Archivo de la etiqueta: Reino Unido

EL ACUERDO MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA NO DEBERÍA APROBARSE

César Augusto Lerena*

Artículo publicado por el “El Economista”, 25/07/2023

 

El 1° de julio de 2019 se cerró el preacuerdo comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR y si bien ya nos hemos referido a este Acuerdo (César Lerena “Claroscuros del acuerdo del MERCOSUR con la Unión Europea en materia pesquera e industrial naval”, 30/06/2019; “El Acuerdo EUROSUR y el Brexit…”, 19/07/2019), habiéndose instalado la discusión nuevamente, nos parece importante fundamentar las razones por las que la Argentina y el resto de los países del MERCOSUR, no deberían firmar, en las condiciones pre acordadas- este Acuerdo.

La actividad pesquera ya tiene experiencias en materia de acuerdos con la Unión Europea y, muy especialmente con la lamentable instrumentación que le dieron las entonces autoridades al «Acuerdo sobre las Relaciones en materia de Pesca Marítima con la C.E.E.» sancionado el 20/04/1994 por Ley 24.315 y ello debería servirnos para que, de una vez, acordemos condiciones equilibradas para nuestro país.

Trataremos de ser optimistas, evitando caer en el triunfalismo retozón ―hasta el llanto― del ex Canciller Jorge Faurie o en la crítica sin aportes. Nos referiremos, a algunos requerimientos que el Estado argentino debería formular al MERCOSUR y éste a la Unión Europea.

Para que se trate de un «Asociación Estratégica» como se ha calificado este Acuerdo, pese a que se trata de un mero intercambio de bienes y no una asociación entre el sector productivo nacional y el mercado europeo, deberían reunirse una serie de medidas instrumentales y, por tal motivo, para que Argentina firme este Acuerdo, en materia pesquera deberían tenerse en cuenta los siguientes puntos:

1) A la firma del Acuerdo, los productos pesqueros destinados a las góndolas en la Unión Europea deberían estar libres de todo arancel de importación y limitaciones de volumen u otra barrera paraarancelaria.

La política arancelaria incidirá de distinta forma en la actividad pesquera. Para ubicarnos en la relación del sector pesquero con la Unión Europea hay que tener presente que la Argentina exporta unos 2 mil millones de dólares por año y solo el 36% de ese monto se destinada a los países de Europa y, el 60% de estas exportaciones son commodities, con reducido o nulo valor agregado; de tal modo que si no se promueve la industrialización en Argentina, exportando valor agregado y productos destinados directamente a las góndolas, la quita será irrelevante. Y en este sentido, ¡pequeño problema!, el gobierno argentino debe resolver definitivamente el problema de la inflación y del costo interno del país, ya que los productos argentinos compiten en desventaja con el I.P.C. de España (5,7%), Italia (11,2%) o Francia (4,5%), sus primeros compradores europeos. A todo ello, hay que agregar que los productos pesqueros de los países europeos están directa o indirectamente subsidiados ya que tienen líneas de crédito de bajo interés y no sufren la carga impositiva y burocrática de nuestro país.

2) Las materias primas capturadas en Malvinas, cualquiera fuese el pabellón del buque, debería ser gravada la importación en la Unión Europea, dando por terminado el período de excepción a la pesca en el Acuerdo del Brexit.

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (RUGB) ya no pertenece a la Unión Europea, de modo que es inadmisible que ingresen sin aranceles a esa Comunidad productos pesqueros extraídos en el área de Malvinas, aún para ser transformadas en Europa. Es inadmisible, por tratarse de una discriminación y porque se trata de un territorio argentino usurpado por el RUGB. Soberanía argentina que ha sido inclusive reconocida por España, pese a lo cual sus buques se encuentran asociados con isleños de Malvinas.

3) Todas las materias primas y productos que ingresen a la Unión Europea provenientes del Atlántico Suroccidental deberían estar certificadas en su origen y trazabilidad por el MERCOSUR, de modo de evitar la pesca ilegal en la región.

El Acuerdo, debería contemplar que las autoridades competentes del MERCOSUR, certifiquen el origen y trazabilidad de todas las capturas que buques europeos realicen en el Atlántico Suroccidental.

4) Dar por finalizada la pesca por parte de buques pertenecientes a la Unión Europea en el área de Malvinas en cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; la Ley Federal de Pesca 24.922 y la Res. 41/11 de la O.N.U. del 27/10/1986 que declaró «Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur».

El 25% de las descargas en el Puerto de Vigo (España), uno de los más importantes puertos pesqueros de Europa, tienen origen en Malvinas. Ello demuestra, la dependencia que con Europa tiene el comercio de Malvinas.

En materia de Asociación Estratégica, esté Acuerdo debe terminar con la pesca clandestina de buques europeos que se asocian en esta materia con el RUGB en Malvinas para hacerse de los recursos pesqueros de Argentina.

La Res. 41/11 de la ONU del 27/10/1986 declaró «Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur» y resaltó «la determinación de los pueblos de los Estados de la región del Atlántico Sur de preservar su independencia, soberanía e integridad territorial y de desarrollar sus relaciones en condiciones de paz y libertad».

5) El Acuerdo no debería alcanzar la captura de buques de la Unión Europea en la ZEE del MERCOSUR y viceversa.

La apertura de las Licitaciones Públicas en materia pesquera y a la luz de las próximas renovaciones de las Cuotas y Autorizaciones de Captura, podrían dar lugar a la competencia de las empresas europeas en un plano de igualdad con las empresas argentinas, situación que, en atención a que el recurso pesquero se trata de un bien agotable, el ingreso de nuevos actores se haría en base al cierre de las empresas existentes. Empresas europeas que podrían estar recibiendo subsidios (como ocurrió en los Acuerdos con la C.E.E. en 1994) y competir en una desigualdad de condiciones con las pequeñas y medianas y, aún grandes, empresas nacionales.

6) Otorgar créditos a tasa europea a la construcción de buques en astilleros del MERCOSUR, que construyan buques para empresas que exporten a la Unión Europea.

A partir de este Acuerdo, la importación de buques, por ejemplo, de España, podría estar libre de todo gravamen de importación en la Argentina y ello habrá de significar el cierre de toda la industria naval del país, que compite en inferioridad de condiciones con las actividades que en esta materia se encuentran subsidiadas en Europa. Por tal motivo la Unión debe promover el otorgamiento de créditos a tasa europea para la construcción de buques en el ámbito del MERCOSUR e inclusive para la adquisición de aquellos insumos destinados a la construcción que no puedan fabricarse en el país.

7) La equiparación de las normas de seguridad sanitaria, regulaciones y estándares técnicos.

En la Pesca este ítem es neutro por cuanto nuestro país tiene altos estándares de sanidad y calidad, utilizando sistemas de autocontrol desde 1998 con la aplicación de los planes HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). La Argentina, en la pesca, desde hace más de 40 años está habilitada para exportar a los mercados más exigentes, como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, etc. y sus establecimientos procesadores exportadores, en muchos casos, tienen mejores estructuras y utilizan procedimientos acordes a los de Europa y Estados Unidos.

8) La equiparación del transporte marítima y fluvial.

El gobierno argentino ha dado muestras de desinterés respecto a ocupar con buques argentinos la vía de navegación Paraná-Paraguay y, las embarcaciones que transportan bienes por esta vía lo hacen con bandera paraguaya, boliviana, uruguaya y otras nacionalidades, motivo por el cual, el libre acceso de buques europeos, podría profundizar la ausencia de ocupación argentina en el transporte fluvial y el desarrollo regional. Por razones de diverso orden la flota con pabellón nacional no es competitiva con respecto a la de sus vecinos. Por otra parte, la Argentina ha desatendido la construcción y el mantenimiento de la flota mercante marina, lo que le lleva a transferir ingentes recursos económicos en materia de flete; perder competitividad y, sostener una contaminación ambiental derivada del transporte terrestre. El Acuerdo debe contemplar un desarrollo y uso equitativo del transporte naval de las mercaderías.

9) La sostenibilidad de las especies y el cuidado del medio marino.

La Argentina es firmante del Acuerdo de París y se ha obligado a la lucha contra el calentamiento global, pero el Acuerdo también establece la obligatoriedad de cumplir con la Convención del Comercio Internacional de Especies Protegidas de Fauna y Flora Salvaje, la Convención de la Diversidad Biológica y los Códigos de Conducta de la FAO. Si bien la Argentina no ha hecho nada para eliminar la pesca ilegal (INDNR) de los recursos migratorios originarios de la ZEE, está en perfectas condiciones de hacerlo, cumpliendo todas las exigencias relativas al cuidado de los recursos y, tiene en el INIDEP, el organismo técnico competente para establecer las capturas máximas sostenibles y las vedas necesarias para asegurar a perpetuidad el recurso. No obstante, deben limitarse perfectamente las cuestiones ambientales para evitar eventuales barreras paraarancelarias.

10) La equiparación del régimen laboral.

La actividad pesquera en general cumple con las obligaciones de la Organización Internacional del Trabajo, pero, tiene deudas muy importantes relativas al trabajo no registrado y, a la seguridad del personal embarcado debido a la vetustez de los buques que, en promedio, superan los 40 años de antigüedad, generando un alto riesgo para los trabajadores. Ello está ligado a lo ya dicho, respecto a la construcción de buques en la Argentina y, la erradicación del trabajo no registrado; una tarea que a poco de verificar las toneladas producidas por las distintas empresas sería fácil detectar y regularizar.

Todos los puntos precedentes resultan centrales, en atención a la particular situación que vive la Argentina y los países orientales de América del sur con la apropiación de recursos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) por parte de buques extranjeros que pescan en alta mar y, embarcaciones extranjeras que extraen nuestros recursos pesqueros en el área de Malvinas con licencias ilegales del RUGB.

Las asimetrías entre ambos bloques; la escasa integración y desarrollo del MERCOSUR y, la política de desindustrialización promovido desde el gobierno, al menos en el área de la actividad pesquera, donde se ha propiciado la mera extracción por sobre el procesamiento industrial, la radicación poblacional e industrial y la ocupación de mano de obra argentina en las áreas más despobladas de la nación, requiriéndose por lo tanto, un profundo cambio para agregar valor a los productos argentinos, que hoy se ve limitada por la política proteccionista de Europa.

Un Acuerdo de esta naturaleza no puede llevarse adelante sin un plan participativo de cada uno de los sectores productivos y exportadores.

Por cierto, la burocracia del Gobierno debería promover y facilitar urgente las bases para promover el comercio, la industria nacional y la exportación de las pequeñas y medianas empresas mediante la reforma federal y social de la actividad pesquera; la eliminación de los impuestos al gasoil destinados a la captura; el incremento de los controles; la eficiencia y transparencia de los servicios portuarios y aduaneros; los trámites administrativos simplificados; la desgravación del IVA; la asistencia técnica y financiera; la responsabilidad social, laboral y su capacitación continua y, la revalorización del producto argentino, estandarizarlo en el MERCOSUR si se quiere poner en marcha a las cientos de empresas pesqueras distribuidas en todo el litoral marítimo, que podrían exportar productos con gran valor agregado a la Unión Europea.

El Acuerdo no puede reiterar lo que eran las consignas al virreinato en 1796, donde «América debía entregar a España las materias primas, y esta devolvérselas prontas manufacturadas» (Rosa, José María. “Los tiempos españoles. El Virreinato”. Ed. Granda, p: 412, 1965).

Los países desarrollados vienen por los recursos y las proteínas, está en los gobiernos argentinos, buscar el mayor rédito económico y social, a partir de un Acuerdo equitativo.

  

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

¿POR QUÉ LOS ARGENTINOS NO CONSUMEN PESCADO?

César Augusto Lerena*

Imagen: Heberhard en Pixabay

Que los argentinos seamos los que, en promedio, consumimos menos pescado de Latinoamérica, el Caribe y África debería llamarnos la atención cuando el país tiene un amplísimo territorio marítimo, más de dos veces que el territorio continental. Sin eufemismos: la culpa la tienen los gobiernos de turno que no mejoran la dieta de los argentinos ni promueven el desarrollo de esta actividad proveedora de alimentos.

En todas las conferencias y entrevistas en las que participamos, la pregunta más frecuente es porqué el pescado es tan caro en la Argentina que tiene los recursos pesqueros a pocas kilómetros de la costa y dispone como pocos lugares en el mundo, de puertos desde donde se desembarcan todos los días merluzas, calamares y langostinos frescos que, ya congelados, se exportan a Vigo (España) y luego se distribuyen a toda Europa, para que nosotros comamos allí la mejor bocata de calamar del mundo en la Plaza Mayor de Madrid proveniente de nuestro país.

Nosotros tuvimos la oportunidad durante años de controlar la calidad y sanidad de veinte toneladas diarias de pescados frescos para su distribución nacional desde una plataforma de un importante hipermercado francés radicado en Argentina. No existe ese volumen diario concentrado de “pescado fresco” en ninguna parte del mundo; se conforman los puertos más importantes pesqueros con desembarcar altos volúmenes de productos congelados. La Argentina tiene las mejores condiciones para que los argentinos consuman este extraordinario alimento, cuyos aminoácidos esenciales son solo comparables con la leche materna y sus grasas insaturadas inmejorables para la salud del sistema cardiovascular.

¿Por qué motivo los argentinos tienen el consumo per cápita de pescado más bajo, con 4,5 Kg por persona y por año, mientras que en Latinoamérica, el Caribe y el continente africano alcanza a los 10 Kg y el promedio mundial a los 20 Kg? Cuando uno les pregunta a los consumidores, por qué los argentinos no comen más pescado, suelen contestar: es muy caro y no da la sensación de saciedad de la carne roja. Pero en todo el mundo el pescado es caro y la digestión del pescado es más fácil que la mayoría de los alimentos cárnicos restantes. Las razones son otras.

En primer lugar, en la Argentina nunca hubo un programa de promoción de “Consumo Nacional de Pescado”. El 95% de las capturas argentinas se exportan y a los empresarios no les interesa estar sujetos a las erráticas políticas del gobierno y a enfrentarse a las exigencias de los “precios controlados” en un país con una inflación enorme. A la Subsecretaría de Pesca no se le cae otra idea que promover el día 19 de cada mes como una jornada de consumo de pescado, cuando cualquier nutricionista o cardiólogo recomienda a sus pacientes el consumo de pescado —al menos— tres veces por semana y la iglesia históricamente promueve su consumo los viernes, en lugar de ayuno o para abstenerse de comer carne de animales de sangre caliente.

No teniendo el argentino el hábito de consumir pescado no se lo informa sobre las características organolépticos del pescado fresco y no se lo capacita sobre las preparaciones gastronómicas con este producto. Ello contrasta, por ejemplo, con Alemania, que a pesar de importar la mayoría del pescado que consumen y consumir unos 14 Kg. por año, tres veces más que Argentina, tiene chefs especializados que enseñan en forma gratuita a cocinar pescados a los alemanes. Mar del Plata, la principal ciudad pesquera de Argentina, captura y procesa anchoíta que, descabezada, eviscerada y salada, exporta en barriles a España e Italia; pero mientras eso ocurre, los restaurantes de la ciudad proveen manteca o queso untable como tentempié a la espera del plato principal, en lugar de servir un par de filetes de anchoíta salada o en aceite que aumentaría el consumo y la incorporación a la cultura alimentaria y la caracterización de la ciudad. Los intendentes no entienden que Mar del Plata es una ciudad portuaria y pesquera; como Córdoba y Santa Fe pueden ser cuencas lecheras. Cada región de España tiene su paella, conforme a las materias primas que tiene a su alcance, a pesar de que los valencianos entiendan que la de ellos es la original y no lleva langostinos. Mi amigo Gil Gallego, natural de Sagunto, tiene claro que un error en la preparación este plato puede ser fatal.

Los argentinos podemos elegir la mejor carne para un asado pero de pescados, nada. Diremos en forma muy sintética para aportar una pequeña luz al conocimiento general las características de un pescado entero (merluza común) fresco: debe mantenerse entre 0,5 y 2ºC (mal: +6ºC); los ojos brillantes, elásticos y convexos (mal: opacos, rígidos, cóncavos); la carne de consistencia firme, escamas brillantes y adheridas (mal: blanda, deja impresa la presión); branquias rojas brillantes o mate, de olor a mar o neutro (mal: color amarillo grisáceo y olor amoniacal o pútrido); vísceras intactas (mal: despedazadas, rotas). Y sus filetes: azulados, traslúcidos, brillantes (mal: amarillento, rosado, rojizo, parduzco); textura firme (mal: muy blanda, desgrana con facilidad); olor a mar, a fresco (mal: desagradable, amoniacal); filetes enteros, de bordes netos, regulares; superficies planas, sin manchas o deshidratados (quemados); sin restos de vísceras o elementos extraños (mal: gran cantidad de imperfecciones). Sin aditivos, conservadores o agentes desinfectantes o limpieza. Comprar pescado ultracongelado no desmerece la frescura original, solo hay que descongelarlo adecuadamente para reconstituir el mejor pescado fresco y de calidad y ni el mejor experto advertirá la diferencia; pero, esta será una materia próxima.

No se ama lo que no se conoce. En Argentina la compra del pescado -ante la falta de hábito- no es planificada sino reactiva, por lo tanto, comerciantes y fiscalizadores deben asegurar la exposición con luces frías y pescados hidratados, identificados, expuestos en un ámbito atractivos, provistos de hielos limpios, sin olores desagradables que estarían demostrando el deterioro de los pescados que se ponen a la venta.

En segundo lugar, los gobiernos se han quedado en la época del “granero del mundo” del siglo XIX y XX, pero han perdido de vista que la Argentina es un Estado Marítimo. Un país que forma parte del continente americano y del continente antártico y, cuya superficie alcanza los 3.757.124 Km2; mientras que su plataforma continental extendida y las aguas de la ZEE ocupadas por el Reino Unido y las que rodean la Antártida alcanzan los 8.029.842 Km2. Los argentinos viven de espaldas al mar mientras que países con ZEE de menos Km2 son consumidores habituales de este alimento, como España. No hay política y podría pensarse que es parte de la “desmalvinización”, para evitar que los argentinos miren al mar y se den cuenta que en lugar de tener ocupados los 11.410 Km2 de Malvinas los británicos invaden 1.639.900 Km2 de mar.

En tercer lugar, la pesca en la Argentina ocupa un lugar erróneo en la estructura de gobierno que no tiene ningún vínculo con esta actividad. La agricultura y la ganadería son actividades de producción primarias, que están muy lejos de la actividad integrada de la pesca, de una complejidad absolutamente mayor; que es extractiva, industrial y exportadora. Como muy pocos países desarrollados en el mundo, la Argentina tiene recursos propios para autoabastecerse.

En cuarto lugar, en la Argentina no hay una política coordinada entre las Secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería y Pesca y, por lo tanto, no hay una cultura alimentaria que promueva el consumo de esta especie para mejorar la dieta y asegurar una mayor salud de los argentinos, a partir de una mejor nutrición con este alimento excepcional. En las ciudades portuarias de Argentina el consumo no es mayor al del resto del país y los programas de asistencia alimentaria para personas vulnerables no contemplan el suministro de pescado. En 1989 nos tocó armar un programa entre las empresas conserveras de pescado para proveer al “Programa Alimentario Nacional” (PAN); ello, no solo permitió el acceso a este alimento a poblaciones carenciadas sino que duplicó la producción nacional de conservas de pescado y el acceso de este producto a las góndolas. Una exitosa tarea coordinada de las empresas productoras, el Instituto de Tecnología Industrial y el aporte de los fondos destinados a la asistencia social, que proveyó salud.

En quinto lugar, a pesar de que el recurso pesquero es de dominio del Estado y éste da la explotación en concesión a las empresas, no establece ninguna obligación de proveer productos pesqueros al mercado interno al otorgar los permisos, lo que permitiría aumentar la demanda, bajar el precio y aumentar el consumo, incorporándole valor agregado a la industria. El precio está marcado por la demanda internacional y es igualmente caro en el mundo; su valor está relacionado a la excelente calidad de la proteína que posee. Su producción para generar el hábito y el interés empresario, debería estar exenta de impuestos e incluso acreditar a favor del consumidor el total del IVA para evitar la absorción de ésta por parte del comerciante.

Aun así, para disponer de un volumen mayor para destinar al consumo interno, se necesitaría llevar adelante acuerdos para recuperar parte de los recursos que migran a alta mar y terminar con los descartes de pescados aptos, acercando esta proteína excepcional a las personas vulnerables, que consumen poco pescado.

El precio accesible y justo acercará a los consumidores a este alimento de todos los argentinos.

En sexto lugar, la Argentina debe promover la acuicultura. Cuando el 50% de la producción mundial tiene este origen, en el país no alcanza al 1%. La instalación de acuiculturas acercará la disponibilidad de este alimento al interior del país y el consecuente aumento de consumo y la generación de empleo, promoviendo una mayor cultura alimenticia en territorios poco acostumbrados al consumo de esta especie.

En séptimo lugar, la Argentina tiene que hacer conocer que sus plantas industriales y sus operaciones cumplen con los mejores estándares internacionales para la manufactura de productos industriales de alta calidad y sanidad; aplicando las normas HACCP y otras aprobadas por los mercados más exigentes y los organismos nacionales (SENASA) y mundiales de mayor rigor como la FDA de los Estados Unidos; la Comisión de Veterinaria de la Unión Europa y certificadores de calidad reconocidos.

En octavo lugar, las capturas pesqueras se realizan en el Atlántico Sudoccidental, un mar que se encuentra libre de metales y contaminantes; además, que en los procesos de captura, industrialización y comercio se encuentran libres de todo aditivo, conservante, colorante, etc., lo que permite afirmar que, como pocos alimentos en el mundo, está libre de toda contaminación ambiental, química o física. “Los peces juegan un papel muy importante como contribuyentes de nutrientes a los ecosistemas marinos, según investigadores de la Universidad de Georgia y la Universidad Internacional de Florida” (Beth Gavrilles, 11/12/12). Según la revista Ecology, muestran que los peces aportan más nutrientes a sus ecosistemas locales, que cualquier otra fuente, contribuyendo a la ecología trófica (red alimentaria); además que “está demostrado que los productos pesqueros son la fuente de proteínas más saludables con menor huella de carbono (…) las emisiones del sector pesquero representan entre el 0,1% y el 0,5% del total global de gases de efecto invernadero” (Garat, Javier, Cepesca y Europêche, Industrias Pesqueras, 04/07/2022).

En noveno lugar, es muy importante la participación y contribución económica del sector pesquero en la promoción de la actividad y en visibilizar las virtudes del consumo de pescados y mariscos. El pescado no tiene en la Argentina el marketing del vino y otras bebidas alcohólicas y gaseosas, de las carnes rojas, etc. La asociación formada por algunas de las organizaciones más importantes pesqueras “Pesca España”, a través de su página “Metapesca.org”, es un ejemplo a seguir del aporte que también tiene que hacer el sector privado. En esta página refiere a que el pescado es reconocido ampliamente como una fuente de nutrientes esenciales muy beneficiosa para la salud y el bienestar general y destaca cinco razones para incluir al pescado como un alimento de la dieta habitual: Es rico en ácidos grasos omega-3 que, entre sus beneficios para la salud, incluyen la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, la mejora de la función cerebral y la disminución de la inflamación en el cuerpo. Desempeñan un papel crucial en el desarrollo cerebral y ocular en fetos y niños pequeños, por lo que el consumo de pescado durante el embarazo y la lactancia es muy beneficioso. El consumo regular de pescado se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los citados ácidos grasos ayudan a reducir los niveles de triglicéridos en sangre, disminuyen la presión arterial y mejoran la función arterial. Estos efectos combinados ayudan a proteger el corazón y reducir el riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y otros problemas cardiovasculares. Mejora la salud cerebral. Es beneficioso para la función cerebral y la salud mental. Los ácidos grasos omega-3, en particular el DHA, es uno de los componentes estructurales claves para el cerebro y están involucrados en el mantenimiento de la función cognitiva y la salud mental. Estudios han demostrado que el consumo regular de pescado se asocia con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el deterioro cognitivo relacionado con la edad. Además, se ha observado que los omega-3 pueden mejorar el estado de ánimo y reducir el riesgo de depresión. Es fuente de proteínas de alta calidad. Contiene todos los aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento y reparación de tejidos en el cuerpo humano. Las proteínas del pescado son fácilmente digeribles y se absorben rápidamente en comparación con otras proteínas animales. Tiene grasas insaturadas, lo que lo convierte en una opción saludable para reducir los problemas vasculares y para facilitar el mantenimiento de un peso saludable y desarrollar la masa muscular. Benefician la salud ocular. La vitamina D y los ácidos grasos omega-3 ayudan a prevenir la degeneración macular relacionada con la edad y la sequedad ocular. Además, estos ácidos grasos contribuyen al desarrollo y la salud de la retina, promoviendo una visión óptima a lo largo de la vida.

En décimo lugar, la producción pesquera genera ocupación de mano de obra intensiva; desarrolla los pueblos del litoral marítimo y fluvial; radica industrias en ámbitos desfavorables y, sus barcos ocupan el mar argentino. Razones más que suficientes para promover el consumo y, los gobiernos deberían entenderlo de una vez por todas, lo que ya decía el Gral. Manuel Belgrano “Un Estado sin pesca nada puede sobre la mar”.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

GUAYANA ESEQUIBA: EXPLORACIÓN, DESCUBRIMIENTO E INVERSIÓN ¿A CUENTA Y RIESGO?

Abraham Gómez R.*

A partir de los lamentables acontecimientos bélicos entre Rusia y Ucrania, desatados desde hace más de un año, han surgido bastantes opiniones críticas contra el propio sistema normativo internacional.

El mundo se pregunta: si existe un derecho internacional, ¿por qué no han podido contener las atrocidades que se cometen en las áreas en conflagración?

No pocos llegan a cuestionar severamente al sistema y a preguntarse de qué sirve esa fórmula que una vez nos vendieron como explicación cuasi mí(s)tica para el arreglo de las controversias entre los Estados.

Es verdad que no hay sociedad sin derecho —ubi societas, ibi ius—; pero, también es cierto que el derecho se resquebraja; o lo ponen a jugar el juego que les interesa a los detentadores poderosos del ámbito de que se trate y todavía así, se les exige a algunos Estados que deban someterse a un orden normativo, obligatorio y coercitivo que se consagra en el Derecho Internacional Público.

Sin dudas que ha habido un retroceso (e incredulidad) en la fundamentación doctrinal del Derecho internacional; por cierto, hasta no hace mucho uno de los ejes temáticos que desplegaba apasionadas y productivas discusiones para nutrir y fortalecer —al propio tiempo— las particulares soberanías nacionales.

Todavía pugnan dos visibles corrientes —caras complementarias una de la otra— para dar cuenta de la problematización o serios enfrentamientos interestatales.

Veamos: si nos inscribimos en la perspectiva estrictamente voluntarista; para intentar resolver el asunto de fondo sin acuerdos previos, expresos o tácitos, nos encontraremos de frente con los límites y demás regulaciones que impone el derecho.

En otro sentido. Si se nos ocurre o procuramos acopiar la mayor y mejor consensualidad posible, entre las partes conflictuadas; se nos impone la norma Internacional, sin más. ¿Entonces, cómo hacemos para alcanzar una resolución satisfactoria, sin que incomodemos susceptibilidades o contrariemos la norma?

La brevísima reflexión y descripción anterior viene a propósito de la justa y centenaria reclamación que ha hecho Venezuela de la séptima parte de su histórica extensión territorial, que le desgajaron con artimañas y vilezas.

Las posibles alternativas de solución planteadas por nuestro país fueron saboteadas por ingleses y guyaneses.

Algunas veces, quisimos alcanzar una decisión por la vía voluntarista y conseguimos resistencias internas y en la comunidad internacional con discursos conminativos a respetar las normas.

En otras ocasiones, invitamos a la contraparte (Reino Unido y su colonia Guayana Británica) a consensuarnos para solucionar —definitivamente— el despojo que nos habían perpetrado.

Logramos —luego de extenuantes jornadas de análisis y discusiones— negociar, suscribir y ratificar el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966; documento que posee pleno vigor jurídico; el cual en su debida oportunidad fue consignado en la Organización de la Naciones Unidas, donde causó estado; es decir, su contenido ha resultado inalterable, y jamás ha sido atacado o recurrido.

Sus efectos jurídicos han asumido, desde siempre, el carácter permanente como consecuencia de haber quedado firme, o lo que es lo mismo, haber pasado en autoridad de cosa juzgada.

Una vez más, me permito citar el Artículo Primero del Acuerdo de Ginebra, donde quedó explícitamente entendido la condición de nulidad absoluta del ardid tramposo del 03 de octubre de 1899.

“Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito”.

Basta con exponer el Acuerdo de Ginebra en el juicio e invocar derecho ante la Corte Internacional de Justicia, donde se dirime este asunto litigioso para que se le restituya a Venezuela los 159.500 km2 que nos desgajaron.

Así también, pedir cautelarmente la inmediata paralización de las actividades de las empresas transnacionales que vienen operando en la Zona en Reclamación y en su proyección atlántica.

¿Por qué solicitar medidas provisionales? Porque esos incalculables recursos nunca han sido ni británicos ni guyaneses.

Estamos dispuestos a comparecer y encarar en el citado Proceso para probar con suficientes elementos de convicción: jurídicos, históricos y cartográficos que ha habido una ocupación abusiva de esas empresas, a partir de concesiones fraudulentas e ilegales que recibieron de los gobiernos guyaneses.

Entregas impregnadas de añagaza económica.

Guyana no es un país petrolero. Esos recursos no le pertenecen.

Lo decimos por cuanto pretenden insistir en irrespetar el contenido esencial del Acuerdo de Ginebra que jamás les ha concedido ni propiedad y menos soberanía para que se pronuncien, con descaro de la siguiente manera:

“Dos empresas canadienses descubrieron yacimiento petrolero en Guyana. La firma conjunta ha finalizado con éxito las operaciones de perforación sin incidentes de seguridad y espera poner en marcha la plataforma de perforación a principios de julio de 2023. Las compañías canadienses indicaron que debido a una falla de la herramienta en el fondo del pozo y a que la nueva herramienta no estaba disponible, no se obtuvieron todavía muestras de petróleo.

Las propiedades de las rocas y los fluidos serán analizadas por un laboratorio independiente en los próximos 2-3 meses para definir la producción neta. En los próximos meses, los resultados se integrarán en los modelos geológicos y geofísicos para obtener una visión actualizada de toda la parte norte del bloque Stabroek. Esperamos ansiosamente los resultados de este análisis. Este reciente descubrimiento marca un hito significativo en la exploración petrolífera de las costas de Guyana, con un total de 45 hallazgos desde 2015, lo que reafirma que el potencial de hidrocarburos del país”.  (Declaración del vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo)

A propósito de lo que hemos venido denunciado, Irfaan Ali ratificó, recientemente, las declaraciones que había ofrecido a finales del año pasado, acerca del denominado Proyecto Guyana 2023; cuando, precisamente, estaba en su punto álgido la reclamación de Venezuela, a través de la Excepción Preliminar.

No obstante, la sibilina paralización del mencionado proyecto, manejamos la información de que lo están ejecutando por debajo de cuerda a pesar de la reticencia de algunas empresas a involucrarse en estas labores, hasta que haya una resolución definitiva sobre este caso controvertido en la Sala Sentenciadora de la ONU.

El presidente guyanés da a conocer a los medios de comunicación lo siguiente:

“Están a subasta 14 bloques de petróleo en alta mar y que el Gobierno espera otorgar nuevos contratos para fines de junio. La cuenca de Guyana es considerada la de más rápido crecimiento del mundo, con recursos estimados superiores a 25.000 millones de barriles de petróleo equivalente y una reserva estimada superior a 11.000 millones. Esta ronda de licitaciones permite al Gobierno de Guyana crear y administrar un marco fiscal y regulatorio mejorado. Lo que buscamos hacer es tener el mejor resultado posible para Guyana, dadas las lecciones que hemos aprendido. Hasta ahora, un consorcio de empresas: Exxon, Hess y CNOOC son los desarrolladores de un bloque gigante llamado Stabroek en la costa de Guyana. Buscamos un equilibrio para garantizar que el país obtenga el mejor trato posible en términos de ingresos y, al mismo tiempo, no asustar a los inversores”.

Hacemos la categórica advertencia que la mayor parte de esos recursos se ubican en la proyección atlántica de la Guayana Esequiba, inclusive en el frente marítimo del Delta del Orinoco, que no se encuentra incluido en el litigio.

Dejamos sentado ante el mundo que La condición de Venezuela de país petrolero no es un artificio de ayer para hoy; una sobrevenida invención para coquetear con las transnacionales o una caricatura económica para justificarnos por el asunto litigioso que se dirime en La Haya.

A lo largo de los siglos XX y XXI se han emprendido nuevos y precisos descubrimientos, exploraciones tecnificadas y sostenidas explotaciones que le han conferido a nuestra nación la merecida categoría de país petrolero y la ocasión de hacerse cofundadora de la OPEP.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela.