Abraham Gómez R.

Por supuesto que lo convenido en Argyle el (14) de diciembre pasado tuvo como objetivo inmediato desescalar el clima de tensión y crispación entre Venezuela y Guyana; sobre todo, las circunstancias desatadas a partir de nuestra consulta referendaria con sus respectivas implicaciones y el despliegue de consecuencias.

Sin embargo, siendo más reflexivos debemos ―por nuestra parte― considerar, con fundamentación, dos aspectos primordiales.

De entrada, presumimos que la Comisión diplomática-técnica (integrada por representantes de ambos países) tiene hasta marzo de 2024 para presentar los resultados contentivos de “posibles soluciones” a la centenaria controversia, dentro de lo contemplado (ni más ni menos) en el vigente Acuerdo de Ginebra de 1966; documento que causó estado en las Naciones Unidas.

El precitado Tratado bilateral adquirió ―eo ipso― el total consentimiento de los suscribientes, lo cual confiere garantía absoluta para ejecutoriar todo cuanto se dirima y admita, a partir del esperado escrito conclusivo de la misión encomendada en San Vicente y las Granadinas.

Reforzamos lo antes mencionado con el siguiente aporte: en el Acuerdo de Ginebra ―cuyo texto ha resultado inatacado, inalterable e irrecurrible― se trazó la búsqueda de alternativas pacíficas y satisfactorias para ambas naciones.

Nos hemos encontrado ―a lo interno de Venezuela— con voces opuestas a seguir en esa trayectoria de tranquilidad, de negociación directa, de tratar de entendernos “cara a cara” con la contraparte en el litigio.

Quienes antagonizan con lo que se ha hecho hasta ahora opinan que el plazo indicado y las posibles deliberaciones de los delegados en Georgetown comporta una “perdedera de tiempo”. Criterio razonado, tal vez, por el descarado aprovechamiento que ha querido sacarle Guyana a la opacidad reclamativa en el trimestre que corre.

Consideramos que nuestra actitud en la mesa de discusión, en la capital guyanesa, debe ser más acuciante, incisiva y firma, para ir dejando ―de una vez por todas― las cosas en claro; en el sentido de que nosotros somos los verdaderos y legítimos propietarios de la extensión territorial controvertida, la que nos desgajaron en una vulgar colusión de los imperios de entonces.

Dicho así, consecuencialmente, habiendo Guyana interpuesto la demanda contra Venezuela por ante la Corte Internacional de Justicia, con una pretensión tramposa “validez del laudo de 1899 y la condición y carácter de cosa juzgada de mismo”; al tiempo que en ese exacto acto procesal la Sala Juzgadora incorporó de oficio, para decidir también, una causa conexa “la demarcación definitiva de las fronteras entre los dos países”; por lo que asumimos de buena fe, que para semejante iter jurisdiccional y su congruente sentencia prevalecerá el justo derecho.

Los argumentos que exponemos en los dos párrafos anteriores hay que priorizarlos en las bastantes fricciones argumentativas que se presentarán; para que sepa el contrincante que poseemos los incontrovertibles títulos traslaticios que siempre nos han asistido; con más fuerza, potencialmente, para un juicio de tamaña naturaleza y carácter.

Prestemos atención a la siguiente consideración —nada nueva― que conserva su vigor jurídico, sostenida por nuestra Cancillería:

“Ningún derecho cuando es absoluto o universal requiere para su uso y ejercicio por un Estado cualquiera el consentimiento de otros Poderes, como efecto de especiales estipulaciones. Lo que exige acuerdo directo entre dos o más países y sucesivas reglamentaciones para su práctica no puede emanar de ningún Principio inconcuso, sino de un derecho consentido”

(Documentos Diplomáticos para el Libro Amarillo de 1900. Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela).

Nuestro absoluto derecho sobre la Guayana Esequiba reposa en la condición misma de Estado (perfectamente demostrable y comprobable) y no en actuaciones derivadas o en costumbres; mucho menos, de algún consentimiento de ocupación, que nunca hemos otorgado a ingleses ni a guyaneses, que han usurpado la zona desde 1814.

Nuestro irrebatible fundamento histórico, jurídico y sociológico ha densificado el derecho que nos asiste en condición de propietarios de los 159.500 km², arrebatados a Venezuela con tratativas perversas.

