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CABO JUAN ADOLFO ROMERO, PRIMER MUERTO EN MANOS DE GUERRILLEROS Y EN DEMOCRACIA

Marcelo Javier de los Reyes*

Jorge José Ricardo Masetti (1929 – 1964) fue un periodista argentino que durante la Revolución Cubana se trasladó a la isla para cubrir ese hecho histórico. Fue el único periodista argentino que cubrió las acciones en Sierra Maestra llevadas a cabo por el Movimiento 26 de Julio y entrevistó a Fidel Castro y a Ernesto “Che” Guevara, lo que le permitió desarrollar una estrecha relación con el «Che». De este modo comenzó su compromiso ideológico con los miembros de esa revolución de izquierda que inmediatamente comenzó a propagarse por buena parte del continente americano en el marco de la Guerra Fría. Como periodista fue fundador de la agencia de noticias Prensa Latina, pero ese compromiso no se limitó exclusivamente a un pensamiento político sino que también se trasladó a la acción.

Así fue como en 1963 Masetti se instaló en la selva de la provincia de Salta ingresando desde Bolivia pero ya bajo el nombre de guerra de «Comandante Segundo». El «Comandante Primero» era el «Che», por lo que el «Ejército Guerrillero del Pueblo» (EGP) que él encabezaba era un primer escalón que prepararía la llegada de Ernesto Guevara para continuar con la revolución en esta región. El EGP reunió aproximadamente unos 50 guerrilleros y otro grupo más reducido que operaba como apoyo logístico. Los rebeldes habían levantado asimismo un campamento enla provincia de Córdoba, en Icho Cruz, el cual fue desmantelado por la policía en marzo de 1964. En ese operativo fueron detenidos siete colaboradores del EGP.

En 1964 los guerrilleros levantaron campamentos en la selva con el objetivo de crear un «foco» en Salta, en el marco de la teoría revolucionaria desarrollada a partir de la experiencia cubana, denominada «foquismo». A partir de la creación de ese foco se procedía a la expansión del proceso revolucionario.

En 1964, en la Argentina, había un gobierno democrático cuyo presidente era el doctor Arturo Umberto Illia, quien llegó a la Casa Rosada tras un proceso electoral en el que el peronismo estuvo proscrito. La realidad política argentina había cambiado desde que los guerrilleros se instalaron en Bolivia para llevar a cabo sus objetivos revolucionarios, pues la asunción de Illia como resultado del voto popular provocó una discusión entre los miembros de la guerrilla, dado que algunos consideraron inapropiado llevar esta acción contra un gobierno democrático. Los rebeldes consideraron seguir con el plan original teniendo en cuenta que para ellos el doctor Illia había llegado al gobierno de manera fraudulenta precisamente por la proscripción del peronismo. Lo que no lograron los guerrilleros lo consiguieron los militares: en 1966 el presidente Illia fue derrocado por un golpe militar.

Los movimientos de los guerrilleros, el intento de captar el interés de los campesinos para su causa y una carta que tuvo como destinatario el doctor Illia, en la que se le solicitaba su renuncia por haber ganado las elecciones de manera fraudulenta, fueron pasos que terminaron exponiéndolos y poniéndolos en la mira de las autoridades argentinas, las que destinaron a la Gendarmería Nacional para detener a los rebeldes.

El primer enfrentamiento entre los miembros del EGP y los efectivos de la Gendarmería se produjo en marzo de 1964, cuando la fuerza llegó a un campamento ubicado en la localidad de La Toma, donde se produjo la detención de cinco personas. Lejos de deponer su objetivo como proponían algunos de sus compañeros, Masetti decidió continuar y ordenó a sus subodinados que se abocaran a la provisión de alimentos.

Una patrulla de la Gendarmería Nacional Argentina al mando del entonces sub alférez Ángel Ricardo Cerúsico, integrante del Escuadrón 20 de Orán, realizaba una exploración en inmediaciones de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en el marco del Operativo «Santa Rosa». En cumplimiento de esa misión, el 18 de abril de 1964, el cabo Juan Adolfo Romero fue herido de muerte en combate a orillas del río Piedras, ofrendando heroicamente su vida en defensa y servicio de la Patria. El guerrillero que mató al cabo Romero fue el cubano Hermes Peña («Capitán Hermes»), quien murió metros después al intentar huir del monte.

El periodista y guerrillero Masetti, el «Comandante Segundo», desapareció en la selva en abril de 1964. Su cuerpo nunca fue encontrado. Los guerrilleros detenidos en los operativos fueron puestos a disposición de la Justicia Federal.

