Archivo de la etiqueta: Gobierno

NO ES LA ECONOMÍA, ES LA JUSTICIA

Marcelo Javier de los Reyes*

Los que ya tenemos varias décadas conocimos otra Argentina, muy diferente a la actual, por lo que cuando hablamos con los jóvenes y les contamos acerca se esa Argentina que nosotros conocimos cuando éramos chicos o jóvenes parecería que estamos hablando de un país de fantasía, de una ficción.

Hasta mediados de la década de 1970 la Argentina tenía una tasa de desempleo menor al 3%, el trabajo formal era la norma y los argentinos podían pensar en un país que tenía un horizonte prometedor más allá del contexto político nacional.

Recuerdo que la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, así como el sur y el oeste de la Provincia de Buenos Aires, eran zonas industriales y de mucha actividad.

La clase media y la educación pública, en la que nos enseñaban a respetar los Símbolos Patrios y a amar la Patria, eran lo que podríamos considerar dos virtudes. Esa educación pública nos había puesto en un lugar de privilegio y causaba admiración en el exterior.

La deuda externa no llegaba a los US$ 8.000 millones, si no me equivoco sería menos del 2% de la deuda externa actual. Éste no es un dato menor.

La Argentina contaba con unas Fuerzas Armadas con un poder regional considerable y era un país respetado y bien considerado dentro de la comunidad internacional a pesar de que ya había entrado en un período de decadencia.

Sin embargo, el gobierno militar que asumió en 1976 impuso una política liberal de la mano del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien retomó algunas imposiciones que se hacían desde el exterior, como

    • la desindustrialización,
    • el cierre de ramales ferroviarios, lo que respondía al denominado «Plan Larkin» diseñado en EEUU para desarticular el sistema ferroviario argentino, plan que le fue presentado al entonces presidente Arturo Frondizi, quien no pudo llevarlo a cabo pero que sí fue trágicamente implementado por el presidente Menem y
    • el sometimiento de la Argentina mediante el endeudamiento externo, lo que incremento la deuda de manera feroz e innecesaria. Fue así que para 1983, cuando los militares entregaron el poder, la deuda externa superó los US$ 45.000 millones.

Los militares argentinos fueron presos por otras razones, pero a Martínez de Hoz la justicia nacional no lo tocó.

La sociedad argentina depositó una gran esperanza cuando la democracia retornó en 1983, una esperanza que ha sido defraudada durante estos 40 años de una «partidocracia» en la que muchos políticos llevan décadas viviendo del Estado mientras lo destruyen.

Aquí quiero hacer una digresión para aclarar la diferencia entre «Estado» y «Gobierno» más aún cuando estamos nuevamente con un gobierno radicalizado cuyo presidente siente orgullo de destruir el Estado, al que representa y del que recibe su sueldo.

El Estado está formado por todos los argentinos, así como la Iglesia está constituida por todos los feligreses. No se concibe una Nación sin el Estado. Todo Estado Nación está conformado por un territorio claramente delimitado, una población y un gobierno. De tal manera que se trata de una organización política y humana.

El Estado es como un consorcio de copropietarios y el gobierno es como el administrador de ese consorcio. Si el administrador lo hace mal, no es el Estado el que lo hace mal y si la población eligió un mal administrador esa mala elección será responsabilidad de la población. Resulta ridículo que el administrador se proponga destruir al consorcio de copropietarios porque sería dejar sin sus bienes a quienes lo eligieron para que los administre. Desaparecidos los bienes, desapareció el consorcio de copropietarios y su razón de ser. ¿Podrían los copropietarios aplaudir y elogiar a ese administrador? No. Sorprende que un número considerable de argentinos elogie y se ponga contento porque un presidente se proponga destruir la razón de ser de la Argentina.

Volvamos a la historia reciente.

Es por todos conocida la famosa frase «¡Es la economía, estúpido!» una frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, que éste utilizó en la exitosa campaña de 1992.

