Archivo de la etiqueta: Industria Pesquera

LA POLÍTICA NACIONAL DESTRUYE LA INDUSTRIA PESQUERA

César Augusto Lerena*

El ordinario tecnicismo del economista y Presidente Javier Milei referido al comercio: «se van a meter los productos en el orto» (Neura Media, 15/04/2025). Una acepción que en la Argentina no se refiere precisamente a la salida del sol y que ya se advirtió cuando la industria pesquera nacional se resistió a la Reforma de Pesca que establecía la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que, más que dar libertad a los argentinos otorgaba libertad total a los buques extranjeros para pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina, no descargar sus capturas en los puertos argentinos, utilizar buques de cualquier antigüedad y tripulantes extranjeros. Una política que siguiendo con los argentinismos podríamos denominar de «boluda total» y que solo unos pocos países bananeros en el mundo aplican: Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y algunos países africanos, que no tienen desarrollada su flota, su industria ni sus mercados pesqueros; no es el caso de Argentina que posee un gran desarrollo en la temática.

Las declaraciones del ministro reorganizador Federico Sturzenegger calificando al sector de «ladrón» y afirmando que «se llevan el pescado de todos los argentinos» (Radio Mitre, 17/10/24) cierran estas ideas descalificadoras e imprecisas ya que la pesca no tributa solo el 0,2% como este ministro manifestó, sino que previo al aumento de los derechos a la extracción el sector «ya aportaba el 35% de las ventas» (Karina Fernández, Revista Puerto, 30/01/2024).

Como en su oportunidad dijimos, el rechazo de este proyecto de extranjerización irrestricto del mar, no será gratis para la industria pesquera (César Lerena «Enajenar los bienes del Estado…”, 08/02/2024). La revancha será terrible y la forma que el gobierno la materializa es mediante una política económica e impositiva que destruye la producción pesquera argentina. Un dólar anclado, con o sin banda de flotación, un sinnúmero de impuestos; retenciones a las exportaciones (DEX) del 3 al 9%; derechos de captura (DUE) de 80,53 a 509,38% según la especie; tasas de inspección, servicios portuarios, etc.; servicios de energía (+268% en 2024); gas (entre 150 y 460% en 2024); agua (+317,22% en 2024); gasoil (+275% en 2024); fletes (+85%), etc. y, el continuo aumento de costos internos de insumos, los salarios, etc. hacen inviables las concesiones de explotación pesquera. El sector pesquero industrial compite con los mercados más exigentes del mundo quienes fijan los precios, pese a la errática e inconsistente política económica argentina y un dato no menor: la pesca no es ilimitada y debe ser sostenible para asegurar los recursos a las generaciones futuras; pero, la situación actual parece inviable.

En aquella ocasión señalamos que «hubo intencionalidad, perversidad, audacia y desprecio para la industria nacional» y presagiamos: «señores empresarios no se distraigan, el gobierno insistirá, nada volverá a fojas cero»; aunque, nunca imaginamos que sería mediante tan semejante “mala praxis” con olor a vendetta. El Consejo Federal Pesquero ―el responsable según la Ley 24.922 de fijar las políticas pesqueras― y el Subsecretario de Pesca su presidente, han demostrado su incapacidad para administrar la actividad, conforme las variables internas y las relativas al mercado internacional y han puesto al sector ―según las principales Cámaras Empresarias― en la crisis más profunda de su historia.

La Argentina exportó en 2024 unas 540.000 toneladas por valor de US$ 2 mil millones, es decir, un promedio de US$ 3.704 la tonelada que se mantiene en los últimos diez años; mientras los costos internos de la captura y la industria pesquera argentina crecen en forma continua, junto a un dólar devaluado, con el agravante que el consumo interno con 4,9 Kg per cápita por año es el más bajo de Latinoamérica y ello también tiene relación con las pésimas políticas nacionales.

La Argentina destina un 95% de la producción nacional pesquera a la exportación y, la Unión Europea, Estados Unidos y los países asiáticos que importan pescados, crustáceos (langostino) y moluscos (calamar) colocan aranceles a los productos pesqueros terminados; siendo España, China y Estados Unidos los principales compradores de pescados argentinos.

El producto que más dólares aporta a la Argentina es el langostino, comprado principalmente por España, Italia y China. El calamar, por su parte, lo adquieren mayoritariamente China, Corea del Sur y Singapur. Estados Unidos a su vez, es comprador de Merluza común (hubbsi), Merluza Negra, Merluza de cola y, Corvina. Y, siendo, el tercer comprador de productos argentinos acaba de agregarle un nuevo arancel del 10% a las importaciones desde Argentina, que provocará un mayor quebranto a la empresa pesquera del país (de capital nacional o extranjero).

Los pescados, crustáceos y moluscos están entre los diez productos argentinos exportados a Estados Unidos que más dólares aportan al país y, están en tercer lugar en las exportaciones totales, luego de España y China; a pesar de ello el gobierno argentino le coloca el 6% de retenciones, lo cual demuestra la falta de políticas para compensar los gravámenes proteccionistas extraordinarios que le colocan importadores, como Estados Unidos; pero, que debería tenerse en cuenta no solo en este caso sino en todos las oportunidades que los países importadores coloquen aranceles para evitar el ingreso a precios competitivos de nuestro país. Es de esperar que la crisis se agrave porque el aumento general de los alimentos podría producir una disminución de la demanda en aquel país.

Con un mecanismo absolutamente empírico el 4 de abril de 2024 el gobierno llevó las Unidades de Pesca (UP) de $ 376 a $935, lo que representa un aumento del 148%; de forma que todos los valores referidos a esta UP aumentarán en la misma proporción. Se trata de un valor relacionado al costo del litro del gasoil grado 2; de tal manera, que además de aumentar en forma creciente el valor del combustible y sus impuestos -un insumo esencial de la actividad- se encarecerán exponencialmente todos los costos de las operaciones de pesca.

El medio especializado Pescare (04(04/2024) precisa que, a la pesca, contrario a lo que ocurre en la extracción de petróleo, gas y otros minerales, se le cobra un «Derecho Único de Extracción» (DUE), a pesar de que esos recursos no son renovables como en la pesca. Una observación interesante, sobre la que habría que ampliar.

Como hemos dicho el Consejo Federal Pesquero no ha evaluado sus costos ni los de la Subsecretaría de Pesquera en materia de administración, investigación y control, a la hora de determinar el valor del derecho a la extracción (DUE) de los recursos pesqueros. Es decir, se le impone a la captura una tasa en forma empírica encareciendo los costos de producción que, dicho sea de paso, no pagan los buques extranjeros que pescan subsidiados los recursos migratorios argentinos ilegalmente (alta mar y Malvinas) luego compiten en los mismos mercados internacionales.

Hay que tener en cuenta, que el Estado otorga en concesión la explotación de la pesca, de modo tal de aprovechar la disponibilidad de los recursos pesqueros en el mar argentino, generando riqueza, empleo y desarrollo poblacional e industrial en las regiones del litoral marítimo. Es obvio entonces, que esa explotación debe generar una rentabilidad al concesionario y no pérdidas, porque se desalentaría la actividad y las inversiones en la región. Motivo por lo cual, todos los impuestos, derechos y tasas deben estar destinados a solventar los gastos básicos de administración general, investigación y control y no a generar utilidades al Tesoro Nacional con todo este tipo de tributos colocados en forma arbitraria. Todo ello es además una extracción a las provincias donde las empresas están radicadas impidiendo nuevas inversiones.

Por si fuera poco, en medio de este festival de impuestos, derechos y tasas, Néstor Saldivia nos indica (Revista Puerto) que “China no está comprando langostino a la Argentina”, lo cual no es un dato menor, ya que en 2024 fue el tercer importador de langostino nacional.

En vistas a esta situación que afecta especialmente al procesamiento de las materias primas en las plantas procesadoras de las provincias el Consejo Federal Pesquero, a instancias de la Cámara Argentina de Armadores de altura (CAABPA) y la Cámara de la Industria (CAIPA) y, fundado en la caída de los mercados, salarios, aumentos de combustibles, los precios internacionales, etc. redujo por 180 días un 20% el Derecho Único de Extracción (DUE) a aquellas trasformaciones que se realizan en las plantas industrias en tierra, a excepción del abadejo, el calamar y los tiburones. Y es contradictorio exigiéndose una transformación de un porciento de las capturas de calamar se procese en las plantas en tierra se exceptué a esta especie de esta disminución del DUE, desalentando el proceso de elaboración generación de empleo.

Por cierto, si bien el gasoil es un insumo muy importante en la pesca, la actualización de los impuestos, tasas y derechos a través del costo del gasoil es incorrecto, porque el encarecimiento de este insumo incrementa aún más los costos de las operaciones. Por supuesto, que se paguen los impuestos con que se gravan los combustibles agregan costos a las exportaciones pesqueras; pero, además, colocan en una situación de desventaja a las empresas nacionales en relación a las flotas pesqueras extranjeras que pescan subsidiados a distancia los recursos pesqueros migratorios argentinos.

Por ello, al tiempo de eliminar las retenciones en forma equivalente a los aranceles de importación que en los distintos mercados sufran los productos, se debieran eliminar los impuestos aplicados al gasoil a los buques pesqueros fresqueros y, a los congeladores nacionales que pesquen en alta mar.

En necesario también tener en cuenta que los insumos que utiliza la pesca (repuestos diversos, plásticos, cartón corrugado, cajones, redes, cables, acero inoxidable, hielo, fletes, gasoil, servicios de gas, energía y agua, servicios portuarios, mantenimientos diversos, etc.) han subido, mientras el dólar se ha mantenido estable y, a su vez, los procesos realizados en las plantas industriales en tierra utilizan más personal que los realizados a bordo, de modo tal que su rentabilidad se agrava.

Es impostergable en este estado de cosas suspender ―hasta evaluar los costos de administración, investigación y control de Estado― el pago de los Derechos Únicos de Extracción (DUE) y reducirlos si los resultados de ese análisis superan esos costos. Al respecto hay que apreciar que estos derechos son aproximadamente un 300% más altos que los que aplican otros países pescadores del mundo.

Por otra parte, si bien las correcciones al dólar pueden ser importantes, no son suficientes; por lo tanto, hay que revisar la matriz de los costos del Estado y los de la explotación, teniendo en cuenta las inversiones y el empleo que se genera, asegurando empresas concesionarias sanas, cualquiera sea su importancia.

Las empresas indican que han perdido millones de dólares tanto por mantener la flota pesquera parada como por salir a pescar a pérdida, considerando la crisis «la más importante de su historia»; en ese sentido, se han pronunciado todas las Cámaras Empresarias del País: la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA); la Cámara de Armadores de Poteros de Argentina; la Cámara de la Industria Pesquera Argentina; la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura; el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA); la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca, la Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras; la  Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos.

Los propios gremios han propuesto reducción de impuestos ya que entienden que colisionan con sus propias remuneraciones y dificultan el comercio pesquero.

En cualquier caso, es hora que estas concesiones, se diseñen como consorcios con la participación de todos los actores y de modo tal que las políticas no impidan competir en el mundo a los productos pesqueros argentinos que reúnen todas las condiciones de calidad y seguridad alimentaria que requieren los consumidores más exigentes.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar

 

 

LAS CUOTAS DE PESCA: CAMARÓN QUE SE DUERME LO LLEVA LA CORRIENTE

César Augusto Lerena*

Cuando el río suena agua trae. Finalmente, podría ser buena la iniciativa de Federico Sturzenegger porque movió el avispero; la pesca está en problemas y parece no darse cuenta.

La Nación tituló el artículo de Diego Cabot el pasado 16 de junio «Cómo funciona el millonario negocio de la pesca, que el Gobierno puso en la mira», que pareciera estar reinstalando la iniciativa del economista y agregó: «Este año vencen permisos de explotación y la discusión sobre el canon que paga la industria ictícola se coló en la agenda pública; el proyecto original de la Ley Bases modificaba el régimen, pero los artículos fueron eliminados…». La ley de Bases no solo modificaba el Régimen de Pesca, sino que era una especie de ley castigo, donde se le decía al sector: «no pagaste por los recursos lo que yo entiendo como Estado que valen y entonces voy a abrir el mar argentino a la mejor propuesta extranjera que efectúen para quedarse con los recursos» y, para facilitar las ofertas, «no les voy a exigir que utilicen personal argentino ni desembarquen en puertos argentinos, es decir estén libres del pago de todo impuesto interno». Un aumento del canon ―aún carísimo― sería un excelente negocio para los ofertantes externos que, además de tener los mercados, pescan incluso a pérdida para hacerse de esta valiosa proteína, acrecentando lo que ya pescan en la milla 201.

El proyecto de ley partió del error de no tener en cuenta que el principal responsable del bajo valor del «derecho único de extracción» (de captura) no son las empresas concesionarias, sino el Consejo Federal Pesquero (CFP) integrado por funcionarios nacionales y provinciales. La cuestión se hubiera resuelto con una mera resolución de ese cuerpo y no internacionalizando la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina que, salvo algunos pocos países bananeros sin desarrollo pesquero, no hay país en el mundo que lo haga y que hubiera producido la depredación del recurso, la baja en las exportaciones, la quiebra del sector empresario, despidos y desolación en los pueblos pesqueros del litoral marítimo.

Lo primero que debería haber hecho la Autoridad de Aplicación es elaborar un presupuesto en materia de administración, investigación y seguridad y prorratear los costos entre los citados derechos de captura; pero no, se prefirió llevar adelante un engendro que hasta ―en voz baja― el reciente designado subsecretario López Cazorla comentaba: «si sale la reforma me voy». Nunca vimos un proyecto del Poder Ejecutivo que los funcionarios del área (escondidos atrás de los visillos) no lo defienden en las Cámaras.

Refiere este artículo que Sturzenegger «amplió el zoom sobre un negocio descomunal, que jamás pasó por el tamiz de la opinión pública». Bueno, es poco mayor que el maní, al que tampoco nadie la presta atención. La pesca podría ser un mejor negocio para el país si se llevase adelante políticas adecuadas; pero hoy no es un negocio fenomenal en relación con otras actividades exportadoras del país ―por el ejemplo, el maní que exporta más toneladas y pocos dólares menos que la pesca― que representa solo el 2,1% del complejo exportador y la actividad tiene unos 520 buques pesqueros operando (¿se tiene idea de la complejidad de esto?) y una gran cantidad de plantas industriales dedicadas a la transformación de los productos pesqueros, muy por encima de los muchos rubros oligopólicos que operan en el país. En todo caso, sí hay una alta concentración empresaria y siete de las diez primeras exportadoras son empresas nacionales de capital extranjero, lo que demostraría que no hay en el sector un proteccionismo al nacionalismo extremo; aunque no olvidemos que la exportación agropecuaria está más concentrada todavía en unas pocas empresas. El problema son las políticas que se llevan a cabo, por ejemplo, el RIGI, que extranjerizará aún más la pesca, ya no en la explotación en el mar, sino en la radicación en el territorio continental de empresas extranjeras con múltiples beneficios que no se otorgan a las empresas nacionales instaladas en el país y que serían de mayor magnitud a los hipotéticos cánones discutidos.

Sí hubiese un modelo de explotación que controlase los descartes, los desembarcos, los coeficientes de rendimientos, se agregue valor a las capturas y se recupere parte de la pesca ilegal que se realiza sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar se generaría mucho más valor que cualquier canon.

El problema no es «la regalía» sino que el CFP es un pésimo administrador de los recursos pesqueros. La explotación se da en concesión y si alguien concesiona la explotación de un mínimo bar, nos imaginamos que conocerá sus cargas impositivas, la inflación, la rentabilidad esperada, etc., y para cuidar la marca del negocio acordará un manual de procedimientos y auditará la concesión. Nada de ello ocurre cuando el CFP otorga una concesión pesquera, es decir, los permisos, cuotas, etc. para pescar un recurso que es de dominio público, aunque por ley transferible. En el campo dirían «la culpa no la tiene el chancho sino quien le da de comer».

La sola «puja» por el valor de un canon para hacerse dueño de cuotas o autorizaciones, retrotrae la actividad al siglo XIX, a la extracción y comercio del pescado entero. Es lo mismo que hacen los isleños en Malvinas que venden licencias pesqueras a los buques extranjeros y no tienen industrias significativas en las islas. Es retrotraer a la Argentina a la venta de ganado en pie. Es un modelo que atrasa. Aunque para opinólogos y políticos sería interesante que supieran que la captura está limitada al «Rendimiento Máximo Sostenible» que establece el Instituto de Investigación (INIDEP) que determina el máximo posible de captura para asegurar su sostenibilidad y en la ZEE las empresas pescan ese máximo posible sin que existan excedentes pesqueros.

El problema no es la licitación por un mayor canon como plantea Sturzenegger. Los países más avanzados del mundo descartaron la licitación como un medio idóneo. Sabemos además que las licitaciones no garantizan adjudicaciones cristalinas (¿es necesario explicarlo?). Sin embargo, es posible plantear un método similar que tenga en cuenta en los postulantes a la adjudicación o la renovación las propuestas de inversión industrial, de modernización tecnológica, de buena práctica, trazabilidad y valor agregado de los productos a comercializar, de desarrollo regional y ocupación de personal, entre otros parámetros que ya están previstos en ley 24.922.

Los empresarios en su defensa argumentaron en su favor que «pagan unos 130 millones de dólares anuales de retenciones» y ello solo da por tierra con esta búsqueda de un mayor canon, ya que si la intención era que el concesionario pagara más por la captura hubiera bastado actualizar las cuotas o incrementar más las retenciones y en este último caso no afectaría a las pequeñas empresas que venden en el mercado interno.

A meses de vencerse las cuotas de varias especies, pueden pasar varias cosas: a) nada y que todo siga igual; b) que se postergue bajo pretexto de que en seis meses no se puede armar un proyecto que cambie la matriz extractiva de la pesca y, c) presentar un nuevo plan de cuotificación de pesca que cambie el modelo imperante. ¿En serio? ¿Con los mismos de siempre? ¿Con el subsecretario López Cazorla que ya ocupa 15 años la poltrona del Consejo Federal Pesquero y es uno de los responsables de la crítica de Sturzenegger, mientras el secretario de Bioeconomía se dedica a resolver el problema de la exportación de soja libre de deforestación?

El artículo citado refiere a que «se trata de un negocio que manejan grupos empresarios consolidados y con alta integración vertical» y que «la exportación de pescado fue mucho más importante que la de carne vacuna»; olvida el altísimo número de cámaras empresarias pesqueras que demuestra la atomización de la gestión y, por el otro lado, se omite decir que el consumo de carnes rojas, hoy es de 50 Kg. per cápita mientras que el consumo de productos pesqueros solo alcanza a 4,9 Kg. el más bajo de Latinoamérica.

Discrepamos con el análisis del periodista sobre el dominio de los recursos y que Sturzenegger podría regular sobre 188 millas marinas. Sería interesante repasar para ello, la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las Leyes de la Provincia de Buenos Aires 11.447 y 12.558.

A lo largo del artículo se nota una cierta mirada de sospecha respecto a que en la actividad existen hábiles lobistas que logran archivar la reforma y eso no parece ser una excepción en el ámbito empresario. El propio periodista se pregunta ¿Archivado? «Cuando finalmente llegue el vencimiento de los permisos, la autoridad decidirá la nueva manera de entregarlos. Quizá en ese momento, Sturzenegger sea ministro y, conocedor del Estado, sabe perfectamente que para varias reformas alcanza la resolución o el decreto». Y en ello coincidimos totalmente y por ello afirmamos: «Camarón que se duerme lo lleva la corriente» (Abdul Saravia).

En el medio se detallan los principales puertos pesqueros; pero la pesca no solo es una cuestión económica. En Mar del Plata nace la actividad pesquera pero todos los demás puertos del litoral marítimo han permitido el desarrollo poblacional e industrial en la Patagonia, que es la región con menor densidad poblacional de la Argentina. Eso solo justifica la promoción de la actividad pesquera nacional.

Y, mientras se discute licitación y más canon, en las aguas argentinas de Malvinas buques extranjeros se llevan con licencias ilegales británicas 250.000 toneladas anuales de pescados y calamares y chinos, españoles-británicos, coreanos y taiwaneses se apropian de unas 650.000 toneladas de recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar, sin contar con los descartes en la ZEE y alta mar cuya regularización parcial podría significar una cifra equivalente a las exportaciones argentinas actuales. Y mientras se discute un derecho, la producción total mundial tiene origen en un 49% de la acuicultura y la Argentina no supera el 1%.

El método proyectado es malo. Eso no invalida que la actividad pesquera en la Argentina debe reformularse para asegurar que la concesión permita recuperar todos los costos de administración, investigación y seguridad, garantizar una explotación sostenible para asegurar su disponibilidad en las próximas generaciones el recurso, con sustentabilidad empresaria tanto para los grandes como para la pequeñas empresas y generación de valor y empleo.

Recordemos a Louis Pasteur (1862): «Nada se produce por generación espontánea». No vemos que las autoridades de la pesca puedan diseñar y ejecutar el cambio consensuado necesario.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Autor de “El Saqueo. La apropiación de la Nación de los recursos pesqueros de Buenos Aires” (en prensa). Web: cesarlerena.com.ar:

 

Artículo publicado el 28/06/2024 por la Revista Puerto, https://revistapuerto.com.ar/2024/06/las-cuotas-de-pesca-camaron-que-se-duerme-se-lo-lleva-la-corriente/.

EL DÍA DESPUÉS DEL INTENTO DE ENAJENAR LA PESCA Y LA INDUSTRIA NAVAL NACIONAL

César Augusto Lerena*

Se dejaron sin efecto los artículos de modificación de la Ley de Pesca y hubo un respiro de alivio en el sector pesquero, industrial naval y las industrias anexas; pero, aunque pareciera, nada ya volverá a fojas cero.

Antes de analizar lo que deja el proyecto de reforma de la Ley de Pesca, sería bueno saber ¿quién fue el autor de esta iniciativa?, ya que, contrario a cualquier proyecto de ley que se pone a consideración del Congreso, éste careció de fundamentos que pudieran justificar el cambio de 180 grados que se proponía. Por otra parte, ha sido muy llamativo que el secretario de Bioeconomía Fernando Vilella o el Subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla no hayan salido a explicar el proyecto del P.E.N. Por mucho menos, cualquier Presidente les hubiese pedido la renuncia.

Aun así, esta reforma puso de manifiesto, más que la calidad de sus textos, la debilidad del sector pesquero, cuya actividad es poco conocida en la sociedad, en los propios ámbitos de poder e incluso, en el Ministerio del área, donde es la prima pobre y fea de la Agricultura y Ganadería. Y lo peor es que en algunos casos, incluso, se ventila una mala imagen promovida por parte de algunos de sus actores, a pesar de ser parte indivisa de lo que se cuestiona. Esto requerirá un necesario cambio de las reglas de juego.  

Hay quienes deslizaron que los diseñadores de esta reforma desconocían la actividad y el proyecto tenía como objetivo una mera cuestión recaudatoria. Nosotros creemos, que no es una ni la otra. Por un lado, para elaborar este proyecto se debió contar con el aporte indispensable de alguien vinculado a la pesca, capaz de analizar la ley de pesca vigente, ya que se efectuaron cambios destinados a producir un importante diseño, que hubiera implicado la destrucción de la industria pesquera nacional existente, para permitir el acceso de buques de terceros países, estén o no pescando en la actualidad los recursos migratorios argentinos más allá de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina o en Malvinas con licencia ilegal de los isleños británicos. Hubo conocimiento, perversidad, audacia y desprecio por la industria nacional.

Aumentar ostensiblemente el canon a través del ingreso de buques extranjeros a la ZEEA; no requerirles ninguna antigüedad a las embarcaciones ni que desembarquen en puertos argentinos y no exigirles tripulación argentina, no hubiese aumentado la recaudación del Estado ya que, como hemos visto en el informe estadístico de las empresas, “la pesca no aporta el 0,2% sino el 35% de las ventas” (Karina Fernández, Revista Puerto, 30/01/2024). Aun así, es una facultad del Consejo Federal Pesquero, que está integrado por funcionarios nacionales y provinciales ―no por las empresas ni los gremios― quienes pueden decidir sobre el aumento de los derechos de captura, etc. que, en cualquier caso, no puede ser arbitrario, sino tener en cuenta todas las variables internas y las derivadas del comercio exterior.

Habiendo eliminado ―como se hizo ante las primeras quejas― algunas de estas excepciones a la ley, no puede esperarse que una actividad se desarrolle y genere más recursos, si las herramientas que se utilizan no están destinadas a producir más y mejor; para ello, lejos de desestimarse las exigencias previstas en el artículo 26º y 27º de la Ley 24.922 de Pesca, hay que profundizarlas para premiar a quienes invierten, agregan valor y generan productos de calidad destinados en forma directa a las góndolas de los mercados consumidores; destinan parte de su producción al mercado interno para promover el consumo nacional que está entre los más bajos de Latinoamérica; incorporan tecnología de última generación; capturan y procesan forma sostenible; no pescan en forma ilegal y no realizan prácticas prohibidas, en especial descartan materias primas aptas para el consumo; capacitan y generan mano de obra calificada y registrada; fabrican sus buques en astilleros nacionales públicos o privados y ponen al servicio de la explotación buques de menor antigüedad y seguros; radican sus empresas en lugares estratégicos y de baja densidad poblacional; trabajan con responsabilidad social en relación a sus comunidades, etc.

Quien propició esta reforma no desconocía estas exigencias, por el contrario, las eliminó para facilitar el acceso de los buques extranjeros a la ZEE Argentina. Tampoco podía desconocer que el sistema de licitación pública fue desechado en todos los países del mundo desarrollado por ser ineficaz para promover una actividad pesquera sostenible, sustentable y estable en los Estados ribereños. Y es muy importante resaltar “la sustentabilidad” porque de ella dependen las empresas y los trabajadores. No debería haber proyecto aprobado por la Autoridad de Aplicación sin sustentabilidad.  

Esta reforma podría haber tenido como objeto un proyecto de explotación extranjera directa que hubiera requerido de oficinas ad-hoc en la Argentina para llevar adelante “los negocios” pertinentes o destinado a facilitar el uso de puertos argentinos a embarcaciones extranjeras que pescan ilegalmente al margen de la ZEE Argentina; como el que denunciamos, cuando se promovía la construcción del puerto de Río Grande; donde la Ministra de Producción de Tierra del Fuego entendía que éste podría liberarse al uso de buques chinos que pescan ilegalmente los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina (César Lerena, “Ministra de Tierra del Fuego facilitaría la pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental” 26/11/2022; “La enajenación de la administración marítima, fluvial y portuaria”, 14/06/2023). Ambos objetivos, se habrían sustentado también con la derogación del Artículo 27 bis de la Ley 24.922 que hubiese permitido que buques con licencias ilegales en Malvinas lo hicieran también la ZEE Argentina y viceversa. Por cierto, todo hubiera generado un grave caos en la administración (investigación, conservación y distribución) del recurso pesquero.

Este proyecto no se trató de un mero aumento del canon para pescar; que, si de eso se trataba, hubiera bastado ―como dijimos― con una mera resolución fundada del Consejo Federal Pesquero; o bien, aunque no se dice, este Consejo pudo ser parte del problema, donde el actual Subsecretario fue 13 años su miembro.

Podría ser peor en el futuro, porque la actividad queda frente a una delegación de funciones al P.E.N o a nuevos proyectos de este tipo y reciclados en las Sesiones Ordinarias y, no quiero avivar giles, por eso, daré un solo ejemplo, donde la reforma mantenía un párrafo del artículo 27º: “Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas”; un mecanismo que podría dar lugar a que un pequeño número de personas diga cuándo una concentración “es indeseable” y, con este justificativo u otro biológico sin el respectivo fundamento, no se reduzca la cuotas sino los días de pesca, haciendo inviable la actividad pesquera, en favor de nuevos permisos y/o o cuotas (véase antecedentes de los recortes en la Unión Europea) o, todo lo contrario, que unos pocos se queden con todas las cuotas.

Nada de esto lo tuvo en cuenta el sector pesquero. Se manejó a puro instinto, como cuando salía a pescar a mediados del siglo pasado con las lanchitas amarillas apelando a la pura abundancia. Y es notable, porque todos sabemos que hablamos de un recurso que debe tratarse “en forma conjunta e integral”, como refiere a FAO y la Convención del Mar (CONVEMAR); siendo un ecosistema donde las especies interactúan en una ecología trófica y donde la administración del recurso debe realizarse mediante un “Enfoque Ecosistémico pesquero” (EEP) donde se invierte el orden de prioridades en la gestión, comenzando con el ecosistema en lugar de la especie objetivo y teniendo en cuenta la relación con el ambiente y los aspectos socioeconómicos vinculados con la actividad, por lo cual es verdaderamente notable que exista tal número y diversidad de Cámaras y de Gremios, atomizando la estrategia sectorial que, dificulta, una política acordada de interés económico, social, biológico y ambiental.

En este proceso angustiante, no estuvieron los argentinos en defensa de esta actividad, porque “viven de espaldas al mar”, a pesar de que el territorio marítimo sea mucho más amplio que el continental y es, que “no se quiere lo que no se conoce” y los gobiernos de turno y toda la actividad tienen una gran deuda al respecto. Tampoco hablaron los consumidores, porque la Argentina, tiene un bajísimo consumo per cápita de 4,8 kg por año, por debajo del promedio de Latinoamérica y África.

No estuvieron los intendentes de las ciudades-puertos ―a excepción de Montenegro en Mar del Plata― que deberían entender que esta actividad es formadora de pueblos, de radicación de industria y generadora de empleos. Y, los gobernadores del litoral marítimo se opusieron a la reforma; pero ¿quiénes son, al igual que en el sector agropecuario, los diputados y senadores nacionales y provinciales, cualquiera sea su pertenencia política, que representan y conocen las virtudes de esta actividad?

Es una obligación del sector tener la iniciativa de renovar y modernizar la Ley 24.922, sancionada ya hace 26 años y muy importante: mostrarles a los argentinos la importancia geoestratégica, económica y social de esta actividad.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Web: cesarlerena.com.ar