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LA ARGENTINA NO EJERCE SOBERANÍA EN EL ATLÁNTICO SUR

César Augusto Lerena*

Somos un Estado Marítimo invadido y disputado y no ejercemos en el mar argentino y sus archipiélagos una administración plena.

 

La soberanía política. De resulta del siguiente análisis y de los temas que abordaremos podemos lastimosamente afirmar que la Argentina no ejerce soberanía plena sobre el Atlántico Sudoccidental, además de en las islas Malvinas, San Pedro (Georgias del Sur) y Sándwich del Sur que no se encuentran en nuestro poder y, como claramente indica la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, «la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía (…) constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino» y, en los hechos, desde los Acuerdos de Madrid I (1989) y II (1990) la Argentina ha quedado congelada, mientras el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Reino Unido) ha avanzado con prisa y sin pausa hasta la fecha y la Cancillería Argentina y su Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur se han limitado a la acción inconducente de propiciar el diálogo con el Reino Unido, cooperar en forma unilateral y buscar el apoyo de países para la promoción del referido diálogo.

El Consejo Nacional de Malvinas creado en el año 2020 por Ley 27.558 está integrado por varios miembros que intervinieron en la política de sumisión de los años 90; autores intelectuales de los ruinosos acuerdos con el Reino Unido y, entre ellos, Marcelo Kohen, quien en 2018 les propuso a los isleños un referéndum para determinar si querían ser británicos o argentinos, manteniendo el régimen migratorio actual de las islas, lo que hace suponer que poco hay que esperar de este cuerpo respecto a la recuperación de Malvinas y la administración de las aguas y archipiélagos argentinos.

Mientras ello ocurre, el control de la parte meridional del Atlántico Sudoccidental se encuentra en manos del Reino Unido, quien viola sistemáticamente la Res. 31/49 del 1º de diciembre de 1976 de las Naciones Unidas que “Insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas (1514/60, 2065/65, 1965/73, 3160/73)”, podemos ver que, entre otras cosas, construyó una pista aérea para grandes aviones de guerra y carga; una base naval y misilística; modernizó el sistema de radares; llevó adelante obras de infraestructura logística, comunicación y transporte; emplazó un nuevo puerto en la isla San Pedro y licitó para la construcción de otro en Malvinas que concentrará todo el tráfico pesquero, mercante, comercial, científico y turístico de la región, controlando de esta manera la región y el acceso a los Océanos Pacífico e Índico y fortaleciendo su acceso a la Antártida.

El gobierno ilegal de Malvinas otorga licencias ilegales de pesca a buques extranjeros y a partir del 1º de enero de 2023 lo hará por 25 años. Estos buques extraen unas 250.000 toneladas por año (más los descartes) de especies pesqueras argentinas, poniendo en riesgo la sostenibilidad del ecosistema, en una clara demostración del desinterés por el dominio y cuidado de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina, su sostenibilidad y desprecio por la contaminación del medio marino.

Por otra parte, vuelos de la RAF hacen escala en Brasil y Uruguay previo a su descenso en Malvinas y vuelos comerciales de LATAM, con la autorización del uso del espacio aéreo argentino, facilitan el tráfico de trabajadores y tripulantes, intercambio de materias primas frescas y otros insumos y, el Puerto de Montevideo recibe más de 700 buques por año que realizan pesca ilegal en el Atlántico Sur y Malvinas.

Podemos afirmar que, mal que nos pese, las aguas y recursos argentinos del Atlántico Sudoccidental no son administrados por el gobierno argentino e, incluso, organizaciones extrañas, por acción u omisión de los responsables del gobierno argentino, intervienen en el diseño de la política de administración de los territorios marítimos y sus recursos.

Por ejemplo, ¿por qué la norteamericana Wildlife Conservation Society (WCS) diseñó el Área Marina Protegida Bentónica de 164.000 Km2 enclavada en un sector aledaño al área marina ocupada y disputada por el Reino Unido? dando lugar a un proyecto de ley que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y contó con el apoyo de la Cancillería y la Secretaría de Malvinas, a pesar de todos los argumentos en contrario de científicos, pesqueros, medioambientales, económicos, territoriales y estratégicos de los expertos que se opusieron al aparente “infundado” proyecto.

La citada Fundación WCS, cuenta con el apoyo, entre otros, de OCEANS 5, organización que, sus «primeras subvenciones apoyaron el trabajo en los territorios de ultramar del Reino Unido, la Antártida, el Ártico y varias grandes Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), entre ellas, la de Estados Unidos» (sic) incluyendo entre sus socios y miembros, a trece fundaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos, y esto, que podría pasarse por alto, adquiere suma importancia, ya que la citada “Área Marina Protegida” completaría el “blue belt” (cinturón azul) que ya en 2017 los ingleses anunciaron que rodearían a Malvinas (entre otros territorios de ultramar) asegurándose el control y la explotación de los recursos pesqueros en las islas, que se inició en 1990 con el Acuerdo de Conservación (FOCZ) al este de Malvinas firmado por Cavallo y el Santuario Ecológico al sur de Malvinas, establecido en forma unilateral por el Reino Unido alrededor de la isla San Pedro y Sándwich en 2011.

Pero, además de ello, la referida WCS es propietaria de dos islas (Grand Jason y Steeple Jason o las islas Sebaldes o Sebaldinas para la Argentina) desde 2001 en el archipiélago de Malvinas y entonces entendemos el interés de esta Fundación por el Agujero Azul, que pasaría a cerrar el “cinturón azul” al norte de Malvinas y, también, su especial preocupación, por el cuidado de los albatros de ceja negra que se encuentran en las islas de “su propiedad” y, estando esta especie, según el informe de la filial local de WCS, relacionada al Agujero Azul-ZEE.

