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EL SISTEMA INMUNOLÓGICO DE LA NACIÓN EN PELIGRO: SITUACIÓN DE LA INTELIGENCIA DE ESTADO EN LA ARGENTINA

7 diciembre, 2022 Marcelo Javier de los Reyes 1 comentario

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Marcelo Javier de los Reyes*

El sistema de Defensa Nacional, los diversos organismos de Seguridad y el Sistema de Inteligencia Nacional son a la Nación como el sistema inmunológico al cuerpo humano.

El sistema inmunológico es una red compleja de células, tejidos y órganos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. La función de este sistema es defenderlo de agentes patógenos, es decir, de organismos que causan enfermedades, como por ejemplo los virus y las bacterias.

De manera similar, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y la Inteligencia trabajan con el mismo objetivo aunque cada una de estas instituciones tiene su objetivo.

Este diagnóstico será considerado desde dos puntos:

- Institucional
- Profesional

La Inteligencia Nacional es definida por la Ley 25.520 como «la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación». La Ley 27.126, promulgada el 3 de marzo de 2015, considera a la Inteligencia Nacional como «la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación». Solo un cambio sutil pero importante, pues se han eliminado las «amenazas» respecto de la Ley 25.520. Mientras que la «amenaza» es una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino en un lapso dado, el «riesgo» sería la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.

La Inteligencia es el conocimiento que favorece al decisor en la toma de decisiones, como así también en la reducción de los riesgos. En síntesis, la importancia es que es una herramienta fundamental para la toma de decisiones.

La Inteligencia es una herramienta fundamental para la toma de decisiones.

La actividad de Inteligencia, más precisamente la Inteligencia Estratégica, le permite al gobierno nacional comprender los conflictos regionales e internacionales con el objetivo anticipar las respuestas adecuadas a los mismos.

Del mismo modo, la Inteligencia le permite al gobierno tomar las medidas adecuadas para favorecer la inserción de nuestro país en el escenario internacional, tanto en el ámbito diplomático como económico.

A partir de esto se puede afirmar que, desde lo institucional, los organismos de Inteligencia deben estar en condiciones de dar respuestas a estas demandas.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y, conforme a la ley, debería dirigir el Sistema de Inteligencia Nacional —que incluye a los demás organismos de Inteligencia del Estado que dependen del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad— a los efectos de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación.

En función de ello pueden determinarse las siguientes anomalías que impiden que la Inteligencia Nacional cumpla con sus objetivos:

- Los diversos gobiernos nacionales de las últimas décadas han transformado la Inteligencia Nacional en una herramienta para amedrentar jueces, políticos opositores y demás denunciantes a partir de lo que se denominan «carpetazos».
- Como consecuencia de ello, los gobiernos nacionales (fundamentalmente los kirchneristas y el de Cambiemos) han realizado un uso perverso de la inteligencia interior pero desatendieron la Inteligencia Exterior y la Inteligencia Estratégica al punto que se puede afirmar que estas áreas están prácticamente desactivadas y sin rumbo. La Inteligencia Exterior ha perdido, virtualmente, contacto con los servicios de otros países, lo que implica una seria gravedad desde el punto de vista del intercambio de información y de la capacitación. Las delegaciones del exterior de la Secretaría de Inteligencia / AFI carecieron de rotación de sus delegados durante más de una década y su número ha sido seriamente reducido, al punto que fueron cerradas delegaciones en los principales países de Europa. Como los gobiernos actúan en este sentido con reciprocidad, varios servicios no destinan agentes a sus embajadas en la Argentina y algunos los han retirado reasignándolos en países de la región. La situación se ha visto sumamente agravada con las filtraciones a los medios de las Actas durante la gestión de la «fiscal interventora» Cristina Caamaño.
- Respecto del tema de la capacitación, el sistema ha perdido el rumbo desde el gobierno de la Alianza (1999-2001), gobierno que el 7 de febrero de 2000 realizó una purga de 1.500 agentes, un hito lamentable que cortó la transferencia de conocimientos. La idea fue apelar a la contratación de «consultoras», lo que pone en evidencia la ignorancia de quienes estaban al frente de la Inteligencia Nacional. Los últimos gobiernos, sin excepción, han puesto al frente de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) a funcionarios inexpertos, al igual que en el resto del organismo, y en la actualidad le ENI tiende más hacia un adoctrinamiento, no hacia una capacitación profesional, impartiendo «cursos de género», «Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los Tres Poderes del Estado», etc. En este punto cabe destacar que el máximo responsable de la ENI de la gestión de Cambiemos llegó a manifestar a un medio «vamos a cambiar la cultura del espionaje»: es evidente que desconocía de qué se trata la Inteligencia[1].
- Cabe recordar que en febrero de 2015 el gobierno de Cristina Kirchner disolvió la Secretaría de Inteligencia y creó una AFI debilitada, otorgándole un rol protagónico a la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar pero llevando a cabo actividades ilegales, toda vez que esa área no debe, por ley, realizar inteligencia interior. Incluso el presupuesto destinado a ese órgano militar era mayor al que recibía la entonces Secretaría de Inteligencia.
- Contrariamente a lo que especifica la Ley, la AFI, como es de conocimiento público, ha sido prácticamente marginada y no dirige el Sistema Nacional de Inteligencia. Aún peor, el proyecto de Ley de Inteligencia presentada al Congreso por la entonces interventora de la AFI Cristina Caamaño proponía que ese organismo dejara de ser la cabeza del sistema de Inteligencia. Varias delegaciones del interior han sido eliminadas o reducidas en su operatividad. Vale aquí recordar que la mencionada interventora desactivó la base de Trelew y cedió el edificio al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, en una región con graves problemas derivados del problema de la nueva etnia autodenominada «mapuche», con tomas de tierras e incendios de propiedades privadas e iglesias.
- Los organismos de inteligencia no mantienen contactos entre sí y, peligrosamente, se aprecia una competencia entre algunos de esos organismos.

Desde lo profesional, desde que asumió el gobierno del Frente para la Victoria, en la entonces Secretaria de Inteligencia se ha procedido a una «purga» de su personal, reduciéndola a su mínima expresión. Cierto es que hasta la creación de la AFI no ingresaron «militantes» y los cargos políticos fueron muy reducidos. Con sus limitaciones, el organismo continuó funcionando pero la «metodología» que se implementó produjo una fuerte desmotivación del personal, por falta de incentivos, bajos salarios y una persecución hacia algunos agentes que fueron destinados a «áreas de castigo». A ello debe sumarse la pérdida del rumbo del organismo lo que se traduce en un sin sentido de la actividad diaria del agente de inteligencia.

Si, debe reconocerse, que durante la gestión de Oscar Parrilli al frente del organismo se produjo un sustancial aumento de sueldos —el cual finalmente no se completó— pero con ello se favoreció el ingreso de numerosos «militantes» que no calificaban para cumplir con sus funciones.

Se procedió a una reestructuración, con un nuevo organigrama que incrementó notablemente los cargos directivos y eliminó las jefaturas intermedias lo que, al igual que en el ámbito privado, hace inviable cualquier gestión. Aún más grave fue la supresión de un área de «Análisis» cuando ésta es la tarea esencial de un organismo de inteligencia.

La gestión del organismo durante el gobierno del presidente Macri, teniendo la oportunidad de reconstruirlo, siguió la misma línea del gobierno kirchnerista y los cargos directivos fueron ocupados por gente inexperta, entre los cuales se encuentran quienes fueron los máximos responsables del organismo. Además debe mencionarse la incorporación de algunos ex comisarios con antecedentes de sumarios dentro de la propia policía. Es en ese momento que se crearon más delegaciones en el AMBA con una impronta inspirada en una comisaría.

Con respecto al personal, se despidió a los contratados por la gestión de Parrilli y se contrató a un número similar de personal, en su mayoría tampoco calificado para cumplir funciones en un organismo de Inteligencia. Además se contrató más personal con sueldos equivalentes a cargos directivos.

Del mismo modo, debe destacarse que los políticos tienden a confundir Inteligencia con «Seguridad», lo que lleva a una seria distorsión de la actividad.

Asimismo, la gestión del gobierno de Cambiemos continuó marginando al personal de carrera e igualando hacia abajo como lo hizo el gobierno del Frente para la Victoria, el cual desarmó su cuerpo profesional que otrora era considerado «Personal Superior». Desde entonces, numerosos cargos que deberían corresponder a ese cuadro pasó a estar en manos de personal auxiliar, desvirtuando la línea jerárquica y profesional que debe mantener un organismo de estas características. Es como si en las Fuerzas Armadas se colocara a un suboficial por encima de un oficial.

Por otra parte, la gestión política siempre hace uso de la «caja» del organismo con fines políticos, es decir, el uso de sus recursos que no son empleados para mantener la infraestructura y la operatividad del organismo.

En síntesis, hasta la llegada de la Alianza al gobierno, el organismo, a pesar del despido de algunos agentes durante el gobierno de Alfonsín, mantuvo un alto nivel profesional. En la ENI se dictaban cursos tanto destinados a personal de la Argentina como a personal extranjero. El nivel del cuerpo docente y de los cursos aún hoy es reconocido por agentes europeos que asistieron a los mismos en la década de 1990. La formación giraba en torno a inteligencia, al análisis de la información, de los medios de comunicación, a la geopolítica entre otros temas.

Del mismo modo, existía un curso denominado «Curso básico de Inteligencia para funcionarios del Estado» al que asistía personal de diferentes ámbitos, de la Justicia, de lo que hoy es la AFIP, de la Cancillería, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de diversos organismos. Este curso era fundamental para establecer lazos informales en un agradable ambiente de camaradería.

Esto funcionó, por inercia, hasta aproximadamente el año 2002. En la actualidad nos encontramos con un organismo verdaderamente destruido, con personal que no ha recibido una buena capacitación, con una ENI carente de docentes, pero lo más difícil será reconstruir tanto el organismo como el instituto de formación debido a que durante décadas no se ha considerado la importancia que tiene la transferencia de conocimientos en una actividad cuyos conocimientos se adquieren con la práctica dentro de un servicio. Para hacer un paralelismo, un ingeniero se forma en una universidad pero la experiencia la obtiene en la obra, en un astillero, en una fábrica, según sea su especialidad.

Para completar el calamitoso cuadro en que se encuentra el Sistema de Inteligencia Nacional deben mencionarse dos proyectos de ley, uno presentado por la entonces diputada Elisa Carrió —que tenía la intención de cerrar el organismo y crear uno nuevo que coordinara las fuerzas de seguridad y pusiera la mira en el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo— y otro el ya mencionado presentado por la que fuera interventora de la AFI, Cristina Caamaño. Ambos dan claras muestras del desconocimiento de la actividad de inteligencia o de un intento de seguir destruyendo el sistema inmunológico de la Nación y en esto coinciden quienes se definen a uno y otro lado de la grieta.

La propia Elisa Carrió pidió la eliminación de la AFI en diciembre de 2018[2] y Maximiliano Ferraro, también de la Coalición Cívica, propone nuevamente «crear en su lugar un organismo que solo coordine a las fuerzas de seguridad en la prevención y el combate especialmente del narcotráfico, del terrorismo y del crimen organizado en general». En primer lugar, demuestra su desconocimiento del Sistema de Inteligencia Nacional que incluye la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y, de nuevo, se observa la confusión de Seguridad con Inteligencia. Pero lo paradójico es que su crítica se centró en oportunidad de que saliera a la luz el espionaje llevado a cabo por María Eugenia Vidal cuando era gobernadora, es decir, durante el gobierno de Cambiemos, del cual la Coalición Cívica fue parte. Según la ex interventora de la AFI Cristina Caamaño, durante su gestión halló una fotografía y un informe de seguimiento a Carrió durante un viaje a Paraguay en 2017, es decir, durante el gobierno de Cambiemos[3].

Los del Frente de Todos apuntan al espionaje durante el gobierno de Macri pero olvidan que durante el gobierno de Néstor Kirchner se procedió también a un espionaje de consideración tanto de opositores como de allegados, al punto que se difundió que mandó a pinchar 20.000 teléfonos[4]. También el presidente Menem acostumbraba a espiar hasta a sus propios funcionarios.

Para concluir, tampoco se debe confundir «espionaje» con «inteligencia» y no se debe responsabilizar al organismo ni a sus agentes por el uso que le dan los políticos a esa estructura.

Por otro lado, la Ley 25.520 es una ley que puede ser mantenida en vigencia, más aún cuando lo que han presentado últimamente es verdaderamente un adefesio.

Propuestas en materia de Inteligencia

- Establecer los Objetivos Nacionales de corto, mediano y largo plazo en materia de Inteligencia, los cuales deberán ser acordes a una agenda de Seguridad Nacional diseñada a los efectos de salvaguardar los intereses de la República
- La Inteligencia es un atributo de un Estado y no de un gobierno, por lo que debería volverse a recrear la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con un Secretario con rango de Ministro. Por un lado, se volvería a jerarquizar la actividad de Inteligencia y, por otro, tanto la sociedad como los medios continúan denominando informalmente al organismo como «SIDE».
- Dejar inmediatamente sin efecto el Decreto 1.311 y restablecer el organigrama existente hasta la modificación implementada por la gestión de Parrilli y «La Cámpora». Eso reduciría considerablemente las direcciones creadas por el kirchnerismo y el macrismo y restablecería las jefaturas de División y Departamento, cuya desaparición ha hecho ingobernable al organismo.
- Reestructurar nuevamente las diferentes áreas de bajo la conducción de un Subsecretario de Inteligencia Estratégica.
- Crear, al menos, una delegación en cada Provincia con la finalidad de actuar en coordinación con el Gobierno Provincial, la Policía Provincial y las Fuerzas de Seguridad Federales existentes en cada Provincia, como así también las unidades de las Fuerzas Armadas.
- Crear delegaciones regionales de Inteligencia Estratégica que actuaran con las autoridades respectivas a los efectos de: a) recurrir a la Inteligencia Competitiva a los fines de analizar el mayor aprovechamiento de los recursos económicos regionales en favor de la producción y del empleo; b) analizar los medios de comunicación para favorecer la explotación económica regional y la integración regional y nacional, lo cual favorecerá, asimismo, a fortalecer la Soberanía Nacional.
- Otorgarle a la ENI el lugar que le corresponde como máximo instituto de formación de la Inteligencia Nacional, la cual, en coordinación con un equipo idóneo de profesionales deberá reestructurar la forma de reclutamiento del personal, los cursos a dictarse y la carrera profesional, de modo tal que el organismo deje de ser una «agencia de empleo» a disposición del gobierno de turno.
- La profesionalización del organismo debería evitar la intromisión del oportunismo político. La Inteligencia depende de la Presidencia de la Nación pero no de los antojos del Presidente o de funcionarios políticos designados por la máxima magistratura nacional.
- Atento a que la intención es dinamizar la inserción de la Argentina en el mundo, el personal de inteligencia exterior deberá gozar de una alta capacitación con el objetivo de que sus miembros puedan ser incorporados circunstancialmente al Servicio Exterior de la Nación para cumplir sus funciones en nuestras representaciones diplomáticas.
- Deben reconstruirse con urgencia las áreas de Reunión y Análisis, toda vez que la Inteligencia es el resultado del análisis de la información recolectada.
- Por medidas de contrainteligencia, el organismo debe ser relocalizado en un lugar discreto a determinar y alejado de la zona céntrica. De la misma manera la ENI podrá mantener su sede actual a los efectos protocolares pero sería apropiado que cuente con otra sede donde desarrolle sus actividades con la discreción que amerita la profesión.
- A los efectos de estimular al personal deberá establecerse una meritocracia que actuará como un filtro natural en la carrera profesional. Se evaluará una recomposición salarial escalonada a los efectos de equiparar al personal con el Servicio Exterior de la Nación o el Poder Judicial y no con el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como en la actualidad.
- Debería considerarse la incorporación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación dentro del organismo de Inteligencia a los efectos de que la misma se beneficie de la información de inteligencia y evitar la duplicación de las actividades.
- Finalmente, debería evaluarse la pertinencia de la creación de una Asociación Profesional del Personal Civil de Inteligencia con el propósito de defender los derechos del personal de Inteligencia, promover su jerarquización, su profesionalidad y el federalismo, como base para el desarrollo de una Inteligencia no politizada para la Argentina.

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

Referencias

[1] «Mendocino en la escuela de espías: “Vamos a cambiar la cultura del espionaje”». Sitio Andino, 06/08/2016, https://www.sitioandino.com.ar/n/207008-mendocino-en-la-escuela-de-espias-vamos-a-cambiar-la-cultura-del-espionaje.

[2] «Elisa Carrió pidió eliminar la AFI: “Hay que terminar con el oscuro mundo del espionaje y las operaciones”». La Nación, 28/12/2021, https://www.lanacion.com.ar/politica/elisa-carrio-pidio-eliminar-la-afi-hay-que-terminar-con-el-oscuro-mundo-del-espionaje-y-las-nid28122021/

[3] Luciana Bertoia. «Cómo la AFI de Macri espió a Elisa Carrió en Paraguay cuando se reunía con un carapintada». Página 12, 19/10/2022, https://www.pagina12.com.ar/490763-la-afi-macrista-siguio-a-elisa-carrio-en-paraguay.

[4] “Kirchner mandó a pinchar 20 mil teléfonos. La Política online, https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-55555/

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ARGENTINA

ENERGÍA

5 diciembre, 2022 Marcelo Javier de los Reyes Deja un comentario

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Iris Speroni*

Decenas de miles de nuevos empleos, todos ellos bien pagos.

Les paso una disertación del Dr. Bisang, del minuto 30’30” al 52”, para JONAGRO (*). Me referiré a sus primeros 10 minutos de disertación sobre energía, ya que luego pasa a hablar de otros temas.

Explica cómo los costos de los productos agropecuarios están atados al vaivén de los precios del combustible, toda vez que fertilizantes y plaguicidas son derivados de hidrocarburos. Por otro lado, el principal uso de la soja es para producir combustibles, como substituto de los hidrocarburos.

El precio de un bien substituto se mueve en paralelo con el precio del bien que pretende substituir. Por lo que si sube el precio del petróleo (por acuerdo de la OPEP o por una guerra) aumentan: a) los precios de la mayoría de los insumos de la producción agrícola como los fertilizantes, b) sube el precio de la soja en cuanto substituto del petróleo y gas.

En la nota BIOCOMBUSTIBLES – REMAR EN EL DULCE DE LECHE, detallo las inversiones en biocombustibles en EEUU y en Argentina.

Argentina: Fuertes inversiones en alcohol para producir alconafta tanto de caña de azúcar como de maíz. Son fuente de trabajo y riqueza para las provincias del noroeste (donde hay caña) y del centro, Córdoba principalmente, donde se produce y procesa el maíz. Luego hay numerosas plantas, algunas medias, otras gigantes, para el procesamiento de soja. El derivado es el aceite de soja, insumo para la producción de biodiésel. Está concentrado en su gran mayoría sobre la margen oeste del Río Paraná, principalmente en Santa Fe. Curiosamente, la provincia de Buenos Aires, la gran productora de soja y origen del 35% de las exportaciones argentinas, no se dedica a procesar su producto estrella.

El Dr. Bisang explica el despropósito del manejo de la energía en Argentina. Sugiero que lo escuchen directamente sin mi interpretación en el medio, la cual genera ruido. Argentina tiene sus destilerías a máxima capacidad. Por lo tanto un aumento de producción de petróleo sólo redundaría en exportaciones de crudo. Lo que se destila localmente no alcanza para satisfacer el mercado interno [1].

Por otro lado, Argentina es uno de los grandes exportadores de insumos para combustibles: a) maíz (que otros usan de forraje y de insumo de alconafta), b) aceite de soja (el 80% de la soja se vende procesada), insumo de biodiésel, c) en menor medida se exporta biodiésel.

En resumen: se importan combustibles terminados y se exportan insumos para combustibles [2].

Luego el Dr. Bisang pasa a referirse a la circulación de energía eléctrica por el país. Si bien Argentina tiene un sistema interconectado de electricidad, la provisión de potencia en el interior es altamente deficiente, con los inconvenientes que eso genera a la producción (tal vez no a los hogares), suplido por las cooperativas con generadores diésel viejos, con alto costo por Kwh. La configuración actual, determinada por los gobiernos, es altamente unitaria, concentrada en satisfacer a la Capital Federal y al GBA. El Dr. Bisang propone otra matriz de energía, donde se invierta en biodigestores en las explotaciones agropecuarias, principalmente tambos y municipios, y la producción con biodiésel en las localidades. Bueno, escúchenlo a él. Son 10’.

Ideas

Esto dispara muchas ideas de mi parte.

Tuvimos durante los 12 años de gobierno kirchnerista una predisposición al negocio del petróleo, ya sea importar gas licuado (De Vido) o precio sostén para Vaca Muerta. Razonable si el presidente es patagónico. Los senadores de las provincias patagónicas responden al lobby petrolero [3]. El kirchnerismo es una coalición de intereses patagónicos (petróleo) y el conurbano más auríferas. Al resto, que les parta un rayo. Ni siquiera promocionaron el cultivo y exportación de la cereza de Los Antiguos.

El conurbano y los patagónicos se apoyan mutuamente, lo que resulta en 1) tarifas subsidiadas para las viviendas y fábricas del conurbano y la Capital Federal, 2) subsidios y precio sostén para el negocio petrolero y Vaca Muerta [4].

El gobierno de Macri pudo cambiar este esquema. Sin embargo puso al frente de Energía no a un experto en biocombustibles sino a un petrolero. Eligió un ex gerente general de una petrolera y no, por ejemplo, a uno de Ingenio Ledesma [5].

El gobierno de Alberto Fernández es la continuación de los anteriores (kirchnerismo y macrismo).

Veamos los números de 2022 en combustibles.

En lo que va del año, Argentina exportó casi siete mil millones de dólares de combustibles. La mitad en petróleo crudo, dos mil millones de carburantes y mil millones de gas.

Miremos ahora las importaciones del 2022:

Se importaron casi doce mil millones, en su totalidad combustibles refinados.

Éste es el desacierto que señala Bisang. Importamos combustibles refinados cuando, con el suplemento de biocombustibles, es una demanda que podríamos satisfacer localmente con facilidad.

El futuro

Lo que se ve es un presente innecesariamente complicado pero con grandes perspectivas a futuro.

El mercado local de combustibles podría en su totalidad proveerse con biocombustibles. Más o menos lo que hizo EEUU. El campo debería usar exclusivamente biocombustibles. En transporte: movimiento de insumos, cosecha, animales vía camiones y FFCC. Uso de maquinaria agrícola. En las explotaciones: biodigestores y autogeneradores a biodiésel. Luego, en las zonas urbanas: biodigestores para manejo de basura orgánica; alconafta y biodiésel para automóviles y transporte público. La generación térmica de electricidad debería ser preferentemente a gas. En su defecto, biodiésel con alta proporción de “bio”.

En muy poco tiempo, deberíamos pasar de la importación de combustibles a no importar en absoluto. Sería una distribución más federal de la riqueza.

Un aparte para Vaca Muerta. Si realmente hay gas y petróleo (supongamos) y si los precios internacionales favorecen [6] la única propuesta de los gobiernos (Cristina Fernández-Mauricio Macri-Alberto Fernández) es exportar el gas (de ahí una planta de GNL en Bahía Blanca [7]) o exportar crudo. Si el gobierno estuviera realmente interesado en la explotación de Vaca Muerta para la prosperidad nacional, ya estaría erigiendo nuevas destilerías.

Si hubiera gas en Vaca Muerta, lo primero es proveer al consumo interno, tanto a fábricas, hogares como a la generación termoeléctrica y al transporte. El gas es un combustible no contaminante y barato. Si tuviéramos excedentes, la prioridad debería ser la fabricación de fertilizantes. Un objetivo geopolítico debería ser el autoabastecimiento de fertilizantes. Y si hay excedentes de fertilizantes para exportar, aún mejor. Más trabajo para miles de personas. Las plantas de fertilizantes podrían instalarse en Neuquén, sur de Mendoza y Río Negro (menos empleado público, más trabajo productivo bien pago) y aumentar el polo petroquímico de Bahía Blanca.

Acá es donde los senadores de las provincias del centro, NEA y NOA debería exigir el aumento del porcentaje “bio” en la alconafta y biodiésel y el uso libre de tanto de B20 y B100 como de E15 y E85, a elección del consumidor, como sucede en EEUU. Los FFCC, las termoeléctricas, el uso interno de maquinaria agrícola y generadores domésticos deberían acceder libremente a la proporción de biodiésel que el consumidor desee.

El otro punto crítico que plantea el Dr. Bisang es la federalización de la generación eléctrica para que todo el país tenga acceso no sólo en cantidad sino en calidad (potencia). Para eso es conveniente la proliferación de biodigestores. Es una inversión módica que genera gran autonomía. En explotaciones agrícolas (tambos, criaderos de cerdos, otros) y en comunas para tratamiento de residuos orgánicos.

Es mi convicción que debemos incrementar la inversión en generación nuclear y construir todas las represas hidroeléctricas que nuestra geografía permita [8]. Dicho esto, la generación termoeléctrica a gas producido por biodigestores elimina las distancias de nuestro país. Mejor que utilizar diésel o gas de 2000 km de distancia.

Como marco general, propongo dejar de exportar forraje e insumo para combustibles que harán otros. No hay que exportar tortas de soja a Alemania (que ésta traduce en exportaciones de carne de cerdo por U$D 6.000 millones anuales) sino exportar nosotros US$ 6.000 millones de carne de cerdo. Debemos dejar de exportar tortas y pellets de soja a Holanda y Francia que ellas transforman en exportación de queso de US$ 4.000 millones cada una, sino nosotros exportar US$ 4.000 millones en queso de leche de vaca, cabra u oveja [9]. Trabajo en la Pampa Húmeda, NEA, NOA y Patagonia para miles de personas. A buenos sueldos promedio. Explotaciones que a su vez necesitarán su propia electricidad (gas de biodigestores).

Hay un futuro próspero y promisorio al alcance de la mano. Con decenas de miles de nuevos empleos, todos ellos bien pagos.

No van a ser las actuales coaliciones de gobierno (tanto FdT como JxC) quienes los harán. Sus compromisos son con otros.

Sólo tenemos que atrevernos.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

Notas

[1] Como lo demostró el faltante del invierno de 2022.

[2] Comentario mío: Esto se agrava ya que el gobierno limita el uso de alconafta y biodiésel (supuestamente para mantener parte del mercado de las petroleras). Las proporciones argentinas son muy inferiores a las autorizadas por el gobierno de EEUU para su mercado doméstico.

[3] 3 senadores x 5 provincias = 15 senadores.

[4] Ejemplos: a) parte del impuesto a la riqueza por única vez, iniciativa de Heller (diputado por capital federal, FdT) tenía por destino inversiones en petróleo, b) la iniciativa del diputado Kirchner (provincia de Buenos Aires, FdT) proponía la baja de uso de biodiésel en el diésel; mayor negocio petroleras, menor negocio provincias del centro del país. Ambos proyectos convertidos en ley con el voto “opositor”.

[5] Autorizó, para dar ejemplos, las importaciones carísimas de gas licuado vía Chile (Shell) y precio sostén 50% más alto que el mercado para abastecer la generadoras termoeléctricas a gas.

[6] Vaca Muerta es rentable únicamente con precios internacionales altos.

[7] Me surge la pregunta: ¿Por qué en Bahía Blanca y no en un puerto de Río Negro o Chubut?

[8] Sin despreciar a las pequeñas generadoras hidroeléctricas. El objetivo no debe ser una gigantesca represa para que la electricidad llegue a la Capital Federal. Una pequeña que regule el nivel de agua de la zona y que genere módicamente para las localidades aledañas es más que suficiente.

[9] Imaginen el impacto que puede tener en La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta exportaciones de queso de leche de cabra por US$ 2.000 millones anuales. Mejor que suspirar por inversiones auríferas.

(*) JONAGRO organizada por CRA, realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el 1º de diciembre de 2022.

Bloque con la participación del diputado Vara, el Dr. Bisang y los señores Passerini y García Moritano.

Notas relacionadas

Biocombustibles – remar en el dulce de leche

http://restaurarg.blogspot.com/2022/06/biocombustibles-remar-en-el-dulce-de.html

Artículo publicado el 03/12/2022 por Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2022/12/energia.html

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ARGENTINA

PATAGONIA: UN ENFOQUE EQUIVOCADO

4 diciembre, 2022 Marcelo Javier de los Reyes Deja un comentario

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Marcelo Javier de los Reyes*

Desde hace unos años, periódicamente, la prensa nacional da a conocer los ataques violentos, generalmente incendiarios, provocados en el norte de la cordillera patagónica por un grupo autodenominado «Resistencia Ancestral Mapuche», organización que reivindica la existencia de un estado racial araucano en una parte de la Patagonia, región geográfica a la que muchas veces, erróneamente, se agrega el adjetivo «argentina». Hay una sola Patagonia y es la ubicada en la Argentina. La zona lindera ubicada en Chile, debe ser llamada «Araucanía». Este punto, que parece una inocente «cuestión de nombre», tiene una relación directa con el tema aquí tratado.

Las acciones violentas de dicho grupo, vinculado con otros similares existentes en Chile, como la «Coordinadora Arauco-Malleuco», son esporádicos, razón por la cual la prensa —y por ende el gobierno y la ciudadanía— deje al poco tiempo de prestar atención al tema. Sin embargo, el problema, del cual la manifestación violenta es sólo una faceta, subsiste y sigue presentándose en formas menos agresivas hasta un nuevo brote de violencia. De esa manera, un enfoque equivocado que puntualiza sólo las manifestaciones violentas del fenómeno permite que su tratamiento sea apenas ocasional en los medios… pero «el problema» sigue existiendo. Ese problema es la existencia en el territorio nacional de la Argentina de grupos organizados, de distintas características, pertenecientes a una etnia no originaria de nuestro país. Estos grupos provocan acciones de diversa naturaleza para obtener su reconocimiento como una «nación dentro de la nación», incluyendo la soberanía sobre determinados sectores geográficos y la introducción de hecho de conceptos doctrinarios que contradicen la legislación vigente. Tal etnia es la araucana.

Es justo aclarar que muchos descendientes de esa etnia viven en el territorio nacional, totalmente integrados a la población en su carácter de ciudadanos argentinos. Estos ciudadanos, si bien reivindican con orgullo su origen y sus costumbres, como lo hace cualquier ciudadano argentino cuyos antepasados hayan venido de otro país —italianos, españoles, alemanes, polacos, árabes, etc., no se vinculan con los movimientos que pretenden vulnerar la Soberanía Nacional. Uno de los ejemplos que pueden citarse, es el del sargento ayudante de la Brigada Rural de la Policía de Neuquén José Eduardo Aigo, descendiente de esa etnia, quien fue asesinado el 7 de marzo del 2012 por dos guerrilleros de organizaciones terroristas chilenas.

El hecho ocurrió cuando el sargento ayudante Aigo los descubrió regresando a su país por un paso no autorizado, tras la ejecución de acciones junto a los grupos violentos araucanos en la Patagonia. Aigo fue asesinado por la espalda por ciudadanos chilenos —Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos), también buscado por la justicia de Chile por el homicidio de un carabinero en 1997, y Alexis Alfredo Cortés Torres— que se trasladaban hacia la frontera. El juez interviniente ordenó entonces la captura internacional y detención de los mencionados.

Cabe destacar que diez años después de ese asesinato, se encuentra vigente el decreto provincial 549/12 que otorga una recompensa de US$ 50 mil para aquellas personas que brinden datos útiles, ciertos, veraces, comprobables y determinantes que permitan la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte del hecho delictivo. Por su parte, en 2018, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $ 3 millones por cada uno de los fugitivos[1].

Foto: Diario *Los Andes*. Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos) ostenta un puesto de jerarquía militar en el Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (EGP-PL), escisión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El otro prófugo es Alexis Cortés Torres, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Poco después, los prófugos Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres habrían difundido un comunicado en el que daban detalles de cómo ocurrieron los hechos. El supuesto comunicado fue publicado en el portal digital del Centro de Documentación de los Movimientos Armados como «carta pública de Jorge y Alexis» de fecha 12/06/12, desde Chile, como integrantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (MIR-EGP). En el mismo afirmaban que la muerte del sargento ayudante Aigo se produjo porque se resistió a ser desarmado, en el marco de un control policial fortuito, y brindaban detalles precisos del operativo policial de búsqueda por tierra y aire, y aseguran que tuvieron «una ventaja táctica, porque llevaban un equipo de radio que les permitía interferir las frecuencias de los efectivos policiales»[2].

En el comunicado deslindaban la responsabilidad de Juan Marcos Fernández —hijo del intendente de San Martín de los Andes—, imputado en la causa como presunto partícipe, debido a que «el conductor de la camioneta quedó en medio del fuego cruzado. Por el bien y la verdad, esta persona no tiene nada que ver con los hechos sucedidos, no sabía ni que andábamos armados ni quiénes éramos en realidad». Ambos se reconocieron como integras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR Ejército Guerrillero de los Pobres[3].

Los araucanos

Los araucanos eran un pueblo semi sedentario que hacia el siglo XVI ocupaba la Araucanía al sur del río Bío Bío, donde habían sido confinados por el empuje desde el norte, primero de los Incas y luego de los españoles, quienes le dieron el nombre por la región donde habitaban. En documentos antiguos se los llama también «moluches» y «reches». Cabe aclarar que si bien algunos autores ubican el origen del nombre de «mapuches» en el siglo XVIII, recién comienza a utilizarse en la Argentina, autorreferencialmente, a partir de 1961. Según el estudioso Gregorio Álvarez, quien cita el dato en su obra «El tronco de oro»[4], es en el acta de un congreso indigenista celebrado en el país donde representantes de la etnia requieren recibir esa denominación, dejando de lado sus anteriores nombres. Sin embargo, este término no se introdujo de inmediato en la bibliografía argentina y su incorporación masiva fue muy posterior, en la década de 1990. Así fue como al libro Cuentan los araucanos de Bertha Koessler, le cambiaron el nombre por el de Cuentan los mapuches, cuando precisamente la autora no hablaba de los «mapuches»[5]. Sobre esa cuestión puede leerse el artículo titulado Consideraciones en torno a la etnia araucana.

A la llegada de los españoles a Chile, hacia el año 1540, esta etnia no poseía un desarrollo tecnológico de consideración y ese desarrollo poco se modificó hasta fines del siglo XIX, ya que los modernos productos que la civilización les ofrecía, y aceptaban gustosos, eran obtenidos mediante trueque en los poblados de frontera y no fueron objeto de fabricación por su parte. Los araucanos mostraban una agricultura incipiente, poseían las técnicas del tejido en telar, de la cerámica y del trabajo del cobre. Vivían en chozas de madera aunque cuando comenzaron a incursionar en territorio argentino adoptaron los toldos de cuero de sus vecinos patagones. Si bien tenían cierta precaria mitología, su religión era animista —el más primitivo de los estadios religiosos— y creían que los espíritus buenos y malos moraban en determinados árboles, piedras o sitios, como por ejemplo, las cumbres de los cerros. No tenían lugares de culto fijo y aunque durante las ceremonias los sacrificios eran de animales, la ejecución de los prisioneros de guerra que no eran sometidos a la esclavitud («cautiverio»), tiene reminiscencias de sacrificios humanos rituales. Es difícil fijar la antigüedad de los ritos, los que muchas veces revelan un origen tardío. Por ejemplo, en el «camaruco», además de sacrificarse una yegua, se realizan diversas actividades a caballo, lo que señala que es una ceremonia creada luego de la llegada de los españoles. Son las modernas interpretaciones de estudiosos tendenciosos las que les otorgan una «cosmovisión» espiritual y profunda que no tenían.

Carecían de lenguaje escrito por lo que todos los registros sobre tradiciones, leyendas y otros aspectos intelectuales provienen de las transcripciones e investigaciones hechas por los cronistas occidentales; es decir, son datos proto-históricos. Por ello, no es pertinente hablar de costumbres «ancestrales» en el sentido que la RAE da al término («remoto o muy lejano en el pasado»), ya que es imposible determinar su antigüedad. Además, dado el corto horizonte temporal del relato oral, no pueden ser muy viejos esos testimonios. La cronología se hace aún más incierta al considerar que los integrantes de esas etnias tenían una muy corta esperanza de vida. Por ejemplo, uno de los investigadores que recopilan esos recuerdos, fue el alemán Robert Lehmann Nitsche (1872-1938), quien entre 1900 y 1926 obtuvo testimonios de algunos araucanos que estaban en La Plata y los volcó en textos como «El tatrapal de los araucanos». El estudioso advierte que es difícil separar las «leyendas» de los «cuentos» y descubre que muchas de las fábulas son en esencia similares a las antiguas leyendas europeas. Ahora bien, la antigüedad de esos testimonios no puede ser tildada de «ancestral» ya que es imposible saber de cuantos años atrás data la versión registrada.

Aculturación e invasión de La Pampa

Simultáneamente con la presencia araucana en el sur de Chile, en la Patagonia habitaban dos grupos étnicos: los «poyas», en la cordillera neuquina y rionegrina, y los patagones en la meseta. Este último grupo, numeroso, estaba dividido en dos subgrupos: los meridionales (al sur del río Negro) y los septentrionales (al norte de dicho río). Aquí es necesario hacer un alto, para aclarar algunos puntos de la «guerra de nombres» que forma parte del accionar araucano.

Así como la etnia procura cambiar su propio nombre por el más «épico» de mapuches («gente de la tierra» en su lenguaje) y borrar el nombre de Araucanía de su región de origen, procuran mantener los nombres que ellos, en su carácter de invasores «aculturadores», dieron a las tribus que enfrentaron. De allí que los «poyas» (nombre registrado por los jesuitas de la misión del Nahuel Huapi) sean luego conocidos por «pehuenches» («gente de los pehuenes» en araucano); en tanto los patagones —nombre dado por Hernando de Magallanes durante su encuentro con ellos en 1520— fueron llamados «tehuelches» («gente arisca» en araucano), en obvia referencia a su actitud por mantenerse libres frente al avance araucano. Cuando comenzó a profundizarse en el estudio de los patagones, los etnólogos hallaron que los patagones sureños se designaban a sí mismos «tsonekas» o «aonikenk»; y los norteños «guenenakenk».

Más al norte, en la región pampeana, existían otras etnias como los «puelches», los «ranqueles» y los «pampas», aunque estos últimos serían los guenenakenk más aculturados por los araucanos. Dichos pueblos tenían una economía de cazadores-recolectores y en el caso de los aonikenk eran nómades. Es probable que debido a ese menor grado de desarrollo, sin moverse del otro lado de la cordillera o con movimientos ocasionales y sin ocupar territorios del lado argentino, los araucanos hayan logrado, mediante el comercio, cierto grado de aculturamiento sobre sus vecinos. Cuando comenzó a poblarse de ganado la provincia de Buenos Aires, las tribus pampeanas comenzaron a dedicarse al abigeato como forma de subsistencia. Así provocaron los malones en la provincia de Buenos Aires en los primeros años del siglo XIX, los que motivaron la intervención del gobernador Martín Rodríguez con sus primeras «campañas al desierto». El historiador Isidro Belver, en su libro Los Pincheira: aldea realista en Epu Lauquen, afirma incluso que muchos de estos malones eran organizados desde Neuquén por los célebres hermanos chilenos Pincheira.

Hasta ese momento, los araucanos no habían realizado un avance profundo hacia el territorio argentino, limitándose sus acciones a pasar a Chile el ganado robado por sus vecinos pampeanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos intentos habían hecho, al menos para asegurarse la zona del desemboque de los pasos cordilleranos, a resultas de los cuales habían enfrentado y derrotado a los guenenakenk en tres combates en el actual territorio chubutense: Languineo (lugar donde los huesos blanquean al sol, en idioma guenenakenk), Piedra Sholten y Genoa. Estos episodios, que el investigador Federico Escalada en «El complejo tehuelche» sitúa después de 1820, muestran que no eran tan buenas las relaciones entre las etnias como actualmente ciertos historiadores afirman. Incluso, se conoce que los patagones temían la belicosidad de sus vecinos trasandinos.

Es recién hacia 1830 cuando, con la invasión de las huestes de Calfucurá desde Chile hacia Salinas Grandes, cuyos motivos quieren ser presentados como políticos pero que más parecerían basarse en la intención de tomar el abigeato en sus propias manos para evitar intermediarios, que los araucanos hacen un pie firme en la Argentina. Tal situación es la que hace decir al estudioso Rodolfo Casamiquela en su libro Rodolfo Casamiquela: racista antimapuche o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina [6], que los mapuches no son originarios de la Argentina y que su ingreso al territorio es tardío. Lo mismo sostiene Roberto Edelmiro Porcel en su libro La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores [7]. Esta fecha moderna de ingreso al país es la que impide hablar a los araucanos de posesiones «ancestrales», pues su presencia no va más allá de los 190 años y eso sólo en referencia a sus precarias tolderías en Salinas Grandes.

Lo cierto es que es recién al término de la campaña al desierto del general Roca, cuando, buscando la paz, se entregan tierras a estos araucanos que habían invadido el territorio nacional, los únicos sitios sobre los que pueden alegar legítimos derechos. Existen aún varios de estos lugares, como Laguna Rosario y el Boquete Nahuel Pan en el Chubut; en tanto otros fueron vendidos por sus propietarios originales.

La situación actual

Al igual que en otros movimientos separatistas, como el ETA en España y el IRA en el Reino Unido, el secesionismo araucano presenta dos brazos: uno «armado» (la RAM y otros grupos) y uno «político» (los «lofs» y demás organizaciones similares). El brazo «armado» ejecuta atentados incendiarios, ocupación violenta de tierras, «escraches», «piquetes» y otras acciones similares. El brazo «político» realiza reclamos y ocupación pacífica de tierras y reivindicación de supuestas «costumbres ancestrales» que pretenden sean introducidas en la legislación. También, como los grupos citados, cuentan con un apoyo internacional que va desde Europa hasta el Kurdistán.

Esta última acción secesionista «pacífica», se realiza en las tres provincias argentinas que supuestamente formarían parte del territorio al que las organizaciones aspiran (Neuquén, Río Negro y Chubut). Por ejemplo, en el Neuquén se introdujo en la legislación provincial los conceptos de «medicina mapuche» y «justicia mapuche». En Río Negro se entrega la explotación comercial de campings y lugares turísticos, sin contraprestación y sin control fiscal. En Chubut tiene personería jurídica la Comunidad «Mapuche-Tehuelche», oxímoron que aúna dos etnias rivales, siendo aún más extraño que se les diese tierras en sitios donde nunca hubo un araucano.

Esta situación irregular surge mayormente a consecuencia de una inexacta interpretación del artículo 75 (Atribuciones del Congreso), inciso 17 de la Constitución Nacional, que dice:

Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

Allí se habla de pueblos indígenas argentinos, definición que no incluye a los araucanos. Por otro lado, no menciona la entrega de «otras» tierras por cuestiones «ancestrales»; sino que es una potestad del gobierno entregar tierras «aptas para el desarrollo humano». Además, como fecha de «ocupación tradicional» debe ser tomada la de la firma de la Constitución. Y así otros puntos.

Oponerse con firmeza a esta política separatista es, en primer lugar, defender la soberanía argentina, no sólo territorial sino jurídica, vigente en todo el país, pero además implica un acto de justicia hacia aquellos descendientes de araucanos que se reconocen ciudadanos argentinos, con sus derechos y sus deberes, con sus garantías y sus obligaciones, y que no apoyan el secesionismo.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

Referencias

[1] «Recompensa millonaria por los asesinos de José Aigo. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecerá tres millones de pesos de recompensa para dar con el paradero de los responsables del asesinato del policía de Neuquén». Sitio oficial del Gobierno de la República Argentina, Argentina.gob.ar, 07/02/2018, https://www.argentina.gob.ar/noticias/recompensa-millonaria-por-los-asesinos-de-jose-aigo, [consulta: 13/10/2022].

[2] «Caso Aigo: los prófugos habrían difundido un comunicado». Río Negro, 15/06/2012, https://www.rionegro.com.ar/caso-aigo-los-profugos-habrian-difundido-un-comunicado-LQRN_898838/, [consulta: 13/10/2022].

[3] Ídem.

[4] Gregorio Álvarez. El tronco de oro. Neuquén: Editorial Siringa Libros, 1981.

[5] Bertha Koessler. Cuentan los araucanos. Buenos Aires: Espasa Calpe Argentina, 1954, 153 p.

[6] Rodolfo M. Casamiquela. Rodolfo Casamiquela racista antimapuche: o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina. Buenos Aires: del autor, 2007, ISBN 10: 9870536085 / ISBN 13: 9789870536086.

[7] Roberto Edelmiro Porcel. La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores. Buenos Aires: el autor, 2007, 60 p.

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