Abraham Gómez R.*

En la controversia con Guyana por la extensión territorial que le desgajaron a nuestro país, nos hemos encontrado con las situaciones más inimaginables, posiciones impensables, ideas contradictorias para la solución al caso. Algunas veces hay silencios (“apagones diplomáticos”) que nos llenan de preocupación.

Debo señalar también que afloran —en pocas ocasiones— declaraciones destempladas o extemporáneas.

Percibimos, tristemente, frases elogiosas —de algunos “expertos” venezolanos— para la contraparte y para su equipo de abogados y delegados de aquella cancillería; al tiempo que escuchamos descalificaciones —inmerecidas— para nuestros representantes ante la Corte Internacional de Justicia.

Déjenme decirles sin embargo, que apreciamos en todas las regiones visitadas una compacta solidaridad de todo cuanto se viene haciendo; por encima, de algunos resentidos —sin causas justificables— que hacen alardes de conocimientos de este asunto controvertido y del Derecho Internacional Público, pero que reman en sentido opuesto a los verdaderos intereses de la patria.

Escuchamos y acopiamos en nuestro repertorio académico propuestas y conjeturas bastantes acertadas y suficientemente ponderadas, que nutren y ensanchan las opciones y alternativas posibles para cuando haya que comparecer en las fases postulatoria y probatoria, si así lo determina el jefe de Estado; porque es su atribución constitucional.

El país está infinitamente agradecido del desempeño acertado ante la Corte Internacional de Justicia del equipo designado para cumplir la encomiable tarea de exponer nuestros argumentos históricos y jurídicos contenidos en la Excepción Preliminar que presentamos; a pesar de la sentencia de inadmisibilidad dictada en la Corte.

Aunque luzca un poco temeraria la siguiente aseveración —por cierto, repetida con insistencia en muchos escenarios— pareciera que condensa mucha verdad: “en el concierto de las relaciones internacionales, los países no tienen amigos sino intereses”; manifestado en el presente caso litigioso, del cual me he venido ocupando —particularmente— desde hace casi cinco décadas.

Lo señalo, porque la Zona en Reclamación siempre ha sido considerada con extraordinario potencial energético, tanto por las reservas probables y probadas de los recursos petroleros, la calidad de los mismos; los incuantificables caudales de agua; las factibilidades para desarrollar sendos planes sustentables de generación de energía eléctrica, programas agroindustriales, minero, maderero, piscícolas etc. Por otra parte, a la extraordinaria ubicación geoestratégica, añádase su proyección atlántica e interconexión con los países de Suramérica y con el resto del mundo.

En la contención que sostenemos, desde hace más de un siglo, contra el imperio inglés, primero, y luego con su causahabiente la República Cooperativa de Guyana, la posible alternativa de solución ha derivado hacia un Proceso jurisdiccional que la Corte ha decidido formalizar.

Reconocemos que estamos en presencia y enfrentado una situación compleja y  a la vez interesante.

Como se sabe y es del dominio público internacional, todo el reclamo devino en una demanda unilateral que interpuso Guyana contra Venezuela, el 29 de marzo del 2018.

Nuestro país intentó una Excepción preliminar que la Sala Jurisdicente, en sentencia del 6 de este mes, decidió no admitirla.

El hecho de que la Corte haya desestimado la mencionada cuestión incidental no nos amilana; por el contrario, nos insufla mayores bríos para ir al juicio con mucha más contundencia, fundamentalmente al momento de probar, con nuestros justos títulos, que son de pleno derecho, que no admiten prueba en contrario, ni aceptan ominoso asomo de maulerías.

Nuestros Justos Títulos tienen la autoridad de ser inconcusos; vale decir, reforzados con la certeza histórica-jurídica de su procedencia: transparente Cesión de Derechos, que la contraparte no podrá y ni tendrá con qué rebatir.

Al estar revestidos nuestros justos títulos con carácter de inconcusos han adquirido, en sí mismos, la condición de ser completamente firmes, incontrovertibles, inobjetables e inimpugnables. Por lo que nos sentimos seguros, si en estricto Derecho se lleva el Proceso.

Venezuela entera sabe —perfectamente— que nuestro país posee los mencionados documentos —con absoluta validez jurídica— para demostrar, además, a la comunidad Internacional que no le estamos quitando ni un milímetro de tierra a la contraparte. Pediremos, sí, que se nos restituya —in integrum— los 159.500 km² que nos arrebató el Reino Unido, con añagaza jurídica, mediante una vil maniobra el 3 de octubre de 1899.

Venezuela confía en el equipo que ha sido designado para acometer tamaña misión de defensa de los intereses del país, en este juicio; para lo cual el Alto Tribunal ha concedido un plazo de un año (hasta abril de 2024) para que consignemos el Memorial de Contestación de la demanda.

Tal vez, aprovechemos el mismo acto procesal para pedir medidas cautelares y Accionar una contrademanda o juicio reconvencional. Ya explicaremos en otra ocasión.

Una vez más, deseamos reconocer la probidad y preparación de quienes nos defienden por ante el respetable Ente Juzgador.

Tan digna representación ha estado encabezada por la Dra. Delcy Rodríguez; además integrada por el historiador Samuel Moncada, en su condición de Agente. También la Dra. Esperanza Calatayud, el Dr. Antonio Remiro Brotons, el diplomático Félix Plasencia (Coagente), la Dra. Elsys Rosales (Coagente), el Dr. Paolo Palchetti, el Dr. Christian Tams, el Dr. Alfredo Orihuela, el Dr. Carlos Espósito y el Dr. Andreas Zimmermann.

Excelentes profesionales del Derecho.

Aparejado a todo cuanto se viene haciendo, se estructuraron y se han venido cumpliendo elogiables trabajos en varias comisiones multidisciplinarias de asesores; particularmente, la Comisión que preside el Dr. Hermann Escarrá Malavé.

Asimismo, se ha desplegado un destacado esfuerzo desde las Fundaciones, las Organizaciones no Gubernamentales, las páginas en las redes sociales, en las distintas plataformas y en los medios audiovisuales. Venezuela solidaria y compacta solicitando justicia.

Nos hemos conseguido con algunas opiniones llenas de odios y resentimientos contra el oficialismo, que quieren hacer del caso del Esequibo un escenario de pugilato interno. Pensamos que este no es el momento de saldar “viejas cuentas” y menos politizar este asunto. Requerimos pronunciarnos a una sola voz.

En síntesis, todo el país cerrando filas con el único propósito de pedir restitución de lo que siempre ha sido nuestro.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Asesor de la ONG Mi mapa.