Agustín Saavedra Weise*

Ahora que han concluido los alegatos orales de Bolivia y Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya y mientras se espera la sentencia de ese alto Tribunal, ha llegado la hora de imaginar escenarios realistas sobre la base del camino que eventualmente abra para Bolivia el tan esperado fallo, culminación del proceso legal iniciado por nuestro país en abril de 2013.

Si la CIJ interpreta los compromisos asumidos por Chile ante Bolivia como parte de conversaciones o negociaciones bilaterales que terminaron fallidas y no tienen carácter obligatorio, triunfaría la posición chilena. Ningún boliviano o boliviana desea que esto suceda, pero más allá de gustos o disgustos y por encima del excelente trabajo de nuestra delegación, es una posibilidad que merece consideración. Por el contrario, de considerar la CIJ las ofertas chilenas para superar la mediterraneidad de Bolivia como promesas formales, obviamente nuestro país ganaría el pleito. Recordemos que la base sustancial de la demanda nacional pide a la Corte que ratifique la obligación que tiene Chile de negociar el acceso soberano de Bolivia al mar sobre la base de sus compromisos del pasado. No podemos descartar —finalmente— la posibilidad de un dictamen con matiz político o “salomónico”; cursan varios antecedentes en el Palacio de la Justicia sobre la materia. De todas maneras y sea cual sea la posición final de la CIJ, los fallos de ese alto Tribunal que forma parte de la Organizaciòn de las Naciones Unidas (ONU) están para cumplirse. Bolivia así se ha comprometido. Chile, por su lado, ha dado a entender que podría “no cumplir” lo que determine la CIJ en caso de “verse afectada” su soberanía. Al respecto, vale la pena recordar que, si una de las partes no acata el fallo, la otra parte puede elevar su reclamo ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Estamos seguros que el gobierno de Santiago no querrá verse en esa incómoda situación en el caso de ser la sentencia favorable para Bolivia. Lo más probable es que Chile la cumpla, aunque sea a regañadientes. Y aquí es donde vienen los posibles escenarios de negociaciones concretas.

Ab initio, vale el reiterar que Chile y Bolivia deberán continuar juntos —lado a lado y para siempre— por el poderoso imperio de la geografía. Más allá del fallo, consecuentemente, Chile y Bolivia tendrán que retomar la serena senda del diálogo en procura de lograr entendimientos constructivos. No les queda otra alternativa.

Si bien nadie discute que lo mejor que Chile le ofreció a Bolivia hasta ahora está contenido en el Oficio 686 del 19 de diciembre de 1975 de su Ministerio de Relaciones Exteriores, debe admitirse que las realidades geopolíticas han cambiado en forma sustancial. En aquella oportunidad Chile ofreció un corredor al norte de Arica y hasta la Línea de la Concordia, su límite con el Perú. En la propuesta se establecían las coordenadas precisas de latitud y longitud. La cesión territorial incluía el mar territorial, zona económica y el espacio de plataforma submarina comprendido entre los paralelos de los puntos extremos de la costa ofrecida. Chile descartaba cualquier otro tipo de cesión que pudiera afectar su continuidad territorial. Por otro lado, la cesión ofrecida estaba sujeta a un canje simultáneo de territorios por una superficie equivalente como mínimo al área de tierra y mar que se le ofrecía a Bolivia. Asimismo, Bolivia autorizaría que Chile utilice al 100% las aguas del río Lauca y la zona cedida sería totalmente desmilitarizada. A partir de allí surgieron las famosas “aristas”. Éstas pasaron a ser tema de negociación con Bolivia mientras Chile consultaba con el Perú el acuerdo previo entre ellos, estipulado por el Protocolo Complementario al Tratado de Lima del 3 de junio de 1929.

El entonces presidente de Chile, general Augusto Pinochet Ugarte, era un estudioso de la geopolítica e inclusive escribió un libro sobre la materia. En función de las circunstancias del momento en que se negociaba con Bolivia, es razonable pensar que —en ese entonces— ni él ni el alto mando chileno deseaban tener frontera común con el Perú. Temían al revanchismo latente en ese país y que crecía al acercarse el centenario del inicio de la Guerra del Pacífico. Los militares chilenos deseaban minimizar —o reducir— sus potenciales zonas de conflicto, máxime porque en esa época (1976) Su Majestad Británica no había emitido aún el laudo arbitral sobre el Canal del Beagle e islas adyacentes (Picton, Lennox y Nueva). Como es sabido, al conocerse dicho laudo la Argentina lo rechazó y al poco tiempo ambos países estuvieron a punto de ir a la guerra. El conflicto se evitó a fines de 1978 con la aceptación de la mediación papal por las partes. Al final, lo determinado por el Pontífice Juan Pablo II prácticamente ratificó el laudo emitido en Londres. Por el peso moral de la Iglesia y el compromiso asumido, el gobierno militar argentino tuvo que aceptar la decisión papal, exigiendo sólo la limitación de los alcances marítimos: Chile hacia el Pacífico y Argentina hacia el Atlántico. Pocos años después, ya en democracia y durante la administración de Carlos Menem, se solucionaron casi totalmente las cuestiones limítrofes chileno-argentinas; sólo quedó pendiente el asunto relativo a los hielos continentales y que permanece en carpeta hasta nuestros días.

Cuarenta y dos años después, en este 2018, la situación geopolítica en la región es radicalmente distinta a la de 1976. Entre Argentina y Chile no existe hoy ninguna posibilidad de conflicto y con Perú las relaciones de Santiago han mejorado muchísimo en los últimos años. Por tanto, ambas naciones desean actualmente mantener sus contactos territoriales y sus fronteras. Esto es algo que Bolivia deberá considerar con absoluta objetividad. No siempre las oportunidades del pasado son validas en el presente.

La negociación de Charaña se vino al suelo cuando Chile declinó considerar la propuesta peruana del 19 de noviembre de 1976. Por su lado, el mandatario boliviano Hugo Banzer Suárez abogó en su mensaje público de fines de año en contra de la soberanía compartida que propuso Torre Tagle en la parte final del corredor ofrecido por Chile a Bolivia y solicitó que esa propuesta quede sin efecto. Al mismo tiempo, pidió a La Moneda que abandone su exigencia de canje territorial. No hubo respuesta de ninguna de las partes aludidas a este ejercicio de diplomacia pública del general Banzer y a partir de ese momento las negociaciones prácticamente se paralizaron. Durante 1977 surgieron varios encuentros y conversaciones, pero no se pudo avanzar más. Finalmente, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile el 17 de marzo de 1978, situación vigente hasta estos momentos.

Como lo escribí en su época (1978), Chile estaba obligado a negociar con Perú hasta lograr el «acuerdo entre ellos” prescrito por el Protocolo Complementario. Ese documento no reza «sí» o «no», expresa claramente «acuerdo”; eso implica lanzar propuestas y contrapropuestas hasta llegar (o no) a un punto de entendimiento. La tal «declinación» por La Moneda de considerar la propuesta peruana de noviembre de 1976 fue una forma cómoda de Chile para zafar de todo y como Bolivia no insistió ni propuso mayores alternativas viables, poco a poco el proceso decayó hasta concluir en fracaso. Esa fue la real realidad. Por lo hasta aquí expresado, la salida por el norte de Arica ya no es viable. Reitero: los tiempos geopolíticos ya no son los mismos de cuatro décadas atrás; Chile quiere ahora retener su frontera con Perú, en 1976 no deseaba tenerla más.

En definitiva y en lo que hace a la potencial negociación marítima entre Bolivia y Chile, en mi modesta opinión creo que a esta altura mientras menos actores participen, mejor. El proceso debe quedar confinado entre las dos partes directamente involucradas, máxime por que una salida al mar en el extremo norte (territorio ex peruano) como la ofrecida en 1975 hoy en día prácticamente no es posible debido a que tanto Lima como Santiago desean preservar su actual frontera común. Es por estas circunstancias del presente que favorezco una negociación bilateral con Chile. Lo trilateral, implicando a Perú, sólo traerá complicaciones y retardos, máxime si la salida por las cercanías de Arica ya no es viable. La única posible solución a futuro que percibo en la presente coyuntura es un enclave sobre el Pacífico con un complejo ferrovial de plena servidumbre de paso —similar a lo que se comenta fue ofrecido años atrás y en privado por el presidente chileno Ricardo Lagos— sólo que ahora ese enclave sería soberano, sería boliviano, claro que sujeto a los aportes que Bolivia ofrezca y que La Moneda acepte. Esos aportes pueden ser en recursos naturales, en territorio, o entregados de otras imaginativas maneras, En fin, eso será parte de una negociación inteligente capaz de alcanzar convergencias positivas para ambos estados. No hay nada de malo en un enclave si éste es soberano. La falta de continuidad territorial no representa óbice. Rusia tiene Kaliningrado y Estados Unidos, Hawai, Alaska, Puerto Rico e islas Guam. Además, ese enclave deberá transformarse en un complejo industrial y zona turística, ya que bien podemos continuar usando los puertos chilenos, claro que acordando mejores condiciones. Un complejo portuario moderno tiene costos prohibitivos. Hay que pensar con racionalidad en todos estos factores y dejar emocionalidades a un costado. Pero eso, como se dice usualmente, será parte de otra historia.

* Diplomático de carrera (R) y ex Canciller del Estado – Economista y politólogo. www.agustinsaavedraweise.com

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