César Augusto Lerena*

Imagen de Claudio Bianchi en Pixabay

Es de tal gravedad la situación general y sectorial, que la Argentina no admite más la aplicación de viejos modelos fracasados, el aprovechamiento de los recursos del Estado para fines personales o la mala administración por parte de los servidores públicos. Se requiere de funcionarios y dirigentes reflexivos, abocados en un nuevo plan de desarrollo productivo que priorice el bienestar del trabajador y su familia, la previsibilidad y renta empresaria, la explotación racional y eficiente del recurso, la generación de divisas y empleo y, también, diferenciar al agente público eficiente del que entorpece el desarrollo de la actividad, ya sea por acción, omisión o prácticas ilegales.

No será posible la recuperación soberana del Atlántico Sur y Malvinas si no ocupamos el Mar Argentino, explotamos sus recursos y, los migratorios o asociados. Y, sí esperamos transformar la producción primaria pesquera en una industria, como precisa el artículo 2º de la Ley 24.922 generando mayores divisas, valor agregado y empleo, será indispensable efectuar una reforma consensuada de la actividad pesquera, cambiando el modelo extractivo que prima desde la década del 70.    

No es un momento fundacional, en el que se desandan las buenas acciones, sino el de una reforma fundada y sostenible, de nuevos planes basados en el conocimiento de la biología, la explotación,  la administración del recurso, el mercado, las necesidades de la empresa y el trabajador, el gerenciamiento de la actividad marítima, pesquera, naval, exportadora y de consumo, que deben rápidamente ponerse en movimiento, para eliminar la inequidad y el desaliento, generar nuevas inversiones, mayor valor agregado y trabajo, divisas para el país y ratificar la presencia de los productos de calidad en todo el mundo y en la dieta de los argentinos.

Sería necesario en ámbito nacional:

1) Extraer la mayor cantidad de recursos disponibles en forma compatible con una óptima reproducción, multiplicación y desarrollo de las especies y el mantenimiento de la biomasa a perpetuidad para asegurar su explotación actual y el de las próximas generaciones.

2) Buscar acordar la explotación de los buques extranjeros de nuestros recursos migratorios y, a la par, promover los incentivos necesarios para que toda la flota pesquera congeladora argentina y, muy particularmente la potera, se haga de nuestros recursos en todo el atlántico sudoccidental.

3) No depredar ni descartar ninguna captura, de modo que desembarquemos el más alto volumen posible, para generar nuevas industrias, y que, las existentes, puedan disponer de materias primas en forma regular, aumentando la demanda laboral y la rentabilidad empresaria, a la par, de aprovechar esta esencial proteína en un país con una altísima tasa de desocupación, pobreza e indigencia.

4) Establecer reglas y controles ciertos sobre la asignación de cuotas y autorizaciones de captura, que se ajusten a los proyectos aprobados de explotación, respecto a la radicación territorial e industrial, generación de valor, ocupación de mano de obra, afectación de la flota a las capturas asignadas, su renovación y actividad, la utilización de medios y redes selectivas y la pesca en las áreas autorizadas, la sustentabilidad del recurso y del ambiente, la responsabilidad social empresaria y, el cumplimiento de toda la legislación pesquera y del proyecto presentado por la Empresa, que diera lugar a la concesión de la captura, industria y comercio de los productos pesqueros.

5) Establecer una Unidad Económica Pesquera que asegure el sostén económico y social de las pequeñas y medianas embarcaciones e industrias y dé, mayor certeza a estas y sus trabajadores, promoviendo inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos, evitando la quiebra, el desempleo y la reformulación de buques menores en otros de mayor capacidad con la consiguiente inequidad e incremento del esfuerzo y la depredación. Ello, acompañado de políticas que faciliten la exportación y el comercio interno de las pequeñas y medianas empresas para dar mayor probabilidad de subsistencia.

6) Promover una mayor industrialización de las materias primas, incentivando el valor agregado y desalentando la exportación de commodities que extranjeriza la mano de obra argentina y reduce el ingreso de divisas el país.

7) Erradicar el trabajo no registrado, a través de sistemas de cruzamiento de datos que fácilmente detectan la irregularidad y, a la par, efectuar las correcciones impositivas necesarias para evitar que el régimen imperante desaliente la registración o el pago parcial en negro.

8) Aumentar el consumo nacional de pescado, que se encuentra entre los más bajos del mundo y, por tal motivo no se genera mayor valor agregado, empleo y mejora de la dieta de los argentinos.

9) Asegurar la diversidad de la explotación de las especies, no solo para obtener un mayor equilibrio biológico, sino, además, para que la actividad no esté sujeta a una monocaptura poco previsible como la del langostino, cuya caída, provocaría una de las más graves crisis del sector.

10) Llevar adelante una política de federalización de la explotación de los recursos originarios, para asegurar una industrialización de las provincias del litoral marítimo.

11) Dar autonomía a la investigación pesquera ―el INIDEP― no solo para asegurar la perpetuidad de las especies, sino para poner el desarrollo tecnológico al servicio de las empresas.

12) Llevar adelante una política de renovación y de seguridad de los buques para reducir los naufragios y promover, buscando los medios de financiamiento, la construcción de embarcaciones pesqueras, transporte, investigación, petroleros, defensa, etc. en los Astilleros nacionales.

13) Colaborar con la Autoridad Portuaria para promover la construcción y/o mejora de los puertos para facilitar la operación de los buques pesqueros y, actuar sobre los propietarios o tenedores de buques pesqueros abandonados en los puertos para mejorar en estos su operatividad.

14) Generar la necesaria confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación para asegurar la colocación de los productos pesqueros en el mundo, acreditándolo ante nuestras propias certificadoras y las calificadoras internacionales.

Será necesario en materia internacional:

15) Promover la creación de una Comisión Revisora de los Acuerdos de Madrid con el objeto de retrotraer a 1982 todas las cuestiones que, pese a la fórmula aplicada del paraguas, el Reino Unido incrementó unilateralmente respecto a la ocupación original de Malvinas y de los aspectos relativos a la explotación de los recursos naturales originarios de Argentina en el Atlántico Sur desde esa fecha.     

16) Llevar adelante una política de preeminencia, en nuestro carácter de Estado Ribereño, sobre los Estados de Bandera (extranjeros) de acuerdo a la CONVEMAR, tomando las acciones precautorias para evitar la depredación del Atlántico Sur y, en especial, la captura de especies migratorias del mar argentino.    

17) Prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Pesca INDNR) haciendo valer en el concierto internacional el ejercicio de los derechos soberanos de Argentina como Estado Ribereño, acordando o sancionando, a todos los buques extranjeros que pesquen ilegalmente los recursos argentinos en el Atlántico Sur, evitando la captura de más de 350 buques extranjeros ilegales en el Mar Argentino y sobre las especies migratorias en el área adyacente, privando a la Argentina de un millón de toneladas anuales de pescados y calamares que le permitirían a nuestro país duplicar las exportaciones, triplicar la mano de obra y mejorar la dieta de los argentinos.

18) Llevar adelante una política de explotación nacional del calamar destinada a mejorar las condiciones de explotación selectiva de esta especie por parte de los buques nacionales y reducir su extracción con buques de arrastre y/o con embarcaciones licenciadas por el gobierno ilegal británico.

19) Concretar Acuerdos con Uruguay para eliminar las operaciones portuarias en ese país por parte de buques extranjeros ilegales que extraen recursos en el Atlántico Sur y posibilitar una integración rioplatense para defensa y explotación económica del Atlántico.

20) Promover el rechazo del Acuerdo de Nueva York y del Atún evitando regionalizar el Mar Argentino y nuestro debilitamiento como país ribereño ante los buques Extranjeros y el Reino Unido en Malvinas.

21) Dejar sin efecto el Acuerdo Foradori-Duncan, en lo relativo al incremento de vuelos a San Pablo y la investigación conjunta con el Reino Unido del mar argentino y la pesca.

22) Promover la revisión del reciente pre-acuerdo con la Unión Europea, con el objeto ―entre otros— de establecer, que los productos originados en el Atlántico Sudoccidental (Área FAO 41 y 48) o migratorios o asociados a ésta deben encontrarse certificados por la Argentina, o la República de Uruguay en su caso, para su ingreso a la Unión Europea, sufriendo las mismas limitaciones arancelarias o sanitarias que pudieran aplicarse a la Argentina.

23) Llevar adelante políticas activas en el Atlántico Sur, controlando la defensa nacional y considerando a este espacio, de interés ambiental, social y de desarrollo económico para todos los argentinos.             

La acción y la vocación del gobierno y la cooperación y solidaridad de todos los actores del sector serán vitales para revertir esta grave situación, contribuir a la reafirmación de la soberanía y al desarrollo nacional desde esta actividad, para generar divisas, valor agregado, empleo, radicación industrial y el bienestar de todos los argentinos.   

                  

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 25 libros (entre ellos “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera”, 2019) y articulista de la especialidad.