En ese primer escenario (bajo su techo) hay que hacerle entender y comprender, al oponente, a lo que se expone judicialmente, cuando nos corresponda alegar y probar.

La delegación guyanesa está supremamente equivocada si cree que en estos noventa días ―que transcurren— diluirán la expectativa de la contención, o que nos “van a marear” con discursos fatuos e insulsos.

Analicemos, también, la perspectiva favorable para nosotros, en este otro ámbito.

De llegar a comparecer nuestra delegación, por ante el mencionado Órgano Jurisdicente es porque ha recibido la expresa autorización del jefe de Estado, para que nuestro Agente y Coagentes acometan tales tareas, con su finalidad específica.

¿Qué nos permitimos sugerir? Que aparejado a la consignación del memorial de contestación de la demanda debemos introducir medidas provisionales (cautelares) o asegurativas, sustentadas en buen derecho, con el exclusivo propósito de pedir la inmediata paralización de las ilegales e ilegítimas operaciones del vergonzoso enjambre de transnacionales que están esquilmando los incuantificables recursos en la Guayana Esequiba y en la proyección atlántica que se genera desde sus costas, precisamente en la extensión marítima que aún no se ha delimitado, en espera de la doble resolución de la Corte.

Nuestra solicitud de medidas cautelares es procedente y lícita.

Buscamos la protección provisoria y preventiva de nuestro histórico derecho en todo ese espacio; por cuanto, a mayor dilación o demora, mayor será el irreparable daño que nos seguirán perpetrando.

En la Sala Sentenciadora reposan enjundiosas jurisprudencias al respecto; por lo que nuestra petición de inmediatas medidas cautelares no constituye una salida capciosa o una idea sobrevenida.

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Consultor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial.

Abraham Gómez R.*

Los reclamos de restitución que hemos sostenido, desde hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática o en algún capricho nacional y menos en empecinamientos injustificados. Estamos obligados y dispuestos ―razonablemente— a repensar y a analizar (una y muchas veces) cómo rediseñar las mejores estrategias a que haya lugar para que se cumplan los objetivos de reivindicación venezolanista. Como se sabe hay algunos hechos ya adelantados (que auguramos surtan efectos) y en la alforja poseemos actos jurídicamente concretos, que no tenemos por qué eludirlos.

Que estemos claros que no se trata de una simple ilusión sino de una determinación histórica con fundamento, de lo cual se encuentra enterada la contraparte que, por supuesto, sabe que somos poseedores de los documentos que nos acreditan el dominio absoluto sobre la extensión territorial que han venido ocupando y usufructuando ilegal e ilegítimamente.

Aunque algunos sujetos internacionales y países (hasta ayer amigos de Venezuela) se pronuncien en respaldo a Guyana ―por marcados intereses económicos, sin dudas― nuestra contención siempre ha tenido suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

A propósito del presente pleito centenario que sostenemos por el arrebato que nos perpetraron por el costado este de la geografía nacional, durante las últimas cuatro décadas he tenido la posibilidad de intercambiar opiniones con muchísimos sectores sobre cómo encarar este asunto litigioso.

En los distintos eventos desarrollados, sobre todo durante el año que acaba de concluir, en varias universidades del país, en los medios de comunicación social, en las plataformas digitales, a través de video-conferencias y eventos presenciales; asimismo, visitando los propios espacios fronterizos y a través de las redes sociales conseguimos y escuchamos de todo.

Me permito resumir, señaladamente, que hay un denso bastión de compatriotas que conforman una interesante masa crítica; quienes a cada instante afilan con osadía y agudeza sus juicios al respecto y publican las propuestas que ellos consideran justas para resolver la controversia, en espera de la más acertada salida que se pueda tomar, fundamentalmente por parte del jefe de Estado, para beneficio de nuestro país; porque es materia de su exclusiva reserva constitucional, conforme al artículo 236 de nuestra Carta Magna; no obstante, los resultados obtenidos en la pasada consulta popular.

Digamos, entonces, que se abre un abanico de opciones antes de la fecha señalada por el Ente Jurisdicente para que las Partes se presenten a La Haya, con la finalidad de completar la fase postulatoria (expositiva) del Proceso en curso.

Visto así, comencemos por elucidar (con interrogantes) algunas alternativas que quizás figurarían en la toma de decisiones.

¿Hasta cuándo soportarle a Guyana el incumplimiento de lo que mandata el Acuerdo de Ginebra de 1966 y lo convenido en Argyle?

¿Podemos interpretar que la presencia del buque militar HMS Trent de la armada británica en la proyección marítima aún sin delimitar, que al parecer se ha retirado, estaba midiendo nuestra capacidad de respuesta o en serio constituye un acto de provocación hacia nuestro país, una amenaza directa contra Venezuela y, por lógica, ¿una incitación a la ruptura de la declaración suscrita en San Vicente y Las Granadinas, el 14 del mes pasado?

¿Estaremos aún con voluntad para continuar con la probable negociación directa ―según el lapso de tres meses, conferido a la comisión diplomática-técnica para presentar resultados parciales y preliminares― en tanto medida de autocomposición de solución de conflictos?

¿Nos obligaremos, con mayor premura, en el análisis, discusión, sanción y aprobación del contenido y alcance del Proyecto de Ley Orgánica de Defensa de la Guayana Esequiba, con todo lo que conlleva consecuencialmente?

¿Finiquitaremos, lo más pronto posible, la elaboración del correspondiente memorial de contestación de la demanda; aparejado con un denso escrito de solicitud de medidas cautelares y una demanda de reconvención o contrademanda como decisión legítima y propia de nuestro país?

No son pocos los álgidos y complejos ejes temáticos con los que iniciamos el presente año.

La delegación venezolana que comparecería ante la Corte tiene todo el derecho, en nombre de nuestro Estado para incoar una demanda o instaurar un juicio en paralelo contra quien nos ha demandado. Todo, relacionadamente, en el mismo proceso.

Si nos decidimos por solicitar medidas cautelares para pedir la paralización de las operaciones de las transnacionales y a accionar una contrademanda, el Jurado Sentenciador ―en pleno y justo derecho― debe admitir ambas solicitudes.

Cabe ―perfectamente― el caso de la acción reconvencional porque existiría absoluta conexidad entre nuestras pretensiones en nueva litis y las que ya han sido identificadas objeto de la demanda principal, introducida y ratificada por la contraparte.

La Sala, que tramita en juicio el fondo de la controversia pasaría a conocer también ―por economía procesal— nuestra causa petendi en reconvención (con solicitudes recientes, de signo diferente, ampliadas e incontrovertibles) cuya finalidad procuramos que concluya con Resolución congruente, donde se haga justicia a nuestro país.

Hemos valorado conjeturas, recíprocamente, con gente pensante que ha dedicado mucho tiempo a este asunto; por cierto, que no apoyó el referendo consultivo celebrado el pasado diciembre; sin embargo estuvo de acuerdo con la entrevista, en San Vicente y Las Granadinas de los dos jefes de Estados de Venezuela y Guyana.

Reconocemos que también hay quienes andan por ahí sin prestarle ningún cuidado a nuestra reclamación ―no han manifestado el más mínimo interés en el tema―, cuya actitud es de los que únicamente ven transcurrir las cosas con indiferencia o displicencia. No hay forma ni manera de motivarlos. Peor aún, prefieren que sea el gobierno que busque cómo salir de este embrollo fronterizo. Les resbala lo que pudiera suceder.

Otros que se encuentran demasiados imbuidos de pesimismo y creen que en el supuesto de que Venezuela decida asistir por ante la Corte Internacional de Justicia, el próximo 8 de abril de este año, nuestra nación no obtendría una sentencia satisfactoria en la mencionada Sala Juzgadora.

Con todos los especialistas en esta contención ―con quienes hemos intercambiado criterios de los probables acontecimientos subsiguientes― coincidimos en señalar que hay que reflexionar “en frío” la posible comparecencia de Venezuela ante la Corte. Hay que dejarse de “actitudes retrecheras o soberbias”.

Los delegados del oficialismo, responsabilizados para este delicado caso litigioso, hoy más que nunca, deben obligarse (y abrirse) a consultar a expertos y estudiosos para concordar la más idónea y conveniente posición que asumirá el Estado venezolano.

Podemos jugar, simultáneamente, en tres tableros: pendientes para dar respuestas oportunas y contundes, por las incursiones armadas en nuestra extensión atlántica; también, la salida conversacional directa con la contraparte (privilegiando lo transigible y conciliable); al mismo tiempo, prepararnos para las fases de prueba y alegaciones con nuestros irrebatibles Justos Títulos traslaticios. Claro que lo podemos hacer.

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Consultor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV).

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