EL REPARTO DE LOS PECES. ES UNA CUESTIÓN DE FE. NO ES UN BIEN NEGOCIABLE

César Augusto Lerena*

Imagen de AnnRos en Pixabay 

Se largó la campaña electoral y las PASO demostraron en detalle, el humor y las necesidades de la gente. El gobierno después de casi cuatro años de decirnos que ”este es el camino” llevó a los argentinos al barranco que, era lógico imaginar (a pesar de las encuestas) con un 35% de pobreza, 7% de indigencia, 10,1% de desempleo y una inflación anual del 54% y acumulada en 2019 del 25% que empobrece a la cada vez más angustiada clase media.

La fe mueve montañas (Mateo 17:20) y, es lo que han tenido los argentinos estos años, ante la promesa del presidente de reducir a cero el hambre y la inflación con “el mejor equipo en cincuenta años”. Pidió que se lo juzgue y las PASO dictaron su veredicto, democrático y final.

Ante tal incomprensión (¿?), los gobernantes, declarando que habían escuchado el mensaje, salieron en desordenada carrera a tratar de revertir el resultado electoral (El síntoma), no a darle bienestar a la gente (Curar la enfermedad) y, es ahí, donde quedó al desnudo la verdad: no había equipo, no era el mejor, no había plan ni senda que transitar.

Y, en las oscuras sombras de esa derrota —como suele ocurrir— los que se abrazaron y se sacaron fotos con cuanto funcionario de gobierno hubiese; los que se reunían en amplias mesas de directorio para mostrar una imagen de consenso; los que acompañaron normas antidemocráticas para mezquinos fines personales y, hasta los que pusieron a disposición de los spots publicitarios de campaña un inexistente desarrollo nacional; los mismos, dotados de garrochas inconmensurables saltaron a abrazarse presurosos a las muy probables nuevas autoridades nacionales, provinciales y barriales. Y hubo fotos, como es lógico.

El sector pesquero no es la excepción. Y, empezó la promoción del futuro subsecretario de pesca, como si se tratase de un método mercantil de ir con plata y comprar un sillón. El gobierno se dio cuenta, tarde y mal, pero se apioló, pero, estos promotores, todavía no han caído, de que no se trata de imponer un señor que los represente y resuelva según sus intereses, sino que la hora dramática exige, poner al sector a contribuir con su cuota parte, a paliar esta gran crisis nacional, a través de agregar valor a las materias primas, generar empleo registrado, contribuir a disminuir el hambre de los argentinos y dar sustentabilidad económica, biológica y social a la actividad.

El próximo gobierno no solo quiere transitar ese camino, sino que es el único camino posible para sacar a la Argentina de la pobreza, la desocupación y el desencanto.

El sector pesquero no necesita un apoderado en la Subsecretaría de Pesca, sino un proyecto sustentable; dicho con énfasis: económico, social y biológico, que, han sido incapaces de diseñar y encarnar los que han formado parte del Consejo Federal Pesquero durante años. Si no fuese así, no tendríamos un bajísimo valor agregado en las exportaciones, una disminución sostenida del empleo, depredación y el descarte de ingentes toneladas de proteínas, la extracción de millones de toneladas por parte de buques extranjeros, la expropiación de los recursos provinciales y la aplicación de reglas que perjudican seriamente a las empresas nacionales y extranjeras radicadas en el país.

La Nación no necesita un Subsecretario de Pesca que represente la voluntad y los negocios de un mandante, necesita de Secretarios de Pesca provinciales fuertes que administren sus recursos provinciales y un Subsecretario Nacional que coordine las acciones y fije las políticas nacionales para dar previsibilidad a la explotación, la industria y el comercio, interviniendo en aquellas cuestiones donde la pesca ocupa un rol protagónico en la Soberanía Nacional en el Atlántico Sur.

Este funcionario y el Consejo Federal Pesquero que preside, deberían:

Cuidar el medio ambiente marino y la biomasa del Atlántico Sur, que además de demostrar a los Estados de Bandera (extranjeros) la vocación nacional de combatir la depredación y contaminación.

Procurar también una explotación sustentable de hidrocarburos, de modo de asegurar un ambiente marino sustentable compatible con la pesca.

Asegurar a las pequeñas empresas la Unidad Económica Pesquera y su Función Social para garantizar la permanencia y desarrollo de las empresas familiares.

Duplicar las exportaciones pesqueras anuales, como resultado de agregar valor a la merluza y al langostino; aumentar las capturas de calamar y agregarle valor, acordar la captura extranjera de 750 mil toneladas sin control argentino en la zona adyacente a la ZEE.

Triplicar la mano de obra directa en la actividad pesquera hoy estimada en 25.000 personas (en blanco) como consecuencia de las mayores exportaciones, el incremento de consumo interno (hoy está en 6kg/año y el promedio mundial es de 19kg/año), el cambio del modelo extractivo por el industrial, agregando mayor valor a los productos, prohibiendo el descarte y su aprovechamiento industrial.

Contribuir a la reducir del hambre de la niñez y adolescencia cubriendo las necesidades proteicas diarias de tres millones de niños y adolescentes diarios todo el año, con motivo del desembarco, proceso industrial y aprovechamiento de las 300 mil toneladas que se descartan por año, ajustándose a las exigencias de descarte cero que la Unión Europea aplica desde 2014 y la Ley 24.922 exige desde 1998.

Definir los ámbitos de aplicación de la legislación nacional y federalizar los recursos pesqueros para devolverle los recursos originarios a las provincias, generando una mayor radicación poblacional e industrial, con la consiguiente generación de empleo y riqueza.

Aumentar la ocupación del Atlántico Sur con barcos nacionales en la Alta Mar, con motivo de los incentivos a la flota argentina para pescar en esta área.

Reducir todos los derechos e incentivar la captura del calamar para darle competitividad a esta flota frente a los subsidios que recibe la flota extranjera y, al mismo tiempo, provocar una menor captura de esta especie por parte de los buques extranjeros licenciados por el gobierno ilegal de Malvinas.

Ampliar el interés de los argentinos en la problemática marítima y pesquera derivada de un mayor consumo de esta especie, de la mayor afectación de fondos para la capacitación de los consumidores y difusión de las bondades del pescado en la salud.

Mejorar la calificación del personal y consecuente eficiencia en el trabajo y calidad de los productos como consecuencia de afectación de más fondos a la capacitación de operarios y técnicos.

Desalentar la presencia de buques extranjeros en el Atlántico Sur como consecuencia de una mayor presencia de fuerzas armadas y de seguridad en el mar, otorgándoles una mayor cantidad de fondos y, de promover acuerdos con empresas nacionales que les permitan menores costos operativos, disminuyendo el interés en las licencias ilegales británicas por parte de buques extranjeros con motivo de mejores condiciones económicas y operativas para las capturas asociados a empresas nacionales.

Ampliar la distribución de los recursos pesqueros de dominio del Estado para generar un mayor desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Renovar la flota pesquera obsoleta, en especial los 240 buques que a 2019 se consideran que han cumplido la vida útil, como consecuencia de la afectación de mayores fondos para construcción nacional y la disposición de medios financieros y otras facilidades previstas en la Ley de Renovación Solanas-Luenzo que se trata en el Congreso de la Nación y, con tal motivo reducir la siniestralidad y los naufragios con pérdidas de tripulantes. Establecer una tabla de vida útil de los buques pesqueros, para sacar los buques de la operatividad en término y evitar naufragios con pérdidas humanas.

Disponer de una Ley Federal y Social de Pesca que promueva el desarrollo pesquero y la sustentabilidad del recurso y, el amparo a todas las reformas que se propician promover una previsión cierta a las inversiones nacionales y extranjeras en la actividad, un desarrollo integral de todos los territorios de la Nación y cumplir con la función social de la explotación de este recurso del Estado.

Mejorar las condiciones de negociación en las empresas nacionales con los buques extranjeros que pescan las especies migratorias argentinas y asociadas en la Alta Mar, a través de facilitar los acuerdos con las empresas locales, al reafirmar la titularidad de Argentina de esos recursos en su condición de país ribereño y titular de sus especies originarias.

Jerarquizar y ampliar el alcance de la misión y funciones de la Subsecretaría para demostrar a los actores de la actividad la vocación del Estado de darle mayor importancia y atención a los asuntos productivos relativos al Atlántico Sur y facilitar al funcionario las negociaciones de acuerdos y la ejecución de los programas de inversión y desarrollo.

Reducir los costos operativos, dándole mayor participación a las Provincias, al sector empresario y gremial en el Consejo Federal Pesquero.

Independizar del poder político la investigación del INIDEP dándole autonomía en las decisiones para asegurar la tarea científica, garantizar los informes sobre el stock biológico y la Captura Máxima Sostenible y, en base a ello, siendo necesario y vinculante, su dictamen previo para el otorgamiento de Cuotas y Autorizaciones de Captura por parte del Consejo Federal Pesquero.

Efectuar un seguimiento en forma continua de todos los proyectos de inversión, radicación industrial, agregado de valor y ocupación de mano de obra etc. a las empresas concesionarias de cuotas y autorizaciones de captura.

Disponer, que si bien las transferencias de los buques, en determinadas condiciones serán posibles, el Estado cobrará todos los derechos relativos a los permisos, cuotas y autorizaciones de captura, evitando la venta entre privados de estas habilitaciones.

Procurar que la Argentina, en su carácter de carácter ribereño, pueda ejercer un mayor control de sus recursos pesqueros en el Atlántico Sur.

Procurar, a través de las acciones y negociaciones pertinentes, que todos los buques que pesquen en la Zona Económica Exclusiva o más allá de esta, sobre los recursos migratorios originarios en la Z.E.E. deberán encontrarse habilitaciones y abonar los correspondientes derechos.

Sancionar a todos los buques que con o sin licencia ilegal inglesa pesquen en el área de exclusión ilegal británica de Malvinas, por cuanto transgreden las normas argentinas y las Resoluciones de las Naciones Unidas y la CONVEMAR.

Declarar la emergencia pesquera y contra la contaminación marina en el Atlántico Sur para favorecer el control de la pesca ilegal en el Atlántico Sur y, para favorecer las negociaciones entre empresas y llegar a acuerdos de explotación de los recursos.

Concretar nuevos Acuerdos con Uruguay que dificulten las operaciones de buques extranjeros en el Atlántico Sur y posibiliten una integración rioplatense para defensa del Atlántico Sur y, con la República de Chile de modo de favorecer la realización de actividades económicas en el área austral bioceánica.

Procurar la adhesión de todos los países de América del Sur al Tratado Antártico y la firma de un acuerdo de transformación del Continente Antártico en la “Reserva Ambiental, Científica, Acuífera y Alimentaria de Latinoamérica” puede visibilizar las acciones de Argentina sobre la Antártida y el Océano Austral.

No se necesita promover con cualquier subterfugio, al futuro Subsecretario de Pesca, se necesita un plan que cambie definitivamente el rumbo y contribuya a la grandeza de la Nación y al Bienestar de su pueblo. Y, mientras tanto, por favor, no más medidas que hagan más insustentable la actividad.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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