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LA HIPOCRESÍA DE JUNTOS POR EL CAMBIO RESPECTO DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA Y LA NECESIDAD DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Marcelo Javier de los Reyes*

El dramaturgo Bertolt Brecht expresó: «Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad».

La verdad es que cuando gobernó Cambiemos continuó con la misma política de Defensa y de desinversión que mantuvieron los gobiernos kirchneristas, tal como lo manifesté oportunamente.

El 5 de septiembre Juntos por el Cambio, que no están ni «juntos» ni promueven ningún «cambio» —que para mostrarse distintos de sí mismos cambiaron su nombre de «Cambiemos», así como sus socios en la incubación de las desventuras de la Nación pasaron de llamarse «Frente para la Victoria» a «Frente de Todos»—, emitieron un comunicado de prensa sobre la III Jornada de JxC de Análisis del Presupuesto de Defensa 2022. Según el mismo «El presupuesto de Defensa deja indefensa a la Argentina» y entre sus conclusiones expresa que «el presupuesto de Defensa es irrelevante e insuficiente para cumplir con la Defensa Nacional, poniendo en riesgo al país y a los efectivos de nuestras Fuerzas Armadas»… toda una gran revelación.

Agrega que «por décadas la desatención sobre el presupuesto de Defensa ha provocado el efecto equivalente a una decisión no escrita de “desarme unilateral”, lo cual ha conducido a una situación de virtual indefensión del país». Esta situación «expone a nuestros militares a un riesgo innecesario para sus vidas al operar con medios obsoletos y mal mantenidos». Y lo dicen sin sonrojarse a pesar de que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 fueron gobierno gerenciando la miseria de las Fuerzas Armadas desde el Ministerio de Defensa.

El propio presidente Mauricio Macri habría expresado en una reunión con los altos mandos militares: «Suscribo a todo, hay que unificar y reducir gastos, acostúmbrense a que no hay plata»[1]. Cabe destacar que en 2014, el porcentaje destinado a Defensa respecto del PIB fue del 0,88%, en 2015 del 0,85%, en 2016 del 0,81%, en 2017 del 0,86%, en 2018 del 0,75%, en 2019 del 0,71% y en 2020 del 0,76%[2].

En abril de 2017 el gobierno de Cambiemos anunció un recorte del presupuesto de $ 4.600 millones para el Ministerio de Defensa, ocasionando la suspensión de proyectos —como el de desarrollo de UAV (unmanned aerial vehicle) o vehículo aéreo no tripulado (VANT)—, la racionalización en Líneas Aéreas del Estado (LADE), lo que incrementó la desarticulación territorial de la Argentina en un país en el que ya en la década de 1990 se desmanteló el sistema ferroviario nacional y las líneas fluviales y marítimas, con las consecuencias que ha tenido en el costo de los fletes, la destrucción de las rutas y el incremento de los accidentes viales debido al aumento del transporte automotor de mercaderías.

A lo mencionado cabe recordar que el presupuesto para los agentes civiles de Inteligencia Militar fue “0”. No es necesario mencionar nuevamente lo que detallé en 2017.

A partir de lo expuesto, las cúpulas de las Fuerzas Armadas tienen que asumir que con la actual dirigencia política, oficialismo y oposición, la situación no cambiará en términos presupuestarios. Las Fuerzas Armadas no pueden seguir formando pilotos para una Fuerza Aérea que no tiene aviones y lo mismo es válido para el Ejército y la Armada, porque las únicas que se favorecen son las empresas privadas: los pilotos militares, formados a un alto costo por el Estado Nacional, renuncian para pasar al sector privado. Se siguen formando submarinistas y la Armada no tiene submarinos. Lo hace con la esperanza de que en algún momento algún gobierno adquiera los submarinos, un arma estratégica sumamente necesaria para la Nación. En este punto, aún no se ha determinado quiénes fueron los responsables del «accidente» del «ARA San Juan», de lo que estimo que la responsabilidad debería caer sobre el gobierno y las autoridades navales que tuvieron a su cargo la reparación de media vida así como el gobierno y las autoridades navales que le dieron la orden de zarpada a un submarino que no estaba en condiciones de navegar. Para 2017 había un informe del Ministerio de Defensa sobre todas las falencias que tenía la nave pero, además, ya había un antecedente en el que los tripulantes estuvieron a punto de no poder emerger.

