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LA POLÍTICA NACIONAL DESTRUYE LA INDUSTRIA PESQUERA

César Augusto Lerena*

El ordinario tecnicismo del economista y Presidente Javier Milei referido al comercio: «se van a meter los productos en el orto» (Neura Media, 15/04/2025). Una acepción que en la Argentina no se refiere precisamente a la salida del sol y que ya se advirtió cuando la industria pesquera nacional se resistió a la Reforma de Pesca que establecía la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que, más que dar libertad a los argentinos otorgaba libertad total a los buques extranjeros para pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina, no descargar sus capturas en los puertos argentinos, utilizar buques de cualquier antigüedad y tripulantes extranjeros. Una política que siguiendo con los argentinismos podríamos denominar de «boluda total» y que solo unos pocos países bananeros en el mundo aplican: Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y algunos países africanos, que no tienen desarrollada su flota, su industria ni sus mercados pesqueros; no es el caso de Argentina que posee un gran desarrollo en la temática.

Las declaraciones del ministro reorganizador Federico Sturzenegger calificando al sector de «ladrón» y afirmando que «se llevan el pescado de todos los argentinos» (Radio Mitre, 17/10/24) cierran estas ideas descalificadoras e imprecisas ya que la pesca no tributa solo el 0,2% como este ministro manifestó, sino que previo al aumento de los derechos a la extracción el sector «ya aportaba el 35% de las ventas» (Karina Fernández, Revista Puerto, 30/01/2024).

Como en su oportunidad dijimos, el rechazo de este proyecto de extranjerización irrestricto del mar, no será gratis para la industria pesquera (César Lerena «Enajenar los bienes del Estado…”, 08/02/2024). La revancha será terrible y la forma que el gobierno la materializa es mediante una política económica e impositiva que destruye la producción pesquera argentina. Un dólar anclado, con o sin banda de flotación, un sinnúmero de impuestos; retenciones a las exportaciones (DEX) del 3 al 9%; derechos de captura (DUE) de 80,53 a 509,38% según la especie; tasas de inspección, servicios portuarios, etc.; servicios de energía (+268% en 2024); gas (entre 150 y 460% en 2024); agua (+317,22% en 2024); gasoil (+275% en 2024); fletes (+85%), etc. y, el continuo aumento de costos internos de insumos, los salarios, etc. hacen inviables las concesiones de explotación pesquera. El sector pesquero industrial compite con los mercados más exigentes del mundo quienes fijan los precios, pese a la errática e inconsistente política económica argentina y un dato no menor: la pesca no es ilimitada y debe ser sostenible para asegurar los recursos a las generaciones futuras; pero, la situación actual parece inviable.

En aquella ocasión señalamos que «hubo intencionalidad, perversidad, audacia y desprecio para la industria nacional» y presagiamos: «señores empresarios no se distraigan, el gobierno insistirá, nada volverá a fojas cero»; aunque, nunca imaginamos que sería mediante tan semejante “mala praxis” con olor a vendetta. El Consejo Federal Pesquero ―el responsable según la Ley 24.922 de fijar las políticas pesqueras― y el Subsecretario de Pesca su presidente, han demostrado su incapacidad para administrar la actividad, conforme las variables internas y las relativas al mercado internacional y han puesto al sector ―según las principales Cámaras Empresarias― en la crisis más profunda de su historia.

La Argentina exportó en 2024 unas 540.000 toneladas por valor de US$ 2 mil millones, es decir, un promedio de US$ 3.704 la tonelada que se mantiene en los últimos diez años; mientras los costos internos de la captura y la industria pesquera argentina crecen en forma continua, junto a un dólar devaluado, con el agravante que el consumo interno con 4,9 Kg per cápita por año es el más bajo de Latinoamérica y ello también tiene relación con las pésimas políticas nacionales.

La Argentina destina un 95% de la producción nacional pesquera a la exportación y, la Unión Europea, Estados Unidos y los países asiáticos que importan pescados, crustáceos (langostino) y moluscos (calamar) colocan aranceles a los productos pesqueros terminados; siendo España, China y Estados Unidos los principales compradores de pescados argentinos.

El producto que más dólares aporta a la Argentina es el langostino, comprado principalmente por España, Italia y China. El calamar, por su parte, lo adquieren mayoritariamente China, Corea del Sur y Singapur. Estados Unidos a su vez, es comprador de Merluza común (hubbsi), Merluza Negra, Merluza de cola y, Corvina. Y, siendo, el tercer comprador de productos argentinos acaba de agregarle un nuevo arancel del 10% a las importaciones desde Argentina, que provocará un mayor quebranto a la empresa pesquera del país (de capital nacional o extranjero).

Los pescados, crustáceos y moluscos están entre los diez productos argentinos exportados a Estados Unidos que más dólares aportan al país y, están en tercer lugar en las exportaciones totales, luego de España y China; a pesar de ello el gobierno argentino le coloca el 6% de retenciones, lo cual demuestra la falta de políticas para compensar los gravámenes proteccionistas extraordinarios que le colocan importadores, como Estados Unidos; pero, que debería tenerse en cuenta no solo en este caso sino en todos las oportunidades que los países importadores coloquen aranceles para evitar el ingreso a precios competitivos de nuestro país. Es de esperar que la crisis se agrave porque el aumento general de los alimentos podría producir una disminución de la demanda en aquel país.

Con un mecanismo absolutamente empírico el 4 de abril de 2024 el gobierno llevó las Unidades de Pesca (UP) de $ 376 a $935, lo que representa un aumento del 148%; de forma que todos los valores referidos a esta UP aumentarán en la misma proporción. Se trata de un valor relacionado al costo del litro del gasoil grado 2; de tal manera, que además de aumentar en forma creciente el valor del combustible y sus impuestos -un insumo esencial de la actividad- se encarecerán exponencialmente todos los costos de las operaciones de pesca.

El medio especializado Pescare (04(04/2024) precisa que, a la pesca, contrario a lo que ocurre en la extracción de petróleo, gas y otros minerales, se le cobra un «Derecho Único de Extracción» (DUE), a pesar de que esos recursos no son renovables como en la pesca. Una observación interesante, sobre la que habría que ampliar.

Como hemos dicho el Consejo Federal Pesquero no ha evaluado sus costos ni los de la Subsecretaría de Pesquera en materia de administración, investigación y control, a la hora de determinar el valor del derecho a la extracción (DUE) de los recursos pesqueros. Es decir, se le impone a la captura una tasa en forma empírica encareciendo los costos de producción que, dicho sea de paso, no pagan los buques extranjeros que pescan subsidiados los recursos migratorios argentinos ilegalmente (alta mar y Malvinas) luego compiten en los mismos mercados internacionales.

Hay que tener en cuenta, que el Estado otorga en concesión la explotación de la pesca, de modo tal de aprovechar la disponibilidad de los recursos pesqueros en el mar argentino, generando riqueza, empleo y desarrollo poblacional e industrial en las regiones del litoral marítimo. Es obvio entonces, que esa explotación debe generar una rentabilidad al concesionario y no pérdidas, porque se desalentaría la actividad y las inversiones en la región. Motivo por lo cual, todos los impuestos, derechos y tasas deben estar destinados a solventar los gastos básicos de administración general, investigación y control y no a generar utilidades al Tesoro Nacional con todo este tipo de tributos colocados en forma arbitraria. Todo ello es además una extracción a las provincias donde las empresas están radicadas impidiendo nuevas inversiones.

Por si fuera poco, en medio de este festival de impuestos, derechos y tasas, Néstor Saldivia nos indica (Revista Puerto) que “China no está comprando langostino a la Argentina”, lo cual no es un dato menor, ya que en 2024 fue el tercer importador de langostino nacional.

En vistas a esta situación que afecta especialmente al procesamiento de las materias primas en las plantas procesadoras de las provincias el Consejo Federal Pesquero, a instancias de la Cámara Argentina de Armadores de altura (CAABPA) y la Cámara de la Industria (CAIPA) y, fundado en la caída de los mercados, salarios, aumentos de combustibles, los precios internacionales, etc. redujo por 180 días un 20% el Derecho Único de Extracción (DUE) a aquellas trasformaciones que se realizan en las plantas industrias en tierra, a excepción del abadejo, el calamar y los tiburones. Y es contradictorio exigiéndose una transformación de un porciento de las capturas de calamar se procese en las plantas en tierra se exceptué a esta especie de esta disminución del DUE, desalentando el proceso de elaboración generación de empleo.

Por cierto, si bien el gasoil es un insumo muy importante en la pesca, la actualización de los impuestos, tasas y derechos a través del costo del gasoil es incorrecto, porque el encarecimiento de este insumo incrementa aún más los costos de las operaciones. Por supuesto, que se paguen los impuestos con que se gravan los combustibles agregan costos a las exportaciones pesqueras; pero, además, colocan en una situación de desventaja a las empresas nacionales en relación a las flotas pesqueras extranjeras que pescan subsidiados a distancia los recursos pesqueros migratorios argentinos.

Por ello, al tiempo de eliminar las retenciones en forma equivalente a los aranceles de importación que en los distintos mercados sufran los productos, se debieran eliminar los impuestos aplicados al gasoil a los buques pesqueros fresqueros y, a los congeladores nacionales que pesquen en alta mar.

En necesario también tener en cuenta que los insumos que utiliza la pesca (repuestos diversos, plásticos, cartón corrugado, cajones, redes, cables, acero inoxidable, hielo, fletes, gasoil, servicios de gas, energía y agua, servicios portuarios, mantenimientos diversos, etc.) han subido, mientras el dólar se ha mantenido estable y, a su vez, los procesos realizados en las plantas industriales en tierra utilizan más personal que los realizados a bordo, de modo tal que su rentabilidad se agrava.

Es impostergable en este estado de cosas suspender ―hasta evaluar los costos de administración, investigación y control de Estado― el pago de los Derechos Únicos de Extracción (DUE) y reducirlos si los resultados de ese análisis superan esos costos. Al respecto hay que apreciar que estos derechos son aproximadamente un 300% más altos que los que aplican otros países pescadores del mundo.

Por otra parte, si bien las correcciones al dólar pueden ser importantes, no son suficientes; por lo tanto, hay que revisar la matriz de los costos del Estado y los de la explotación, teniendo en cuenta las inversiones y el empleo que se genera, asegurando empresas concesionarias sanas, cualquiera sea su importancia.

Las empresas indican que han perdido millones de dólares tanto por mantener la flota pesquera parada como por salir a pescar a pérdida, considerando la crisis «la más importante de su historia»; en ese sentido, se han pronunciado todas las Cámaras Empresarias del País: la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA); la Cámara de Armadores de Poteros de Argentina; la Cámara de la Industria Pesquera Argentina; la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura; el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA); la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca, la Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras; la  Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos.

Los propios gremios han propuesto reducción de impuestos ya que entienden que colisionan con sus propias remuneraciones y dificultan el comercio pesquero.

En cualquier caso, es hora que estas concesiones, se diseñen como consorcios con la participación de todos los actores y de modo tal que las políticas no impidan competir en el mundo a los productos pesqueros argentinos que reúnen todas las condiciones de calidad y seguridad alimentaria que requieren los consumidores más exigentes.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar

 

 

PROYECTOS RELATIVOS AL ATLÁNTICO SUR, MALVINAS Y PESCA (2025)

César Augusto Lerena*

Los últimos días del año pasado y los primeros de 2025 los he dedicado a reflexionar sobre los efectos de mi prédica sobre las cuestiones relativas al Atlántico Sur.

En forma incipiente desde 1972 y continua desde 1976 he escrito miles de artículos sobre estos temas y otros relativos a la alimentación; habiendo publicado 29 libros ―el último «El Saqueo» el 2 de julio de 2024― además de participar en cientos de conferencias, entrevistas radiales y televisivas. Solo en los últimos diez años publiqué 540 artículos que levantaron medios nacionales y portales de todas las provincias argentinas. Además, en las redes de Twitter y Facebook difundí más de diez mil opiniones sobre los temas de actualidad en la especialidad, sumando las publicaciones que forma parte de mi blog (cesarlerena.com.ar) donde pueden encontrarse los libros y escritos de los últimos cinco años. Ello no me impidió participar en varios grupos de trabajo que defienden los intereses y la soberanía nacional y elaborar ―en algunos casos― con la colaboración de otros profesionales destacados, más de dos docenas de leyes, muchas de ellas relevantes, tales como la Ley Nacional de Pesca Marítima (S-2259/14), la Ley de Acceso Universal al Agua (S-3657/14), la Ley Solidaria de Acceso a la Alimentación de Sostén (S-1677/15), la Ley de Protección Ambiental y Salud Pública en la utilización de los Agroquímicos y sus residuos (S-3032/16), la Ley Nacional de Marina Mercante y Flota Fluvial (Nº 27.419), la Ley Nacional de la Industria Naval Pesquera (Nº 27.418) y otras; siendo coautor del artículo 1º de la Ley 24.922 y autor de la Ley de Pesca de Provincia de Buenos Aires vigente (Nº 11.477). He contribuido modestamente a instalar estos temas en numerosos medios de la Argentina desde Jujuy a Tierra del Fuego y de Mendoza a Buenos Aires, resaltando el rol central que tiene esta temática en la radicación poblacional, industrial, laboral y en la soberanía de la Nación y la autonomía de las provincias del litoral marítimo y las fluviales del Paraná y el Río de la Plata.

Los argentinos sin voz han llevado a las redes sus opiniones y éstas llegan como un alud a los lectores y si bien ello es muy saludable, su lectura resulta prácticamente imposible por su volumen, diversidad e importancia, no permitiendo una reflexión adecuada, además de que los escritos suelen reducirse a la denuncia o al diagnóstico ―no siempre acertado y sobre hechos consumados― sin ponerse en práctica aquellas conocidas palabras del filósofo español José Ortega y Gasset (1883-1955) «¡Argentinos, a las cosas, a las cosas!».

Por otra parte, frente a un gobierno de corte autoritario, vulgar y desnacionalizador, una contraparte que repite la misma estrategia que la llevó al fracaso, con los mismos referentes que ya han sido incapaces de formular un plan nacional unificador y novedoso. Portadores de una imagen pésima como muestran todas las encuestas.         

TENGO PLENA CONCIENCIA DE QUE EL ESFUERZO DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS Y DE OTROS TANTOS AUTORES COMPROMETIDOS, RESULTA INSUFICIENTE Y NO ALCANZA PARA REVERTIR ―EN ESTAS MATERIAS― LA TREMENDA DECADENCIA DE LA POLÍTICA Y LA FALTA DE UNA DIRIGENCIA QUE ENCARNE UN PROYECTO NACIONAL AL SERVICIO DE LA PRODUCCIÓN, LA INDUSTRIA, EL BIENESTAR DE LOS ARGENTINOS Y RESGUARDE LA INDEPENDENCIA Y LA SOBERANÍA NACIONAL.

Nunca he servido como comentarista de la realidad y, a pesar de tener una clara pertenencia política, ello no me ha impedido cuestionar las acciones de propios y ajenos, lo que ciertamente, en la mirada corta de algunos referentes de mediana estatura política observan ello como un atentado al verticalismo ovejuno que desprecio.      

Tengo clara una estrategia nacional después de tantos años de consultoría empresaria, gremial y de participación pública, abrevándome en numerosos intelectuales y en las fuerzas del trabajo vinculado a la actividad marítima, pesquera y política. Es muy posible que la táctica utilizada para promover las acciones ―reiteradamente propiciadas― no hayan sido las adecuadas en un mundo donde el apoyo económico y los medios son centrales para producir los cambios y donde numerosos actores se resisten, por aquello de Macchiavello: «nada es más difícil de llevar a cabo, ni de éxito más dudoso, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden de cosas».

Atento a ello y a pocos años de convertirme en un octogenario, durante 2025 limitaré mis artículos semanales a solo hechos extraordinarios, del mismo modo que ―valorando y agradeciendo el apoyo prestado por cientos de periodistas de distintos medios― durante este año no habré de conceder entrevistas. Me apresuro a decir ―para evitar suspicacias― que repudio toda política que se aparte de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política y, como en el herraje, hay que saber pegarle al yunque y colocar los siete clavos en las caras del casco, concentraré mis acciones en los siguientes ejes:

– La Resolución de la Pesca Ilegal en el Atlántico Sur.

– La denuncia penal a las empresas y funcionarios argentinos por la pesca ilegal en Malvinas. El caso España.

– La recuperación del territorio marítimo y los recursos pesqueros y petroleros del mar de Buenos Aires, en base a los fundamentos ya explicitados en el libro «El Saqueo».

– Perfeccionamiento del Plan Nacional de fortalecimiento de la Administración Argentina del Atlántico Sur.

– La promoción de la nueva ley de Pesca y de Acuicultura de Nación reformadora de la Ley 24.922.   

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar.

PESCA. FUNCIONARIOS INEPTOS Y EMPRESARIOS SIN ESTRATEGIA

César Augusto Lerena*

El gobierno lleva adelante una política de desindustrialización y un proyecto aperturista; frente a ello, el sector empresario pesquero continúa con una política gremial atomizada, dubitativa y vetusta que aplica un modelo extractivo y exportador de escaso valor, muy lejos del resto de las exportaciones de recursos naturales. La pesca es una actividad desconocida y desvalorizada por funcionarios y consumidores. Mientras Coca-Cola sigue promoviendo sus productos, las bondades de la pesca no existen o solo tienen difusión nacional las noticias negativas.

La evidencia más antigua de la pesca se acaba de descubrir en grabados de redes y pescados de unos 15.800 años a orillas del Rin. Es decir, el período Paleolítico Superior, donde se manifiesta que la explotación de esta especie, no solo era una cuestión de subsistencia, sino que tenía un significado cultural y simbólico; sin embargo, se agotará en el Atlántico Suroccidental, si los gobiernos, empresarios y gremios, no modifican el modelo político, productivo y gremial-empresario imperante en Argentina desde la década del 60.

¿Los empresarios se habrán enterado que las reglas cambiaron? No tienen políticas de revalorización de la actividad; no avanzan sobre el manejo efectivo de la actividad y siguen con métodos predigitales frente a políticas cognitivas y de irrupción de las redes sociales.

El Consejo Federal Pesquero no es federal ni concentra el poder de la decisión. El subsecretario de Pesca carece de poder. Ha sido y es parte del problema. Ello diluye el ámbito de negociación, en especial cuando los representantes de las provincias no han siendo capaces de diseñar una estrategia común. Su poder parece delegado a un cuerpo que carece de tal atributo y solo es el mascarón de proa formalizando decisiones tomadas fuera de ese ámbito.     

El poder sectorial y la fragmentación empresaria. La multiplicidad de Cámaras y alguna Asociación por fuera de ellas, debilita el poder del sector. La “Intercámaras” parece suscribiendo el interés de todos ―parece una alianza electoral― pero, ello no alcanza ya que no logra expresar un verdadero poder de la actividad. Juntar Cámaras para suscribir una nota defensiva o recorrer despachos no agrega potencia a la voz ni mucho menos muestra la importancia del sector que requiere de un proyecto que esté por delante de las iniciativas gubernamentales que desconocen las particularidades del sector y, sobre todo, necesita de una evolución empresaria efectiva que pueda ser ponderada y no cuestionada. Cualquier funcionario desinformado califica a este sector como “mafioso que explota el recurso pesquero en forma gratuita”, mientras el sector sigue aferrado a un proyecto pre-industrial iniciado hace sesenta años, fácilmente atacable. No se cambia esta imagen con la botadura de un importante buque, con la construcción de una planta industrial o con fotos de empresarios reunidos en una feria internacional. Es “cartón pintado”, por el que se invierten miles de dólares para que luego un Subsecretario “que nunca pagó un salario” establezca la política pesquera, a la par de decir, que si fuera por él ya se hubieran adjudicado las cuotas de pesca. Pasamos de “El estado soy yo” de Luis XIV en 1655 a funcionarios que no representan el poder político ni a las empresas. Es poco serio por parte de los gobernantes, pero también de los empresarios y las provincias que no parecieran entender que de una buena administración de este recurso dependen los pueblos, las industrias, los trabajadores y proveedores y, la custodia soberana argentina de territorios muy vulnerables de la República.

Las empresas integradas en Cámaras están divididas por tipos de buques, por especies, por plantas exportadoras, por su radicación y tipo de proceso, por un conjunto de empresas que consideran que se agrupan asociadas porque entienden que son las que mayor volumen producen y exportan y, otras empresas que han formado nuevas cámaras por diferencias de distinto tipo entre empresas. A ello se agregan empresas que no están asociadas y a la intervención individual de algunos empresarios que circunstancialmente por vínculos personales están cerca del gobierno de turno.   

Ello lleva a debates con conclusiones parciales, retaceadas y a asociaciones coyunturales y transitorias frente al conflicto y no a la necesidad de elaborar una estrategia permanente que contemple el interés de todos. Aquí no aplica el “río revuelto ganancia de pescadores”, sino por el contrario el gobierno se refriega las manos al pie de los muelles, ya que esta política empresaria es errónea, claramente negativa frente a un gobierno que fragmenta (divide y reinarás) y no analiza detalles sino los números finales, muchos de los cuales, será tarde evaluarlos luego de cuatro años de gestión.     

La pesca ilegal extranjera. No se escucha a un solo empresario referirse a la pesca ilegal que se realiza sobre los recursos migratorios o asociados en alta mar o en Malvinas, pese a que esa pesca afecta la economía, al ecosistema y necesariamente la pesca en la ZEE. No hay un solo plan gubernamental ni empresario para promover la pesca nacional en alta mar, eliminando subsidios, pago de derechos y acciones defensivas para contrarrestar la pesca subsidiada a distancia. Pareciera que los empresarios simplemente aceptan las reglas de juego que les impone el gobierno de turno y, aplican la reiterada consigna que ha estado vigente hasta ahora; aunque el “no hagan olas” no esté funcionando.

El libre acceso de buques extranjeros, las licitaciones, la vigencia y aumento de las cuotas de captura. El Poder Ejecutivo retiró el proyecto de ley ómnibus que extranjerizaría el mar argentino, pero no parece dispuesto a renunciar a sus intenciones y cumplirlas por otras vías. Federico Sturzenegger, el cerebro y ministro desregulador insiste en mencionar al sector pesquero argentino como un ámbito mafioso. Calificativo que mucha gente concuerda y que ya sostenía hace 35 años atrás el entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá (F.S. “Peronismo, Pampa y Peligro” p. 109-115, Ariel, 2018). El calificativo no ayuda, aunque también hay sectores prebendarios del Estado y empresarios de otros rubros que se los ve mal en la Argentina y no se los destrata, como diría Mirtha Legrand.   

Abrir el mar argentino a flotas extranjeras o colocar derechos a la captura sin analizar costos, retenciones, precios de comercialización; rentabilidad, etc., puede tener el mismo efecto: dificultar la sustentabilidad de las empresas nacionales y ceder las capturas a buques extranjeros que para hacerse de las proteínas pescan a pérdida o usan la actividad por razones geopolíticas. El aumento de los derechos de extracción (DUE) de 0,15 a 3,5 (Roberto Garrone, Punto Noticias, 17/11/24) es una muestra. Ello contrasta con los desproporcionados fondos aplicados a la administración (Autoridad de Aplicación, el Consejo Federal Pesquero y la Nación) en relación a cualquier actividad productiva.

Las cuotas y autorizaciones están en manos de funcionarios en tránsito, sin la voz de quienes invierten, contratan personal y generan riqueza. Digamos, que el manejo oficial de la administración pesquera está en poder de burócratas y, los pescadores profesionales y los históricos usan procedimientos que, durante décadas les sirvió (y evito decir cuáles eran), pero que hoy son absolutamente ineficaces. El sector empresario pesquero no parece darse por enterado.

Los años de vigencia de las cuotas debieran ser proporcionales a las inversiones realizadas y especialmente de aquellas a realizar. Podrían ser 15 años, si el análisis del proyecto de cada empresa lo amerita; pero, llevar a un año la vigencia, carece de toda seriedad y estaría demostrando que el gobierno no conoce los pormenores de la actividad o que está pensando llevar adelante un proceso licitatorio, sobre el que ya nos hemos expresado.

Las exportaciones, la acuicultura y la generación de empleo. El sector pesquero dirige su producción a la exportación, aunque no tenga una representación importante en el complejo exportador argentino en el que solo alcanza el 2,5% de las exportaciones totales (INDEC, primer semestre 2024), donde se destacan con el 73,7% los langostinos y calamares y un 24,4% los pescados blancos. Exportaciones muy por debajo de sus vecinos Brasil, Chile, Perú, etc. Y, mientras que en la producción total mundial pesquera la acuicultura y maricultura alcanzan al 50%, en la Argentina están por debajo del 2%. De esto no se habla y debería ser una política prioritaria argentina para triplicar las exportaciones y la ocupación de mano de obra en todo el territorio nacional.     

El hábito alimentario y el consumo interno. El 90% de la producción argentina se exporta y pese a que el gobierno debe administrar el recurso, nada hace para redireccionar una cuota-parte al consumo interno. Mientras los médicos nutricionistas y cardiólogos entienden que para mejorar la dieta el pescado debería consumirse tres veces por semana, la Subsecretaría de Pesca insólitamente promueve consumir pescado los días 19 de cada mes (Resolución 42/19). En un país donde los consumidores no conocen las bondades del pescado no puede esperarse que los funcionarios lleven políticas activas que acrediten el valor de esta industria. En la Argentina hay consumo per cápita anual de 4,8 Kg. Es el país con más bajo consumo en Suramérica que llega a un promedio de 9,8 Kg. Salvo algunos casos puntuales los empresarios no prestan atención al mercado local. Ni siquiera en las ciudades portuarias y pesqueras el consumo es mayor. Los programas sociales no tienen contemplado este alimento, pese a su alta calidad proteica y de grasas insaturadas y, la compra de los consumidores del pescado es reactiva ya que no está contemplada dentro de las compras programadas del hogar. Gobierno y empresarios son responsables de esto y, ello también, hace a la imagen del sector.

La reforma de la ley 24.922. La ley nació en 1998 y tuvo su rol en esos años. Después de 28 años de su sanción, en una actividad en discusión en el mundo pesquero, es insólito que no haya tenido cambios en cuestiones que se sufren: la integración del Consejo Federal Pesquero; la falta de jerarquía de la Autoridad de Aplicación; el otorgamiento de cuotas; el sostén económico de la administración, la investigación y el control y un centenar de temas que proyecten una actividad moderna para los próximos treinta años. El temor empresario es reverencial a alguna modificación que pudiese cambiar las reglas de juego estos años. Los empresarios no parecen darse cuenta que el cambio es irremediable y, cuanto más aporten intelectualmente, menor será el riesgo que los funcionarios de turno contribuyan con su desconocimiento. El Santos de Pelé impuso la estrategia de que “no hay mejor defensa que un buen ataque”.       

La aplicación de multas. Su aplicación y sobre todo las de alto monto, muestran la incapacidad del gobierno de llevar una política de preventiva. Las últimas parecen destinadas a mostrar un cambio sancionatorio y no a llevar una administración ordenada. Todo el proceso es observable: desde la inspección hasta la sanción. Hay denuncias sobre incumplimientos graves y, otras recientes, que refieren a actos de persecución. Las multas no reparan los daños.

La soberanía y política poblacional. La pesca es una actividad central en la defensa de la soberanía marítima y en los amplios espacios de la Patagonia. La pesca ha servido para poblar e industrializar ese importante territorio nacional con baja densidad población. Más de 500 buques pesqueros habilitados son custodios del extenso territorio marítimo. El sector empresario no ha sabido darle valor y proyectar nacionalmente este hecho trascendente. Los gobiernos provinciales del litoral patagónico como hemos visto en estos días a cambio de unas monedas han planteado el absurdo de liberar sus puertos para dar apoyo a los buques que pescan ilegalmente nuestros recursos migratorios.       

Manual Belgrano en el siglo XIX decía “Un Estado sin pesca nada puede sobre la mar”. Los empresarios pesqueros no han sabido darle valor estratégico, económico, social, alimentario y sanitario a la pesca.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado – Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).