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LA DEMOCRACIA ARGENTINA ESTÁ ENFERMA Y LA ALTERNATIVA ES “PEREGRINAR”

Marcelo Javier de los Reyes*

Imagen de Daniel Reche en Pixabay

Los medios internacionales del mundo —de Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia, España, etc.— se hicieron eco de lo que se ha dado en llamar “el vacunatorio VIP”, un escándalo más protagonizado por la casta política argentina. Los que se llenaron la boca y levantaron los estandartes de los “derechos humanos” (para algunos), los que hablaron de un “genocidio” que no existió —porque no se buscó aniquilar a ningún pueblo dentro de la República Argentina—, los que instauraron la mentira de la “juventud maravillosa” —terroristas responsables de la muerte de miembros de las Fuerzas de Seguridad, de las Fuerzas Armadas, de empresarios, de sindicalistas, de civiles, de mujeres y de niños durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez —aunque ya actuaban en la década de 1960— y luego durante el gobierno militar, que asumió el poder con el respaldo de la inmensa mayoría de los argentinos, incluso con el del Partido Comunista Argentino—, nuevamente dieron muestras de su mezquindad, de su absoluta hipocresía, y de que ellos sí son capaces de cometer “delitos de lesa humanidad”. Para algunos esto puede parecer exagerado pero ¿por qué hablo de ese tipo de delitos? Porque esto ha sido el summum de las violaciones de los derechos humanos fundamentales en nuestra pseudo democracia. Entre estos derechos podemos mencionar los siguientes:

  1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
  2. Todas las personas somos iguales sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición.
  3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal.
  4. Todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección de la ley.
  5. Todos tenemos igual derecho a protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
  6. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
  7. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
  8. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
  9. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
  10. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.

… y otros veinte derechos humanos fundamentales que no cito por una cuestión de extensión, aunque resalto el siguiente: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Sin embargo, nuestra democracia desde 1983 ha pisoteado estos derechos, lo cual no significa, bajo ningún punto de vista, una defensa del gobierno militar que la precedió, el cual incurrió en varios y gruesos errores.

Haber dispuesto arbitrariamente de las vacunas contra el COVID 19 para sus amigos y familiares, dejando de lado a innumerables sectores de riesgo y al resto de la población, dejándola a su suerte, es una violación de los derechos humanos fundamentales. Y esto lo digo por todos aquellos ciudadanos que están esperando la oportunidad de acceder a la vacuna en un contexto en que los medios de comunicación social solo inyectan miedo en la sociedad. No es mi caso porque al presente no confío en ninguna y conozco los intereses de los laboratorios.

Esta batahola por el “vacunatorio VIP” pasará al archivo de la historia argentina como otros tantos, sin castigos más allá de la renuncia de un ministro que ha sabido gozar de los beneficios de pertenecer a un gobierno, pues ha cumplido numerosas funciones bien remuneradas sin ofrecer la contraparte correspondiente, es decir, el servicio a la comunidad que le abona sus honorarios y a la que juró servir.

Llevamos más de treinta y siete años de mentiras, desde aquella que nos decía que “con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”. La frase que usó el presidente Raúl Alfonsín es, teóricamente, absolutamente verdadera pero en la práctica ha ocurrido todo lo contrario y ya desde su propio gobierno. No es aquí el espacio para analizar si hubo un “golpe económico” que lo llevó a entregar la presidencia antes de que se cumpliera su período de gobierno. Claro que los años que siguieron a su alejamiento del gobierno fueron empeorando la calidad de la democracia argentina y en ello el presidente Alfonsín ha tenido su responsabilidad al igual que el resto de la casta política. En este caso vale recordar el Pacto de Olivos y la consiguiente reforma constitucional.

Cabe aquí aclarar el término de “casta”, que el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) —a la que siempre debemos recurrir para hablar con propiedad— define de la siguiente manera: “Cada uno de los grupos o estamentos sociales, impermeables entre sí, en que resulta dividida una población de modo tal que la pertenencia a una u otra casta es determinante del haz de derechos y deberes de cada individuo”.

En principio cabe señalar que la reconocida “movilidad social” que caracterizaba a la sociedad argentina ha sido herida de muerte durante la democracia. La clase media se ha reducido a una “clase cultural”, y en decadencia, que ya no reúne los requisitos por los que así era considerada. El deterioro económico, la reprimarización de la economía argentina han llevado a una “inmovilidad” más que a una movilidad social.