En la Argentina le han llevado a buena parte de la población a creer que el problema es económico y siempre serán los economistas los que vendrán a salvarnos de nuestra caminata hacia el abismo pero en realidad ellos nos ayudan a apurar el paso hacia ese destino.

No quisiera generalizar pero los máximos exponentes que siempre están cerca de la dirigencia política, los que llegan a los cargos con poder de decisión en materia económica, demuestran que tienen dos grandes problemas:

    1. creen que su especialidad forma parte de las ciencias exactas y
    2. carecen totalmente de empatía.

Entonces vamos a aclarar estos puntos. La Economía no es una ciencia exacta sino una Ciencia Social. La palabra «economía» deriva del griego y hace referencia a la «administración del hogar».

Todos los economistas, quiero creer, que han leído el libro Economía de Paul Samuelson, quien en su introducción se pregunta «¿Ciencia o arte?» y aclara precisamente eso: «La economía no es una ciencia exacta». Afirma que es más que un arte pero cuyas predicciones pueden ser tan exactas como el pronóstico meteorológico. Claro está, como agrega Samuelson, que un banco o una empresa no recurrirán a un astrólogo sino a un economista.

Pero los economistas no pueden reducir todo a que «les cierren los números», que «no haya déficit fiscal», aunque siempre lo incrementan con las medidas que toman, las que más de una vez hasta los que provenimos de las humanidades percibimos que nos hundirán más que favorecernos.

Detrás de los números hay personas y muchas de ellas, los más necesitados, terminan siendo perjudicados por sus medidas.

No, no es la economía. Es la Justicia. Y no agregaré lo de «estúpido» porque quienes ejercemos la docencia jamás le diríamos a un alumno «estúpido», porque estamos para formar, para ayudar en la comprensión de determinadas cuestiones.

El problema fundamental de la Argentina es la falta de Justicia o la carencia de moral de buena parte de los jueces que responden al Poder Ejecutivo de turno, tanto por beneficiarse en su carrera profesional como por obtener beneficios económicos.

Aquí entramos en otro problema, el que nos lleva a comprender que, sin una verdadera división de poderes, no hay democracia, porque no hay un control de un poder sobre el otro. No hablaré del Poder Legislativo, cuyos exponentes no son dignos de considerarse representantes ni del Pueblo ni de sus Provincias, tanto sean diputados como senadores. Y los economistas que forman parte de los gobiernos parecen gozar de inmunidad porque, cuando en el mejor de los casos son investigados judicialmente por las medidas que toman como funcionarios públicos, terminan sobreseídos. A pesar de que a ellos no les cierre el blanco de sus respectivos patrimonios que, en general tienen el exterior, dicen que sus políticas están destinadas a traer inversiones a la Argentina. Curioso, ¿no?

Estimo que la mayoría de los argentinos queremos que en nuestro país se desarrolle la industria, que el campo produzca, que la producción se incremente, que la Argentina aumente considerablemente sus exportaciones. Porque la Argentina crecerá y se desarrollará cuando sus sectores productivos trabajen a pleno y no por contraer innecesarias deudas como consecuencia de malas administraciones, de negociados o de intereses externos que sólo aspiran a mantener a la Argentina de rodillas.

Para salir de este laberinto necesitamos de una Justicia independiente que condene a los funcionarios que traicionan a la Patria, los que la endeudan y la empobrecen. La Justicia debe constituirse en la columna vertebral para reorganizar y sanear la Argentina. Para eso se necesitan jueces probos y un sistema judicial ágil. Quizás podríamos pensar en una elección de jueces por parte del pueblo y no por parte del poder ejecutivo para garantizar esa independencia. Es sólo una propuesta.

Por otro lado, los argentinos tenemos que dejar de lado las divisiones, las que son instigadas por los mismos que se benefician de ellas: los miembros de la corporación política y los de la corporación económica y de medios, quienes se han aliado en el presente gobierno.

