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Iris Speroni*

Es una cancha inclinada y el árbitro que juega en contra es el BCRA como ejecutor y nuestra dirigencia política como autor intelectual del crimen.

En los últimos años describí el daño que la diferencia de tipo de cambio produce en los sectores exportadores, en particular, en los agropecuarios, fácilmente cuantificable: 100.000 familias menos en los últimos 15 años, retraso respecto a los países limítrofes, caída del nivel de vida general de la población, desocupación, informalización del trabajo con su consecuente abuso y desesperanza, tristeza generalizada.

Hoy quiero referirme al perjuicio que el retraso cambiario provoca en los sectores industriales, en particular en los cordones industriales.

Este fenómeno, que hoy solamente voy a enunciar, debería ser estudiado en profundidad, toda vez que es lo contrario a lo que las élites gobernantes (tanto del FdT como de JxC) sostienen. De hecho afirman, sin que les tiemble la mandíbula, que las autoridades buscan el retraso cambiario para “defender el salario de la población”.

Esto último es mentira. La defensa del salario es sólo una excusa para mantener el régimen que realmente prefieren: transformar el dinero mal habido (a.k.a. “el canuto”) a divisas valuadas a mitad de precio. Un empresario proveedor del Estado transforma sus dividendos a dólares subvaluados, acrecentando su ganancia medida en dólares. De igual forma, un político corrupto que recibe sobornos, transforma los mismos a dólares a mitad de precio; en ese sencillo acto duplica el valor del fruto de su crimen gracias a la gentileza del BCRA.

Ésa es la razón y no otra por la cual los políticos (FdT, PRO, UCR, CC) y sus amigos proveedores del Estado custodian con uñas, dientes y malas artes al dólar deprimido, aunque la consecuencia —a esta altura, luego de 11 años consecutivos—- sea imposible de ocultar: salario inferior al de Brasil, pobreza generalizada, desocupación, 50% de trabajo informal, jubilaciones miserables, cierre permanente de explotación (industriales y/o agropecuarias y/o comerciales), quiebra general del aparato productivo.

El dólar atrasado conjuntamente con la alta carga impositiva, genera un efecto de pinzas que asfixia a las explotaciones industriales, en particular a las PyMes, hasta lograr llevarlas a la quiebra.

Es cierto que algunos industriales se favorecen con el dólar barato. Compran rollos de tela en India, China o Pakistán con un dólar a $ 176 (07/12/2022, BNA). Luego lo llevan a cooperativas textiles para su confección à façon (eufemismo por pagar salarios por debajo del convenio colectivo de trabajo y no respetar las reglas de seguridad laboral). Usan energía eléctrica subsidiada por el Estado Nacional. Luego, el producto final lo venden a precios de la Quinta Avenida de Nueva York.

Pero son los menos.

Para el resto de los industriales, la situación es más que diferente. La producción industrial no agroindustrial es de calidad media o alta en la mayoría de los casos. No tan buena como la alemana (supongamos) pero no de mala calidad como la peor del sudeste asiático. Ha sobrevivido e incluso exportado por mantenerse en un rango intermedio entre los precios de los productos alemanes de gran calidad y los precios de productos chinos de baja calidad.

Eso les permitió tener su propio nicho. A eso hay que agregar producciones, a veces de pequeños volúmenes de exotismos de calidad. Como los helicópteros de Cicaré, o las tablas de surf de fibra de vidrio. Excelencia y buen precio. Imbatibles.

Hay productos críticos. Argentina necesita tener al menos un fabricante de jeringas descartables. Importar vietnamitas puede ser más barato, pero en caso de riesgo en la cadena de suministros, por la razón que sea, uno no puede quedarse sin insumos claves. Es un tema de seguridad nacional. El ejemplo de las jeringas puede extrapolarse a más de decenas de miles de productos.

Lo deseable es tener un mercado que conviva con productos de gran calidad, medios y muy baratos, para todos los usos y gustos y de todos los orígenes. De igual manera, poder exportar productos industrializados al nicho de mercado que nos cuadre.

Todo esto, que funcionó y que dio lugar a la industrialización media de nuestro país, es triturado por acciones coordinadas del Estado Nacional. La primera y más grave es el tipo de cambio atrasado. Toda industria argentina debe competir no con el mundo sino con el mundo a mitad de precio, ya que quien importa y compite con el productor argentino, compra con un dólar a $ 176 y no a $ 316: paga el 55,7% del valor del producto, por obra y gracia del BCRA. Ningún arancel aduanero, suponiendo que exista, puede compensar esta distorsión de precios. Por más eficiente que sea un industrial, por más salarios de hambre que pague (los salarios nuestros son inferiores a los brasileños y a los chinos) puede lograr que sus costos sean casi la mitad de los competidores.

Es una cancha inclinada y el árbitro que juega en contra es el BCRA como ejecutor y nuestra dirigencia política como autor intelectual del crimen.

Si por alguna razón un industrial logra sobrevivir la política cambiaria todavía le queda la inestabilidad macroeconómica y fiscal.

Nuestra macroeconomía se caracteriza por inflación, altas tasas de interés, retrasos en la cadena de pagos, cambios bruscos en los precios relativos y cambios regulatorios permanentes. A eso debemos agregar inestabilidad en los suministros porque, (¿quién hubiera podido imaginarlo?) regalar dólares a mitad de precio lleva a faltas periódicas de divisas.

Por lo tanto nuestro industrial hasta ahora debe:

competir contra importadores que obtienen el producto al 55,7% de su valor.
pagar tasas de interés superiores a 70% y/o descontar cheques a tasas entre 90% y 120%.
inflación permanente de costos.
devaluación diaria de los valores a cobrar (las ventas pendientes de cobro de la empresa pierden su valor en forma diaria gracias a que la inflación es del 7% mensual).

A esto hay que agregar el abuso fiscal. Quien produce debe pagar impuestos por adelantado (percepciones y retenciones de impuestos a los ingresos brutos y previsionales e IVA cuando se cobran las facturas por ventas). Impuestos a las transacciones: impuestos a las transferencias bancarias (a.k.a. “impuesto al cheque”), IVA, impuesto a los ingresos brutos, tasas de seguridad e higiene entre otros. Impuestos adelantados por ganancias futuras.

Para una empresa pequeña y mediana los costos son diversos, dañinos y distorsivos. Los impuestos pagados por adelantado le quitan capital de trabajo. Le impiden crecer, reponer maquinaria o insumos, mejoras, e incluso llegan a poner a riesgo su propia cadena de pagos. Los impuestos argentinos no sólo son muchos y caros (altas alícuotas) sino difíciles. Las reglamentaciones son intrincadas y se necesitan verdaderos expertos en criptografía para descifrarlos.

Los particulares no deberían ser agentes de retención de otros civiles. Cobrar impuestos es una obligación de las agencias estatales y sus decenas de miles de empleados bien pagos. Ser agente de retención es una carga pública injusta por la carga horaria que significa. Uno está haciendo el trabajo que corresponde a otros.

Todo esto hasta acá puede parecer una queja y lloriqueo de la patronal.

Sin embargo, la contrapartida ha sido el cierre de decenas de miles de empresas, la desindustrialización del país, la vulnerabilidad con insumos críticos, la devaluación del trabajo, la condena a millones de argentinos a la informalidad (la “economía social”, eufemismo que usa el presidente Alberto Fernández), la pobreza y la pérdida de dignidad.

Once años de manipulación del tipo de cambio, once años de caída del PBI per cápita y reducción del salario de US$ 750 por mes a US$ 250.