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EXPORTACIÓN DEL GANADO EN PIE, LEY DE TIERRAS Y EXTRANJERIZACIÓN DEL MAR ARGENTINO

César Augusto Lerena*

El presente artículo fue publicado por Página 12 el 12 de enero 2024.

 

Los funcionarios siguen sin entender que vivimos en un Estado Marítimo. La Argentina bicontinental (que incluye la Antártida) tiene 3.757.314 km2; mientras que la superficie marítima, insular, la plataforma continental extendida y las aguas de la Antártida alcanzan a los 8.029.842 km2; es decir, un espacio muchísimo más amplio que el territorio continental.

Nos sorprende la Ley Ómnibus “Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos” respecto al Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922), cuando se extranjeriza la explotación del mar argentino. Es como extranjerizar la explotación del 68% del territorio nacional. Sin dejar de tener en cuenta que esto se haría en un escenario donde la Argentina tiene invadido y/o en disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) un 68,5% de su territorio marítimo e insular, unos 5.497.178 Km2, lo que coloca a esta decisión en una situación de extrema gravedad geopolítica, sin contar, los demás efectos económicos y sociales que detallamos en distintos artículos escritos sobre el tema.

Deberíamos preguntarnos qué han querido lograr los autores de este proyecto al abrir el mar a buques extranjeros, como lo hacen unos pocos países pobres del mundo, como Cuba, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y algunos países africanos, que no tienen desarrollada su flota, su industria pesquera ni los mercados que tiene la Argentina.

Es muy grave, ya que además de abrir el mar a la pesca extranjera se admite que no será necesario a esa flota desembarcar las capturas en puertos argentinos; consecuentemente, no se industrializarían las capturas ni le agregarían valor; autoriza también a no utilizar tripulación argentina y podrían usarse buques de cualquier antigüedad; es decir, se dan todas las condiciones para que los buques extranjeros extraigan y no efectúen elaboración de ninguna naturaleza ni pago de tasas, impuestos, retenciones, etc., y en los hechos la Argentina no controle nada porque no tiene forma ni capacidad de hacerlo, acrecentado la ya conocida pesca ilegal, motivo por el cual, parecería que el Estado se conformaría con la venta de licencias al mejor postor, licitaciones que seguramente ganarán los buques extranjeros ya que operan subsidiados, hacen transbordo en el mar, no pagan aranceles al regreso a sus países de origen, su tripulación trabaja con regímenes esclavos y no abonarán los impuestos, tasas y retenciones de Argentina. Igual procedimiento primitivo que el de licitar las licencias de pesca que utiliza el RUGB en las islas Malvinas; asimilable, a la venta de ganado en pie que la Argentina realizaba en el siglo XIX, donde se vendían animales a los mercados transatlánticos, sin ningún tipo de proceso industrial ni ocupación de mano de obra; claro está, que eso ocurría en un contexto donde la mano de obra preparada era escasa y la carencia de tecnología provocaba ciertas limitaciones a los bienes vendidos a compradores de Europa y Estados Unidos, cuestión que podía darse en esos años, pero vender hacienda en pie en la actualidad significa un retroceso fenomenal e injustificado, regalándole a los países desarrollados la mano de obra, pese a que hoy la Argentina tiene en la actividad pesquera un recurso humano calificado, tecnología, infraestructura y la flota necesaria, además de conocer el mercado y competir en él, a pesar de no ser quien fija los precios en el mundo y en muchos casos ingresando a mercados protegidos.

Esta práctica de que buques extranjeros pesquen en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) no solo no se admite sino que se reprime en todo el mundo. A no ser de que se trate de capturar especies excedentarias, es decir, aquellas que no son capturadas por razones comerciales por los Estados ribereños; que no es el caso de Argentina, donde capturan todos los recursos disponibles, con las limitaciones impuestas por el INIDEP para asegurar la sostenibilidad de las especies. ¿Podría mejorarse la eficiencia, distribución y el valor agregado? Si, pero como ya hemos dicho, no depende solo de las empresas sino también de que los gobiernos cumplan su rol, a través de sus delegaciones diplomáticas, de buscar acuerdos internacionales. Tomar contacto con el mundo, generar empatía, confianza e interés en proyectos serios de cooperación y explotación equitativa, dentro del marco de la ley argentina y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El proyecto del gobierno es vender ganado en pie al mundo igual que el RUGB en Malvinas.

¿Raro no? Porque este proyecto también les permitiría a los británicos hacerse de todos los recursos del resto del mar argentino por unas monedas. Una guerra ganada a los argentinos sin tirar un solo tiro. Nada podría salir tan mal “Ni el tiro del final te va a salir”. Ampliaremos en un próximo artículo sobre este tópico.

Muy raro también es que junto a esta extranjerización del 68% del territorio nacional se propicie la derogación de la Ley 26.737 “del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales” (Ley de Tierras) sancionada en 2011. Se dejaría sin efecto una ley que se aplica a todas las tierras rurales ubicadas fuera del ejido urbano y que tiene por objeto ―entre otros― “Regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción», donde se establecen una serie de condiciones y límites al dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierra rurales, entendiendo a los efectos de la ley, «como titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales, toda adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios, cualquiera sea la forma, denominación que le impongan las partes, y extensión temporal de los mismos…», aunque es conocida la vulnerabilidad de la ley, que ha sido violada reiteradamente a través de distintos artilugios, algunos de las cuales, incluso ya se indican en el artículo 6º de la ley: «Queda prohibida toda interposición de personas físicas de nacionalidad argentina, o de personas jurídicas constituidas en nuestro país, a los fines de configurar una titularidad nacional figurada para infringir las previsiones de esta ley. Ello se considerará una simulación ilícita y fraudulenta».

“Más de 14 millones de Has. de tierras rurales estarían en manos extranjeras. La ley establece que no pueden estar en manos extranjeras más del 15% de los territorios nacionales, provinciales o municipales; sin embargo, pese a la ley que se pretende derogar, más de treinta distritos tendrían la mitad de su territorio en manos extranjeras”.

Y, entre otras tantas limitaciones al dominio extranjero que omito por razones administrativas, no puedo dejar pasar lo que indica el artículo 10º «…se prohíbe la titularidad o posesión de los siguientes inmuebles por parte de las personas extranjeras…los que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes y, los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera…», que obviamente, al igual que en el mar, sería inadmisible la apropiación extranjera de espacios fronterizos.

Si a esto le agregamos que la explotación de los principales recursos naturales (petróleo, gas, minerales, etc.) y gran parte de los servicios están extranjerizados, sumado a la monumental deuda que tiene la Argentina y su extrema pobreza, nos hace seriamente pensar que nos estamos alejando seriamente de la declaración de Tucumán del 9 de julio de 1816 que rezaba: “Nos los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en congreso general…declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli”; declaración que se complementase diez días después: “y de toda otra dominación extranjera”.

Y nos preguntamos si, bajo el pretexto de mejorar nuestra economía, mañana no llegará también la hora de expropiar las tierras rurales de propiedad privada, bajo pretexto de considerarlas improductivas o ineficientemente explotadas y de interés público. El valor de un buque de pesca equivale al precio de miles de hectáreas del mejor precio de la “Pampa Húmeda”. ¿Porque dejar en manos de unos pocos ilustrados, detrás de un escritorio, el destino de la actividad productiva marítima o continental nacional?

La Independencia no se hizo para cambiar de amo sino para emancipar los pueblos” (Carlos Ciappina); así ya lo entendieron los héroes de la independencia y así lo entendió el Gral. José de San Martín “Libertador y Padre de la Patria”, ganador en las batallas de Chacabuco y Maipú para emancipar Chile; Fundador de la Libertad y de la República del Perú, como para que ahora los argentinos amainemos ante el primer ruido. Las conquistas ya no se hacen solo con la ocupación armada de los territorios sino con la apropiación y explotación de las riquezas y el debilitamiento del aparato productivo nacional. La emancipación no se logra solamente resolviendo los problemas económicos, con la urgencia de sanear las deudas enajenando el patrimonio nacional, sino poniendo a todas las fuerzas productivas de la gente a explotar los recursos del mar y el continente argentino. Cuantos más extraños se lleven nuestras riquezas, más lejos estaremos de la independencia que soñaron nuestros antecesores y, los cientos de miles de inmigrantes, que vinieron a esta tierra en búsqueda de la felicidad y prosperidad soñada.

Ambas leyes, la de la reforma de la ley 24.922 y la derogación de la ley 26.737 de tierras, van en contra de una nación independiente, capaz de explotar sus potencialidades y avanzar hacia un mañana mejor “para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar en el suelo argentino”, respetando nuestros hábitos y costumbres y, muy especialmente nuestra autonomía como nación soberana.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Presidente de la Fundación Agustina Lerena. Web: cesarlerena.com.ar.

A CONFESIÓN DE PARTE. RELEVO DE PRUEBAS. EL SUBSECRETARIO DE PESCA LIBERMAN CONFIESA SU INCAPACIDAD.

César Augusto Lerena*

Carlos Liberman fue director nacional de Coordinación Pesquera (2011/15); miembro del Consejo Federal Pesquero durante el gobierno del presidente Macri (2016-2019); secretario de Pesca de la Provincia de Santa Cruz (2017/19) y pocos meses después de cumplir dos años en ese cargo, asumió como Subsecretario de Pesca el 10/12/2019. Foto: TiempoSur

“A confesión de parte, relevo de pruebas”, es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo nos evita tener que probarlo. De la perspicaz entrevista realizada por Karina Fernández y Guillermo Nahum al subsecretario de pesca Carlos Damián Liberman, para la Revista Puerto y publicada en este medio el 03/08/2021, surge con claridad la incapacidad del subsecretario de pesca Carlos Damián Liberman para administrar los recursos pesqueros del Estado; su falta de sentido común y de oportunidad, dañando al sector empresario, al trabajador y al ecosistema, además de evidenciar la aplicación de un modelo pesquero que provoca la generación de bajo valor agregado, concentración y generación de subsidios por la pérdida del trabajo.

No tocaremos una sola letra de esta excelente entrevista (no solo las preguntas sino también las repreguntas, no siempre frecuentes en los periodistas) que desenmascara lo peor que pasa en la pesca: este buque no tiene capitán o, peor, el capitán carece de toda aptitud y actitud para administrar con equidad un recurso del Estado, poniendo en riesgo no solo importantes inversiones privadas; el trabajo de miles de familias que dependen de este sacrificado empleo; precarizando la ciencia y la técnica y, aún más grave, si se puede más, colocando el recurso en una situación de alto riesgo, admitiendo pescas insostenibles e insustentables. Y esta entrevista que hay que agradecerla a los periodistas, también hay que admitir el sincericidio de Liberman, reconociendo gravísimos errores y cuestiones pendientes sin resolver tras desempeñarse como director nacional de Coordinación Pesquera (2011/15); miembro del Consejo Federal Pesquero durante el gobierno del presidente Macri (2016-2019); secretario de Pesca de la Provincia de Santa Cruz (2017/19) y a pocos meses de cumplir dos años como Subsecretario de Pesca (10/12/2019). No puede Liberman echarle la culpa al gobierno anterior (como es habitual en la política), porque formó parte de la estructura del área con cargos jerárquicos con facultades para sugerir, elaborar y ejecutar la política pesquera desde hace 11 años. Algo debería haber aprendido y conocido.

Aquí la entrevista textual de Revista Puerto, con algunos comentarios míos:

Revista Puerto: «…La entrevista comenzó con una conversación informal sobre la falta de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores en la gestión de acuerdos comerciales. Siendo un tema que en cierta forma escapa a sus posibilidades de acción, el Subsecretario planteó hasta dónde pudo llegar con la rebaja de aranceles para mejorar las posibilidades de ingreso a los mercados para el sector pesquero».

Es muy llamativo el diálogo y el reconocimiento de los límites comerciales que tiene el subsecretario del área, en especial, porque, más allá de estos límites que el subsecretario tendría en esta materia central, el Canciller Felipe Solá, especialmente, solicitó agregar a su Ministerio de Relaciones Exteriores el “Comercio Exterior”.

Carlos Liberman: «La pesca es observada como una actividad extractivista, pero yo no creo que se pueda comparar con el sector agroganadero en relación con la generación de divisas y cantidad de trabajo que genera. Como equipo que somos, cuando el Estado tenga una menor necesidad de la que tiene hoy de recaudar más divisas por vía de la exportación, seguramente iremos a un esquema de aranceles que será superador del que tenemos. El de hoy es mejor que el que estaba antes, en el que todos pagaban lo mismo, independientemente de cuánto empleo generaban y de cuánto producto transformaban en Argentina. Cuanto más nos alejemos de Las venas abiertas de América Latina, más tenemos que reconocer y acompañar como Estado. A mí no me resulta indiferente que se produzca en Argentina o en Perú, China o algún lugar de Asia o España».

El subsecretario manifiesta que «la pesca es observada como una actividad extractivista» y ello no es solo una mera “observación de terceros, sino una información que surge del análisis de las estadísticas de responsabilidad del subsecretario (Art. 7º inc. i de la Ley 24.922) publicadas por esa dependencia y de la propia intencionalidad y apoyo que Liberman da al modelo extractivo, como se aprecia en los resultados y puede verse en la entrevista del 12/12/2019 de Pescare.com.ar que este medio le efectuó a dos días de asumir el cargo de subsecretario: “¿No crees que esa problemática también es consecuencia de un cambio en el modelo de negocio, de una industria que se vuelca cada vez más hacia el congelado?: «Mira, a partir de la experiencia de la que vengo (Santa Cruz), nos sentamos con los gremios, las empresas y nos dimos una lógica con un Estado presente que permitió que el empleo crezca de una manera significativa». ¿Tu idea es replicar ese modelo a nivel nacional? «Sí…».

En la misma ocasión este funcionario reconocía que la actividad había crecido y el trabajo decrecido: «Si bien reconozco que la actividad hace un período importante de años viene creciendo en términos de exportaciones (…) la generación de empleo cayó en algunos puertos como el de Mar del Plata. Creo que hay problema real (…) Hay que mejor la matriz productiva porque evidentemente existe un problema de empleo real. El procesamiento de pescado en tierra es un tema central»

El relato de Carlos Damian es, como vemos, absolutamente contradictorio y hasta aquí todavía no se ha referido a la devolución de cuotas de merluza que, obviamente, de haberse procesado a través del titular del empresario concesionario o un tercero, con destino a la exportación o el consumo interno el trabajo hubiera crecido, del mismo modo, si las capturas hubiesen estado mayoritariamente en manos de fresqueros en lugar de congeladores. Por cierto, habría que recordar que el consumo de pescado en la Argentina (6,5 kg/per cápita) es más bajo que el promedio mundial en los países emergentes al igual que en los desarrollados (19 Kg/per cápita).

(RPuerto): “En este acompañamiento del Estado entran los planes sociales. Es innegable que muchas personas los necesitan porque el sistema genera excluidos. ¿Pero considera que pueden estar afectando negativamente en sectores como la pesca que requiere empleos temporales?”

(Liberman): «El plan social es una medida que intenta contener a gente que quedó desclasada en diversas épocas de nuestra historia, y el Estado tiene que atenderlo; que después eso tenga incidencia en el empleo, puede tenerla, pero, primero esa gente debe tener posibilidades de acceso a los alimentos y al sostén de su familia. Puede ser que tenga incidencia… Pero si lo asociamos al langostino, yo hago otro acople, lo vi en el sur. Procesar merluza pude ser más rentable en un lugar que en otro, pero lo que lo hacía viable era añadir langostino; sin ser un subsidio el langostino fue el gran oxigenador de la producción de merluza. Si hubo un problema en Mar del Plata, tiene que ver con la falta de regularidad en el aprovisionamiento de una materia prima que pudiera ser rentable y si el langostino comienza a procesarse en esas plantas en los momentos en que la merluza no es rentable, se resolverá gracias a la rentabilidad del langostino».

Liberman intenta demostrar que la provisión de langostino opera como subsidio al procesamiento de la merluza, pero ello está en abierta contradicción con la devolución de cuotas de merluza. En este punto queda claro que la subsecretaría ha sido incapaz de administrar el recurso. La sostenibilidad del recurso y la sustentabilidad de la actividad van de la mano. Sobreexplotar el recurso es tan grave como subexplotarlo. No sirve dar sostenibilidad a las especies sino no damos sustentabilidad a las empresas y el empleo.

(RPuerto): “En Mar del Plata, la falta de aprovisionamiento de materia prima arrancó en 2012 cuando el Consejo Federal Pesquero permitió devolver cuota de merluza sin penalización, como consecuencia del paro del SiMaPe. Allí comenzó el cierre de muchas plantas, la falta de explotación fue justificada, pero luego se siguió permitiendo sin justificación y esos puestos de trabajo no se recuperaron”.

(Liberman): «Ahora lo cambiamos, hasta el año pasado se podía devolver el ciento por ciento de la cuota y eso no implicaba ninguna penalización. La primera persona con la que me junté en este despacho cuando asumí, fue Cristina Ledesma y le pregunté qué pensaba y me dijo que el calamar debiera reprocesarse y la merluza no debería poder devolverse. Le dije que creía que había que llevarlo de forma gradual pero que tenía razón y este año dijimos que solo se puede devolver la mitad, con lo cual todos los buques merluceros arrastreros dejaron de tener esa posibilidad».

Llama la atención que el subsecretario se olvide que desde el 2011 se desempeñó como director nacional de Coordinación de Pesquera y que en el período que refirió en el que el Consejo Federal Pesquero (CFP) admitía la devolución del 100% de la cuota él era consejero y no hay votos contrarios suyos a esta decisión. Es insostenible también aceptar una devolución del 50%. El funcionario deja claro que no conoce el alcance del término “Administración” por la forma que maneja la disponibilidad y uso de los recursos del Estado. Es raro también, que haya tenido “demagógicamente” que consultar a la secretaria del SOIP respecto a la situación laboral de la pesca porque, entiendo, que debería conocer la dramática reducción de afiliados en este gremio en la última década con relación a las décadas 70/80, y ello debería haberle servido para evaluar el modelo extractivo y de congelación a bordo que ha promovido todos estos años, incluso en el período derivado de su participación en el Consejo durante el gobierno de Macri. La gradualidad a la que refiere es un criterio burocrático y no se puede manejar un negocio de dos mil millones de dólares anuales con gradualidad sin causar daños al sector. Grandes problemas requieren grandes soluciones y no se resuelven administrando la crisis. Pero el burócrata es poco probable que lo resuelva, para eso hay que haber pagado alguna quincena y, en la pesca, como dice el dicho: “hay que mojarse el c…”.

(RPuerto): “¿Pero por qué se les sigue permitiendo devolver el 50 por ciento si eso también desvirtúa el Régimen de cuotificación por el que se les otorgó esa cuota?”

(Liberman): «Te doy la razón, tiene ese efecto. Es un error que la administración tiene que asumir y lo hablé con las cámaras, con las que lo devuelven y con las que lo piden. Pero ahora también cambiamos la prioridad en la asignación, porque se les daba prioridad a los fresqueros, pero los dos lo podían pedir al mismo tiempo y terminaba siendo una abstracción. El año pasado hubo un piso de ocho mareas para los fresqueros y si había remanente, podían recibir los congeladores, este año se hace más pesado porque pueden devolver solo la mitad. No tengo un problema con el congelador, pero considero que había una tendencia que ponía en una situación de mayor debilidad a los fresqueros y la falta de aprovisionamiento de materia prima los hacía cada vez más débiles, porque van al mismo mercado; si tienen menos stock, tienen menos margen de rentabilidad. Todo ese ciclo hacía que el fresquero se perjudicara un poco más».

Sinceramente, Carlos Damián, por momentos más que un subsecretario pareciera ser el relator de un partido. “La administración tiene que asumir” (¿?) No señor subsecretario, usted es el responsable de que una empresa cierre, que despida operarios o pierda competitividad. ¿No contestaba al periodista minutos antes, que la pesca se “observaba como extractiva”? Es extractiva y, basta ver las estadísticas de exportación y el procesamiento de materias primas argentinas en terceros países intermediarios e importadores que transforman en destino. Pero, hay todavía algo más importante que los periodistas le preguntaron: “…devolver el 50% también desvirtúa el Régimen de cuotificación por el que se les otorgó esa cuota?” que el subsecretario no contestó y ello es central, primero, porque se desvirtúa el otorgamiento de cuotas que fueron otorgadas en función de un proyecto que la empresa no cumplió con la complicidad del responsable de administración (Art. 7º inc. a y f, Art. 27 de la Ley 24.922) y segundo y, fundamentalmente, porque es imposible planificar una administración eficiente (Art. 7º inc. a, Art. 9º inc. a y f de la Ley 24.922). Este solo hecho, demuestra en forma categórica que el subsecretario y presidente del Consejo Federal Pesquero incumple con la Ley 24.922 y lleva una administración ineficiente de los recursos del Estado.

(RPuerto): “Parece un poco naif porque dejaron de explotar la merluza porque les convenía explotar el langostino. Ese fue el motivo por el que devolvieron la merluza”.

(Liberman): «Los que iban al langostino sí».

Liberman confirma que los que iban a la pesca de langostino dejaron de pescar merluza y lo dice con una ligereza casi rayana a la inimputabilidad. Él, primero, como consejero, autorizó a los empresarios a devolver el 100% y ahora autoriza a devolver el 50%. Entiendo que la contestación es suficiente para iniciarle una acción por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Le recuerdo al subsecretario que él no es un relator de lo que ocurre en la pesca, él es responsable de lo que pasa en la pesca. La función del empresario que ha recibido la cuota de captura es cumplir con las condiciones pactadas a la hora de otorgársela y, la del Subsecretario monitorear que ello ocurra. El daño patrimonial para el Estado de la devolución de cuotas, sean 100%, 50% o 10% es gravísimo respecto al desarrollo poblacional e industrial y de generación de recursos económicos, pero los efectos sociales y laborales son más graves aún, en un país con un 45% de pobreza y un 13,1 de desocupación. Sin evaluar los efectos negativos estratégicos, que esta administración paupérrima, ocasionan.

(RPuerto): “Es la mayoría de los que devuelven la cuota de merluza”.

(Liberman): «Pero los arrastreros de más de 40 metros que solo van a merluza pasaban por ese ciclo negativo».

La cuestión no tiene relación con la pandemia; es producto de una mala administración, que lo tiene como responsable desde hace once años, en los que ocupó funciones jerárquicas relativas a la pesca.

(RPuerto): “Los fresqueros siempre tuvieron muy buena prensa y siempre han ido ganando terreno, eso se vio en la cuotificación de la merluza y más claramente en el langostino. El aumento de buques en esta pesquería ya fue señalado por el INIDEP como una señal de preocupación. Sin embargo, continúan aprobando reformulaciones. ¿Por qué siguen aumentando el número de barcos?”

(Liberman): «El primer motivo es que jurídicamente si un administrado se presenta y pide que la administración le resuelva algo a lo que tiene derecho, hay que resolverlo. La segunda cuestión es cómo sigue, la verdad es que no sigue igual que como veníamos. Las tres reformulaciones que se aprobaron primero son menos y segundo se ponderó de forma diferente el cupo de captura. La cantidad de cupo que se les otorgó es notablemente menor al que se les otorgaba antes, porque el variado costero se ponderaba al 90% y se transformaba en una autorización para todas las especies y eso no existe más».

No hay reformulación de fresquero a congelador o de aumento del esfuerzo pesquero u otro que modifique las condiciones que fueron aprobadas que se encuentre autorizada por la Ley 24.922 y por el contrario se encuentran absolutamente prohibidas, se trate de una o cien. Además, muchas veces eso sólo significa la modificación de la política de distribución equitativa de cuotas y autorizaciones. Por otro lado, sería interesante recordarle al subsecretario que en su calidad de miembro del Consejo Federal Pesquero que presidía el macrista Juan Bosch no se opuso al DNU 145/19 (Luego Ley Pinedo) que permitió poner como garantía ante las entidades bancarias o de crédito las cuotas o autorizaciones de captura, recursos que son patrimonio del Estado Nacional o Provincial en su caso y, otorgar un aumento de la cuota a la construcción local. Estas dos cuestiones —y otras que el DNU incluyó— son suficientes para que en lugar de ser el CFP y el Subsecretario quién administra el recurso sea un astillero privado quién modifique el esfuerzo pesquero o una entidad bancaria pueda quedarse con recursos que es de propiedad del Estado y quien debe administrarlo.

(RPuerto): “En la última reformulación, según los números que constan en el Acta, se otorgó más del 80 por ciento y por otra parte se tomó como captura histórica promedio de una lancha amarilla 600 toneladas. Los registros de esa lancha son de aproximadamente 100 toneladas por año”.

(Liberman): «Yo no recuerdo si la historia daba 100, 200 o 300 toneladas, lo que sí sé es que sale de las bases oficiales de la Subsecretaría de Pesca. Es una lancha que dejó de operar hace mucho tiempo y antes operaban a mayor volumen que ahora».

En este punto Carlos Damián más que apelar a la memoria debería acercarse al legajo y demostrar categóricamente que no hubo una reformulación fraudulenta. Y además entre 100 a 600 hay 500 toneladas de diferencia. El Estado debe hacer públicas estas informaciones y a la sola pregunta debe aportar las pruebas correspondientes para evitar actos de corrupción o de mala praxis.

