Abraham Gómez R.*

Tres aspectos importantes que, según nuestra consideración y por experiencia, debemos tener muy en cuenta, a propósito del inescurrible asunto litigioso que estamos confrontando por el costado este de la geografía venezolana; cuyo pleito ha escalado y se dirime —procesalmente— en la Corte Internacional de Justicia.

Comienzo por recordar que en bastantes ocasiones expusimos, en carácter de sugerencia a las autoridades de nuestra Cancillería, la opción perfectamente válida —en esta disputa con la excolonia británica— de introducir por ante la mencionada Sala Juzgadora el recurso denominado Excepción Preliminar, que por cierto, no pudimos, no supimos o no quisimos intentar.

¿Qué nos pasó? No sé, pero pelamos ese tiro; y ahora nos encontramos subsumidos en una situación mucho más compleja. Bastante dilemática e inevadible.

Hay un juicio en la Corte que no se paralizará por nuestra ausencia.

No estamos inventando nada al respecto. La Excepción Preliminar comporta una institución jurisdiccional que utiliza la defensa de la parte demandada, la cual conlleva de modo intrínseco una estrategia plena de eficacia jurídica, legítimamente aceptada en el Derecho Internacional y por la propia Corte; donde reposan suficientes jurisprudencias del mismo tenor.

Prestemos atención a lo siguiente: la Excepción Preliminar constituye un acto procesal que persigue objetar la admisibilidad de una demanda o la competencia del tribunal para conocer un determinado caso o alguno de sus aspectos en razón de la persona, la materia, el tiempo o lugar; es decir, un mecanismo destinado a impedir que se admitan las peticiones de la parte demandante o limitar o negar –parcial o totalmente– la competencia del órgano jurisdiccional internacional.

A través de la Excepción Preliminar se efectúan objeciones formales, no alegaciones en torno a la verdad o falsedad de los hechos, porque estas últimas requieren un pronunciamiento de fondo.

Pudimos haber aligerado a nuestro favor —hace dos años— una “enervación” (anular, desactivar) en el citado proceso, si la determinación hubiera sido consignar el Memorial de Contestación de la demanda, acompañada de la Excepción Preliminar, con el fin de evitar que la Corte se asumiera con jurisdicción y competencia, como en efecto se auto atribuyó, el 18 de diciembre del año 2020.

¿Qué estamos percibiendo en estos momentos? Veamos: con la Acción interpuesta en nuestra contra, Guyana se siente envalentonada y soberbia. Se cree que ya su mandado está hecho.

Todos los discursos del pasado 26 de mayo, en los actos celebratorios del 54 aniversario de su independencia, fueron dedicados a reafirmar la judicialización que ya han concretado del caso, y en espera de la decisión sentencial de la Corte.

Sin lugar a dudas que Guyana aguardó la ocasión, casi como una emboscada jurídica, para demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ); yéndose, directamente al “Arreglo Judicial”; que es entre otras una solución —no la inmediata, después de la mediación— que contempla el artículo (33) de la Carta de las Naciones Unidas.

Nuestra sensible fibra venezolanista nos impone un inmenso desafío histórico: nada de quedarnos de brazos cruzados ni de bocas cerradas en esta gesta reivindicativa.

Resulta complejo —ciertamente— el panorama que nos anuncian. Escabroso el escenario en que nos encontramos (y que nos acecha); sin embargo, hay que actuar con inteligencia y en unidad nacional.

Repito aquí lo que he venido voceando por todo el país: si ya el litigio tomó cuerpo de juicio y ha recibido la calificación que la propia Corte le confirió; entonces, lo que nos es prepararnos, en todos los sentidos. Desarrollar tareas urgentes, como equipo. Concienciar a nuestra población sobre este asunto tan sensible, así además, reunir en comisión multidisciplinaria a los mejores talentos conocedores del asunto; apertrecharnos con nuestros recursos históricos, con los Justos Títulos que poseemos, que son absolutamente irrebatibles, que no admiten pruebas en contrario (iuris et de iure) para exponerlos y defenderlos con justeza el 08 de marzo del 2023; siempre y cuando el Jefe de Estado decida nuestra comparecencia en ese Alto Tribunal de La Haya.

En el marco de una Política de Estado que logre concitar la solidaridad de todo el país, sugiero —una vez más- a nuestra Cancillería (recibidas las instrucciones desde la Presidencia de la República) insistir en  la realización, en lo inmediato,  de un Referendo Consultivo, con dos o tres preguntas muy precisas, considerando que es una materia de especial trascendencia, conforme al artículo (73) de nuestra Constitución Nacional: «…Serán sometidos a referendo los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieran comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales…» (Omissis).

A partir de un referendo consultivo el pueblo venezolano se expresará libremente y dirá si está de acuerdo o no que vayamos a la sede de la mencionada Entidad Sentenciadora, donde hemos sido demandados, y hagamos las alegaciones de hecho y de derecho, que en justicia nos asisten. Oportunidad que tendremos para consignar un enjundioso Memorial de Contestación de la demanda y desmontar la perversa tratativa que nos despojó de una séptima parte de nuestra geografía.

Al propio tiempo, he propuesto a la honorable Comisión Presidencial que maneja todo lo relacionado a este asunto litigioso, presidida por el digno constitucionalista venezolano Dr. Hermánn Escarrá, para que se realice un Congreso Nacional con este posible temario: orígenes sociohistóricos de la reclamación, nuestros  asideros jurídicos traslaticios , fundamentación  cartográfica, vinculación demográfica con los Esequibanos, alternativas de solución al pleito y perspectiva político-administrativa en esa extensión territorial y su proyección atlántica; en fin,  para que se abra un debate transparente —en torno a este sensible asunto— con la participación de las universidades, las Academias, la Asamblea Nacional, la Cancillería, las ONG, las Fundaciones, los medios de comunicación social, los Institutos con pertinencia en la materia y  demás interesados. Toda Venezuela discutiendo y expectante.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.

Abraham Gómez R.*

A propósito de la contención centenaria que sostenemos por la extensión territorial que nos arrebataron, durante los últimos (35) años hemos tenido la posibilidad de intercambiar opiniones con muchísima gente, sobre cómo encarar este asunto litigioso.

En los distintos eventos desarrollados en varias ciudades del país, en los medios de comunicación social, en los propios espacios fronterizos y a través de las redes sociales, conseguimos de todo.

Me permito exponer, señaladamente, que hay un denso bastión de compatriotas que conforman una interesante masa crítica, quienes a cada instante afilan con osadía y agudeza sus juicios al respecto y publican las propuestas que ellos consideran acertadas para resolver la controversia, en espera de una justa decisión para nuestro país.

Reconocemos que también hay quienes andan por ahí sin prestarle ningún cuidado a nuestra reclamación —no han manifestado el más mínimo interés en el tema—, cuya actitud es de los que únicamente ven transcurrir las cosas con indiferencia o displicencia.

Otros que se encuentran demasiados imbuidos de pesimismo en cuanto a que nuestra nación pueda obtener una sentencia satisfactoria en la Corte Internacional de Justicia.

Bastantes preguntas, cargadas de negatividades, nos hacen desde este último grupo ya descrito.

Sin embargo, nos agrada mencionar que aparejado a tan disímiles escenarios se registra una mayoría de la población venezolana que se mantiene a la expectativa de todo cuanto viene ocurriendo y los posibles desenlaces.

Estamos —razonablemente— dispuestos a diseñar las estrategias a que haya lugar para que se cumplan los objetivos de reivindicación nacionalista que nos hemos trazado, mediante hechos y actos jurídicamente concretos, por lo que, no se trata de una simple ilusión, sino de una determinación probable con fundamento.

Nuestra contención tiene suficiente asidero jurídico, cartográfico e histórico, y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

Los reclamos que hemos sostenido, desde hace más de un siglo, no están anclados en una malcriadez diplomática, capricho nacional o empecinamiento injustificado.

La Contraparte en el litigio sabe que poseemos bastantes documentos.

La delegación diplomática de la excolonia británica (que tiene meses haciendo cabildeo en La Haya) conoce además que nos encontramos apertrechados con los Justos Títulos que avalan la histórica propiedad, incuestionable, de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.

Tengo la seguridad de que una inmensa porción de compatriotas venezolanos coincide conmigo cuando expreso que lo peor que podemos hacer es abrir una innecesaria e inconveniente confrontación política-partidista interna en nuestro país, relacionada a la Guyana Esequiba, en este momento apremiante; cuando nos encontramos concernidos en un serio pleito jurídico, en el Alto Tribunal de La Haya, por la séptima parte de la geografía venezolana, que nos despojaron de manera alevosa y vil.

Hoy, más que nunca, se hace imprescindible la absoluta y sólida unidad de todos los sectores, sin excepciones.

Insisto en señalar que debemos reforzar la estructuración —sin recelos ni mezquindades— de un bloque de defensa compacto y pétreo, para contrarrestar las acechanzas de la Parte que nos rivaliza, por las acciones unilaterales en contra nuestra, que ellos interpusieron y ratificaron en la Corte.

Ciertamente, ha habido declaraciones de todo tipo: motivadas algunas y desentonadas otras.

Se han esgrimido argumentaciones densas, apropiadas y propositivas; pero también, leemos ideas descabelladas, que no cuadran con las soluciones pacíficas para pleitos de tal naturaleza, aconsejadas por el Derecho Internacional Público y recogidas en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.

Resulta importante que demos continuidad a nuestros discursos; que reafirmemos con sendos pronunciamientos de respaldo y solidaridad, hasta que la Sala Juzgadora ofrezca la sentencia que toda Venezuela espera, mediante la cual se nos haga justicia.

Al propio tiempo de pronunciar los discursos —por muy emotivos que se tejan— debe constituirse y construirse la inquebrantable voluntad, a toda prueba, para actuar y defender lo que históricamente ha sido nuestro.

Así entonces, nos sentimos complacidos en destacar la labor de las ONG (particularmente Mi Mapa de Venezuela), entidades creadas para adelantar hermosas actividades al respecto. Además, hacemos el reconocimiento debido al Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV); lo propio cabe para el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI). Especial mención para la Fundación Venezuela Esequiba, por su insistente afán de concienciación.

Ha sido muy digna y oportuna la determinante posición de La Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Nos llena de orgullo la tarea que viene cumpliendo la Comisión Presidencial en Defensa del Esequibo.

Todos en una sola motivación y propósito, de esfuerzos elogiadamente ponderados; lo cual constituye un ejemplo de lucha sostenida sin actitudes atrabiliarias o estrepitosas, porque aquí se requiere talento y muchísima voluntad (repito, voluntad) en la formación documental y doctrinaria, para insistir en la reclamación y defender en la Corte lo que honradamente siempre ha sido nuestro.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.