Precisamos tener en claro los Intereses Nacionales y que nada nos aparte de ese rumbo. El rumbo que debemos tomar es relevante y hay que definirlo clara y de manera urgente porque, como dice Paul Samuelson, «el futuro es más largo que el presente». Y en ese futuro están los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos.

En tal sentido, entonces, creo que hay que dar ciertos pasos:

    • terminar con las divisiones, lo que no supone suprimir el debate sino trabajar juntos pensando en el futuro y no en el pasado;
    • delinear el rumbo y la estrategia para desarrollar la Argentina en función de los Intereses Nacionales;
    • diseñar nuestro propio modelo de desarrollo;
    • recuperar una de las que fuera la característica de la sociedad argentina: «la movilidad social»;
    • lograr la emergencia de una nueva clase dirigente, libre de los vicios de esa dirigencia que nos ha traído a esta angustiante situación;
    • recuperar los valores de la sociedad.

Todo esto requiere de comenzar una «contra revolución cultural» para enfrentar a esa revolución cultural que nos sumergió en la desesperanza, en el desaliento y en una baja autoestima.

Debemos buscar nuevos caminos, nuevas opciones, pensar en el futuro, apelar al pensamiento estratégico para considerar los recursos actuales y los recursos potenciales de los que la Argentina pueda echar mano para recuperarse.

Como ya lo he escrito en un artículo anterior, la sociedad debe ponerse «en camino», como en una peregrinación hacia la Tierra Prometida, que no es otra que la Patria misma. Y en este sentido los argentinos hemos sido privilegiados por esta tierra.

Peregrinar es alejarse, tomar distancia del punto en el que estamos, es caminar, ponerse en marcha, en silencio ―es decir, dejando de lado la confrontación estéril para pasar al intercambio de ideas―.

Sólo de esa manera podremos lograr nuestro objetivo común: llegar a la Patria que tanto amamos.

 

* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.

Autor del libro «Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones», Buenos Aires: Editorial Almaluz, 1ª edición 2019, 2da edición 2024.

Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).

Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España. ORCID 0000-0003-0411-4630.

©2024-saeeg®

 

PESCA. FUNCIONARIOS INEPTOS Y EMPRESARIOS SIN ESTRATEGIA

César Augusto Lerena*

El gobierno lleva adelante una política de desindustrialización y un proyecto aperturista; frente a ello, el sector empresario pesquero continúa con una política gremial atomizada, dubitativa y vetusta que aplica un modelo extractivo y exportador de escaso valor, muy lejos del resto de las exportaciones de recursos naturales. La pesca es una actividad desconocida y desvalorizada por funcionarios y consumidores. Mientras Coca-Cola sigue promoviendo sus productos, las bondades de la pesca no existen o solo tienen difusión nacional las noticias negativas.

La evidencia más antigua de la pesca se acaba de descubrir en grabados de redes y pescados de unos 15.800 años a orillas del Rin. Es decir, el período Paleolítico Superior, donde se manifiesta que la explotación de esta especie, no solo era una cuestión de subsistencia, sino que tenía un significado cultural y simbólico; sin embargo, se agotará en el Atlántico Suroccidental, si los gobiernos, empresarios y gremios, no modifican el modelo político, productivo y gremial-empresario imperante en Argentina desde la década del 60.

¿Los empresarios se habrán enterado que las reglas cambiaron? No tienen políticas de revalorización de la actividad; no avanzan sobre el manejo efectivo de la actividad y siguen con métodos predigitales frente a políticas cognitivas y de irrupción de las redes sociales.

El Consejo Federal Pesquero no es federal ni concentra el poder de la decisión. El subsecretario de Pesca carece de poder. Ha sido y es parte del problema. Ello diluye el ámbito de negociación, en especial cuando los representantes de las provincias no han siendo capaces de diseñar una estrategia común. Su poder parece delegado a un cuerpo que carece de tal atributo y solo es el mascarón de proa formalizando decisiones tomadas fuera de ese ámbito.     

El poder sectorial y la fragmentación empresaria. La multiplicidad de Cámaras y alguna Asociación por fuera de ellas, debilita el poder del sector. La “Intercámaras” parece suscribiendo el interés de todos ―parece una alianza electoral― pero, ello no alcanza ya que no logra expresar un verdadero poder de la actividad. Juntar Cámaras para suscribir una nota defensiva o recorrer despachos no agrega potencia a la voz ni mucho menos muestra la importancia del sector que requiere de un proyecto que esté por delante de las iniciativas gubernamentales que desconocen las particularidades del sector y, sobre todo, necesita de una evolución empresaria efectiva que pueda ser ponderada y no cuestionada. Cualquier funcionario desinformado califica a este sector como “mafioso que explota el recurso pesquero en forma gratuita”, mientras el sector sigue aferrado a un proyecto pre-industrial iniciado hace sesenta años, fácilmente atacable. No se cambia esta imagen con la botadura de un importante buque, con la construcción de una planta industrial o con fotos de empresarios reunidos en una feria internacional. Es “cartón pintado”, por el que se invierten miles de dólares para que luego un Subsecretario “que nunca pagó un salario” establezca la política pesquera, a la par de decir, que si fuera por él ya se hubieran adjudicado las cuotas de pesca. Pasamos de “El estado soy yo” de Luis XIV en 1655 a funcionarios que no representan el poder político ni a las empresas. Es poco serio por parte de los gobernantes, pero también de los empresarios y las provincias que no parecieran entender que de una buena administración de este recurso dependen los pueblos, las industrias, los trabajadores y proveedores y, la custodia soberana argentina de territorios muy vulnerables de la República.

Las empresas integradas en Cámaras están divididas por tipos de buques, por especies, por plantas exportadoras, por su radicación y tipo de proceso, por un conjunto de empresas que consideran que se agrupan asociadas porque entienden que son las que mayor volumen producen y exportan y, otras empresas que han formado nuevas cámaras por diferencias de distinto tipo entre empresas. A ello se agregan empresas que no están asociadas y a la intervención individual de algunos empresarios que circunstancialmente por vínculos personales están cerca del gobierno de turno.   

Ello lleva a debates con conclusiones parciales, retaceadas y a asociaciones coyunturales y transitorias frente al conflicto y no a la necesidad de elaborar una estrategia permanente que contemple el interés de todos. Aquí no aplica el “río revuelto ganancia de pescadores”, sino por el contrario el gobierno se refriega las manos al pie de los muelles, ya que esta política empresaria es errónea, claramente negativa frente a un gobierno que fragmenta (divide y reinarás) y no analiza detalles sino los números finales, muchos de los cuales, será tarde evaluarlos luego de cuatro años de gestión.     

La pesca ilegal extranjera. No se escucha a un solo empresario referirse a la pesca ilegal que se realiza sobre los recursos migratorios o asociados en alta mar o en Malvinas, pese a que esa pesca afecta la economía, al ecosistema y necesariamente la pesca en la ZEE. No hay un solo plan gubernamental ni empresario para promover la pesca nacional en alta mar, eliminando subsidios, pago de derechos y acciones defensivas para contrarrestar la pesca subsidiada a distancia. Pareciera que los empresarios simplemente aceptan las reglas de juego que les impone el gobierno de turno y, aplican la reiterada consigna que ha estado vigente hasta ahora; aunque el “no hagan olas” no esté funcionando.

