César Augusto Lerena*
Ya nos referimos a las asimetrías entre la Unión Europea y el MERCOSUR y el Acuerdo, que llamaremos en adelante EUROSUR y, las dificultades de Argentina, respecto a la inflación, los costos de fletes e insumos, las dificultades portuarias, la burocracia, los impuestos y desindustrialización, entre otras cuestiones, que quitan competitividad a los productos industriales pesqueros. Suponiendo, que pudiésemos resolver esta cuestión de fondo, con la que convivimos desde hace muchas décadas, es muy poco probable que Argentina logre un comercio equitativo con Europa, si este Acuerdo se limita a un mero intercambio de bienes y no a una verdadera “Asociación Estratégica”, que, pese a los anuncios, no parece ser. Más bien, se asemeja mucho a las consignas del Virreinato del Río de la Plata de 1796, donde incluso varios relevantes hombres de Buenos Aires y Montevideo entendían que «América debía entregar a España las materias primas, y esta devolvérselas prontas manufacturadas».
Trataremos de ser optimistas, evitando caer en el triunfalismo retozón —hasta el llanto— del Canciller Jorge Faurie o en la crítica sin aportes de alguna oposición desinformada y, me referiré, a algunos requerimientos que el Estado argentino debería formularle a los negociadores de la Unión Europea, para que desde el punto de vista de la soberanía nacional y, en el ámbito de la actividad pesquera, este Acuerdo, mute hacia una Asociación Estratégica y pueda ser provechoso para la industria del país, sus empresas, los trabajadores y sus comunidades.
La actividad pesquera ya tiene experiencias en materia de acuerdos con la Unión Europea y, muy especialmente con la lamentable instrumentación que le dieron las entonces autoridades al «Acuerdo sobre las Relaciones en Materia de Pesca Marítima con la Comunidad Económica Europea» sancionado el 20 de abril de 1994 por Ley 24.315, y ello, debería servirnos para que, de una vez por todas, acordemos condiciones equilibradas para nuestro país que luego no se distorsionen.
La Asociación Estratégica con España y otros miembros de la Unión Europea. Los buques españoles pescan con licencia británica en las aguas argentinas de Malvinas y, dentro y fuera de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Algunas de sus empresas de este país se han asociado a inglesas en Malvinas y se aprestan, incluso, a construir un puerto en las Islas. También, operan con base en puertos de Uruguay. Las capturas de estos buques de bandera española en el Atlántico Sur, son consideradas de origen español y, por lo tanto, ingresan a la Unión Europea sin aranceles (los británicos ya evalúan ingresar a la UE bajo otra bandera a partir del Brexit) pese, a que estas capturas debieran considerarse ilegales (INDNR) conforme al Reglamento (CE) Nº 1005/2008 incisos 7, 22, 26, 30 y s.s. del Consejo que refiere, a las actividades pesqueras realizadas en la Alta Mar y en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción o soberanía de los países ribereños sin tomar las medidas adecuadas y, además, por aplicación de las Res. de la ONU Nº 31/49; 2065/65; 3171/73 y 3175/73 y la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, por cuanto los buques españoles pescan con permisos ilegales británicos en aguas argentinas de Malvinas o los recursos migratorios que tienen origen en la Z.E.E. Argentina, resultando, absolutamente inaceptables las “Reglas de Origen. Sección A” del Acuerdo EUROSUR. Sería un absurdo y un daño gravísimo para la Argentina, que el gobierno nacional acepte que los buques de Bandera (los extranjeros que pescan en el Atlántico Sur) puedan considerar sus capturas y procesos a bordo como originarios de los países de bandera. Eso sería liberar definitivamente el mar argentino a todos los buques extranjeros, incluso, a los que capturan con licencia ilegal británica en Malvinas. Teniendo en cuenta, que España es el primer comprador (24%) de productos pesqueros argentinos mientras que la Argentina tiene en su territorio marítimo el recurso, para darle el carácter de Asociación Estratégica a este