En segundo lugar, los políticos de todo pelaje actúan ante el pueblo como si estuvieran enfrentados pero, en verdad, todos demuestran un gran “espíritu de cuerpo”. Han logrado polarizar a la sociedad, generar odio entre sus miembros, pero ellos se cuidan de condenar a uno de sus pares aunque sea de otro “espacio político” —dado que no estamos en una democracia de partidos sino de espacios en los que se pueden cruzar a voluntad sin ningún tipo de reproches— y cuando asumen el gobierno implementan las mismas medidas que responden a la “agenda internacional”, se preocupan por sus intereses terrenales y personales en lugar de los intereses nacionales. Estos no son señalados por ellos y es absolutamente lógico, pues serían incapaces de mencionarlos.

Se comportan como casta porque no cualquiera llega a ese “estamento impermeabilizado” que goza de amplios beneficios mientras les impone sacrificios y penurias al resto de la sociedad, siempre dada la crítica situación que vive el país y que no tiene a otros responsables más que a ellos mismos.

Cuando asume un nuevo gobierno se limita a hablar de la “herencia recibida”… Se le ha atribuido a la canciller Angela Merkel una frase que parece que no ha sido acuñada por ella sino por un tuitero, la cual sentencia: “Los presidentes no heredan problemas. Se suponen que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregirlos. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”. En realidad la frase sería de la autoría del usuario @andrefelgiraldo, quien publicó el mensaje originalmente el 27 de junio de 2019, el cual cierra con un agregado muy importante: “Si no pueden, no se postulen”. Esto no aparece en la supuesta cita de Merkel porque, obviamente, va en contra de los políticos. Entonces todos se postulan y se refieren a “la herencia recibida” pero dejan una herencia infinitamente peor. Claramente me refiero a los presidentes argentinos: Carlos Menem le echó la culpa a la “herencia recibida”, pero dejó un enorme artefacto explosivo que le estalló en las manos a Fernando De la Rúa, quien debió dejar el gobierno en diciembre de 2001. Durante una semana los sucesores en la línea presidencial no quisieron hacerse cargo del aquelarre hasta que llegó el “gran salvador” que hoy está tramitando la ciudadanía uruguaya “por ser nieto de uruguayos”, aquel al cual el entonces presidente de Uruguay, Jorge Batlle (2000-2005), debió pedir disculpas por haber expresado que “los argentinos son una manga de ladrones, del primero hasta el último”. Cual vasallo a su señor, Batlle se presentó en Buenos Aires días después de sus dichos para pedir disculpas públicamente al presidente argentino. Batlle no dijo nada que algún argentino de bien desconociera pero claro, fue un imprudente —lo afirmó sin saber que los micrófonos estaban abiertos— y nos metió a todos los argentinos en la misma bolsa, algo que en verdad era injusto. No obstante, sin generalizar, su razón tenía. Batlle, fallecido en 2016, hoy se sentiría resarcido al saber que quien le recibió su disculpa actualmente está queriendo ser uruguayo.

El candidato a ser uruguayo recibió también su “herencia” y además de su célebre frase de “que quien depositó dólares recibiría dólares”, nos dejó como delfín al jefe del clan de Santa Cruz, quien también habló de la “herencia recibida” y mucho más lo hizo su sucesora, quien para no perder la tradición presidencial, dejó una herencia peor. Finalmente llegaron los muchachos del Cardenal Newman con el apoyo de los radicales, de peronistas que no podían crecer dentro del Partido Justicialista, de los inmaculados de la Coalición Cívica y de otros advenedizos que suelen tener todas las camisetas en sus roperos, pues no saben cuándo llegará el momento de ponerse la adecuada.

El país transitaba sobre rieles con la nueva conducción hasta que un día, de esos inexplicables, debieron salir corriendo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir un crédito por una suma sideral. Claro, era otro gobierno de amigos y entre amigos no se puede andar retaceando honorarios, concesiones y otros tipos de prebendas. El pueblo comprendería la situación y sabría que debía hacer sacrificios para poder superar esa coyuntura. Si, el pueblo, ellos no. De ese modo, tras liberarnos del FMI durante la administración del jefe del clan del sur, volvimos a quedar nuevamente atados a un préstamo del que desconocemos cuál fue su destino. El clan del sur fue utilizado con fines electorales por los jóvenes cincuentones del Newman —aunque no todos provenían de ese colegio—, con lo cual se los mantuvo vigentes y mientras la hinchada decía “no vuelven más”, los muchachos se prepararon y gracias a los desaguisados, la propia corrupción y la inoperancia típica de los soberbios, volvieron y acá están, tan preocupados por lo terrenal y su propia salud que se reparten las vacunas entre ellos.

La declaración universal que contribuyó a la aceptación global de los valores y principios democráticos reza así: “La voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno”. Bonita frase que no es más que una entelequia. La realidad es que todos los gobiernos se pasan la voluntad del pueblo por el arco del triunfo.

La sociedad tiene sus responsabilidades en esto, porque cree que con solo votar cada dos años ya cumplió con sus obligaciones ciudadanas, algo que suele dar una gran comodidad y tiempo para seguir, en otra escala, con los “intereses terrenales”, distantes de aquellos que por los que se preocupa la casta política que, obviamente, ocupan un escalón superior.

Entonces mientras ellos hacen que nos gobiernan y que se preocupan por el bienestar del pueblo, los gobernados consideramos que nada podemos hacer y que solo debemos esperar a que lleguen las próximas elecciones para imponerles el castigo que se merecen y así votar a los que sacamos para remplazar a estos que ahora queremos sacar. El absurdo llevado a su máxima expresión.

La realidad es que no tenemos intención de salir de nuestra comodidad para dar batalla. Es más importante Netflix que participar en un partido político o crearlo. Pero hay explicaciones para esto. Por un lado, la masa nos permite pasar desapercibidos y no sea que seamos políticamente incorrectos, algo que se ha impuesto como una norma del ceremonial.

De este modo, el pueblo argentino ha sido sometido a una “reingeniería social”, a un “cambio cultural”, de la mano de quienes enaltecieron a la “juventud maravillosa”, quienes nos impusieron nuevos términos, como “genocidio”, “memoria”, “verdad”, “justicia”, “terrorismo de Estado”, omitiendo al terrorismo marxista; quienes indemnizaron a los terroristas a costas del Estado. También se les permitió borrar su pasado y asumir cargos públicos. Como si ello fuera poco, se levantó un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, al cual el gobierno del clan del sur, los jóvenes cincuentones del PRO, incluido el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llevaron a los dignatarios extranjeros que visitaban el país para rendir homenaje a los terroristas. Entonces, ¿Cuál era la diferencia entre un gobierno y otro si procedían igual? Sin embargo, parece que buena parte de la sociedad percibe claras diferencias y se inclinan por unos u otros.

¿Cuál es la calidad de nuestra democracia con amplios sectores que se odian y brindan apoyos a unos y otros? Porque ambos son corruptos, perpetran los mismos delitos, quizás unos de manera más burda e ideologizada que los otros, pero que sumergen al pueblo argentino a las mismas desgracias y que han llevado a la República Argentina a un estado de indefensión y de entrega de la Soberanía Nacional.

Es cierto que la calidad democrática está decayendo en todo el mundo, más aun en este contexto de pandemia, pero esta pseudo democracia puede derivar en una nueva forma de gobierno de una calidad bastante inferior.

Antes me había referido a la comodidad de la sociedad pero ahora consideraré otra razón. Aquí cabe recordar aquel cuento que narra que la crisis llegó al infierno, por lo que el diablo no tuvo más opción que poner a la venta todas sus herramientas destinadas a arruinar la vida de los hombres. Así fue que las puso sobre una mesa larga y todas llamaban la atención: en la subasta podía encontrarse a la venta el odio, la malicia, los celos, la tristeza, la venganza, la violencia… Pero a un comprador le llamó la atención el excesivo precio de una herramienta y le preguntó: “¿Por qué diablo esta herramienta es tan cara?” Y el diablo contestó: “Ah, porque el ‘desaliento’ es la herramienta es la más importante”. Y uno puede preguntarse por qué. Porque el desaliento está en el alma de las demás, afecta al malo y al que trata de ser bueno, al que procura cambiar, y el desaliento afecta también al que trata de corregirse. El desaliento afecta lo más profundo del corazón, es la falta de aliento, de aire, es como ahogarse. Recordemos que en el Génesis, Dios hace al hombre con cosas de la tierra y que para darle vida sopló sobre el hombre (en hebreo el ruaj, el “Espíritu de Dios”). Desalentarse es perder esa vida. El desaliento se ha desparramado como la pandemia sobre la sociedad argentina y se ha enquistado de tal modo que la sociedad está prácticamente convencida de que esta realidad es irreversible, de que no se puede luchar contra ella.

La sociedad argentina debe detenerse a respirar, a recuperar el aliento para poder enfrentar esta situación angustiante pero reversible y darse cuenta que estar a un lado o al otro de la grieta es padecer el “síndrome de Estocolmo”. Hay que olvidarse de los “salvadores”, del “culto a la personalidad”, de los hombres que llevan décadas viviendo de los cargos públicos para saciar sus ambiciones de poder y de dinero. La democracia argentina está enferma y debe vacunarse contra la casta política.

Por tanto hay que buscar nuevos caminos, nuevas opciones, conformar nuevos grupos, participar en nuevos espacios que deben ser creados por quienes tienen conocimiento y capacidad para convertir este presente en un futuro que la Argentina, bien gobernada, es capaz de darnos, porque apelando al pensamiento estratégico podemos considerar los recursos actuales y los recursos potenciales de los que el país puede echar mano para recuperarse. Para ello debe fijarse una plataforma real de gobierno, deben considerarse las ideas fuerza y deben delinearse nuevamente los grandes Objetivos Nacionales.

La sociedad debe ponerse “en camino”, como en una peregrinación hacia la Tierra Prometida, que no es otra que la Patria misma. Peregrinar es alejarse —tomar distancia del punto en el que estamos—, es caminar, ponerse en marcha, en silencio —es decir, dejando de lado la confrontación sin sentido para pasar al intercambio de ideas— y de esa peregrinación participan hombres de diferentes estratos sociales, de diferentes culturas, de diferentes confesiones pero que tienen un objetivo en común: llegar a la Patria que tanto amamos.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

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MÁS “INNOVACIONES” EN MATERIA DE INTELIGENCIA

Marcelo Javier de los Reyes*

El pasado 24 de enero de 2021, el diario Página 12, publicó una noticia acerca de los “los principales lineamientos de la nueva ley de Inteligencia”[1].

Según la nota, “la reforma plantea un perfil que apunta más a la inteligencia estratégica y abandona la dedicada a la criminal” y agrega que la transparencia y la reducción al mínimo de los fondos reservados se encuentran entre los puntos del texto normativo que debe analizar el presidente.

En principio no parece serio cambiar nuevamente la Ley de Inteligencia, cuya última ley, la 27.126, fue llevada a cabo cuando la actual vicepresidente, en ese momento en ejercicio de la Presidencia de la Nación, resolvió disolver la Secretaría de Inteligencia (SI) y crear la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la que a pesar de los pocos años de existencia parecería que no dio los frutos esperados. Claro está que el actual gobierno podrá argumentar que el gobierno de Mauricio Macri, desvirtuó los objetivos del organismo a cuyo frente puso al escribano Gustavo Arribas —vendedor de jugadores de fútbol— y a la ex funcionaria menemista, devenida en dirigente del PRO, y ex miembro de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, Silvia Majdalani, dos inexpertos en materia de Inteligencia. En este sentido el gobierno tendría parte de razón, pero tanto su gestión anterior, que llevó a la disolución del organismo predecesor de la AFI, la de Arribas-Majdalani como la actual del organismo, llevan a recordar aquello de que “el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”. En este sentido también vale mencionar el proyecto presentado por la entonces diputada Elisa Carrió, cuyo desconocimiento sobre Inteligencia salta a la vista cuando entre las “fuentes abiertas” incluye la información “brindada por agencias extranjeras, en cumplimiento de los tratados, acuerdos y convenios oportunamente realizados” (artículo 11º, 4, del mencionado proyecto)[2]. Un disparate. La información que proviene de un servicio colateral, es decir de una agencia extranjera, es enviada con las recomendaciones necesarias para mantener la confidencialidad. Cabe aquí recordar un ítem del Decálogo del Personal de Inteligencia: “Basar en la buena fe recíproca la coordinación que deba establecer con otros organismos de inteligencia”. Y otro que dice: “Proteger las fuentes por deber de lealtad y para mantener canales de información obtenidos laboriosamente”.

Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).

Renglones más abajo, el proyecto de la ex diputada Carrió, dice: “El Sistema Nacional de Inteligencia no dispondrá de medios de reunión propios, sus organizaciones se basan en los recursos necesarios para la dirección, el análisis, interpretación, la integración y la difusión”. Es decir que la Argentina debe estar “ciega” o solo tomar lo que otros organismos de inteligencia extranjeros, ONGs, etc., le hagan llegar. Otro dislate entre tantos de ese proyecto.

Proyecto de ley presentado por la diputada Elisa Carrió en 2016 (Expediente 5577-D-2016).

No hace tanto, la Coalición Cívica pidió eliminar la AFI y propuso “crear, en su lugar, un organismo que sólo coordine a las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate del crimen organizado y el terrorismo” y recordó el mencionado proyecto presentado por Carrió en 2016[1]. Nada de Inteligencia Estratégica que es lo que más precisa apuntalar el Estado Argentino.

La nota de Página 12 dice que el proyecto para reformar la ley de inteligencia tiene como objetivo “ponerle fin al fantasma del espionaje político —que se acrecentó durante la gestión macrista— y a insertar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en una lógica de producción de inteligencia estratégica, enfocada en preservar los recursos del país”. Bien… también esta intención estuvo presente cuando se disolvió la Secretaría de Inteligencia y se creó la AFI pero se trata de una quimera en tanto los políticos sigan, directa o indirectamente, dirigiendo el organismo. A todas luces, a través de los medios, sabemos que la Inteligencia ejerció influencia sobre el Poder Judicial, lo cual tuvo lugar no solo con el gobierno de Macri sino con todos los anteriores. Lo que resulta paradójico es que para cambiar este estado de cosas se recurra a poner como cabeza de la AFI a una dirigencia que proviene del Poder Judicial.

La mencionada nota agrega que el presidente le encomendó a la interventora “la redacción de un proyecto para reformular el Sistema de Inteligencia Nacional —que incluye también áreas del Ministerio de Defensa y de Seguridad— para producir información de calidad y ponerle límites a los servicios. Luego aclara: “De lo que se trata es de cambiar la matriz de los órganos de inteligencia que estuvieron siempre más interesados en meter sus narices en cuestiones políticas que en los temas que son estratégicos para el país a largo plazo”.

Cabe aquí citar la Ley 25.520 —sancionada el 27 de noviembre de 2001 y promulgada el 3 de diciembre de 2001— que dice textualmente:

ARTICULO 10. — Créase la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar dependiente del Ministro de Defensa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 23.554.

Tendrá como función la producción de Inteligencia Estratégica Militar.

Los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo la producción de la inteligencia estratégica operacional y la inteligencia táctica necesarias para el planeamiento y conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica específica.

La mencionada Ley, en su Título IV, Política de Inteligencia Nacional, en su artículo 12º, expresa que “El Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. En el artículo 13º dice que “conforme los lineamientos y objetivos establecidos por el Presidente de la Nación, la Secretaría de Inteligencia tendrá las siguientes funciones específicas”, y a continuación se hace necesario citar incisos puntuales:

5. Coordinar las actividades dentro del marco de las leyes 23.554 de Defensa Nacional y 24.059 de Seguridad Interior con los funcionarios designados por los ministros de las áreas respectivas, cuyo rango no podrá ser inferior al de Subsecretario de Estado.

11. Proporcionar al Ministerio de Defensa la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la Inteligencia Estratégica Militar, de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el artículo 15 de la ley 23.554.

12. Proporcionar al Consejo de Seguridad Interior la información e inteligencia que fuere menester para contribuir en la producción de la inteligencia criminal de conformidad a lo estipulado sobre la materia en el Artículo 10 inciso e) de la ley 24.059.

A estos efectos cabe también citar el artículo 14:

El Presidente de la Nación podrá convocar a un consejo interministerial para el asesoramiento sobre los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, determinando en cada caso los miembros participantes en el mismo.

Asimismo, el Presidente de la Nación podrá convocar a participar de dicho Consejo, con carácter consultivo, a representantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o de la Policía Federal Argentina, cuando lo considere pertinente.

Por su parte, la Ley 27.126 —sancionada el 25 de febrero de 2015 y promulgada el 3 de marzo de 2015—, que modifica la 25.526, también tiene en su espíritu las cuestiones vinculadas a la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior. En su artículo 6° expresa que debe sustituirse el artículo 8º de la ley 25.520 por el siguiente texto:

Artículo 8°: Las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia serán las siguientes:

    1. La producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del sistema de inteligencia nacional.
    2. La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información.

La misma ley hizo un sutil cambio de la definición de “Inteligencia Nacional” que fue modificada a través de su artículo 2º:

Inteligencia Nacional a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación.

Entonces, tanto la Ley 25.520 y la modificación introducida por la Ley 27.126 ya contemplan la participación de los Ministerios de Defensa y de Seguridad en las actividades de Inteligencia cuya cabeza del sistema, actualmente, es la AFI, como oportunamente lo fueron la Secretaría de Inteligencia y la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado).

Aún más, la Ley 25.520, en su artículo 9° expresa “Créase la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior” y, en su artículo 10º, establece la creación de la “Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar dependiente del Ministro de Defensa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 23.554”.

La nota periodística dice que “quizá 2021 vuelva a ser el año de la reforma para dejar atrás los ‘sótanos de la democracia’, como los llamó el Presidente al asumir”.

Al respecto debe quedar claro que los agentes de Inteligencia no obran de por sí y que lo que hacen los miembros del servicio es lo que las autoridades políticas de turno, presidente, secretarios o directores de Inteligencia, según las épocas, les solicitan. En otras palabras, los políticos deben hacerse cargo de lo que han hecho con la Inteligencia en la República Argentina.

Precisamente fueron los políticos quienes torcieron los objetivos de la Secretaría de Inteligencia y de la AFI orientándolos hacia la Inteligencia Criminal, duplicando innecesariamente lo que le compete a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y atrofiando las capacidades del principal organismo nacional. Aún más grave, el general César Milani (2013-2015) llegó a contar con más recursos para Inteligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar que los que tenía la propia Secretaría de Inteligencia.

Por otro lado, la información periodística menciona que la interventora terminó de redactar un borrador tras “meses de discusiones con el consejo consultivo de la intervención, designado ad honorem, para pensar los cambios en la ley de inteligencia”. Ese consejo consultivo “está integrado entre otros por Alberto Binder, Juan Gabriel Tokatlian, Rafael Bielsa, Paula Litvachky, Margarita Trovato, Beatriz Busaniche, Ernesto Chaparro, Sidonie Porterie, Lisandro Pellegrini y Máximo Sozzo”. Según reza la nota, estos serían “expertos” en Inteligencia pero la realidad es que no se conoce que ellos hayan caminado por los pasillos del servicio ni por las aulas de la Escuela Nacional de Inteligencia en calidad de agentes para poder conocer sobre la materia. Es que la Inteligencia es una disciplina que solo se aprende en el ejercicio de la actividad. Como alguien escribió por ahí con respecto a esta nueva ley, “es difícil crear o intentar reformar algo, de lo que se desconocen, su arquitectura, misión y objetivos”.

Por otro lado, en este punto, es quizás apropiado reflexionar si ese “consejo consultivo” no entra en colisión con la Ley 25.520 que en su artículo 11º expresa:

Queda prohibida la creación conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas asignadas por la presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional.

La redacción de las leyes compete al Congreso Nacional, cuyos miembros también confeccionan leyes sobre temas que desconocen y que ni siquiera se asesoran con el personal que lleva a cabo determinadas actividades que, como en el caso de la Inteligencia, son muy específicas.

Según Página 12, la nueva ley pondrá “énfasis en la inteligencia estratégica, no en la inteligencia criminal como dominó en las últimas décadas a la exSecretaría de Inteligencia”. Precisamente esta era la función de la SIDE, la que fue desvirtuada principalmente durante las dos últimas décadas gracias a la intervención de los políticos y a las “purgas” que cada tanto fueron llevando a cabo los gobiernos democráticos, siendo la más importante la que llevó a cabo el gobierno de la Alianza el 7 de febrero de 2000. No es nada nuevo que la Inteligencia Estratégica “es necesaria para el desarrollo integral del país”, algo que parece descubrir la nueva conducción gracias a “una de las charlas públicas que uno de los integrantes del consejo consultivo dio para la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI)”.

La gestión de Macri también hizo uso de la “propaganda” en contra de la Inteligencia argentina. Las notas periodísticas que hablaban de que Macri tenía por objetivo “sanear y profesionalizar la agencia” se repetían en los diarios allegados a ese gobierno así como hoy Página 12 nos habla de esta nueva ley. Se echa personal de carrera para hacer lugar a los “nuevos profesionales de Inteligencia” que cada gestión recoge en la calle para “profesionalizar el organismo”. En los últimos años, cada gestión echa a esos “expertos en Inteligencia” que la gestión precedente hizo ingresar para “profesionalizar el servicio”. Amigos, parientes y militantes de todos los colores encuentran empleo en la AFI, una constante que ha vaciado a la Inteligencia Nacional de sus verdaderos profesionales, los que deberían haber transmitido sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Finalmente, la nota dice que existe una propuesta de que “el director general de la Agencia sería un agente de carrera” aunque aclara que “ese punto no figura en el borrador”. En realidad, no quedan funcionarios de carrera tras diecisiete años en que los gobiernos kirchneristas y macrista se encargaron de destruir el servicio y de “eliminar”, mediante “ofrecimientos jubilatorios” y “retiros voluntarios”, a todo el personal de carrera que tuviera muchos años dentro del organismo.

En verdad, se hace necesario rearmar el Sistema de Inteligencia Nacional pero, en ningún caso sería una tarea que deban hacer quienes se encargaron de destruirlo. Quizás en la reforma sea conveniente que el organismo nuevamente se llame SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado), para recordarles a los políticos que la Inteligencia no es de un gobierno sino que está al servicio del Estado Nacional.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

 

Referencias

[1] Luciana Bertoia. “La interventora de AFI, Cristina Caamaño trabaja en su redacción. Los principales lineamientos de la nueva ley de Inteligencia. Página 12, 24/01/21, https://www.pagina12.com.ar/319273-los-principales-lineamientos-de-la-nueva-ley-de-inteligencia.

[2] Proyecto de ley. Expediente 5577-D-2016. Sumario: REFORMA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL Y CREACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACION DE LA REPUBLICA ARGENTINA. DEROGACION DE LAS LEYES 25520 Y 27126. Fecha: 26/08/2016, https://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5577-D-2016.

[3] “La Coalición Cívica pide eliminar la AFI”. Agencia Legislativa, http://agencialegislativa.com/la-coalicion-civica-pide-eliminar-la-afi/

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EL “DEFAULT” DE ARGENTINA

Giancarlo Elia Valori*

Hoy Argentina, que cayó en su noveno impago de la deuda, está entrando en la peor contracción de su historia. Su economía se había reducido incluso antes del estallido de la pandemia de Covid-19 y la tasa de inflación en junio de 2020 era del 42,8%.

El último 4 de agosto, el Ministerio de Economía de Argentina emitió un anuncio en el que afirmaba que el gobierno había llegado a un acuerdo de reestructuración de la deuda con los tres principales acreedores por un total de casi US$ 70.000 millones. El acuerdo ajustó la fecha de pago de la deuda parcialmente reestructurada, pero no aumentó el monto total de capital e intereses que la Argentina tiene que soportar.

Medios locales informaron que alrededor del 60% de los acreedores expresaron su aceptación del último plan de reestructuración de la deuda y en el mismo mes iniciaron la reestructuración de la deuda en la emisión de obligaciones argentinas estadounidenses por primera vez.

En abril pasado, el gobierno argentino inició oficialmente las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda. Mientras tanto, el gobierno había anunciado que no podía pagar un total de unos US$ 500 millones en intereses de bonos.

Después de un período de suspensión de 30 días, se generó un “default técnico”, debido a desacuerdos significativos con los acreedores sobre cuestiones clave como las tasas de descuento de los bonos y la extensión del período de amortización, y las negociaciones se pospusieron repetidamente. A principios de julio, el gobierno argentino anunció la sexta prórroga del período de negociación hasta el citado 4 de agosto.

La conclusión del acuerdo de reestructuración reduciría en gran medida la presión sobre la deuda del gobierno argentino. El 4 de abril, el presidente Fernández declaró que llegar a un acuerdo ayudaría a Argentina a salir lo antes posible de la crisis económica exacerbada por la pandemia Covid-9.

Esto reduciría la deuda pública en unos US$33 mil millones en los próximos 10 años, dando al gobierno más recursos financieros para llevar a cabo proyectos en diversos campos. Brindar oportunidades para el desarrollo sostenible a mediano y largo plazo de la economía y la sociedad del país.

El mercado financiero respondió rápida y positivamente a la conclusión del acuerdo de deuda. La bolsa de valores nacional de divisas de Argentina y el índice bursátil emitido por las principales empresas estadounidenses continuaron creciendo. El peso argentino detuvo el abismo; y el tipo de cambio frente al dólar estadounidense aumentó levemente. Ha aumentado la confianza del mercado internacional en Argentina.

Según el informe del índice de riesgo del país publicado por JPMorgan Chase Bank, cayó a 4, el valor más bajo para 2020.

El economista argentino Gustavo Neffa cree que el acuerdo de reestructuración de la deuda ofrece a Argentina las condiciones para salir del dilema del “default técnico”, con el fin de facilitar 1) la eliminación de la incertidumbre en el mercado financiero a corto plazo, 2) la mejora de la estabilidad macroeconómica y 3) la promoción de las reservas de divisas argentinas. La paulatina recuperación de los niveles hace que el mercado crediticio internacional aún esté abierto a Argentina.

El gobierno ha mantenido la sostenibilidad de la deuda al cambiar las condiciones de pago por otros medios y ha impedido que Argentina caiga en un círculo vicioso de asumir nuevas deudas para pagar las antiguas.

La economista argentina Natalia Motyl dijo que la presión sobre la deuda argentina se ha aliviado, mientras que la confianza de los mercados financieros internacionales en la economía de ese país se ha renovado. Confianza que ayudará a deshacerse del problema de la disminución de la inversión privada y la fuga gradual de capitales y permitirá al país integrarse en el mercado internacional de capitales a un nivel más profundo.

La conclusión del acuerdo puede frenar efectivamente la inflación y la depreciación de la moneda local, estabilizar los precios de los bienes y servicios y desempeñar un papel importante para garantizar el desarrollo sostenible de la economía nacional del país. La economista Motyl dijo que el gobierno había ganado más margen para el control de la política macroeconómica y estaba a favor de implementar una nueva ronda de reformas económicas pero la economía argentina necesita implementar reformas estructurales para volver a entrar en carrera.

La mayoría de los expertos económicos argentinos creen que el sistema financiero actual de Argentina sigue siendo muy frágil y que el impacto de la pandemia ha superado las expectativas. Alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda con un país extranjero es sólo el primer paso.

Argentina todavía tendrá que hacer frente a las deudas que expiran del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el futuro y continuar negociando cuestiones relacionadas con el FMI. Restaurar la confianza en el mercado de inversiones no es un desafío pequeño que debe abordarse rápidamente.

Argentina espera alcanzar un nuevo acuerdo financiero con el FMI para marzo de este año. Se cree que Buenos Aires y sus acreedores alcanzaron un acuerdo de reestructuración de la deuda de US$ 65.000 millones, que aumentará los recursos del país para negociar sobre la situación financiera del país, según el FMI.

El plazo para las negociaciones en marzo del próximo año se ha fijado, ya que Argentina debe devolver dos mil millones de dólares antes de mayo de 2021 a los miembros acreedores del Club de París, que reúne a los países más ricos del mundo: Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, República de Corea (sur), Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Irlanda, Israel, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rusia, España, Estados Unidos de América, Suecia y Suiza.

Por lo tanto, Argentina espera renegociar acuerdos de pago de deuda con el Club de París tras negociaciones del FMI.

Mark Sobel, presidente por Estados Unidos del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras y ex funcionario de larga data en el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, además de presidente de la mesa redonda que desarrolló los CAC mejorados (cláusulas de acción colectiva que permiten a la mayoría de los tenedores de bonos acordar una reestructuración de la deuda jurídicamente vinculante para todos los tenedores de bonos, incluidos los que votaban en contra de la reestructuración) dijo que Argentina había estado en comunicación con el FMI y que se había establecido el próximo mes de marzo. Si las dos partes son leales, las negociaciones pueden completarse antes de la fecha límite.

Al mismo tiempo, un portavoz del Ministerio de Economía de Argentina declinó hacer comentarios sobre las noticias anteriores. Mientras, un portavoz del FMI dijo que está dispuesto a discutir el plan de reorganización con Argentina en cualquier momento.

Sin embargo, el Wall Street Journal informó que los inversores se están preparando para nuevas insolvencias y caos en los mercados emergentes. Los acuerdos anteriores entre Argentina y los acreedores han puesto de relieve la presión que covid-19 está ejerciendo sobre muchas economías en desarrollo.

Según los informes, el bloqueo antiepidémico y el desplome de los precios de las materias primas han tenido un impacto en las economías en desarrollo: en este contexto, Ecuador y Líbano también han pedido concesiones a los acreedores este año. Sin embargo, el Covid-19 aún se está extendiendo y el impacto económico podría durar más de lo que esperaban los analistas.

Consideran que luego de que Argentina y sus acreedores hayan llegado al mencionado acuerdo, las negociaciones del país con el FMI podrían desencadenar una mayor imprevisibilidad en los mercados emergentes.

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. El Señor Valori ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

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