El libre acceso de buques extranjeros, las licitaciones, la vigencia y aumento de las cuotas de captura. El Poder Ejecutivo retiró el proyecto de ley ómnibus que extranjerizaría el mar argentino, pero no parece dispuesto a renunciar a sus intenciones y cumplirlas por otras vías. Federico Sturzenegger, el cerebro y ministro desregulador insiste en mencionar al sector pesquero argentino como un ámbito mafioso. Calificativo que mucha gente concuerda y que ya sostenía hace 35 años atrás el entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Felipe Solá (F.S. “Peronismo, Pampa y Peligro” p. 109-115, Ariel, 2018). El calificativo no ayuda, aunque también hay sectores prebendarios del Estado y empresarios de otros rubros que se los ve mal en la Argentina y no se los destrata, como diría Mirtha Legrand.   

Abrir el mar argentino a flotas extranjeras o colocar derechos a la captura sin analizar costos, retenciones, precios de comercialización; rentabilidad, etc., puede tener el mismo efecto: dificultar la sustentabilidad de las empresas nacionales y ceder las capturas a buques extranjeros que para hacerse de las proteínas pescan a pérdida o usan la actividad por razones geopolíticas. El aumento de los derechos de extracción (DUE) de 0,15 a 3,5 (Roberto Garrone, Punto Noticias, 17/11/24) es una muestra. Ello contrasta con los desproporcionados fondos aplicados a la administración (Autoridad de Aplicación, el Consejo Federal Pesquero y la Nación) en relación a cualquier actividad productiva.

Las cuotas y autorizaciones están en manos de funcionarios en tránsito, sin la voz de quienes invierten, contratan personal y generan riqueza. Digamos, que el manejo oficial de la administración pesquera está en poder de burócratas y, los pescadores profesionales y los históricos usan procedimientos que, durante décadas les sirvió (y evito decir cuáles eran), pero que hoy son absolutamente ineficaces. El sector empresario pesquero no parece darse por enterado.

Los años de vigencia de las cuotas debieran ser proporcionales a las inversiones realizadas y especialmente de aquellas a realizar. Podrían ser 15 años, si el análisis del proyecto de cada empresa lo amerita; pero, llevar a un año la vigencia, carece de toda seriedad y estaría demostrando que el gobierno no conoce los pormenores de la actividad o que está pensando llevar adelante un proceso licitatorio, sobre el que ya nos hemos expresado.

Las exportaciones, la acuicultura y la generación de empleo. El sector pesquero dirige su producción a la exportación, aunque no tenga una representación importante en el complejo exportador argentino en el que solo alcanza el 2,5% de las exportaciones totales (INDEC, primer semestre 2024), donde se destacan con el 73,7% los langostinos y calamares y un 24,4% los pescados blancos. Exportaciones muy por debajo de sus vecinos Brasil, Chile, Perú, etc. Y, mientras que en la producción total mundial pesquera la acuicultura y maricultura alcanzan al 50%, en la Argentina están por debajo del 2%. De esto no se habla y debería ser una política prioritaria argentina para triplicar las exportaciones y la ocupación de mano de obra en todo el territorio nacional.     

El hábito alimentario y el consumo interno. El 90% de la producción argentina se exporta y pese a que el gobierno debe administrar el recurso, nada hace para redireccionar una cuota-parte al consumo interno. Mientras los médicos nutricionistas y cardiólogos entienden que para mejorar la dieta el pescado debería consumirse tres veces por semana, la Subsecretaría de Pesca insólitamente promueve consumir pescado los días 19 de cada mes (Resolución 42/19). En un país donde los consumidores no conocen las bondades del pescado no puede esperarse que los funcionarios lleven políticas activas que acrediten el valor de esta industria. En la Argentina hay consumo per cápita anual de 4,8 Kg. Es el país con más bajo consumo en Suramérica que llega a un promedio de 9,8 Kg. Salvo algunos casos puntuales los empresarios no prestan atención al mercado local. Ni siquiera en las ciudades portuarias y pesqueras el consumo es mayor. Los programas sociales no tienen contemplado este alimento, pese a su alta calidad proteica y de grasas insaturadas y, la compra de los consumidores del pescado es reactiva ya que no está contemplada dentro de las compras programadas del hogar. Gobierno y empresarios son responsables de esto y, ello también, hace a la imagen del sector.

La reforma de la ley 24.922. La ley nació en 1998 y tuvo su rol en esos años. Después de 28 años de su sanción, en una actividad en discusión en el mundo pesquero, es insólito que no haya tenido cambios en cuestiones que se sufren: la integración del Consejo Federal Pesquero; la falta de jerarquía de la Autoridad de Aplicación; el otorgamiento de cuotas; el sostén económico de la administración, la investigación y el control y un centenar de temas que proyecten una actividad moderna para los próximos treinta años. El temor empresario es reverencial a alguna modificación que pudiese cambiar las reglas de juego estos años. Los empresarios no parecen darse cuenta que el cambio es irremediable y, cuanto más aporten intelectualmente, menor será el riesgo que los funcionarios de turno contribuyan con su desconocimiento. El Santos de Pelé impuso la estrategia de que “no hay mejor defensa que un buen ataque”.       

La aplicación de multas. Su aplicación y sobre todo las de alto monto, muestran la incapacidad del gobierno de llevar una política de preventiva. Las últimas parecen destinadas a mostrar un cambio sancionatorio y no a llevar una administración ordenada. Todo el proceso es observable: desde la inspección hasta la sanción. Hay denuncias sobre incumplimientos graves y, otras recientes, que refieren a actos de persecución. Las multas no reparan los daños.

La soberanía y política poblacional. La pesca es una actividad central en la defensa de la soberanía marítima y en los amplios espacios de la Patagonia. La pesca ha servido para poblar e industrializar ese importante territorio nacional con baja densidad población. Más de 500 buques pesqueros habilitados son custodios del extenso territorio marítimo. El sector empresario no ha sabido darle valor y proyectar nacionalmente este hecho trascendente. Los gobiernos provinciales del litoral patagónico como hemos visto en estos días a cambio de unas monedas han planteado el absurdo de liberar sus puertos para dar apoyo a los buques que pescan ilegalmente nuestros recursos migratorios.       

Manual Belgrano en el siglo XIX decía “Un Estado sin pesca nada puede sobre la mar”. Los empresarios pesqueros no han sabido darle valor estratégico, económico, social, alimentario y sanitario a la pesca.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado – Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

 

DEMORAR LA ADJUDICACIÓN DE CUOTAS DE PESCA ES GRAVE

César Augusto Lerena*

Las Cuotas y Autorizaciones de Pesca son la principal herramienta que tiene el Estado para administrar, explotar, generar divisas, agregar valor, promover empleo; aumentar el consumo interno; conservar las especies a perpetuidad y distribuir adecuadamente el recurso pesquero.

Se administra mal cuando se sobreexplota, pero también cuando el recurso no se distribuye adecuadamente y no se aprovecha sosteniblemente; del mismo modo cuando no se promueve valor agregado y cuando se ignora la interrelación de las especies, en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), pero también en alta mar en las especies migratorias o asociadas.

Del total de las especies que se encuentran en la ZEE continental marítima argentina solo la merluza común, la merluza negra, la merluza de cola, polaca y vieira se encuentran cuotificadas y las demás, entre ellas el calamar y el langostino, son solo autorizadas sus capturas a falta de una determinación técnica para cuotificarlas. Para entender debidamente la diferencia entre un método y otro debemos decir que hasta el año 2009 las especies se capturaban bajo el sistema de “pesca olímpica” donde a todos los buques se les otorgaba permisos de pesca y estos lo hacían en una suerte de carrera entre empresas hasta que la Autoridad de Aplicación ―a efectos de conservar los recursos― daba por terminada la captura del año. Como es fácil entender, este sistema no permitía llevar adelante una administración y distribución adecuada del recurso y las empresas tenían poca previsibilidad tanto en la captura, su procesamiento y la consecuente estabilidad laboral, como su comercialización internacional y local.

