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AFGANISTÁN LUEGO DE CASI VEINTE AÑOS DE OCUPACIÓN

Isabel Stanganelli*

Imagen de Amber Clay en Pixabay

Hacia 2017 los medios nos indicaban que Kabul continuaba perdiendo control sobre las provincias afganas. Nunca dejó de perderlo. La región que no estaba bajo control talibán desde 1996, la de la Alianza del Norte, ahora no solo está logrando dicho control sino que la ocupación atrajo además al ISIS. A ello se suma que las tropas preparadas para contrarrestarlos suelen simpatizar con ellos. Por supuesto no todas, pero sí las suficientes. La siempre débil Kabul ahora debía negociar con los talibán (grupo terrorista según la ONU, que no aspira a lograr territorios fuera de Afganistán) para intentar detener el avance de ISIS, que continuaba ganando adeptos. Lo único que pedían los talibán para intentar detener al ya poderoso ISIS era el retiro de tropas extranjeras del país, pero el gobierno de Kabul continuaba considerando a los talibán como el enemigo.

En ese momento una opción era que las fuerzas de seguridad se ocuparan de los centros urbanos y los talibán de los rurales. Otra es que justamente por esta situación se reconociera “tablas” en el ajedrez entre ambos. Postergar la resolución de este dilema a largo plazo daría mayores ventajas a los talibán. Esta sería la tercera posibilidad. En cualquiera de los casos la situación para los vecinos (y es especial los refugiados) se mantendría crítica.

En verdad, aparecieron las mismas posibilidades que se consideran desde octubre de 2001. Que Estados Unidos neutralice cualquier posible ayuda a los talibán desde Pakistán (no olvidar que pueden enfrentar a ISIS) y también se evalúa que los talibán —en su mayoría étnicamente pashtu—, que llegaron al poder con el apoyo de Estados Unidos —directa o indirectamente a través de los servicios de Inteligencia paquistaníes (ISI), fueron removidos del poder por las fuerzas estadounidenses, abriendo una caja de Pandora, ya que no sólo no llevaron la paz a Afganistán sino que también permitieron que los terroristas del ISIS se convirtieran en parte del conflicto.

La capacidad de los Servicios de Inteligencia afganos para recopilar información sigue siendo definitivamente escasa y proviene principalmente de las principales ciudades[1].

Además, los países de la OTAN que aún participan en operaciones militares en Afganistán tienen ideas muy diferentes sobre su rol en el país[2]. “En resumen, la variada presencia de la OTAN y de las coaliciones iniciales de los dispuestos en la Guerra contra el Terror no tenía ideas claras y probablemente ni siquiera sabía dónde realmente estaban”.

Hubo una retirada del territorio afgano en diciembre de 2016 que dejó operacionales a unos 8.400 efectivos y costaba a los Estados Unidos 3.200 millones de dólares/año.

Hacia septiembre de 2020, luego de 19 años de lucha, se seguían sosteniendo conversaciones para lograr un cese del fuego. Mientras, se debatía en ellas si se definía a la guerra como yihad, el intercambio de prisioneros, sobre qué sistema de escuelas perduraría en el país, reconstrucción, etc., el Covid estaba tan presente como la continuación de las batallas y masacres y como la ausencia de líderes reconocidos en las negociaciones.

En noviembre de 2020 Trump impulsó el retiro de tropas tanto de Afganistán como del Medio Oriente, basándose en el compromiso y en la acción común. En realidad esa era la intención de Trump desde que inició su mandato. La cuestión quedó para Biden que redujo el contingente en Afganistán a 4.500 hombres con la condición de reducción de la violencia y cambiando la agenda mientras trascendía la existencia de conversaciones entre el gobierno afgano y los talibán. Esto hizo pensar que tal vez el retiro era precipitado… también de Irak.

Actualmente el debate se centra en si quedarse es seguir invirtiendo en corrupción, producción de heroína en Afganistán y continuar guerras sin fin.

En resumen, no menos de 4.500 efectivos hasta que se tengan garantías de que el accionar de Al-Qaeda se haya detenido. Tampoco desean dejar armamento que pueda caer en manos erróneas.

El hecho es que el costo de la guerra en Afganistán ya superó los 2.260 billones de dólares y no deja de incrementarse mientras ya a fines de abril de 2021 el Reino Unido y la OTAN amenazan con retornar si reaparece alguna amenaza para el “mundo libre”. Pero aunque retiren a su último efectivo —la nueva fecha sería el 11 de septiembre, fecha en que se cumplirán 20 años del atentado contra el World Trade Center y el Pentágono—, los costos seguirían sumándose: gastos de contingencia para operaciones en el exterior (OCO), los intereses de los préstamos incurridos durante estas casi dos décadas —530.000 millones de dólares—. Si la situación empeora, la intención de Londres sería retornar a Afganistán con la OTAN, por lo que el Reino Unido debe permanecer preparado, aunque por el momento tiene solo 750 efectivos y su función es de entrenamiento.

O sea: Estados Unidos no cumplirá la fecha establecida como límite por Trump: 1° de mayo, pero sí la OTAN. De tal manera que se retiraría el 11 de septiembre

A todo esto, los talibán festejan haber vencido a Estados Unidos. Manifestaron que quieren un Estado Islámico regido por la sharia y que continuarán la yihad. Posiblemente sea una expresión de deseo, pero evidentemente no querrán una democracia al estilo “occidental” sino una república islámica purificada de la influencia occidental y no un emirato islámico. De todos modos Washington elige creer que la modalidad talibán sería más moderada que en el pasado y que en Estados vecinos (Pakistán). Prefieren ignorar que ahora el ISIS está presente en Afganistán, junto con Al-Qaeda, y otros grupos militantes.

No solo podrían desestabilizar a Afganistán sino dispersarse a China, Pakistán e Irán. De todos modos Rusia, China e Irán estarían más interesados en velar por la gestión talibán que los Estados Unidos.

 

* Profesora y Doctora en Geografía (UNLP). Magíster en Relaciones Internacionales (UNLP). Secretaria Académica del CEID y de la SAEEG. Es experta en cuestiones de Geopolítica, Política Internacional y en Fuentes de energía, cambio climático y su impacto en poblaciones carenciadas.

 

Referencias

[1] Véase en esta página el artículo de Giancarlo Elia Valori, “Los Servicios de Inteligencia afganos”. Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), 08/11/2020, https://saeeg.org/index.php/2020/11/08/los-servicios-de-inteligencia-afganos/ .

[2] Ídem.

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“COVID-19” Y RELACIÓN PROBLEMÁTICA ENTRE ECONOMÍA Y MERCADO LABORAL

Salam Al Rabadi*

Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Según los informes de la OIT, la epidemia de Covid-19 ha causado graves daños al sector laboral, con más de 250 millones de puestos de trabajo perdidos, sin mencionar el impacto negativo de la pandemia en términos de desaceleración o reversión de la tendencia del aumento de los salarios en todo el mundo, que afectó a los trabajadores con salarios bajos[1]. Además de la creciente desigualdad entre ricos y pobres y el aumento de la tasa de pobreza, hay que reconocer que la evolución económica actual y el proceso de crecimiento del libre comercio siguen creciendo lejos del mercado laboral y tienen una Impacto negativo en el nivel de igualdad y justicia social.

En este contexto, cabe señalar que la problemática básica en el mundo moderno en una relación equitativa entre el desarrollo sostenible y el crecimiento económico es el problema de la brecha entre ricos y pobres. Por lo tanto, debemos preguntar: ¿Estamos en la era de la economía para la economía y no para la comunidad?

Los hechos basados en el interés público siguen siendo el criterio principal para evaluar una política económica exitosa. Por lo tanto, lejos de teorizar y de acuerdo con las estadísticas y datos sobre la brecha económica, y si tenemos en cuenta que la mayor proporción de ciudadanos son trabajadores o empleados que trabajan por salarios, podemos decir que la economía ya no funciona en beneficio de las sociedades. Como ha quedado claro, la brecha entre los empresarios y las personas adineradas, por un lado, y los salarios de los trabajadores, por otro, incrementará las dudas sobre la seguridad de la sociedad. En consecuencia, si la libertad de comercio y la circulación de capitales es lo que asegura el crecimiento y la prosperidad, y si los objetivos de la Organización Mundial del Comercio (basados en la competencia, aboliendo las restricciones cuantitativas, unificando todas las tasas y haciendo del mundo una zona de libre comercio), entonces es necesario preguntar: ¿Estas políticas y objetivos conducirán a una profundización de la crisis del mercado laboral? ¿O servirán como punto de cambio y transformación positiva?

Es lógico decir que estos objetivos aumentaron en primer lugar la intensidad de la competencia entre países (ya sean industrializados o en desarrollo), lo que inevitablemente condujo a resultados desastrosos en términos de altas tasas de recortes salariales y la erosión de su valor adquisitivo. Como todos los esfuerzos realizados por políticos y economistas para encontrar alternativas a la pérdida de oportunidades de empleo en todos los sectores no lograron los resultados deseados, cuanto más libre sea el ritmo de crecimiento comercial (en bienes y servicios), mayores serán las dificultades a nivel del mercado laboral, donde hay una reducción y racionalización que conducen a la pérdida de valor de la mano de obra humana. En este contexto, debe señalarse que no existe una globalización real con respecto al mercado laboral.

En consecuencia, muchas de las políticas aplicadas no condujeron a un aumento del bienestar de las sociedades, sino que empeoraron el estancamiento de la situación social y la brecha entre ricos y pobres. Por ejemplo, una disminución de los salarios en los precios de las materias primas se refleja positivamente en primer lugar (y directamente) en el consumidor rico o de altos ingresos, que no ha perdido nada de sus ingresos como resultado de la reducción del costo de producción. Por el contrario, son las clases medias y bajas las que pierden gran parte de sus ingresos y, por lo tanto, son las más afectadas negativamente.

En consecuencia, y de acuerdo con las repercusiones económicas de la pandemia “Covid-19”, actualmente es imposible evitar e ignorar la investigación sobre un dilema: ¿Quién soporta más la carga económica: el capital o los trabajadores?

Sobre la base de los axiomas de las políticas económicas actuales, es lógico decir que los gobiernos aumentan la carga impositiva sobre el sector laboral. Además, las exenciones fiscales y las facilidades proporcionadas por los gobiernos a las empresas transnacionales conducen a una disminución de los ingresos financieros del Estado, que compensarán aumentando los impuestos a otras clases sociales, o reduciendo los servicios sociales y la atención médica.

Por lo tanto, queda claro que si en el pasado la ecuación económica y financiera reflejaba cada vez más la creciente brecha entre ricos y pobres, centrada en el principio: los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres, ahora, a la luz de los nuevos hechos y desarrollos, esta ecuación ya no es suficiente para explicar los cambios. Habría una nueva ecuación (o fórmula) basada en el principio: ¿los ricos se enriquecen y los pobres se empobrecen a un ritmo más rápido?

Como no es del todo sorprendente que sepamos que hay mayor velocidad en proveer fondos para solucionar cualquier crisis financiera y económica mundial en comparación con el hecho de que hay extrema cautela y escozor cuando se trata de financiar programas humanitarios relacionados con la ayuda a las comunidades menos afortunadas (desfavorecidas y marginadas) por la pobreza y la indigencia. Por ejemplo, sólo necesitamos decenas de miles de millones anuales para erradicar el hambre y la desnutrición en todo el mundo. Y las Naciones Unidas han aprobado varios programas para lograr este objetivo. Pero estos programas siguen en papel sólo por falta de disponibilidad de los fondos necesarios.

Por lo tanto, todas las soluciones económicas y políticas relacionadas con los desafíos de la pandemia “Covid 19” deben basarse, en mayor medida, en la capacidad de apoyar todas las políticas relacionadas con la salvaguardia de los intereses de la clase trabajadora y de los pobres. La cuestión central debe basarse en la crítica lógica de la existencia real de pobreza y desigualdad, ya sea a nivel mundial o local.

Estos hechos trágicos (lejos de las dimensiones ideológicas en el estudio y la evaluación de la economía global) nos ponen frente a la siguiente pregunta dialéctica lógica: ¿El problema radica en las prioridades estratégicas y las opciones para los Estados? ¿O es, de hecho, el problema de las posibilidades reales de que disponen los Estados?

En resumen, la posibilidad de lograr un renacimiento real que alivie a los pueblos de la pobreza y de la impotencia material depende del tipo de pensamiento económico que se debe perseguir, ya que necesitamos nuevas visiones que respondan a las necesidades y a las capacidades de las sociedades. En consecuencia, esto requiere dirigir una crítica intelectual de cómo interactuar y lidiar con el liberalismo neoeconómico, porque ya no es lógico y aceptable tratar esta realidad sólo por razones ideológicas (ya sea a favor o en contra) sin la existencia de programas económicos prácticos, donde es necesario enfrentarse a una dialéctica o problemática: ¿Por qué hay tantas ideas sobre cómo distribuir los ingresos, pero no hay muchas ideas sobre cómo generar dichos ingresos?

 

* Doctor en Filosofía en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales. Actualmente preparando una segunda tesis doctoral: The Future of Europe and the Challenges of Demography and Migration, Universidad de Santiago de Compostela, España.

 

Referencia

[1] Véase: «Covid-19 and the world of work: Updated estimates and analysis», Seventh edition, International Labour Organization, Monitor (ILO), Geneva, January 2021. Look: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf [consulta: 27/04/2021].

 

Artículo traducido al español por el Equipo de la SAEEG. Prohibida su reproducción. 

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LA COOPERACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN DE RUSIA Y LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA.

Isabel Stanganelli*

Las relaciones entre Rusia y China, muy próximas hasta mediados de la década del 50, quedaron suspendidas durante más de treinta años a partir de la gestión de Nikita Khruschev. De acuerdo con la doctrina de política exterior oficial de 1993 las prioridades de Rusia colocaban en sexto lugar a la región Asia-Pacífico. Ya en marzo de 1996 el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Evgeny Primakov, elevó a la región Asia-Pacífico al tercer lugar en las prioridades de Moscú. Pero este acercamiento no fue fruto de una estrategia deliberada sino consecuencia de muchos intentos fallidos de intensificar la cooperación con vecinos asiáticos.

En realidad la posición inicial de la flamante Rusia promovía el acercamiento a organismos internacionales como la ONU, ASEAN, APEC, Grupo de Australia, etc., como base de una nueva cooperación con los EE.UU. y la Unión Europea para lograr las reformas de transformación a la economía de mercado. Respecto del resto de Asia, los institucionalistas liberales rechazaban abiertamente el multilateralismo chino y regímenes como el de India y Corea del Norte. Con el paso del tiempo, y para evitar el aislamiento político e intelectual, los partidarios de este modelo atenuaron su posición. La escuela de política exterior eurasianista estaba en su apogeo y consideraba a Rusia un Estado eurasiático.

De esta manera la Federación se instituía como puente entre las diferentes culturas que la circundaban y neutralizaba su frustración ante las expansiones de la OTAN y de la Unión Europea, las deficiencias de la OSCE —que no le permitió a Rusia afirmarse como organismo de seguridad europeo—, así como las relaciones menos fluidas de Moscú con algunos Estados de Europa Central. Rusia comenzó a evaluar a Oriente como alternativa para sus intereses —económicos, de seguridad, políticos, etc.— y para neutralizar la creciente influencia de Japón y de EE.UU. en el Pacífico. En la Declaración de Almaty de julio de 1998, los Ministros de China, Rusia, Kazakhstán, Kirguizstán y Tadjikistán —Grupo de Shanghai, creado en 1996— sostuvieron que la paz y el desarrollo de todas las naciones en el siglo XXI exigían la instauración de un nuevo orden justo y racional en lo económico y político y lograr relaciones de buena vecindad, de amistad y de cooperación entre los cinco Estados. Esta nueva concepción de política exterior permitió a Rusia ingresar al Grupo de los 7, al Club de París, intervenir en Kosovo, etc.

El acercamiento a Oriente también permitiría a Rusia reducir gastos militares, reactivar económicamente la región del Lejano Este, una mayor participación en el comercio regional así como brindar asistencia técnico-militar a China, incentivar el desarrollo industrial y de las comunicaciones y en particular el de las fuentes de energía —incluyendo hidrocarburos y su transporte—.

De todos modos era muy improbable una alianza político-militar entre China y Rusia aunque se declararon dispuestas a mantener consultas sobre problemas internacionales y cuestiones relacionadas con la situación en Asia.

Aunque la relación económica de Rusia con China no era lo suficientemente importante como para cultivar el mercado chino sobre la base de “relaciones especiales”, se destacaba cierta cooperación en el campo energético y militar. El abandono a principios de los 60s de emprendimientos energéticos y militares rusos en China, hizo más fácil la reintroducción de las tecnologías rusas en los 90s: un ítem de vital importancia económica y estratégica para ambas potencias estaba relacionado con la venta de armas.

Es conveniente recordar el “gran juego geopolítico” que se estaba librando por la producción, venta y transporte de petróleo y gas natural desde la cuenca del Caspio del que participaban varios Estados y grandes compañías —muchas estadounidenses con soporte de su gobierno—. Además se continuaba negociando el transporte de combustibles desde Siberia oriental y la isla Sajalín.

Es decir que a fines del siglo XX, Rusia se sentía abandonada a sus propios recursos por Occidente y, en la búsqueda de oportunidades, parecía haber encontrado a un buen socio en China. La reunión de ambos vecinos surge en un momento en que se encontraban aisladas, sin graves conflictos mutuos, con industrias para modernizar e interés por solucionar los problemas energéticos de China con los abundantes recursos —tanto de materia prima como tecnológicos— por parte de Rusia. De esta manera la Federación, además de lograr una posición que le permitía mayor capacidad de negociación en la arena internacional, recuperaba parte del prestigio perdido en el comando de las restantes repúblicas de la CEI.

Pero con el nuevo milenio, a Boris Yeltsin lo sucede en el gobierno Vladimir Putin. Ya en la primera década, a terribles atentados terroristas en Occidente y Oriente, se sumó la presencia de efectivos militares occidentales en Afganistán e Irak… Ocurrieron las revoluciones de colores —que afectaron a repúblicas de la CEI— y no menos graves conflictos entre Rusia y Georgia. Con posterioridad se produjeron los levantamientos denominados “primaveras árabes”. Siguieron conflictivas situaciones con Georgia, Ucrania, Arabia Saudí, Siria, la OTAN y hasta con la misma UE, cuyas sanciones desde 2014 continuaron escalando y terminaron perjudicando a todos los actores: el rublo cayó a mínimos récord y desaparecieron las inversiones occidentales. Para 2014 el precio del petróleo de 100 había caído a 40 dólares el barril, en una economía donde el sector energético constituye el 70% de las exportaciones anuales y más de la mitad del presupuesto federal. Los bancos rusos fueron excluidos para acceder a préstamos a largo plazo en la Unión Europea (UE), y se implementó la prohibición de exportaciones de equipo militar de doble uso, de acuerdos de armas entre la UE y Rusia y de transferencia de tecnología occidental para la industria de la energía.

Entonces aparece China como la mejor opción de Rusia. En octubre de 2014 ambas firmaron más de 30 convenios como el de 400.000 millones de dólares para la entrega de 38.000 millones de m3 de gas durante los siguientes 30 años, Rusia accedió a la entrega de sistemas de misiles antiaéreos S-400 y cazas Su-35 en el primer trimestre de 2015 y hasta podría suministrar a China nuevos submarinos y componentes para satélites. Hasta entonces Rusia se había negado a ceder sus mejores armas.

Para octubre de 2019 Rusia ya estaba ayudando a China a crear un sistema de alerta para ataques de misiles, rudimento de alianza militar defensiva. La campaña y politización anti china (el “virus de Wuhan”) de Trump y la presión militar de la OTAN y el GUAM —Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia, creada en 1997— contra Rusia, y el Quad —(grupo formado por las potencias Australia, India, Japón y EE.UU.— contra la amenaza China, condujeron a una intensificación de las relaciones en política exterior de ambos Estados. Mientras, los estrategas estadounidenses minimizan la posibilidad de una alianza entre Rusia y China y permanecen ligados a la línea de pensamiento de Kissinger que afirmaba que siempre se podría enfrentar a uno contra otro.

Pero la alianza existe, prudente pero existe. A pesar de que China es muy poderosa, Rusia nunca será dependiente pues la identidad euroasiática de Rusia se encuentra muy arraigada.

Una alianza militar solo sería una última opción para la peor de las situaciones, una que ninguno de ambos imperios desea. Pero romper su actual alianza necesitaría gestos de parte de los EE.UU. y de su impotente apéndice, la Unión Europea. De momento a la gestión Biden no le resultan prioritarios tales gestos, mientras continúa incrementándose la cooperación entre Moscú y Beijing.

 

* Profesora y Doctora en Geografía (UNLP). Magíster en Relaciones Internacionales (UNLP). Secretaria Académica del CEID y de la SAEEG. Es experta en cuestiones de Geopolítica, Política Internacional y en Fuentes de energía, cambio climático y su impacto en poblaciones carenciadas. 

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