Acuerdo, el gobierno nacional debería acordar con la Unión Europea la importación a la brevedad posible de todos los productos argentinos listos para el consumo final, incluso las conservas, libres de aranceles, no solo por una cuestión económica, sino para iniciar gradualmente el cambio de la matriz argentina, donde el 60% de las exportaciones son commodities, convenir la radicación industrial de euro-empresas en el continente argentino y/o la creación de sociedades mixtas entre empresarios argentinos y europeos que promuevan la modernización de la flota nacional, que exploten, transformen y agreguen valor a los recursos pesqueros; participen en la construcción y ampliación portuaria pesquera e inversiones destinadas a la acuicultura; y, al mismo tiempo, el cese inmediato de las capturas de sus países miembros en el Atlántico Sudoccidental que no se ajusten a la Ley 24.922 y, la Argentina debería liberar de impuestos a la importación de insumos para la industria pesquera y naval pesquera y, establecer determinados reembolsos por determinada cantidad años que, habrían de compensarse con el mayor empleo y la caída de subsidios a la desocupación y, el cobro de derechos de extracción y, claro está, la finalización de las asociaciones españolas-británicas en Malvinas que depredan nuestros recursos y luego ingresan cientos de miles de toneladas a la U.E. sin aranceles, compitiendo deslealmente con las empresas radicadas en el continente argentino.
Todo ello se enmarcaría, además, en la Res. 41/11 de la O.N.U. del 27 de octubre de 1986 que declaró «Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur» y resaltó «la determinación de los pueblos de los Estados de la región del Atlántico Sur de preservar su independencia, soberanía e integridad territorial y de desarrollar sus relaciones en condiciones de paz y libertad».
Mientras tanto, la Argentina debería hacer un Acuerdo de Integración y Desarrollo Binacional con Uruguay, que dinamice y complemente el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo que, entre otras cosas, de fin al apoyo logístico que Uruguay le presta en sus puertos a los buques españoles, chinos, coreanos y taiwaneses que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur y, desaliente la construcción del megapuerto chino en Uruguay y, en compensación, promover asociaciones mixtas con empresas uruguayas para la pesca del calamar y otras especies, exceptuar de impuestos y otras medidas para beneficio mutuo de las empresas que se acojan a un régimen especial de fomento e integración binacional, postergada desde las luchas por la independencia.
La Asociación Estratégica con la Unión Europea con relación al Brexit, Malvinas y la pesca ilegal británica en el área. Desde 1976 los buques extranjeros con licencia británica de Malvinas han extraído ilegalmente un promedio anual de 200 mil toneladas de recursos pesqueros en el mar argentino aledaño a Malvinas por un valor de U$S 475 millones de dólares a la primera venta, es decir, que la Argentina ha perdido anualmente en la comercialización final un negocio valuado en unos 3.325 millones de dólares. Para entender la magnitud de esta cifra, diremos que, con ella, se podría renovar en un año toda la flota pesquera nacional (559 buques) o, si se recuperasen esas toneladas para la Argentina, dos millones de niños y adolescentes podrían cubrir sus necesidades diarias de proteínas de la mejorar calidad biológica los 365 días del año, que, complementadas con hidratos carbonos complejos (arroz, pastas, vegetales) que habitualmente se incluyen en los planes sociales, les permitían acceder a la totalidad de sus requerimientos calóricos diarios y, asegurar argentinos sanos y capaces para el futuro. Esa cifra multiplicada por los 42 años transcurridos (1976-2018) desde que los británicos explotan ilegalmente el recurso pesquero argentino, significa una pérdida total para la Nación Argentina del orden de los 140 mil millones de dólares, una cifra que hubiese permitido un desarrollo fenomenal de todas las provincias patagónicas del litoral marítimo.
