo diferente, ampliadas e irrebatibles) cuya finalidad procura concluir mediante una Resolución coherente, donde se haga justicia a nuestro país

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

GUAYANA ESEQUIBA: LAUDO ARBITRAL NULO Y POR TANTO INSANEABLE

Abraham Gómez R.*

Sabemos de las presiones que está ejerciendo Guyana y el enjambre de empresas transnacionales sobre el Alto Tribunal de la Haya, para aligerar una resolución sentencial que les favorezca; inclusive, el pasado 08 de marzo ratificaron su acción y han pedido (mediante escrito addedum) que se juzgue a Venezuela en ausencia, conforme al artículo (53) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

Ellos, en la demanda incoada contra Venezuela, están solicitando que la Sala juzgadora confirme la “validez legal y efecto vinculante” del írrito y nulo Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899.

Los coagentes guyaneses pretenden que, en la parte dispositiva del señalado proceso, la Corte declare —según sus “competencias jurisdiccionales” que no las tenía hasta el 18 de diciembre del año 2020, cuando se la autoconfirió— que la decisión del Laudo constituyó una “liquidación completa, perfecta y definitiva” en todas las cuestiones relacionadas con la determinación de la línea fronteriza entre la excolonia británica y Venezuela.

En concreto, solicitan que se declare la decisión arbitral, contenida en el cuestionado Laudo, como Cosa Juzgada y ejecutoriada por nuestro país.

Hemos escuchado, en varias ocasiones quizás como alegato y comentarios, que fueron los ingleses y no los guyaneses quienes nos arrebataron esa séptima parte de nuestro espacio territorial.

Por supuesto, estamos percibidos de tal maniobra socio histórica; sin embargo, no por ello vamos a desistir de nuestro legal y legítimo reclamo; porque no es poca cosa el daño a la soberanía que nos causaron.

Estamos conscientes, también, que Guyana alcanza su independencia el 26 de mayo de 1966, y en consecuencia adquiere su condición de Estado, con lo cual asume a plenitud la cualidad de sujeto jurídico internacional para encarar una contención de tal naturaleza, como la que hemos sostenido por el vil atropello que se nos perpetró.

Examinado este asunto, integralmente, sacamos la misma conclusión: Guyana se la está jugando completa.

Preguntémonos: ¿y nosotros? ¿Cuál debe ser nuestro plan estratégico, obligados a cumplir en varias etapas? ¿Cuál debe ser el discurso y la posición vertebradora generalizada en el país?

Los Esequibistas —que hemos mantenido por años esta contención— solicitamos que en todas partes de nuestra nación aflore absoluta solidaridad, en base a la conciencia que se asuma, densa y justificadamente de este litigio.

Estamos obligados, como venezolanos, a concitar una inteligente programación unitaria, Sin mezquindades ni diferenciaciones.

El reclamo centenario por esa inmensa área, que nos arrebataron con vileza, permanentemente ha constituido un punto de confluencia venezolanista, por encima de parcialidades ideológicas, confesionales, sociales, económicas.  Requerimos solidaridad plena y total en este asunto litigioso.

Deseamos expresar, además, otro elemento no menos importante, atinente a la dinámica interna nacional para la defensa de nuestra Guayana Esequiba; me refiero al recato y a la prudencia que ha tenido el sector oficial para manejar las estrategias de reivindicación al caso contencioso.

Reconocemos la unidad de criterios que ha habido en esta lucha, por parte de muchos entes involucrados; aunque algunas veces nos gustaría que la Cancillería tuviera mayor capacidad de respuestas ante la vulneración, que nos causan empresas transnacionales en nuestros espacios territoriales y en su natural y legítima proyección atlántica.

Hemos dicho, muchas veces, en todas nuestras conferencias en las universidades que si la Corte se dispone a examinar los hechos en estricto derecho y si el Laudo Arbitral de París en efecto es  el objeto de fondo de la segunda etapa del Proceso, se le presenta la mejor ocasión a Venezuela para  desenmascarar y denunciar la perversión jurídica de la cual fuimos víctima; precisamente, donde la Parte guyanesa no ha hecho otra cosa que pretender torcer tamaña e inocultable realidad histórica para sus propios intereses y en comparsa con insaciables empresas transnacionales.

El Laudo nace viciado de nulidad absoluta. Tal adefesio vergonzoso e infeliz está desprovisto de elementos esenciales para que pueda ser considerado jurídicamente válido.

Hoy, se hace preciso destacar el significativo aporte para el mundo del reconocido jurista sueco Gillis Weter, quien, en un enjundioso estudio de cinco tomos, denominado “Los Procedimientos Internacionales de Arbitraje” (Edición-1979); precisamente en su 3er. tomo, dedicado al arbitraje entre Venezuela y la Gran Bretaña, concluye que: “…Ese laudo Arbitral constituye el obstáculo fundamental para que se consolide la fe de los pueblos en el arbitraje y en la solución de controversias por vías pacíficas. Tal sentencia adolece de serios vicios procesales y sustantivos, y fue objeto de una componenda de tipo político”

Cada vez que profundizamos, una y otra vez, en examinaciones al Laudo Arbitral, conseguimos muchas causales para desecharlo, para pensar y preguntarnos: sobre qué elementos objetivos se atreverá a preparar la Corte la motivación y fundamentación para una posible sentencia; porque —como ese jurado mismo sabe— el Laudo es nulo de toda nulidad; no es que sea anulable es que es nulo de pleno derecho.

Se hace imprescindible analizar con bastante cuidado, en el presente caso controversial, las categorías jurídicas nulidad y anulabilidad, que aunque guarden una ligera similitud lexical, al propio tiempo marcan y destacan profundas diferencias de tipo conceptual, estructural y teleológica (intención).

Vamos por parte. Cuando se concluyó, suscribió y ratificó el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966 —documento que se consignó en la ONU y por tanto causó estado— de modo directo las partes firmantes reconocieron y admitieron el contenido exacto de su artículo primero: “Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo practico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”.

Venezuela ha tenido al Laudo y todo cuanto allí se hizo, en la citada fecha,03 de octubre de 1899 —cuando se perpetró la señalada abominación y arrebato contra nuestro país— como un acto de nulidad absoluta. Nulo de pleno derecho. Insubsanable.

La nulidad absoluta acarrea las consecuencias más graves que puede sufrir un acto procesal. Una nulidad absoluta no surte ningún efecto jurídico.

La nulidad absoluta —ipso jure— en la sentencia arbitral ocurrió, desde el mismo momento cuando se omitieron los requisitos necesarios para lograr su objetivo. También ocurrió cuando se nos colocó, en tanto parte interesada y concernida en una situación de indefensión; inclusive a partir del Tratado de Washington de 1897.

Hemos reafirmado históricamente que la calificación de nulidad del Laudo Arbitral de París se la atribuimos y existe desde el propio instante de la celebración del acto; así entonces, nos permitimos aclarar que la nulidad del citado adefesio jurídico comporta, en sí mismo un resultado insaneable y no un proceso en procura de algunos objetivos más o menos considerables.

En cambio, la anulabilidad presenta exteriormente, en principio, todas las apariencias de un acto perfecto; los actos anulables son provisionalmente válidos; el acto anulable no es por si nulo, sino que produce sus efectos hasta la declaración de invalidez.

Con nuestra comparecencia en la Corte Internacional de Justicia, para el 08 de marzo del próximo año, si así lo autoriza el Jefe de Estado, por cuanto es su atribución constitucional, nosotros no pediríamos la anulabilidad del Laudo; sino solicitaríamos que el Alto Tribunal de La Haya ratifique su intrínseca condición de nulo, inexistente, que jamás ocurrió ni nunca ha producido efectos jurídicos.

Siendo nulo el Laudo Arbitral de París, como en efecto desde su nacimiento siempre ha sido, nos resulta impensable que tal documento conforme la base de la causa petendi en el procedimiento jurisdiccional incoado por la contraparte guyanesa.

Guyana aspira ganar sin las mejores cartas, ni tener con qué; y nosotros solicitamos e invocamos que la Corte haga justicia al hacernos justicia.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.