Abraham Gómez R.*
Aunque luzca un poco exagerada o sobrepasada en límites la siguiente conjetura, por cierto, repetida con insistencia en muchos escenarios ―pareciera que condensa mucha verdad― “en el concierto de las relaciones internacionales, los países no tienen amigos sino intereses”. Dicha expresión (casi que axiomáticamente) ha cobrado plena vigencia en el presente caso controversial, del cual me he venido ocupando ―académicamente― desde hace casi cinco décadas.
Señaladamente, la Zona en Reclamación siempre ha sido considerada con extraordinario potencial energético, tanto por las reservas probables y probadas de los recursos petroleros, la calidad de los mismos, los incuantificables caudales de agua, las factibilidades para desarrollar sendos planes sustentables de generación de energía eléctrica, programas agroindustriales, minero, maderero, piscícolas etc. Por otra parte, a la extraordinaria ubicación geoestratégica, añádase su proyección atlántica e interconexión con los países de Suramérica y con el resto del mundo.
Todo lo expuesto en el párrafo anterior ha resultado apetecible, sin recato, para muchos países y empresas que han preferido dejar a un costado (y olvidados) nuestros vínculos de amistad para unirse en enjambre y comparsa, con la finalidad de menoscabar los recursos venezolanos, en esa zona en controversia.
En la contención que sostenemos, desde hace más de un siglo, contra el imperio inglés, primero, y luego con su causahabiente la República Cooperativa de Guyana, la posible alternativa de solución ha derivado hacia un Proceso jurisdiccional que la Corte ha decidido formalizar.
Reconocemos que estamos en presencia y enfrentado una situación compleja y a la vez interesante: la acción interpuesta por Guyana contra Venezuela, juicio en curso y la posible contestación para el próximo año; la comparecencia de Venezuela, tal vez, el próximo martes 14, para replicar la medida provisional guyanesa sobre el referendo; las cinco preguntas del referendo en cuanto tal; la sorpresiva y absurda medida provisional de la contraparte ante la Corte, y la presunta resolución de este Tribunal, para que se suspenda la consulta; en fin, bastantes ejes para analizar e interpretar.
Veamos, en una brevísima síntesis. Como se sabe y es del dominio público internacional, todo el reclamo devino en una demanda unilateral (fraude procesal y legal) que interpuso Guyana contra Venezuela, el 29 de marzo del 2018.
Nuestro país intentó una Excepción Preliminar que la Sala Jurisdicente, en sentencia del 6 de abril de este año, decidió no admitirla y ordenó que continuara el juicio, en sus sucesivas fases procedimentales.
El hecho de que la Corte haya desestimado la mencionada cuestión incidental no nos amilanó; por el contrario, nos insufló mayores bríos para desplegar nuestras estrategias de restitución con más contundencia, en las instancias que sea menester; porque poseemos con nuestros justos títulos, que son de pleno derecho, que no admiten prueba en contrario, ni aceptan asomo de maulerías.
Nuestros Justos Títulos tienen la autoridad de ser inconcusos; vale decir, reforzados con la certeza histórica-jurídica de su procedencia. ¿Cómo obtuvimos esos justos títulos? Mediante una transparente Cesión de Derechos que la contraparte no podrá y ni tendrá nunca con qué rebatir.
A lo interno del país, a propósito de la convocatoria a la realización de un Referendo Consultivo, conforme al artículo (71) de nuestra Constitución Nacional, nos hemos conseguido con algunas opiniones llenas de resistencias y resentimientos contra el oficialismo, que quieren hacer del caso del Esequibo un cuadrilátero de pugilato; inconveniente por los momentos a nuestro modo de ver.
Pensamos que la presente circunstancia que atravesamos no es la más propicia para saldar “viejas y nuevas cuentas” y menos politizar este asunto. Requerimos pronunciarnos, como país, ante la comunidad internacional, a una sola voz.
En Guyana la oposición representada por Aubrey Norton ―que parecía irreconciliable con la gestión del actual presidente Irfaan Ali― ha suscrito un acuerdo de respaldo en la presente controversia.
Considero que en nuestro país estamos obligados a conferirle al caso de la Guayana Esequiba la condición irreductible de Asunto de Estado.
Hemos exhibido, en Venezuela, ejemplos de grandeza y solidaridad. Dimos demostraciones hermosas de unidad nacional ―dentro de la natural y legítima divergencia política— cuando quedó materializado históricamente el apoyo por parte de las disímiles tendencias políticas e ideológicas; así además, el involucramiento de todas las instituciones públicas y privadas; representación en conjunto de nuestra sociedad, con la finalidad de ofrecer el apoyo determinantemente para el proceso de negociación, firma y ratificación del Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966; precisamente, el documento base que nos asiste en el presente trance controversial.
El Acuerdo de Ginebra fue un triunfo de la diplomacia venezolana ―ciertamente― con la fortaleza de saber que se contaba con toda la nación venezolana en una única expresión patriótica.
Similarmente, nos encontramos hoy, como Nación, obligados a cerrar filas con el único propósito de pedir restitución de lo que siempre ha sido nuestro. Vamos, como se ha dicho, por todos los medios y para el cumplimiento de esas tareas nadie debe soslayarse o escurrirse de la misión que se nos encomienda.
Hemos sostenido que una vez trascendido esta difícil eventualidad de reclamo y reivindicación. Digamos, una vez que hayamos recuperado la extensión territorial que nos han desgajado con alevosía y colusión de árbitros tramposos; procederemos, entonces, a colocar “las cosas” atinentes a las transnacionales en su verdadera dimensión.
Por distintas vías y de diversos modos se les ha avisado (para que caigan en cuenta cautelarmente) a los representantes de las empresas transnacionales que han venido recibiendo concesiones de explotación para esquilmar nuestros recursos en el área controvertida y en su respectiva proyección marítima, aún no delimitada. Se les ha avisado que están incurriendo en hechos irregulares con consecuencias sumamente graves.
También han sido advertidos, a través de nuestra Cancillería, que tales permisos y licitaciones serán revisados, analizados, restructurados, por cuanto, habrá una nueva recomposición operacional en el área (y en la completa extensión territorial) que pronto será restituida a Venezuela.
Ya están advertidas las transnacionales que las concesiones recibidas son nulas y contrarias al derecho internacional.
Guyana ha irrespetado el contenido esencial del Acuerdo de Ginebra, que limita (y restringe) a las partes en la contención a atribuirse soberanía y/o explotar unilateralmente los recursos que en ese espacio se encuentren, hasta que haya una decisión sentencial de la Corte o una negociación directa, desde el punto de vista diplomático, o a través de otro medio….
No satisfechos con todo lo que han aprovechado hasta el presente en la Guayana Esequiba, luce vergonzosa la actitud del gobierno guyanés de seguir otorgando ―recientemente― permisos en bloques petroleros ubicados en áreas marítimas que nos pertenecen históricamente y que no están en el pleito. Una descarada provocación.
La excolonia británica se impactó por el contenido de las preguntas primera, tercera y quinta propuestas por la Asamblea Nacional y ratificado, en su constitucionalidad, por el Tribunal Supremo de Justicia.
Tanto se espantó la contraparte que introdujo una medida provisional por ante la Corte Internacional de Justicia, para que este Cuerpo Jurisdicente sentencie una suspensión del Referendo Consultivo, que comporta ―en estricto derecho― un dispositivo constitucional venezolano de absoluta soberanía nacional.
Que sepan los representantes de las corporaciones que siguen operando ilegalmente en la denominada Zona en Reclamación (nuestra Guayana Esequiba) y su correspondiente proyección atlántica que no desistiremos de denunciar los hechos irregulares que están cometiendo en connivencia con quienes le otorgan ilegítimamente esas asignaciones.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Consultor de la ONG Mi Mapa.