De tal manera que es necesario proceder a una planificación estratégica en términos de Defensa, independientemente del presupuesto. Es necesario ajustar en los recursos humanos pero hay que hacer algunas salvedades. El Ejército Argentino cuenta con casi 58.000 efectivos pero en el caso de una fuerza de tierra se requiere una mayor cantidad de hombres como apoyo logístico por cada combatiente. En este sentido, debe considerarse que la movilización de combatientes requiere el acompañamiento de mayor personal destinado con fines logísticos: personal de servicios, médicos, enfermeros, etc.

Por su parte, la Armada tiene aproximadamente 17.000 efectivos, carece de su arma de submarinos, buena parte de la Flota de Mar no navega y para el presupuesto de 2023 se ha contemplado navegar la ZEE ¡solo 65 días! Aquí se entiende por qué se produce la depredación de nuestras riquezas del Atlántico Sur, a lo que se suman las erróneas políticas diplomáticas y las decisiones que toman los gobiernos de turno. Entre ellas haber ordenado al personal de Inteligencia que «no había hipótesis de conflicto» cuando buena parte del territorio nacional y de su espacio marítimo está siendo usurpado por el Reino Unido, el cual mantiene esa colonia a los efectos de asegurar su proyección antártica y de controlar el estratégico paso bioceánico. Del mismo modo, la Argentina prácticamente hoy tampoco cuenta con una fuerza aeronaval.

La Fuerza Aérea Argentina tiene aproximadamente 14.000 efectivos para unos 24 aviones de combate, entre los que se encuentran los Pucará, los Pampa, los A4, y los destinados a otras misiones como los Hércules y los Lear Jet. Evidentemente aquí se aprecia una desproporción que roza el sinsentido.

De esto se deduce, entonces, que debería reducirse el personal administrativo y civil a los efectos de disminuir los gastos de personal innecesario, el cual sigue vigente para mantener unas Fuerzas Armadas que ya no existen en la misma dimensión. En términos económicos, el sistema de Defensa está sobredimensionado en función del presupuesto actual y futuro.

Así como existe una desproporción del personal de la Fuerza Aérea respecto de los aviones de combate operativos, también la desproporción está en función de los radares. Los radares de última generación no precisan de personal, ni siquiera de personal adicional para su custodia porque podrían ser emplazados en unidades militares —en lugar de localizarlos en lugares para los cuales debe disponerse de custodia— o en aeropuertos y aeródromos que ya cuentan con una guardia.

Con la finalidad de reducir los costos se debería unificar el Comando Antártico y trasladarlo a Tierra del Fuego en lugar de tener sede en la ciudad de Buenos Aires. Esta medida, a su vez, favorecería la Soberanía Nacional a partir de una mayor presencia militar en el sur del país.

Por otro lado, deben tenerse en cuenta las experiencias del conflicto entre Ucrania —léase la OTAN— y Rusia. En tal sentido, se podría contar con una Fuerza Aérea mínima con efectos disuasivos —obviamente más y mejor equipada que la actual— pero poniendo el énfasis en el desarrollo de drones kamikaze y de misiles. Cabe tener en cuenta que los actuales drones iraníes usados por Rusia tienen un costo de unos US$ 20.000 dólares por unidad y un alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros. Si el costo de una aeronave ronda los US$ 60 millones o más, podrá estimarse la cantidad de drones que podrían adquirirse, o mejor aún construirse, con el dinero destinado a un avión. Si se construyen en la Argentina se avanza en el desarrollo tecnológico y se favorece a empresas nacionales.