(RPuerto): “Puede ser que capturaran más pelágicas, pero si llevaba muchos años inactiva se entiende menos. Volviendo al número de buques. ¿Hasta cuándo piensan seguir admitiendo el ingreso de barcos?”.

(Liberman): «El número de barcos es grande e importante para una pesquería que es grande e importante, la pesquería era mucho más chica hace doce años y había menos barcos, la administración tuvo en ese momento una disyuntiva, si queríamos generar la mejor administración del recurso con más barcos, mayores capturas, mayores niveles de actividad productiva en las plantas en tierra y mayores ingresos de divisas, íbamos a necesitar más barcos. Lo que sin dudas se puede seguir mejorando es la administración del recurso y las formas en que se pesca. Podemos tener pocos barcos y pescar peor, si no tenés un control sobre si se pesca de noche, con cien buques pescás como si fueran doscientos. El incremento del esfuerzo pesquero puede tener que ver con la práctica pesquera y no tanto con el número de buques, podemos tener muchos buques y hacerlos pescar menos. En el norte se pescaba libremente».

Si bien es “esfuerzo” es fundamental, la subsecretaría de pesca no tiene capacidad de control alguno (ver más adelante la cuestión de control por monitoreo). No solo no se controlan las capturas, los descartes, etc., sino que hay informes de la AGN y del propio INIDEP que los partes no coinciden con los desembarques y es vox populi la sustitución de especies, al margen de que la Subsecretaría de Pesca no tiene capacidad, ni hace control de stock ni ha precisado los rendimientos en los procesos a bordo y en las plantas industriales. Su respuesta es obvia, pero la subsecretaría carece de la suficiente información para llegar a un diagnóstico certero. En las condiciones actuales de falta de información y control, más barcos significan teóricamente más esfuerzo. Una respuesta evasiva.

(RPuerto): “Iban muy pocos barcos al norte hasta hace un par de años”.

(Liberman): «Pero llegaron a pescar 20 mil toneladas y si están mejor manejadas y con ayuda del ambiente quizás nos permitan dar el salto que dimos al sur, no digo de 200 mil toneladas, pero muchas toneladas más. Antes, todos tenían el despacho habilitado en el norte y se pescaba un 60 por ciento de hembras impregnadas. El año pasado le expliqué al sector que tenemos que hacer una apuesta, porque si pescamos mejor en el norte, si pescamos cuando los niveles de hembras maduras se reduzcan al 30 por ciento, salvaguardamos a un conjunto de hembras que van a seguir migrando hacia el norte y van a desovar. Si responde como pasó en el sur podemos mejorar las capturas, por eso le pedí al INIDEP que la primera campaña del buque Mar Argentino sea en busca de langostino en la zona de El Rincón o en litoral bonaerense para saber si la medida es conducente».

El subsecretario debería recordar que su obligación es cumplir con el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Y en la Zona Común la pesca argentino-uruguaya debe mantener la proporcionalidad en las capturas, cuestión que no ocurre, con un grave perjuicio para la industria nacional.

(RPuerto): “Es sabido que se preocupa por estudiar y se pueden reconocer las buenas intenciones de pescar más y mejor. Pero precisamente con ese razonamiento, no se entiende por qué se sigue trabajando sin datos de observadores en la flota fresquera durante la temporada, cuando los investigadores han indicado públicamente que la forma de trabajar de este sector le hace daño al langostino.

(Liberman): «Hay empresas que son más diligentes que otras tengan fresqueros o congeladores, creo que hay muchos preconceptos y hay mucho por mejorar. La realidad se presenta con todo ese degradé de cosas buenas o malas. Para saber si se pesca de noche le pedí a la Dirección Nacional que prepare un informe con diversos niveles de análisis: cuánto tarda un buque en llenar la bodega y llegar a puerto y cuánto tardan en la misma zona buques de similares características; y que lo contraponga con los datos de captura por unidad de esfuerzo para esa área y días determinados que me da el INIDEP. Así podremos empezar a tener un entrecruzamiento para ver si efectivamente pescan de noche. El SOMU me dice que son el mejor reaseguro porque si pescan de noche les paran los buques, yo no tengo que quedarme con esa tranquilidad, yo tengo la obligación de controlar que no pesquen de noche. Pareciera que puede haber algún incidente aislado, pero en términos generales no pescan de noche, pareciera… lo vamos a ver y si lo detectamos lo vamos a infraccionar».

¿De noche no controlan a los buques extranjeros? La falta de Observadores capacitados, confiables y bien pagos, es central. ¿Quién evitaría la depredación, el descarte y les proveerá la información?

(RPuerto): “El INIDEP habla de toda una forma de trabajar, no puntualmente de pescar o no de noche. El fresquero no tiene el cuello de botella de un congelador en la producción, lo que permite tener una captura menos voraz y más ordenada”.

(Liberman): «Claro, ese cuello de botella no existe. Yo no quiero hacer una defensa de cómo pescan los fresqueros, pero no es tan fácil establecer un límite a su capacidad de pesca diaria porque tiene que ver con su curva de rentabilidad, si está mucho tiempo en el agua va a empezar a desperdiciar el langostino que capturó, lo que sería peor; y sobran ejemplos de langostinos que llegan negros y a veces podridos. A toda la pesca del langostino hay que seguir mejorándola y controlándola. La discusión está abierta, la caja, cajón o cajita también fue una discusión, hay quienes creen que la cajita permite un mejor aprovechamiento del recurso».

A esta altura, cabría hacer las siguientes preguntas: ¿después de 11 años interviniendo en la administración la seguirá manejando a prueba y error? ¿No fue Carlos Damián secretario de Pesca en Santa Cruz? Más que discutir el “qué debería estar resolviendo el “cómo”. Porque ya se le pasaron casi dos años mientras resuelve como administrar más adecuadamente los recursos el sector. ¿Toda la pesca del langostino hay que seguir mejorándola y controlándola? Pues bueno, no conozco subsecretario que lo haya hecho, el sector pesquero está vivo por la voluntad de los actores: empresas y trabajadores. No estaría mal que se resuelva hacerlo.

(RPuerto): “Por otro lado, permite aumentar la capacidad de la bodega”.

(Liberman): «Te permite estibar más porque se aprovecha mejor. Tenemos la dicotomía de cómo aprovechamos mejor lo que pescamos, si pesco menos y aprovecho menos o si pesco más y aprovecho más. En definitiva, pescamos para producir y exportar más».

No hay tal dicotomía señor subsecretario de Pesca Carlos Damián Libertad. Ninguna de las dos opciones es la adecuada. Hay que pescar menos y aprovechar más. Esto se llama sostenibilidad. Es agregar valor y llegar a las góndolas. Con los mismos recursos generar más empleo y más divisas para el país y recursos económicos para las empresas y sus comunidades. Esto se llama “Responsabilidad Social”.

(RPuerto): “¿Cómo van a solucionar el tema de los observadores?”

(Liberman): «El fresquero puede realizar prospecciones, pero está claro que los congeladores tienen mejores posibilidades para realizarlas por las características del buque. No se trata de ver quién es más voluntarioso sino quién tiene una mejor herramienta».

(RPuerto): El INIDEP reclama presencia de observadores durante la temporada, no en las prospecciones.

(Liberman): «Tenemos una enorme limitación con la pandemia que nos redujo una planta de observadores, que ya era reducida, a menos de la mitad. No tenemos suficientes observadores, estamos trabajando en el embarque, pero lo tenemos que hacer con la gradualidad que permite el personal con el que contamos. También estamos formando nuevos observadores en la Nación y en la Provincia, porque la mayoría de los observadores están en Mar del Plata y al langostino lo tenemos en el sur, necesitamos un INIDEP más federal».

Y qué tal Liberman si contesta cuando se va a resolver el tema de los observadores. El Estado tiene que cumplir el rol de policía que le asigna la ley y para eso cobra tasas e impuestas. Al margen de ello hay otras dependencias que en igual situación de dificultad de recursos económicos ha resuelto el problema. Se necesitan observadores, como dije, capacitados, honestos y bien pagos.

(RPuerto): “Uno durante muchos años ha visto que había cosas que no se podían hacer desde lo legal, como pasar cuota de fresquero a congelador, permiso de fresquero a congelador y era inimaginable que una lanchita que nunca vio un langostino se convirtiera en un barco con autorización para pescar miles de toneladas de langostino. Pero todo esto con los años se fue permitiendo y ahora si tuviéramos un año de 100 mil toneladas de langostino, el desaguisado administrativo que se generó sería un verdadero problema. ¿Cómo piensan resolverlo?”

(Liberman): «Si tuviéramos 100 mil toneladas de langostino tendríamos un problema grave, tanto en el langostino como en la merluza por la falta de rentabilidad, tendríamos un lío enorme con los miles de trabajadores que están esperando el langostino y los miles de trabajadores que pueden hacer merluza gracias a que las empresas también hacen langostino. Mi mirada más sincera sobre el tema es que el variado costero estaba en una situación peor que la que está hoy, la merluza estaba en una situación peor que la que está hoy y el langostino estaba en una situación peor que la que está hoy. La traslación del esfuerzo pesquero del variado costero y la merluza al langostino tuvo varias características que hay que resaltar para bien, primero permitió frenar la curva de caída en el variado costero, ayudó a la recuperación de la merluza porque dejamos el ambiente tranquilo, y en tercer lugar al langostino lo pescás o se va a morir en dos o tres años. Permitir descomprimir la presión en otras especies fue un acierto. En el 2004 cuando llegué a la pesca, se exportaban 800 millones de dólares, trayendo recursos que estaban más comprometidos que hoy, en 2015 ya exportábamos 1.600 millones de dólares y al mismo tiempo se trasladó el esfuerzo sobre recursos que estaban comprometidos hacia un recurso que se ofrecía en expansión».

Lo que refiere Liberman no es cierto ni inocuo. ¿Cómo explicaría el subsecretario el crecimiento de los desembarques y de las exportaciones y el simultáneo decrecimiento del empleo? Se profundizó la concentración empresas y el modelo extractivo y, como dije, este funcionario no es ajeno porque desde hace 11 años se ocupa de formular la política, coordinar y conducir la administración pesquera. El término “hicimos” no es el adecuado. Se hizo a costa de la quiebra de las pequeñas embarcaciones; de las medianas y pequeñas empresas industriales integradas o no; de los trabajadores que perdieron el empleo y la precarización laboral. La pesca bajo su responsabilidad no tiene plan que contenga a la actividad con equidad y le dé un marco un margen mínimo de seguridad a la producción.

(RPuerto): “Pero la pregunta apuntaba a los temas legales de acceso al recurso langostino y los derechos adquiridos que se intentarán hacer valer al momento de una menor abundancia o, por qué no, a una hipotética cuotificación como prevé la ley. Esto ya pasó con la merluza: hubo decenas de barcos que pescaron años sin permiso para esa especie a los que, sin embargo, hubo que reconocerles esas capturas y darles un cupo en igualdad de condiciones con quienes la pescaron legalmente. Hay barcos que hoy pescan varias veces su cupo de langostino y muchos de ellos accedieron a esa pesquería con permisos de barcos que nunca en su historia habían capturado ese crustáceo”.

(Liberman): «Todo siempre se pone en jaque si no tenés una buena zafra. Va a ser cada vez más difícil para quienes integren el Consejo Federal Pesquero, porque todo depende de seguir teniendo buenas zafras. Quien el día de mañana sea subsecretario, también va a tener más problemas que yo por la manera en que administramos las aperturas y los cierres en la zona de pesca para el langostino. Antes se habilitaban bandas longitudinales y ahora es por cuadrante, son 9 cuadrantes de un grado por un grado. El sector se quejó porque generaba canchas chicas, pero es la mejor manera de controlar que no levanten L4 y L5 o merluza. Esas medidas junto con la del norte son las que tenemos que seguir perfilando para poder sostener una pesquería de 200 mil toneladas, también jugará un rol importante el ambiente».

(RPuerto): “Concretamente, ante un escenario de 90 mil toneladas, ¿quiénes van a poder pescar?, ¿los que tienen permiso de langostino o se incluirá también a todos aquellos que tienen autorizaciones para especies no cuotificadas?”

(Liberman): «Tenemos, conviviendo en el registro de la pesca, distintas categorías de permisos que fueron otorgados en momentos distintos. Tenemos muchos barcos que fueron generando historia de un permiso que no era para langostino, pero sí para todas las especies, las especies no cuotificadas implican langostino en la medida en que el langostino no se cuotifique. Si el langostino se cuotificase, con ese permiso que no habilita cuoficadas no se podría pescar cuotificadas».

(RPuerto): “Ese es un paso posterior. ¿No se va a contemplar como un derecho adquirido el haber capturado langostino?”

(Liberman): «La ley prevé un período de captura histórica legal que obedece a un momento y esa es la historia que se debe contemplar como ocurrió con la merluza».

(RPuerto): “¿Se piensa en cuotificar el langostino?”

(Liberman): «En merluza se puede estimar la biomasa total, en el langostino es más difícil, el INIDEP no tiene una estimación de biomasa total de langostino que es el requisito sine qua non y a partir del cual se puede definir un proceso de cuotificación. El INIDEP hasta ahora no pudo dar una solución a la tarea titánica que tiene de determinar la biomasa total y quizás no pueda darla. Veo difícil la cuotificación del langostino».

Trataré de no repetir esto; pero, el subsecretario Liberman por momento parece contarnos lo que todos sabemos y, en todo caso, más que relatar que mal que la van a pasar los funcionarios (como si esto fuera importante para alguien) y las empresas, nos debería indicar el “cómo” y hacia “dónde” vamos. El subsecretario es el administrador (por delegación del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, ya que por obra de Felipe Solá en 1998 al aprobarse la Ley 24.922 Menem vetó la secretaría de Pesca) y, por lo tanto, tiene como función investigar, conservar, distribuir, explotar el recurso; ¿le suena Liberman? Para que nos diga que sí se cae la captura de langostino se caería todo no lo necesitamos. Son Uds. “los subsecretarios” y otros tantos representantes del Poder Ejecutivo, los funcionarios del CFP y los diplomáticos asignados a este Cuerpo, quienes han llevado la Pesca a la mono-explotación y a que el langostino subsidie a la merluza; pero resulta, que permite este funcionario la devolución del 50% de las cuotas (¡!). ¿Sabe el subsecretario que la producción pesquera en el mundo, en un 45%, proviene de la acuicultura y la Argentina no llega al 1%? Por supuesto que yo en cuatro hojas no podría ni debería decirle que puede hacer, pero deje de hacer diagnósticos y empiece a aplicar el tratamiento. Respecto a la pregunta al subsecretario en su doble condición de funcionario y abogado se va Carlos Damián por la tangente. Ustedes (los subsecretarios y afines), desde la cuotificación y, ahora con las autorizaciones a la pesca de langostino, etc. Sí dejarán una bomba de tiempo y alguna vez habrá que hacerles un juicio de residencia a los funcionarios, que se van a sus casas, como si nada pasara, lamentándose que mal que la van a pasar los que vienen. Así no va, lamentándose que mal que les va a ir a las empresas cerradas millones de argentinos sin trabajo.

(RPuerto): “Los investigadores del INIDEP hacen un trabajo excelente. ¿Cómo puede ser que no se encuentre una solución para mejorar su situación salarial? Estamos hablando de una industria que genera dos mil millones de dólares y los jefes de Programa en su mayoría ganan menos de 70 mil pesos”.

(Liberman): «Desde el año 2016 tuvimos pérdida del poder adquisitivo, recién este año afortunadamente las paritarias y el nivel inflacionario han empezado a emparejarse y se dejó de caer. A mí la defensa que han hecho ustedes de los trabajadores del INIDEP me parece perfecta, porque efectivamente antes de hacer una mejora ganaban poco y ahora también ganan poco. Lo mismo pasa con todos los trabajadores de la administración pública nacional».

(RPuerto): “¿No se puede encontrar un mecanismo como el utilizado en el CONICET a través del FONAPE para mejorar la situación?”

(Liberman): «Nosotros mejoramos bastante la situación, no resolvimos todas las demandas… Pero hubo recategorizaciones, asignaciones de horas extras, alrededor de cien trabajadores tuvieron mejoras en este sentido».

(RPuerto): “Son cuestiones administrativas que estaban retrasadas y, recibieron solo un bono por única vez”.

(Liberman): «Es todo lo que podíamos hacer, nosotros recibimos un Estado que no es el que dejamos, sueldos del INIDEP que no son los que dejamos, lo mismo en la Subsecretaría, yo mismo gano menos como subsecretario de lo que ganaba como director de Pesca en 2015».

¿No es este un gobierno de científicos? Los argumentos son patéticos. Un país sin ciencia y técnica está condenado a la dependencia y la colonización. Se entiende que hoy por no tener los avances adecuados de la ciencia gastamos ingentes recursos para la adquisición de vacunas. Los científicos argentinos tienen probada experiencia en la fabricación de vacunas, lo que no tienen es política ni reconocimiento y por eso muchos de ellos están prestando sus servicios para países desarrollados, al igual que el INIDEP. Este Instituto de Investigación, en épocas donde las exportaciones de la pesca eran mucho menores (no olvidemos que hoy las exportaciones dependen en un 50% del langostino; digo, Carlos Damián, para que no corra presuroso a decir, “somos el único sector que creció exportaciones” y, se olvide del pequeño detalle que no es obra de la administración, sino del milagro de la naturaleza) se autofinanciaba con aportes empresarios.

Ahora, respecto a su sueldo. ¿Usted Liberman se imagina Gerente de una Empresa, diciéndole al dueño que puede que todo vaya peor mañana y a la par solicitarle un aumento de sueldo? Sospecho que su tiempo sería de descuento. Las empresas no funcionan con una tarjeta de débito de cuenta sueldo. Además, van a tener que revisar sus gastos administrativos y los del Consejo, los que aportan los empresarios al FONAPE. ¿Sabe una cosa? son mucho más altos que los gastos administrativos de Chile y Perú, ambos países que exportan más que la Argentina; y ¿sabe otra?, los gastos del personal administrativo de una empresa para que sea eficiente no deben superar el 7,5%. Creo que habría que ajustar los números porque para que las empresas sean competitivas hay que bajar derechos, reducir el tiempo de devolución del IVA, eliminar los impuestos al combustible, etc. y esa es una función del subsecretario ejecutar o gestionar. En particular cuando buques chinos, españoles, coreanos, taiwaneses, británicos, etc. que operan subsidiados y con trabajo esclavo, compiten en los mismos mercados que Argentina.

(RPuerto): “En 23 años que llevamos haciendo REVISTA PUERTO, hemos conocido subsecretarios de Pesca que no distinguían una merluza de un pato, conocimos en varios períodos una Subsecretaría tercerizada y también una Subsecretaría de Pesca tarifada hasta para hacer lo que correspondía por ley. Sabemos que eso hoy no es así y sinceramente no hemos conocido a nadie que nos diga que ha coimeado por tal o cual tema. Por eso, sinceramente, nos llama la atención y queremos saber por qué se le sigue permitiendo pescar langostino a los nuevos barcos de Moscuzza, sobre todo al José Américo, que es un barco indiscutidamente ilegal para acceder a esta pesquería. Y usted, que entonces era director de Pesca, conoce cómo se gestó ese permiso desde 2015: cuando se aprobó un permiso para un barco de 39,90 metros y no de 47, como finalmente tiene el barco ingresado”.

(Liberman): «Hoy la medida de administración vigente es de 40 metros de eslora de arqueo».

(RPuerto): Al momento de aprobarse estaba vigente la 1113 y la eslora permitida era de 40 metros de eslora total. De todas maneras, el José Américo tiene 44,21 metros de arqueo y 47 metros de eslora total.

(Liberman): «En el registro de la pesca no figura eso, dice que es de 40 metros. Es muy difícil a la hora de acusar a alguien hacerlo sin elementos, porque para decir que están fuera de la ley yo tengo que tener elementos, y yo tengo que prever que lo que certifica la Prefectura es legítimo. Antes de acusar a Moscuzza, debiera acusar a la Prefectura Naval Argentina».

(RPuerto): “Si el certificado que tiene dice 40 metros de arqueo, entonces es falso. El barco que se aprobó es otro barco, no es el que entró. Se aprobó un barco de 40 metros e ingresaron uno de 47 que puede pescar lo que su permiso le habilite, pero no puede entrar a la pesquería de langostino”.

(Liberman): «El CFP le aprobó una reformulación por un barco distinto y luego vino la medida de administración que cambió el límite y se estableció para computar la eslora de arqueo. En el registro de la pesca figura que tiene una eslora de arqueo por debajo de los 40 metros».

(RPuerto): “Le aseguro que eso es falso, una falsificación de documento público. Como funcionario público, si yo presento una nota y documentación que demuestre que el barco tiene más de 40 metros de eslora de arqueo y que estamos frente a un hecho irregular, ¿está obligado a iniciar una investigación para saber si se le está permitiendo a este barco pescar ilegalmente?”

(Liberman): «Lo que tengo que hacer es cotejar los datos que me entreguen con el Registro de la Pesca y consultar a la Prefectura Naval Argentina. Ningún Subsecretario se encargó de la determinación de las esloras, para la Subsecretaría de Pesca lo que otro organismo del Estado determina es vinculante. Si me presentan esa nota la remitiré a la PNA para que lo confronte».

(RPuerto): “Entonces nos comprometemos a reunir documentación y lo haremos. Por otra parte, todo lo que venimos hablando, la determinación de una eslora, la cobertura de la flota, el número de barcos y la forma de trabajar sobre el recurso, ¿no deberían estar ya determinadas en el Plan de Manejo que sigue sin materializarse?”

(Liberman): «Efectivamente nosotros tenemos medidas de administración, de hecho, no es la totalidad si confrontamos las medidas de administración que se sancionaron en 2018 con las que se han tomado luego para determinar los mecanismos de prospecciones, la administración del langostino que está fuera de la zona de veda, los resortes de apertura y cierre fuera de la veda, todo eso no se discutió. Yo vivencio la administración del langostino a partir de la dinámica a la que el recurso obliga. El langostino rompió los libros todos los años y hoy lo sigue haciendo. Tengo mucha incertidumbre porque el langostino no te deja tranquilo, pero tengo un buen nivel de tranquilidad también. El año pasado fue disruptivo y generó muchísimas discusiones con el sector, pero tanto la administración del norte como la de las áreas internas hicieron que podamos esquivar muy bien el langostino chico que es lo que vamos a pescar el año que viene. Esa es una tarea que bien podría formalizarse en una norma, un cuerpo jurídico que obligaría al siguiente funcionario a seguir aplicando la misma lógica, la verdad es que hay otras cosas sobre las que todavía estamos trabajando, como con la Comisión de bycatch, porque para poder determinar el cierre de la pesquería a fines o principio de octubre necesito que me ayuden, porque cuando haya más de 20 por ciento de merluza se cierra».

Yo creo que el señor Subsecretario no necesita que le presenten ninguna nota, está obligado como funcionario a responder con la documentación pertinente a esta eventual irregularidad administrativa a través de los medios técnicos competentes. Está obligado en su condición de subsecretario de Pesca y presidente del Consejo Federal Pesquero, por aplicación de los artículos 7º incisos a), c), d), f), q) y artículo 9º incisos a); d) y ss. y, la ley de información pública, para demostrar un proceso cristalino y estaría suficientemente habilitado para convocar a expertos independientes que verifiquen la validez del permiso pertinente para pescar una especie que como dijo el subsecretario y yo ratifico sostiene al conjunto de la actividad pesquera. Yo no dejaría ninguna duda a estos periodistas ni a los lectores de este medio especializado, teniendo la forma de terminar con esta cuestión que se viene ventilando desde hace tiempo y el silencio de este funcionario podría entenderse con una complicidad.

Sería necesario también que el subsecretario revise las estadísticas (su función) para verificar los desembarques de merluza con relación al langostino y, por otro lado, se ha referido en esta entrevista en forma reiterada a lo que deberían hacer los funcionarios que vengan. Por lo pronto, ocupe su tiempo, le quedan al menos dos años.

(RPuerto): “También está pendiente el sistema de monitoreo por cámaras”.

(Liberman): «Necesitamos un sistema de cámaras complementado con un sistema de inteligencia artificial que haga lo que el inspector no puede hacer, el INVAP tiene que subirse al barco, pero la pandemia nos complicó para concretarlo. El tema está pendiente y el ministro Basterra tiene a la firma un convenio marco con la presidencia del INVAP para poder hacerlo».

Este tema tiene una antigüedad que daría la sensación de que no hay vocación de resolverlo. Y como me refería en forma precedente, demuestra la incapacidad de la subsecretaría en materia de control. La pesca hay que contrala y a los observadores (Una vez que los tengan). “El hombre es bueno, mejor si se lo controla” decía el General.

(RPuerto): “¿Por qué apoya la designación del Área Marina Protegida Agujero Azul?”

(Liberman): «El CONICET tiene información sobre el impacto que tiene en la cadena trófica por ejemplo de la merluza, nosotros tenemos la enorme mayoría de nuestra ZEE vedada para proteger la merluza, nuestro sector hace el esfuerzo que tiene que hacer adentro, afuera no podemos proteger la columna de agua porque no nos pertenece, efectivamente no podemos administrar la pesca ahí pero para resguardo, para mayor protección y tutela, complementado un esfuerzo que hacemos adentro, funcionaría como un complemento para resguardar la cadena trófica que es muy importante».

(RPuerto): “Aunque se ha presentado como una herramienta contra la pesca ilegal o extranjera en la milla 201, esta AMP no tendrá efecto alguno. ¿Cómo se soluciona el problema de la pesca ilegal o no reglamentada y no declarada en el Atlántico Sur que tanto nos afecta?”

(Liberman): «El problema de la pesca ilegal se resuelve con una cantidad de decisiones de varios lugares, el 5 enero de 2020 redacté el proyecto de la actualización de las multas, para los nuestros y para los que pescan de forma ilegal. Segundo, teniendo presencia efectiva, ya se incorporaron dos buques y se van a incorporar dos más, los aviones y los sistemas de radarización, más las imágenes satelitales. Los barcos nuevos a cien millas pueden detectar el ingreso y con tecnología que les permite no emitir señal o emitir señales distractivas. La manera que se está planificando en la mesa interministerial el control de la milla 200 está un paso más adelante, este conjunto de medidas fue una señal fuerte. El sistema puede ser perfectible, pero la milla 201 no es nuestra ni de nadie. Si hubiera un acuerdo solo sería aplicable a nuestros buques y los del pabellón que firmen el acuerdo».

Seré lo más suave posible. El subsecretario sanatea y es absolutamente inconsistente. Da la sensación de no haber leído la ley y solo apoya porque así se lo indica Cancillería. Sugiero que lea el artículo de mi autoría: “El proyecto AMP Bentónico “Agujero Azul” y las demás AMP favorecen al Reino Unido en Malvinas y atentan contra la Administración del Recurso Pesquero Argentino” (02/08/2021). No hay ningún estudio actual que justifique con rigor científico la instalación de una AMP (y así lo exige la ley) y prueba de ello es que en el proyecto de Ley no se menciona en los fundamentos ningún estudio actual que avale la instauración de una AMP. Tiene gruesos errores técnicos como indicar “sobre” el suelo y lecho, lo que habilitaría a la prohibición de pesca en los cursos de agua, además de no estar especificado en la ley el alcance de la restricción, de acuerdo con lo previsto en la ley de Ambiente. Su instalación tendrá solo efectos sobre los buques nacionales y podría replicar a la instalación de iguales reservas por parte del Reino Unido. Además de no corresponder un AMP para proteger el Submarino ARA San Juan, sino una Ley independiente que declare Monumento Marino, etc.

Es un verdadero absurdo que quién tiene la responsabilidad de administrar el recurso y por ende su conservación y sostenibilidad y las herramientas legales y operativas (Art. 7, 21 y 51 de la Ley 24.922) delegue en la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente (que ni siquiera tiene buques para el control y el viejo Oca Balda cedido por el INIDEP está en reparación) esta función inherente a las obligaciones básicas de la Subsecretaría (y del INIDEP) de preservar el recurso con herramientas como vedas, reservas, limitaciones, etc. muy superiores a la mera declaración de un AMP.

Buque Oceanográfico “Capitán Oca Balda”. Foto: INIDEP.

Respecto a la ley de aumento de sanciones a la pesca ilegal. Desde que fuera Liberman director de coordinación pesquera, pasando por miembro del CFP y ahora subsecretario no ha colocado una sola multa a los buques extranjeros que pescan en las aguas argentinas en Malvinas (¿no son argentinas?). Y durante este mandato no ha aplicado en forma efectiva ninguna multa con la ley 27.564; es decir que cae en abstracto el aumento de multas, más aún cuando en los últimos 40 años las fuerzas navales y de seguridad han capturado un promedio de 2 buques por año pese a la presencia de más de 300 buques extranjeros en el Atlántico Sudoccidental. Tampoco ha tenido ninguna iniciativa respecto al control de los recursos migratorios, según indican los art. 4º, 5ºd, 21e, 22 y 23b de la ley 24.922 y el artículo 2º inc. c de la ley 24.543 y los derivados de la aplicación de la ley 26.386.

(RPuerto): “¿Se está trabajando en algún tipo de acuerdo?”

(Liberman): «Cancillería tiene una postura contraria a la firma de acuerdos en esas zonas. Yo lo he planteado, pero por posición geopolítica se considera que no sería favorable».

¿Posición geopolítica? ¿Superiores intereses de la nación? Lo escuchamos desde la aprobación de los Acuerdos URSS-Bulgaria. La Cancillería siempre condujo desde afuera las decisiones más relevantes para la actividad pesquera. No creo que un funcionario con rango de subsecretario y, sobre todo, quien no se hace fuerte en su territorio, pueda modificar esta posición que históricamente ha llevado a que la pesca sea una mera moneda de cambio para cuestiones relativas a la estrategia o más bien a la cesión de Derechos en Malvinas. Así ocurrió, además de los Acuerdos con la URSS-Bulgaría; el Acuerdo con la CEE (hoy U.E.); el Acuerdo de Madrid I y II; el Acuerdo de Foradori-Duncan que implicó la investigación conjunta de los recursos pesqueros; el Acuerdo de Nueva York; el Convenio del Atún; el Acuerdo Rector del Puerto y otros, donde jamás el hoy subsecretario Carlos Damián Liberman emitió opinión alguna y por lo tanto convalidó en los hechos todos estos acuerdos que afectaron seriamente la actividad pesquera y, por cierto, convalidaron el sostén y la ocupación británica en Malvinas. Por acción u omisión Liberman y otros tantos funcionarios fueron funcionales a los intereses británicos.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG. 

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LA ESTACIÓN CHINA DE ESPACIO LEJANO EN NEUQUÉN, ARGENTINA

Marcelo Javier de los Reyes*

Acuerdo entre Argentina y China 

En 2010 la empresa estatal China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) estableció contacto con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina con la intención de examinar la posibilidad de emplazar una estación de apoyo para las misiones chinas de exploración espacial en nuestro país. El acuerdo inicial se concretó y el lugar elegido por los chinos fue Bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén.

A través de un documento de fecha 21 de diciembre de 2011, la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN) de la Cancillería Argentina, entonces a cargo del ministro Alberto Dojas, elevó las actuaciones del proyecto de acuerdo redactado en castellano, inglés y chino, acerca de la instalación de la estación espacial china a partir del envío, en mayo de 2010, de una misión de autoridades y funcionarios a la Argentina, encabezada por Niu Hongguang, Segundo Comandante en Jefe, Programa de Ingeniería Espacial Tripulado de China y del programa de exploración lunar de China. La misión analizó ocho sitios en las provincias de Neuquén y Río Negro, aunque también tenían en consideración su establecimiento en Chile. Cinco de esos ocho sitios seleccionados por CLTC se encontraban en Neuquén.

Imagen1. Misión de autoridades y funcionarios a la Argentina, encabezada por Niu Hongguang, Segundo Comandante en Jefe, Programa de Ingeniería Espacial Tripulado de China y del programa de exploración lunar de China.

Los organismos especializados de ambos países firmaron el “Acuerdo de Cooperación en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna entre el China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de la República Argentina para establecer instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio lejano, en la Provincia del Neuquén, Argentina.

En el marco del “Programa Nacional de Exploración de la Luna y Marte” el gobierno de China firmó un convenio con su par de la República Argentina en el que se acordó la construcción de la primera estación interplanetaria, la cual está siendo emplazada en la localidad de Quintuco, ubicada al noroeste de la provincia del Neuquén, a 7 kilómetros de la Ruta Nacional 40 camino a Chos Malal ─más precisamente entre las localidades de Las Lajas y Chos Malal─ y a 285 kilómetros de Neuquén capital.

Para la CONAE se trata de la “fracción de tierra de lote E1, en un predio del Paraje Quintuco Pilmathue, nomenclatura catastral 05-RR-011-5424-0000, del Departamento Loncupué”.

El “Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China sobre la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en la Provincia del Neuquén, Argentina, en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna” considera las disposiciones del “Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes”, celebrado el 27 de enero de 1967, del que la Argentina y China son parte, entre otros acuerdos previos. Este tratado fue aprobado a través de la Ley 17.989 del 4 de diciembre de 1968[1].

Imagen 2. Lugar de emplazamiento

En las consideraciones de este acuerdo se expresa que “el Gobierno de China ha identificado que el territorio de la Provincia del Neuquén, Argentina, es el que reúne las condiciones más favorables para alojar una estación de espacio lejano, en América del Sur”.

Mediante el mencionado tratado la Argentina ha facilitado la instalación en su territorio de una estación que integrará la red de Telemetría, Seguimiento y Comando de China. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina “se beneficiará con el acceso a un mínimo del diez (10) por ciento del tiempo de uso de la antena para desarrollar proyectos propios”.

A los efectos de sentar las bases mínimas del proyecto se firmaron dos instrumentos:

  • El Acuerdo de Cooperación en el ámbito del Programa Chino de Exploración de la Luna entre la China Satellite Launch and Tracking Control General (CTLC) y la CONAE para establecer las condiciones que rigen la implantación de las instalaciones de seguimiento terrestre, comando y adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio lejano en la provincia del Neuquén, firmado el 20 de julio de 2012, y sus anexos.
  • El Acuerdo de Cooperación en el marco del Programa Chino de Exploración de la Luna entre la CLTC, la CONAE y la Provincia del Neuquén para establecer las condiciones que rigen la implantación de las mencionadas instalaciones, incluida una antena para investigación del espacio lejano en Neuquén, firmado el 28 de diciembre de 2012 y sus anexos.

Un tercer documento es el acuerdo marco, celebrado el 23 de abril de 2014, entre ambos países, que fue ratificado por el Congreso Nacional a fines de febrero de 2015 y publicado en el Boletín Oficial a comienzos de marzo de 2015. El mismo estipula:

  1. que las instalaciones serán construidas y operadas por China con el fin de brindar soporte terreno a las misiones de Exploración del Espacio Lejano;
  2. que todas las operaciones de comercio exterior realizadas por el Gobierno de China destinadas a la instalación, así como las compras y contrataciones de bienes, obras, locaciones o prestaciones de servicios realizadas en Argentina gozarán de desgravaciones impositivas (estarán exentas de todo impuesto y/o derecho aduanero, impuestos internos e impuestos nacionales al consumo, I.V.A. incluido.
  3. que el gobierno de China llevará a cabo sus actividades de acuerdo con las leyes y reglamentaciones nacionales de la Argentina, de la Provincia de Neuquén y las disposiciones previstas en los acuerdos de Cooperación Interinstitucional, firmados oportunamente;
  4. por su parte, “el Gobierno de Argentina no interferirá ni interrumpirá las actividades normales que se lleven a cabo en virtud del presente acuerdo de Cooperación”;
  5. con respecto a las cuestiones migratorias, “el Gobierno argentino facilitará la tramitación de los permisos de ingreso y/o la emisión de visas en las categorías correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente”:
  6. el acuerdo también contempla el régimen laboral;
  7. en el art. 6º que se titula “Indemnidad”, se estipula que “el Gobierno de la Argentina no se responsabiliza, nacional o internacionalmente, en razón de las actividades del Gobierno de China en su territorio vinculadas al proyecto, sea por acción u omisión de ésta, o de sus representantes. El Gobierno de China mantendrá indemne a Argentina de toda obligación que surgiere de reclamos de cualquier naturaleza, a pedido e instancia de terceros, como consecuencia de tales actos u omisiones”;
  8. la solución de las controversias se hará “a través de los canales diplomáticos correspondientes”;
  9. el acuerdo tendrá una vigencia de 50 años pero podría ser extendido mediante negociaciones entre las partes. Para ello, la parte que desee extender el acuerdo deberá notificar a la otra parte con una antelación de, al menos, 3 años previos al vencimiento del mismo. Asimismo, cada una de las partes podrá poner fin al acuerdo “con justa causa, debidamente acreditada”, para lo cual la parte peticionante deberá notificar a la otra parte con al menos 5 años de antelación.

Cabe agregar aquí que por ese entonces la CONAE funcionaba en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo del Ingeniero Julio De Vido.

En los planes se preveía que la estación espacial estaría terminada y operativa en 2016.

Especificaciones

La estación de referencia sería la tercera de una red y la primera fuera de territorio de la República Popular de China, sobre un predio de 200 hectáreas cedido en comodato por la Provincia del Neuquén (ver imagen 3).

Imagen 3

La construcción de la base contemplaba una antena de 110 toneladas y 35 metros de diámetro para exploración del espacio profundo (telemetría y tecnología para “seguimientos terrestres, comando y adquisición de datos”), la que se halla en una etapa final de obra, ya que se prevé la inauguración de la misma en los primeros meses de 2017. La antena está destinada al seguimiento de las naves espaciales que China enviará a la Luna y a Marte. Además se preveía la construcción de cuatro edificios. La inversión se ha estimado en US$ 300 millones.

Preocupación en países occidentales

La instalación de esta estación espacial generó, oportunamente, cierta inquietud en los gobiernos de los Estados Unidos y de los países de la Unión Europea (UE), los cuales se manifestaron en forma reservada.

En febrero de 2015 los responsables del área de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires habrían transmitido ese sentimiento a oficiales de las Fuerzas Armadas de nuestro país.

Varios diplomáticos europeos habrían hecho lo propio ante la Cancillería Argentina y ante funcionarios del gobierno anterior. Diplomáticos y miembros de la comunidad de inteligencia estaban interesados en conocer los pormenores del acuerdo para saber si el uso de la estación tendría un “uso dual”, es decir civil y militar.

Cuando, oportunamente, se les respondió a los representantes europeos que la UE tenía una estación espacial en Mendoza, marcaron la diferencia de que la europea es manejada por civiles, mientras que la china estará dependiendo del China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), organismo que depende del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación de China, cuyo director es el General Zhang Youxia, quien también es director del Science and Technology Committee (STC), responsable de la innovación tecnológica de armamentos, que participa en el programa de modernización de misiles de corto alcance hasta los ICBM (intercontinentales), incluso de aquellos con capacidad para transportar ojivas nucleares.

La preocupación se agravó ante la difusión de que habría dos anexos secretos que sólo obrarían en poder de la CLTC de China y de la CONAE de Argentina. Por su parte el Embajador de China en Argentina, Yang Wanming, siempre negó que la estación espacial vaya a tener un propósito militar.

El Secretario General de la CONAE, Félix Menicocci, oportunamente desmintió que la base tuviese un uso militar en el futuro y afirmó que los objetivos de la estación espacial son “totalmente civiles y no será operada por personal militar”. El funcionario también desmintió la existencia de esos dos anexos secretos[2].

Antecedentes

La instalación de la estación espacial china en territorio argentino cuenta con, al menos, dos antecedentes:

  1. Torre Omega: formó parte del sistema de navegación OMEGA —Omega Navigation System—, destinado a la navegación de muy largo alcance, operando con frecuencias de 10,2, 11,33 y 13,6 KHz. El sistema estaba integrado por ocho estaciones (designadas con las letras A hasta la H) y fue desplegado por la Marina de los Estados Unidos con fines militares. Era un sistema de radiotransmisión global diseñado para localizar la posición de cualquiera de sus barcos o aeronaves a lo largo y a lo ancho del planeta. Su desarrollo fue aprobado en 1968 con tan solo ocho transmisores que operaban con una muy baja frecuencia de cuatro tonos únicos que se repetían cada diez segundos. Cada antena distribuida estratégicamente en distintas partes del mundo, cubría un espacio aproximado de 5.000 kilómetros a la redonda y funcionaba mediante la triangulación de tres posiciones de tres antenas. La estación F fue instalada en Trelew, provincia de Chubut (coordenadas 43º03’13”S 65º11’27”O). El Comando en Jefe de la Armada Argentina, a través de la Dirección General del Material Naval, llamó a licitación pública para la construcción de la Torre Omega en 1973, apareciendo en el Boletín Oficial el 12 de abril de 1973. La torre tenía una altura de 366 metros (más alta que la torre Eiffel) y habría servido para el desplazamiento de los SSBN (submarinos de lanzamiento de misiles balísiticos intercontinentales). La aparición del GPS —Global Positioning System— reemplazó al sistema OMEGA y las torres fueron desactivadas en 1997. La F fue dinamitada el 23 de junio de 1998.
  2. Estación Espacial de la UE: en diciembre de 2012, mediante una videoconferencia, la entonces presidente Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner inauguró la instalación espacial que alberga la antena para el estudio del espacio profundo, denominada “DSA3 Malargüe”. Con este emplazamiento fue completada la red de monitoreo de la Agencia Espacial Europa (ESA) con una inversión de € 45 millones. Las otras dos antenas se encuentran en New Norcia, en Australia, y en Cebreros, en España, finalizadas en 2002 y 2005, respectivamente. El acuerdo para su construcción y explotación fue firmado el 16 de noviembre de 2009 por un período de 50 años y establece que la Argentina brindará sus instalaciones y servicios a cambio de un 10% del tiempo de antena para los proyectos científicos argentinos en el espacio. La antena se encuentra ubicada a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe, en la provincia de Mendoza, frente al volcán Malacara, a la vera de la ruta 182. Fue elegida por reunir las mejores condiciones de ubicación por su visibilidad y potencial de propagación de radio. Sus primeras señales de prueba fueron recibidas el 14 de junio de 2012, cuando la sonda Mars Express transmitió datos desde Marte. La DSA3 fue crucial para la misión Rosetta, el aterrizaje del robot Philae en un cometa. Tiene una antena de 35 metros de diámetro.
Algunas cuestiones destacables en torno a la estación espacial

La construcción de la estación espacial fue iniciada antes de que fuera aprobada por el Congreso de la Nación.

El 9 de septiembre de 2014, cuando la obra estaba en los comienzos de su construcción, Jorge Sapag, entonces gobernador de Neuquén, y el Secretario de Gestión Pública, Rodolfo Laffitte, recibieron la visita de una delegación de funcionarios chinos encargados de monitorear los avances de las obras de la antena de comunicaciones aeroespacial y coordinar la importación de los equipos que se instalarían en la base espacial[3].

En esa oportunidad, el gobernador Sapag expresó que se trataba “‘sencillamente de un sistema de comunicación a distancia remota con fines pacíficos y científicos, con el fin de colaborar con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)’[4]. Una obra similar a la que construyó la Agencia Espacial Europea, también en convenio con la CONAE, en la zona de Malargüe, inaugurada a fines de 2012”. Sapag agregó que “vincular estas obras con fines militares es antojadizo y tendencioso, desconociendo lo que significa la tecnología de comunicaciones y a quienes tienen dudas sobre estos temas los invitamos a conocer las obras de Malargüe y las que se están construyendo en nuestra Provincia”[5].

En la versión taquigráfica de la Reunión 29 del XLIII Período Legislativo de la Legislatura de la Provincia del Neuquén, 27ª Sesión Ordinaria de fecha 6 de noviembre de 2014, puede apreciarse que en “Otros Asuntos” ─páginas 4715 y 4716─ figura “Beneficio impositivo para la empresa China Launch and Tracking Control General”.

Imagen 4. Reunión 29 del XLIII Período Legislativo de la Legislatura de la Provincia del Neuquén

La versión publicada de la sesión de referencia dice que el Legislador Raúl Juan Dobrusin (Instrumento Electoral por la Unidad Popular, UPie) se refiere a que se enteró por el diario Río Negro del 4 de noviembre de 2016, “hoja quince”, del “Beneficio impositivo para los chinos”. El Legislador dice textualmente: “Esta es una vieja historia, parece ser, un convenio que todavía no está aprobado en Nación, sigue en el Congreso Nacional discutiéndose entre CONAE y la empresa estatal que se llama China Launch and Tracking Control General, un convenio que no hemos votado acá en esta Legislatura, cesión de tierras, la gente puede entrar sin necesidad de tener los papeles a cargo”. Agrega, “Nosotros, el convenio entre Neuquén, la CONAE, y esta empresa china, no lo hemos visto”. El Legislador hace mención al artículo 238 del Código Fiscal y añade que está siendo mal utilizado ya “que sólo lo puede hacer el Ejecutivo (la eximición) en caso de emergencia económica”.

La versión de la Sesión Ordinaria dice que el proyecto de la estación espacial “quedó eximido del impuesto a los Sellos mediante un decreto del gobierno provincial”. Agrega que “la norma, que lleva el número 2336/14, fue firmada hace poco más de dos semanas por el gobernador Jorge Sapag y refrendada por los ministros de Economía y Obras Públicas, Omar Gutiérrez, y de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel Gastaminza”.

En la misma versión de la Reunión 29 de la Legislatura provincial, bajo el título “Alusión a la empresa china”, la Legisladora Beatriz Isabel Kreitman (Coalición Cívica-ARI) dice que por un pedido de su bloque asistió a la Comisión el Ingeniero Laffitte ─mencionado ut supra─ pero que de ningún modo vieron el convenio. Según la Legisladora, el Ingeniero Laffitte se comprometió a llevar el convenio, no bien lo tuviera, para presentarlo ante la Comisión o la Legislatura pero eso no ocurrió. Añade a lo mencionado por su colega respecto de los beneficios obtenidos por la empresa, que el terreno cedido “tenía un poblador de allí, que generó mucho conflicto, en el cual también hicimos un pedido de informe, hablamos con los pobladores, finalmente, intervino la Dirección de Tierras y no sé cómo habrá terminado el acuerdo, pero esa tierra se le quitó a un poblador”.

Imagen 5.

En este punto cabe destacar que existe una nota de fecha 16 de mayo de 2011, firmada por el Ingeniero Adolfo Luis Italiano ─quien fuera hasta 2003 interventor de la CNC─, Director Provincial de Planificación y Desarrollo de TICs, Secretaría de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones, dirigida a un tal “Sr. Ma Zhinqiang” (imagen 6), a quien le informa que:

“Uno de los sitios preseleccionados, cercano a la ciudad de Zapala, que dio buenos resultados iniciales, tuvo una fuerte reacción por parte de los pobladores cercanos al mismo, pertenecientes a la Comunidad Gramajo de pueblos originarios,

La manifiesta oposición de los pobladores vecinos, expresada en una serie de reuniones con ellos mantenidas, ha obligado a suspender las evaluaciones del sitio y terminar con los estudios pertinentes, de manera anticipada”.

Imagen 6. Nota del Ingeniero Adolfo Luis Italiano dirigida a un tal “Sr. Ma Zhinqiang”.

En el punto tercero del tercer artículo del Acuerdo de Cooperación entre ambos gobiernos, el texto dice:

“El Gobierno de Argentina no interferirá ni interrumpirá las actividades normales que se lleven a cabo en virtud del presente Acuerdo de Cooperación. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la Argentina deba tomar decisiones que puedan interferir con las actividades de China, se compromete a informar a ésta con la debida anticipación, así como a explorar soluciones alternativas, cuando sea necesario, a fin de asegurar que tales actividades no se vean sustancialmente afectadas”.

Tal redacción parecería reconocer una autoridad extraterritorial extranjera que asumiría atribuciones de autoridad y control sobre territorio soberano de la República Argentina, situación que debería considerarse inadmisible.

En el “Acuerdo de Cooperación en el Marco del Programa Chino de Exploración de la Luna” entre el CLTC y la CONAE debe destacarse el artículo 15 que en sus dos primeros incisos expresa que “las partes se consultarán mutuamente sobre cuestiones que surjan de la interpretación, aplicación o ejecución” del Acuerdo. En caso de que las autoridades de CLTC o de la CONAE no puedan dirimirlas “se constituirá un comité de arbitraje compuesto por un representante de cada una de las partes, más un tercero designado de mutuo acuerdo”. El punto tercero del mencionado artículo manifiesta que las partes “afrontarán proporcionalmente los gastos que demande dicha designación”, así como que “dicho arbitraje tendrá lugar en Beijing, China, si CONAE fuera la Parte que somete la disputa a arbitraje, y en Buenos Aires, Argentina, si CLTC fuera la que somete la disputa a arbitraje”.

Por su parte la Provincia del Neuquén asume los compromisos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura que permita el funcionamiento de la estación china. A esos efectos autorizó la construcción de una “Torre de Calibración” a 11,5 kilómetros de la estación, en un predio de 10 metros cuadrados; se comprometió a realizar las inversiones necesarias para ampliar la planta transformadora del Ente Nacional Provincial de Energía sita en Las Lajas, dado que la estación requiere de un total de 1.500 KW. Del mismo modo, se comprometió a facilitar un cable de fibra óptica con una banda inicial de 40 Mbits/s y a mantener en buen estado, de forma permanente, la Ruta Provincial Nº 31 que vincula la Ruta Nacional 40 con la estación espacial. Todas estas erogaciones estarán a cargo del Neuquén.

Respecto del uso militar de la estación

En el mes de junio de 2015 salió a la luz una nueva preocupación respecto de que la estación espacial china pudiera tener un uso militar a partir de un documento que, el 26 de mayo de 2016, emitió la Oficina de Información del Consejo de Estado de China referido a la estrategia militar de ese país. El informe de seis capítulos expresa que “la fuerza aérea se esforzará por cambiar su enfoque de la defensa aérea del territorio tanto en defensa como en ataque” y manifiesta el objetivo de “construir una fuerza de defensa del espacio aéreo como una estructura que puede cumplir con los requisitos de operaciones aerotransportadas, la proyección estratégica y el apoyo integral” para la defensa. En ningún momento el informe hace referencia a la estación de Neuquén pero esas líneas habrían llamado la atención de legisladores (Mario Negri de la UCR, Sebastián Velesquén del Frente Renovador, entre otros) y de miembros de las Fuerzas Armadas de la Argentina[6].

El documento sostiene que “el espacio exterior se ha convertido como dominante en la competencia estratégica internacional” y agrega que “los países afectados están desarrollando sus fuerzas e instrumentos espaciales y han aparecido los primeros síntomas de militarización del espacio ultraterrestre. El texto afirma que China “se mantendrá al tanto de la dinámica del espacio exterior, frente a las amenazas de seguridad y los desafíos en ese dominio para asegurar sus activos espaciales y servir a su desarrollo económico y social del país para mantener la seguridad en el espacio ultraterrestre”.

La mención del “espacio exterior” ha encendido la alarma en quienes vinculan a la estación espacial de Neuquén con un propósito militar. Se sabe que China percibe al “espacio aéreo” como una amenaza así como que también ha llevado a cabo un gran esfuerzo en la guerra cibernética. Oportunamente, el jefe de bloque de diputados del actual partido gobernante (PRO), Federico Pinedo, presentó un proyecto de declaración que exigía al gobierno que antes de la habilitación y posesión de la planta “negocie un anexo al acuerdo de la estación espacial con China en donde conste la prohibición de uso de las instalaciones para cualquier aplicación de tipo militar, bajo pena de rescisión automática” del convenio.

Otro elemento que habría dado lugar a la sospecha de la existencia de “cláusulas secretas” en el presente acuerdo es un documento firmado por la Embajadora Susana Ruíz Cerruti, quien estaba a cargo de la Dirección General de Consejería Legal (DICOL) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En ese documento, escrito a comienzos de 2013, la diplomática hace referencia a párrafos que no aparecen en el acuerdo del 23 de abril de 2014, puntualmente en lo que se refiere al otorgamiento a la “República Popular de China, a la oficina General de Control de Lanzamiento y Seguimiento de Satélites China (CLTC), a sus autoridades y a sus empleados en la construcción y operación de la misma, una serie de privilegios, derechos, facultades, exenciones y garantías de gran amplitud”.

Imagen 7. Consideraciones de la Embajadora Susana Ruíz Cerruti sobre el acuerdo que se evaluaba con CLTC.

En otra parte del dictamen de la Embajadora Ruiz Cerruti se citan artículos y párrafos que no coinciden con el acuerdo de referencia. Por ejemplo el artículo 1º, párrafo 1, en donde se establecerían las exenciones impositivas; el párrafo 2 del mismo artículo en el que se facilitaría “la disponibilidad de la tierra por parte de la Provincia del Neuquén, mediante un comodato de uso durante un período de 50 años, así como carreteras, líneas de comunicación, energía eléctrica y suministro de agua”. Tampoco el artículo 3º, párrafo 2, en donde se menciona que se requiere una consulta previa a CLTC en caso de que la Argentina deba tomar decisiones que pudieran interferir con sus actividades”.

Imagen 8.

Asimismo se hace referencia al artículo 5º, párrafo 1, incisos (1), (2) y (3) “por los que se establecen exenciones impositivas y se requiere la aprobación de China para expropiar o embargar equipamiento e instalaciones de la estación de espacio lejano”. El dictamen cita el artículo 5º, párrafo 2, inciso (3): “se otorgará a los empleados del CLTC exención judicial por expresiones escritas y orales en su trabajo para la estación de espacio lejano”, como así también el artículo 7º “que establece que ‘[l]a Argentina permitirá la importación libre de impuestos para artículos de subsistencia de empleados de CLTC al territorio argentino de conformidad con la legislación argentina”.

Imagen 9.

De la confrontación del texto del dictamen con el del acuerdo es que se deduce que esos artículos pudieron haber sido eliminados o bien que el dictamen está haciendo referencia a otro acuerdo, que no es al que se ha podido acceder.

Otro punto a observar es cuando la Embajadora Ruiz Cerruti hace mención al artículo 2 en el que se indica que “Cada parte designa a sus respectivas Autoridades Ejecutivas, estableciéndose que ellas firmarán un convenio de implementación por separado para la construcción, operación y gestión de la estación del espacio lejano”, texto que parecería formar parte de acuerdos que no se han hecho públicos.

Imagen 10.

Es necesario destacar que en septiembre de 2014 el ex vicecanciller, embajador Roberto García Moritán manifestó que la construcción de una estación de monitoreo en la Argentina tiene “cierta complejidad geoestratégica”. Agregó que:

“Por las características técnicas de la antena de recepción y los instrumentos operativos, (el observatorio espacial) tendría otros eventuales alcances que le permitiría un uso dual, civil y militar”[7].

Luego remarcó:

“La estación, con antenas que permitirían una cobertura y visibilidad casi completa de la Tierra, sería a la vez un centro potencial de escaneo de comunicaciones, rastreo y detección de satélites, control de lanzamientos a escala global incluso, en caso de necesidad, de misiles, drones y otras actividades militares semejantes», fundamentó el diplomático. «Estas circunstancias, entre otras, pondrían a la Argentina en teoría en un complejo mapa de riesgos hipotéticos”[8].

Del mismo modo consideró que “no se trata de temas menores ya que la presencia de una estación estratégica de estas características, por sus efectos, hace a la defensa nacional e incluso a orientaciones de política exterior”.

Por su parte, el Senador (UCR) Juan Carlos Marino denunció que en el convenio queda en evidencia que “la Argentina perderá soberanía con China” toda vez que “el personal estará bajo las leyes de ese país y el lugar que ocupe la estación en Neuquén quedará bajo control del gobierno chino”[9]. También expresó sus inquietudes el senador de UNEN Fernando «Pino» Solanas, quien señaló que «hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre algo tan sensible como entregar cientos de hectáreas de una provincia limítrofe con otro Estado, a un tercer Estado por medio siglo para actividades en las que la Argentina se beneficiará de forma ínfima»[10].

El 7 de septiembre de 2014 el Diputado Nacional Alberto Asseff presentó un pedido de informes al Ejecutivo haciendo alusión a “la letra chica” del Acuerdo o a los anexos reservados, para lo cual también se basó en los dichos de los Senadores Marino, Solanas y en las expresiones del Embajador García Moritán.

En febrero de 2015, en un texto publicado por el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), titulado “Los Acuerdos con China. Las urgencias como camino para perder soberanía”, Gustavo Lahoud y Claudio Lozano formulan serias críticas a los acuerdos que posibilitaron la construcción de la estación espacial china[11].

Cuestiones laborales y demoras en las obras

Durante las obras se han presentado numerosos conflictos laborales lo que produjo una demora en las mismas debido a que los chinos no contemplan que las jornadas laborales sean de 8 horas, tampoco el descanso de fin de semana.

En febrero de 2015, trabajadores neuquinos frenaron la obra en reclamo de mejores condiciones laborales y solicitaron que se contrate personal local. Asimismo denunciaron amenazas del sindicato UOCRA para que levanten la huelga[12]. Los trabajadores habían tomado el predio de Bajada del Agrio, en Quintuco, y dejaron de realizar tareas hasta que la empresa constructora a cargo de la obra, Esuco S.A —subcontratada  por la compañia estatal China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC)—, resolviese las demandas del personal.

Hacia junio de 2015 la conflictividad laboral se había incrementado debido a que la contratista de la obra despidió a unos 100 trabajadores en dos meses[13]. En esa ocasión la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no dejó entrar a los trabajadores. Según la firma, los 43 despidos en mayo de ese año obedecieron a problemas de comportamiento y ausentismo y los otros 54 restantes, en junio, porque su labor ya no es necesaria debido al avance de la obra. Según los operarios, restaba el 60% de la obra para terminar por lo que no consideran que el personal no fuera necesario.

Para ese entonces la obra, que debería estar finalizada en 2016, se encontraba al 40% de su ejecución. Debido a los conflictos gremiales, no se concluirá durante el año en curso sino recién en 2017.

Según información que no se ha podido corroborar, en la obra se encuentran trabajando afiliados del SITRAIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción), sindicato opuesto a la UOCRA (también a los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) y cuyo Secretario General es Víctor Grosi. 

Se difundió información acerca de la construcción de una nueva base china en San Juan

Algunos medios han reproducido una información difundida por Perfil acerca de que existiría un proyecto para la construcción de una nueva base espacial china en la provincia de San Juan.

Este proyecto habría sido mantenido hasta el presente en estricta reserva y se sabe que es gestionado por un área militar del gobierno chino. Debido a que la tecnología utilizada en la base china para el control de operaciones espaciales podría permitir un “uso dual”, el gobierno argentino estaría preocupado por su aplicación. Tal tecnología podría ser utilizada para monitorear la llegada del primer astronauta chino a la Luna así como también para controlar el curso de misiles balísticos intercontinentales nucleares chinos o de un tercer país[14].

En julio de 2016 se informó que mientras la provincia de San Juan sigue esperando la no objeción de Susana Malcorra, había circulado la versión de que si se sigue dilatando la autorización nacional para instalar el radiotelescopio chino en Calingasta, podría cambiarse su emplazamiento y ser instalado en las cercanías del Observatorio Cerro Tololo, en Chile, zona que reúne las mismas condiciones geográficas que El Leoncito.

En el ámbito de la Universidad Nacional de San Juan habría preocupación al respecto ya que este proyecto se remonta al 2004, año en el que el entonces rector, Benjamín Kuchen, firmó el convenio con la Academia Nacional de Ciencias de China y, seguidamente, el gobierno de la provincia sumó su adhesión.

El radiotelescopio del denominado del proyecto CART (Chinese-Argentine Radio-Telescope) es similar a una antena parabólica, tiene un diámetro cercano a los 40 metros y una vez instalado entre el Casleo y el Observatorio Félix Aguilar sería visible desde varios kilómetros a la redonda. Según se informó, el presupuesto está íntegramente a cargo de China, incluso el desembolso inicial de US$ 1,5 millón para la base de hormigón con sus respectivas adecuaciones de infraestructura que frenó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación.

La comunidad académica está a la espera de que el Ministerio de Relaciones Exteriores expida una “no objeción” al proyecto del radiotelescopio. Ese documento permitirá destrabar el proceso.

Cabe agregar que la Canciller Susana Malcorra viajó a China en mayo de 2016 con el objetivo de preparar el viaje del Presidente Mauricio Macri a ese país, para ultimar los detalles de su participación en la cumbre del G20 que se llevó a cabo en septiembre.

Por su parte, ha trascendido que el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación, Lino Barañao, se ha desentendido del tema del radiotelescopio, situación que es percibida en San Juan como una “reorientación” política del ex Ministro de Cristina Fernández de Kirchner, como miembro del gabinete del presidente Mauricio Macri.

Ante estas indefiniciones, los chinos estarían en tratativas con el Observatorio Cerro Tololo de Chile.

Imagen 11. Ubicación del Observatorio Astronómico El Leoncito, en la provincia de San Juan, Argentina, y del Observatorio Interamericano Cerro Tololo, en Chile.

Imagen 12. Valle del Elqui. El Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, Chile.
Los tratados con China

Ante la situación generada por esta información, la canciller Susana Malcorra habría solicitado la asistencia a otros organismos del gobierno. El gobierno de Macri desea rever los tratados bilaterales firmados por el gobierno precedente y durante la primera reunión que el propio presidente mantuvo con su par chino, Xi Jinping, se comprometieron a trabajar para confirmar esos acuerdos.

La Argentina y China han celebrado otros tratados de cooperación además de los referidos a las mencionadas bases:

  • Centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Estarán localizadas en el cauce del río Santa Cruz y hasta 2010 se las denominaba “Cóndor Cliff” y “La Barrancosa”. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fueron rebautizadas con los nombres de los que fueran los gobernadores de Santa Cruz. El 18 de julio de 2014 se firmó el contrato de financiamiento de las mismas por US$ 4.714 millones de dólares, que estaría a cargo de los bancos chinos Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China Limited y Bank of China Limited. Desde el punto de vista ecológico, estas centrales son el objetivo de serias críticas. En el Congreso de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor y más antigua organización ambiental del mundo, en los primeros días de septiembre de 2016, en Hawaii, fue presentada una moción para que se suspendan estas obras hidroeléctricas hasta tanto se garantice que no afectará a las poblaciones de macá tobiano, un ave que se encuentra en estado crítico de extinción y que fue descubierta en 1974. Se encuentra en la lista roja de la UICN. La moción pide que se realicen estudios de impacto ambiental ya que esta ave pasa todos los inviernos en la desembocadura del río Santa Cruz, donde se zambulle para buscar su alimento, que se verá alterado con las obras.
  • Energía nuclear. En noviembre de 2015 se firmaron los acuerdos destinados a la construcción de la cuarta y quinta central nuclear, una inversión total de US$ 14.000 millones de los que China aportará el 85% del financiamiento. Los contratos fueron firmados en el marco de la Cumbre del G20 que se desarrolló en Antalya, Turquía. En su visita a China, en SET16, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, mantuvo una reunión con representantes de la empresa China National Nuclear Corporation CNNC), con la que fueron suscritos acuerdos para la construcción de las dos centrales nucleares.
  • Proyectos en energía eólica y solar. A desarrollarse en Jujuy, La Rioja, San Juan.
  • Proyecto de acueducto. En Entre Ríos.
  • El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también firmó acuerdos en materia de Defensa. El entonces Ministro de Defensa Agustín Rossi consideró a China “socio estratégico” y destacó un acuerdo con Norinco, empresa que fabrica los blindados, para la compra y transferencia de tecnología con el proyecto de instalar una planta en la Argentina. Cabe recordar que el 18 de julio de 2014 ambos gobiernos elevaron la relación a la categoría de Asociación Estratégica Integral.
Algunas consideraciones finales

Al momento de considerar el tema de la estación espacial en la Provincia del Neuquén, debe tenerse en cuenta que China ha desarrollado varias bases ─algunas de uso dual─ localizadas principalmente sobre el mar de China y el océano Índico, para garantizar su abastecimiento de materias primas así como su política expansionista. Esas bases ─que se han denominado “collar de perlas”─ serían las siguientes:

  • Hong Kong, que posee el tercer centro financiero del mundo, un puerto y una terminal petrolera;
  • Sanya, en la isla Hainan de China, con una base aérea y una base de submarinos nucleares, en cavernas bajo las rocas, protegidos de la detección de los satélites espías;
  • isla Woody (islas Paracel, reclamadas por China, Vietnam y Taiwán), en donde hay un puerto y una base aérea y se desarrollan proyectos turísticos;
  • islas Spratly (reclamadas por Brunei, China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam, en las que se realizan prospecciones gasíferas y petroleras, además de exploraciones submarinas;
  • Sihanoukville (Campong Som) y Ream (Camboya), donde se realiza la ampliación de puertos, acceso naval;
  • el istmo de Kra (Tailandia), proyecto de corredor estratégico (autopista, ferrocarril, oleoducto, canal marítimo);
  • islas Coco, en el mar de Andamán, área perteneciente a Myanmar desde finales del siglo XIX pero que han sido revalorizadas geopolíticamente a partir de los noventa con la supuesta presencia militar china en dichas islas;
  • Kyaoukyu, también perteneciente a Myanmar, con un puerto, una terminal petrolera y un proyecto de corredor estratégico para China, que incluye un oleoducto, ferrocarril y carretera;
  • Chittagong, territorio de Bangladesh, donde China patrocinó el desarrollo del mayor puerto de ese país a cambio de emplazar una amplia estructura para el transporte de contenedores;
  • Hambantota, en Sri Lanka, donde Beijing invirtió millones de dólares en la construcción de un puerto próximo a la costa de la India a cambio de ayuda para liberar a Sri Lanka del terrorismo tamil;
  • Marao, en las islas Maldivas, en donde se realizan exploraciones marinas y se proyecta la construcción de una base militar;
  • Gwadar, Pakistán, donde China construyó un puerto a sólo 180 millas náuticas del estrecho de Ormuz y que originó una protesta por parte de la India;
  • un puerto en Sudán del Norte, con una terminal petrolera, un corredor estratégico que incluye un oleoducto y una base de inteligencia;
  • Sittwe, en Myanmar, donde China construye un oleoducto que transportará petróleo de Sittwe a Kunming, capital de la provincia china de Yunnan, y que constituye otro punto del conflicto potencial entre China e India.
Imagen 13. El denominado «collar de perlas chino».

En febrero de 2016 el Ministerio de Defensa de China confirmó oficialmente que dio comienzo a la construcción de lo que ha calificado como “instalaciones de apoyo” en Djibouti. Las autoridades chinas alegan razones logísticas ya que facilitaría el mantenimiento de sus buques destinados a combatir la piratería en el golfo de Adén, así como en Índico, en el mar Arábigo y en el mar Rojo.

Esta infraestructura está desarrollada y planificada estratégicamente en función de las necesidades de China pero también ante un conflicto que pudiera desencadenarse en el mediano y largo plazo. En función del mismo es que China está construyendo una isla artificial cerca de Filipinas, donde los Estados Unidos tienen la base Subic, en la bahía homónima en la isla Luzón. En la actualidad, el gobierno de Washington se apresta para retomar su presencia en bases de Filipinas.

En este contexto ─en el que además deben destacarse las tensiones por las disputas del mar de China, el refuerzo de la capacidad militar de Estados Unidos en el Pacífico y las explosiones nucleares llevadas a cabo por Corea del Norte─ la apertura de una base espacial que podría tener un uso dual debería haber sido considerada con mayor detenimiento.

El acercamiento a China y los numerosos acuerdos que se firmaron con ese país fueron pergeñados por los ministros de Planificación Federal y de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y Axel Kicillof, quienes viajaron en varias ocasiones a ese país y recibieron a empresarios chinos en Argentina. Estos ministros fueron quienes celebraron los acuerdos para la construcción de las represas en Santa Cruz, para la construcción de las centrales nucleares y los acuerdos con la petrolera china Sinopec, entre otros. Cabe recordar asimismo que Economía consiguió un “swap” del país asiático que fue ampliado en agosto de 2015 con un refuerzo equivalente a US$ 2.000 millones para evitar que cayeran las reservas.

Toda esta suma de acuerdos con un solo e importante actor como China significaría una seria limitación para la Argentina, habida cuenta de la dependencia que se impone a la Nación en términos económicos y contractuales.

Asimismo, debe considerarse que el organismo que llevó adelante el acuerdo con China para la construcción de la estación espacial, la CONAE, precisamente era una dependencia del Ministerio de Planificación Federal, a cargo del Ingeniero De Vido.

En el caso puntual de la estación espacial de Neuquén, en lo que se refiere a los supuestos anexos secretos no se ha podido confirmar si efectivamente existen o si se llevó a cabo una modificación en el proyecto de los acuerdos.

Al momento de que el acuerdo fuera ratificado por el Congreso Nacional, la estación espacial estaba en un avanzado proceso de construcción, pues las obras comenzaron en marzo de 2013, casi dos años antes. Por su parte, la Legislatura de la Provincia del Neuquén no accedió al supuesto acuerdo, con lo cual no convalidó el tratado.

Por otro lado, la Provincia del Neuquén debió ceder 200 hectáreas a China, emprender una erogación de consideración para ofrecerle cierta infraestructura a la base espacial china sin recibir nada a cambio. La situación de la República Argentina es similar, amén de que debe resignar su soberanía en parte de su territorio.

En este sentido, un punto a considerar es que los científicos argentinos pueden acceder al uso del 10% del tiempo de la estación, como mínimo, cuando así lo dispusieran, pero el acuerdo entre la CONAE y CLTC, establece que la Argentina podrá usar la antena para investigaciones propias pero mediante la solicitud de un permiso escrito a CLTC con, al menos, tres meses de anticipación. Este punto es por demás absurdo. Asimismo establece que ese tiempo de ninguna manera es acumulable a través de los años.

Imagen 14.

Respecto a la finalización del acuerdo, el convenio habla de que si se decidiera concluir el acuerdo deberá hacerse mediante “un preaviso por escrito” de “al menos 5 años previos a la fecha en que se pretende terminar el acuerdo”, es decir un 10% del tiempo total de la concesión. Para la Argentina eso significa un serio riesgo para su seguridad nacional, habida cuenta que se trata de un territorio cedido a una potencia extranjera y sobre el cual no podrá ejercer su soberanía.

Más allá que la canciller Susana Malcorra haya logrado un compromiso de parte de las autoridades chinas de que no se llevará a cabo actividad militar en la estación espacial, ninguna autoridad argentina tendrá acceso a lo que se haga dentro de la misma y debiera considerar como “inquietante” que para que los científicos argentinos accedan a la estación deba realizarse un pedido por escrito con, al menos, tres de meses de antelación.

En tal sentido, se percibe que la afirmación de que China respetará la legislación y la normativa argentina así como la neuquina, resultaría a simple vista relativo ya que la República Argentina ha cedido 200 hectáreas bajo la cláusula de extraterritorialidad, al igual que si se tratase de una embajada.

Probablemente, si se decidiese cancelar el acuerdo, el momento más oportuno sería antes de la finalización de las obras, lo que supondría asumir el costo de la decisión.

El proyecto de referencia no sólo afecta los planes espaciales de ambos países sino que también complica los planes económicos del actual gobierno argentino debido a que dentro del paquete de acuerdos heredado existirían varios proyectos de inversión de utilidad para reactivar la economía.

China es el “principal inversor” de la Argentina. Los proyectos de inversión de ese país en Argentina alcanzan los US$ 25.000 millones. En este sentido, debe mencionarse que en oportunidad de la participación del presidente Macri en la Cumbre del G20 mantuvo reuniones con empresarios de ese país ─Jack Ma (dueño de Alibaba, sitio de comercio minorista global), el presidente de Sany (maneja el 64% del mercado mundial de volcadoras de cemento), el titular de Power China, la mayor compañía productora de electricidad de China), con representantes de la empresa contratista de las dos hidroeléctricas proyectadas para Santa Cruz y con los de Huawei, la tercera productora de teléfonos celulares del mundo con una creciente presencia en Argentina y con su planta de América del Sur en nuestro país─, lo que pone en evidencia la intención de lograr mayores inversiones chinas en Argentina. No obstante, debe considerarse que una gran dependencia económica respecto de un único actor limita la toma de decisiones políticas y soberanas.

La relación bilateral con China constituye un capítulo delicado debido a que el actual gobierno requiere oxígeno para poder desarrollar su programa económico de la manera menos cruenta. China está en condiciones de llevar a cabo inversiones millonarias, con tasas razonables y de manera más sencilla pues para ello se operaría con empresas estatales chinas involucradas en los proyectos energéticos.

 

* Licenciado en Historia graduado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).

 

Referencias

[1] Ley N° 17.989. “Apruebase el ‘Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes’». InfoLeg, http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/208688/norma.htm, [consulta: 13/03/2016].

[2] Cristina Pérez. “Lo que se sabe de la misteriosa base que China está construyendo en la Patagonia argentina”. BBC Mundo, 17/03/2016, https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160317_misteriosa_base_china_patagonia_argentina_lb , [consulta: 18/03/2016].

[3] “Sapag dijo que ‘es imposible la utilización militar’ de la estación espacial China”. Tu Noticia, 09/09/2014, https://www.tunoticia.com.ar/sapag-dijo-que-es-imposible-la-utilizacion-militar-de-la-estacion-espacial-china/, [consulta: 11/04/2016].

[4] “Sapag recibió a funcionarios chinos”. Neuquén Informa, 09/09/2014, https://www.neuqueninforma.gob.ar/sapag-recibio-a-funcionarios-chinos/, [consulta: 11/04/2016].

[5] Ídem.

[6] Martín Dinatale. “Un documento de China reavivó la polémica por la base espacial de Neuquén”. La Nación, 15/06/2015, [consulta: 18/07/2016].

[7] “Alertan por la instalación de una estación espacial china en la Argentina”. Infobae, 03/09/2014, https://www.infobae.com/2014/09/03/1592200-alertan-la-instalacion-una-estacion-espacial-china-la-argentina/, [consulta: 18/07/2016].

[8] Ídem.

[9] Ídem.

[10] Ídem.

[11] “Los Acuerdos con China. Las urgencias como camino para perder soberanía”. Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), 13/02/2015, https://ipypp.org.ar/2015/02/13/los-acuerdos-con-china-las-urgencias-como-camino-para-perder-soberania/, [consulta: 20/07/2016].

[12] “Se declararon en huelga los obreros que construyen la estación espacial china en Neuquén”. El Cronista, 19/02/2015, https://www.cronista.com/economiapolitica/Se-declararon-en-huelga-los-obreros-que-construyen-la-estacion-espacial-china-en-Neuquen-20150219-0114.html, [consulta: 12/03/2016].

[13] “Denuncian despidos donde se construye estación espacial china”. Noticias Argentinas, 22/06/2015, https://noticiasargentinas.com/economia/denuncian-despidos-donde-se-construye-estacion-espacial-china-n35304 , [consulta: 12/03/2016].

[14] Aurelio Tomás. “Preocupación del Gobierno por la construcción de otra base de China en territorio argentino”. Perfil, 04/05/2016, https://www.perfil.com/noticias/politica/preocupacion-del-gobierno-por-la-construccion-de-otra-base-china-0503-0052.phtml, 06/05/2016].

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