El 94% de las exportaciones pesqueras y un tercio de las exportaciones de carne de Malvinas se destinan a la Unión Europea. En el Puerto de Vigo (España), uno de los más importantes puertos pesqueros de Europa, el 25% de sus descargas tienen origen en Malvinas. Ello demuestra, la dependencia que con Europa tiene el comercio de Malvinas. A partir del Acuerdo EUROSUR y, hacerse efectivo el Brexit, los productos pesqueros capturados por buques no europeos en Malvinas deberán pagar aranceles, pudiendo incluso ser considerados ilegales, dificultándose, por lo tanto, su comercialización. Nosotros entendemos, que este efecto será económicamente negativo para las Islas, pero, fundamentalmente, les generará un mayor aislamiento, ya que el Reino Unido no podrá seguir ejerciendo el rol protector, como lo ha venido haciendo en el campo militar y facilitando la comercialización en la Unión Europea. El medio Penguin News de las Islas es elocuente al respecto: «La FIG (el gobierno ilegal isleño) no cuestiona el Brexit; respetamos el derecho de los ciudadanos del Reino Unido a determinar su propio futuro. Sin embargo, es de vital importancia que se mantenga nuestro acceso actual a los mercados de la UE. Cualquier disminución podría tener un impacto perjudicial en la economía de las Islas Malvinas (Falkland en el texto original) y en los ingresos del gobierno» (sic), por su parte Mike Poole, Gerente General de Fortuna en las Islas dice que «sufrirán el impacto de la suba de aranceles”.
En esta situación, se le presentan a la Argentina, dos escenarios: seguir esperando eternamente que algún día los ingleses se resuelvan a negociar soberanía, sin que ello signifique reconocimiento alguno y aceptando graciosamente que bajo licencias ilegales británicas se extraigan del Atlántico Sur 200/250 mil toneladas anuales de recursos pesqueros argentinos y desequilibrando el ecosistema o, en su lugar, buscar una fórmula que potencie sinérgicamente los resquicios positivos de este Acuerdo EUROSUR.
Entendiendo, que los recursos que se capturan en el mar argentino de Malvinas y adyacente a éste en la Alta Mar, son recursos argentinos que se originan en el área continental argentina, en el Mar Territorial, la Zona Contigua y la Zona Económica Exclusiva Argentina y, también, que Malvinas es parte del territorio nacional, sería interesante ratificar la incorporación de las Islas al Acuerdo y, otorgarles los permisos de pesca a través de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, bonificándoles los correspondientes derechos de extracción, como la Argentina ya hizo con los buques de la URSS en 1967, con el fin de generar un reconocimiento tácito de la soberanía argentina. No me extenderé sobre la instrumentación por confidencialidad.
Al respecto vale la pena relatar una importante determinación política de un alto funcionario de esa época: pese a que la Cancillería a cargo de Nicanor Costa Mendez coincidía con la posición de Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS de reservar a los países ribereños solo 12 millas, el gobierno nacional, a través de la Secretaría Legal y Técnica, promovió en diciembre de 1966 la sanción de la Ley 17.094 que estableció, entre otras cosas, que «la soberanía de la Nación Argentina se extendía al mar adyacente a su territorio hasta una distancia de 200 millas marinas…». Para ese entonces, 70 buques rusos pescaban a la vista de Mar del Plata, por lo cual, el gobierno acordó establecer con la URSS un canon pesquero por buque y por temporada de pesca de veinte dólares, una suma que, por lo irrisoria, fue rápidamente aprobada por Moscú, quién de hecho, reconoció nuestras 200 millas, rompiéndose el alineamiento que sobre este tema tenía la URSS con Estados Unidos y Gran Bretaña.