La cuotificación se dispone partir de la sanción en 1998 de la ley 24.922 ―aunque se implementó en 2009― a través del otorgamiento de las llamadas Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) a los distintos buques pesqueros. Estas cuotas se corresponden a un determinado por ciento (%) del total de las Capturas Máximas Permisibles en la ZEE Argentina; es decir, lo máximo que es posible capturar sin depredar, establecido anualmente mediante las investigaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), permitiendo a las empresas capturar un volumen de toneladas anuales de pescados y, consecuentemente, hacer sus previsiones anuales respecto a su infraestructura en buques y plantas procesadoras, la ocupación de tripulantes y operarios, etc., y dar cumplimiento a los contratos comerciales de exportación y del mercado interno.

Siendo un sistema imperfecto ―como veremos― la cuotificación es central para promover inversiones, generar empleo y planificar las ventas. No parece entender esta cuestión elemental y central en la administración pesquera el Consejo Federal Pesquero (CFP) presidido por Juan Antonio López Cazorla que, a pocos días de vencerse las cuotas de Merluza Común (Merluccius hubbsi), no se han adjudicado, corriéndose el riesgo de dejar parada a toda la flota que pesca esta especie a partir del 1° de enero de 2025, que en el caso de Mar del Plata sería gravísimo, porque en el puerto de esta ciudad se desembarcan 210 mil toneladas anuales; es decir, un 70% de la captura total nacional de esta especie que es una de las que proporcionalmente más mano de obra ocupa. Esta falta de previsión ya debe estar causando daño a diversos proveedores y a la industria naval, porque la demanda de construcción de nuevos barcos pesqueros está en standby. Si el CFP fuese una empresa privada los miembros de este cuerpo ya serían ex funcionarios por cuanto sabían al momento de asumir que las cuotas vencerían a fin de año y desde el mes de agosto las provincias, empresas y gremios vienen solicitando su implementación (Actas 14;18;19/24 del CFP). ¿Hay alguna razón extraña para que lleven adelante esta demora? Podría haberla, quienes otorgan las cuotas saben el importantísimo valor que esta habilitación tiene para las empresas.

Ahora, cuando nos referimos a que el sistema es imperfecto tenemos en cuenta las nuevas inversiones que debieran derivar de esta cuotificación, entre otros campos en la acuicultura y maricultura; el establecimiento de una distribución más equitativa que contemple una “Unidad Económica Pesquera”; las cuotas y autorizaciones que se entregan a empresas extranjeras cuyos nacionales pescan ilegalmente en el Atlántico Suroccidental y Malvinas; la pesca en alta mar; la Auditoría de las empresas con autorizaciones y cuotas y, el otorgamiento de reservas de pesca.

Las inversiones. Por los Regímenes específicos que se concedieron las cuotas por el término de quince (15) años que culminan el 31 de diciembre de 2024, se tuvieron en cuenta ―entre otras cuestiones― las inversiones que las empresas habían realizado hasta 2009. Es decir que, ante la nueva adjudicación, no deberían tenerse en cuenta aquellas sino las inversiones realizadas entre 2010-2024 y muy especialmente las dispuestas a realizar entre 2025-2039, entre otras, en el campo de la acuicultura y maricultura, cuya producción total mundial alcanza al 50% y en la Argentina no supera el 2%. Chile, por ejemplo, exportó este tipo de producciones ―pese a la pandemia en 2020― unas 800 mil toneladas de salmón y trucha por un valor de 4.389 millones de dólares (en 2019 unos 5.127 millones); es decir, más del doble del total de las exportaciones pesqueras marítimas argentinas. La realidad es que la Argentina está desperdiciando las potencialidades de su amplio territorio y todo hace suponer que si el desarrollo de la acuicultura se promueve las provincias del interior argentino producirán más volumen para el consumo interno o la exportación que las exportaciones actuales desde el mar argentino.

