DEFENSA NEGOCIOS Y DESARME

Marcos Kowalski*

Podríamos definir la Defensa Nacional como un conjunto de previsiones y acciones que el gobierno debería generar y ejecutar permanentemente para lograr la seguridad de la Nación y proteger sus objetivos estratégicos.

La Defensa Nacional está consagrada en la Constitución de la Nación Argentina[1] en su preámbulo, donde dice “proveer a la defensa común” tiene como marco jurídico la Ley N° 23.554 que en su art. 2° dice “La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.”[2]

Debería tener por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

Es un tema que debería comprometer la participación de todos los argentinos, como está previsto en la Constitución de la Nación Argentina en su artículo 21 que nos dice “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional.”[3]

Sin embargo, como muchos otros enunciados constitucionales, parece ser desatendido por las autoridades que deberían proveer su aplicación. En el caso de la Defensa nacional particularmente, tal como lo venimos publicando en estas mismas páginas[4] desde hace tiempo, no solo no se cumple lo establecido en la CN y la ley de defensa, sino que se ha venido propiciando la indefensión sistemática de nuestra Patria.

Esta indefensión de la Argentina es producto de una serie de factores externos, pero principalmente internos y directamente relacionados con los grupos políticos que vienen accediendo a gobernar al país, grupos que hoy se han constituido en una casta política de privilegiados, transformando a gran parte de la población en una clientela mendicante.

La degradación de Argentina es vieja, como podemos observar con la alineación por lo mediocre en materia educativa que se viene realizando desde los años 60 del siglo XX o incluso antes, pero el proceso de desarme, es un tema que comienza con el advenimiento de la democracia y se viene aplicando en forma progresiva en todas las administraciones desde entonces.

No resulta menor mencionar que se destruyó, más allá de las declamaciones, a veces pomposas de los políticos de turno, la estructura militar industrial, que construyó sistemas de armas de punta de los años 80 del siglo XX. Como el TAM y los submarinos clase TR 1700 y que no ha encarado un proyecto ambicioso en tiempo y recursos desde hace al menos 30 años, con algunas excepciones, como el caso del entrenador Pampa (también proyectado en los 80) o los radares 3D de INVAP en el marco del SINVICA.

Pero lo peor, es el desfinanciamiento encarado en todos los órdenes de la actividad castrense, como el que se produjo con el IAF a partir del 2008 o como los negociados con tierras del Ejército que se pretendía hacer en el año 2016, incluso llegando a extremos de querer destinar una base estratégica de la Fuerza Aérea[5], al negocio comercial, en definitiva, sofocando a las Fuerzas Armadas, con una partida cada vez más reducida del presupuesto nacional.

Recordemos que siempre corresponde al Gobierno del Estado la planificación política de la Nación, pero en los últimos treinta años esa planificación tuvo como estrategia central la construcción de un poder político, por el poder político mismo, sin Estrategia Total y con estrategias particulares destinadas a consolidar mezquindades de oscuras facciones de partido en detrimento de la comunidad.

En ese marco, todos los gobiernos, de todos los partidos, desatendieron, desorganizaron y fueron desarticulando la Estrategia de Defensa Nacional al punto de dejar sin ningún o escaso material bélico a nuestra Fuerzas Armadas y en un estado de cuasi indefensión a la Republica y sus intereses estratégicos.

Una Fuerza Militar significativa, se forma y consolida con una planificación larga en el tiempo, también se necesita tiempo en desarrollar los procedimientos estratégicos adecuados para su empleo. Pero fundamentalmente necesita ser considerada en la vital importancia que tienen para la Nación por parte de quienes pretenden entrar al servicio de la Patria por la vía política.

Entonces es obvio que estamos ante una casta política que parece más preocupada por su bienestar personal y privilegios, por construir un poder que le permita logros personales y que la gran mayoría de los argentinos no percibe que esté sirviendo al Bien Común, cumpliendo el mandato constitucional, por desconocimiento, ideología, inoperancia, sino operando como agente de intereses contrarios a la Nación y a todos los argentinos.

* Jurista USAL con especialización en derecho internacional público y derecho penal. Politólogo y asesor. Docente universitario.

Aviador, piloto de aviones y helicópteros. Estudioso de la estrategia global y conflictos.

Referencias

[1] Constitución de la Nación Argentina, Ley Nº 24.430, Sancionada: diciembre 15 de 1994.Promulgada: enero 3 de 1995.

[2] Ley de Defensa Nacional Nº 23.554, fue sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de abril de 1988 y promulgada por el poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto Nº 523 del 26 de abril de 1988.

[3] Art. 21 de la Constitución nacional Argentina: “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional”.

[4] En varios artículos publicados en https://saeeg.org/

[5] En la Base Aérea del Palomar de la FAA y cede de la I° Brigada Aérea, destinada al transporte aéreo estratégico, se instalaron compañías de aviación civiles, con el propósito de trasladar la brigada aérea.

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LA 4° CENTRAL NUCLEAR Y LA NEGOCIACIÓN CON CHINA

 

 

 

¡La tecnología CANDU no se rinde! Y en las últimos días se calentó la polémica. Hace dos semanas Antúnez, Barceló y Kreiner -3 nombres que simbolizan la historia nuclear argentina de las últimas décadas- plantearon en este portal que no había futuro en abandonar esa historia.

El sábado pasado Alfredo Caro, otro físico e ingeniero con impresionantes credenciales descartó esa tecnología, y el uranio natural, basado en razones económicas.

Y ahora Fernando Krakowiak, en la página de EconoJournal, recoge las banderas de esos 3 mosqueteros del CANDU. Reproducimos su nota, y, al final, agregamos una breve observación de AgendAR.

“La construcción de la cuarta central nuclear volvió a la agenda oficial de la mano de las presiones chinas para apurar la firma del contrato que ambos Estados vienen negociando desde hace seis años. El gigante asiático busca venderle al país un reactor PWR de uranio enriquecido y agua liviana que demandará una inversión de 7800 millones de dólares y, luego de 6 años de construcción, aportará a la red unos 1000 MW. La fecha tentativa para firmar el contrato es en noviembre y en el gobierno hay preocupación porque una mala decisión puede condicionar la matriz energética nada menos que durante los próximos 60 años, período de vida útil de la central. 

Dudas oficiales

Son varios los funcionarios que no están convencidos de realizar semejante inversión para un proyecto llave en mano por una tecnología que Argentina no controla y, por lo tanto, la vuelve dependiente de proveedores extranjeros de insumos críticos, como son los combustibles de la central.

Sin embargo, el tema es delicado porque China es la segunda potencia económica mundial, el principal socio comercial del país, aportó 18.500 millones de dólares a las reservas a través de un swap de monedas renovado recientemente y desde hace tiempo viene promoviendo la construcción de este reactor, como parte de su desembarco estratégico en América Latina.

  • El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, recibieron hace diez días a José Luis Antúnez, ex presidente de Nucleoeléctrica, a Andrés Kreiner, investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y a Gabriel Barceló, del Instituto de Energía Scalabrini Ortíz (IESO), para conversar sobre el proyecto.

La convocatoria surgió luego de que esos tres especialistas distribuyeran un documento, firmado también por Eduardo Barreiro del IESO, donde advertían sobre los riesgos que supuso la decisión del gobierno de Mauricio Macri de abandonar el proyecto de construcción de una central de agua pesada y uranio natural de tecnología Candu. Lo que decidió el entonces presidente fue avanzar solo con la compra llave en mano a China de un reactor de agua a presión (PWR, según las siglas en inglés) que utiliza uranio enriquecido como combustible y agua liviana como moderador y refrigerante, modelo Hualong One. 

El informe del IESO

El informe de IESO señala que la energía es un bien estratégico para asegurar la soberanía económica y advierte que seguir adelante sólo con la construcción del reactor Hualong “sería la peor de las alternativas posibles”.

  • La clave del negocio nuclear son los combustibles, más que las centrales. Argentina domina el ciclo completo del combustible de uranio natural ya que ha trabajado cincuenta años con esa tecnología. La mejor prueba de este conocimiento es que completó hace poco la extensión de vida de Embalse, con Nucleoeléctrica como arquitecto-ingeniero del proyecto, para que funcione otros 30 años. Sin embargo, en el caso del combustible de uranio enriquecido el país depende de la importación y las principales potencias mundiales suelen dificultar al máximo la posibilidad de que nuevas naciones se vuelvan autosuficientes en este campo. Esto es porque las tecnologías de enriquecimiento de uranio sirven para obtener combustibles para reactores de electricidad, pero también para la fabricación de explosivos.

El informe de IESO deja entrever además que la decisión de Macri es funcional no sólo al gigante asiático sino también a Estados Unidos.

  • “Esta permisividad para el proyecto nuclear por parte del gobierno de Cambiemos nos invita a analizar con cuidado la opción resultante. La hipótesis más razonable parece ser que la compra en estas condiciones de una central china de uranio enriquecido es funcional a las intenciones de los Estados Unidos para Argentina”, sostienen los autores.
  • “Históricamente el Hegemón buscó privar a nuestro país de la capacidad autosuficiente en materia nuclear para lo cual la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada) es una pieza sine qua non. Y efectivamente será así, si Argentina pierde su línea tecnológica autónoma quedará sometida a la voluntad de las grandes potencias que tienen la tecnología de enriquecimiento”, agregan.

Los especialistas incluso recordaron en el documento que Cambiemos tuvo como Director Nacional de Evaluación y Supervisión de Proyectos Nucleares, dentro de la subsecretaría de Energía Nuclear, a Sergio Rodrigo Cabado, un abogado miembro del Colegio de Abogados de Nueva York y de Miami.

  • “Es decir, un abogado ligado al sistema de justicia de Estados Unidos tenía a su cargo la evaluación y supervisión de los proyectos nucleares argentinos”, subrayan.

Más allá de cuál es la postura de Estados Unidos sobre este contrato y de la dificultad potencial para acceder al combustible, en el gobierno dudan fundamentalmente por el costo que tiene la central y el escaso derrame que provocaría un proyecto llave en mano.

  • “La energía nuclear la entiendo como parte de un plan de desarrollo tecnológico, pero no nos queda claro qué aporta la central china a ese plan”, aseguró una fuente oficial.

Los acuerdos iniciales

El 18 de julio de 2014, el entonces ministro de Planificación, Julio de Vido, dio el puntapié inicial al acuerdo nuclear con China al firmar con el director de la Administración Nacional de Energía de ese país, Xu Xinxiong, un convenio de cooperación para la construcción de una cuarta y una quinta central.

  • A partir de entonces, se comenzaron a negociar los detalles y el 15 de noviembre de 2015 ambos países le pusieron la firma a los convenios técnicos y comerciales de Atucha III en la ciudad turca de Antalya. Además, en aquel encuentro se acordó la versión final del contrato marco entre Nucleoeléctrica y China Nacional Nuclear Corporation por la quinta central nuclear.

El plan inicial era que Atucha III fuera un reactor de uranio natural y agua pesada para aprovechar la experiencia y los recursos que el país tiene en esa área luego de haber concluido Atucha II. Sin embargo, el interés principal de los chinos era venderle al país su reactor PWR de uranio enriquecido y agua liviana. Producto de la negociación, el acuerdo contempló financiamiento chino para la construcción de una cuarta central de uranio natural y agua pesada de 760 MW y una quinta de uranio enriquecido y agua liviana de 1000 MW. 

La renegociación macrista

El inicio de la obra estaba previsto para 2016, pero luego del cambio de gobierno el ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó que durante ese año no habría novedades porque se estaban revisando los contratos. Como parte de esa revisión, proponían avanzar primero con la central que menos interés les generaba a los chinos y postergar dos años la obra del PWR.

La negociación siguió adelante sin avances significativos hasta que en junio de 2018, luego de haber ido a pedir la ayuda del FMI para no caer en default, Aranguren, aseguró que las centrales no iban a construirse debido a la delicada situación fiscal que atravesaba el país.

  • “Teníamos en carpeta dos centrales adicionales, la cuarta y la quinta central, que respondían a un memorando de entendimiento que se había firmado en 2014 con China. Nosotros también firmamos otro memorando. Ahora bien, una inversión de un orden de magnitud de 14.500 o 15.000 millones de dólares en la actual situación fiscal que tiene la Argentina nos obliga a ser prudentes. Por lo tanto, le hemos propuesto al gobierno chino suspender o postergar la construcción de la cuarta y la quinta central”, aseguró en el Foro Latinoamericano de Energía que se realizó en Bariloche, días antes de ser despedido.

Luego la negociación con China siguió adelante, pero sorpresivamente se dejó de lado la central Candu y se decidió avanzar solo con la central Hualong, con el apoyo incluso de varios directores de Nucleoeléctrica. De hecho, hasta el día de hoy directivos de la empresa nuclear estatal insisten con la conveniencia de firmar el contrato con China para la central llave en mano, postura que también cuenta con el respaldo del secretario de Energía, Sergio Lanziani, aunque el papel que juega el funcionario dentro del esquema de decisiones del gobierno es meramente decorativo.

Aquellos que promueven la central Hualong incluso llegaron a justificarlo con un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, conocido como FODA, aunque algunos en el sector nuclear maliciosamente dicen que fue una «JODA». Como parte de la defensa del proyecto, prometen que la central tendrá una integración local del 40%, pero Atucha I fue llave en mano y tuvo una integración local similar. Desde ese punto de vista, sería como retroceder 50 años.

Una observación de AgendAR:

Esta polémica es —vale el lugar común— enriquecedora. No sólo por acercar al público un campo de la tecnología donde la Argentina tiene logros importantes y proyectos con futuro. Además, nos hace más conscientes del inevitable desafío de la relación con dos grandes potencias que compiten por el predominio tecnológico.

Pero mientras tanto la “comunidad nuclear argentina” —una forma de llamar a las instituciones y a las empresas que emplean a decenas de miles de científicos, técnicos y trabajadores con experiencia— aparece hoy dividida y dispersa en sus intereses. Así, el gobierno —que tiene varios problemas muy urgentes, como es sabido…— deja de lado el tema. O lo negocia con China.

El ministro de Desarrollo Productivo, Kulfas, que ha trazado líneas de trabajo y mantenido infinidad de reuniones, no ha mencionado el tema. Peirano, hace pocos días habló de la “transición energética”, omitiendo también la nuclear. La presidencia de la CNEA sigue vacante.

Si la comunidad nuclear, sus instituciones y las empresas del ramo no consiguen armar al menos una lista de prioridades en conjunto, éstas se decidirán en otro lado.

Nota original publicada en AGENDAR https://agendarweb.com.ar/2020/08/19/la-4-central-nuclear-y-la-negociacion-con-china/

“LA DECISIÓN ADOPTADA POR NUESTRA CANCILLERÍA NOS PARECE TOTALMENTE ACERTADA», DIJO MELELLA”

 

 

El pasado lunes la Cancillería Argentina le recomendó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizar un vuelo humanitario que debía llevar a Malvinas 3 isleños que habían ido a tratar su salud a Montevideo. Al mismo tiempo recomendó no autorizar el sobrevuelo por el espacio aéreo de aguas territoriales argentinas que la aerolínea Amaszonas Uruguay tenía previsto efectuar uniendo el principal aeropuerto de las Islas Malvinas y la Capital uruguaya. 

La decisión de no permitir el sobrevuelo por el espacio aéreo argentino para un vuelo que unía Islas Malvinas y Montevideo fue apoyada por el Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, ya que los pasajeros de ese vuelo eran trabajadores de buques pesqueros que operan en aguas circundantes a las Islas Malvinas y Georgias del Sur con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno de las Islas.

La Cancillería observó que, los buques pesqueros de referencia, eran el Loitador (IMO 8512700), de bandera española, y el Argos Froyanes (IMO 9249398), de bandera de Santa Elena, siendo barcos que operan en aguas circundantes a las Islas Malvinas y Georgias del Sur. Ambos lo hacen con licencias otorgadas por el ilegítimo “gobierno” en esos archipiélagos, por lo cual al no poseer licencias emitidas por el Gobierno argentino, están realizando actividades de pesca ilegal.

Además, estos dos buques pesqueros, han violado en reiteradas oportunidades lo establecido por el Decreto 256/10, que establece que “todo buque que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur deberá solicitar una autorización previa”, y cuya autoridad de aplicación es la Prefectura Naval Argentina.

El titular del Ejecutivo fueguino mencionó que “la decisión adoptada por nuestra Cancillería nos parece totalmente acertada, porque el Gobierno Nacional no debe ser funcional a quienes depredan nuestros recursos naturales. Esta es una acción clara en defensa de nuestros intereses y que se alinea perfectamente en la reconstrucción de una política de defensa de nuestra soberanía”, aclarando por su parte que “el vuelo en cuestión tenía la categoría de ‘vuelo humanitario de repatriación’ y eso si fue respetado por la Cancillería, por lo que hay que dejar en claro que son dos cuestiones totalmente distintas una de otra”.

“Creo que con decisiones de este tipo estamos en el buen camino, el Gobierno Nacional marca políticas de Estado claras y es consecuente con ellas, será indudablemente trabajoso recuperar el terreno perdido en los últimos años, pero es hora de que hagamos respetar nuestra soberanía y dejemos en claro que la Causa Malvinas prima sobre cualquier otro interés nacional, porque defender nuestros recursos es defender nuestra soberanía, por eso apoyamos la decisión de nuestra Cancillería, porque con estas acciones lo que se pretende es luchar contra la pesca ilegal, la que depreda nuestros recursos ictícolas en el Atlántico Sur, lo cual afecta a la Nación en general y a nuestra provincia en particular”, destacó el Gobernador Melella.

Nota original publicada en Sur54.com http://www.sur54.com/la_decision_adoptada_por_nuestra_cancilleria_nos_parece_totalmente_acertada_dijo_melella