El Reino Unido no puede negar el origen en el mar aledaño al continente argentino de la mayoría de los recursos que migran a Malvinas y, por lo tanto, la titularidad de Argentina de estos; circunstancia, que sería fácilmente demostrable por nuestros científicos. En este momento, frente al Acuerdo y el Brexit, y ante el cobro de aranceles a los productos de Malvinas, sería la oportunidad para que la Argentina (Tierra del Fuego…) les otorgue los correspondientes permisos de pesca a todas las embarcaciones que pesquen en esa área, de modo que ingresen sin arancel alguno a Europa. No estaríamos discutiendo soberanía, sino la titularidad de los recursos que, sin lugar a duda, migran desde el área continental de Argentina hacia las Malvinas Argentinas, su área GAP (espacio de 1.400 Km2) y la Alta Mar de la región. Iguales permisos podrían extenderse a título gratuito por determinada cantidad de años a toda la flota extranjera que pesque en la Alta Mar, de modo de facilitar el ingreso de sus capturas a la Unión Europea, reafirmar nuestro dominio y evitar la prescripción; por supuesto con un ordenamiento determinado, que no explicaremos aquí y, extensiva a toda la flota argentina con permiso de pesca de gran altura que capture en la ZEE más allá de determinado número de millas marinas y en la Alta Mar. Los efectos de ocupación del mar, entendemos serían superlativos. Sería un paso gigante hacia la ratificación de nuestra soberanía nacional en el Archipiélago y, el Acuerdo, el Brexit, los aranceles y la dificultad comercial que deberán enfrentar los isleños, podrían ayudar. ¿Un tanto ingenuo pensar que los británicos aceptarían? Menos ingenuo que imaginar que, por la fórmula del paraguas, los británicos no continuarían incrementando la ocupación en el Atlántico Sur o, que los rusos, con dos mil buques pescando, aceptarían pagar un canon a argentina cuando el mundo desconocía los derechos de los países ribereños sobre las 200 millas. Salir de la inercia del reclamo ya sería importante.
Se calcula que Gran Bretaña deberá abonarle a la Unión Europea unos cien mil millones de euros antes de 2025 y otros tantos pagos hasta 2064. El Reino Unido podría iniciar negociaciones en estos años con terceros países, pero, no podrán entrar en vigor, hasta no finalizar este período de transición. El socio comercial más importante del Reino Unido es la Unión Europea, donde van a parar el 45% de sus exportaciones y se estima que estas caerían un 8% de aquí al 2022, tiempo en el que perderían el empleo unas 60 mil personas, ello, sin evaluar los conflictos que se provocará en las fronteras con Europa e Irlanda. Escocia duda y el temor al Brexit sin acuerdo ya hundió la cotización de la libra esterlina al menor valor del año 1,1062 euros, razón por la cual, no parecen estar las cosas fáciles para los ingleses y mucho menos para los que ocupan Malvinas. Tal vez haya llegado la hora para los británicos ocupantes de las islas, de mirar con más cariño al continente argentino.
Por cierto, la burocracia del Gobierno debería promover y facilitar urgente las bases para promover el comercio, la industria nacional y la exportación de las pequeñas y medianas empresas mediante la reforma federal y social de la actividad pesquera; la eliminación de los impuestos al gasoil destinados a la captura; la trazabilidad; el autocontrol de los procesos sustentables; el registro de las marcas y las certificaciones de origen, calidad, seguridad alimentaria y ambiente; la eficiencia y transparencia de los servicios portuarios y aduaneros; los trámites administrativos simplificados; la desgravación del IVA; la asistencia técnica y financiera; la responsabilidad social, laboral y su capacitación continua; la revalorización de los productos argentinos, a la par de su estandarización en el MERCOSUR si se quiere poner en marcha a las cientos de empresas pesqueras distribuidas en todo el litoral marítimo que podrían exportar productos con gran valor agregado a la Unión Europea, a la par de avanzar hacia la recuperación de la soberanía en Malvinas.
Nada que la Argentina no pueda hacer con un gobierno comprometido, eficiente y transparente. Y de eso hablamos en estos días, ¿o no?
* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes), ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
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