La distribución equitativa. A través de una “Unidad Económica Pesquera” las cuotas de captura debieran permitir al pescador y/o procesador industrial ―por pequeño que sea― una actividad económicamente sustentable y que, mediante una administración adecuada, las provincias menos desarrolladas puedan disponer de los recursos pesqueros necesarios para proveer a las industrias, generar trabajo y desarrollo de los pueblos.

Lo dicho tiene como antecedente la Ley de Pesca de México donde se indica que la «pesca comercial es la que se realiza con el propósito de obtener beneficios económicos» y, en cualquier caso, las concesiones, aún las menos importantes, deben garantizar una “Unidad Económica Pesquera” que asegure la continuidad de la explotación, la generación de empleo y una explotación económicamente sustentable a todas las empresas y no se vean obligadas a ceder en forma directa o indirecta ―bajo contratos de alquiler― sus cuotas. Deben asegurarse también, que no exista una concentración en pocas empresas de los recursos del Estado.

Las cuotas y autorizaciones que se entregan a empresas extranjeras cuyos nacionales pescan ilegalmente en el Atlántico Suroccidental y Malvinas. En la Argentina se da la paradoja que existen empresas del Estado chino radicadas en el país, mientras flotas de ese mismo Estado pescan los recursos migratorios originarios de la jurisdicción marítima argentina en alta mar y también empresas nacionales de capital español se encuentran igualmente radicadas en el país, mientras otras empresas españolas, habiendo su país reconocido la soberanía argentina de Malvinas, pescan en las aguas argentinas de este archipiélago sin autorización de la Autoridad de Aplicación Argentina, asociadas con capitales británicos extrayendo los recursos pesqueros en esa región e introduciendo los productos obtenidos en la Unión Europea sin pago de arancel alguno, en abierta competencia con los productos que se capturan y elaboran en la Argentina continental. Esto requiere una decisión política inmediata.

La pesca en alta mar de las embarcaciones nacionales. Por falta de incentivos adecuados no se ha promovido la pesca argentina en alta mar y se deja a merced que flotas extranjeras subsidiadas y con trabajo esclavo, que se trasladan a grandes distancias de sus puertos de origen, para apropiarse de nuestros recursos migratorios compitiendo con los productos argentinos en idénticos mercados; pero también, dificultando el desarrollo patagónico y depredando el ecosistema. Los buques nacionales habilitados por la Autoridad de Aplicación que pesquen más allá de las 200 millas deberían estar exentos del pago de todo impuesto, derecho a la captura o aduanero al combustible y debieran establecerse otros incentivos destinados a este fin, en tanto no impliquen una reducción del esfuerzo pesquero en la jurisdicción marítima argentina.

La Auditoría de las empresas con autorizaciones y cuotas. El Estado debe controlar que los proyectos, inversiones y obligaciones derivados del otorgamiento de autorizaciones y cuotas se cumplan, de modo de reasignar rápidamente a otras empresas estas habilitaciones en caso de incumplimientos y/o sanciones. 

Las reservas de cuotas. Deberían destinarse exclusivamente al desarrollo de la pesca artesanal, la investigación o el uso en territorios estratégicos y revisarse el sistema de otorgamiento de reservas para evitar que esta decisión quede en manos de unos pocos funcionarios de “plazo fijo” y puedan prestarse a situaciones de cohecho.

La cuotificación debería completarse con la toma de las medidas necesarias por parte de la Autoridad de Aplicación para eliminar la pesca ilegal extranjera, asegurar el control en el mar, la mejora y modernización de los puertos, la promoción de la construcción naval pesquera nacional y la eficiencia administrativa y económica de la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero.

La crisis amerita que los gestores de pesca no dificulten el verdadero cambio que se requiere y junto a las empresas y las fuerzas del trabajo, participativamente, hagan que la pesca industrial se constituya en uno de los prototipos del desarrollo nacional.

Recordemos a Louis Pasteur (1862): “Nada se produce por generación espontánea”.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar.