Un año después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, denunciadas por la oposición venezolana y una buena parte de la comunidad internacional como fraudulentas, se abordan varias interrogantes sobre la realidad venezolana: ¿cómo y por qué se mantiene Nicolás Maduro en el poder?; ¿se ha consolidado una nueva estructura de poder en Caracas?; las recientes presiones externas, principalmente desde EEUU, ¿adquirirán la dimensión de una invasión militar similar a la ocurrida en Panamá en 1989?
El contexto venezolano parece demostrar una nueva realidad. Pese a las presiones y sanciones desde el exterior, principalmente por parte de EEUU, es perceptible que se está afianzando una nueva estructura de poder en Caracas conformada por diversas elites políticas, económicas y burocráticas obligadas a entenderse.
La nueva realidad: «despolitización» por «estabilidad»
Esta estructura de poder de naturaleza tecnócrata pero con aspiraciones oligárquicas ha demostrado igualmente su capacidad de elasticidad y resiliencia, propiciando el «pacto inter pares» entre viejas y nuevas elites que se han erigido durante más de dos décadas de «revolución bolivariana y socialista». El vocabulario popular en Venezuela identifica a estas elites como la «boliburguesía».
Entre sus objetivos parece establecerse uno especialmente estratégico: despolitizar a la sociedad venezolana con la finalidad de reducir los canales de polarización y de radicalización en aras de garantizar un clima de estabilidad que permita propiciar la recuperación económica y la normalización de la vida política que, en el fondo, se traduce en una «domesticación» de los sectores opositores más radicales.
Las elecciones ya no son un termómetro definitivo para medir la realidad política venezolana ya que, a base de coerción y sanciones contra candidaturas disidentes y negociaciones con diversos sectores políticos opositores, han pasado a ser un mero apéndice instrumentalizado para barnizar la legitimidad del régimen «madurista».
Un sector de la oposición ha entrado en el juego político y electoral de Maduro participando en estos comicios bajo la perspectiva de normalizar la situación política, muy polarizada en los últimos años ante los distintos pulsos por la legitimidad del poder, en especial durante lo que se denominó coloquialmente como el «interinato presidencial» de Juan Guaidó (2019-2022) que, a pesar de que en su momento contó con un elevado reconocimiento internacional (aproximadamente unos 60 países incluyendo la primera presidencia de Donald Trump) terminó por recrear una ficción de bicefalia de poder en su pulso contra Maduro, ocasionando una progresiva erosión e incluso deslegitimación de las estrategias políticas opositoras.
Los recientes comicios municipales del pasado 27 de julio han confirmado este diagnóstico sobre la “nueva realidad de poder” en Venezuela, con un arrase vencedor del 85% de candidaturas “maduristas” en las 335 alcaldías nacionales. La baja participación electoral (abstención del 69%) reafirma igualmente el desencanto y el desinterés ciudadano por la contienda política ante el ventajismo oficialista y la configuración de nuevas elites de poder menos proclives a la confrontación política.
De este modo, la líder opositora María Corina Machado se encuentra cada vez más aislada y con menos margen de maniobra política, al igual que el líder en el exilio y candidato opositor contra Maduro en 2024, Edmundo González Urrutia, reconocido por una veintena de países como el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
No obstante, y a pesar de las estrategias de «normalización» y de «estabilidad», en Venezuela siguen existiendo presos políticos. De acuerdo con la ONG Foro Penal Venezolano, con cifras actualizadas este 18 de agosto de 2025, existen en este momento 815 presos políticos en el país, de los cuales 169 son militares, 98 mujeres y 4 adolescentes. Recientemente fueron liberados unos 57 presos políticos. El régimen «madurista» utiliza las medidas de excarcelación y de encarcelamiento de nuevos dirigentes políticos, estudiantiles y vecinales como una estrategia de coerción y de disuasión política con similitudes con otros regímenes como el cubano.
La elevada cifra de militares puede igualmente intuir un proceso de preventiva purga interna dentro de la FANB, cuya estructura de mando fue renovada tras los ascensos militares de julio pasado. En medio de presiones exteriores ante las acusaciones de vínculos con el narcotráfico y bandas criminales, en estos ascensos se reforzó el poder del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en el cargo desde 2014 siendo hasta ahora el ministro de Defensa con mayor duración en el cargo en la historia contemporánea de Venezuela, así como de altos mandos fieles al régimen.
Consciente del apoyo mayoritario de los cuadros militares dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), probablemente el principal actor de poder en Caracas con un elevado nivel de capacidad coercitiva a través de los organismos de seguridad estatales (SEBIN, FAES, GNB), el «madurismo» ha apostado por la desideologización, tomando distancia del frenesí ideológico predominante durante el mandato del presidente Hugo Chávez (1999-2013)
Incluso la familia Chávez y otros líderes «chavistas» ha sido preventivamente apartados del centro de poder, desplazada por el predominio del «triunvirato» conformado por el matrimonio presidencial de Maduro y Cilia Flores (la «Primera Dama Combatiente»); los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez; y el siempre omnipotente Diosdado Cabello, un ex militar que controla grandes porciones de poder en la FANB, la burocracia del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), las elites económicas «boliburguesas» e incluso algunos medios de comunicación, en especial el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), donde tiene un programa propio, «Con el Mazo Dando».
Por otro lado, los datos económicos parecen demostrar avances en aras de propiciar la estabilización. Si bien fuentes privadas cuestionan los índices oficiales, el gobierno reportó un crecimiento del 7,1% del PIB para el primer semestre de 2025, elevando esas expectativas al 9% para final de año, gracias a la recuperación de la industria petrolera (producción de 1,1 millones de barriles diarios) y la minería. De acuerdo con datos del gobierno, Venezuela ha experimentado 17 períodos consecutivos de crecimiento económico, aparentemente dejando atrás las dificultades acaecidas durante el período 2015-2019. El turismo también ha recuperado ciertos niveles de productividad.
No obstante, la inflación se prevé que terminará en un 200% este año. Se estima igualmente que las remesas desde la diáspora disminuirán este 2025, afectando un importante flujo de divisas. Aquí juega un papel clave la recuperación económica, que ha permitido el regreso de diversos emigrantes; y las políticas antiinmigración en diversos países, especialmente EEUU.
Trump y la presunta «invasión»: ¿farol o disuasión preventiva?
Pero las presiones exteriores siguen su curso. Washington ha ofrecido una recompensa de US$ 50 millones por la cabeza de Maduro acusándolo de liderar una organización de narcotráfico, el Cartel de los Soles.
Mientras avanzaba en la cumbre en Alaska con su homólogo ruso Vladimir Putin para discutir la posibilidad de resolución del conflicto en Ucrania, el presidente estadounidense Donald Trump autorizó la realización de ejercicios navales militares en el Caribeen una operación oficialmente definida como «antiterrorista y antinarcotráfico». Trump apuntó contra cinco carteles de la droga y dos grupos criminales de carácter transnacional: la salvadoreña Mara Salvatrucha y el venezolano Tren de Aragua.
El mensaje de Trump parece imprimir un clima de presión coercitiva contra el régimen de Maduro ante las acusaciones de su participación en el tráfico de drogas hacia EEUU. El contexto es clave en un momento en que las deportaciones de inmigrantes ilegales por parte de Trump han llegado a miles de venezolanos residentes en EEUU.
Ante los ejercicios navales estadounidenses en el Caribe, Maduro ha respondido anunciando la movilización a más de cuatro millones de reservistas, lo que igualmente puede interpretarse como una estrategia de legitimación y de «unidad nacional» pero también de disuasión hacia los sectores opositores, algunos de ellos con contactos en Washington, particularmente ante cualquier tentativa sediciosa.
Estas estrategias estadounidenses de ejercicios navales en el Caribe han explotado hasta la saciedad diversas comparaciones con acciones del pasado como la invasión a Panamá de 1989 o las de Haití en 1994 y 2004. Pero la Venezuela de 2025 choca con otra realidad: una es la operatividad en el terreno, ya que Venezuela no es un istmo como el panameño ni una isla antillana como Haití sino que forma parte de la masa continental, lo cual requiere una logística mucho mayor en caso de necesidad de desembarco, más allá de posibles bombardeos quirúrgicos contra instalaciones militares venezolanas desde portaaviones y bases en el Caribe. Por otro lado, Washington necesitaría de aliados internos poderosos en Venezuela, con especial influencia dentro de la FANB, para acometer una eventual invasión que derroque a Maduro.
Otro factor tiene que ver con los apoyos externos de Maduro (Rusia, China, Irán), que tienen también sus intereses geopolíticos y geoeconómicos en Venezuela pero que, en caso de una invasión liderada por EEUU, es probable que no cuenten con la capacidad operativa para asistir a su aliado venezolano más allá de las consecuentes protestas diplomáticas ante los foros internacionales en caso de una hipotética invasión militar estadounidense.
Si bien se habla de la presencia del Grupo Wagner en Venezuela así como de presuntos milicianos del Hizbulá libanés y de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, su capacidad de defensa coordinada con la FANB y otros organismos como la Milicia Popular Bolivariana no parece ser tan contundente a la hora de repeler una tentativa de invasión exterior. La crisis de Oriente Medio, particularmente el enfrentamiento entre Israel e Irán, también condiciona la operatividad en Venezuela de estos grupos armados libaneses e iraníes.
Por otro lado, el presidente colombiano Gustavo Petro acordó la creación de una fuerza binacional con Venezuela condenando las presiones estadounidenses de una eventual invasión. Un enfoque similar podría adoptar otro gobierno de izquierda como el de Lula da Silva en Brasil. En el caso colombiano, convulsionado políticamente tras la muerte del político Luis Uribe Turbay, víctima de un atentado en junio pasado, los ejercicios navales estadounidenses argumentando la «lucha contra el narcotráfico y el terrorismo» también suponen un motivo de preocupación para el gobierno de Petro, aliado de Maduro.
Así mismo, Guyana, con recientes tensiones militares con Venezuela por la soberanía del territorio Esequibo, ha denunciado que la mayor parte de la droga que se consume en este país viene desde Venezuela y se traslada hacia Europa y África Occidental.
Como un émulo de su guerra arancelaria contra diversos países, la apuesta de Trump parece más bien orientada al carácter disuasivo y preventivo contra Maduro. Una operación militar en Venezuela requiere del apoyo del Senado y del Congreso, donde Trump cuenta con mayoría. Por otro lado, las crisis de Ucrania y Oriente Medio (Gaza e Irán) ocupan mayor atención en Washington aunque las mismas están indirectamente ligadas al caso venezolano, tomando en cuenta las alianzas exteriores de Maduro.
En el caso venezolano, Trump parece más bien interesado en asegurar con Maduro canales de negociación para la expatriación de venezolanos en situación irregular en EEUU así como concesiones para el retorno de operaciones a Venezuela de multinacionales comoChevron y posicionarse con fuerza en el apetecido mercado energético venezolano, donde aliados de Maduro como Rusia, China, Irán, Turquía e India, entre otros, cuentan con mayores ventajas. Por otra parte, Maduro ansía alcanzar algún nivel de reconocimiento por parte de Washington, factor que puede propiciar algunos canales de entendimiento con Trump a pesar de las coercitivas presiones exteriores.
En cuanto al contexto hemisférico, la Venezuela de Maduro ha perdido peso protagónico geopolítico incluso fragmentando sus apoyos en el espacio de las izquierdas. El avance de la derecha a nivel continental en Ecuador, Bolivia, EEUU y Argentina, a la espera de las elecciones presidenciales chilenas, condiciona esos apoyos exteriores para un Maduro que, no obstante, aún cuenta con el respaldo de aliados fieles como Cuba y Nicaragua y el tácito apoyo por parte de gobiernos de izquierdas en países con peso político como México, Brasil y Colombia.
En términos migratorios y de extensión de redes delictivas venezolanas hacia otros países (principalmente el ya mencionado Tren de Aragua), la crisis venezolana se ha convertido en motivo de preocupación para la seguridad hemisférica, un factor que muy probablemente se acentuará si detrás de la reciente presencia naval estadounidense en el Caribe se esconde algún tipo de iniciativa de intervención militar y política directa en los asuntos venezolanos.
* Analista de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela, UCV), magister en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar, USB) y colaborador en think tanks y medios digitales en España, EEUU e América Latina. Analista Senior de la SAEEG.
El 85% de la pesca a distancia la realizan 5 Estados: China, España, Taiwán, Corea del Sur y Japón, quienes ocupan 25 millones de horas de pesca del total mundial de 37 millones horas; por el cual, es altamente probable que el mayor daño no lo ocasionen los 216 Estados restantes, sino estos cinco países que operan ―salvo Japón en los últimos años― tanto en el océano Pacifico como en el Atlántico Sur y, por lo tanto,los esfuerzos por mejorar la administración y el cuidado de los recursos en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y los migratorios en alta mar tendrán pobres resultados sino se trabaja sobre esos cinco Estados responsables de la PESCA ILEGAL y del desequilibrio de los ecosistemas, ya que juntos capturan unos 30 millones de toneladas del total 92 millones/año, es decir, el 33% del total de las capturas sobre «221 Estados y territorios que notificaron algún tipo de actividad en el comercio pesquero»(FAO, “Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura”, p. 18, 2020). En el Atlántico Suroccidental hay que agregar las licencias ilegales que otorga el Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas donde buques extranjeros extraen unas 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros.
La Unión Europea se apresta a reducir las capturas en aguas comunitarias y a acrecentar la pesca fuera de su jurisdicción, lo que hace suponer que la situación habrá de empeorar.
La pesca es un recurso esencial para permitir el desarrollo de los pueblos que, dentro de sus actividades, tienen en la pesca un elemento de generación de empleo, alimentación, sustento de las empresas y desarrollo regional; por lo cual, los gobiernos de Latinoamérica y El Caribe debieran unirse para llevar adelante una política común destinada a erradicar la PESCA ILEGAL.
Se entiende por PESCA ILEGAL a aquella en que se capturan especies pesqueras, sin cumplir, total o parcialmente, con la regulación internacional, nacional y/o de origen y/o sin control oficial o independiente habilitado y/o si se captura sin control del Estado de pabellón o con buques que, no obstante utilizar pabellones de terceros están sujetos a las regulaciones de sus países de origen y/o en espacios marítimos donde no se ha determinado previamente la captura máxima sostenible y/o dañando intereses de terceros Estados por realizar las operaciones pesqueras sin acuerdo previo con los Estados ribereños sobre aquellas especies que interaccionan o están asociadas o son migratorias originarias de las ZEE o migran desde alta mar a la ZEE; o cuando la pesca se realiza en territorios de terceros Estados invadidos (caso Malvinas) y/o en disputa o donde se realiza todo acto, de cualquier naturaleza, que atente contra la sostenibilidad de las especies pesqueras y/o contaminen el medio ambiente y/o amenacen la seguridad alimentaria y/o las fuentes de trabajo y/o la economía de los Estados, beneficiando al crimen organizado transnacional y/o realizando evasión fiscal por falta de pago de impuestos, derechos de captura o de importación o exportación y/o no declaren las mercaderías que importen o exporten evadiendo los impuestos aduaneros y/o con sus actos afecten la reputación de los países o comunidades a las que pertenecen, contribuyendo a quebrar las normativas legales que aseguran las buenas prácticas de pesca acordadas en las Convenciones Internacionales y de las Comunidades para asegurar explotaciones empresarias sustentables, biológicamente sostenibles y comercialmente equitativas.
Más allá del tecnicismo de Pesca INDNR, no hay faltas leves frente a la PESCA ILEGAL, ya que la depredación de los recursos pesqueros y la contaminación del medio marino son hechos graves que atentan contra el ecosistema y la disponibilidad de proteínas de la humanidad. Por ejemplo, no declarar una captura al desembarque podría considerarse una mera infracción; sin embargo, cuando la pesca está cuotificada este comportamiento lleva a la sobre-explotación o la falta de disponibilidad del recurso de otras empresas que tiene igualmente un cupo otorgado. Y entre otros cientos de ejemplos, también podríamos tipificar de PESCA ILEGAL cuando se captura, sin determinar previamente las “Capturas Máximas Permisibles”, cualquiera fuese el ámbito; etc. la mayoría de las veces mediante “pesca olímpica”.
La producción pesquera mundial ha alcanzado los 223 millones de toneladas, de los cuales, 92 millones son recursos de la pesca marítima y 131 millones de toneladas proceden de la Acuicultura o Maricultura. Sin embargo, entre 16 y 24 millones de toneladas provienen de la pesca ilegal y, ello, representa de 36 a 54 mil millones de dólares (FAO, 2016, p 05-06) en favor de los países que pescan a distancia, quienes se apropian de los recursos pesqueros de las ZEE de los Estados ribereños o en alta mar cuando capturan los recursos migratorios originarios de las ZEE y/o asociados éstas; ello, sin tener en cuenta los descartes que se producen por la pesca con bajo o ningún control presencial, que los expertos y organismos especializados como la FAO estiman en un 30%, lo que aumenta las pérdidas a casi 28 millones de toneladas anuales.
Deberíamos también ponderar a las empresas de capital extranjero autorizadas a pescar en las ZEE de los países hacen transbordos con embarcaciones generalmente de la misma nacionalidad que operan ilegalmente en alta mar.
Por cierto, los Estados ribereños de Latinoamérica y el Caribe son afectados por la pesca ilegal subsidiada de los buques que pescan a distancia en el océano Pacífico y Atlántico, violando todas las normas internacionales (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; Resoluciones de las Naciones Unidas (ONU); Resoluciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC); el Programa 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Brasil, 1992); el Código de Conducta para la Pesca Responsable aprobado en la Conferencia de la FAO del 28º período de sesiones del 31/10/1995; el Plan de Acción Internacional (PAI) para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal de las Naciones Unidas para la FAO, 2001; el Codex Alimentarius FAO-WHO; las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS); las Resoluciones de la Organización Marítima Internacional (OMI); el Acuerdo de la ONU relativo a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios (Nueva York); los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos; las leyes de Pesca y Medio Ambientales de los Estados ribereños de Latinoamérica y El Caribe; los Reglamentos del Consejo de la Unión Europea en materia pesquera, aduanera, impositiva, de origen, de defensa del consumidor, sanitaria, etc.
A ello se agregan los informes de la FAO que indican que en el Área 31 (Atlántico occidental central) el 37% de las poblaciones pesqueras son biológicamente insostenibles; en el Área 41 (Atlántico Suroeste) el 40%; en el Área 77 (Pacífico Oriental central) el 14,3% y en el Área 87 (Pacífico Sureste) el 66,7% (Percentages of Biologically sustainable and unsustainable fishery stocks by FAO Mayor Fishing Área, 2019), lo que agrava la PESCA ILEGAL, cuyos principales responsables son los Estados mencionados.
En este escenario, las distintas Convenciones, Acuerdos, Códigos y Planes aprobados por los Estados y los organismos multilaterales con el objeto de erradicar o minimizar los efectos negativos de la PESCA ILEGAL han resultado insuficientes e ineficaces y después de más de 30 años de aprobados esta actividad ilegal persiste y crece, atentando contra la soberanía de los Estados, la sostenibilidad de las especies y la sustentabilidad de los pueblos menos desarrollados, su economía, trabajo, alimentación y ambiente. Tampoco han resuelto la PESCA ILEGAL en las áreas en disputa de soberanía, atentando contra la seguridad en las áreas en conflicto, el ordenamiento pesquero regional y el ecosistema.
Además de ello, los citados institutos nacionales e internacionales relativos al mar y a la pesca, no han definido con precisión la terminología utilizada de “pesca ilegal”, “altamente migratorios”, “migratorios”, “transzonales”, “asociadas”, “transfronterizas”, “poblaciones”, etc., a partir de lo cual, resulta imposible establecer marcos normativos destinados a ordenar y conservar los recursos y establecer los derechos y obligaciones de los Estados; entendiendo, que previo a los acuerdos respecto a la limitación de los espacios, derechos y obligaciones, debería establecerse el “qué”, para finalmente abordar el “cómo” y “quiénes”.
Observamos que mientras las obligaciones son laxas en alta mar, hay mayores exigencias en las ZEE, pese a que el ecosistema es uno e indivisible y, por lo tanto, la depredación pesquera o la contaminación marina en alta mar afecta a la ZEE y viceversa, razón por la que entendemos necesario armonizar las obligaciones relativas a la investigación, conservación y distribución integral y conjunta de los recursos en ambas zonas.
Analizamos también que el Anexo I de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar indica solo una reducida cantidad de especies “altamente migratorias”, dejando sin tipificar en esta categoría, a cientos de especies y, con ello, resulta muy difícil llevar adelante Acuerdos sobre la captura de especies migratorias originarias de la ZEE a alta mar y de esta a la ZEE. Cuestión que el informe de la FAO (4. La conservación y ordenación de poblaciones de peces altamente migratorias y transzonales) ya refería; al igual que los biólogos Hilborn y Sibert (1988, p. 36; FAO, 1994).
Adherimos a la opinión de Hernán Salinas Burgos (Chile): «La jurisdicción es una expresión de la soberanía del Estado», por lo tanto, carece de todo rigor biológico y jurídico que el Estado ribereño pierda “el dominio” de sus especies originarias de la ZEE en alta mar, por solo transponer la línea imaginaria de las 200 millas.
Por otra parte, no puede considerarse “paso inocente” al transporte de recursos pesqueros considerados producto de la PESCA ILEGAL, por cuanto se han capturado sin Acuerdos con los Estados ribereños y/o se han capturado sin controles a bordo de los Estados de pabellón y, por lo tanto, debe entenderse que no está garantizada la sostenibilidad y/o puede haberse realizado depredación y descarte y/o no se disponen de registros y/o se carece del origen y la trazabilidad certificada. Del mismo modo, parece poco probable, que el auto control resuelva la pesca ilegal, como no lo ha resuelto hasta la fecha.
Unos 10 mil barcos chinos superan su jurisdicción y pescan subsidiados a distancia en alta mar junto a otros 60 mil buques de unos 24 países, entre ellos, Japón, Corea; Taiwán, España. También el Reino Unido asociado a este último país en Malvinas y se apresta a reducir las capturas en aguas comunitarias por exigencia de la Unión Europea, lo que hace suponer que la situación empeoraría.
Entendemos, a su vez, que no son suficientes las sanciones administrativas para desalentar la PESCA ILEGAL y que es necesario aplicar sanciones penales a quienes realizan esta práctica e implementar metodologías desburocratizadas que permitan la aplicación de sistemas ágiles y efectivos.
Evaluamos también que la PESCA ILEGAL encuentra fundamento en la evasión fiscal, ya que pescar sin control ni acuerdos la facilita.
Consideramos que el descarte al mar de las especies capturadas en forma incidental o con motivo de su bajo valor comercial es una práctica depredadora que atenta contra la sostenibilidad de las especies y las necesidades proteicas de las naciones, en particular, las menos desarrolladas, habiendo ello quedado de manifiesto con la prohibición de esta práctica en la Unión Europea desde 2004 e implementando desde 2019 y en la Argentina desde 1998, al igual que en otros Estados, pese a lo cual, debido a los controles insuficientes en las ZEE e inexistentes en la pesca en alta mar los resultados son exiguos.
Valoramos el Informe III de Reglamentación de la FAO de la pesca de especies migratorias en alta mar, fuera de la jurisdicción nacional, donde se indica que «de acuerdo con el derecho internacional, un Estado puede condicionar el acceso a la pesca dentro de su jurisdicción exclusiva y, fuera de ésta, tomar determinadas medidas cuando se realicen actos que puedan influir en su zona de jurisdicción»; es decir que tanto el Estado ribereño, como el Estado de pabellón, estarían obligados a acordar.
Verificamos que, frente a acciones de PESCA ILEGAL por parte de buques pesqueros de Estados de pabellón, resulta insuficiente que los Estados ribereños vigilen hasta el límite exterior de las ZEE para evitar el ingreso de las flotas extranjeras que pescan ilegalmente (sin control y sin acuerdo), ya que la pesca de recursos migratorios en alta mar originarios de la ZEE afecta al conjunto de los recursos del ecosistema, provocando daños biológicos, sociales y económicos que afectan a los Estados ribereños menos desarrollados, con más necesidades nutricionales y con altos índices de pobreza y desempleo. Una conducta dolosa que causa un grave daño al ambiente y afecta la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
Reconocemos también que la PESCA ILEGAL es un delito ambiental y que, para que haya imputabilidad «los requisitos básicos son conocimiento y voluntad» (María Pazmiño; Ecuador); implica «la capacidad de conocer el alcance de los actos que realiza y, la posibilidad de acomodar su conducta a las exigencias del ordenamiento jurídico» (Allan Arburola Valverde; Costa Rica) y «la capacidad de conocer la ilicitud del obrar y de poder actuar conforme a tal conocimiento…» (Juan Bustos Ramírez; Chile) y que los peces, crustáceos y moluscos son parte del ambiente, forman parte del ecosistema y, su explotación no sostenible; depredadora; de descarte; etc., en suma, la PESCA ILEGAL rompe el equilibrio biológico y compromete los derechos de la tercera generación.
Entendemos que, frente al aumento de la población y las necesidades crecientes de proteínas, a la modificación de las políticas por parte de los Estados de pabellón para hacerse de los recursos naturales, la creciente desigualdad entre las grandes potencias y los Estados en desarrollo, los cambios en las economías de las empresas pesqueras, los mercados y los avances tecnológicos, etc., es necesario perfeccionar las herramientas disponibles, para que sirvan con una mayor eficiencia y eficacia a la protección integral de los recursos, tanto en las ZEE como en alta mar y una explotación con mayor equidad entre los Estados.
Hemos analizado, por su parte, toda la legislación de Latinoamérica y El Caribe referida a la PESCA ILEGAL, donde apreciamos ―más allá de perfeccionar algunas normas― la voluntad de los Estados de proteger los derechos preferentes de los Estados ribereños, en especial en materia de protección de los recursos migratorios, como es el caso del Estado Bolivariano de Venezuela, que refiere a “propender a armonizar, en su ordenamiento jurídico, los criterios con los países de la región, en particular en lo referido al manejo de los organismos altamente migratorios y los recursos hidrobiológicos que se encuentren tanto en los espacios acuáticos bajo su soberanía o jurisdicción, como en las áreas adyacentes a ella”.
Tenemos presente también que la PESCA ILEGAL debe considerarse contaminante y que esta contaminación debe presumirse intencional y grave, ya que los volúmenes de captura ilegal son muy importantes, a lo que se suman los descartes, incluso los descartes de los productos desembarcados; a lo que hay que sumar lo sostenido por la FAO (“El Estado Mundial de la Pesca…”, La Sostenibilidad en Acción, FAO, 2020) de que «las especies marinas explotadas en forma biológicamente sostenible alcanzan al 65,8%, mientras que las explotadas en forma biológicamente insostenible al 34,2% en todo el mundo».
En atención a todo ello, los gobiernos de Latinoamérica y El Caribe, de conformidad con los principios internacionales y legislaciones nacionales de protección de los recursos naturales y del medio ambiente deberían llevar adelante una serie de acciones destinadas a erradicar la PESCA ILEGAL. Entre otras, definir terminológica y científicamente las siguientes expresiones: “pesca ilegal”, los recursos pesqueros “altamente migratorios”, “migratorios”, “transzonales”, “asociados”, “transfronterizos”; las “poblaciones” y otras definiciones biológicas y operativas, a partir de lo cual, establecer los marcos normativos destinados a investigar, conservar, distribuir los recursos y establecer los derechos y obligaciones de los Estados. Una vez definida la terminología correspondiente, integrar una única lista de especies migratorias, asociadas, transzonales, etc. a propuesta de los Estados y con el debido respaldo científico, de acuerdo con la distribución regional y las características biológicas de las especies.
Teniendo en cuenta el daño ecológico intencional y grave que provoca la PESCA ILEGAL y el ataque a la soberanía política y alimentaria de los Estados, establecer con criterio de Precaución una serie de medidas de urgencia, que incluyan ―al menos― la prohibición de la pesca de los recursos migratorios originarios de las ZEE en alta mar y desde ésta a la ZEE, sin acuerdo con los Estados ribereños; la pesca y transbordos en alta mar sin control de observadores independientes y exigir a los buques que pescan fuera de sus jurisdicciones la certificación de origen y la trazabilidad por parte de los Estados ribereños en las áreas no sujetas a la jurisdicción de los Estados, que permitan garantizar la pesca sostenible y ambiental segura.
Jerarquizar las estructuras oficiales de los Estados ribereños, responsables de ejecutar una política relativa al cuidado del ambiente marino y los recursos vivos del mar, de modo de poder interactuar con los demás poderes del Estado y llevar adelante las relaciones exteriores con capacidad de acordar con los Estados de pabellón la explotación de los recursos en alta mar y, la comercialización de los productos. Al mismo tiempo apoyar técnica y económicamente a los Estados ribereños para que sus Autoridades de Aplicación a través de los correspondientes Institutos de Investigación, establezcanlas Capturas Máximas Sostenibles en alta mar con el objetivo de que los Estados de pabellón puedan conocer la información relativa a los recursos disponibles y, su condición migratoria.
Instrumentar los mecanismos necesarios para facilitar los Acuerdos directos entre los Estados destinados a asegurar la titularidad de los recursos migratorios originarios en la ZEE más allá de las 200 millas y, promover un reparto equitativo, sustentable, sostenible y gratuito de éstos recursos al igual que el de las especies asociadas, con los Estados de pabellón en alta mar, de modo de armonizar el interés económico, con el desarrollo de los Estados menos favorecidos, basado en una sustentabilidad económica y sostenibilidad biológica con mayor equidad.
Establecer nuevas herramientas y profundizar las acciones técnicas, operativas y de control para erradicar el descarte al mar y posterior al desembarco de las especies capturadas en forma incidental o con motivo de su bajo valor comercial, frente a las necesidades proteicas de los Estados, en particular los menos desarrollados.
Instrumentarlas sanciones penales adecuadas a quienes realizan PESCA ILEGAL, ya que las sanciones administrativas han resultado insuficientes para desalentar este flagelo que depreda el recurso y pone a esta práctica delictiva «al mismo nivel de otras amenazas, como la delincuencia organizada y el terrorismo, lo que demuestra la gravedad» (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte “Documento de Estrategia de Seguridad Marítima”, 2014) y las bajas penas impuestas para estos delitos, hace a la PESCA ILEGAL muy atractiva por las organizaciones delictivas (Haenlein, 2017, p. 08) y, se utilizan estos buques que pescan ilegalmente para el transporte de drogas, armas y la utilización de trabajo esclavo y, mientras se armoniza sobre la aplicación de las sanciones penales, propiciar multas a la PESCA ILEGAL cuyo monto supere el valor del buque y el de las materias primas incautadas, ya que no se trata solo de una extracción ilegal de recursos, sino una violación de la soberanía y de la seguridad de los Estados ribereños.
Promover la aplicación efectiva delas sanciones a los Estados, los propietarios, armadores, capitanes y oficiales responsables de los buques que realizan PESCA ILEGAL en lugar de a las embarcaciones, que son bienes que, en todo caso, debieran comisarse o establecerse el desguace.
Establecer los mecanismos para asegurar que, conforme el artículo 88º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, alta mar se use exclusivamente confines pacíficos, y no debería considerarse uso pacífico utilizar alta mar para capturar sin control ni acuerdo con los Estados ribereños los recursos que migran desde la ZEE, ni tampoco podría entenderse que depredar recursos de tercera generación pueda tipificarse como un fin pacífico que se realiza en alta mar. Del mismo modo, infringir las leyes internacionales; pescar sin acuerdos de conservación; sin declarar las operaciones o haciéndolo en forma inexacta; sin control de las capturas y los transbordos en alta mar; sin observadores e inspectores inobjetables; recibiendo subsidios; utilizando redes con mallas que no liberen juveniles; descartando en el mar; sobreexplotando; usando pabellones de conveniencia para evadir penalidades; capturando recursos migratorios sin tener en cuenta las necesidades de los Estados menos desarrollados y/o afectando las economías de los Estados ribereños; contaminando el mar; realizando actividades con trabajo esclavo o sin aplicar las leyes laborales de la OIT y la Convención de Derechos Humanos; capturando sin establecer las Capturas Máximas Sostenibles; pescando recursos interceptando e impidiendo el ciclo migratorio de las especies; realizando prácticas que atenten contra la sostenibilidad de los recursos pesqueros, etc. Del mismo modo, no puede considerarse “paso inocente” al transporte de recursos pesqueros que deben considerarse producto de la PESCA ILEGAL, careciendo de registros, origen y la trazabilidad certificada;
Propiciar la formulación de Acuerdos entre los Estados para favorecer el agregado de valor a las capturas por parte de los Estados ribereños menos desarrollados, reduciendo la comercialización internacional por parte de estos de especies enteras o con escaso procesamiento, de modo de mejorar su administración, generar trabajo local y asegurar menos riesgos de pérdida de calidad por reprocesamiento indirecto.
Contribuir a precisar la tipificación de actos de “Piratería” por parte de los buques que realizan PESCA ILEGAL, ya que al realizar esta práctica se transfigura lo regulado por el artículo 87º 2 de la Convención del Mar: «serán ejercidas por todos los Estados teniendo debidamente en cuenta los intereses de otros Estados en su ejercicio de la libertad de la alta mar», por cuanto el apoderamiento en alta mar por parte de buques extranjeros de especies (semovientes) migratorias originarias de la ZEE, interfiriendo en su migración «en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado» o mediante actos «de depredación voluntaria, cometido con un propósito económico» o por la apropiación de los recursos mediante la ocupación de territorios marítimos de otros Estados, en todos los casos deberían tipificarse como actos de piratería.
Actuar sobre aquellos Estados que ejercen ocupación en forma prepotente de espacios continentales, insulares y marítimos o explotan áreas en disputa de soberanía capturando poblaciones de especies pesqueras; atentando contra el ecosistema; el ordenamiento pesquero regional y poniendo en riesgo la sostenibilidad de las especies y la seguridad en las áreas en conflicto.
Fortalecer a los Estados ribereños en sus políticas portuarias a través del asesoramiento, la financiación para la construcción de muelles, su modernización y la aplicación de las tecnologías y medios operativos y de control indispensables, para que sus autoridades nacionales, dentro de su jurisdicción, apliquen todas las medidas necesarias para ejercer el poder de policía que les compete, con el objeto de determinar el origen y la trazabilidad de las capturas; dificultando en lo posible, el comercio de la PESCA ILEGAL.
Instar a los organismos multilaterales con la cooperación consensuada de todos los Estados a perfeccionar los sistemasde certificación de origen y los relativos a los controles de captura, en los puertos, los transportes, los procesos industriales, el almacenamiento y el comercio en general, para asegurar la procedencia y todos los procesos, de forma de reducir el comercio de productos de la PESCA ILEGAL.
Actuar en favor de la normatización efectiva y consensuada, para que los Estados más desarrollados contribuyan con los menos desarrollados, a que la pesca pueda ser un sustento de estos últimos, cumpliendo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y con los artículos 24º a 26º del Acuerdo de Nueva York: «Los Estados reconocerán plenamente las necesidades especiales de los Estados en desarrollo en relación con la conservación y ordenación de poblaciones de peces transzonales y poblaciones de peces altamente migratorios y el desarrollo de pesquerías para tales especies» y, entendiendo, que la pesca no debe ser de subsistencia sino que debe asegurar una “Unidad Económica Pesquera” que les permita a los pescadores -por pequeños que sean- una actividad económicamente sustentable y, que, mediante una administración adecuada, los Estados menos desarrollados puedan disponer de los recursos pesqueros necesarios para proveer a las industrias, generar trabajo y desarrollo de los pueblos y ciudades del litoral marítimo.
Finalmente, la Unión Europea, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos desde 2014 consideran a la pesca ilegal como una cuestión de Seguridad Nacional. China y Rusia, sin declararlo operan en ese sentido.
Latinoamérica y El Caribe deberían llevar adelante un proyecto común para terminar con la PESCA ILEGAL en la ZEE y sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar.
* Dr. César Augusto Lerena[2]. Experto en Atlántico Sur y Pesca. Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. www.cesarlerena.com.ar
1 de agosto de 2025 (1° de agosto de 1816 nace el Ejército de los Andes que da libertad a los pueblos de Chile y Perú).
[2] El autor es Doctor en Ciencias Veterinarias. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada el 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana CESPEL (fundado el 2/4/1989); Experto en Atlántico Sur y Pesca; ex Secretario de Estado; ex Asesor en el Senado de la Nación Argentina y la Cámara de Diputados de la Nación; ex Prof. de Universidades FASTA y UNNE. Autor entre otros de los libros “Malvinas. Biografía de la Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2009); “Pesca. Apropiación y depredación” (2014); “Atlántico Sur, Malvinas y Reforma Federal Pesquera” (2019) y “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega. Pesca la Moneda de Cambio” (2022) y “El Saqueo. La apropiación de la nación de los recursos pesqurros de Buenos Aires (2024). Autor de la Ley de Pesca de la Provincia de Buenos Aires Nº 11.477; Autor del Proyecto de Ley Nacional de Pesca Marítima (Expte. S-2259/14). Coautor de la Ley Nacional de Marina Mercante y Fluvial Nº 27.419 y de la Ley Nacional de Industria Naval Pesquera Nº 27.418 entre otras leyes y artículos (www.cesarlerena.com.ar).
En el centro el autor, Francisco Carranza Romero, en abril de 2025 en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Perú. A su derecha, su esposa, la Dra. Hyesun Ko.
Cultura
La cultura es la respuesta creativa del homo sapiens en su esforzada sobrevivencia en realidades naturales (geografía, clima y biósfera) y sociales. Abarca las labores de consecución y elaboración de alimentos, construcción de viviendas, caminos y canales, y la fabricación de ropas y medicinas. Es también la actitud ante la naturaleza y su valoración.
Interculturalidad
Esta palabra (inter-cultural-(i)dad) es un reto de comprensión y realización: compartimiento
(-inter) de las culturas.
Las respuestas a diferentes realidades naturales y sociohistóricas originan diferentes culturas. La convivencia con otros implica el conocimiento de su propia cultura para compararla con la del otro. Sólo conociendo bien su propia cultura puede apreciar la otra.
Un caso real: los seres humanos, cuando se congregan, necesitan códigos comunes para poder informarse y expresar sus sentimientos hasta entenderse (estado mental de decodificación). Así crean las lenguas. Como esta creación lingüística se da en diferentes lugares y épocas es necesario el esfuerzo constante de aprender nuevos códigos para comprenderse.
Como se observa, el ser humano es el agente creador, difusor y preservador de la cultura.
Elementos de la interculturalidad
A: yo, lo mío. También nosotros y nuestro excluyentes porque toman en cuenta sólo a sus cercanos por tener la misma etnia, nacionalidad y cultura. Un ejemplo de nosotros excluyente lo encontramos en la lengua quechua: nuqakuna (nuqa: yo; –kuna morf. del plural) = egos, yoes, solamente nosotros. Es el egoísmo colectivo (¿oxímoron o contradictioin adjecto?).
B: tú, el otro (de otra etnia, nacionalidad y cultura).
El ser humano, ante el otro, se compara y saca sus conclusiones. Así se acerca a otro con diferentes actitudes.
Clases de interculturalidad
Interculturalidad vertical o subordinada. Es un fenómeno personal, local, nacional e internacional.
1.1. El dominador impone su cultura a otro: A/B
Con esta actitud el elemento A trata de imponer su cultura a otro u otros porque considera que la suya es superior y debe ser el patrón para otro. Así los dominadores impusieron e imponen lenguas, creencias y costumbres a los dominados. Recurriendo a los léxicos «civilización, desarrollo, progreso y salvación» afectaron y afectan la vida de los dominados a quienes los califica de «bárbaros, incivilizados, atrasados y gentiles».
En nuestros días, los que tienen el poder adornan esta actitud sociocultural con bonitas palabras: «globalización» e «internacionalización»; pero lo que pretenden es que otros acepten sus políticas y creencias. Así globalizan u homogenizan imponiendo lo suyo. También predican el ecumenismo religioso imponiendo sus creencias y ritos.
El ciudadano de la urbe quiere imponer al ciudadano del área rural su manera de pensar (modus cogitandi), su forma de vida (modus vivendi) y su manera de actuar (modus operandi).
Las fronteras visibles e invisibles que separan a las gentes son muros fabricados para advertir al otro: este espacio es mío, no puedes pasar aquí si no aceptas mis condiciones.
El dominado (B), para sobrevivir, se subordina consciente o inconscientemente ante el dominador y su cultura. Por ejemplo: El estudiante del área rural que estudia con docentes que no conocen la realidad rural; por tanto, no la valoran. En las clases se usan los materiales didácticos elaborados por y para los citadinos. Si este estudiante nacido en el campo continúa la educación escolarizada lejos de su pueblo natal y en una realidad citadina porque en su pueblo natal no hay centros escolares de más alto nivel, puede llegar a pensar y aceptar que su cultura es inferior. Además, como los medios de comunicación se ocupan poco de los asuntos de la zona rural siente la presión sociocultural y se convierte en un alienado. Si tiene nombres y apellidos impuestos por los que se repartieron las tierras y por los bautismos hasta busca sus raíces más allá de su localidad. Y, cuando llega a tener su descendencia, le pone nombre que le parece extraño (extranjero) que ha escuchado sin preocuparse de la ortografía ni del significado.
El trato de dominación se da también al medio ambiente. La tierra es maltratada, explotada y contaminada por gentes y empresas voraces que sólo buscan sus beneficios económicos sin importarles la biósfera del presente y del futuro que recibirán los descendientes. Así las urbes se convierten en estructuras de cemento, asfalto, vidrio, plásticos y metales. El agua no se salva de esta destrucción; por eso, los lagos, ríos y mares se están convirtiendo en cementerios de algunos animales y vegetales que están en peligro de desaparecer. El aire está cada día más contaminado con monóxido de carbono. La energía solar también podría ser aprovechada sólo con fines particulares y egoístas. «La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería» (encíclica Laudato si).
1.2. El dominado cuestiona y se rebela hasta vengarse: B/A
Cuando el dominado (B) reflexiona sobre su situación injusta, se atreve a cuestionar el sistema. El estudiante de la zona rural, cuando llega a comprender la injusticia, se atreve a cuestionar y a rebelarse contra este modus operandi de la dominación. Cuando tiene su descendencia se atreve a ponerle nombre sabiendo el significado y la combinación semántica con los apellidos. Los andinos quechuas, que no han renunciado a su cultura, dicen: Shutipis naanim: El nombre también es camino (destino). Entonces, es calificado «rebelde, revoltoso, subversivo» y hasta puede recibir sanciones. Cuestionar la realidad injusta, desgraciadamente, tiene sus consecuencias. La historia de la humanidad nos da ejemplos de algunos rebeldes que sufrieron y hasta murieron por pedir y exigir los cambios justos. Las revoluciones y luchas contra la dominación son respuestas a situaciones injustas. Pero estas luchas, muchas veces se convierten en venganzas, revanchismos y desencuentros.
La interculturalidad vertical es la práctica de la alteridad u otredad que no ayuda la convivencia pacífica del yo con el otro; al contrario, fomenta la desconfianza, odio y violencia.
Interculturalidad horizontal o coordinada:A-B
Es el respeto mutuo entre A (yo) y B (otro). Es el nosotros incluyente: nosotros y nuestro que incluye al otro. En quechua se expresa así: nuqantsik o nuqanchik. El morfema –ntsik o –nchik es incluyente. Un quechuahablante, al ofrecer el hospedaje a alguien, le dice: Kaymi wasintsik (Ésta es nuestra casa. Mi casa es también tu casa). Yachakuntsik (yachaku-ntsik): Aprendemos.
Este acercamiento interpersonal es de apertura mental, tolerancia, fraternidad y solidaridad a pesar de las diferencias. Tanto A como B asumen esta actitud y práctica porque conocen, aceptan y valoran bien sus culturas (riquezas compartibles) y se respetan. Esta actitud es de aceptación recíproca donde cada uno aporta en el cuidado del bien común. Es el encuentro y reencuentro fraternos.
El estudio voluntario de otras lenguas, fuera de la materna, es una muestra clara del deseo de comunicarse con el otro que tiene lengua diferente. Así se llega a conocer que cada lengua contiene riquezas culturales (idea, historia…). Lingüísticamente, no hay ninguna lengua superior ni inferior; son códigos que sirven para la comunicación.
El humanismo, la fraternidad, el ecumenismo y el comunitarismo son pensamientos, actitudes y prácticas de la interculturalidad horizontal que se ponen en práctica en las relaciones interpersonales, intersociales e internacionales.
La interculturalidad horizontal y las culturas indígenas. Con esta actitud y criterio, las culturas indígenas de América merecen el respeto porque son herencias de nuestros antepasados. Es la riqueza cultural milenaria que sobrevive gracias a la resistencia de los que asumen la indigenidad americana con amor y valor que; no tanto por la política educativa de los ministerios de educación.
La educación escolarizada tiene mucho que aportar en la formación de los estudiantes con apertura mental y afectiva para que amen y respeten a su cultura local y a la del otro. Los docentes y estudiantes son los verdaderos protagonistas de la interculturalidad horizontal. Los profesionales egresados de los estudios superiores deben ser ejemplos del respeto y cuidado de nuestra humanidad y nuestra naturaleza (nuestra casa común).
La naturaleza es depositaria de la historia de la humanidad. Si pudiéramos oír sus voces de alegría y llanto dialogaríamos con ella.
En los pueblos andinos la naturaleza es un ente vivo con quien se dialoga; por eso hay expresiones que la califican con amor y respeto: Patsa (pacha) (Madre Tierra), Yaku Mama (Madre Agua), Inti Yaya (Padre Sol) y Wayra Yaya (Padre Aire, Padre Viento).
Antes de beber el licor, primero se hace el brindis a la madre naturaleza (Patsa Mamata upyatsiy). Kay patsam wasintsik: Este mundo es nuestra casa. En los bordes de los caminos se ven morritos de piedras (Apachita), son las ofrendas de los viajeros a la naturaleza. Además, los andinos continúan el diálogo con sus difuntos, por eso les ofrecen comida, bebida y alguna otra ofrenda.
Con este pensamiento los ciudadanos de las comunidades campesinas andinas se enfrentan a las empresas que, en nombre del progreso y desarrollo, afectan los humedales, los ríos, los terrenos de cultivo y la biósfera. Las empresas, generalmente, tienen el apoyo del gobierno central que está en la urbe capital, de las fuerzas del orden (policía y ejército) y del poder judicial. En esta confrontación desigual se sacrifican muchas vidas de los defensores de la madre naturaleza. Así, la interculturalidad queda lejos de hacerse realidad.
Conclusiones
Necesitamos promover la ecología mental para respetar a otro superando las diferencias de etnia, nacionalidad y cultura (creencia, lengua, gastronomía, vestimenta…).
La interculturalidad horizontal es la salvación de la humanidad y de la naturaleza. Es un proyecto común de la solidaridad intergeneracional: pensar no sólo en el presente sino también en el futuro. Es la difícil realización del comunitarismo superando el individualismo.
La educación de interculturalidad horizontal -la cultura de la vida- se debe dar en todo momento y lugar: en el hogar, en la escuela y en la sociedad. Si la ciencia y la tecnología no ayudan a conservar la vida de la humanidad y de la madre tierra, son cómplices y herramientas de la destrucción.
Así como nos preocupamos de que no se extingan las plantas y animales; también nos debemos preocupar de que no se extingan las culturas (lenguas, creencias, músicas, danzas…). “No debemos entender […] por progreso la destrucción de la (cultura) antecesora y la superposición de otra con fines de opresión y dominación extranjerizante” (López p. 39).
Enfrentemos el futuro con amor y solidaridad por tener el futuro común; sin el resentimiento ni los complejos de superioridad ni de inferioridad (Carranza, “Los indígenas y el bicentenario de la independencia del Perú”).
* Investigador del Instituto de Estudios de Asia y América, Dankook University, Corea del Sur.
Referencias
Carranza Romero, Francisco. Madre Tierra, Padre Sol. Trujillo, Perú: Computer Age, 2000.