La Fundación WCS no solo administra estas islas, sino que «está trabajando con el gobierno local para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina circundante» (Christopher J. Mckenzie, Wildview, WCS, agosto 15 de 2017). Es obvio que este solo hecho impide toda participación de esta organización en el territorio argentino, por cuanto sería violatorio de la DTP de la Constitución Nacional.

Además, pareciera que el CONICET colabora eb actividades de la WCS para trabajos de investigación en Malvinas: “…Ian publicó extensamente sobre las aves de New Island (Isla de Goicoechea en Malvinas), y fue autor de trabajos de investigación con los investigadores asociados de WCS P. Dee Boersma, Juan Masello y Andrea Raya Rey”, siendo esta “Investigadora Principal del CADIC, cuya especialidad es la Ecología y Conservación de Aves y mamíferos marinos de Tierra del Fuego y el Atlántico Sudoccidental con implicancias en la conservación, manejo y sustentabilidad regional y global”.

Por otra parte, el pasado 20 de septiembre de 2022 en Washington, la Argentina habría firmado una “Declaración Conjunta sobre la Cooperación Atlántica” junto a Brasil, Canadá, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, el Reino Unido y los Estados Unidos, entre otros, varios de ellos pescadores ilegales, con el compromiso de tener “una región atlántica pacífica, próspera, abierta y cooperativa, preservando al mismo tiempo el océano como una región saludable, recurso sostenible, (evitando) la piratería; la delincuencia organizada transnacional; la pesca ilegal; el cambio climático; la contaminación y degradación ambiental (…) la cooperación en la región (…) y la gobernanza marítima a través del Atlántico (…) desarrollar un enfoque compartido de las cuestiones del Océano Atlántico (…) comprometidos a ver el Atlántico Sur como una zona de paz y cooperación que contribuya significativamente al fortalecimiento de la paz internacional (…) asociarnos con otras organizaciones apropiadas, incluidos los organismos regionales de pesca…”. “región abierta”; “cooperación regional”; “gobernanza marítima”; “organismos regionales de pesca” (léase OROP), etc., una serie de decisiones absolutamente contrarias al interés nacional y la sola firma del Reino Unido que ha incumplido con todas consignas que en esta Declaración se citan, manteniendo una base naval y misilística, depredando los recursos pesqueros argentinos y pretendiendo constituir las OROP que le permitirían, ya no seguir explotando los 1.639.900 Km2 que le usurpa de territorio marítimo a Argentina, sino administrar los recursos de todo el Atlántico Sur, incluso la ZEE Argentina, junto a sus principales socios en Malvinas, los españoles.

Pero llama la atención que con el mismo objeto de “Gobernanza Marítima” dos Fundaciones cuyos integrantes no tienen ninguna experiencia en materia marítima y mucho menos pesquera: la Fundación Argentina Global y la Konrad Adenauer Argentina, el día 20 de septiembre convoquen a participar siete días después en forma presencial (¿?) en Puerto Madryn del “primer taller federal del ciclo de conversatorios titulados “Gobernanza Marítima: de las ideas a la acción”, de 10 a 13 horas (este tiempo no alcanzaría ni siquiera para tratar la pesca incidental y mucho menos para proponer acciones) para dialogar “acerca de la relevancia estratégica del mar y en la necesidad de mantener el buen orden en los espacios marítimos (…) contribuyendo a la elaboración de un documento conjunto de conclusiones (…) sobre la base de un seminario previo realizado en Buenos Aires (¿?) y, además, el lugar de convocatoria, que podría ser cualquiera de los puertos del litoral marítimo, parecería desconocer que la provincia de Tierra del Fuego es la principal responsable junto al Estado Nacional, de las cuestiones de la Antártida e islas y mares del Atlántico Sur.

Nada es casual, revisando los integrantes de las Fundación Global que presidiría Fulvio Pompeo, apreciamos que provienen de una alianza de gobierno que entre otras cosas otorgó concesiones petroleras offshore en el área austral a empresas británicas violando la ley 26.659, firmó el pacto de Foradori-Duncan que hubiera facilitado la logística de Malvinas con vuelos a San Pablo y, desde ahí, la inserción al mundo post-Brexit y ratificó las investigaciones conjuntas pesqueras con el Reino Unido que le permitían a este otorgar licencias ilegales en Malvinas para la captura de los recursos pesqueros argentinos y compró patrulleros oceánicos a Francia que pudieron fabricarse en Argentina y la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, presidida por Susanne Kass, que no entendemos que puede aportar sobre la materia esta organización alemana.

Políticas extrañas; intereses externos e internos; incapacidades; dependencias económicas; falta de cultura marítima y alimentaria pesquera, son el motivo, entre otros, de la administración laxa del mar argentino y de su consecuente intromisión, ocupación, apropiación, depredación y pérdida de soberanía política.

La soberanía territorial. La Argentina tiene, entre la superficie marítima e insular 6.247.842 Km2, mientras que la superficie bicontinental alcanza solo a los 3.757.407 km2. La Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina es de 3.146.345 Km2 y la superficie continental (sin la Antártida) llega a los 2.791.810 Km2. Es decir que la acreditada “Pampa Húmeda”, la de los granos y el bife de chorizo, tiene una superficie menor al mar argentino; pero, “no todo lo que reluce es oro”, el Reino Unido no ocupa solo 11.410 Km de Malvinas, como se suele divulgar, sino 1.639.900 Km2 de territorio marino e insular argentino y nos disputa 1.430.367 Km2 de la plataforma continental argentina extendida y 2.426.911 Km2 del Continente Antártico y sus aguas correspondientes. Es decir, tenemos invadido —proporcionalmente— un 52% de la ZEE Argentina; el equivalente a toda la Patagonia, las provincias de Cuyo, Salta, Jujuy y Formosa y, junto a los territorios disputados, unos 5.497.178 Km2; es decir, dos (2) continentes argentinos (sin contar la Antártida). Seguramente, muchos lectores recién se están anoticiando que no son solo los 11.410 Km2 de Malvinas los que están ocupados o en disputa. Y es que ningún gobierno argentino quiere pagar el costo político de contarnos que el problema no se limita a unas pequeñas (aunque dolorosas) islas del Atlántico Sur. Es un relato. Pero eso no es todo. Cuando se aprobó la Ley 27.557 y nos mostraron un mapa bicontinental a todo color y lo exhibieron como un maravilloso triunfo de la diplomacia argentina por el cual nuestro país incorporaba 1.782.000 Km2 de Plataforma Continental extendida, se olvidaron contarnos que los técnicos de la Comisión de Límites que funciona en la oficina de las Naciones Unidas solo recomendaron 351.633 Km2 y no trataron 1.430.367 Km2 por encontrarse en disputa con el Reino Unido. Fue un mensaje para la tribuna. Nos siguen mostrando como los eternos campeones morales y, mientras tanto, el Reino Unido, pese a la “Fórmula del Paraguas”, ha seguido avanzando territorialmente: en 1982 tenía ocupados unos 20.000 Km2 insulares (Malvinas, más San Pedro y Sándwich del Sur) más tres millas alrededor y hoy, como dije, ocupa y/o disputa 5.497.178 Km2.

En contraste con ello, la Patagonia, que es la región más extensa de la Argentina continental, tiene la densidad más baja poblacional con 2,5 habitantes por km2 y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur una densidad poblacional de 0,1 habitantes por Km2 y, evidentemente, es una debilidad importante frente a un Atlántico Sur ocupado por potencias extranjeras y, misiles en Malvinas apuntando al continente.

La soberanía económica y laboral. La extracción de los recursos pesqueros en el Atlántico Sudoccidental, son del orden de las 2.250.000 toneladas/año (incluidos los descartes), donde operan entre 350 y 500 buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, británicos, portugueses y otros (rusos, polacos, noruegos en su momento). Ello supone una extracción de recursos pesqueros por unos 4.500 millones de dólares/año (FOB); lo que equivale a decir, que en los últimos 40 años se han extraído unos 180.000 millones de dólares (FOB) de los cuales, 26.000 millones de dólares (FOB) son divisas producto de las licencias británicas de Malvinas otorgadas a buques extranjeros.

En este escenario, los gobiernos argentinos no han colocado una sola sanción desde 1998 (Leyes 24.922 y 26.386) a los buques extranjeros que pescan en Malvinas, ni con posterioridad al 2020 donde se aumentaron las sanciones (Ley 27.564) y, en los últimos 40 años, se apresaron un promedio de dos buques por año por pesca ilegal en la ZEE Argentina, con una población de pesqueros ilegales de entre 350 a 500 buques.

La extracción de hidrocarburos offshore por parte del Reino Unido en el área de Malvinas, por el momento, no puede ponderarse, pero se estima que de subir los valores del petróleo las Malvinas se habrán de consolidar económicamente con solo este recurso (Hoy el PBI per cápita de los isleños es de US$ 100.000). A ello se agrega la licitación de áreas (100.000 Km2) para la explotación offshore por parte del gobierno argentino en 2019, donde se adjudicaron a empresas británicas vinculadas a Malvinas, pese a la Ley 26.659 (Solanas) de 2011 que lo prohibía. No se han ponderado tampoco los recursos minerales.

Gustavo Baruj y Sergio Drucaroff del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Ciencia, la Tecnología e Innovación (CIECTI, Informe Nº 10, 2018) entendieron que el potencial económico del mar de 2016-2035 es de los US$ 669.598 millones y generaría unos 568.751 empleos directos, sin evaluar los recursos mineros. Potencial que entendemos muy conservador, en atención al avance en explotaciones petroleras offshore; las potencialidades y acuerdos pesqueros sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE,; los derivados de los fletes marítimos donde la Argentina ha perdido la bandera; la administración de la logística portuaria a miles de buques de gran porte que comienzan a transitar por el estrecho de Magallanes; la construcción y reparación naval, etc.

Se estima que la Argentina está perdiendo unos 50.000 empleos directos por no administrar y/o acordar y/o capturar los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina.

La debilidad en el aprovechamiento del Atlántico Sur también se ve cuando la Argentina importa buques navales y pesqueros, a pesar de tener suficiente capacidad pública y privada para la construcción de embarcaciones y, como contrapartida, exporta productos pesqueros con bajo valor agregado transfiriendo el trabajo a los países más desarrollados, en un comportamiento retrógrado, después de etapas, donde la Argentina, tuvo una importante producción industrial naval nacional. Esta política, es seguramente un plan, destinado a desocupar el mar y depender de terceros en el comercio.

Complementariamente a ello, el Paraná, «entre el puerto de Santa Fe y las aguas profundas del Río de la Plata exterior (1.477 km) es el principal curso de agua argentino, donde ingresan y egresan 4.000 buques de bandera extranjera que en el año 2020 transportaron 74 millones de toneladas de carga, más del 90% del comercio exterior argentino» (Lugarini, Fabian. Informe Marítimo, 08/09/2022), lo que demuestra la debilidad argentina respecto a la autonomía en el comercio y las dificultades de control e integración entre los cursos fluviales y el mar argentino, además de dejar en manos extranjeras la administración de esas vías navegables fluviales y el desarrollo regional consecuente en manos extranjeras, que el 20 de noviembre de 1845 motivaron la recordada Batalla de la Vuelta de Obligado, en defensa de nuestra soberanía nacional.

La soberanía alimentaria. La Argentina carece de política de consumo interno de productos pesqueros. A pesar de estar entre los que más captura de Latinoamérica y el Caribe, después de Perú, Chile y México y es de los países que menos consumen sus habitantes con 4,8 Kg de consumo per cápita/año, estando por debajo de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay, entre otros. Por cierto, muy por debajo del consumo promedio de Latinoamérica con 9,8 Kg., de África con 10,1 Kg. o del mundo con 20,2 Kg. No es casual que no se promueva en la Argentina el consumo interno: se evita que los argentinos miren el mar y cuiden a este y sus recursos.

Si no se descartasen pescados en el mar (en la ZEE, en alta mar y en Malvinas) se podrían disponer de unas 750.000 toneladas/año de productos pesqueros aptos para el consumo. Con 300 mil toneladas de los descartes que se industrialicen se podría proveer raciones a 3 millones de niños y adolescentes por día de proteína de la mejor calidad, todos los días, todo el año, en un país con 37,3% de pobreza y 8,2% de indigencia (INDEC, 30/03/22).

Pobreza, indigencia, subalimentación y descuido de los recursos naturales es parte de la colonización.

La defensa del territorio. No hay política de disuasión. Los distintos gobiernos han declarado que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto, una llamativa calificación ante semejante escenario, mientras la Ley General de Pesca de México (DOF 24/4/2018, Art. 17º) indica: «El Estado reconoce que la pesca es una actividad que fortalece la soberanía alimentaria y territorial de la Nación. Un asunto de seguridad nacional y prioridad para el desarrollo nacional». La Argentina debería cuadruplicar su capacidad existente naval y aérea para controlar solo la ZEE Argentina y asignarle un presupuesto a la Armada Argentina y a la Prefectura Naval que, en la actualidad, está dentro de los más bajos de Latinoamérica. En el hipotético caso de aprobarse el Área Marina Protegida Agujero Azul, la Argentina para controlar esos espacios marinos, necesitaría unos US$ 15 millones anuales, lo que da una idea de la falta de presupuesto para vigilar y gobernar nuestros mares.

Desculturalización y relaciones con el Reino Unido. El 2 de febrero de 1825 las Provincias Unidas del Río de la Plata firmaban el Tratado de Amistad, Libre Comercio y Navegación con el Reino Unido. El mismo reconocía, entre otras cosas, la independencia de nuestro país, no obstante «para la obtención de dicho reconocimiento la Corona británica requirió que Buenos Aires contrajera un empréstito de la banca inglesa Baring Brothers por 1 millón de libras esterlinas (llegaron solo £ 550 mil) y dicho monto fue devuelto 81 años más tarde, pagándose 5 veces la cifra inicial». En 1831 Luis Vernet apresó tres goletas norteamericanas que pescaban en forma ilegal. En 1833 y pese al Tratado de Paz citado el Reino Unido destruyó la población argentina en Malvinas. Desde entonces, los gobiernos han mantenido relaciones diplomáticas con el fin de obtener la restitución de las islas y, desde 1982 se inició un proceso de desmalvinización y desculturalización que, se profundizó en 1989, con la aceptación de la ocupación del territorio marítimo y los recursos pesqueros argentinos, cuando en los prolegómenos de la firma de los Acuerdos de Madrid el diplomático negociador argentino indicó: “No nos preocupa la exclusión pesquera sino la militar”. Esa desmalvinización sigue hasta nuestros días.

Necesitamos la determinación del Gral. Manuel Belgrano (“un Estado sin pesca nada puede sobre la mar”); la preclaridad del Almirante Segundo Storni (“el Mar será el vehículo y el sostén de su fortuna y de su gloria”); el esfuerzo del Almirante Guillermo Brown (“El honor nacional requiere un esfuerzo”) y de todos los combatientes que mantienen viva la llama de Malvinas.

“Nada está hecho mientras quede algo por hacer” (Romain Rolland)

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

AL OTRO DÍA

Marcelo Javier de los Reyes*

Cleto Mariano Grandoli y Domingo Fidel Sarmiento.

En memoria de los jóvenes que ofrendaron su vida en Curupaytí y en la Guerra del Paraguay.

En aborrecimiento a la dirigencia actual.

 

Escribo estas líneas al otro día de que se conmemorara un nuevo aniversario de la muerte del Subteniente 1º de Bandera Cleto Mariano Grandoli y de Domingo Fidel Sarmiento, quienes fallecieron en la batalla de Curupaytí el 22 de septiembre de 1866, en el marco de la guerra de la Triple Alianza (1864-1870) que enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay con Paraguay. Esa tentativa de las tropas aliadas de tomar el fuerte de Curupaytí, junto al río Paraguay, es considerada como la peor derrota militar en la historia del Ejército Argentino. Se estima que las fuerzas aliadas sufrieron una cifra cercana a las 10.000 bajas entre muertos y heridos.

Cleto Mariano Grandoli había nacido en Rosario el 26 de abril de 1849 y falleció en el campo de batalla portando la Bandera Argentina, por lo que pasó a ser recordado como el Abanderado Grandoli. El joven tenía solo 16 años cuando se inició el conflicto y se ofreció como voluntario en el ejército en julio de 1865, ingresando a la milicia como Subteniente abanderado del Batallón N°1 de Santa Fe.

Tras su participación en la batalla de Yatay y en la toma de Uruguayana, fue ascendido a Subteniente 1º de Bandera de su batallón en octubre de ese año. Una de sus páginas de gloria fue escrita en la batalla de Tuyutí, el 24 de mayo de 1866, en el que las banderas sostenidas por los jóvenes Grandoli y Justo Sócrates Anaya fueron acribilladas mientras flameaban en medio del fragor del combate. Anaya continuó con su carrera militar al término de la guerra.

Grandoli participó de las batallas de Yataytí-Corá, de Boquerón y Sauce pero encontró la muerte el 22 de septiembre en la batalla de Curupaytí. Al observar la superioridad de las fuerzas de defensa paraguayas le escribió una carta a su madre, en la que se destacan estas líneas:

«El argentino de honor debe dejar de existir antes de ver humillada la bandera de la Patria. Yo no dudo que la vida militar es penosa, pero, ¿qué importa si uno padece defendiendo los derechos y la honra de su país? Mañana seremos diezmados, pero yo he de saber morir defendiendo la bandera que me dieron».

Hombre de palabra, cumplió con lo que escribió y la bandera que portaba fue atravesada por 14 balazos y cayó manchada con su sangre en Curupaytí. Hoy esa bandera se haya expuesta en el Museo Histórico Provincial «Dr. Julio Marc» de la ciudad de Rosario. Su cuerpo quedó en el campo de batalla, como los de tantos argentinos.

En Curupaytí también falleció Domingo Fidel Sarmiento, hijo de la argentina Benita Martínez Pastoriza y del comerciante chileno Domingo Castro y Calvo. A la muerte de su esposo, Benita contrajo matrimonio con Domingo Faustino Sarmiento, quien lo adoptó formalmente en 1848. Domingo Fidel, «Dominguito», nació en Santiago de Chile el 17 de abril de 1845, ciudad en la que cursó sus estudios primarios y parte de los secundarios, los que terminó en la ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad pudo conocer a la dirigencia política e intelectual de su época.

Cuando estalló la Guerra de la Triple Alianza, Dominguito se alistó en el Ejército Argentino, a pesar de la oposición de su madre, y participó de ese conflicto con el grado de capitán.

Al igual que Grandoli y que tantos otros jóvenes, Dominguito murió combatiendo en la batalla de Curupaytí, a los 21 años de edad. También dejó una carta a su madre, escrita ese mismo día antes de la batalla.

La Argentina de Grandoli, Anaya y Dominguito era una Patria que enfrentaba una guerra que, como toda guerra, no debería de ocurrir. Una guerra entre países hermanos que aún enfrentan el desafío de encontrar un camino común de desarrollo, de crecimiento, trabajando para lograr un mutuo beneficio y poner esta región del mundo en un lugar destacado en el escenario global. Una ardua tarea para la que parece que aún no estamos preparados.

Esa era una Patria que tras décadas de conflictos civiles había encontrado una unión y un orden que ayudó a consolidar sus incipientes instituciones que le permitieron, en pocos años, convertirse en una gran Nación, que se situó por encima de varios países de la Europa de esa época y que se encaminaba a ser una potencia gracias a una dirigencia política e intelectual, conformada por hombres con defectos y virtudes como todos, pero que tenían un horizonte claro, un destino promisorio para la República Argentina.

Era una Nación a la que muchos jóvenes le ofrendaron su vida.

Escribo estas líneas ciento cincuenta y seis años después de la muerte de esos jóvenes que pasaron a la historia con honor, en una Patria que se diluye ante nuestros ojos por obra de una «oligarquía política» conformada por pusilánimes y corruptos —salvo honrosas excepciones— que se benefician de una  sistema partidocrático berreta moldeado por ellos mismos para sacar provecho del mismo, empobreciendo a la Patria y a sus ciudadanos en un país que cuenta con incontables recursos.

Por obra de esta dirigencia, hoy la Argentina no tiene jóvenes que se inmolen por ella sino jóvenes que huyen en busca de un país que le ofrezca lo que su propio país es incapaz de ofrecerle. Estos jóvenes sienten, con razón, que aquí no tienen futuro.

Escribo estas líneas al otro día en que en el Congreso de la Nación —que nada tiene de honorable— se debatió la Ley de Humedales, siguiendo las políticas impuestas desde el exterior, impulsadas por ONGs financiadas también desde el exterior, y que solo apunta a continuar arruinando los sectores productivos de la Nación y con ello a generar mayor pobreza.

En lugar de favorecer la producción, la Secretaría de Comercio pone toda su energía en analizar el «mercado de figuritas» y un diputado de la Nación propone a una ciudad de Buenos Aires como «capital del jamón crudo argentino».

Los jóvenes tienen razón: aquí no tienen futuro.

Los adultos no supimos mantener la Argentina a la que muchos ciudadanos le dedicaron su vida, trazando unos Objetivos Nacionales que venimos borrando desde hace décadas, incapaces de enfrentar los «relatos» y la traición de los miembros de esa «oligarquía política».

Tenemos una gran deuda con nuestros jóvenes, estamos a las puertas de la desintegración nacional, pero aún estamos a tiempo de revertir ese rumbo si nos ponemos a trabajar ya. Como dice nuestro Himno Nacional,

«Coronados de gloria

Vivamos

Oh, juremos con gloria morir».

 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2022.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

 

Bibliografía

Corbat, Ariel. El heroísmo y la gloria (Trilogía de Convivviones). Florida, Provincia de Buenos Aires: La Pluma de Derecha, 2017.

De Marco, Miguel Ángel. «Banderas rosarinas en la Guerra del Paraguay». Histamar (conferencia pronunciada el 16 de junio de 1960), https://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-3/BanderasRosarinas-Paraguay.htm.

Marturet, Carlos María. “A 155 años de la muerte en combate del subteniente 1ro de Bandera Cleto Mariano Grandoli”. Argentina.gob.ar, 22/09/2021, https://www.argentina.gob.ar/noticias/155-anos-de-la-muerte-en-combate-del-subteniente-1ro-de-bandera-cleto-mariano-grandoli.

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LA ARGENTINA DEBE PONER EN VALOR LA ZONA DE PAZ Y COOPERACIÓN DEL ATLÁNTICO SUR (ZPCAS)

Marcelo Javier de los Reyes*

El 30 de noviembre de 1985 los presidentes de la República Argentina, Raúl Ricardo Alfonsín, y de la República Federativa del Brasil, José Sarney, firmaron la Declaración de Iguazú en la ciudad brasilera de Foz do Iguaçu. A través de la misma destacaron la relevancia que tiene el Atlántico Sur, tanto para los pueblos sudamericanos como para los africanos y manifestaron «su firme oposición a cualquier tentativa de transferir a la región, que debe ser preservada como zona de paz y cooperación, tensiones este-oeste, en particular a través de medidas de militarización». Debe destacarse que esa declaración se enmarcaba en el contexto de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y que ambos mandatarios procuraban mantener a este enorme espacio marítimo fuera de la rivalidad de las superpotencias.

En 1986 la Asamblea General de las Naciones Unidas, por Resolución 41/11 proclamó la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS o ZOPACAS), la cual quedaba integrada por con veinticuatro países, los tres del litoral sudamericano (Argentina, Brasil y Uruguay) y veintiún países del litoral atlántico africano (Angola, Benín, Camerún, Cabo Verde, Congo, Costa d’Ivoire, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica y Togo). La Resolución dejó abierta la posibilidad de que todos los países que bordean el océano Atlántico a ambos lados del mismo pudieran unirse[1].

A través de la Resolución, la Asamblea General consideraba la «necesidad de mantener la región libre de medidas de militarización, de la carrera de armamentos, de la presencia de bases militares extranjeras y, sobre todo, de armas nucleares». Del mismo modo, «exhorta a todos los Estados de la zona del Atlántico Sur a que promuevan una mayor cooperación regional, entre otras cosas, para el desarrollo económico social, la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos vivos y la paz y la seguridad de toda la región». Asimismo exhorta a los países militarmente importantes de todas las regiones «a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos».

A su vez hace un llamamiento a cooperar en la eliminación de toda fuente de tensión y a respetar «la unidad nacional, la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de todos los Estados de la región» y añade «que el territorio de un Estado no debe ser objeto de una ocupación militar que resulte de la utilización de la fuerza, en violación de la Carta de las Naciones Unidas, así como el principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza».

Por diversas razones la ZPCAS no ha mantenido una constancia en sus reuniones y por momentos ha permanecido prácticamente inactiva. Una prueba de ello fue que la presidencia pro tempore que asumió la Argentina en 1998 en la V Reunión de Buenos Aires[2] debió haber pasado a Benín en la reunión que debió celebrarse en el año 2000. Con miras a la VI Reunión Ministerial de los Estados Miembros de la Zona, que finalmente se iba a llevar a cabo en Benín en enero de 2003, la Argentina diseñó una serie de propuestas tendientes al fortalecimiento de la Zona, pero lamentablemente no contaron con el respaldo de varios de los países miembros.

En 1998, la Cancillería Argentina me invitó a integrar la delegación argentina en la reunión de la ZPCAS que se celebró los días 21 y 22 de octubre en Buenos Aires, en el Palacio San Martín. En su agenda se incluyeron temas de interés común para los Estados Parte, como la seguridad, la protección del ambiente costero —dentro del cual cabe la apelación formulada para la consecución de normas convenientes para el transporte marítimo de desperdicios radioactivos y tóxicos—, la protección de los recursos marítimos vivos —que es un tema prioritario para varios países africanos y abordado con énfasis por el delegado de Guinea Ecuatorial—, el mantenimiento del Atlántico Sur como área libre de armas nucleares y cooperación en la lucha contra delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero[3].

Una mención especial fue el punto en el cual los Estados consideraron «que las cuestiones relativas a la paz y a la seguridad y las cuestiones de desarrollo son interdependientes e inseparables y que la cooperación económica, la promoción del comercio y las inversiones entre los países latinoamericanos y africanos de la región constituyen objetivos de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur». Habría sido un punto de partida fundamental para lograr un mayor conocimiento mutuo que permitiera la transferencia de tecnologías y experiencias[4].

En esa oportunidad, diplomáticos africanos —cuya nacionalidad e identidad mantendré en reserva— me confiaron que verían con agrado un incremento considerable de las relaciones entre la Argentina y África para balancear la fuerte presencia de Brasil, a la que ellos consideraban «una continuidad del Imperio portugués» en África[5].

En la VI Reunión Ministerial que tuvo lugar en Luanda, Angola, los días 18 y 19 de julio de 2007, los Ministros de los Estados miembros de la ZPCAS, llamaron «a la reanudación de las negociaciones entre los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de conformidad con la resolución 2065 (XX) y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “Cuestión de las Islas Malvinas” con el fin de encontrar lo antes posible una solución pacífica, justa y duradera a la disputa de soberanía»[6].

En la Declaración de Montevideo de 2013, en el marco de la Séptima Reunión Ministerial de la ZPCAS, las Partes coincidieron en la necesidad de continuar luchando para poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones y se puso el acento en llevar adelante los esfuerzos necesarios para promover el «principio de la resolución de controversias siempre por medios pacíficos y la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos territoriales que las afectan, de conformidad con el derecho internacional, especialmente la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General y su Comité Especial de Descolonización». En esa declaración, nuevamente se hace referencia a la necesidad de reanudar las conversaciones entre ambos gobiernos «de conformidad con la resolución 2065 (XX) y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la “Cuestión de las Islas Malvinas” con el fin de encontrar lo antes posible una solución pacífica, justa y duradera a la disputa de soberanía».

Asimismo los representantes de los Estados reafirman «la resolución 31/49 de la Asamblea General, que requiere que ambas partes en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, se abstengan de tomar decisiones que impliquen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas atraviesan el proceso recomendado en las resoluciones de la Asamblea General. En este contexto, vemos con preocupación el desarrollo de actividades ilegítimas de exploración de hidrocarburos en la zona en disputa, así como el refuerzo de la presencia militar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la zona, en violación de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas»[7].

Cabe agregar que la Resolución 31/49 se emitió en el marco de la 85ª sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 1º de diciembre de 1976.

En una entrevista que se le formuló en 2020 al entonces flamante secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, se le consultó si se buscaría reactivar el foro de países de la ZPCAS[8]. Ante esta pregunta respondió que se estaban manteniendo conversaciones con el canciller de Cabo Verde y con Brasil, país que se encontraba preocupado por la situación de la piratería en el Atlántico Sur, según informó. Por tal motivo y a pedido de Brasil, se procuraba reactivar el funcionamiento de la Zona. Asimismo, Filmus agregó que para la Argentina era «muy preocupante la militarización británica, ya que tenemos en la zona la base militar más importante al sur del paralelo 50, lo que va en contra de todos los acuerdos internacionales en los que participan los países de este foro. Esa presencia militar no tiene, para nosotros, ningún sentido, porque nuestro país ha dicho una y mil veces que el único camino que vamos a emprender para la recuperación de las islas es el del diálogo y la paz»[9]. Del mismo modo, lamentó «la baja en la intensidad del reclamo durante los últimos cuatro años», en directa referencia a la gestión del gobierno del presidente Mauricio Macri.

En septiembre de 2015, el diplomático argentino Gonzalo S. Mazzeo expresó: «De singular importancia es el estatus conferido a la Zona como una zona no solo de paz y cooperación, sino como una zona libre de armas nucleares, un esfuerzo que se inscribe en el ideario de paz y seguridad que dio nacimiento a las propias Naciones Unidas»[10]. Agregó que Argentina «considera adecuado que, aun aquellos países que no integran la Zona, guarden un comportamiento responsable y respetuoso de los propósitos de paz y seguridad y de los compromisos asumidos en materia de exención de armas de destrucción masiva, que la Zona se ha impuesto».

El 30 de julio de 2021, a través de una información de prensa, la Cancillería Argentina comunicó que en el marco de la 94ª sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas se adoptó «una nueva resolución que revitaliza la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (ZPCAS), cuya última resolución databa del año 2015»[11]. En la misma informa que la nueva resolución «destaca, entre otras cuestiones, la función de la ZPCAS como foro para que aumenten la interacción, la coordinación y la cooperación entre sus Estados miembros» y que en ese foro «habitualmente se condena la presencia militar británica en el Atlántico Sur y se reafirma la importancia de no permitir la presencia de armas nucleares en dicha zona». Del mismo agrega que el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, destacó que la «recuperación de la actividad de la ZPCAS, después de varios años en los que no había presentado resoluciones a la Asamblea General de la ONU, es una muestra del interés de los países latinoamericanos y africanos que la integran por preservar la región de los intereses de las grandes potencias y mantenerla como zona de paz y cooperación».

El relanzamiento de la misma, según informa la Cancillería Argentina, es fruto del trabajo junto a Brasil y Uruguay como un espacio de cooperación más allá de las cuestiones inherentes a seguridad y la defensa, sino también a otras como las científicas. Según lo expresado por el propio Filmus, «uno de sus objetivos principales es terminar con el colonialismo en el Atlántico sur».

Por su parte, el gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur celebró la revitalización de la ZPCAS y agregó que «ha sido un principio rector de nuestra gestión, el cumplimiento y el respeto del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación haciendo valer el derecho de todos los habitantes de la Provincia de vivir en una zona de paz»[12]. El gobernador Gustavo Melella recordó que «hemos condenado la anacrónica posición militarista y colonial del Reino Unido que demuestra cabalmente su intransigencia y su desprecio por las normas del derecho internacional y hace oídos sordos al llamado de la comunidad internacional en su conjunto para poner fin a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes»[13].

Ya se han mencionado las expresiones de Daniel Filmus —quien en septiembre de 2021 dejó el cargo de secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación para asumir el de Ministro de Ciencia y Tecnología— pero en particular deseo reparar cuando se refirió a «la baja en la intensidad del reclamo» durante el gobierno del presidente Macri, lo cual si bien es cierto, no le exime de su propia negligencia al frente del área Malvinas. El Dr. César Augusto Lerena se ha referido de forma crítica en numerosos artículos a los miembros que conforman el Consejo Nacional de Malvinas pero en particular a Marcelo Kohen, quien viajó a las islas Malvinas para llevar una «propuesta original» pero por sobre todo anticonstitucional de escindir el archipiélago de la Provincia de Tierra del Fuego y permitirle a los isleños que, luego de treinta años, puedan decidir en un referéndum si desean seguir bajo la soberanía argentina u optar por la británica[14]. Parece contradictorio que quien ha hablado de una disminución de la intensidad del reclamo sobre la soberanía argentina sobre las islas haya convocado al Consejo Nacional de Malvinas a un abogado que propone violar la Constitución Nacional y la Constitución Provincial de Tierra del Fuego.

Ahora bien, con respecto a las expresiones de apoyo formuladas en los documentos emitidos por la ZPCAS, cabe reflexionar si las autoridades argentinas, todas, de los últimos gobiernos, se conforman con la «mera declamación». Pues sí, porque no hacen nada más que declamar los justos títulos históricos, geográficos y culturales que tiene la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

En ningún momento se decidió pasar a la acción con medidas más efectivas. Ya en 2009 había sugerido que la ZPCAS debería haberse encaminado hacia la creación de un organismo con una secretaría autónoma que le permitiera mantenerse al margen de los vaivenes políticos nacionales y globales[15]. Puede comprenderse que varios de los países africanos puedan encontrar dificultades económicas para asumir los costos que ello implica, pero para la Argentina debería considerarse esta decisión como una inversión y tomar la iniciativa, para lo cual debería poner a disposición de los países miembros de la ZPCAS un edificio público para ser destinado a una sede de la misma con un Secretario General rotativo con sede en la Argentina. De esa manera se evitaría la discontinuidad con que se desarrollan las actividades del foro.

Además de ello y de las acciones que pueden enmarcarse en lo que se denomina el «poder blando», como por ejemplo fortalecer la cooperación a través del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR) —programa a través del cual la Cancillería Argentina ofrece cooperación técnica a países de igual o menor desarrollo relativo económico y social—, debe considerarse la necesidad de contar con un poder real, el cual se basa en unas Fuerzas Armadas con al menos poder de disuasión, una soberanía económica y un excelente plantel de diplomáticos para llevar adelante el objetivo de recuperar la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur.

El contexto en el que fue concebida la ZPCAS, la Guerra Fría, habría supuestamente llegado a su fin con la implosión de la Unión Soviética pero los hechos que se aprecian en Ucrania —particularmente hacia fines de 2021— y las tensiones que se generan entre Estados Unidos y China ponen en evidencia que las tiranteces de la Guerra Fría no han desaparecido y que la OTAN constituye una amenaza para la Argentina, cuya presencia se observa en el Atlántico Sur con la presencia de submarinos nucleares británicos y estadounidenses, contraviniendo las disposiciones de la ZPCAS. Del mismo modo, y como lo expresé en un artículo en 2016, el Reino Unido ha establecido el «collar de perlas británico» en el Atlántico, imitando al denominado “collar de perlas” de China en el Indo-Pacífico[16].

Quizás la dirigencia política argentina no haya tomado conciencia que la denominada Guerra de Malvinas ha sido una guerra no solo por el control del Atlántico Sur sino también una guerra por la Antártida, cuyo tratado vence en 2048 y será objeto de una nueva negociación en la que la Argentina podría salir muy perjudicada, mientras que el Reino Unido se garantiza su proyección sobre el continente blanco a partir del efectivo control de las islas y de su posterior expansión sobre nuestras jurisdicción marítima. Queda poco tiempo para que la Argentina pueda revertir su actual posición militar, diplomática, económica y soberana pero debe ponerse a trabajar en ese sentido.

La ZPCAS le ofrece a la Argentina una extraordinaria oportunidad para trabajar en ese sentido, acercando a las dos orillas para favorecer la cooperación y la preservación de la paz en el Atlántico Sur, fuente de enormes riquezas que hoy nos están siendo esquilmadas y depredadas por países extra regionales.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.

 

Referencias

[1] Resolución 41/11. Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. Asamblea General de las Naciones Unidas, cuadragésimo primer período de sesiones.

[2] La V Reunión de los Estados Miembros de la Zona se celebró en Buenos Aires los días 21 y 22 de octubre de 1998.

[3] Reyes, Marcelo Javier de los (comp). Africa ante el tercer milenio. Actas del Simposio Electrónico Internacional. Buenos Aires: Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID), 2000, p. 232.

[4] Ídem.

[5] Reyes, Marcelo Javier de los. «Argentina y su inexistente poder blando». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales, SAEEG, 03/06/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/06/03/argentina-y-su-inexistente-poder-blando/.

[6] Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur (ZPCAS), VI Reunión Ministerial, Luanda, Angola, 2007, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, República Argentina, https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/zpcas_2007_-_declaracion_de_luanda.pdf, [consulta: 04/08/2021].

[7] Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur (ZPCAS), VII Reunión Ministerial, Montevideo, Uruguay, 2013, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, República Argentina, https://cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/zpcas_2013_-_declaracion_de_montevideo.pdf, [consulta: 04/08/2021].

[8] Roca, Mariano. «Filmus: “Trabajamos en una política integral hacia el Atlántico Sur”». Infobae, 02/04/2020, https://www.infobae.com/def/defensa-y-seguridad/2020/04/02/filmus-trabajamos-en-una-politica-integral-hacia-el-atlantico-sur/, [consulta: 10/03/2021].

[9] Ídem.

[10] «Argentina resalta importancia de zona de paz y cooperación en Atlántico Sur». Mercopress, 12/09/2015, https://es.mercopress.com/2015/09/12/argentina-resalta-importancia-de-zona-de-paz-y-cooperacion-en-atlantico-sur. [consulta: 10/03/2021].

[11] Información para la Prensa N° 290/21. «Se reactiva la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur». Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 30/07/2021, https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/se-reactiva-la-zona-de-paz-y-cooperacion-del-atlantico-sur, [consulta: 04/08/2021].

[12] Gobernador Melella: «Celebramos la Resolución que revitaliza la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur». Sitio oficial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 30/07/2021, https://www.tierradelfuego.gob.ar/gobernador-melella-celebramos-la-resolucion-que-revitaliza-la-zona-de-paz-y-cooperacion-del-atlantico-sur/, [consulta: 04/08/2021].

[13] Ídem.

[14] Lerena, César Augusto. «La estrategia del Consejo Nacional Malvinas. Parte 1». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 09/02/2021, https://saeeg.org/index.php/2021/02/09/la-estrategia-del-consejo-nacional-de-malvinas-parte-1/.

[15] Reyes, Marcelo Javier de los. «O Atlântico Sul: seu pasado recente, cooperação e perspectivas de potenciais conflitos». En: Jonuel Gonçalves (organizador), Atlântico Sul XXI, São Paulo: Editora UNESP, Salvador, BA: EDUNEB, 2009, p. 34-35.

[16] Reyes, Marcelo Javier de los. «El collar de perlas británico en el atlántico sur. Una amenaza a la seguridad regional». Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 16/04/2016, https://saeeg.org/index.php/2016/04/16/el-collar-de-perlas-britanico-en-el-atlantico-sur-una-amenaza-la-seguridad-regional/.

 

Artículo publicado originalmente en el Anuario del CEID 2021, el cual puede ser descargado gratuitamente desde https://saeeg.org/wp-content/uploads/2022/09/CEID-ANUARIO-2021.pdf

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