César Augusto Lerena*

El ordinario tecnicismo del economista y Presidente Javier Milei referido al comercio: «se van a meter los productos en el orto» (Neura Media, 15/04/2025). Una acepción que en la Argentina no se refiere precisamente a la salida del sol y que ya se advirtió cuando la industria pesquera nacional se resistió a la Reforma de Pesca que establecía la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que, más que dar libertad a los argentinos otorgaba libertad total a los buques extranjeros para pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina, no descargar sus capturas en los puertos argentinos, utilizar buques de cualquier antigüedad y tripulantes extranjeros. Una política que siguiendo con los argentinismos podríamos denominar de «boluda total» y que solo unos pocos países bananeros en el mundo aplican: Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y algunos países africanos, que no tienen desarrollada su flota, su industria ni sus mercados pesqueros; no es el caso de Argentina que posee un gran desarrollo en la temática.

Las declaraciones del ministro reorganizador Federico Sturzenegger calificando al sector de «ladrón» y afirmando que «se llevan el pescado de todos los argentinos» (Radio Mitre, 17/10/24) cierran estas ideas descalificadoras e imprecisas ya que la pesca no tributa solo el 0,2% como este ministro manifestó, sino que previo al aumento de los derechos a la extracción el sector «ya aportaba el 35% de las ventas» (Karina Fernández, Revista Puerto, 30/01/2024).

Como en su oportunidad dijimos, el rechazo de este proyecto de extranjerización irrestricto del mar, no será gratis para la industria pesquera (César Lerena «Enajenar los bienes del Estado…”, 08/02/2024). La revancha será terrible y la forma que el gobierno la materializa es mediante una política económica e impositiva que destruye la producción pesquera argentina. Un dólar anclado, con o sin banda de flotación, un sinnúmero de impuestos; retenciones a las exportaciones (DEX) del 3 al 9%; derechos de captura (DUE) de 80,53 a 509,38% según la especie; tasas de inspección, servicios portuarios, etc.; servicios de energía (+268% en 2024); gas (entre 150 y 460% en 2024); agua (+317,22% en 2024); gasoil (+275% en 2024); fletes (+85%), etc. y, el continuo aumento de costos internos de insumos, los salarios, etc. hacen inviables las concesiones de explotación pesquera. El sector pesquero industrial compite con los mercados más exigentes del mundo quienes fijan los precios, pese a la errática e inconsistente política económica argentina y un dato no menor: la pesca no es ilimitada y debe ser sostenible para asegurar los recursos a las generaciones futuras; pero, la situación actual parece inviable.

En aquella ocasión señalamos que «hubo intencionalidad, perversidad, audacia y desprecio para la industria nacional» y presagiamos: «señores empresarios no se distraigan, el gobierno insistirá, nada volverá a fojas cero»; aunque, nunca imaginamos que sería mediante tan semejante “mala praxis” con olor a vendetta. El Consejo Federal Pesquero ―el responsable según la Ley 24.922 de fijar las políticas pesqueras― y el Subsecretario de Pesca su presidente, han demostrado su incapacidad para administrar la actividad, conforme las variables internas y las relativas al mercado internacional y han puesto al sector ―según las principales Cámaras Empresarias― en la crisis más profunda de su historia.

La Argentina exportó en 2024 unas 540.000 toneladas por valor de US$ 2 mil millones, es decir, un promedio de US$ 3.704 la tonelada que se mantiene en los últimos diez años; mientras los costos internos de la captura y la industria pesquera argentina crecen en forma continua, junto a un dólar devaluado, con el agravante que el consumo interno con 4,9 Kg per cápita por año es el más bajo de Latinoamérica y ello también tiene relación con las pésimas políticas nacionales.

La Argentina destina un 95% de la producción nacional pesquera a la exportación y, la Unión Europea, Estados Unidos y los países asiáticos que importan pescados, crustáceos (langostino) y moluscos (calamar) colocan aranceles a los productos pesqueros terminados; siendo España, China y Estados Unidos los principales compradores de pescados argentinos.

El producto que más dólares aporta a la Argentina es el langostino, comprado principalmente por España, Italia y China. El calamar, por su parte, lo adquieren mayoritariamente China, Corea del Sur y Singapur. Estados Unidos a su vez, es comprador de Merluza común (hubbsi), Merluza Negra, Merluza de cola y, Corvina. Y, siendo, el tercer comprador de productos argentinos acaba de agregarle un nuevo arancel del 10% a las importaciones desde Argentina, que provocará un mayor quebranto a la empresa pesquera del país (de capital nacional o extranjero).

Los pescados, crustáceos y moluscos están entre los diez productos argentinos exportados a Estados Unidos que más dólares aportan al país y, están en tercer lugar en las exportaciones totales, luego de España y China; a pesar de ello el gobierno argentino le coloca el 6% de retenciones, lo cual demuestra la falta de políticas para compensar los gravámenes proteccionistas extraordinarios que le colocan importadores, como Estados Unidos; pero, que debería tenerse en cuenta no solo en este caso sino en todos las oportunidades que los países importadores coloquen aranceles para evitar el ingreso a precios competitivos de nuestro país. Es de esperar que la crisis se agrave porque el aumento general de los alimentos podría producir una disminución de la demanda en aquel país.

Con un mecanismo absolutamente empírico el 4 de abril de 2024 el gobierno llevó las Unidades de Pesca (UP) de $ 376 a $935, lo que representa un aumento del 148%; de forma que todos los valores referidos a esta UP aumentarán en la misma proporción. Se trata de un valor relacionado al costo del litro del gasoil grado 2; de tal manera, que además de aumentar en forma creciente el valor del combustible y sus impuestos -un insumo esencial de la actividad- se encarecerán exponencialmente todos los costos de las operaciones de pesca.

El medio especializado Pescare (04(04/2024) precisa que, a la pesca, contrario a lo que ocurre en la extracción de petróleo, gas y otros minerales, se le cobra un «Derecho Único de Extracción» (DUE), a pesar de que esos recursos no son renovables como en la pesca. Una observación interesante, sobre la que habría que ampliar.

Como hemos dicho el Consejo Federal Pesquero no ha evaluado sus costos ni los de la Subsecretaría de Pesquera en materia de administración, investigación y control, a la hora de determinar el valor del derecho a la extracción (DUE) de los recursos pesqueros. Es decir, se le impone a la captura una tasa en forma empírica encareciendo los costos de producción que, dicho sea de paso, no pagan los buques extranjeros que pescan subsidiados los recursos migratorios argentinos ilegalmente (alta mar y Malvinas) luego compiten en los mismos mercados internacionales.

Hay que tener en cuenta, que el Estado otorga en concesión la explotación de la pesca, de modo tal de aprovechar la disponibilidad de los recursos pesqueros en el mar argentino, generando riqueza, empleo y desarrollo poblacional e industrial en las regiones del litoral marítimo. Es obvio entonces, que esa explotación debe generar una rentabilidad al concesionario y no pérdidas, porque se desalentaría la actividad y las inversiones en la región. Motivo por lo cual, todos los impuestos, derechos y tasas deben estar destinados a solventar los gastos básicos de administración general, investigación y control y no a generar utilidades al Tesoro Nacional con todo este tipo de tributos colocados en forma arbitraria. Todo ello es además una extracción a las provincias donde las empresas están radicadas impidiendo nuevas inversiones.

Por si fuera poco, en medio de este festival de impuestos, derechos y tasas, Néstor Saldivia nos indica (Revista Puerto) que “China no está comprando langostino a la Argentina”, lo cual no es un dato menor, ya que en 2024 fue el tercer importador de langostino nacional.

En vistas a esta situación que afecta especialmente al procesamiento de las materias primas en las plantas procesadoras de las provincias el Consejo Federal Pesquero, a instancias de la Cámara Argentina de Armadores de altura (CAABPA) y la Cámara de la Industria (CAIPA) y, fundado en la caída de los mercados, salarios, aumentos de combustibles, los precios internacionales, etc. redujo por 180 días un 20% el Derecho Único de Extracción (DUE) a aquellas trasformaciones que se realizan en las plantas industrias en tierra, a excepción del abadejo, el calamar y los tiburones. Y es contradictorio exigiéndose una transformación de un porciento de las capturas de calamar se procese en las plantas en tierra se exceptué a esta especie de esta disminución del DUE, desalentando el proceso de elaboración generación de empleo.

Por cierto, si bien el gasoil es un insumo muy importante en la pesca, la actualización de los impuestos, tasas y derechos a través del costo del gasoil es incorrecto, porque el encarecimiento de este insumo incrementa aún más los costos de las operaciones. Por supuesto, que se paguen los impuestos con que se gravan los combustibles agregan costos a las exportaciones pesqueras; pero, además, colocan en una situación de desventaja a las empresas nacionales en relación a las flotas pesqueras extranjeras que pescan subsidiados a distancia los recursos pesqueros migratorios argentinos.

Por ello, al tiempo de eliminar las retenciones en forma equivalente a los aranceles de importación que en los distintos mercados sufran los productos, se debieran eliminar los impuestos aplicados al gasoil a los buques pesqueros fresqueros y, a los congeladores nacionales que pesquen en alta mar.

En necesario también tener en cuenta que los insumos que utiliza la pesca (repuestos diversos, plásticos, cartón corrugado, cajones, redes, cables, acero inoxidable, hielo, fletes, gasoil, servicios de gas, energía y agua, servicios portuarios, mantenimientos diversos, etc.) han subido, mientras el dólar se ha mantenido estable y, a su vez, los procesos realizados en las plantas industriales en tierra utilizan más personal que los realizados a bordo, de modo tal que su rentabilidad se agrava.

Es impostergable en este estado de cosas suspender ―hasta evaluar los costos de administración, investigación y control de Estado― el pago de los Derechos Únicos de Extracción (DUE) y reducirlos si los resultados de ese análisis superan esos costos. Al respecto hay que apreciar que estos derechos son aproximadamente un 300% más altos que los que aplican otros países pescadores del mundo.

Por otra parte, si bien las correcciones al dólar pueden ser importantes, no son suficientes; por lo tanto, hay que revisar la matriz de los costos del Estado y los de la explotación, teniendo en cuenta las inversiones y el empleo que se genera, asegurando empresas concesionarias sanas, cualquiera sea su importancia.

Las empresas indican que han perdido millones de dólares tanto por mantener la flota pesquera parada como por salir a pescar a pérdida, considerando la crisis «la más importante de su historia»; en ese sentido, se han pronunciado todas las Cámaras Empresarias del País: la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA); la Cámara de Armadores de Poteros de Argentina; la Cámara de la Industria Pesquera Argentina; la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura; el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA); la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca, la Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras; la  Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos.

Los propios gremios han propuesto reducción de impuestos ya que entienden que colisionan con sus propias remuneraciones y dificultan el comercio pesquero.

En cualquier caso, es hora que estas concesiones, se diseñen como consorcios con la participación de todos los actores y de modo tal que las políticas no impidan competir en el mundo a los productos pesqueros argentinos que reúnen todas las condiciones de calidad y seguridad alimentaria que requieren los consumidores más exigentes.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar