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MALVINAS Y LA EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA

César Augusto Lerena*

Especial para Agenda Malvinas, agosto 9 de 2026

 

El actual gobierno argentino sigue al pie de la letra las nuevas tendencias de las grandes potencias imperialistas de apropiarse de la tierra y de los recursos de los países emergentes y endeudados; pero, equiparándose a cualquier país bananero, el gobierno nacional, utiliza el procedimiento de cederle tierras y recursos graciosamente.

Resulta increíble que luego de la sanción de las Resoluciones de las Naciones Unidas 1514, 2065 y 37/9 (04/11/1982) el hecho más relevante que visibilizó los derechos argentinos sobre Malvinas fue la exhibición el 15/07/2026 ante miles de millones de personas en el mundo y unos 30 millones de argentinos de un trapo blanco con el texto “Las Malvinas son argentinas” de los jugadores nacionales que derrotaron en la semifinal del Mundial de Futbol al seleccionado inglés. Ya no fue necesario ganar ese mundial; al contrario, hubiese actuado como cortina de humo para enmascarar el hecho popular sobresaliente de recuperar la dignidad nacional de defender nuestros derechos territoriales y recordarle al gobierno que “La Patria no se vende” como ocurriría días después. También desnudó la lamentable política —con excepciones— llevada por la Cancillería en estos años.

 Ya no será necesario dar alguna explicación de porqué los argentinos, necesitados de alegrías, corramos a juntarnos alrededor del Obelisco, dándole sentido a muchas interpretaciones simbólicas y culturales que consideran a éste un elemento fálico. Inglaterra perdió en el juego y también en sus falsos argumentos esgrimidos para justificar su invasión y la apropiación de territorios y recursos.

También perdió el gobierno argentino que viene desplegando una política de sumisión que será recordada como la que mayor daño ha hecho a la integridad territorial de Malvinas, del continente argentino y de debilitamiento del aparato productivo nacional. 

El rol de Pinedo y de los propios y ajenos que apoyan las políticas al gobierno

El 02/01/1833, cuando los ingleses invadieron las Malvinas, el Tte. Cnel. de la Armada argentina José María Pinedo, gobernador y comandante en Malvinas, evaluó la inferioridad de las fuerzas propias respecto a las inglesas y no ofreció resistencia alguna, arrió la bandera y dos días después, “se tomó el buque”. ¿Quién recuerda el lamentable rol de Pinedo? Un siglo y medio después, el 23/03/1976, el entonces secretario general de la CGT Casildo Herreras, cuando se le preguntó, en su huida a Montevideo, qué pasaba en Buenos Aires contestó: “Ah, no sé. Yo me borré”. Está claro, traidores siempre los hubo y hoy, los hay a montones.

Si nuestros generales, coroneles y soldados, por la inferioridad numérica hubiesen seguido el camino de Pinedo, San Martín perdedor en la Batalla de Cancha Rayada en marzo de 1818 no habría ganado días después la de “Maipú” en abril de 1818, dando paso a la independencia de Chile y la posterior libertad de Perú.  Artigas no hubiera peleado contra los españoles en “Las Piedras” contra los portugueses-brasileños y contra las fuerzas porteñas y centralistas del Directorio unitario de Buenos Aires. Belgrano no lo hubiese hecho contra las fuerzas realistas con el Ejército del Norte y tampoco el Gral. Martín Miguel de Güemes hubiese frenado con sus gauchos “infernales” a los ejércitos realistas. Del mismo modo, el Almirante Guillermo Brown no hubiese combatido en inferioridad de condiciones contra los españoles en Martín García, el Combate del Buceo y contra el imperio de Brasil en el Combate de Los Pozos; el de Quilmes y, de Juncal, donde destruyó la escuadra brasileña en el Río Uruguay.

Por cierto, no se hubiesen equiparado nuestros combatientes y caídos en Malvinas, a nuestros héroes nacionales de la Independencia, si no hubiesen peleado con el coraje y entrega que lo hicieron para defender en Malvinas nuestra bandera y la integridad territorial nacional.

Es probable que si no hubiese existido un fuerte rechazo a los personajes apátridas que niegan y no defienden los derechos argentinos sobre Malvinas (por ejemplo, la embajadora en Londres Mariana Plaza, una diplomática que “propone abandonar el reclamo de Malvinas” (Augusto Taglioni, La Políticaonline, 23/04/2025) esta Nación ya hubiese quedado reducida a una colonia. Aunque estamos muy cerca de serlo. Entre ellos, hay quienes favorecen con sus políticas y declaraciones (ya fueron citados muchas veces, entre ellos el propio presidente), la dominación política y económica de nuestros territorios y recursos.

El gobierno que ha emparentado sus políticas con las de Malvinas, ya no con la extranjerización de los archipiélagos y el mar argentino, sino con la extranjerización del continente todo. 

Las nuevas formas de apropiación territorial y de sus recursos

Si bien, todavía se siguen utilizando métodos bélicos para hacerse de territorios y recursos, hoy las potencias, con gran capacidad económica, tecnológica y comunicacional, bajo pretexto del liberalismo y promoviendo el libre mercado se apropian de tierras y de la riqueza natural de terceros países que se encuentran endeudados y con sus defensas bajas, produciendo en estos una paulatina y sostenida pérdida de soberanía. Aplican la metáfora de la rana hervida.

Grandes cambios territoriales ocurrieron en las guerras griegas/helenísticas; las romanas; las derivadas de la Primera Guerra Mundial con la creación de nuevos Estados; al igual que las pérdidas de territorio luego de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, hay que recordar las Guerras napoleónicas, las de guerras de la independencia americana y el fin (¿?) de los imperios coloniales británicos, españoles, portugueses, franceses, etc., en América. También la independencia de nuevas repúblicas luego de la disolución de la URSS. Y, por cierto, los actuales conflictos de Irán, Israel-Palestina, Ucrania-Rusia, etc.

Sacando los millones de muertos que estás guerras dejaron y dejan, lo cierto es que las nuevas formas de dominación incruentas (¿?) se están apropiando de los bienes elementales de las naciones, provocando desocupación, pobreza, hambre, sumisión e indignidad en los pueblos, bajo pretexto de una hipótesis de bienestar general que nunca llegará. El gobierno actual argentino —a este efecto— actúa de Virrey; después podremos imaginar si el presidente está o no en su juicio, pero los objetivos extranjeros los cumple.  

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o de extranjerización de la tierra y el mar

Ya nos referimos en 2024 al proyecto del gobierno incluido en la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que, otorgaba libertad total a los buques extranjeros para pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina (César Lerena “El modelo de enajenar los bienes del Estado…”, 08/02/2024), un proyecto que de no haber recibido un masivo rechazo habría llevado a la quiebra a la industria pesquera nacional.

El proyecto de extranjerizar la tierra de Milei-Sturzenegger es idéntico a la existencia de extranjeros en Malvinas, ya que aumenta las áreas estratégicas de la República que pueden extranjerizarse; todo lo contrario, a los británicos, que impiden la radicación e inversión de argentinos en Malvinas. Ese lamentable proyecto, independientemente de aumentar el porcentual posible a extranjerizar, libera las zonas fronterizas y, además de ello, a todas aquellas áreas que tengan recursos acuíferos; petroleros, gasíferos; mineros; pesqueros, etc. Suena, literalmente, al cuento de “la gallina de los huevos de oro”. Una entrega total.

Las empresas extranjeras —que las hay con muy buenas y con valiosas intenciones— no vienen a la Argentina a administrarla, cuidar su soberanía y proveer de bienestar a sus ciudadanos; vienen a llevarse —legalmente, porque los gobiernos los autorizan— los recursos o a mejorar los resultados de sus sociedades. Suelen generar empleo y las obras necesarias para extraer y movilizar los recursos. En muchos de los casos, provocan pasivos ambientales e inexorablemente se irán cuando esos recursos se hayan agotado, como lo harían también las empresas argentinas, solo que a ningún gobierno se le ocurriría darle facilidades de todo tipo a las inversiones extranjeras mientras se desatiende a las empresas nacionales, con una carga altísima impositiva, liberación de todas las importaciones y altos costos internos de los servicios básicos.

Este gobierno trató de modificar la Ley 26.737 de Tierras que establecía un tope porcentual en manos extranjeras llevándola del 15% al 25% y ello alcanzaba incluso a los topes máximos por provincia o departamentos; eliminando el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero y la prohibición de compra a extranjeros de tierras que tuviesen lagos, ríos, etc. Esta posibilidad podría incluir también la explotación extranjera de la Zona Económica Exclusiva y de hecho el gobierno ya ha autorizado la explotación de recursos petroleros hasta nuestros días, incluso violando la Ley Solanas (Ley 26.659). El agua es argentina.

La modificación de la Ley de Tierras podría dar lugar a que el Reino Unido se compre incluso por unas libras las Malvinas y las aguas que le dan sustento, diciéndole adiós a los reclamos económicos argentinos o, tal vez, comprarse la Provincia de Tierra del Fuego, cumpliendo con el proyecto que iniciara en 1863 el anglicano inglés Thomas Bridges. Ah… y el intermediario podría ser el diputado libertario y vendedor de tierras Joaquín Benegas Lynch. Total, todo es una cuestión de dinero y a los que se endeudan, como diría Milei, «nadie les pone una pistola en la cabeza. Es un acuerdo entre privados…».

Cuando el diputado de Buenos Aires Pedro Medrano propuso modificar el Juramento del Acta de Independencia, de modo tal de no limitarse solo a ser “independiente del Rey Fernando VII y, sus sucesores…” sino “…de toda dominación extranjera” ello estaba implícitamente destinado a la corona británica, que había pretendido invadir Buenos Aires en 1806 y 1807, una ciudad que, con 203 Km2, solo alcanza al 1,78% de la superficie de Malvinas, sin contar los 1.639.900 Km2 que ocupan y explotan los británicos en materia pesquera y petrolera. Un territorio equivalente a todas las Provincias argentinas, salvo Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Nadie podría dar certeza respecto a la compra o no de territorios de la Patagonia por parte de empresas israelíes, como se ventila desde hace rato o, que cualquier otro Estado (incluso chinos, rusos o norteamericanos, europeos, etc.) a través de empresarios se hagan de territorios estratégicos argentinos.   

Otras medidas que atentan contra la soberanía nacional

Son muchísimas acciones las destinadas a desalentar la integración territorial de Argentina. Desde opiniones de importantes referentes políticos (diputados, senadores, miembros del PEN) que, a pesar de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, niegan o devalúan los derechos argentinos sobre Malvinas.

Nosotros observamos que las Provincias Unidas del Rio de la Plata firmaron en 1825 con la Corona Británica el Tratado de “Perpetua” Amistad, Comercio y Navegación y, arteramente, pocos años después —en 1833— invadía el territorio nacional de Malvinas. Pese a ello, hasta la fecha, se mantienen vigentes la Ley 24.184 de Protección y Promoción de las Inversiones Británicas y los Acuerdos de Madrid que otorgan privilegios al Reino Unido y limitan nuestra capacidad defensiva.

Por otra parte, el gobierno actual en marzo de 2024 acordó con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para que éste realice “entre otras actividades no detalladas” tareas de mantenimiento de la red troncal Paraná-Paraguay y del Río de la Plata, cuyo manejo se está concesionando por 30 años a empresas extranjeras.

Es llamativa también la intervención del Puerto de Ushuaia bajo pretexto de una mala administración de un funcionario provincial, mientras el gobierno nacional discute proyectos de cooperación relativos a la defensa de la región con Estados Unidos y Gran Bretaña. Algo así, como acordar con el zorro el cuidado el gallinero.

No olvidamos tampoco, que los gobernadores de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego buscaron acordar con empresas del Estado chino o empresas españolas que pescan en Malvinas.

El RIGI, la exención de impuestos, los derechos de importación; estabilidad fiscal, aduanera y otros beneficios y, bajos salarios; destrucción del comercio, de la industria nacional y pérdida de empleo.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue aprobado por la Ley de Bases (Ley 27.742) para atraer grandes inversiones -especialmente extranjeras- en sectores estratégicos con diversos beneficios que no alcanzan a las empresas nacionales, en una evidente política inequitativa.

Llevar políticas de mercado que no aplican las grandes potencias y subsidian sus producciones (caso la Unión Europea, por ejemplo) y colocan barreras arancelarias diferenciadas como Estados Unidos. En este marco las declaraciones del Ministro de Economía Toto Caputo “para todos los tarados que hablan de la industria” el pasado 5 de agosto en la Cámara de Agentes de la Bolsa de Comercio son elocuentes. 

El desmantelamiento del Estado y de la educación nacional

Para acompañar estas políticas se desmantelan o privatizan las principales empresas u organismos públicos. En especial aquellas relativas al uso del agua, la producción y distribución de energía y las comunicaciones, etc., AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), Enarsa y Transener (Centrales térmicas y Energía Argentina); las Represas hidroeléctricas del Comahue, Nucleoeléctrica Argentina (NASA, centrales nucleares), Télam, Radio y Televisión Argentina incluidas en listas de privatización o transformación, ARSAT (satélites y telecomunicaciones), Intercargo (servicios aeroportuarios), Belgrano Cargas, Corredores Viales, SOFSE (Trenes Argentinos): sujetas a privatización o concesión; el Ramal fluvial Paraná-Paraguay, donde se transporta el 80% del comercio nacional adjudicado en concesión de largo plazo. El desfinanciamiento de la Universidad Pública y otras empresas donde la presión pública impidió privatizar como YPF y Aerolíneas Argentinas, etc. Una política de debilitamiento de la soberanía nacional. 

La política de Malvinas, la pretensión de extranjerizar la tierra y debilitar la industria nacional. Una política orquestada internacionalmente que el gobierno nacional ejecuta sin pudor para el poderdante.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar                               

EN EL MAR ARGENTINO NO SE PUEDE APLICAR NINGÚN PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE BIENES COMUNES GLOBALES

César Augusto Lerena*

Artículo publicado en Perfil, 1 de junio de 2026.

 

El Contraalmirante Carlos Sardiello de las U.S. Naval Forces Southern Command y Cuarta Flota de EE.UU. y el Almirante Juan Carlos Romay de la Armada Argentina firmaron una Carta de Intención que según la información oficial de Estados Unidos tendría como objetivo principal “fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur; combatir las amenazas de la pesca ilegal, el narcotráfico y otras actividades ilícitas; mejorar la vigilancia, patrullaje y monitoreo conjunto y proporcionar equipamiento avanzado; patrullaje; entrenamiento de élite e interoperabilidad durante 5 años”.

No está claro si se trata de transferencia de conocimientos, tecnología y equipamiento o si la flota de Estados Unidos tendrá un rol activo dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina o fuera de ella y ello debería ser precisa en forma inmediata por la Armada Argentina, porque conforme ello, esta Institución podría estar violando o no el artículo 75° de la Constitución Nacional.   

Esta Carta de Intención se estaría enmarcando en el Programa para la Protección de Bienes Comunes Globales (Protecting Global Commons Program) y ello lleva a tratar de analizar el alcance de este comunicado porque no hay precisiones públicas sobre el mismo. Hasta el momento parece una admisión de las incapacidades del gobierno argentino para controlar el Atlántico Sudoccidental y un avance de Estados Unidos en la región.

Debemos aclarar, en primer lugar, que semejantes objetivos no pueden estar en manos del Jefe de la Armada argentino y, en todo caso, éste debería limitarse a ejecutar la política del Poder Ejecutivo Nacional y, dependiendo del alcance y el ámbito de intervención de la flota norteamericana, del Congreso de la Nación. No deja de llamar la atención que el Ministerio de Defensa, tampoco haya emitido comunicado alguno, en especial cuando el Ministro es un oficial en actividad y el tema sería de su competencia; en particular, cuando hay una fuerza subordinada suya firmando esta Carta; lo que rompe -al menos- con una de las dos consignas básicas: “Subordinación y Valor”.  

“Fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur” es una definición de tal ambigüedad que debemos hacer alguna precisión. No hay “Bienes Comunes Globales” en el mar territorial ni en ninguna Zona Económica Exclusiva (ZEE), ya que son espacios marítimos de jurisdicción y dominio del Estado ribereño y por lo tanto no hay tales “bienes comunes globales”; territorio y bienes cuya responsabilidad, es de exclusividad argentina.

Así, las cosas, entendemos que se trataría de controlar -entre otras- la pesca ilegal en alta mar. Ello sería una novedad, la de reconocer que la pesca ―en la forma que se viene realizando en alta mar― es ilegal. Cuestión que hace años venimos reclamando y nos auto-declaramos “el padre de la criatura”. Todo lo contrario, a la opinión de las autoridades de los distintos gobiernos y, sus fuerzas de navales, que venían interpretando erróneamente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); en particular, en lo relativo a la explotación del recurso pesquero migratorio de la ZEE en alta mar. ¿Qué pasó? ¿El Tío Sam dice que es ilegal y nuestras fuerzas armadas van presurosos a firmar una Carta de Intención para controlarla?   

Ahora bien, no podemos ser tan ingenuos para creer que la presencia de la flota norteamericana en el Atlántico Sur está destinada a ayudarnos a eliminar la pesca ilegal; que, dicho sea de paso, ni siquiera intentaron los diferentes Consejos Federales Pesqueros desde que se dictara la Ley Federal de Pesca. Es obvio, que su sola presencia en los puertos y en el mar argentino es un claro mensaje a terceros países, en especial a China.

Queda claro el objetivo de Estados Unidos, cuando su embajada en la Argentina, destinada a representar los intereses de ese país en el nuestro, es quien anuncia -sin detalles- esta intención y, la Cancillería Argentina no informa (Ver portal del MRECIyC, 25/5/26) a los ciudadanos argentinos y al Congreso de la Nación.   

No les falta idoneidad a los miembros de la Armada Argentina y de la Prefectura Naval para llevar una acción eficiente; les falta la disposición política y recursos y, un plan adecuado. Lo primero escapa a sus facultades y el segundo podría significar una transferencia de tecnología de Estados Unidos; nunca, que la flota de este país haga la tarea de responsabilidad argentina (No somos Venezuela). Tampoco alcanza con ello, porque la solución no es solo tecnológica militar; es centralmente metodológica y también escapa a la participación excluyente de las fuerzas navales, que pueden prestar un asesoramiento operativo; ya que las acciones deberían tener su eje en estrategias políticas y acuerdos internacionales para terminar con este flagelo y los efectos accesorios (comercio; subsidios; trabajo esclavo; narcotráfico, etc.).

Ya lo hemos dicho en reiteradas veces: «Ello tiene sustento en la Ley 24.543 con que la Argentina ratifica la CONVEMAR, donde resalta en el Artículo 2° inciso c) que “La República Argentina acepta las disposiciones sobre ordenación y conservación de los recursos vivos en el alta mar pero considera que las mismas son insuficientes, en particular las relativas a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias, y que es necesario su complementación mediante un régimen multilateral, efectivo y vinculante que, entre otras cosas, facilite la cooperación para prevenir y evitar la sobrepesca, y permita controlar las actividades de los buques pesqueros en alta mar así como el uso de métodos y artes de pesca”, y el gobierno argentino tiene presente “su interés prioritario en la conservación de los recursos que se encuentran en su zona económica exclusiva y en el área de alta mar adyacente a ella, considera que de acuerdo con las disposiciones de la Convención cuando la misma población o poblaciones de especies asociadas se encuentren en la ZEE y en el área de alta mar adyacente a ella, la República Argentina, como Estado ribereño, y los Estados que pesquen esas poblaciones en el área adyacente a su ZEE deben acordar las medidas necesarias para la conservación de esas poblaciones o especies asociadas en el alta mar” y que para ello “…está facultado para adoptar, de conformidad con el derecho internacional, todas las medidas que considere necesarias a tal fin” que luego la CONVEMAR fija en su articulado y, “la libertad de pesca” que refiere el artículo 87° e) no implica que pueda ser depredadora e insustentable, cuestión que ocurre: primero, cuando los buques no tienen control de sus Estados de pabellón o de los países de origen (artículos 87º, 92º, 94º de la CONVEMAR); segundo, cuando no se realizan estudios de investigación para determinar la “Captura Máxima Sostenible” (artículos 117° y 119º de la CONVEMAR) y, tercero, si se capturan especies migratorias originarias de la ZEE en alta mar sin acuerdo con el Estado ribereño afectando sus intereses (artículos 63º, 64º, 116º a 119º de la CONVEMAR)» (César Lerena “La Pesca en alta mar es ilegal”, 29/05/2026).  

La Argentina no podría considerar legal la captura en alta mar de sus recursos migratorios originarios del mar territorial y de la ZEE, y los asociados que intervienen en la cadena trófica, en principio, porque sería desconocer los derechos que reivindica como propios en toda su legislación vigente: el artículo 5º de la ley 23.968; el artículo 2º inc. c) citado de la Ley 24.543 y, los artículos 4º, 5d, 21e, 22 y 23b de la Ley 24.922, de Pesca. Además de ello, hay más de 40 razones para considerar esta captura en alta mar como “Pesca Ilegal”. Por supuesto, a esto se agrega la pesca con redes de arrastre de fondo cuando se pesca sobre la plataforma continental extendida argentina más allá de las 200 millas sin habilitación nacional y tipificar de “piratería” la pesca ilegal que rompe el ciclo biológico de las especies en alta mar, conforme el Artículo 101 a) ii) de la CONVEMAR: «Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado» (César Lerena “La Pesca en alta mar es ilegal”, 29/05/2026).  

Finalmente, nos preguntamos, cómo habría de actuar la flota estadounidense dentro del 1.639.900 Km2 de mar argentino invadidos por el Reino Unido alrededor de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur; espacios, que en una Carta de Intención como la firmada no podrían omitirse porque se estaría violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y ante la comprobada pesca ilegal de 250.000 toneladas anuales que se realizan en esos territorios por parte de buques coreanos, taiwaneses, españoles y éstos asociados a los isleños británicos de Malvinas, mediante permisos de pesca ilegales, que además de violar toda la legislación citada, contrarían la Res. 31/49 de las Naciones Unidas.

La soberanía es inalienable y directa. “no se delega, se ejerce” (Jean-Jacques Rousseau).

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar     

 

LA DESMALVINIZACIÓN DE ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Publicado en Perfil, el 31 de marzo de 2026.

 

La desmalvinización y desculturalización de la Cuestión Malvinas en la Argentina fue planificada mediante una serie de decisiones políticas, ideológicas y estratégicas que se consolidaron con Tratados, Acuerdos y Leyes, la desatención del tema y la invisibilización de parte de los organismos competentes.

Se le atribuye al politólogo y sociólogo francés Alain Rouquié, el término “desmalvinizar” en la etapa entre la dictadura militar y la transición democrática tras la Guerra de Malvinas (1982). Este término entendió como necesario separar la Causa Malvinas de la política argentina para evitar que las Fuerzas Armadas la usaran para destacar el rol de los militares en la recuperación de los archipiélagos argentinos; de modo tal, que éstas se rehabilitaran en la sociedad y les permitiera volver a tener un rol protagónico en la escena política. Un temor que estaba fundado no solo por el recientemente concluido Proceso Militar, sino por los numerosos golpes durante el siglo XX.

Supongamos por un instante, que la “desmalvinización” en ese momento hubiese tenido fundamentos políticos atendibles; sin embargo, su instalación promovida desde el gobierno, no tuvo una estrategia integral, porque invisibilizó a los 649 héroes caídos en Malvinas y despreció a quienes, habiendo combatido con valor en las islas, eran merecedores de un gran reconocimiento por parte de la sociedad argentina y, por el contrario, debieron volver al continente “con pena y sin gloria”; además de no tenerse en cuenta, que la Cuestión de Malvinas para ese entonces estaba inserta en la cultura popular. Se privilegió una hipótesis temerosa por sobre el sentimiento nacional, denigrándose para ello el rol sobresaliente -en las condiciones disponibles- de los oficiales, suboficiales y soldados que combatieron en Malvinas. 

Ahora bien, ¿cuál es el argumento para, después de esos primeros años y hasta la fecha seguir “desmalvinizando” la Argentina? Ya que no hay militares al acecho y, más bien, esta práctica se sostiene, en la vocación que han tenido y tienen algunos altos dirigentes de privilegiar la economía, subordinándonos a los intereses extranjeros, sin importándoles para nada la soberanía nacional.

Antes y después que se institucionalizara el término “desmalvinización” en la práctica ya se usaba cuando los gobiernos argentinos “cooperaron” en forma unilateral con los gobiernos ilegales isleños británicos en las islas. El caso más emblemático fue durante el gobierno del presidente de facto Alejandro Lanusse que firmó la Declaración Conjunta de 1971, a partir de la cual, se les construyó la pista de aterrizaje y proveyó de correo, teléfonos, gas, asistencia médica, etc., y de la llamada política de seducción de Carlos Menem donde se priorizó el interés de los isleños sin avanzar sobre la soberanía.

Desmalvinizar es contribuir al desaliento de los argentinos que han puesto en ese objetivo de liberación irredento la esperanza de un país unido y feliz. Se trata, como la pérdida del “unicornio azul” (1982) de Silvio Rodríguez, ya que las islas son nuestras y las queremos. Sin embargo, importantes dirigentes, carentes de todo fundamento político, histórico, económico y jurídico, contribuyen a fortalecer la “desmalvinización” y hemos debido escuchar en abierta violación a lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (1994) que: “las Malvinas son inglesas y no son ni serán argentinas” (Diputada Sabrina Ajmechet); “habría que cambiarlas con vacunas del COVID” (Senadora Patricia Bullrich); reconociendo “la soberanía británica de facto y el derecho de autodeterminación de los isleños británicos” (Ex diputado y actual Embajador en la Unión Europea y Bélgica Fernando Iglesias); además de quien fue el responsable principal del Pacto Foradori-Duncan como Presidente de la nación (Mauricio Macri) que manifestó: “Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como Argentina” y “recuperar Malvinas sería un gasto” o, por último, las expresiones vertidas en el aniversario de la gesta de Malvinas de que “Tendría en cuenta la “decisión de los isleños” a sabiendas que no son parte según la ONU (Presidente Javier Milei y ex Canciller Diana Mondino), etc.  

Los gobiernos han puesto por delante del proceder heroico y patriótico de quienes combatieron en Malvinas, la calificación de aventura belicista, dejando de lado el reclamo histórico de soberanía y presentando a los combatientes como víctimas y no como héroes nacionales que pelearon para expulsar al invasor británico del territorio argentino de Malvinas.

Todo ello, también estuvo influido por el lamentable objetivo de debilitar el reclamo, con tal de lograr la reinserción de Argentina en los mercados de la Unión Europea y Estados Unidos. Política que centralmente estuvo dirigida por los Cancilleres Dante Caputo y su apoyo a la “fórmula inglesa del Paraguas”; Domingo Felipe Cavallo y su rol protagónico en los Acuerdos de Madrid y otros y, Guido Di Tella, con su célebre frase de “relaciones carnales” con Washington en los años 90; aunque esta última quedó minimizada con la relación más profunda e incondicional aún que lleva este gobierno presidido por Javier Milei con el Presidente Donald Trump de Estados Unidos y el Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu.   

Por cierto, en materia de invisibilizar la Cuestión Malvinas los Acuerdos de Madrid (1989-90) son centrales, ya que congelaron la soberanía de Malvinas mediante la fórmula del Paraguas y, es obvio, que ésta fue el eje central de la política de desmalvinización; porque lleva técnicamente a cero -en las condiciones y estrategias utilizadas- la posibilidad de discutir sobre la soberanía plena de Malvinas. Ello se profundizó con el Pacto de “Foradori-Duncan” (2016) donde se acordó “eliminar todos los obstáculos (léase entre otros la Disposición Transitoria Primera de la CN) para desarrollar Malvinas”, como si los archipiélagos ya estuviesen siendo administrados por la Argentina.

Dentro de los pocos actos de “malvinización” se encuentran las leyes de educación y capacitación de funcionarios (Ley 27.671); pero, no ha habido vocación del gobierno que la sancionó ni los siguientes de capacitar y, distintas organizaciones y Universidades han tenido que hacer un gran esfuerzo para aplicar la ley.

El poder político y los medios en general trataron a la guerra como un hecho lamentable -argumento inglés que deja de lado sus invasiones previas del territorio- y, perdieron de vista que, por fuera de la confrontación militar y la pérdida de combatientes nacionales, la Argentina, que hasta 1982, tenía invadidos unos 20.000 Km2 de su territorio, con posterioridad a la guerra, el Reino Unido amplió su invasión a 1.639.900 Km2 de territorios marítimos y, extrae anualmente 250.000 toneladas de recursos pesqueros valuados en unos mil millones de dólares FOB, a la par de iniciar las exploraciones petroleras a través de la empresa israelí Navitas-Petroleum.

La auto limitación de utilizar los medios diplomáticos en la negociación junto a “la fórmula del Paraguas” que congela la soberanía, es de por sí una estrategia que restringe y debilita las acciones que deberían llevarse adelante para desalentar al Reino Unido a mantener la invasión y, constituye un desmalvinización.

Todas estas cuestiones, acompañadas de una falta de difusión popular y formación en todos establecimientos educacionales y, la capacitación de los funcionarios públicos respecto a los derechos nacionales sobre los archipiélagos, las aguas correspondientes y la Antártida, han desculturalizado a los argentinos en estas cuestiones relativas al ejercicio pleno de la soberanía de Malvinas; que entonces, eran parte de acervo cultural de los argentinos.

En el otro extremo, a pesar de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional se admite la designación de funcionarios y la aprobación de los pliegos de legisladores que sostienen que las Malvinas son inglesas o las han perdido después de la guerra desconociendo al mismo tiempo la Res. 37/9 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1982 que indica todo lo contrario.

Se desmalviniza cuando en el cumpleaños (14/11/1948) del Rey Carlos III, “por la Gracia de Dios, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios, Rey, Jefe de la Mancomunidad y, Defensor de la Fe” (título que incluye a Malvinas) los funcionarios argentinos concurren al “besamanos” de la embajada del Reino Unido en Buenos Aires a saludar al monarca y celebrar los 200 años de relaciones diplomáticas (2025), en una muestra de sumisión total a un país invasor; a pesar, del Acta definitiva de la Declaración de nuestra Independencia que reza “libres de toda dominación extranjera” y, de las posteriores invasiones inglesas de 1806, 1807, 1833 y 1982 y, la ocupación nuestros espacios y explotación de nuestros recursos.

Igualmente, se desmalviniza, cuando se dicta la Ley 24.184 de protección y promoción de la inversión inglesa y se le da privilegios por sobre todos los países y, que encontrándose vencidos los plazos de la ley, no se la deroga.  

De la misma manera, se desmalviniza, cuando se crea un Consejo Nacional de Malvinas (Ley 27.558/20) y no se le otorga facultades para elaborar una estrategia destinada a ejecutar la Política de Estado definida en la Constitución Nacional y, cuando no se provee a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de un presupuesto acorde a la necesidad de disuadir la ocupación y explotación del mar y los archipiélagos argentinos.          

También, se desmalviniza, cuando el gobierno no tiene políticas de integración con Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y los Estados de África occidental, ni se llevan adelante políticas nacionales marítimas, mercantes, portuarias, pesqueras, de explotación offshore de hidrocarburos y relativas a la Antártida destinadas a aislar al Reino Unido en el Atlántico Suroccidental. Mientras ello ocurre, la embajada británica en la Argentina, grotescamente, promueve la relación con nuestros países vecinos e invita a estudiantes argentinos y de éstos a “conocer a sus vecinos” los isleños británicos, ocupantes ilegales de nuestro territorio insular y marítimo.

Además, se desmalviniza, al generar agobio nacional e internacional, cuando por toda política en más de 60 años, la Cancillería Argentina no ha hecho otra cosa que reclamar infructuosamente al Reino Unido que se disponga a negociar con la Argentina, mientras en paralelo, el gobierno se alinea con los países de la OTAN que en general no han apoyado a la Argentina en esta materia; a punto tal, que en su oportunidad admitieron al momento de aprobarse en 1907/9 el Tratado de Lisboa donde la Unión Europea reconoce los auto-llamados territorios británicos de ultramar, donde se incluían a las Malvinas, la Antártida, etc.

En la práctica, la malvinización ha sido mantenida y promovida centralmente por aquellos intervinientes en la Guerra de Malvinas que lograron superar esa dolorosa gesta y, se asumen no solo como Veteranos de la Guerra, sino como combatientes activos de la Causa Malvinas, entendiendo que la rotura de la integridad territorial nacional por parte del Reino Unido es una afrenta a la dignidad de todos los argentinos; un desprecio a todos los patriotas que dieron su vida -en especial los que cayeron defendiendo la nación en Malvinas- y una humillación inadmisible a la Patria.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar