Jorge Montezinho (“Expresso das Ilhas”, Cabo Verde)
Las instituciones internacionales se pusieron manos a la obra, pero hasta ahora, los miles de millones disponibles para restaurar la economía global no se están distribuyendo de la manera más equitativa. El FMI, por ejemplo, adelantó 650 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), pero de esa cantidad, África solo tenía derecho a 33 mil millones de dólares, porque estas asignaciones se hacen en proporción al tamaño de los ahorros. Los países del G7 (los más industrializados del mundo) tienen un paquete de 200 mil millones de dólares a su disposición, y los del G20 (las economías más grandes del mundo) tienen acceso a 400 mil millones de dólares.
Los datos también muestran que los países ricos han utilizado menos del 2% de los DEG a los que tienen derecho, mientras que los países africanos ya han utilizado más del 50%. Entonces, lo que se ha debatido en los últimos meses es ¿qué pueden hacer los países que tienen DES que no usan? En octubre, después de otra reunión, los países del G20 acordaron devolver a los países vulnerables $ 100 mil millones de la suma total de Derechos Especiales de Giro emitidos por el FMI para abordar la crisis de salud, una idea que ya había sido propuesta. En mayo, por los franceses presidente Emmanuel Macron, durante la cumbre Francia-África. Pero todavía no ha pasado nada.
“La idea de transferir DEG de países más ricos a países africanos no tuvo ningún efecto práctico, al menos en términos multilaterales, como se suponía”, dice el economista angoleño Jonuel Gonçalves a Expresso das Ilhas. “Siempre he estado a favor de una moratoria seria —un mínimo de tres años— en lugar de la nueva deuda implícita en los DES. La moratoria significa recurrir al dinero que ya existe en nuestros países, creando nuevos términos para que ese dinero se convierta en una inversión y no en una hemorragia de divisas.
Me temo que se ha perdido la gran oportunidad, porque las reglas y el humor en los centros financieros cambian según la presión de la coyuntura. Los países endeudados o con un déficit de capital tienen más probabilidades de recurrir a cualquier mecanismo para recaudar nuevos fondos, empujando la deuda cada vez más hacia adelante, y es posible que algunos países ricos hagan gestos simbólicos.
Como explica a Expresso das Ilhas el exgobernador del BCV, Carlos Burgo, esta excepcional emisión de Derechos Especiales de Giro (DES) constituye un aumento significativo de la liquidez y de las reservas internacionales, en un contexto en el que la comunidad internacional enfrenta grandes desafíos.
Los países miembros deben reconstruir sus economías luego del COVID mientras aceleran la transición energética y mitigan los efectos del cambio climático. Particularmente en los países menos desarrollados, la erradicación de la pobreza requiere transformaciones estructurales con miras a garantizar de manera sostenible un crecimiento robusto. Esta liquidez adicional creada debe ponerse al servicio de la implementación de esta agenda global.
“Sin embargo”, subraya Carlos Burgo, “la liquidez generada por la emisión de DEG se distribuye en función de las respectivas participaciones de los miembros en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, a grandes rasgos, reflejan la dimensión de las diferentes economías. Este hecho agrava la asimetría del orden financiero internacional, ya que la liquidez internacional ya se crea principalmente a través de la emisión de la moneda de los grandes países, especialmente el dólar estadounidense. Así, por un lado, solo una pequeña parte de la suma mencionada pertenecía a los países menos desarrollados (21 mil millones). Por otro lado, la mayor parte se distribuyó a países más avanzados y de grandes economías con sólidas posiciones externas y que, además, pueden financiarse emitiendo su propia moneda. Por tanto, surge la cuestión de redirigir recursos adicionales a los países que más los necesitan. Afortunadamente, existe consenso al respecto tanto a nivel del FMI como del G7 y el G20 y ya se están dando pasos en esa dirección. Desde un inicio se están fortaleciendo los recursos del Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT (Fideicomiso para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza), del FMI, que otorga préstamos en condiciones muy favorables a los países más pobres, con compromisos ya asumidos, aunque aún lejos de los montos previstos. También se describe la creación de un nuevo instrumento, el Resilience and Sustainability Trust, RST (Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad), con un sobre de $ 100,000 millones, que tiene como objetivo apoyar a los países más necesitados, incluidos los pequeños estados vulnerables, en la recuperación económica y en la implementación de los cambios estructurales necesarios. También existe la posibilidad de fortalecer los recursos del Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo”.
La distribución actual
La distribución de Derechos Especiales de Giro en 190 países comenzó a fines de agosto. Cabo Verde cayó en 23 millones de unidades de Derechos Especiales de Giro (DEG), alrededor de 27,8 millones de euros, más de tres mil millones de escudos, según el reparto proporcional a su participación en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Brasil, la mayor economía de habla portuguesa, representa 12.700 millones de euros, seguido de Portugal, que prevé un aumento de las reservas de divisas en 2.373 millones de euros. Angola es el país africano de habla portuguesa con mayor disponibilidad, 855 millones de euros, seguido de Mozambique, con 261 millones de euros, Guinea Ecuatorial, 181,6 millones de euros, Guinea-Bissau, con 32,6 millones, y Santo Tomé y Príncipe, que recibe casi 17 millones de euros en reservas de divisas.
“Desde una perspectiva realista”, dice Carlos Burgo, “no creo que esto sea posible, dado que, en general, los DEG son parte de las reservas internacionales de los países acreedores, lo que requiere un nivel de liquidez y de riesgo crediticio que las operaciones a las que se refiere no ofrecerían. Sin embargo, Cabo Verde puede beneficiarse, de manera multilateral, de la contribución de estos países a los instrumentos antes mencionados, principalmente a través del RST y de la financiación del Banco Mundial y del BAfD ”.
“Cabo Verde se encuentra en una mala posición para negociar dado su porcentaje de deuda y una perspectiva de un difícil aumento de ingresos que le permita afrontarlo”, dice Jonuel Gonçalves. “Da la impresión de que el país juega con su buena imagen, en comparación con la mayor parte de África, pero esta imagen ya no tiene el mismo impacto por la modestia del término de comparación. Obtener una moratoria sobre las deudas pendientes sería intentar antes de tomar nuevos préstamos, al igual que DES. O, dada la situación urgente (usando una expresión amable), negocie en ambos sentidos simultáneamente. No sé si Portugal y Luxemburgo tampoco son los más indicados, ya que son dos de las economías más pequeñas de la Unión Europea, preocupados por la posibilidad de un aumento en los tipos de interés del Banco Central Europeo, medida que alteraría significativamente su situación financiera. A menos que se piense en pequeñas cantidades ”.
Un continente que necesita ayuda
La pandemia de COVID-19 se produjo en un momento en que las perspectivas para muchos países africanos eran prometedoras. A principios de 2020, el continente estaba en camino de continuar su expansión económica, con un crecimiento proyectado de 2.9% en 2019 a 3.2% en 2020, y 3,5% en 2021. Hubo importantes avances en los indicadores de reducción de la pobreza. La tecnología y la innovación se fueron asimilando cada vez más, siendo los jóvenes los primeros usuarios de nuevas plataformas como los servicios financieros móviles.
Por otro lado, África también enfrentó grandes desafíos. No estuvo cerca de lograr los objetivos de la Agenda 2030 y la Agenda 2063. La gobernanza débil, la corrupción, la degradación ambiental, las violaciones de los derechos humanos, la falta de diversidad económica y las situaciones humanitarias y de conflicto, entre otras, socavaron aún más el progreso. En este contexto, surgió la pandemia, que agravó las desigualdades y aumentó las vulnerabilidades. La pérdida de ingresos afecta de manera desproporcionada a los jóvenes, las mujeres, los trabajadores menos calificados y los del sector informal.
En mayo, la ONU señaló que para ayudar a lidiar con las consecuencias económicas y sociales de la crisis, necesitaba un paquete integral de respuestas globales por un valor de un porcentaje de dos dígitos del Producto Interno Bruto global. Para África, esto significó más de 200 mil millones de dólares. También se necesitaba una congelación generalizada de la deuda de los países africanos, así como opciones integrales para la sostenibilidad de la deuda y soluciones a los problemas estructurales de la arquitectura internacional de la deuda.
En el mismo mes, estudios del FMI estimaron que los países de bajos ingresos necesitaban alrededor de 200.000 millones de dólares para 2025 para intensificar la respuesta a la pandemia y 250.000 millones de dólares adicionales para recuperar terreno con respecto a las economías avanzadas.
“No se trataría de pedir favores, sino de acceder a financiamiento para la implementación de la agenda global de la humanidad”, dice Carlos Burgo. “La recuperación de la crisis actual y desarrollar la resiliencia ante las crisis pandémicas, la reducción de la desigualdad y erradicación de la pobreza, atenuar el cambio climático y promover el desarrollo son bienes públicos internacionales. África y Cabo Verde tienen toda la legitimidad para obtener financiación de la comunidad internacional siempre que presenten planes creíbles de transformación y reformas estructurales y promover el uso eficiente y transparente de los recursos.
No debemos tener el deseo de pensar que simplemente habrá una transferencia de riqueza a favor de nuestros países. Incluso cuando los DEG se asignan a un país miembro, se traducen en una responsabilidad externa a largo plazo. En un caso específico, el RST puede resultar en una fuente adicional de acceso al financiamiento concesional, a pesar de su condición de país con ingresos medios. Sin embargo, esto probablemente dependerá de la adopción de un programa con el FMI. Es fundamental que encontremos un nuevo modelo de crecimiento y que hagamos una gestión prudente de las nuestras finanzas públicas. Tenemos que modernizar el sistema de gestión de las finanzas públicas con miras a incrementar la eficiencia del gasto público y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos”, dice el ex gobernador del Banco Central.
Jonuel Gonçalves, por su parte, considera que “en este momento, no hay forma de evitar ser visto en la condición de quien pide un favor. Si hubiera sido en 2020, se habría visto como parte de la solución. Casi todos nuestros gobernadores o altos ejecutivos están mal informados sobre los detalles cruciales del cuadro mundial y pierden una oportunidad tras otra. O no tienen formación para procesar la información ”, dice el economista.
La recuperación está en marcha, pero, dice el FMI, las consecuencias económicas de la pandemia mundial nos acompañarán durante muchos años. Como resumió Kristalina Georgieva, Directora General del FMI: “El mundo necesita aprovechar la oportunidad para construir un futuro mejor. Necesitamos adoptar no solo políticas que refuercen la recuperación a corto plazo, sino también políticas transformadoras que sienten las bases para una economía mundial más verde, más digital y más inclusiva para el mañana”.
Publicado originalmente en Expresso das Ilhas (Cabo Verde), 15/12/2021, número 1046. Traducido por el Equipo de la SAEEG.
