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“COVID-19” Y RELACIÓN PROBLEMÁTICA ENTRE ECONOMÍA Y MERCADO LABORAL

Salam Al Rabadi*

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Según los informes de la OIT, la epidemia de Covid-19 ha causado graves daños al sector laboral, con más de 250 millones de puestos de trabajo perdidos, sin mencionar el impacto negativo de la pandemia en términos de desaceleración o reversión de la tendencia del aumento de los salarios en todo el mundo, que afectó a los trabajadores con salarios bajos[1]. Además de la creciente desigualdad entre ricos y pobres y el aumento de la tasa de pobreza, hay que reconocer que la evolución económica actual y el proceso de crecimiento del libre comercio siguen creciendo lejos del mercado laboral y tienen una Impacto negativo en el nivel de igualdad y justicia social.

En este contexto, cabe señalar que la problemática básica en el mundo moderno en una relación equitativa entre el desarrollo sostenible y el crecimiento económico es el problema de la brecha entre ricos y pobres. Por lo tanto, debemos preguntar: ¿Estamos en la era de la economía para la economía y no para la comunidad?

Los hechos basados en el interés público siguen siendo el criterio principal para evaluar una política económica exitosa. Por lo tanto, lejos de teorizar y de acuerdo con las estadísticas y datos sobre la brecha económica, y si tenemos en cuenta que la mayor proporción de ciudadanos son trabajadores o empleados que trabajan por salarios, podemos decir que la economía ya no funciona en beneficio de las sociedades. Como ha quedado claro, la brecha entre los empresarios y las personas adineradas, por un lado, y los salarios de los trabajadores, por otro, incrementará las dudas sobre la seguridad de la sociedad. En consecuencia, si la libertad de comercio y la circulación de capitales es lo que asegura el crecimiento y la prosperidad, y si los objetivos de la Organización Mundial del Comercio (basados en la competencia, aboliendo las restricciones cuantitativas, unificando todas las tasas y haciendo del mundo una zona de libre comercio), entonces es necesario preguntar: ¿Estas políticas y objetivos conducirán a una profundización de la crisis del mercado laboral? ¿O servirán como punto de cambio y transformación positiva?

Es lógico decir que estos objetivos aumentaron en primer lugar la intensidad de la competencia entre países (ya sean industrializados o en desarrollo), lo que inevitablemente condujo a resultados desastrosos en términos de altas tasas de recortes salariales y la erosión de su valor adquisitivo. Como todos los esfuerzos realizados por políticos y economistas para encontrar alternativas a la pérdida de oportunidades de empleo en todos los sectores no lograron los resultados deseados, cuanto más libre sea el ritmo de crecimiento comercial (en bienes y servicios), mayores serán las dificultades a nivel del mercado laboral, donde hay una reducción y racionalización que conducen a la pérdida de valor de la mano de obra humana. En este contexto, debe señalarse que no existe una globalización real con respecto al mercado laboral.

En consecuencia, muchas de las políticas aplicadas no condujeron a un aumento del bienestar de las sociedades, sino que empeoraron el estancamiento de la situación social y la brecha entre ricos y pobres. Por ejemplo, una disminución de los salarios en los precios de las materias primas se refleja positivamente en primer lugar (y directamente) en el consumidor rico o de altos ingresos, que no ha perdido nada de sus ingresos como resultado de la reducción del costo de producción. Por el contrario, son las clases medias y bajas las que pierden gran parte de sus ingresos y, por lo tanto, son las más afectadas negativamente.

En consecuencia, y de acuerdo con las repercusiones económicas de la pandemia “Covid-19”, actualmente es imposible evitar e ignorar la investigación sobre un dilema: ¿Quién soporta más la carga económica: el capital o los trabajadores?

Sobre la base de los axiomas de las políticas económicas actuales, es lógico decir que los gobiernos aumentan la carga impositiva sobre el sector laboral. Además, las exenciones fiscales y las facilidades proporcionadas por los gobiernos a las empresas transnacionales conducen a una disminución de los ingresos financieros del Estado, que compensarán aumentando los impuestos a otras clases sociales, o reduciendo los servicios sociales y la atención médica.

Por lo tanto, queda claro que si en el pasado la ecuación económica y financiera reflejaba cada vez más la creciente brecha entre ricos y pobres, centrada en el principio: los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres, ahora, a la luz de los nuevos hechos y desarrollos, esta ecuación ya no es suficiente para explicar los cambios. Habría una nueva ecuación (o fórmula) basada en el principio: ¿los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen a un ritmo más rápido?

Como no es del todo sorprendente que sepamos que hay mayor velocidad en proveer fondos para solucionar cualquier crisis financiera y económica mundial en comparación con el hecho de que hay extrema cautela y escozor cuando se trata de financiar programas humanitarios relacionados con la ayuda a las comunidades menos afortunadas (desfavorecidas y marginadas) por la pobreza y la indigencia. Por ejemplo, sólo necesitamos decenas de miles de millones anuales para erradicar el hambre y la desnutrición en todo el mundo. Y las Naciones Unidas han aprobado varios programas para lograr este objetivo. Pero estos programas siguen en papel sólo por falta de disponibilidad de los fondos necesarios.

Por lo tanto, todas las soluciones económicas y políticas relacionadas con los desafíos de la pandemia “Covid 19” deben basarse, en mayor medida, en la capacidad de apoyar todas las políticas relacionadas con la salvaguardia de los intereses de la clase trabajadora y de los pobres. La cuestión central debe basarse en la crítica lógica de la existencia real de pobreza y desigualdad, ya sea a nivel mundial o local.

Estos hechos trágicos (lejos de las dimensiones ideológicas en el estudio y la evaluación de la economía global) nos ponen frente a la siguiente pregunta dialéctica lógica: ¿El problema radica en las prioridades estratégicas y las opciones para los Estados? ¿O es, de hecho, el problema de las posibilidades reales de que disponen los Estados?

En resumen, la posibilidad de lograr un renacimiento real que alivie a los pueblos de la pobreza y de la impotencia material depende del tipo de pensamiento económico que se debe perseguir, ya que necesitamos nuevas visiones que respondan a las necesidades y a las capacidades de las sociedades. En consecuencia, esto requiere dirigir una crítica intelectual de cómo interactuar y lidiar con el liberalismo neoeconómico, porque ya no es lógico y aceptable tratar esta realidad sólo por razones ideológicas (ya sea a favor o en contra) sin la existencia de programas económicos prácticos, donde es necesario enfrentarse a una dialéctica o problemática: ¿Por qué hay tantas ideas sobre cómo distribuir los ingresos, pero no hay muchas ideas sobre cómo generar dichos ingresos?

 

* Doctor en Filosofía en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales. Actualmente preparando una segunda tesis doctoral: The Future of Europe and the Challenges of Demography and Migration, Universidad de Santiago de Compostela, España.

 

Referencia

[1] Véase: «Covid-19 and the world of work: Updated estimates and analysis», Seventh edition, International Labour Organization, Monitor (ILO), Geneva, January 2021. Look: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf [consulta: 27/04/2021].

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG. Prohibida su reproducción. 

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LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA.

Isabel Stanganelli*

Las relaciones entre Rusia y China, muy próximas hasta mediados de la década del 50, quedaron suspendidas durante más de treinta años a partir de la gestión de Nikita Khruschev. De acuerdo con la doctrina de política exterior oficial de 1993 las prioridades de Rusia colocaban en sexto lugar a la región Asia-Pacífico. Ya en marzo de 1996 el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Evgeny Primakov, elevó a la región Asia-Pacífico al tercer lugar en las prioridades de Moscú. Pero este acercamiento no fue fruto de una estrategia deliberada sino consecuencia de muchos intentos fallidos de intensificar la cooperación con vecinos asiáticos.

En realidad la posición inicial de la flamante Rusia promovía el acercamiento a organismos internacionales como la ONU, ASEAN, APEC, Grupo de Australia, etc., como base de una nueva cooperación con los EE.UU. y la Unión Europea para lograr las reformas de transformación a la economía de mercado. Respecto del resto de Asia, los institucionalistas liberales rechazaban abiertamente el multilateralismo chino y regímenes como el de India y Corea del Norte. Con el paso del tiempo, y para evitar el aislamiento político e intelectual, los partidarios de este modelo atenuaron su posición. La escuela de política exterior eurasianista estaba en su apogeo y consideraba a Rusia un Estado eurasiático.

De esta manera la Federación se instituía como puente entre las diferentes culturas que la circundaban y neutralizaba su frustración ante las expansiones de la OTAN y de la Unión Europea, las deficiencias de la OSCE —que no le permitió a Rusia afirmarse como organismo de seguridad europeo—, así como las relaciones menos fluidas de Moscú con algunos Estados de Europa Central. Rusia comenzó a evaluar a Oriente como alternativa para sus intereses —económicos, de seguridad, políticos, etc.— y para neutralizar la creciente influencia de Japón y de EE.UU. en el Pacífico. En la Declaración de Almaty de julio de 1998, los Ministros de China, Rusia, Kazakhstán, Kirguizstán y Tadjikistán —Grupo de Shanghai, creado en 1996— sostuvieron que la paz y el desarrollo de todas las naciones en el siglo XXI exigían la instauración de un nuevo orden justo y racional en lo económico y político y lograr relaciones de buena vecindad, de amistad y de cooperación entre los cinco Estados. Esta nueva concepción de política exterior permitió a Rusia ingresar al Grupo de los 7, al Club de París, intervenir en Kosovo, etc.

El acercamiento a Oriente también permitiría a Rusia reducir gastos militares, reactivar económicamente la región del Lejano Este, una mayor participación en el comercio regional así como brindar asistencia técnico-militar a China, incentivar el desarrollo industrial y de las comunicaciones y en particular el de las fuentes de energía —incluyendo hidrocarburos y su transporte—.

De todos modos era muy improbable una alianza político-militar entre China y Rusia aunque se declararon dispuestas a mantener consultas sobre problemas internacionales y cuestiones relacionadas con la situación en Asia.

Aunque la relación económica de Rusia con China no era lo suficientemente importante como para cultivar el mercado chino sobre la base de “relaciones especiales”, se destacaba cierta cooperación en el campo energético y militar. El abandono a principios de los 60s de emprendimientos energéticos y militares rusos en China, hizo más fácil la reintroducción de las tecnologías rusas en los 90s: un ítem de vital importancia económica y estratégica para ambas potencias estaba relacionado con la venta de armas.

Es conveniente recordar el “gran juego geopolítico” que se estaba librando por la producción, venta y transporte de petróleo y gas natural desde la cuenca del Caspio del que participaban varios Estados y grandes compañías —muchas estadounidenses con soporte de su gobierno—. Además se continuaba negociando el transporte de combustibles desde Siberia oriental y la isla Sajalín.

Es decir que a fines del siglo XX, Rusia se sentía abandonada a sus propios recursos por Occidente y, en la búsqueda de oportunidades, parecía haber encontrado a un buen socio en China. La reunión de ambos vecinos surge en un momento en que se encontraban aisladas, sin graves conflictos mutuos, con industrias para modernizar e interés por solucionar los problemas energéticos de China con los abundantes recursos —tanto de materia prima como tecnológicos— por parte de Rusia. De esta manera la Federación, además de lograr una posición que le permitía mayor capacidad de negociación en la arena internacional, recuperaba parte del prestigio perdido en el comando de las restantes repúblicas de la CEI.

Pero con el nuevo milenio, a Boris Yeltsin lo sucede en el gobierno Vladimir Putin. Ya en la primera década, a terribles atentados terroristas en Occidente y Oriente, se sumó la presencia de efectivos militares occidentales en Afganistán e Irak… Ocurrieron las revoluciones de colores —que afectaron a repúblicas de la CEI— y no menos graves conflictos entre Rusia y Georgia. Con posterioridad se produjeron los levantamientos denominados “primaveras árabes”. Siguieron conflictivas situaciones con Georgia, Ucrania, Arabia Saudí, Siria, la OTAN y hasta con la misma UE, cuyas sanciones desde 2014 continuaron escalando y terminaron perjudicando a todos los actores: el rublo cayó a mínimos récord y desaparecieron las inversiones occidentales. Para 2014 el precio del petróleo de 100 había caído a 40 dólares el barril, en una economía donde el sector energético constituye el 70% de las exportaciones anuales y más de la mitad del presupuesto federal. Los bancos rusos fueron excluidos para acceder a préstamos a largo plazo en la Unión Europea (UE), y se implementó la prohibición de exportaciones de equipo militar de doble uso, de acuerdos de armas entre la UE y Rusia y de transferencia de tecnología occidental para la industria de la energía.

Entonces aparece China como la mejor opción de Rusia. En octubre de 2014 ambas firmaron más de 30 convenios como el de 400.000 millones de dólares para la entrega de 38.000 millones de m3 de gas durante los siguientes 30 años, Rusia accedió a la entrega de sistemas de misiles antiaéreos S-400 y cazas Su-35 en el primer trimestre de 2015 y hasta podría suministrar a China nuevos submarinos y componentes para satélites. Hasta entonces Rusia se había negado a ceder sus mejores armas.

Para octubre de 2019 Rusia ya estaba ayudando a China a crear un sistema de alerta para ataques de misiles, rudimento de alianza militar defensiva. La campaña y politización anti china (el “virus de Wuhan”) de Trump y la presión militar de la OTAN y el GUAM —Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia, creada en 1997— contra Rusia, y el Quad —(grupo formado por las potencias Australia, India, Japón y EE.UU.— contra la amenaza China, condujeron a una intensificación de las relaciones en política exterior de ambos Estados. Mientras, los estrategas estadounidenses minimizan la posibilidad de una alianza entre Rusia y China y permanecen ligados a la línea de pensamiento de Kissinger que afirmaba que siempre se podría enfrentar a uno contra otro.

Pero la alianza existe, prudente pero existe. A pesar de que China es muy poderosa, Rusia nunca será dependiente pues la identidad euroasiática de Rusia se encuentra muy arraigada.

Una alianza militar solo sería una última opción para la peor de las situaciones, una que ninguno de ambos imperios desea. Pero romper su actual alianza necesitaría gestos de parte de los EE.UU. y de su impotente apéndice, la Unión Europea. De momento a la gestión Biden no le resultan prioritarios tales gestos, mientras continúa incrementándose la cooperación entre Moscú y Beijing.

 

* Profesora y Doctora en Geografía (UNLP). Magíster en Relaciones Internacionales (UNLP). Secretaria Académica del CEID y de la SAEEG. Es experta en cuestiones de Geopolítica, Política Internacional y en Fuentes de energía, cambio climático y su impacto en poblaciones carenciadas. 

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GUAYANA ESEQUIBA: ENTRE LA CIJ Y LAS FAUCES DE LA COMMONWEALTH

Abraham Gómez R.*

La mancomunidad de las (54) naciones, que en alguna etapa histórica habían sido colonias del Imperio Inglés, se reúne cada dos años.

Tal congregación, conforme a la reglamentación que han establecido al respecto, se lleva a cabo en un Estado miembro, con carácter rotatorio, y asume la presidencia de ese cónclave el primer ministro o presidente de la nación anfitriona, quien se convierte en la máxima autoridad en ejercicio de la Commonwealth hasta la próxima asamblea.

Ha resultado que la cofradía, originalmente programada para 2019, se había pospuesto para el año pasado; pero debido a la pandemia del coronavirus, no se pudo efectuar.

Nos acabamos de enterar que han pautado el próximo encuentro para el 21 de junio del 2021, en el centro de Convenciones de Kigali, Ruanda. Consecuencialmente, al frente estará Paul Kagame, jefe de Estado de ese país africano.

Por cierto, nos llama la atención que será la primera Cumbre de la Commonwealth que se celebrará en un país que no había sido colonia británica o dominio del Reino Unido.

El eje temático vertebrador, el cual fue discutido y aceptado por las comisiones delegadas que preparan la asamblea con anticipación, es el siguiente: “Hacer realidad un futuro común: conectar, innovar, transformar”.

Hasta ahora, todo parece que discurriera bajo completa normalidad.

Lo sorprendente viene de seguidas con la agenda, contentiva de los aspectos que serán debatidos, analizados y aprobados.

Veamos: gobernanza y estado de derecho, TIC e innovación, juventud, medio ambiente y comercio, litigio guyanés en la Corte Internacional de Justicia, multilateralismo, valores democráticos, desarrollo sostenible, empoderamiento de las mujeres y los jóvenes.

En el pueblo guyanés, según publican sus diarios, se mantiene la creencia que producto de las esperadas deliberaciones en ese encuentro internacional de países identificados por sus raíces sociohistóricas, ellos puedan obtener apoyos y disposiciones mucho más concretas, resoluciones escritas que trasciendan lo puramente retórico.

Por ejemplo, las dos grandes organizaciones políticas dentro del Parlamento Nacional, tanto del oficialismo (Partido del Progreso Popular), como de la oposición (Congreso Nacional Popular), han entregado, desde ya, a la delegación que viajará para tal ocasión, un voto de confianza para que se traigan un acuerdo suscrito por los jefes de Estados.

Tanto que, el presidente de Guyana Irfaan Ali ha condicionado su presencia en Ruanda siempre y cuando le permitan hacerse acompañar por parte de los coagentes que representan a ese país, en la Corte, Shridath Ramphal y Payam Akhavan; con la finalidad de que les sea concedido un derecho de palabra en la plenaria, para explicar cómo se ha llevado el proceso litigioso frente a Venezuela, en el mencionado Alto Tribunal de La Haya.

Asimismo, han adelantado una aproximación del documento de absoluta solidaridad que ellos aspiran sea rubricado al concluir este evento.

De verdad que los asuntos de la Commonwealth y todo cuanto significa y comporta esta entidad internacional no es de nuestra incumbencia.

Con seguridad, lo que sí nos interesa —y mucho— apunta hacia las determinaciones que deben tomarse en nuestro país en relación al proceso jurídico que se adelanta en la Corte Internacional de Justicia; instancia jurisdiccional que en sentencia del pasado 18 de diciembre se asumió con competencia para conocer el fondo de la controversia que sostenemos con la excolonia británica.

Con los elementos de probanzas que las Partes consignarán, la CIJ resolverá la validez o invalidez del Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899. Nuestro equipo tiene que abocarse a demostrar —en su debida ocasión y lugar— porqué calificamos ese Laudo de írrito y nulo; además sin eficacia jurídica.

Ahí, justamente, es donde debemos mantener nuestra expectativa y foco de atención.

Lo que nos corresponde hacer, sin perder tiempo ni perspectiva, es ir afinando nuestras estrategias para desplegarlas en el momento exacto cuando nos presentemos: 08 de marzo del 2022; fecha para que se efectúe —por cuenta nuestra— el acto de consignación del memorial de contestación de la demanda; y directamente hacernos parte del juicio, con nuestra manifestación de consentimiento e inequívoca de obligarnos.

No hay nada de qué temer; porque poseemos los más contundentes elementos jurídicos, históricos, cartográficos; para apertrechar nuestras alegaciones de hechos y de derecho.

La contraparte está consciente del inmenso caudal de recursos probatorios oponibles que poseemos.

Ellos, cuando les toque la ratificación del recurso interpuesto, nunca presentarán títulos traslaticios (como los tenemos nosotros); por cuanto carecen del más mínimo documento que los respalde, en estricto derecho.

Precisamente la contraparte lo que desea —en su artera maniobra— es que Venezuela siga invocando la No Comparecencia, para que surta efecto el artículo 53 del Estatuto de la Corte: “1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. 2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho”.

Ya la Corte nos ha dicho —sin remilgos— que el contenido del mencionado artículo constituye una norma legítimamente aplicable en estos casos.

¿Acaso la Corte no nos asomó —con la decisión del año o pasado— que está dispuesta a emitir su fallo, inclusive sin la representación de Venezuela?

Tengamos claro y pendiente que el juicio no se paralizará por nuestra ausencia.

Particularmente, he sido respetuoso de las alternativas de solución a la contención que algunos sectores y personas han presentado. Unas más extravagantes que otras. Cada quien expone y opina cómo adelantar acciones para reivindicar la Guayana Esequiba —séptima parte de nuestra geografía venezolana— que con vileza y tratativa tramposa nos la arrebataron.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).

Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/