Por su parte, el cabo Juan Adolfo Romero fue el primer muerto en manos de guerrilleros en la Argentina y durante un gobierno democrático. Cada 18 de abril, los miembros de la Gendarmería Nacional le rinden un justo homenaje.

El Instituto de Capacitación Especializada de la Gendarmería Nacional Argentina «Cabo Juan Adolfo Romero», en homenaje al valiente gendarme que ofrendó su vida en defensa de la Patria en 1964.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, (2da edición 2024).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

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LA UNILATERALIDAD DESBOCADA

Roberto Mansilla Blanco*

Mucho se ha hablado de que el pacto entre Trump y Putin por Ucrania sepultaba el orden mundial instaurado en la Conferencia de Yalta de 1945 entre los vencedores de la II Guerra Mundial. Germen de la bipolaridad entre EEUU y la URSS, esa conferencia sirvió también para configurar un sistema internacional basado en reglas, en el poder de los consensos y de la institucionalidad y de los organismos internacionales como actores de resolución de conflictos. La ONU fue el resultado de ese sistema diseñado como el reflejo de esas aspiraciones sostenidas en lo que en la teoría de las relaciones internacionales se denomina como el «idealismo».

No obstante, Trump y Putin no inauguran nada nuevo. En tiempos de eso que fue denominado como la globalización neoliberal y el sistema de «posguerra fría», fue la guerra de Kosovo (1999) con la unilateral intervención de la OTAN bombardeando Yugoslavia en tiempos de la presidencia de Bill Clinton en la Casa Blanca el punto de partida de esa unilateralidad que anunciaba el retorno de la realpolitik de los poderosos. Esos pretendidos consensos institucionales comenzaban a erosionarse.

La ilegal e ilegítima guerra de Irak (2003) lanzada por Bush II no hizo sino confirmar esta tendencia. Tanto en Kosovo como en Irak (no así en Afganistán en 2001) se desestimó el recurso de discusión de estos conflictos donde el sistema de reglas así lo establecía: en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La intervención de la OTAN en Libia en 2011, si bien inicialmente aprobada por la ONU, aumentó esta tendencia a la unilateralidad de Washington entonces gobernada por Barack Obama. Contó con el apoyo del Consejo de Seguridad para crear una zona de exclusión aérea frente a las costas libias; no obstante la Alianza Atlántica decidió también penetrar en territorio libio. Así, los intereses estadounidenses no tiene color político: dos presidentes demócratas (Clinton y Obama) y otro republicano (Bush) confirmaron esa perspectiva unilateral.

No obstante, la invasión rusa de Ucrania en 2022 abre otro compás: ya no es únicamente EEUU quien aplica esta dinámica unilateral. La mayor potencia nuclear del planeta, Rusia, tiene capacidad para hacerlo, desafiando así esos imperativos hegemónicos de Washington. Por tanto, Trump interpreta que la mejor opción para poner fin al conflicto ucraniano es negociar con el agresor, Putin, cuya capacidad efectiva para alcanzar ese «consenso» es mucho mayor que el de la ONU, una UE fragmentada e inerte y obviamente una Ucrania desangrada y sin capacidad militar para revertir la situación.

Ahora bien, ¿cómo interpretar el surrealista show mediático que generó la bronca entre Trump y Zelenski este 28 de febrero en el Despacho Oval de la Casa Blanca? En un breve instante, Trump mostró su capacidad para desarticular esa orden global de Yalta aún vigente en algunos aspectos. Trump y Putin razonan en términos de negociación entre contrapartes de poder. Ni Zelenski, ni la UE ni mucho menos una ONU ausente e irrelevante aparecen como actores que puedan reconducir la situación.

Por otra parte, es pertinente destacar el excesivo protagonismo del vicepresidente J. D. Vance en la disputa verbal entre Trump y Zelenski. Vance, quien lideró la delegación estadounidense que se reunió en Riad con su homóloga rusa para abordar el fin de la guerra en Ucrania, refuerza su peso político en esta era Trump II, aumentando las expectativas que lo señalan como el futuro baluarte del «trumpismo».

Humillado en vivo y directo en la Casa Blanca, Zelenski llegó a Londres para una cumbre europea donde recibió un apoyo unánime. Esto coloca a Gran Bretaña, tras EEUU el principal poder político y militar dentro de la OTAN, como el posible benefactor de Zelenski ante el desprecio de Trump. Vía apoyo político, asistencia militar e incluso labor de los servicios de inteligencia, Londres ha venido tejiendo una importante presencia en Ucrania en estos tres años de guerra contra Rusia; un aspecto pocas veces abordado en los medios.