Debe, asimismo, ponerse la mira el desarrollo de la guerra electrónica, ámbito en el que la Argentina se encuentra totalmente indefensa. Ello debe ser complementado con un amplio plan de radarización.

En términos más vinculados al fitness, las Fuerzas Armadas deben adelgazar y poner el acento en su desarrollo muscular en función del magro presupuesto que la oligarquía política le impone, más por ideología y dilapidación de recursos con vanos fines políticos que por la carencia real de recursos. Ante esta mezquindad de los políticos, las cúpulas de las diversas armas deben optimizar las mismas acorde al magro presupuesto.

Si se desean optimizar los medios debe ajustarse en el ámbito de los recursos humanos. Si el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada tienen efectivos a los que no pueden darle no solo un sueldo digno sino tampoco alimentación y mínimas prestaciones que debe recibir todo militar, entonces se hace necesario obrar con pragmatismo. Las Fuerzas Armadas pierden personal calificado no por una cuestión salarial sino más por frustración: no pueden volar, no pueden navegar, no pueden realizar prácticas de tiro, etc. En síntesis, por no poder desarrollar sus capacidades como militar profesional.

Si me preguntaran si es esto lo que desearía para nuestras Fuerzas Armadas, está claro que no, dado que la Argentina es el octavo país en extensión territorial, a lo que se le suman millones de kilómetros cuadrados del espacio marítimo.

Simplemente apelo a lo que estimo que es el buen criterio ante una situación que, está claro, esta dirigencia no tiene intenciones de modificar a pesar de que la Argentina está siendo sometida a una guerra híbrida de la que participan potencias extranjeras, terroristas en la Patagonia con apoyo externo, ONGs también con respaldo externo y dirigentes políticos que no aprecian esta situación, a los que no les importa o que responden también a intereses contrarios a los nacionales.

Argentina está frente a una guerra híbrida, a una guerra de inteligencia, sin Fuerzas Armadas y con un Sistema de Inteligencia Nacional destruido adrede durante estos años de supuesta democracia. Para hacer frente a esta realidad, los altos responsables militares deben obrar con pragmatismo y proceder a una planificación estratégica, a una reestructuración de las fuerzas, en función del presupuesto que los políticos les destinan.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] Edgardo Aguilera. “Torniquete al gasto castrense y remate de bienes por más fondos”. Ámbito financiero, 09/03/2017, <http://www.ambito.com/875245-torniquete-al-gasto-castrense-y-remate-de-bienes-por-mas-fondos>, [consulta: 09/03/2017].

[2] “Argentina – Gasto público Defensa”. Expansión / Datosmacro.com, https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/defensa/argentina

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Otros artículos sobre Defensa Nacional publicados en el sitio de la SAEEG

Comandante Espuela (Revista GNA). «¿Existe la Defensa Nacional?». 30/09/2021.

https://saeeg.org/index.php/2021/09/30/existe-la-defensa-nacional/

Marcelo Javier de los Reyes. «Sobre el Ministerio de Defensa y otros ministerios… O la partidocracia». 10/08/2021.

https://saeeg.org/index.php/2021/08/10/sobre-el-ministerio-de-defensa-y-otros-ministerios-o-la-partidocracia/

Marcelo Javier de los Reyes. «La política de destrucción en materia de defensa sigue vigente. Propuesta». 28/03/2021.

https://saeeg.org/index.php/2021/03/28/la-politica-de-destruccion-en-materia-de-defensa-sigue-vigente-propuesta/

Marcelo Javier de los Reyes, «Argentina. La apremiante necesidad de recuperar la industria de la Defensa». 12/12/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/12/12/argentina-la-apremiante-necesidad-de-recuperar-la-industria-de-la-defensa/

Marcos Kowalski. «Táctica, estrategia, equipamiento y defensa». 29/09/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/09/29/tactica-estrategia-equipamieto-y-defensa/

Marcos Kowalski. «Defensa, negocios, desarme». 21/08/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/08/21/defensa-negocios-desarme/

César Augusto Lerena. «La Defensa Nacional del Atlántico Sur». 14/05/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/05/14/la-defensa-nacional-del-atlantico-sur/

Reinaldo Cesco. «Argentina. Defensa Nacional + Seguridad». 27/04/2020.

https://saeeg.org/index.php/2020/04/27/argentina-defensa-nacional-seguridad/

Marcelo Javier de los Reyes. «Fuerzas Armadas. Cambiemos continúa con la política kirchnerista de destrucción de la Defensa Nacional». 14/03/2017.

https://saeeg.org/index.php/2017/03/15/fuerzas-armadas-cambiemos-continua-con-la-politica-kirchnerista-de-destruccion-de-la-defensa-nacional/

GUAYANA ESEQUIBA: LA INEXISTENCIA DEL “LAUDO” INVALIDÓ LA INFAME DEMARCACIÓN DE 1905

Abraham Gómez R.*

Comienzo por celebrar —como lo está haciendo todo el país— que vayamos encontrando certeros puntos de coincidencias entre algunas organizaciones políticas, corrientes oficialistas y de oposición, Fundaciones, Entidades no gubernamentales, personalidades con fuerza opinática, estudiosos en torno al asunto litigioso de la Guayana Esequiba. Hay bastante gente adunada en esta causa patriótica.

Estamos apreciando que dirigentes con posiciones irreconciliables para otros muchos aspectos; por lo menos, en lo atinente a la presente contención percibimos univocidad en los contenidos y significados de sus declaraciones. Tales hechos —que se han vuelto reiterativos— nos llenan de contentura y sano orgullo para seguir con esta hermosa tarea de reivindicación venezolanista.

Tengo la seguridad que una inmensa porción de compatriotas coincide conmigo cuando expreso que lo peor que podemos hacer es abrir una innecesaria e inconveniente confrontación política partidista interna, relacionada con este pleito internacional, precisamente en un momento apremiante, cuando nos encontramos concernidos en un serio proceso jurídico, en el Alto Tribunal de La Haya; y  decididos, como estamos, a lograr la restitución por la séptima parte de nuestro espacio  geográfico, que nos arrebataron de manera alevosa y vil.

Me permito testimoniar que en mi recorrido por varias ciudades (particularmente haber aceptado la invitación para asistir a algunas universidades y colegios profesionales) con la finalidad de dictar la conferencia, “Guayana Esequiba: litigio histórico y reivindicación en justicia” pude captar el inmenso entusiasmo y solidaridad de muchísima gente dispuesta a aportar sus ideas, conjeturas y posibles alternativas de solución.

Eso es grandioso. Toda nuestra nación cerrando filas y creando conciencia sobre lo que nos corresponde desplegar hasta alcanzar nuestro objetivo, en el marco de la determinación jurisdiccional de la Corte Internacional de justicia.

No nos sentimos amedrentados por las destempladas peticiones del Secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, señor Robert Montgomery Persaud, quien ha solicitado a las plataformas Twitter y Facebook que omitan señalar la extensión territorial de la Guayana Esequiba, cuando se trate del mapa respectivo de Venezuela.

Nos resbalan las declaraciones del señor Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental quien ha solicitado que aceptemos el laudo hasta que la Corte decida al respecto.

Este funcionario de los Estados Unidos que diga lo que le plazca; porque nosotros estamos firmes y decididos en nuestra lucha.

Esa inmensa franja, de 159.500 km2, —más grande que muchos países— aparece en todas las cartografías referenciales —en el mundo— con rayas oblicuas desde el 17 de febrero de 1966, una vez que se suscribió el Acuerdo de Ginebra. Tratado que causó estado en la Organización de las Naciones Unidas. Tratado que hemos acatado y respetado en su totalidad, conforme al Derecho Internacional Público.

Nuestra contención tiene suficiente asidero jurídico e histórico y la fortaleza moral de saber que no estamos cometiendo ningún acto de deshonestidad contra nadie.

Los reclamos que hemos sostenido, hace más de un siglo, no están soportados en una malcriadez diplomática, capricho nacional o empecinamiento injustificado.

La Contraparte en el litigio sabe que poseemos bastantes documentos.

La delegación diplomática de la excolonia británica (que tiene meses haciendo cabildeo en La Haya) conoce además que nos encontramos apertrechados con los Justos Títulos: pruebas intrínsecas constituidas y los innumerables elementos cartográficos, en tanto pruebas extrínsecas constituyentes (sometibles a investigación pericial) que avalan la histórica propiedad, incuestionable y de pleno derecho de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.

Hasta el día de hoy, Guyana ha basado su demanda (ratificada en dos oportunidades) y enfatizada en la contestación a nuestra Excepción Preliminar (07/10/2022), únicamente en el írrito y nulo Laudo Arbitral de París, del 3 de octubre de 1899.

La causa petendi de la excolonia británica, ante la Sala Juzgadora, es pretender que se nos imponga una decisión sentencial para que admitamos como “válido y vinculante” el precitado adefesio jurídico de ingrata recordación.

Cuando releemos y analizamos algunos párrafos del escrito de interposición de acciones de Guyana contra nosotros (29/03/2018), nos conseguimos que ellos intentan —sin asidero alguno— reforzar la solicitud con una indigerible manipulación como la siguiente:

“Entre noviembre de 1900 y junio de 1904, un límite anglo-venezolano de la Comisión identificó, demarcó y fijó permanentemente el límite establecido en el laudo de 1899. El 10 de enero de 1905, los comisionados firmaron una declaración conjunta y los mapas adjuntos, de acuerdo con el laudo de 1899”.

Ha sido un principio de universal aceptación que ningún acto que haya sido ejercido contrario a derecho pueda proveer derecho, mucho menos generar consecuencias jurídicas, ni revestir carácter para hacerse oponible a nada. Está desprovisto de elementos esenciales para que pueda ser considerado jurídicamente válido. Nunca la trampa sostendrá al derecho ni a la justicia.

La aludida “demarcación” con la cual la contraparte se regodea en la demanda fue el resultado inaceptado de chantajes, amenazas y extorsión: la afamada estrategia del imperio inglés para solucionar controversias.

El Laudo ha estado siempre viciado de nulidad absoluta. Insubsanable. Así entonces, si la contraparte ancla al inexistente Laudo —como probanza— un supuesto trabajo de demarcación; entendemos por lógica, consecuentemente, que la condición de no nacido a la vida jurídica del tal Laudo arrastra —con idéntica calificación— todo cuanto de él se derive y desprenda. La inexistencia del Laudo es al propio tiempo la inexistencia de la inefable demarcación; porque no es que el Laudo sea anulable, es que es nulo de nulidad absoluta.

El Acuerdo de Ginebra señala y sostiene en su artículo primero que el Laudo es nulo e írrito; por tanto, todo lo allí contenido es inexistente.

Tenemos suficientes razones para exponer —categóricamente— la condición de nulidad absoluta del Laudo y la tramposa demarcación.

Entre muchas otras “perlas”, por lo pronto prestemos atención a las siguientes: irrespeto total del pre compromiso arbitral, denominado Consenso de Washington de 1897, sobre todo a lo concerniente a la investigación de los Títulos de las partes y lo referido a la Prescripción adquisitiva.

De punta a punta hubo un inocultable fraude procesal y legal; como también, una composición irregular y parcialización del tribunal; soborno y corrupción del árbitro (particularmente del prevaricador DeMartens). Afloraron, en las pocas discusiones, serísimos conflictos de intereses, aparejado a actos de colusión contra Venezuela.

En fin, el nefasto resultado fue la obtención de un laudo concertado con engaño, contrario a la buena fe, cuya decisión se muestra colmada de injusticia evidente.

Una sentencia cargada de incongruencia (ultra petita y ultra vires), exceso de poder; una resolución sin la más mínima motivación.

La desvergüenza de la contraparte en este juicio llega al extremo de pedir ante la Corte que le confiera la condición de cosa juzgada a tan ignominiosa decisión arbitral.

Está en manos del Jefe de Estado —porque es su atribución constitucional—nuestra comparecencia a la Corte Internacional de Justicia, el 8 de marzo del próximo año. Si llegamos a hacernos parte del juicio, iremos con toda nuestra amplia alforja de pruebas, iuris et de iure, para pedir la restitución in integrum, para colocar las cosas —jurídicamente— en su sitio

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Comisión para la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial.

 

GUAYANA ESEQUIBA: INÚTIL PEDIR LA ANULACIÓN DE UN ACTO NULO

Abraham Gómez R.*

Han transcurrido (123) años de aquella determinación vil y artera que nos perpetró el desgajamiento de una séptima parte de nuestra geografía nacional: la abominación conocida como, Laudo Arbitral de París.

No nos cansaremos de insistir en calificar tal usurpación como una situación avergonzante para el Derecho Internacional Público.

Nuestro país ha reafirmado permanentemente ante el mundo que la aludida sentencia fue una maniobra, devenida en un ardid tramposo, que jamás hemos legitimado y menos ejecutoriado; porque la consideramos inválida, sin eficacia jurídica y sin fuerza para constituirse en elemento oponible a nada.

De las cuatro pretensiones procesales que presentó la excolonia británica en el escrito de interposición de acciones contra nosotros, por ante la Corte Internacional de Justicia, el 29 de marzo de 2018; la Sala Juzgadora (el 18 de diciembre del 2020) circunscribió la causa de la controversia, únicamente a la validez o invalidez del írrito y nulo Laudo, suscrito el 03 de octubre de 1899.

Por cierto, los tratadistas más renombrados del mundo han percibido con estupor tal maniobra contra Venezuela; e inclusive se han permitido dejar sentados criterios sobre el particular; como es el caso del extraordinario aporte del reconocido jurista sueco Gillis Weter, quien, en un enjundioso estudio de cinco tomos, denominado “Los Procedimientos Internacionales de Arbitraje” (Edición-1979); precisamente en su 3er. tomo, dedicado al arbitraje entre Venezuela y la Gran Bretaña, concluye que:

“…Ese laudo Arbitral constituye el obstáculo fundamental para que se consolide la fe de los pueblos en el arbitraje y en la solución de controversias por vías pacíficas. Tal sentencia adolece de serios vicios procesales y sustantivos, y fue objeto de una componenda de tipo político”

Hemos dicho, muchas veces, en todas nuestras conferencias en las universidades que si la Corte se dispone a examinar los hechos en estricto derecho; y si el Laudo en efecto es el objeto de fondo del Proceso; siendo así entonces, tengámoslo por seguro que se le presenta la mejor ocasión a Venezuela para desmontar (procesalmente), desenmascarar y denunciar la perversión jurídica de la cual fuimos víctima.

Lamentamos los contenidos discursivos del presidente Irfaan Ali, también de los voceros de su cancillería y demás acólitos; porque, no han hecho otra cosa que pretender torcer tamaña e innegable realidad histórica para sus propios intereses, en comparsa con insaciables transnacionales.

Allí lo que tienen tejida es una madeja de intereses entre el gobierno y las empresas que han venido esquilmando nuestros recursos, con las ilegales concesiones otorgadas.

Ya tendremos la ocasión —cuando la Corte sentencie a nuestro favor— de hacer una exhaustiva revisión al respecto.

El Laudo ha estado siempre viciado de nulidad absoluta. Insubsanable.

Tal adefesio vergonzoso e infeliz está desprovisto de elementos esenciales para que pueda ser considerado jurídicamente válido.

No es que el Laudo sea anulable, es que es nulo de nulidad absoluta. No nace a la vida jurídica.

Y lo termina de “sepultar” la aceptación plena de la representación inglesa y guyanesa cuando suscriben el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, que señala y sostiene en su artículo primero: “

“Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito”.

Cuando se aceptan las categóricas calificaciones de nulo e írrito es porque se admiten —tácitamente— también que lo allí contenido es inexistente; vale decir que no genera efectos jurídicos, ni ninguna prescripción puede extinguir el vicio original, equiparable a la nada, y el Derecho no tiene por qué estarse ocupando de eso; porque se estaría ocupando de la nada.

Guyana no ha querido revisitar su historia para saber —conscientemente— a quién agradecer.

Se han comportado con nosotros como unos ingratos e inconsecuentes.

De tal manera, que no seguiremos siendo tan lerdos o indiferentes; mucho menos, en esta hora de trascendencia patriótica, cuando enfrentamos un juicio en la Corte Internacional de Justicia.

Estamos decididos —con todos nuestros enjundiosos justos títulos traslaticios sobre la Guayana Esequiba— a honrar la memoria de los insignes connacionales que nos antecedieron en esta lucha, por el presente de la patria y por las generaciones futuras.

Nuestra comparecencia ante la Corte, el 08 de marzo del próximo año —si así lo decide el Jefe de Estado— no estará encuadrada para pedir que sea rescindido o anulado el Laudo; porque tal documento es considerado como inexistente por Venezuela. Inexistente. Nunca cobró vida jurídica.

No vamos a la Corte para solicitar una decisión rescisoria. Rescindir o pedir la anulabilidad significa que le otorgaríamos algún hálito de judicialización, por cuanto, la anulabilidad presenta exteriormente, en principio, todas las apariencias de un acto perfecto.

Hay que saber distinguir entre estos dos complejos aspectos procesales.

Los actos anulables son provisionalmente válidos. El acto anulable no es por sí nulo; puede —incluso— producir sus efectos jurídicos, hasta la declaración de invalidez.

Hemos sostenido, a partir de 1966, que tal Laudo es nulo-ipso iure.

En la Corte Internacional de Justicia no perderemos el tiempo pidiendo la anulabilidad de algo inexistente.

Nuestro fundamentado petitorio se afianzará en la restitución, conforme al Principio de la Legalidad, de todo cuanto nos despojaron en aquella tratativa diplomática urdida por ingleses y rusos, en fecha de ingrata recordación.

Vamos por la restitución, para colocar las cosas —jurídicamente— en su sitio; teniendo como referente el año 1814, cuando el arrogante imperio inglés comenzó a ocupar nuestras posesiones al oeste del río Esequibo, el cual siempre había sido considerado nuestra frontera natural, por ese costado, a partir de la Real Cédula de Carlos III, del 08 de septiembre de 1777, al crear la Capitanía General de Venezuela.

Para encarecer lo vital y determinante de nuestro objetivo principal de reivindicación, tomaré prestada la frase de un digno compatriota, Don Mario Briceño Picón, hombre destacado en el campo de las letras y el gentilicio, quien figuró —por muchos años— en estas lides, las mismas en las cuales, hoy nos encontramos bastantes ciudadanos: “La obra independentista de Simón Bolívar no estará completa, mientras Venezuela no haya logrado la restitución del Esequibo”.

Siendo nulo e inexistente el Laudo Arbitral de París, como siempre ha sido, nos resulta impensable que tal documento conforme la base de la causa petendi en el proceso jurisdiccional incoado por la contraparte guyanesa.

Guyana aspira ganar sin las mejores cartas, ni tener con qué y nosotros solicitamos e invocamos que la Corte haga justicia al hacernos justicia.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela. Asesor de la Comisión Especial de Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial.