Roberto Mansilla Blanco*
Un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, denunciadas por la oposición venezolana y una buena parte de la comunidad internacional como fraudulentas, se abordan varias interrogantes sobre la realidad venezolana: ¿cómo y por qué se mantiene Nicolás Maduro en el poder?; ¿se ha consolidado una nueva estructura de poder en Caracas?; las recientes presiones externas, principalmente desde EEUU, ¿adquirirán la dimensión de una invasión militar similar a la ocurrida en Panamá en 1989?
El contexto venezolano parece demostrar una nueva realidad. Pese a las presiones y sanciones desde el exterior, principalmente por parte de EEUU, es perceptible que se está afianzando una nueva estructura de poder en Caracas conformada por diversas elites políticas, económicas y burocráticas obligadas a entenderse.
La nueva realidad: «despolitización» por «estabilidad»
Esta estructura de poder de naturaleza tecnócrata pero con aspiraciones oligárquicas ha demostrado igualmente su capacidad de elasticidad y resiliencia, propiciando el «pacto inter pares» entre viejas y nuevas elites que se han erigido durante más de dos décadas de «revolución bolivariana y socialista». El vocabulario popular en Venezuela identifica a estas elites como la «boliburguesía».
Entre sus objetivos parece establecerse uno especialmente estratégico: despolitizar a la sociedad venezolana con la finalidad de reducir los canales de polarización y de radicalización en aras de garantizar un clima de estabilidad que permita propiciar la recuperación económica y la normalización de la vida política que, en el fondo, se traduce en una «domesticación» de los sectores opositores más radicales.
Las elecciones ya no son un termómetro definitivo para medir la realidad política venezolana ya que, a base de coerción y sanciones contra candidaturas disidentes y negociaciones con diversos sectores políticos opositores, han pasado a ser un mero apéndice instrumentalizado para barnizar la legitimidad del régimen «madurista».
Un sector de la oposición ha entrado en el juego político y electoral de Maduro participando en estos comicios bajo la perspectiva de normalizar la situación política, muy polarizada en los últimos años ante los distintos pulsos por la legitimidad del poder, en especial durante lo que se denominó coloquialmente como el «interinato presidencial» de Juan Guaidó (2019-2022) que, a pesar de que en su momento contó con un elevado reconocimiento internacional (aproximadamente unos 60 países incluyendo la primera presidencia de Donald Trump) terminó por recrear una ficción de bicefalia de poder en su pulso contra Maduro, ocasionando una progresiva erosión e incluso deslegitimación de las estrategias políticas opositoras.
Los recientes comicios municipales del pasado 27 de julio han confirmado este diagnóstico sobre la “nueva realidad de poder” en Venezuela, con un arrase vencedor del 85% de candidaturas “maduristas” en las 335 alcaldías nacionales. La baja participación electoral (abstención del 69%) reafirma igualmente el desencanto y el desinterés ciudadano por la contienda política ante el ventajismo oficialista y la configuración de nuevas elites de poder menos proclives a la confrontación política.
De este modo, la líder opositora María Corina Machado se encuentra cada vez más aislada y con menos margen de maniobra política, al igual que el líder en el exilio y candidato opositor contra Maduro en 2024, Edmundo González Urrutia, reconocido por una veintena de países como el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
No obstante, y a pesar de las estrategias de «normalización» y de «estabilidad», en Venezuela siguen existiendo presos políticos. De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano, con cifras actualizadas este 18 de agosto de 2025, existen en este momento 815 presos políticos en el país, de los cuales 169 son militares, 98 mujeres y 4 adolescentes. Recientemente fueron liberados unos 57 presos políticos. El régimen «madurista» utiliza las medidas de excarcelación y de encarcelamiento de nuevos dirigentes políticos, estudiantiles y vecinales como una estrategia de coerción y de disuasión política con similitudes con otros regímenes como el cubano.
La elevada cifra de militares puede igualmente intuir un proceso de preventiva purga interna dentro de la FANB, cuya estructura de mando fue renovada tras los ascensos militares de julio pasado. En medio de presiones exteriores ante las acusaciones de vínculos con el narcotráfico y bandas criminales, en estos ascensos se reforzó el poder del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en el cargo desde 2014 siendo hasta ahora el ministro de Defensa con mayor duración en el cargo en la historia contemporánea de Venezuela, así como de altos mandos fieles al régimen.
Consciente del apoyo mayoritario de los cuadros militares dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), probablemente el principal actor de poder en Caracas con un elevado nivel de capacidad coercitiva a través de los organismos de seguridad estatales (SEBIN, FAES, GNB), el «madurismo» ha apostado por la desideologización, tomando distancia del frenesí ideológico predominante durante el mandato del presidente Hugo Chávez (1999-2013)
Incluso la familia Chávez y otros líderes «chavistas» ha sido preventivamente apartados del centro de poder, desplazada por el predominio del «triunvirato» conformado por el matrimonio presidencial de Maduro y Cilia Flores (la «Primera Dama Combatiente»); los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez; y el siempre omnipotente Diosdado Cabello, un ex militar que controla grandes porciones de poder en la FANB, la burocracia del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), las elites económicas «boliburguesas» e incluso algunos medios de comunicación, en especial el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), donde tiene un programa propio, «Con el Mazo Dando».
Por otro lado, los datos económicos parecen demostrar avances en aras de propiciar la estabilización. Si bien fuentes privadas cuestionan los índices oficiales, el gobierno reportó un crecimiento del 7,1% del PIB para el primer semestre de 2025, elevando esas expectativas al 9% para final de año, gracias a la recuperación de la industria petrolera (producción de 1,1 millones de barriles diarios) y la minería. De acuerdo con datos del gobierno, Venezuela ha experimentado 17 períodos consecutivos de crecimiento económico, aparentemente dejando atrás las dificultades acaecidas durante el período 2015-2019. El turismo también ha recuperado ciertos niveles de productividad.
No obstante, la inflación se prevé que terminará en un 200% este año. Se estima igualmente que las remesas desde la diáspora disminuirán este 2025, afectando un importante flujo de divisas. Aquí juega un papel clave la recuperación económica, que ha permitido el regreso de diversos emigrantes; y las políticas antiinmigración en diversos países, especialmente EEUU.
Trump y la presunta «invasión»: ¿farol o disuasión preventiva?
Pero las presiones exteriores siguen su curso. Washington ha ofrecido una recompensa de US$ 50 millones por la cabeza de Maduro acusándolo de liderar una organización de narcotráfico, el Cartel de los Soles.
Mientras avanzaba en la cumbre en Alaska con su homólogo ruso Vladimir Putin para discutir la posibilidad de resolución del conflicto en Ucrania, el presidente estadounidense Donald Trump autorizó la realización de ejercicios navales militares en el Caribe en una operación oficialmente definida como «antiterrorista y antinarcotráfico». Trump apuntó contra cinco carteles de la droga y dos grupos criminales de carácter transnacional: la salvadoreña Mara Salvatrucha y el venezolano Tren de Aragua.
El mensaje de Trump parece imprimir un clima de presión coercitiva contra el régimen de Maduro ante las acusaciones de su participación en el tráfico de drogas hacia EEUU. El contexto es clave en un momento en que las deportaciones de inmigrantes ilegales por parte de Trump han llegado a miles de venezolanos residentes en EEUU.
Ante los ejercicios navales estadounidenses en el Caribe, Maduro ha respondido anunciando la movilización a más de cuatro millones de reservistas, lo que igualmente puede interpretarse como una estrategia de legitimación y de «unidad nacional» pero también de disuasión hacia los sectores opositores, algunos de ellos con contactos en Washington, particularmente ante cualquier tentativa sediciosa.
Estas estrategias estadounidenses de ejercicios navales en el Caribe han explotado hasta la saciedad diversas comparaciones con acciones del pasado como la invasión a Panamá de 1989 o las de Haití en 1994 y 2004. Pero la Venezuela de 2025 choca con otra realidad: una es la operatividad en el terreno, ya que Venezuela no es un istmo como el panameño ni una isla antillana como Haití sino que forma parte de la masa continental, lo cual requiere una logística mucho mayor en caso de necesidad de desembarco, más allá de posibles bombardeos quirúrgicos contra instalaciones militares venezolanas desde portaaviones y bases en el Caribe. Por otro lado, Washington necesitaría de aliados internos poderosos en Venezuela, con especial influencia dentro de la FANB, para acometer una eventual invasión que derroque a Maduro.
Otro factor tiene que ver con los apoyos externos de Maduro (Rusia, China, Irán), que tienen también sus intereses geopolíticos y geoeconómicos en Venezuela pero que, en caso de una invasión liderada por EEUU, es probable que no cuenten con la capacidad operativa para asistir a su aliado venezolano más allá de las consecuentes protestas diplomáticas ante los foros internacionales en caso de una hipotética invasión militar estadounidense.
Si bien se habla de la presencia del Grupo Wagner en Venezuela así como de presuntos milicianos del Hizbulá libanés y de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, su capacidad de defensa coordinada con la FANB y otros organismos como la Milicia Popular Bolivariana no parece ser tan contundente a la hora de repeler una tentativa de invasión exterior. La crisis de Oriente Medio, particularmente el enfrentamiento entre Israel e Irán, también condiciona la operatividad en Venezuela de estos grupos armados libaneses e iraníes.
Por otro lado, el presidente colombiano Gustavo Petro acordó la creación de una fuerza binacional con Venezuela condenando las presiones estadounidenses de una eventual invasión. Un enfoque similar podría adoptar otro gobierno de izquierda como el de Lula da Silva en Brasil. En el caso colombiano, convulsionado políticamente tras la muerte del político Luis Uribe Turbay, víctima de un atentado en junio pasado, los ejercicios navales estadounidenses argumentando la «lucha contra el narcotráfico y el terrorismo» también suponen un motivo de preocupación para el gobierno de Petro, aliado de Maduro.
Así mismo, Guyana, con recientes tensiones militares con Venezuela por la soberanía del territorio Esequibo, ha denunciado que la mayor parte de la droga que se consume en este país viene desde Venezuela y se traslada hacia Europa y África Occidental.
Como un émulo de su guerra arancelaria contra diversos países, la apuesta de Trump parece más bien orientada al carácter disuasivo y preventivo contra Maduro. Una operación militar en Venezuela requiere del apoyo del Senado y del Congreso, donde Trump cuenta con mayoría. Por otro lado, las crisis de Ucrania y Oriente Medio (Gaza e Irán) ocupan mayor atención en Washington aunque las mismas están indirectamente ligadas al caso venezolano, tomando en cuenta las alianzas exteriores de Maduro.
En el caso venezolano, Trump parece más bien interesado en asegurar con Maduro canales de negociación para la expatriación de venezolanos en situación irregular en EEUU así como concesiones para el retorno de operaciones a Venezuela de multinacionales como Chevron y posicionarse con fuerza en el apetecido mercado energético venezolano, donde aliados de Maduro como Rusia, China, Irán, Turquía e India, entre otros, cuentan con mayores ventajas. Por otra parte, Maduro ansía alcanzar algún nivel de reconocimiento por parte de Washington, factor que puede propiciar algunos canales de entendimiento con Trump a pesar de las coercitivas presiones exteriores.
En cuanto al contexto hemisférico, la Venezuela de Maduro ha perdido peso protagónico geopolítico incluso fragmentando sus apoyos en el espacio de las izquierdas. El avance de la derecha a nivel continental en Ecuador, Bolivia, EEUU y Argentina, a la espera de las elecciones presidenciales chilenas, condiciona esos apoyos exteriores para un Maduro que, no obstante, aún cuenta con el respaldo de aliados fieles como Cuba y Nicaragua y el tácito apoyo por parte de gobiernos de izquierdas en países con peso político como México, Brasil y Colombia.
En términos migratorios y de extensión de redes delictivas venezolanas hacia otros países (principalmente el ya mencionado Tren de Aragua), la crisis venezolana se ha convertido en motivo de preocupación para la seguridad hemisférica, un factor que muy probablemente se acentuará si detrás de la reciente presencia naval estadounidense en el Caribe se esconde algún tipo de iniciativa de intervención militar y política directa en los asuntos venezolanos.
* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.
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