César Augusto Lerena*
Por el Artículo 6° se creó la Secretaría de Pesca pero ésta fue vetada por el Decreto 9/68 del Poder Ejecutivo Nacional, por lo cual en la Argentina la Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Agricultura y Ganadería que delega las funciones en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Ello tuvo origen en una decisión del entonces Secretario del área Felipe Solá, seguramente porque escaparía de su control la cuestión pesquera.
Nosotros entendemos que, por la complejidad y particular actividad de la pesca y la acuicultura, estas son absolutamente ajenas a la Agricultura y la Ganadería; la particularidad de las cuestiones relativas a la explotación de los recursos que se realizan en un ámbito marino, industrial y exportador; la amplitud del territorio marítimo que debe ser controlado tanto desde punto de vista de la explotación pesquera como de la seguridad y la defensa; la relación de la actividad con las cuestiones fluviales, portuarias, industriales navales, de investigación, de desarrollo tecnológico y relaciones ambientales e internacionales, debería crearse una estructura de mayor jerarquía que oficie de Autoridad de Aplicación.
La pesca es una actividad productiva diametralmente distinta a la problemática agropecuaria, por el carácter de explotación fundamentalmente industrial, que combina en un mismo empresario las tareas de extracción de un recurso biológico —mediante sofisticadas artes y equipos— junto a la industrialización de la materia prima y la exportación de los Productos obtenidos, muchas veces en forma directa.
El uso intensivo de mano de obra, combustibles, energía, insumos e inclusive, por su temática específica, donde se requiere personal obrero, técnico y profesional formado y perfeccionado en la especialidad.
Culturalmente los argentinos, donde se ha promovido históricamente las actividades agropecuarias, se dice que vivimos de espaldas al mar. No puede esperarse que sus dirigentes y funcionarios no sean el reflejo de este estilo de vida. En este marco de dificultades de comprensión de la actividad, de desconocimiento de sus potencialidades económicas, la Industria Pesquera Argentina es de las pocas que ha tenido un crecimiento sostenido en las últimas décadas, superando incluso los volúmenes y montos de exportación de las carnes rojas, que nos han caracterizado en el siglo pasado a nivel internacional. Todo ello, pese a un marco macroeconómico desfavorable y políticas extractivistas vigentes hasta nuestros días.
La pesca se vincula fuertemente al tipo de explotación, provocando una actividad inmediata en la comunidad y la región de población e industrialización. La salida de la embarcación a la pesca ocasiona una inmediata ocupación en tierra para procesar las materias primas a desembarcar; aunque, el modelo de los últimos años de pre-procesamiento a bordo e inmediato transbordo para la exportación reduzca la ocupación de mano de obra para beneficio de los países importadores transformadores. Este es el mismo modelo que utiliza la pesca a distancia con los buques de los Estados de pabellón, que son los principales responsables de la PESCA ILEGAL y, por cierto, el modelo que promueven los importadores que le agregan en destino el valor a las materias primas.
La pesca reviste una importancia creciente para los Estados marítimos y, adquirirá mayor significación en el futuro a partir de los avances crecientes en materia de acuicultura y maricultura. Chile, por ejemplo, exportó pese a la pandemia en 2020 unas 800 mil toneladas de salmón y trucha por un valor de 4.389 millones de dólares (en 2019 lo había hecho por 5.127 millones), es decir, más del doble de las exportaciones marinas argentinas. La pesca es muy importante para los Estados provinciales, para sus economías en atención a la radicación industrial y la consecuente ocupación de mano de obra y el asentamiento poblacional que ocasiona. Y será más importante aún, ante la creciente demanda de proteínas de alto valor como la que aportan los productos pesqueros; con la incorporación de tecnologías modernas para resaltar las condiciones propias de la materia prima y presentarla adecuadamente, necesariamente relacionada a la promoción y competencia mundial, que le permite vender a la Argentina productos pesqueros de alta calidad a más de 50 países e ingresar a los mercados sofisticados de Estados Unidos, la Unión Europea y los países asiáticos.
La pesca es aprovechamiento intensivo y racional de un recurso natural renovable, a través de su extracción, industrialización y comercio. Se constituye en una herramienta fundamental para la defensa nacional mediante la ocupación de los espacios marítimos argentinos y el desarrollo regional de la Patagonia. No parece tener mayores puntos de contactos con la Agricultura y Ganadería, que el de encontrarse en la misma área de gobierno, que no entiende el tema, la industria, los negocios ni su rol estratégico en la ocupación del litoral patagónico, el territorio marítimo e insular argentino.
Por ello, promovemos la reforma del Artículo 6º vetado, de la siguiente forma: Artículo 6º. «Autoridad de Aplicación. El Ministerio del Mar, Antártida e Islas del Atlántico Sur dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, será la Autoridad de Aplicación de esta ley. Corresponderá al Poder Ejecutivo Nacional adecuar las normas que regulen el funcionamiento de los organismos con competencia en materia de extracción de los recursos marítimos pesqueros; su industrialización; la explotación de acuiculturas y mariculturas; el comercio; la investigación y el desarrollo tecnológico en la materia; las cuestiones pesqueras vinculadas a las operaciones en puertos y a la industria naval pesquera; los acuerdos internacionales de explotación pesquera o investigación pesquera y todas aquellas cuestiones vinculadas directa o indirectamente a pesca o la acuicultura» (César Lerena, “Pesca. Apropiación y Depredación. Bases para una Política Nacional”, 2014). Puede parecer muy pretenciosa la jerarquía en un Estado que debe tiene serias dificultades económicas; pero, agruparía las políticas relativas al Atlántico Sur, sus Archipiélagos y la Antártida y, las cuestiones pesqueras; mercantes; fluviales; portuarias; navales; de investigación; tecnología; desarrollo y consumo. Sin olvidar que la Argentina tiene ocupado por el Reino Unido su territorio marítimo e insular en un porcentual equivalente al 52% de su ZEE. Hay países que tienen un Ministerio y sus ZEE son de una dimensional muy inferior al de Argentina como es el caso de Perú (0,9 M de Km2); Francia continental (0,4 Km2); Portugal (1,7 Km2); Corea (0,5 Km2).
Por supuesto, que ello implicaría dinamizar a tres áreas, como las actuales Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería; la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte, cuyos funcionarios han sido incapaces de generar un nuevo modelo estratégico y ejecutar las pertinentes acciones para desarrollar, generar riqueza y empleo y, avanzar hacia la soberanía nacional en un importantísimo territorio marino e insular del orden de los 6.247.842 Km2. Una miopía donde no se ha entendido que somos un ESTADO MARÍTIMO y que tanto las cuestiones productivas y sociales y respecto a la soberanía plena en Malvinas, no se habrán de alcanzar sino se recupera la administración eficiente del Atlántico Sur.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena1. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)2. Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021).
(1) Fundada el 21/10/2002; (2) Fundado el 2/4/1989
16 de septiembre de 2022
