GUAYANA ESEQUIBA: NADA DE AQUIESCENCIA Y MENOS ESTOPPEL

Abraham Gómez R.*

La conocida controversia la hemos venido sosteniendo y la cual no nos cansaremos de explayar y defender con valederos alegatos en cuanto escenario se presente, frente a los absurdos argumentos de la contraparte de que hay un Laudo Arbitral definitivamente firme y ejecutoriado.

Tenemos bastantes títulos históricos, cartográficos y jurídicos plenamente vigentes que nos favorecen, siempre y cuando estemos dispuestos a probar en la Corte, lo que en justicia nos corresponde.

Comencemos por dejar sentado, suficientemente, que el Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966 (próximo a sus 56 años) viene a ser —en este preciso momento— el único instrumento jurídico, donde “está vivo” y reconocido este pleito centenario, y en el cual se sintetiza la esencia de nuestro reclamo. Agreguemos, además, como un hecho interesante – a los efectos del Derecho Internacional Público- que en el propio contenido del precitado documento se pone en tela de juicio y se cuestiona el Principio de intangibilidad de la Cosa Juzgada (Res Judicata).

Sin embargo, lo más delicado (y tal vez peligroso) para nosotros en esta reclamación es que actuemos con demasiadas flexibilidades para con la contraparte —adversaria en la Corte— que ha venido, y siempre ha estado dispuesta a todo.

Me permito formular la siguiente observación, con severidad, para su permanente consideración: la Aquiescencia, es decir las permisividades de nuestros gobiernos, nos ha causado daño considerable.

Aquiescencia que se ha deducido, desde hace muchos años, a partir del silencio o la abstención de nuestro Estado ante los hechos o actos del Estado guyanés, que han sido susceptibles de modificar la situación jurídica existente.

Debemos evitar —en todo momento y circunstancia— la Aquiescencia o consentimiento tácito; con la cual Guyana alardea de un dominio y soberanía artificiosas en la zona en conflicto, o que actúe como mejor le plazca; por ejemplo, entregando concesiones a empresas transnacionales a diestra y siniestra; porque, tales permisividades comportan manifestaciones  contraproducentes en nuestra contención, justificada por el vil despojo que nos causaron con el Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899.

Los Esequibistas (así nos hemos dado a conocer quienes estudiamos este asunto litigioso y defendemos esta séptima parte de nuestra geografía) en bastantes ocasiones entregamos públicamente las debidas advertencias a las autoridades de la Cancillería venezolana, en el sentido de que quedarse callados o admitir por omisión lo que la excolonia británica nos sigue perpetrando, o dejar pasar  las denuncias oportunas y contundentes puede llegar a considerarse como silencios cómplices y/o alabanzas imprudentes e inconvenientes en favor de la contraparte.

Otro elemento que debemos tener sumamente presente es el Principio de Estoppel; es decir, casi que un desistimiento del reclamo, algo parecido a no entrar en complicaciones ni consecuencias.

No resulta nada favorable para nosotros ir contra nuestros propios actos; señaladamente caer en Estoppel. Principio jurídico que para el Derecho Internacional se refleja con el enunciado: “Objeción que hace un tribunal internacional, y   que se opone a que un Estado, concernido en un proceso, pueda contradecir una posición que tomó anteriormente, y por la cual la otra parte en el litigio había puesto su legítima confianza y había ya estructurado su contestación”.

Al respecto, atendamos a los siguientes sencillos ejemplos para ampliar la comprensión, de lo que encierra la delicadeza de llegar a incurrir en Estoppel.

 Primer ejemplo: el caso de un trabajador que ha venido alegando malos tratos por parte de quien lo empleó; pero cuando se habilitan los procesos para que se haga justicia; entonces, por su propia iniciativa el empleado prefiere dejar las cosas como si no estuviera sucediendo nada.

Segundo ejemplo: un ciudadano que reconoce voluntariamente (acto de admisión de paternidad) a una persona como hijo, y pretende posteriormente impugnar dicho estado civil.

En nuestro caso. Aquiescencia y Estoppel, ambas perniciosas manifestaciones: la dejadez para denunciar ante la ONU, por extensión a la Comunidad Internacional; y el “coqueteo” o juego imprudente, indecisiones o   improvisaciones que conspiran contra nosotros en los reclamos, que desde hace más de un siglo hemos hecho de la Guayana Esequiba.

Por las declaraciones que vienen ofreciendo las autoridades gubernamentales de la excolonia británica, en los diversos escenarios internacionales, uno va sacando cuenta, aproximadamente, cuáles estrategias han urdido los coagentes guyaneses en la controversia, tanto a lo interno de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde ahora se dirime el pleito; como también en procura de acopiar solidaridades.

En el presente asunto litigioso que tenemos por la Guayana Esequiba, se hace inevadible e inexcusable que afinemos, con suficiente precisión, las palabras que utilicemos para referir todos y cada uno de los factores concurrentes en esta controversia. Que repensemos nuestras conductas y modos de actuar; porque la Parte con la que ahora confrontamos en el Alto Tribunal de La Haya está pendiente de lo más mínimo que decimos o hacemos para utilizarlo procesalmente, en nuestra contra.

En otro orden, deseo manifestar al país que, luego de un reciente recorrido por un sector de la poligonal fronteriza venezolana, —lamentablemente— encontramos precarias condiciones de aislamiento y muchísima pobreza; cuya inmediata consecuencia es un marcado desequilibrio geopolítico; aunque con enormes posibilidades para asegurar geoestrategias.

Corresponde al Estado venezolano, obligantemente, encarar los problemas de todo tipo confrontados en los espacios fronterizos y procurar —con inmediatez— sus respectivas soluciones.

Se sabe suficientemente que en los ámbitos fronterizos se amalgaman las dimensiones humanas, socio-económica, cultural, ética, política, militar, religiosa, estética, etc. generadas a partir de la interactividad que mantienen los habitantes de esos espacios.

Por lo antes dicho, me atrevo a entregar esta reflexión a nuestras autoridades de la Cancillería y demás órganos competentes: “en la aritmética fronteriza venezolana uno más uno nunca es una suma, sino una multiplicación”. Problemas y soluciones se vuelven exponenciales.

La anterior aseveración está basada en que la gente que allí convive –nos consta de muchas maneras– poca o ninguna importancia le da a “la línea, a la raya imaginaria” que como figura geodésica de los Estados colindantes intentan separarlos. Las personas conviven en uno y en otro lado, indistintamente. Tampoco, los habitantes de las fronteras se sientan a esperar las soluciones que enviarían desde el nivel central. La gente busca arreglárselas como pueda, a cualquier precio para su subsistencia. Allí hay otro modo de valorar y vivir.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua.  Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela. Miembro de la ONG “Mi mapa de Venezuela”.

ASPECTOS ÉTICOS RELACIONADOS CON EL CIBERESPACIO: DERECHOS DE AUTOR Y PRIVACIDAD (6)

Giancarlo Elia Valori*

Imagen de Pete Linforth en Pixabay 

En los últimos años, ha habido una tendencia en la ética del ciberespacio hacia la aparición de mecanismos intra-red y sistemas de autorregulación. En particular, en muchos países europeos, los proveedores de servicios de información han comenzado a introducir la autolimitación voluntaria. Por ejemplo, en el Reino Unido, existe una Electronic Frontier Foundation (www.eff.org) independiente, cuyos representantes desarrollan sistemas de calificación para los recursos de Internet, manteniendo un monitoreo constante para recopilar información que infringe las normas morales y legales en los sitios web y, cuando sea necesario, bloquear el acceso a ellos.

Una solución al problema de la calidad de la información proporcionada en Internet probablemente pueda provenir de los medios tradicionales, que en los últimos años se han comprometido cada vez más por adquirir una versión electrónica de sus ediciones impresas o de radio y televisión. Además, ya han surgido periódicos y revistas exclusivamente en línea que, gracias a su enfoque serio y cauteloso, se han ganado la confianza del público en línea. Estas publicaciones pueden desempeñar un papel extremadamente importante a través de protocolos de encuesta ampliamente aplicados; evaluación de publicaciones electrónicas; mantenimiento de la reputación de los medios virtuales; y la supervisión de la aplicación de las normas y principios básicos de la ética periodística profesional en Internet.

Una solución al problema de la calidad de la información proporcionada en Internet probablemente pueda provenir de los medios tradicionales, que en los últimos años se han comprometido cada vez más por adquirir una versión electrónica de sus ediciones impresas o de radio y televisión. Además, ya han surgido periódicos y revistas exclusivamente en línea que, gracias a su enfoque serio y cauteloso, se han ganado la confianza del público en línea. Estas publicaciones pueden desempeñar un papel extremadamente importante a través de protocolos de encuesta ampliamente aplicados; evaluación de publicaciones electrónicas; mantenimiento de la reputación de los medios virtuales; y la supervisión de la aplicación de las normas y principios básicos de la ética periodística profesional en Internet.

Además, debe considerarse el conflicto ético entre el autor (propietario) de un producto de información y el público de Internet, es decir, el análisis de la contradicción entre el deseo de accesibilidad pública de la información recién creada y la necesidad de proteger los derechos de autor.

La aparición del concepto de “derecho de autor” (que data de hace casi trescientos años: la primera ley sobre el tema es el Estatuto de la Reina Ana, que se promulgó en 1709 y entró en vigor el 10 de abril de 1710) se debe a la necesidad de lograr un equilibrio entre los intereses de los creadores de obras originales y las necesidades de la sociedad. Por lo tanto, se basa en dos principios morales no coincidentes y a veces incluso contradictorios: disponer de los frutos del trabajo es una materia natural, por otro lado está el principio del libre acceso universal al conocimiento, que asegura el progreso de la ciencia y el arte y fomenta el libre uso de cualquier información e ideas sin restricciones.

Las tecnologías de comunicación modernas crean posibilidades casi ilimitadas para la posesión personal y la reproducción de información y esto complica enormemente la protección de los derechos de autor. En consecuencia, las leyes y acuerdos internacionales anteriores sobre la protección de la propiedad intelectual son inadecuados y es necesario revisar las ideas tradicionales sobre el derecho de autor.

¿Cómo debería cambiarse la legislación actual para adaptarse a las realidades modernas? Hay dos enfoques conceptuales para resolver este problema. La tendencia generalmente aceptada para mejorar las normas nacionales e internacionales del derecho de la información es ampliar el alcance del derecho de autor y ampliarlo a los tipos electrónicos de información.

Al mismo tiempo, debe enfatizarse que el derecho de autor surge del hecho de crear una obra y no depende de la naturaleza del medio. De ahí que el problema radique en la necesidad de una correcta interpretación de la legislación vigente y en la aplicación de las normas existentes a las nuevas condiciones.

Sin embargo, el punto de vista opuesto, según el cual el cumplimiento de los derechos de autor en Internet ralentiza el desarrollo web e interfiere con su contenido activo, se expresa cada vez más. Los defensores más radicales de este punto de vista argumentan que, dado que el libre intercambio de conocimientos e ideas es la base de la ética de la información, las categorías de derechos de autor no son en principio aplicables a ella y, por lo tanto, Internet debe percibirse como un espacio de información pública en el que se nivela el valor de un texto específico de derecho de autor. Estas ideas han encontrado su encarnación más completa en los principios éticos de los hackers. Tenga en cuenta que la palabra “hacker” se entiende en su significado original y positivo: una persona que utiliza sus habilidades informáticas para explorar los detalles de los sistemas programables y experimenta con cómo extender su uso a todos. El uso despectivo que algunas personas hacen de la palabra no refleja y pertenece a su plena moralidad.

En consonancia con este punto de vista, se propone limitar o incluso eliminar algunas normas de los fundamentos conceptuales del derecho de autor, por ejemplo, autorizar el uso justo y adecuado de las obras originales y, en última instancia, renunciar por completo a la idea de propiedad intelectual.

Es evidente que los orígenes de este enfoque deben buscarse en las ideas de libertad en la red, sobre la base del principio de que la información no debe verse gravada por sistemas legales y/o de autorización. De hecho, incluso aquellos que apoyan la abolición de la propiedad intelectual no están dispuestos a renunciar por completo a los derechos sobre sus obras y eliminar sus nombres de los títulos y, especialmente, de los ingresos y las tasas. Los orígenes de este enfoque se encuentran dentro de la red y este sistema de opiniones parece legítimo en ambas direcciones.

Por lo tanto, está claro que la tarea principal en la formulación de una legislación moderna sobre la información es mantener un equilibrio entre los intereses de los productores de programas informáticos y los recursos de información, por un lado, y los intereses de sus consumidores, por otro. De lo contrario, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación contribuirá a profundizar la desigualdad de la información en la sociedad moderna y a dividir aún más a la sociedad entre los bien informados y los menos informados.

Otro derecho, el derecho a la privacidad, es uno de los derechos más fundamentales: refleja la necesidad humana natural de privacidad, confidencialidad y autonomía, así como de la protección de la propia “esfera personal” de la intrusión externa, y la capacidad de tomar decisiones sin ser espiado y de permanecer uno mismo y mantener la propia individualidad.

No es casualidad que en todos los documentos internacionales que declaran los derechos humanos y las libertades, así como en todos los códigos de ética relacionados con la esfera de la información, la privacidad se proclame como un valor moral fundamental, que constituye el fundamento de la libertad y la seguridad humanas y, por lo tanto, requiere respeto y protección. Es interesante notar que, a diferencia de otros derechos humanos formulados en el siglo XVIII, el derecho a la inviolabilidad de la vida privada ha recibido protección y ser reconocido recientemente en la legislación, es decir, a mediados del siglo 20. Esto puede explicarse precisamente por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, bajo cuya influencia la intrusión en la esfera privada de la persona individual se ha vuelto mucho más fácil.

En particular, a pesar del anonimato declarado de la navegación por Internet, existen tecnologías que permiten recopilar información sobre los comportamientos de los usuarios en la web. La recopilación de dicha información no puede considerarse reprensible, pero solo si se cumplen algunos requisitos y condiciones bastante estrictos. La información debe obtenerse de buena fe, con el conocimiento y consentimiento del interesado (la persona a la que se refiere la información). Debe recopilarse para fines bien definidos que no infrinjan la ley y utilizarse en estricto cumplimiento de los fines establecidos. Debe estar protegido contra el acceso no autorizado y no ser redundante o estar asociado con datos de identificación personal sobre el usuario sin su permiso.

En la práctica, sin embargo, estas reglas no siempre se cumplen. Esto requiere que se encuentren soluciones adecuadas, lo que permite proteger eficazmente la privacidad de los usuarios de Internet de la interferencia no autorizada de las agencias gubernamentales y comerciales.

La creación de ciertos códigos de ética en el campo de la protección desempeña un papel importante para garantizar la privacidad de los usuarios de Internet, la llamada política de privacidad. La política de privacidad es una declaración oficial sobre los términos de uso de los datos personales solicitados a los usuarios de Internet. Como regla general, se publica en la página de inicio del sitio web e incluye una descripción detallada del propósito de la recopilación de información y prácticas: hablé de ello, expresando muchas dudas, en uno de mis artículos anteriores.

La razón de mis dudas es muy simple: quien esté interesado en espiar a terceros paga al creador del software apropiado más que a la organización internacional o gubernamental, o a la única agencia privada, que prevé tarifas muy bajas para el creador de software que debería proteger la privacidad de los ciudadanos. Aquellos que están mejor pagados tienen obviamente más incentivos para desarrollar software espía que el técnico con un trabajo permanente y un salario fijo. Esta es la lógica inmoral del capitalismo.

Por lo tanto, los términos de la política de privacidad también contienen garantías con respecto a la protección de datos personales, que la administración del sitio web asume. En Occidente, la presencia y adhesión de empresas que prevén políticas de privacidad es parte integrante del espíritu del e-business, y se evidencia claramente en los organismos públicos internacionales a través de los cuales se crean certificaciones de los recursos de Internet, informando así a los usuarios de la medida en que sus datos personales están protegidos cuando trabajan con sitios web. Tales ejemplos muestran claramente que la autorregulación es extremadamente efectiva en Internet, mientras dure, por las razones mencionadas anteriormente. Por lo tanto, es de esperar que los internautas se den cuenta de la importancia de la privacidad como valor social y moral (6. fin)

 

* Copresidente del Consejo Asesor Honoris Causa. El Profesor Giancarlo Elia Valori es un eminente economista y empresario italiano. Posee prestigiosas distinciones académicas y órdenes nacionales. Ha dado conferencias sobre asuntos internacionales y economía en las principales universidades del mundo, como la Universidad de Pekín, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Yeshiva de Nueva York. Actualmente preside el «International World Group», es también presidente honorario de Huawei Italia, asesor económico del gigante chino HNA Group y miembro de la Junta de Ayan-Holding. En 1992 fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, con esta motivación: “Un hombre que puede ver a través de las fronteras para entender el mundo” y en 2002 recibió el título de “Honorable” de la Academia de Ciencias del Instituto de Francia.

 

Traducido al español por el Equipo de la SAEEG con expresa autorización del autor. Prohibida su reproducción.

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RESISTENCIA ASIMÉTRICA

Iris Speroni*

El Estado nos sale el doble que durante el siglo XX, pero sin contraprestación alguna.

 

Desde que se instaló la socialdemocracia al frente del gobierno del país, en 1983. No paramos de retroceder.

Habrá quienes sostengan que viene de antes y ofrezcan fechas alternativas. Es válido.

De 1983 subió sin cesar el costo del Estado como proporción del PBI. Esto quiere decir que del total que los argentinos producen año tras año, el 50% se lo llevan los administradores del país (los políticos) para gastar como ellos crean conveniente. La contracara de esto es que de todo lo que producimos nos queda para nosotros solamente el 50% y nos tenemos que arreglar con eso. El tema no es menor, porque la Argentina, para no perder capital (para producir bienes y servicios) necesita reinvertir al menos el 20% de lo que produce. Con lo que los privados o bien nos dedicamos a vivir con el 30% restante y reinvertir el 20% o no reinvertimos nada y nos queda el 50% para vivir; o algo intermedio. Ahora bien, si no invertimos, mínimamente el 20%, cae el capital total y entonces el país cada vez puede producir menos. Que es exactamente lo que sucede. El país no para de decrecer porque la inversión anual no alcanza el nivel de reposición del capital que se amortiza. Por otra parte, un nivel de consumo bajo (con el 50% que nos dejan, tenemos que hacer malabarismos entre invertir y consumir) lleva a una caída general de actividad. Sufren todos aquellos que producen bienes y servicios para el consumo doméstico, porque tienen un público empobrecido.

Lo más paradójico de todo esto es que todos los servicios públicos son peores que décadas atrás. Ahora se quedan con el 50% en lugar del 25% (el standard durante el SXX) y sin embargo los hospitales se caen a pedazos y pagan monedas a médicos y resto del personal; las escuelas necesitan pintura, reparar techos y aberturas, limpieza; no tenemos FFAA; las fuerzas de seguridad necesitan buenos sueldos, entrenamiento, uniformes, hasta balas para practicar tiro. No hablemos de la administración de justicia, que brilla por su ausencia a pesar de los sueldazos de los jueces.

Con el 25% el Estado hacía escuelas; con el 50% no pinta las escuelas que existen. Con el 25% el Estado construía Chocón-Cerros Colorados, Salto Grande y Atucha. Con el 50% actual debe endeudarse para levantar represas en Santa Cruz o ampliar Atucha. Con el 25% teníamos submarinos, cientos de aviones de guerra, miles de argentinos hacían el servicio militar todos los años y teníamos miles de militares profesionales repartidos por todo el país. Con un Estado que cuesta el 50% del PBI anual, los militares ganan miseria, no le dan instrucción militar a los ciudadanos, no tenemos submarinos, tenemos pocos barcos, no tenemos aviones de guerra, interrumpieron la construcción de misiles y la lista continúa. Con 25% teníamos algo parecido a administración de justicia (con fallas), pero los chorros iban presos. Con 50% llenamos de hippies la justicia, y entonces paz y amor con supersueldos y los chorros y asesinos libres.

Con lo cual, el Estado nos sale el doble que durante el SXX, pero sin contraprestación alguna. Ni siquiera mantienen los bienes en las mismas condiciones en que estaban. Lo que existe, se deteriora por falta de mantenimiento. Además los gobiernos kirchneristas (2003-2015) y de Macri se caracterizaron por la venta indiscriminada y acelerada de bienes (propiedad de las FFAA, del FFCC, edificios antiguos y de alta categoría como el que alojaba el Instituto Antártico) y la destrucción del patrimonio cultural arquitectónico de nuestro país. O sea que dándoles un 50% de todo lo que producimos anualmente, reducen el patrimonio común.

Además, nos endeudan, que es la segunda manera de reducir el patrimonio común. El patrimonio es todo lo que uno tiene menos todo lo que uno debe.

Más importante que cuánto gasta el Estado es cuánto nos queda a nosotros. Durante el SXX el Estado se llevaba el 25%. Eso quiere decir que en los bolsillos nuestros nos quedaba el 75% de lo que se producía. Por eso antes un trabajador podía hacerse una casa y ahora no. Por eso se podía ir 10 días a Santa Teresita y ahora no. Tener el 75% en nuestros bolsillos nos permitiría consumir más, invertir en bienes de capital (una camioneta para hacer reparto, un pequeño comercio, herramientas), o en bienes durables (vivienda). Nuestro nivel de vida no para de caer para que ese dinero pase —momentáneamente— a las arcas del Estado, para que luego los políticos y sus amigos se abalancen y se lo repartan entre ellos.

Mientras nosotros estamos cada vez más pobres, los políticos y sus amigos están cada vez más ricos, a niveles impensados cuarenta años atrás.

Se abocaron a una bacanal de saqueo. Es la remuneración por ser interventores del país y no dejarnos levantar cabeza. Tanto los políticos como los “empresarios” amigos acatan cuanta imposición les venga del exterior, con tal de no perder su posición de privilegio.

Podríamos hablar de cómo le regalan la cordillera y el Mar Argentino a los ingleses y españoles o cómo abandonaron la causa Malvinas o cómo destruyeron sistemáticamente la educación o cómo dejan que las empresas nos vendan porquerías bajo el rótulo de alimentos. Son detalles adicionales de la traición.

Lo que importa es que nosotros somos cada vez más pobres mientras vemos que los políticos viven en un lujo soñado décadas atrás no sólo por estos individuos sino por la casta política en general. El país se cae a pedazos y la población se agarra con las uñas a su cada vez más escaso patrimonio, mientras la casta ya no recuerda qué significa trabajar en la economía real, acumula más y más patrimonio y sus integrantes tienen veleidades de millonarios.

Cuando uno los escucha hablar a algunos diputados o senadores, aún a gente que en otra situación es sensata, se da cuenta que:

a) no tienen proyecto de país,

b) no tienen verdadera dimensión de cuán mal están las cosas para el pueblo de a pie,

c) no se les cae una idea de cómo mejorar la situación,

d) no les importa,

e) sólo piensan en continuar la depredación del patrimonio nacional para su beneficio personal,

f) con tal de seguir en el puesto aceptan cualquier cosa (g. el aborto impuesto desde el exterior, v.g. que el CELS y Amnistía Internacional fueran los censores de los ascensos militares, v.g. que el BID y el BM impongan la destrucción del FFCC y de la educación),

g) no importa cuánto dinero les demos, siempre es poco —como todo vicioso—,

h) jamás se preocupan por mejorar las condiciones de vida de la población (ej. pintar escuelas y hospitales, bajar los niveles de criminalidad),

i) son socios de los “empresarios” saqueadores y entre ambos grupos nos comen las entrañas hasta dejarnos en la carcasa,

j) kirchneristas, massistas, radicales, cc, pros son socios en arruinarnos, acá no hay buenos,

k) Argentina está intervenida.

Por lo tanto, hasta que reconstruyamos el proyecto de país, nos deshagamos de todos ellos y hagamos andar a la Argentina (totalmente factible), debemos encarar una resistencia pasiva. Pagar la menor cantidad de impuestos posible, interponer amparos ante la Justicia para frenarles todo lo que quieran hacer, no importa qué, y complicarles la vida en la medida de nuestras posibilidades. Enseñar a nuestros hijos cómo creemos que son las cosas, rechazar todas las porquerías que nos quieren imponer.

Hasta que podamos echarlos a patadas.

 

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

 

 

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