Por otra parte, en Kiev se abre la veda electoral. Señalado por Trump como «dictador» por no convocar elecciones presidenciales en 2024 (haciéndose eco de la narrativa putiniana), Zelenski lo tiene aún más complicado en casa. Incapacitado para recuperar el territorio conquistado por Rusia, con escasez de efectivos de combate, el atribulado presidente ucraniano ve cómo sube en la intención de voto el ex general Valéry Zaluzhny, curiosamente embajador ucraniano en Londres. Por cierto, Zaluzhny, muy popular por su capacidad para resistir la invasión rusa, viene de declarar que «la paz no es necesaria». Pero el Kremlin también juega sus cartas (esas mismas que Trump le espetó la Zelenski que no las tiene consigo) en este contexto electoral. Rusia comienza a tentar al ex presidente Petro Poroshenko como «su candidato».

Mientras, la UE se sumerge en las reyertas internas sobre qué hacer con Zelenski y Ucrania. No hay consensos mientras la onda de la ultraderecha también está dividida entre sus apoyos a Kiev y Moscú.

Pero volvamos al inicio. Este panorama de unilateralidad con tintes de agresividad disuasiva abre varias interrogantes: ¿qué sistema internacional se está configurando a partir de ahora, en esta etapa que se podría mencionar como «post-Ucrania»? ¿Un sistema unilateral en manos de superpotencias? ¿Una balanza de poder similar a la europea entre 1880 y 1914, previo a la I Guerra Mundial? ¿Una tríada de poder entre EEUU, China y Rusia? ¿Un atlantismo remodelado por Trump frente a un eurasianismo sino-ruso? El pacto Trump-Putin, ¿alejará a Rusia de China? ¿Se normalizarán las relaciones ruso-occidentales?

Son varias interrogantes que, como otras tantas, ni la UE ni Zelenski parecen cuando menos tener capacidad de interpretar o entender. Y así se lo hizo saber Trump en el esperpéntico rifirrafe del Despacho Oval. Mientras tanto, en el Kremlin, Putin seguramente debe estar regocijándose de este surrealista espectáculo occidental, sabedor de que esas «cartas» que tanto le espetó en la cara Trump a Zelenski porque no las tiene, quien sí las tiene es un Putin con cara de póker vencedor.

 

* Analista de geopolítica y relaciones internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), Magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) Colaborador en think tanks y medios digitales en España, EE UU y América Latina. Analista Senior de la SAEEG.

 

LAS PROVINCIAS DEL LITORAL DEL PARANÁ DEBEN ADMINISTRAR SU JURISDICCIÓN FLUVIAL

César Augusto Lerena*

Cuando al concesionar ríos, mares y puertos se resigna la soberanía nacional.

A instancias de Juan Manuel de Rosas, el general Lucio Mansilla enfrentó el 20 de noviembre de 1845 en la batalla de la Vuelta de Obligado a la escuadra anglo-francesa, quien pretendía colonizar nuestro país relacionándose en forma directa con Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Paraguay desconociendo la autoridad de Rosas en las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina. Se trató de la ofensiva de una importante flota muy superior en cantidad y modernidad a las escasas naves argentinas. Los sucesivos combates que sucedieron a la de Vuelta de Obligado ―como Quebracho― donde el invasor sufrió grandes pérdidas, lo hicieron desistir de este proceso colonizador, por lo que esta gesta fue muy importante para la consolidación nacional y un desaliento a aquellos adeptos de las “potencias civilizadoras”. Por tal razón, en 1974 se sancionó la ley 20.770 declarando el 20 de noviembre, “Día de la Soberanía Nacional” que el anuncio de licitar la privatización de la red fluvial más importante de la Argentina distorsiona. O esta ley dictada hace 50 años no tenía suficiente razón de ser o es una muestra elocuente del desinterés de los gobiernos argentinos por administrar eficientemente el Estado, descuidando los espacios, el comercio y la soberanía nacional. 

Ya habían entendido los portugueses en el siglo XV, luego los ingleses, los brasileños y rioplatenses que la Banda Oriental y la Cuenca del Plata eran estratégicamente fundamentales por su proyección al Atlántico Sur y su acceso al Paraná, constituyéndose en una verdadera «bisagra» del desarrollo regional.

Hacia fines de 1776 se tenía clara la necesidad de controlar el Río de la Plata, la navegación en los ríos, la cabecera norte y la meridional del Atlántico Sudoccidental y el paso al Pacífico y el 22 de febrero de 1904 se tomaba posesión de la Antártida. ¿Dónde quedó esta geopolítica del siglo XVIII? que, bajo pretexto de un Estado ineficiente, primero se desarma toda la flota fluvial argentina; luego este gobierno profundiza la dependencia comercial con el Puerto de Montevideo y ahora pretende insistir en extranjerizar la red troncal Paraguay-Paraná, reiterando un método que sí está probado: que el Estado no audita las concesiones y que no existe certeza de las cargas que efectivamente se transportan.

Los resultados están a la vista, desde la década del 80 a la fecha el transporte en el Río Paraguay-Paraná con buques de bandera argentina pasó del 70% a menos del 10% y el tráfico se realiza con barcos de bandera extranjera que usufructúan los millones de dólares que la Argentina destina al dragado de esta red troncal.

Previo dictado del Decreto 699/24 que en su artículo 3º dispuso la disolución total del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, un organismo descentralizado que incluía a las provincias del Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe y de Buenos Aires; el gobierno nacional ha anunciado el llamado a la licitación 1/24 para otorgar por treinta años, con una prórroga de otros treinta, la explotación de la más importante red fluvial Paraguay-Paraná y el Río de la Plata, a través de la cual la Argentina transporta el 85% de sus productos exportables y sus importaciones. Un acto inconsulto que deja de lado los derechos provinciales, concediendo a empresas extranjeras la administración de estos ríos, dando además continuidad, la dependencia del transporte con el puerto de Montevideo, ante la falta de anuncios de la construcción nacional del Canal Magdalena que, como ya se ha dicho, reduciría tiempos y abarataría los fletes de mercaderías, favoreciendo el desarrollo regional, además de establecer la conectividad entre los puertos fluviales y marítimos sin el paso obligado por este puerto vecino, recuperando con esta integralidad la soberanía plena de nuestras aguas, archipiélagos y la estratégica área bioceánica y antártica. La Soberanía Hídrica.

Los ríos Paraguay y Paraná son de jurisdicción de las Provincias del Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe y Buenos Aires, además, del Río de la Plata de esta última y no pueden ser concesionados sin el debido acuerdo interprovincial; por lo cual, no habiendo las Provincias intervenido ni aprobado los pliegos de condiciones se estaría afectando las autonomías provinciales, sus intereses económicos, sociales y ambientales e implicaría una imposición de tasas que requeriría la autorización de las legislaturas provinciales y, en todo caso, reservando a la Nación, las cuestiones relativas a la navegación, la defensa y la seguridad nacional.

Se trata de un canal natural de navegación de unos 3.400 km de largo que permite el transporte fluvial entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay y, sólo en la Argentina hay 72 puertos ―muchos de ellos privados― de los cuales, 1 está emplazado en Misiones, 1 en Formosa, 5 en el Chaco, 33 en Santa Fe, 9 en Entre Ríos y 23 en la Provincia de Buenos Aires y donde unas 4.000 embarcaciones extranjeros en 2020 transportaron una carga de 74 millones de toneladas ―el 83% de los graneles sólidos y líquidos que exporta Argentina― además de 19 millones de toneladas de cabotaje, transportándose también 146 mil contenedores, 750 mil vehículos y 320 mil pasajeros, por un valor FOB del orden de los 70 mil millones de dólares.

Esta licitación limita la intervención de la vía troncal del Río Paraná y del Río de La Plata exterior hasta el Km. 239,1 del Canal Punta Indio, obligando al comercio argentino nacional e internacional a ingresar y egresar a través del Puerto de Montevideo, impidiendo, de esta forma, la conexión directa con el Atlántico Sur y entre los puertos fluviales y marítimos argentinos, además de encarecer los costos y demorar el transporte, colocando a la Argentina como si se tratara de un país mediterráneo, en una cesión de su autonomía inaceptable, a pesar de los km fluviales citados y los 6.816 Km (CONICET) de costas sobre el Atlántico Sur.

En estos meses el gobierno nacional ha cambiado las reglas de juego de supervivencia de las provincias que hasta la fecha encontraban sustento, un tanto extorsivo, en los aportes extraordinarios que aquel hacía para sostener las administraciones. En este escenario, los gobiernos provinciales deberían trabajar para asegurar su autonomía, de modo tal, de no ser presas de la voluntad del gobierno central que no hace más que devolverles parcialmente lo que les extrae y mal administra, aunque ahora ya no queda margen, las provincias deben “destetarse” para sobrevivir y aquellas del litoral del Paraná avanzar para administrar, entre otras cosas, la vía fluvial Paraguay-Paraná, procediendo a gestar las acciones necesarias para oponerse a esta pretensión inconstitucional del poder ejecutivo nacional de otorgar a empresas extranjeras la administración de los ríos de jurisdicción provincial, sin tener en cuenta el desarrollo regional, la generación de riqueza y las cuestiones relativas al cuidado ambiental del medio fluvial y el poder de policía no delegado a la Nación, además de incrementar mediante la aplicación de peajes ―no acordados con las provincias y los productores regionales― un aumento en el costo de los fletes del transporte de los productos originados en la región y ello ―como ya sucedió― bajo pretexto de asegurar la rentabilidad del concesionario será permanentemente actualizado, sujeto a un sin número de imponderables, por ejemplo, sequías, etc., y otra vez sin intervención de las provincias.

El citado Decreto 699/2024 refiere a que la Constitución Nacional en su art. 126º prohíbe “expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior, ni establecer aduanas provinciales o derechos de tonelaje”, como parte de los fundamentos para excluir a las Provincias a la hora de las decisiones; pero, a nuestro entender, una cosa es la libre navegación y los aspectos reglamentarios y de control de ésta y otras son facultades relativas a la administración, la realización de obras y la fiscalización de su territorio fluvial que las provincias no han delegado a la Nación, para las cuales se requeriría su intervención y aprobación de la decisión de extranjerizar las tareas que pudieran realizarse en los ríos y la consecuente aprobación de los pliegos licitatorios y las correspondientes evaluaciones de ofertas y eventuales rechazos y/o adjudicaciones.

Los ríos Paraná y Paraguay “atraviesan” las provincias argentinas. Estos ríos son parte integrante de sus territorios y por lo tanto las provincias no terminan en ellos, sino que son parte de su jurisdicción territorial fluvial. Formosa limita al este en el Río Paraguay con la República del Paraguay, al igual que al noroeste lo hace Misiones en el Río Paraná. El Chaco limita al este en el Río Paraguay con la República del Paraguay y en el Río Paraná con Corrientes y esta Provincia limita al norte en el Paraná con la República del Paraguay y al oste con la Provincia de Santa Fe. Ésta por su parte, limita al este en el Río Paraná con la Provincia de Entre Ríos. A su vez esta Provincia al sudoeste limita en el Río Paraná con la Provincia de Buenos Aires y ésta limita al norte en el Río Uruguay y el Río de la Plata con la República Oriental del Uruguay. Qué tiene que hacer la Nación en estos espacios fluviales de jurisdicción provincial más que garantizar la libre navegación y prestar en forma eficiente los controles limítrofes con la República del Paraguay y Uruguay, en materia aduanera y de seguridad nacional.

El gobierno nacional no podría licitar nada en estas jurisdicciones fluviales de las provincias y tampoco, obviamente, licitar las cuestiones aduaneras y relativas a la seguridad nacional y, por el contrario, debería prestar urgente y eficiente atención a estos temas, porque reiteradamente se denuncia la existencia de contrabando y narcotráfico en el transporte y los ámbitos portuarios.

Por otra parte, cruzar “el charco” y buscar la integración entre los rioplatenses no puede significar dependencia de ninguna de las partes y si bien es entendible que el Uruguay desee profundizar sus canales de aguas profundas del acceso al puerto de Montevideo (y así lo aceptaron las autoridades del CARP en 2018) para favorecer su comercio; pero es absolutamente inentendible que la Argentina no haya mejorado sus vías de navegación para reducir sus tiempos de transporte, los costos de servicios en las esperas de los buques, la reducción de valores de mantenimiento y dragado de los canales, etc., y, fundamentalmente, la integración de sus vías fluviales nacionales con las marítimas del Atlántico Suroccidental, con el consiguiente desarrollo regional y de los pueblos, cuya producción y comercio pueden acrecentarse a través de la utilización de los ríos y del mar argentino. Cuestiones que se alcanzarían con la construcción del “Canal Magdalena” (Ruta del Sur) de unos 55,6 km que correría en doble vía en paralelo a la ribera bonaerense y cuyo proyecto fue elaborado hace más de veinte años, mediante el cual, con la traza propuesta, se reducirían unos 42,7 km de recorrido, unas dos horas de navegación, sin tener en cuenta las horas y días de espera actuales, con una inversión que ―según informan los expertos― podría recuperarse en unos diez años y cuyos estudios se encontrarían finalizados, certificados, acreditados y aprobados en la Comisión Administradora del Río de la Plata.

A las estructuras del Estado hay que hacerlas eficientes, de eso se trata conducir un gobierno. La solución no es cerrar, concesionar o privatizar, sino reorganizar y poner a caminar a un país que está en stand-by y, con ello, la soberanía nacional. Y ésta, no se declama se ejerce.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar