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GUAYANA ESEQUIBA SOLIDEZ POR ENCIMA DE SOSPECHAS

Abraham Gómez R.

Cuando estamos esperando otra decisión sentencial de la Corte Internacional de Justicia, esta vez referida al supuesto carácter “válido y vinculante” del nulo e írrito Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899, aspiramos que prevalezca, entre nosotros, la unidad de criterios que ha habido para encarar esta lucha. Auguramos la necesaria solidaridad e identidad nacional que merece el caso de la Guayana Esequiba. Deseamos que nos mantengamos como un bastión compacto y fortificado.

Sospechamos que dentro de las estrategias, que han diseñado y acometido los coagentes de la Contraparte en el pleito, se cuentan: los pronunciamientos de la Caricom y —quizás para los próximos días— de la Commonwealth; así también, han logrado sumar opiniones de algunos países que (como es fácil advertir) tienen fuertes intereses en el área en contención, y ya han recibido ilegalmente por parte de Guyana concesiones para el desarrollo de proyectos.

Han logrado acopiar suficientes recursos dinerarios de las empresas transnacionales (¿extorsión?) que operan —sobre todo— en la proyección atlántica en la Zona en Reclamación, para cancelar los carísimos honorarios de los abogados litigantes en este caso.

Los delegados de la excolonia británica andan envalentonados y soberbios, porque presumen que la decisión les será favorable, aun en ausencia de la representación venezolana. Además, manejan la intención de proceder de inmediato a delimitar áreas marinas y submarinas en la proyección atlántica que genera la costa del área en cuestión; con lo cual estrangularían la salida de Venezuela al mar.

Sospechamos que acudirían al Consejo de Seguridad de la ONU para que coopere en la ejecución de la sentencia del Alto Tribunal de La haya que, conforme a lo que calculan, el juicio los va a favorecer. Son, entre otras, las falaces presunciones que ellos tienen “entre pecho y espalda”.

No me atrevería a sospechar de la probidad de los jueces o cuestionar la honestidad del jurado sentenciador de la Corte Internacional de Justicia; a pesar del forzado autoconferimiento de jurisdicción que se atribuyeron, en diciembre pasado, para conocer forma y fondo del litigio, inclusive a contravención de su propio Estatuto.

En estricto derecho, en lo inmediato Guyana no tiene nada que buscar, salvo regresar a la negociación directa con Venezuela, en apego absoluto al Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Por lo pronto, tengamos presente que en el actual tramo epocal, tal vez como en ningún otro, los venezolanos estamos “condenados” a compartir. Com-partir para reencontrarnos en un crisol, a pesar de las especificidades de cada quien, lo que en realidad sabemos con anticipación es diverso.

Ya lo he dicho en otras ocasiones “el pleito chiquito” interno queda para después.

Debemos compartir espacios societales y de Políticas de Estado; y en este caso concreto: compartir criterios sobre el álgido asunto contencioso que dirime la CIJ. Unanimidad discursiva.

Del mismo modo, a propósito de la situación litigiosa, en que devino el citado reclamo por la extensión geográfica que se nos arrebató, ha aflorado con suma pertinencia el vocablo con-vivir; el cual calza a la perfección con lo que ha sido nuestra práctica tradicional como país, en relación con nuestros vecinos.

Bastantes veces recibimos contundentes críticas por ser demasiados lerdos, pacientes y pasivos por las tropelías que se comenten en las zonas limítrofes.

Insistimos en reconocer que los nexos vecinales de carácter humano no son ni serán nunca territoriales para que impliquen diferenciaciones sociales; por eso, reivindicaremos, con seguridad, a los Esequibanos y a la Guayana Esequiba. Ellos lo saben.

Mientras que a muchas naciones les resulta complicado con-vivir; cuya más amplia acepción vendría a significar, algo así como tejerse a la piel del país amigo, con el cual compartimos pared demográfica; Venezuela continúa enarbolando ante el mundo sus banderas de amistad y solidaridad, indistintamente de parcelamientos ideológicos o de cualquier otro tipo.

Nosotros, que llevamos acendrado, por heredad histórica, la solución pacífica que originan circunstanciales conflictos por espacios fronterizos, prevalecemos la categoría humana Con-vivir; cuya significación va mucho más allá que llenar de personas un espacio territorial o asentar a una considerable porción de gente (traída de varias partes del mundo) en un lugar determinado para que busque manera de satisfacer —según puedan— sus necesidades existenciales; que fue lo que hizo el Imperio Inglés, ocupar ese espacio una vez que se suscribió el Acuerdo Anglo-holandés de 1814.

Apreciamos hoy cuánta sabiduría contenida en el aleccionador discurso del investigador social chileno-venezolano, Pedro Cunill Grau: “Poblar las fronteras y garantizar su desarrollo en los procesos de integración interna es básico para preservar la soberanía nacional. La geohistoria moderna nos ha proporcionado patéticas enseñanzas acerca de las consecuencias de ausencias de ocupaciones efectivas de lindes fronterizos”.

Por la importancia y trascendencia de lo que reclamamos, y en estricto apego al Derecho Internacional Público, estamos obligados a “hablar el mismo idioma”. Las incoherencias que manifestemos (adrede o involuntariamente) en el ámbito internacional se pagan caro. No diversifiquemos intenciones o criterios en nuestro reclamo contencioso venezolanista.

No podemos negar que hemos cometido errores, desaciertos e impropiedades; sin embargo, nuestra lucha reivindicativa cada vez se vuelve más inmarcesible.

No es el momento de escrutar, resentirse o cuestionar dónde estuvieron los errores, torpezas o desaciertos en el manejo de la contención contra la excolonia británica.

Alabamos —sin mezquindades— el trabajo suficientemente soportado con documentos de las ONG´s que han cumplido, por encima de las limitaciones pandémicas, bastantes actividades con el propósito de sensibilizar y concienciar a la población nacional del despojo hecho a nuestra geografía, mediante la aludida tratativa tramposa.

Dentro de este mismo orden y sentido, deseamos expresar otro elemento, no menos importante, me refiero al recato y la prudencia que ha tenido el sector oficial para manejar las estrategias que el caso demanda. Inclusive ha abierto un amplio abanico de consultas a múltiples sectores de la sociedad venezolana; haciendo buena y propia la diplomacia abierta.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).

Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/

EL “DEFAULT” DE ARGENTINA

Giancarlo Elia Valori*

Hoy Argentina, que cayó en su noveno impago de la deuda, está entrando en la peor contracción de su historia. Su economía se había reducido incluso antes del estallido de la pandemia de Covid-19 y la tasa de inflación en junio de 2020 era del 42,8%.

El último 4 de agosto, el Ministerio de Economía de Argentina emitió un anuncio en el que afirmaba que el gobierno había llegado a un acuerdo de reestructuración de la deuda con los tres principales acreedores por un total de casi US$ 70.000 millones. El acuerdo ajustó la fecha de pago de la deuda parcialmente reestructurada, pero no aumentó el monto total de capital e intereses que la Argentina tiene que soportar.

Medios locales informaron que alrededor del 60% de los acreedores expresaron su aceptación del último plan de reestructuración de la deuda y en el mismo mes iniciaron la reestructuración de la deuda en la emisión de obligaciones argentinas estadounidenses por primera vez.

En abril pasado, el gobierno argentino inició oficialmente las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda. Mientras tanto, el gobierno había anunciado que no podía pagar un total de unos US$ 500 millones en intereses de bonos.

Después de un período de suspensión de 30 días, se generó un “default técnico”, debido a desacuerdos significativos con los acreedores sobre cuestiones clave como las tasas de descuento de los bonos y la extensión del período de amortización, y las negociaciones se pospusieron repetidamente. A principios de julio, el gobierno argentino anunció la sexta prórroga del período de negociación hasta el citado 4 de agosto.

La conclusión del acuerdo de reestructuración reduciría en gran medida la presión sobre la deuda del gobierno argentino. El 4 de abril, el presidente Fernández declaró que llegar a un acuerdo ayudaría a Argentina a salir lo antes posible de la crisis económica exacerbada por la pandemia Covid-9.

Esto reduciría la deuda pública en unos US$33 mil millones en los próximos 10 años, dando al gobierno más recursos financieros para llevar a cabo proyectos en diversos campos. Brindar oportunidades para el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo de la economía y la sociedad del país.

El mercado financiero respondió rápida y positivamente a la conclusión del acuerdo de deuda. La bolsa de valores nacional de divisas de Argentina y el índice bursátil emitido por las principales empresas estadounidenses continuaron creciendo. El peso argentino detuvo el abismo; y el tipo de cambio frente al dólar estadounidense aumentó levemente. Ha aumentado la confianza del mercado internacional en Argentina.

Según el informe del índice de riesgo del país publicado por JPMorgan Chase Bank, cayó a 4, el valor más bajo para 2020.

El economista argentino Gustavo Neffa cree que el acuerdo de reestructuración de la deuda ofrece a Argentina las condiciones para salir del dilema del “default técnico”, con el fin de facilitar 1) la eliminación de la incertidumbre en el mercado financiero a corto plazo, 2) la mejora de la estabilidad macroeconómica y 3) la promoción de las reservas de divisas argentinas. La paulatina recuperación de los niveles hace que el mercado crediticio internacional aún esté abierto a Argentina.

El gobierno ha mantenido la sostenibilidad de la deuda al cambiar las condiciones de pago por otros medios y ha impedido que Argentina caiga en un círculo vicioso de asumir nuevas deudas para pagar las antiguas.

La economista argentina Natalia Motyl dijo que la presión sobre la deuda argentina se ha aliviado, mientras que la confianza de los mercados financieros internacionales en la economía de ese país se ha renovado. Confianza que ayudará a deshacerse del problema de la disminución de la inversión privada y la fuga gradual de capitales y permitirá al país integrarse en el mercado internacional de capitales a un nivel más profundo.

La conclusión del acuerdo puede frenar efectivamente la inflación y la depreciación de la moneda local, estabilizar los precios de los bienes y servicios y desempeñar un papel importante para garantizar el desarrollo sostenible de la economía nacional del país. La economista Motyl dijo que el gobierno había ganado más margen para el control de la política macroeconómica y estaba a favor de implementar una nueva ronda de reformas económicas pero la economía argentina necesita implementar reformas estructurales para volver a entrar en carrera.

La mayoría de los expertos económicos argentinos creen que el sistema financiero actual de Argentina sigue siendo muy frágil y que el impacto de la pandemia ha superado las expectativas. Alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda con un país extranjero es sólo el primer paso.

Argentina todavía tendrá que hacer frente a las deudas que expiran del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el futuro y continuar negociando cuestiones relacionadas con el FMI. Restaurar la confianza en el mercado de inversiones no es un desafío pequeño que debe abordarse rápidamente.

Argentina espera alcanzar un nuevo acuerdo financiero con el FMI para marzo de este año. Se cree que Buenos Aires y sus acreedores alcanzaron un acuerdo de reestructuración de la deuda de US$ 65.000 millones, que aumentará los recursos del país para negociar sobre la situación financiera del país, según el FMI.

El plazo para las negociaciones en marzo del próximo año se ha fijado, ya que Argentina debe devolver dos mil millones de dólares antes de mayo de 2021 a los miembros acreedores del Club de París, que reúne a los países más ricos del mundo: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, República de Corea (sur), Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rusia, España, Estados Unidos de América, Suecia y Suiza.

Por lo tanto, Argentina espera renegociar acuerdos de pago de deuda con el Club de París tras negociaciones del FMI.

Mark Sobel, presidente por Estados Unidos del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras y ex funcionario de larga data en el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, además de presidente de la mesa redonda que desarrolló los CAC mejorados (cláusulas de acción colectiva que permiten a la mayoría de los tenedores de bonos acordar una reestructuración de la deuda jurídicamente vinculante para todos los tenedores de bonos, incluidos los que votaban en contra de la reestructuración) dijo que Argentina había estado en comunicación con el FMI y que se había establecido el próximo mes de marzo. Si las dos partes son leales, las negociaciones pueden completarse antes de la fecha límite.

Al mismo tiempo, un portavoz del Ministerio de Economía de Argentina declinó hacer comentarios sobre las noticias anteriores. Mientras, un portavoz del FMI dijo que está dispuesto a discutir el plan de reorganización con Argentina en cualquier momento.

Sin embargo, el Wall Street Journal informó que los inversores se están preparando para nuevas insolvencias y caos en los mercados emergentes. Los acuerdos anteriores entre Argentina y los acreedores han puesto de relieve la presión que covid-19 está ejerciendo sobre muchas economías en desarrollo.

Según los informes, el bloqueo antiepidémico y el desplome de los precios de las materias primas han tenido un impacto en las economías en desarrollo: en este contexto, Ecuador y Líbano también han pedido concesiones a los acreedores este año. Sin embargo, el Covid-19 aún se está extendiendo y el impacto económico podría durar más de lo que esperaban los analistas.

Consideran que luego de que Argentina y sus acreedores hayan llegado al mencionado acuerdo, las negociaciones del país con el FMI podrían desencadenar una mayor imprevisibilidad en los mercados emergentes.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

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CON ESTA POLITICA LA ARGENTINA NO RECUPERARÁ LA SOBERANÍA EN MALVINAS Y EL ATLÁNTICO SUR

César Augusto Lerena*

 

Algunos argentinos se vieron sorprendidos estos días con la comunicación de que pescadores gallegos, se aprestaban a partir con destino a Malvinas para capturar unas 45 mil toneladas de calamar. Seguramente, la Cancillería Argentina “indignada”, habrá hecho lo que hace (copia y pega) todos los años: “reclamar airadamente por esta pesca en nuestro territorio”. Y el gobierno ilegal británico en Malvinas “muy preocupado” reacciona anunciando el otorgamiento de licencias pesqueras por 25 años. Lo cierto que mientras nosotros seguimos contando cuentos de gallegos, ellos desde 1982 a la fecha, se llevan, asociados a los británicos y junto a coreanos y taiwaneses unas 250 mil toneladas anuales de pescados y calamares de Malvinas por un valor anual estimado en los mil millones de dólares, es decir unos 38 mil millones de dólares en los últimos 38 años.

Y, me pregunto: ¿Algún argentino duda que las Malvinas son argentinas y por tanto parte de su territorio nacional?

¿Quiénes son los responsables de que mientras en 1982 el Reino Unido ocupaba 11.410 Km2 hoy ocupe 1,6 millones de km2 de un territorio marítimo argentino inmensamente más rico que los archipiélagos?

¿Quiénes son los responsables que desde 1982 a la fecha ninguna empresa de las que pescan en Malvinas haya pagado multa alguna, pese hacerlo sin cumplir con la legislación vigente argentina, cuando debería penalizarse a quién captura sin la habilitación en todo el territorio nacional?

¿Quiénes son los responsables de que todos los productos extraídos desde 1982 del área de Malvinas con destino a la Unión Europea y otros países no hayan pagado derechos aduaneros de exportación con la consiguiente tipificación de contrabando de esas operaciones?

¿Quiénes son los responsables de la falta de Acuerdos con Uruguay para terminar con el refugio de la pesca ilegal del Atlántico Sur en sus puertos?

¿Quiénes son los responsables de que el Estado Argentino no haya reclamado a los empresarios pesqueros el resarcimiento económico por la extracción ilegal en Malvinas de recursos pesqueros desde 1982 a la fecha en el orden de los 38 mil millones de dólares, sin computar intereses, perdida de chance y pago de derechos?

Deberían rendir cuenta de ello, desde 1982 a la fecha los sucesivos Ministros de Relaciones Exteriores, los Ministros de Agricultura y Ganadería, los secretarios de Malvinas, los subsecretarios de Pesca, los Administradores de AFIP y de Aduana, entre otros, por la apropiación territorial y de los recursos pesqueros por parte de los británicos en Malvinas y sus socios los empresarios pesqueros españoles, sus joint venture con británicos, etc. Los funcionarios citados por su inacción o su acción manifiestamente contraria a los intereses nacionales han impedido el crecimiento nacional, generando pobreza, indigencia, pérdida de salud, educación, vivienda y desigualdad entre los argentinos y, por cierto, aún en 2021 estamos tan desmalvinizados como en 1983 y, a casi 39 años de la guerra de Malvinas, con una gravísima pérdida de soberanía nacional en el Atlántico Sur y los territorios del litoral marítimo patagónico, con sus implicancias en el Río de la Plata y la hidrovía Paraná-Paraguay.

A pocos días de cumplir 39 años de la recuperación de Malvinas, están los argentinos que dieron la vida, los heridos y los que lucharon por recuperar esta importante parte de nuestro territorio nacional; los funcionarios que se esconden detrás de los visillos y los que creemos que es otro el camino a seguir.

Entonces, fue por el aislamiento del mundo, la dependencia económica, las Convenciones, Acuerdos y Tratados que ataron al gobierno de pies y manos y, ahora, junto a todo ello, con el pretexto del coronavirus (vaya casualidad la denominación) los funcionarios no pueden pensar en otra cosa que no sea en esta pandemia y están impedidos de juntarse y elaborar una estrategia, a la que llaman pomposamente “Políticas de Estado”, pero que para elaborarlas (¿?) utilizan un Zoom. Me imagino a los servicios de espionaje británicos viendo a nuestros aburridos personajes, subidos al caballo de San Martín, luchando por su conectividad doméstica y con una austera cámara que, por suerte, los filma de la cintura para arriba. Tres reuniones desde la creación del “Consejo Nacional de Malvinas” parecen pocas para semejantes acciones de Estado, que deberían estar en cesión permanente. Señores tenemos ocupado el 52% de la Zona Económica Exclusiva Argentina y sus archipiélagos australes, un territorio dos veces más extenso que la República de Francia, que mantuvo en vilo a Charles de Gaulle y los aliados. Si el procedimiento y la dinámica puesta por los gobiernos argentinos en esta materia se hubiesen aplicado durante la segunda guerra mundial, por temor a las bombas entonces y hoy al COVID, en otras manos estaría el poder hegemónico mundial. No se les paga a los funcionarios para dirigir simposios ni para resaltar las efemérides nacionales, sino para que con inteligencia, imaginación, coraje y contracción al trabajo cambien el destino de una Nación de rodillas.

Quién podría imaginarse recuperar Malvinas cuando no se tiene otra idea que promover el diálogo y desempolvar la gastada Res. 2065/65 de la Naciones Unidas en procura de que los británicos se sienten a negociar, con o sin el apoyo de la mayoría de los países del mundo. El diálogo en estos 55 años de espera, como Penélope, con o sin relaciones carnales, fue absolutamente contrario a los intereses territoriales, económicos y sociales argentinos, como hemos enumerado sintéticamente al inicio de estas líneas. Los tiempos están todos agotados, a no ser que el mensaje de cambiar sea para que nada cambie.

Desde 1982 a la fecha podemos considerar acciones positivas la creación de la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (1986); la incorporación de la Disposición Transitoria Primera en la Constitución de la Nación Argentina (1994) que estableció: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”; la suspensión de las Investigaciones Pesqueras conjuntas con el Reino Unido (2005); la ratificación de los derechos ante la ONU sobre la Plataforma Continental Argentina (2007); la sanción de la Ley 26.386 que restringe las acciones a las empresas pesqueras que operan en Malvinas (2008); la identificación o localización de los argentinos caídos en Malvinas (2008/2013/2016); el requerimiento por Decreto 256/10 del permiso de Tránsito a Malvinas (2010); las restricciones por la Ley Solanas (26.659) a las empresas petroleras que operan en Malvinas (2011); la recomendación de 351.633 km2 sobre 1.782.000 km2 reclamados ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (2016); la jerarquización de la Secretaría de Malvinas de la Cancillería Argentina (2020); la suspensión de las investigaciones pesqueras conjuntas con el Reino Unido de Gran Bretaña (2020); la creación del Consejo Nacional de Malvinas (2020) y la decisión de la Unión Europea de dejar afuera del Acuerdo del Brexit a todos los archipiélagos de ultramar (no solo Malvinas).

Con todo lo enunciado precedentemente no alcanzó ni alcanza. Denunciar todos los Acuerdos es el inicio de una lista de acciones proactivas económicas, operativas, de sur-americanización del Atlántico Sur y de ocupación de los espacios marítimos en la ZEE y alta mar, al margen de las acciones diplomáticas en todos los fueros para ratificar nuestros derechos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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