Marcos Kowalski*
Podríamos definir la Defensa Nacional como un conjunto de previsiones y acciones que el gobierno debería generar y ejecutar permanentemente para lograr la seguridad de la Nación y proteger sus objetivos estratégicos.
La Defensa Nacional está consagrada en la Constitución de la Nación Argentina[1] en su preámbulo, donde dice “proveer a la defensa común” tiene como marco jurídico la Ley N° 23.554 que en su art. 2° dice “La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.”[2]
Debería tener por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.
Es un tema que debería comprometer la participación de todos los argentinos, como está previsto en la Constitución de la Nación Argentina en su artículo 21 que nos dice “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional.”[3]
Sin embargo, como muchos otros enunciados constitucionales, parece ser desatendido por las autoridades que deberían proveer su aplicación. En el caso de la Defensa nacional particularmente, tal como lo venimos publicando en estas mismas páginas[4] desde hace tiempo, no solo no se cumple lo establecido en la CN y la ley de defensa, sino que se ha venido propiciando la indefensión sistemática de nuestra Patria.
Esta indefensión de la Argentina es producto de una serie de factores externos, pero principalmente internos y directamente relacionados con los grupos políticos que vienen accediendo a gobernar al país, grupos que hoy se han constituido en una casta política de privilegiados, transformando a gran parte de la población en una clientela mendicante.
La degradación de Argentina es vieja, como podemos observar con la alineación por lo mediocre en materia educativa que se viene realizando desde los años 60 del siglo XX o incluso antes, pero el proceso de desarme, es un tema que comienza con el advenimiento de la democracia y se viene aplicando en forma progresiva en todas las administraciones desde entonces.
No resulta menor mencionar que se destruyó, más allá de las declamaciones, a veces pomposas de los políticos de turno, la estructura militar industrial, que construyó sistemas de armas de punta de los años 80 del siglo XX. Como el TAM y los submarinos clase TR 1700 y que no ha encarado un proyecto ambicioso en tiempo y recursos desde hace al menos 30 años, con algunas excepciones, como el caso del entrenador Pampa (también proyectado en los 80) o los radares 3D de INVAP en el marco del SINVICA.
Pero lo peor, es el desfinanciamiento encarado en todos los órdenes de la actividad castrense, como el que se produjo con el IAF a partir del 2008 o como los negociados con tierras del Ejército que se pretendía hacer en el año 2016, incluso llegando a extremos de querer destinar una base estratégica de la Fuerza Aérea[5], al negocio comercial, en definitiva, sofocando a las Fuerzas Armadas, con una partida cada vez más reducida del presupuesto nacional.
Recordemos que siempre corresponde al Gobierno del Estado la planificación política de la Nación, pero en los últimos treinta años esa planificación tuvo como estrategia central la construcción de un poder político, por el poder político mismo, sin Estrategia Total y con estrategias particulares destinadas a consolidar mezquindades de oscuras facciones de partido en detrimento de la comunidad.
En ese marco, todos los gobiernos, de todos los partidos, desatendieron, desorganizaron y fueron desarticulando la Estrategia de Defensa Nacional al punto de dejar sin ningún o escaso material bélico a nuestra Fuerzas Armadas y en un estado de cuasi indefensión a la Republica y sus intereses estratégicos.
Una Fuerza Militar significativa, se forma y consolida con una planificación larga en el tiempo, también se necesita tiempo en desarrollar los procedimientos estratégicos adecuados para su empleo. Pero fundamentalmente necesita ser considerada en la vital importancia que tienen para la Nación por parte de quienes pretenden entrar al servicio de la Patria por la vía política.
Entonces es obvio que estamos ante una casta política que parece más preocupada por su bienestar personal y privilegios, por construir un poder que le permita logros personales y que la gran mayoría de los argentinos no percibe que esté sirviendo al Bien Común, cumpliendo el mandato constitucional, por desconocimiento, ideología, inoperancia, sino operando como agente de intereses contrarios a la Nación y a todos los argentinos.
* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario.
Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos.
Referencias
[1] Constitución de la Nación Argentina, Ley Nº 24.430, Sancionada: diciembre 15 de 1994.Promulgada: enero 3 de 1995.
[2] Ley de Defensa Nacional Nº 23.554, fue sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de abril de 1988 y promulgada por el poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto Nº 523 del 26 de abril de 1988.
[3] Art. 21 de la Constitución nacional Argentina: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional”.
[4] En varios artículos publicados en https://saeeg.org/
[5] En la Base Aérea del Palomar de la FAA y cede de la I° Brigada Aérea, destinada al transporte aéreo estratégico, se instalaron compañías de aviación civiles, con el propósito de trasladar la brigada aérea.
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