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LA RATIFICACIÓN DEL PROYECTO PESQUERO Y SU CONFIRMACIÓN POLÍTICA

César Augusto Lerena*

Imagen de Claudio Bianchi en Pixabay

Días pasados tuve la posibilidad de conversar telefónicamente en un programa radial con tres conocidos periodistas especializados en temas pesqueros. Como me ha ocurrido en estos últimos tiempos, desde que se difundiera una lista de posibles candidatos a ocupar la Subsecretaria de Pesca de la Nación que me incluía, debí negar nuevamente que se me hubiese ofrecido tal cargo. Aunque, debí aclarar que, si tal ofrecimiento ocurriese, lo aceptaría, con determinadas condiciones, porque desde hace 50 años en que me vinculé al sector pesquero, me involucre fuertemente con la actividad.

Pero, claro está, el ofrecimiento sería un hecho ciertamente revelador, porque en los cientos de artículos que escribí en los últimos años, he expresado claramente un proyecto de fuerte desarrollo social, industrial y nacional y de defensa de la soberanía nacional en el Atlántico Sur y Malvinas, que no se compadece con la política dominante de estos últimos años.

Es hasta lógico, que el periodismo, en su avidez por conocer quién se hará cargo de esta cartera en la afligente situación por la que atraviesa la industria pesquera, se dude de mi afirmación categórica: no se me ha ofrecido cargo alguno.

Sobre este aspecto, les recordaría a los amigos periodistas tener muy en cuenta que en estos menesteres aplica habitualmente la política del tero, que, “canta en un lado y pone los huevos en otro” y, sobre todo, que “el sur también existe”.

Ahora bien, se podrá mantener viva la llama de la duda respecto a ocupar o no un cargo, pero no un trabajo inclaudicable en defensa irrestricta de los intereses de la empresa nacional, el trabajo y la sostenibilidad de los recursos naturales del Estado que, comenzó profesionalmente hace algo menos de cincuenta años y que, en materia política, se inició en 1976 criticando la presencia de buques extranjeros en el mar argentino, en una época donde la mayoría guardaba silencio. Hacia 1983, nos referíamos a “la desmalvinización” y en 1986 nos opusimos a los Acuerdos Marco con la Unión Soviética y Bulgaria (una relación residual heredada del Proceso), a los que calificamos como “la derrota final de Malvinas” y, junto al recordado Cuqui de la Garma, para profundizar el accionar político, fundamos la Revista “Pesca Argentina y mundial”, financiada por Paco Ventura, donde describimos la ocupación del Atlántico Sur y la destrucción del sector pesquero nacional, desde Martinez de Hoz a Juan Vital Sourrouille y, hacia 1987/8 cuando el gobierno radical negociaba los “Acuerdos de Madrid” (que se concretarían en el gobierno menemista), titulábamos con dureza “Caputo, el peón de la Reina”, a quién, siendo Canciller y, Presidente de la ONU, desde el Centro de Estudios para la Pesca (CESPE) invité a debatir sobre la política en el Atlántico Sur (Clarín,  21 de abril de 1989). Nunca imaginamos que lo peor estaba por llegar.

En 1991 renuncié a la Secretaría de Estado del gobierno de Menem con motivo de una serie de “desatinos” (¿?) del Canciller Cavallo que se iniciaron con la firma de los Acuerdos de Madrid en 1989; la conservación conjunta de los recursos pesqueros al este de Malvinas en 1990, que posibilitaron a los británicos el otorgamiento de licencias pesqueras a buques asiáticos, españoles, polacos, etc., y la consolidación económica de los isleños que concluyeron con la determinación de las Líneas de Base de Argentina en 1991, la derogación de la Ley 17.094 que redujo el mar territorial argentino de 200 a 12 millas que allanó el camino del Reino Unido a la posterior instalación de una Z.E.E. de 200 millas alrededor de Malvinas. Ya fuera del gobierno, en 1994 critiqué el Acuerdo con la Unión Europea, lo que calificamos “como el festival de los permisos” y la sobre-explotación de los recursos.

Observamos en 1995 que la CONVEMAR desconocía para los Estados ribereños los recursos migratorios, que dan sustento a los ingleses en Malvinas y depredan cientos de buques extranjeros (Estados de Bandera) llevándose más de un millón de toneladas anuales de nuestros recursos pesqueros e impidiéndonos duplicar nuestras exportaciones y triplicar el empleo nacional.

En 1993 elaboré la ley de pesca de la Provincia de Buenos Aires, aún hoy vigente, de la que se tomó gran parte del artículo 1º de la Ley 24.922 que promueve el valor agregado, el empleo y el trabajo industrial, aunque en las discusiones que se generaron al momento de la sanción de esta última, con el Senador Hipólito Solari Yrigoyen, Castillo y otros promotores, observé la desnacionalización de la actividad que provocaría su redacción y el tiempo me daría la razón, ya que mientras en 1970 todas las empresas pesqueras eran nacionales, en 2019, siete de las diez principales empresas exportadoras son extranjeras y, no porque ello, en sí mismo, sea malo, sino porque se deshumanizó el trabajo, desculturizó la actividad y se va en camino a que capitales inversores extranjeros se queden con la renta hasta que el caladero se agote.

En el 2005 hice notar que millones de argentinos con doble nacionalidad desconocieron que con el apoyo de países amigos se firmó el Tratado de Lisboa y los ciudadanos de la Unión Europea votaron la consulta sobre la aprobación del texto constitucional de Europa que incluyó dentro de ésta a Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y la Antártida, como territorios británicos de ultramar.

En 2008 aplaudimos la sanción de la Ley 26.386 que impide a las empresas pesqueras que operan en Malvinas obtengan habilitaciones para pescar en el Atlántico Sur, del mismo modo que la Ley 26.659 respecto a las petroleras y en el 2010 al Decreto 256/10 que obligó a la solicitud de permiso de tránsito hacia Malvinas, del mismo modo que repudiamos el inicio de las actividades petroleras en Malvinas.

Nos opusimos en 2011 a la llamada reserva ecológica británica que enajenó 1 millón de km2 de nuestro territorio marítimo y estamos en contra de toda área marítima protegida en el mar austral que no resulte de las recomendaciones e investigaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero argentino, porque atrás de valiosos fundamentos ecológicos, se esconde el blindaje de los recursos que explotan los británicos y se limita la presencia de los buques nacionales en el mar argentino.

Resaltamos, desde siempre, que la Argentina tiene ocupados 1,6 millones de kilómetros cuadrados de territorio nacional y no solo los 14.410 kilómetros cuadrados del archipiélago de Malvinas, circunstancia que pasa desapercibida para gran parte de los argentinos.

Calificamos en el 2016 de Política de Estado a la ratificación por unanimidad de la ONU del informe de la Comisión de Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina (COPLA) que la Cancillería inicio su presentación en abril de 2009. Rechazamos enérgicamente ese mismo año en el Senado de la Nación el denominado Pacto Foradori-Duncan, que no es otra cosa que la ratificación del Acuerdo de Madrid destinado a “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas” y mantiene viva la “fórmula del paraguas” que congeló los avances soberanos de Argentina sobre la recuperación de Malvinas y su territorio marítimo austral. Las investigaciones conjuntas que derivan del mismo y los vuelos a San Pablo, que como ya lo dijimos en su oportunidad y reiteramos, facilitarán el comercio de Malvinas y la sobrevivencia de las islas frente al Brexit y, con ello, la profundización de la pérdida soberana y de los recursos pesqueros nacionales.

Rechazamos en 2018 los acuerdos pesqueros con China y Rusia firmados durante la Cumbre del G20 realizada en la ciudad de Buenos Aires; acuerdos, que junto al otorgamiento de licencias ilegales pesqueras en Malvinas y las extracciones en la ZEE y la utilización logística de puertos de Montevideo dejan de manifiesto una política de extranjerización total del Atlántico Sur. Ya en estos días nos oponemos al otorgamiento a empresas británicas de la explotación offshore de petróleo en el área entre Malvinas y el continente argentino, debilitando la posición argentina en la zona austral del mar argentino.

Después de 37 años de políticas relativas a Malvinas y Pesca, a mi juicio desacertadas, también hemos convivido con un manejo discrecional e insustentable de la pesca. Y a propósito de ello, los tres periodistas que me entrevistaran, me preguntaron cuáles son las medidas que yo tomaría en una hipotética gestión gubernamental, a lo que respondí que en las cuestiones internacionales debería ocuparme con la Cancillería de las que afectan al sector pesquero (caso los buques gallegos asociados a empresas británicas en Malvinas, etc.) y de las internas que deben estar destinadas a generar más recursos económicos para el país, agregar valor a las materias primas y aumentar el empleo registrado y total.

Pero para ello, hay que empezar ordenar y sanear la actividad para dar previsibilidad a los empresarios, los trabajadores e inversionistas y, la pregunta surgió de los periodistas casi espontánea: ¿qué haría con los permisos, cuotas y transferencias que varios denunciamos como ilegales? A lo que respondí y reitero definitivamente en este escrito (pero lo he hecho en varios anteriores): todos los permisos, cuotas, autorizaciones y transferencias de captura serían revisados en mi hipotética gestión, desde la sanción de la Ley 24.922 hasta la fecha e, incluso, claro está, para ser más preciso, también —y muy especialmente— revisado el cálculo que motivó el otorgamiento de porcentuales relacionados a la Captura Máxima Permisible; el llamado informe de la UBA y los porcentuales máximos de concentración por grupo empresario y, muy especialmente, aquellas operaciones que dieron lugar a transferencias de permisos a buques españoles y del que debieron derivar en desguace y baja los permisos de los buques obsoletos argentinos y, claro está, incluirá también los que derivan de esta última gestión.

Aunque, todo ello, podría transformarse en un mero ejercicio intelectual, porque como he dicho, no he tenido ofrecimiento alguno y, si lo tuviese y aceptase, será porque todo esto se puede ejecutar.

No tengo otras aspiraciones que no sean llevar adelante mis fuertes convicciones. Son casi inexistentes mis probabilidades de convertirme en el próximo Subsecretario. Sugiero en este aspecto mirar al sur. Finalmente, ya he cumplido, con mis sucesivos artículos en materia de “Atlántico Sur, Malvinas y Pesca” con la obligación inexcusable de elevar la vara y visibilizar este tema entre los argentinos y, quién asuma la función, a partir del 10 de diciembre, tendrá que explicar el “qué” y el “cómo” va a llevar adelante una política nacional que devuelva a la Nación y, a esta noble actividad, al lugar del que nunca debió apartarse, para caminar el sendero de bienestar de todos los argentinos.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

Copyright © *|2019|* *|César Lerena|*, All rights reserved.

 

LA TRANSICIÓN Y EL PROYECTO PESQUERO NACIONAL

César Augusto Lerena*

Imagen de Claudio Bianchi en Pixabay

Cuando los funcionarios se están yendo, ni los ordenanzas les sirven café. Miran a su alrededor y la soledad del despacho los abruma y los devuelve a la miserabilidad de la que provienen. El propio Borges decía “no vale un subsecretario, más que un sueño” y, es que los cargos no hacen a los hombres, sino estos a aquellos. Que otra cosa puede esperarse de un obscuro burócrata encumbrado en Secretario de Estado, más que esté a la espera de recibir órdenes o satisfacer sin más a sus poderdantes. Triste rol, de quien tiene en sus manos una porción del desarrollo nacional, la industrialización de una Nación, la preservación de los recursos naturales y el trabajo y bienestar de miles de hombres, mujeres y sus familias.

El Subsecretario saliente, de la nada llegó y sin gloria se habrá de retirar, transcurriendo, por impericia o con mandato, a una de las etapas más decadentes de entrega nacional, concentración económica, depredación y pérdida de fuentes de trabajo.

Apelará este Señor a datos estadísticos falsos, basados en una mono-explotación de un recurso, cuya disponibilidad biológica, ni siquiera pueden predecir a mediano plazo los técnicos y, reconocerá su incapacidad de evitar la depredación y el descarte, la explotación española, británica y china de los recursos pesqueros argentinos, la prestación logística a los buques extranjeros ilegales en los puertos de Uruguay y su total falta de participación en defensa de los intereses pesqueros y su explotación sostenible, en aquellas cuestiones inherentes al ambiente marino (las licitaciones de hidrocarburos offshore y las áreas marinas protegidas); el Acuerdo de Nueva York y del Atún que regionalizan y facilitan la intervención del Reino Unido, en el Atlántico Sur, e impiden actuar en forma soberana a la Argentina como Estado ribereño en la protección de nuestros recursos migratorios y la transferencia de información biológica sensible a los invasores y ocupantes de 1,6 millones de kilómetros cuadrados de nuestro territorio marítimo y extractores ilegales de cientos de miles de toneladas anuales de nuestros recursos.

Si habremos visto posiciones vacilantes en los últimos 50 años de explotación pesquera. Y cómo los distintos funcionarios de turno pusieron el recurso en manos extranjeras. Desde los Acuerdos de Madrid, nunca la pesca estuvo tan al servicio de la consolidación de los británicos en Malvinas. Y frente al Brexit —una oportunidad inigualable para la Argentina— el gobierno (y este funcionario en lo suyo) hace oídos sordos a las asociaciones mixtas británico-españolas en Malvinas, recibe el consejo de los depredadores españoles y, muy especialmente gallegos, a quienes les promete una sostenibilidad que no practican y les investiga el área pesquera austral para garantizar su permanencia en el Atlántico Sur, nuestra Zona Económica Exclusiva (el área ocupada por los ingleses también lo es) y nuestros recursos migratorios, que han permitido a los británicos sostenerse todos estos años.

No hay tal “transición ordenada” como dice el gobierno saliente, y es que el desorden en el que dejan los asuntos públicos mal puede entregarse ordenadamente a los entrantes.

Los expedientes pendientes, se habrán concluido, mal y pronto, de urgencia.

Los pedidos ya se habrán cumplido, antes del abandono del barco.

La basura debajo de la alfombra. Que todo parezca normal.

Pero no se trata la transición de un momento en que se cuenten, café de por medio, amablemente, las dificultades, las limitaciones, las presiones y otras yerbas. Se trata de que el Subsecretario de Pesca saliente le entregue al entrante una sola carpeta, de unas cien páginas, donde diga: 1) La trazabilidad de los permisos, cuotas y autorizaciones de captura; 2) El incremento del esfuerzo pesquero a partir de las transferencias; 3) El Rendimiento Máximo Sostenible y el cumplimiento de los proyectos pesqueros, según las cuotas asignadas; 4) La depredación pesquera extranjera y la depredación nacional a partir del descarte; 5) Las acciones que se efectuaron para incrementar el valor agregado; 6) Las medidas tomadas para eliminar el trabajo no registrado; 7) Las acciones que se tomaron para financiar la renovación de los buques y reactivar toda la capacidad instalada nacional; 8) La promoción efectuada del consumo nacional; 9) el desguace de los buques que entorpecen las operaciones portuarias; 10) qué asesoramiento le prestó a la Cancillería sobre los Acuerdos de Madrid y el Acuerdo Foradori-Duncan; 11) qué acciones llevó adelante para desalentar la pesca ilegal; 12) qué asesoramiento prestó al gobierno desde el punto de vista pesquero sobre el reciente pre-acuerdo con la Unión Europea, entre otras cuantas cosas. En síntesis: qué medidas se tomaron para cumplir con el artículo 1º de la Ley 24.922 que dice “La Nación Argentina fomentará el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente apropiados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina”.

La palabra “transición” viene del latín transitio y significa “acción y efecto de estar entre lo viejo y lo nuevo”. Sus componentes léxicos son: el prefijo trans– (de un lado a otro), itus (ido), más el sufijo –ción (acción y efecto). Los daños de lo viejo en biología suelen ser irreversibles o reversibles a muy largo plazo y, los efectos sociales de las pésimas políticas implementadas, son devastadores, porque quiebran la moral de los emprendedores y la ilusión y el sustento a los pueblos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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BOLIVIA: 113 SOBRE 126 EN ÍNDICE DE INNOVACIÓN

Agustín Saavedra Weise*

Imagen de Michal Jarmoluk en Pixabay

Los avances por países en materia de innovación han sido clasificados en el último Global Innovation Index 2019 (GII). En esta su 12ª edición, el GII se ha convertido en una valiosa herramienta para que responsables políticos, líderes empresariales y otras partes interesadas, puedan evaluar el progreso anual de la innovación tanto de su propio país como del resto del mundo. Se elaboró un ranking para 126 estados.

La innovación es un factor esencial para el crecimiento económico y el desarrollo. La propia innovación genera ―como tantas veces lo he explicado― un proceso de destrucción creativa que va dejando en el camino utensilios, bienes o herramientas obsoletos para abrirle el paso a nuevos productos. 

Sin innovación no hay posibilidades de generar cambios sustanciales; ella es el motor que permite el salto cualitativo. Es por eso que muchas naciones invierten importantes sumas en función de poder generar sus propias innovaciones, para así no depender de terceros ni tener que pagar montos exorbitantes por derechos de patentes.

Ahora bien, el panorama de la innovación varía sustancialmente entre unas y otras zonas geográficas. Asia y África muestran bastante dinamismo, América Latina se estanca e incluso retrocede. Lamentable en verdad. El GII es elaborado por tres instituciones de alto prestigio: la Universidad de Cornell, la escuela de negocios europea Insead y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). El índice evalúa la innovación en las economías del globo mediante varios indicadores que miden la capacidad (o incapacidad) de innovar en cada país.

Suiza, Suecia y EEUU, encabezan el ranking planetario de innovación. En este campo, el dominio de los países desarrollados es abrumador. De los 15 primeros países del ranking, ocho son europeos. China ha ido escalando y ahora ocupa el puesto 14, con posibilidades de seguir subiendo. La guerra comercial iniciada por EEUU ha propiciado incentivos para la innovación china; progresivamente el dragón abandona parte de su economía basada en baratas imitaciones para producir nuevos bienes de notable calidad. Y Beijing lo está haciendo con vigor; no sería extraño que en próximas ediciones del GII se coloque en lugares más cercanos a los líderes actuales.

El primer país emergente en el ranking es Malasia (puesto 35), seguido de Vietnam (42) y Tailandia (43). Otras economías asiáticas más desarrolladas figuran también en puestos destacados: Singapur (8), Corea del Sur (11), Hong Kong (13), Japón (15). El primer país latinoamericano es Chile, en el puesto 51, seguido de Costa Rica (55) y México (56) y Argentina (73).

Bolivia ocupa un bajísimo lugar: el 113, flanqueada por Mozambique y Malawi. Nuestra capacidad de innovación propia es casi nula, eso se refleja en reducidos niveles de competitividad y desarrollo. Pese a la cháchara oficialista, seguimos estando muy atrasados. Y conste: ya pasaron 14 años desde el día en que Evo Morales aseguró que en 15 años estaríamos en Bolivia igual o mejor que Suiza. Esa naricita debe estar creciendo…

 

*Ex canciller, economista y politólogo. Miembro del CEID y de la SAEEG. www.agustinsaavedraweise.com

Tomado de El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, https://eldeber.com.bo/156147_bolivia-113-sobre-126-en-indice-de-innovacion