Roberto Mansilla Blanco*
Venezuela vuelve a generar atención internacional. Los comicios presidenciales del pasado 28 de julio (28J) implicaron un nuevo episodio de la interminable crisis política venezolana. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador al presidente Nicolás Maduro. Inmediatamente, la oposición, liderada en la tarjeta electoral por Edmundo González Urrutia pero políticamente por María Corina Machado, denunció un masivo fraude, instando a la autoridad electoral a mostrar los actas definitivas del escrutinio, hasta ahora infructuosamente.
A consecuencia, el país caribeño y sudamericano ha registrado diversas protestas en las calles que dejaron decenas de muertes ante la represión por parte de las autoridades policiales. Este 17 de agosto, la oposición convocó masivas protestas contra Maduro en más de 300 ciudades a escala mundial. La comunidad internacional viene movilizándose para intentar alcanzar un acuerdo entre las partes que implique una solución postelectoral.
Brasil, Colombia y México impulsan una mediación toda vez piden a Maduro la entrega de los actas para garantizar la transparencia electoral. Varios países a nivel hemisférico pero también en Europa (España entre ellos) exigen igualmente la presentación de las actas; algunos de ellos reconociendo la victoria opositora, otros evitando pronunciarse expresamente. El reconocimiento presidencial de Maduro viene de sus tradicionales aliados, especialmente Rusia, China, Cuba, Corea del Norte, Nicaragua e Irán.
Existen algunos indicios que pueden apreciar la posibilidad de que, esta vez, los factores de poder que influyen en la crisis venezolana estén dispuestos a aceptar una transición pactada. El más importante de estos indicios puede identificarse en el hecho de que gobiernos de izquierdas que tradicionalmente han establecido una mayor predisposición a mantener relaciones con Maduro (Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia) sean precisamente ahora los que estén impulsando una mediación toda vez desconocen los resultados hasta no se presenten los actas.
Estos gobiernos presionan a Maduro para entregar las actas como condición prácticamente inalterable para encontrar una salida y verificar la transparencia electoral. En el caso de Lula, incluso llegó a reprender al mandatario venezolano («debe aprender también a perder») tras las controvertidas declaraciones previas de Maduro de que en Venezuela se daría «un baño de sangre y una guerra civil» en caso de derrota electoral el 28J. Críticas similares las realizó también el presidente chileno Gabriel Boric.
No obstante, Lula, probablemente el interlocutor más eficaz a la hora de garantizar la posibilidad de éxito de la mediación, también recela de las pretensiones de la oposición venezolana y de las pruebas de actas electorales que aparentemente tienen en sus manos. El mandatario brasileño debe manejar difíciles equilibrios para la obtención de consensos.
Cabe destacar que estos países (Brasil, Colombia, México y Chile) son los que han recibido la mayor afluencia de emigrantes y refugiados venezolanos en los últimos años. La posibilidad de registrarse una nueva oleada de refugiados en caso de que Maduro y sus aliados si atrincheren obstinadamente en el poder supondría ampliar una crisis hemisférica que viene causando preocupación precisamente desde que Maduro llegó al poder en 2013. Por tanto, la mediación implica también una medida preventiva orientada a evitar esta eventual salida de venezolanos que huyen de la crisis económica y de la represión.
Dependiendo de la óptica política e ideológica hay quien quiere ver en Caracas una reproducción del levantamiento popular estilo Maidán similar a los acontecidos en Ucrania en los inviernos de 2003/04 y 2013/14. Esos contextos determinaron la caída de líderes políticos que, como en el caso de Maduro, estaban dentro de las esferas de influencia rusa. Otros fijan la mirada en una reproducción de la surrealista presidencia interina de Juan Guaidó (2019-2021), que en su momento contó con importantes apoyos internacionales (EEUU, Europa) pero que evidenció su esterilidad de poder interna. En ambos casos el foco está establecido en torno a los intereses de Washington en Venezuela y cuál será su capacidad efectiva para propiciar una transición, en caso de ser posible.
Precisamente los recientes acontecimientos dentro del contexto de la guerra ucraniana pueden complicar esos intereses rusos en Venezuela. La reciente ofensiva militar ucraniana en territorio ruso, en este caso en torno a la localidad de Kursk, y los combates en el frente militar en Donbás determinan para Moscú imperativos estratégicos de mayor urgencia (un posible enfrentamiento directo con la OTAN) que pueden eventualmente limitar la tradicional asistencia del Kremlin a Maduro, sin que esto signifique degradar su apoyo en los foros internacionales. Misma perspectiva puede observarse con respecto a China, que vuelve a tener una implicación económica dentro de Venezuela tras algunos de cierto distanciamiento. De este modo, mantener obstinadamente a Maduro en el poder ante una masiva protesta y presión internacional sin atender otras iniciativas que impliquen abordar consensos puede terminar resultando demasiado costoso y contraproducente para los intereses de Moscú y Beijing.
Mirando en perspectiva geopolítica global, la implicación estadounidense en torno a la crisis venezolana (con miras también a los comicios presidenciales de noviembre próximo en EEUU, particularmente en torno al voto hispano) y los avatares del conflicto ucraniano, en el que antes de la reciente ofensiva de las tropas ucranianas en territorio ruso se estaban estableciendo algunas iniciativas de negociación impulsadas por Hungría y China, son aspectos que pueden ejercer algún tipo de influencia, más indirecta, en lo relativo a la mediación hemisférica en Venezuela y las intenciones de Washington (con apoyo de aliados como Ucrania e Israel) en sus expectativas de neutralizar a aliados de Maduro como Rusia e Irán (en este último caso tras el reciente asesinato en Teherán del líder de Hamás Ismail Haniye), obligándolos a mantener la atención estrictamente en sus esferas de influencia geográficamente más inmediatas.
La administración de Joseph Biden intenta así retomar la iniciativa apoyando tácitamente la ofensiva ucraniana en Rusia, tal y como reconoció expresamente el general ucraniano Oleksander Syrskyi, quien llegó a declarar que «consulta directamente» con Washington en torno a la ofensiva militar en territorio ruso.
En todo caso, en una atmósfera tan incierta como la venezolana, cualquier nivel de análisis no deja de entrar en el terreno de la especulación. Otros actores de poder también entran en juego. Destacan aquí el establishment militar y las nuevas oligarquías económicas establecidas en Venezuela durante estos años de «chavismo-madurismo» y que ejercen un importante nivel de influencia en las decisiones tanto de Maduro cómo de la oposición.
No obstante, la justicia internacional (Corte Penal Internacional) así como las sanciones de EEUU y de la UE también ocupan su protagonismo por sus investigaciones contra altos cargos del gobierno de Maduro y de las Fuerzas Armadas por presuntos delitos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017.
Desenredar este difícil rompecabezas supone una clave de poder a tener en cuenta en este terreno sinuoso e impredecible de la mediación y negociación y ante las posibilidades, aún embrionarias, de una transición pactada o de una «huida hacia adelante» por parte de Maduro en su intención de atrincherarse a toda costa en el poder.
* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.
Este artículo fue originalmente publicado en idioma gallego en Novas do Eixo Atlántico (https://www.novasdoeixoatlantico.com/o-viacrucis-venezolano-roberto-mansilla-blanco/)
