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MONÓLOGO ARGENTINO Y AVANCE BRITÁNICO

César Augusto Lerena*

Con políticas erróneas, erráticas o ausentes, se ha provocado la más grande pérdida territorial de la Historia Argentina, desde la independencia

 

«Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» (Res. 1514 ‹XV› ONU, 14/12/1960 inc. 6). No parece entenderlo así el Reino Unido de Gran Bretaña, que ha hecho oídos sordos a todas las resoluciones; mientras que los reclamos diplomáticos argentinos apoyados internacionalmente, como el recibido el pasado 21 de este mes en la ONU, resultan necesarios, pero insuficientes.

Sabemos, que en 1965 la ONU dictó la Res. 2065 (XX) reconociendo la disputa entre Argentina y el Reino Unido respecto a Malvinas y los instó al diálogo; pero, ya pasaron 56 años de monólogo y cooperación unilateral argentina y 45 años de avance territorial y de explotación británica. En este escenario, hay unos pocos argentinos, que contrariando las citadas resoluciones y la Constitución Nacional y, desconociendo las cuestiones geopolíticas, económicas, jurídicas e históricas quieren que los gobiernos tengan en cuenta la opinión de los isleños, a pesar de solo tratarse de habitantes británicos implantados en Malvinas, como ya quedó demostrado en el plebiscito de 2013. En esta línea están Antón; de Ipola; Filippelli; Gargarella; Iglesias; Kovadloff; Lanata; Noriega; Novaro; Onaindia; Palermo; Sábato; Sabsay; Sarlo y Sebreli; a los que se agregan Luis Romero y Sabrina Ajmechet candidata a diputada de “Juntos” que pusieron en duda que las Malvinas sean argentinas; Patricia Bullrich, que sugirió que podrían haber cambiado Malvinas por vacunas y Marcelo Kohan que prometió a los isleños «un plebiscito sobre la soberanía» (Infobae, CARI, 2018), con la particularidad que este último hoy pertenece al Consejo Nacional de Malvinas.

Con las opiniones de estos personajes que tienen una gran exposición pública y la instrumentación de políticas erróneas, erráticas o ausentes y, a pesar de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, se ha provocado la más grande pérdida territorial de la historia argentina, desde la independencia nacional.

El 23 de septiembre de 1973 el FREJULI ganó las elecciones con la fórmula Perón-Perón obteniendo el 61,85% de los votos. Un frente integrado por peronistas, frondizistas, demócratas cristianos, conservadores populares, socialistas y otros apoyos de la izquierda.

Como producto de las gestiones diplomáticas realizadas durante ese gobierno democrático el 1 de diciembre de 1976 las Naciones Unidas aprobaron la Res. 31/49, en base a las Res. 1514 (XV) del 14/12/1960; 2065 (XX) del 16/12/1965; la 3160 (XXVIII) del 14/12/1973 y, teniendo en cuenta, la Declaración Política aprobada por la Conferencia de los Países no Alineados (Lima, 25 al 30/8/1975), donde en especial, se pidió a los gobiernos que “…aceleren las negociaciones relativas a la disputa sobre la soberanía…” y “…se instó las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas”, cuestión que el Reino Unido violó sistemáticamente y que, distintos gobiernos invisibilizaron esta importante resolución bajo el falso pretexto que fue dictada durante el Proceso Militar (escondiendo el valioso trabajo precedente) y, hasta cedieron espacios y recursos e, incluso, cooperaron en favor de los intereses de esta potencia invasora.

Los resultados están a la vista: en 1965 la disputa se limitaba a Malvinas. En 1989/90 por el Acuerdo de Madrid se incorporaron formalmente las Georgias del Sur (3.850km2) y Sándwich del Sur (310km2) y el Reino Unido consideró con este Acuerdo haber dado fin a la disputa. En 1976 al dictarse la Res. 31/49 el Reino Unido ocupaba Malvinas (11.410 Km2 y tres millas marinas alrededor). Desde esa fecha y a hoy ocupan 1.639.900 km2 del territorio marítimo e insular y, nos disputan 1.430.367 km2 de la plataforma continental y 965.597 km2 de la Antártida Argentina. En 1976 la explotación de los recursos argentinos en el área de Malvinas era poco significativa. A partir de ese año y, especialmente desde los Acuerdos de Madrid, el Reino Unido otorgó licencias pesqueras a empresas extranjeras que capturan 250 mil toneladas por año por un valor de mil millones de dólares. Se formaron sociedades mixtas española-británicas y desde 2021 estas sociedades deberán tener el 51% de las acciones a favor de los isleños. En 45 años las empresas se llevaron 11.250.000 toneladas de productos pesqueros por un valor estimado en los 45.000 millones de dólares. Desde 1976 y especialmente desde 1982 más de 350 buques extranjeros capturan un millón de toneladas de recursos pesqueros migratorios de la Z.E.E.

Durante la década de 1980, la Cancillería rechaza en 1981 la propuesta británica de “congelar por un determinado plazo la cuestión de la soberanía…”; oferta que hacía suya “sin vencimiento” Caputo en 1987, aunque no alcanzaría el Acuerdo debido al prematuro fin del gobierno radical (1989). Sería Cavallo, quien firmaría los Acuerdos de Madrid, bajo la “fórmula del Paraguas”. Arturo Frondizi le decía a Cavallo al respecto: “para los peronistas usted es un traidor a la patria”. Desde 1982 y en especial a partir de 1989 con los citados Acuerdos y el otorgamiento de licencias pesqueras, se acrecienta la pesca por parte de buques extranjeros y, la internacionalización del mar argentino. En 1983 se inicia un proceso de desmalvinización. Se instala un proceso de desculturalización y desinformación, presentando a la guerra de Malvinas como vergonzante que minimiza el sentido de pertenencia del Archipiélago e ignora el rol cumplido por los combatientes argentinos en Malvinas y el Atlántico Sur, facilitando a los británicos el inicio de una serie de procesos ruinosos en perjuicio del país. En 1985 el Reino Unido inaugura un nuevo aeropuerto en Malvinas que facilita las operaciones militares desde las islas. En 1986 el Canciller Caputo concreta el «Acuerdo Marco de Cooperación» con la URSS y Bulgaria con la intensión fallida de que sus buques pesquen en el área de Malvinas. Como respuesta a estos Acuerdos, el Gobernador británico ilegal en Malvinas anuncia la creación de una «Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías» (FICZ), estableciendo, por primera vez, un área de 150 millas en torno a Malvinas prohibida a los buques argentinos, además de reivindicar, la Z.E.E. y una Plataforma Continental de 200 millas (438.000 km2) alrededor de Malvinas. El mismo año se crea la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (ZPCAS) aprobada por la Res. 41/11 del 27/10/1986 la ONU, con la participación de todos los Estados con ZZE en el Atlántico Sur; pese a ello el Reino Unido incrementa su armamento en las islas y la explotación de los recursos.

En la década del 1990, se firman los Acuerdos de Madrid I y II en 1989/90 que confirman la «fórmula del paraguas»; la entrega de la pesca al Reino Unido y las restricciones militares británicas que consolidan su ocupación militar y económica del Atlántico Sur. En 1990 Cavallo firma el “Acuerdo del Gallinero”, de conservación conjunta de los recursos pesqueros al éste de Malvinas, un área con forma de medialuna en territorio argentino, que facilita al Reino Unido el otorgamiento de licencias pesqueras. Con el descarte de 4.000 km2 al sudeste de Malvinas, el Reino Unido se ajusta a las previsiones de la CONVEMAR (Art. 74º) respecto a la delimitación de espacios entre países ribereños vecinos, estatus que el Reino Unido pretende. En 1991 Cavallo promueve la determinación de las Líneas de Base del territorio continental argentino que le allana al Reino Unido la posterior demarcación de una Z.E.E. de Malvinas. En 1993 el Reino Unido amplía su ocupación hasta 200 millas alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Esta determinación implicó una mayor ocupación marítima y el control meridional del Atlántico Sur y su vinculación con la Antártida. En 1994 el Reino Unido se apropia de 1.400 Km2 al noroeste de Malvinas, por fuera de la exclusión británica (FICZ), que denomina “GAP”, para proteger sus capturas de calamar. En 1995 la Argentina y el Reino Unido acuerdan una investigación pesquera conjunta en un sector más amplio que el de la exclusión británica, obteniendo una información vital para otorgar licencias ilegales a buques extranjeros. En 1996 en Londres, el secretario de Relaciones Exteriores Andrés Cisneros explica, como exitoso el Acuerdo donde se normalizan las relaciones con Inglaterra, sin que la Argentina limite ocupación territorial de esta o, la libre explotación de nuestros recursos. En 1998 la Argentina firma un “Convenio de Cooperación Militar” con el Reino Unido y, en lugar de reducirse la presencia militar británica en el mar argentino, ésta traslada el Comando Sur desde la Isla Ascensión a Malvinas, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur y, se mantiene la obligación de informar los movimientos militares argentinos. En 1999, Cisneros acuerda combatir los “buques sin licencias británicas”, una de las mayores cooperaciones unilaterales argentinas en favor de la economía isleña.

Durante la década del 2000. En el 2000 se aprueba por Ley 25.290 el llamado Acuerdo de Nueva York (adoptado el 4 de diciembre de 1995) sobre la conservación de las especies transzonales y altamente migratorias, que -de ratificarse- pondría en manos de los Estados de Bandera con mayoría de votos en las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) el control de las especies migratorias argentinas, abriéndole las puertas al Reino Unido para intervenir en la administración del Atlántico Sur bajo pretexto de considerar a Malvinas un estado ribereño. Es un Acuerdo que violentaría la Constitución Nacional (DTP). En 2005 la Unión Europea vota su Constitución, e incluye, a Malvinas, Georgias, Sándwich y la Antártida como Territorios Británicos de Ultramar y, los británicos otorgan licencias de pesca por 25 años en Malvinas, en una clara demostración depredadora de los recursos argentinos.

En la década del 2010. En 2011 el Reino Unido inicia las exploraciones petroleras en Malvinas y, en 2015 anuncian el hallazgo de petróleo a unos 200 km del archipiélago. El Reino Unido crea en 2011 la «reserva Blue Belt más grande del mundo» con 1.070.000 km2 (tres veces más grande que el Reino Unido) en jurisdicción argentina, alrededor de Georgias y Sándwich del Sur, para asegurarse la llegada de peces a Malvinas, incluidos 20 mil Km2 de dentro del área de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. En 2012 el director ilegal de Pesca de Malvinas, John Barton declaraba: «sin la Pesca los Malvinenses no podrían haber subsistido» (sic). En 2016 se ratifica de hecho el Acuerdo de Madrid, con el denominado Pacto Foradori-Duncan que declara: «adoptar las medidas para remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas». Este pacto reactivó las investigaciones pesqueras conjuntas suspendidas en 2015 y, habilitó vuelos de Malvinas a San Pablo, facilitando el comercio con este importante centro económico y de acceso al mundo. En el 2016/17 la Comisión de Límites (CLPC) de la Plataforma Continental aprueba el informe argentino, por el cual, recomienda que, sobre el total de 1.782.000 km2 presentados, queden firmes solo 351.633 km2, dejando sin tratar 1.430.367 km2 por entender que son espacios en disputa con el Reino Unido. En 2018 la Cancillería requiere al Congreso de la Nación la aprobación del Convenio para la Conservación del Atún en el Atlántico Sur con “el ingenuo interés” de preservar una especie que no está presente en la Z.E.E. Argentina, que le permitiría una mayor injerencia al Reino Unido. En 2019 se otorgan a empresas británicas áreas offshore de explotación petrolera, entre Malvinas y el continente argentino, consolidando la presencia británica en esa región austral.

Durante la década del 2020. En 2020 se crea por ley 27.558 una Comisión integrada con legisladores, académicos y veteranos de guerra, entre cuyos miembros, hay quién tiene una posición alejada a la establecida en la Constitución Nacional. Sancionada la ley 27.564 para aumentar las multas a la pesca ilegal, hasta la fecha no se han aplicado a los buques que operan en Malvinas o a la captura de las especies migratorias argentinas. En 2021 se produce el Brexit y la salida de Malvinas de la Unión Europea, sin embargo, a instancias de España, se acuerda que los productos de este origen sigan ingresando a Europa sin aranceles, consolidando la economía de los isleños. Los británicos construyen un puerto en Georgias del Sur y anuncian la construcción de un puerto en Malvinas que se constituirá en el epicentro de las operaciones del sur de Atlántico Sur y la Antártida. Uruguay y Chile, mientras tanto, dan apoyo logístico y portuario a Malvinas.

La información precedente demuestra la grave violación del Reino Unido de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y la necesidad de nuevas estrategias de Argentina.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, autor de 28 libros. Entre ellos: “Malvinas. 1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2021) y “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada” (2021).

 

Nota publicada en El Economista, 02/11/2021, https://eleconomista.com.ar/debates/monologo-argentino-avance-britanico-n47499

DIVIDE Y REINARAS. EL RECLAMO DE CHILE.

César Augusto Lerena*

A propósito del conflicto generado entre Chile y la Argentina con motivo de la oportuna delimitación de nuestro país de la plataforma continental, es interesante efectuar algunas precisiones al respecto, destinadas a esclarecer al común de los argentinos, en un tema de gran complejidad.

Empezaré por decir que la “plataforma continental” según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) comprende el lecho y subsuelo por debajo del mar, que se extiende a lo largo de la prolongación natural del territorio hasta el borde exterior del margen continental. No comprende el fondo oceánico ni el subsuelo de éste. Cuando este margen se extiende más allá de 200 millas marinas desde las líneas de base (la Zona Económica Exclusiva), los Estados ribereños, indica la Convención, delimitarán el límite exterior de la plataforma continental hasta las 350 millas marinas.

La Argentina, en 1995, mediante la Ley 24.543 ratificó la CONVEMAR, por tal motivo, creó la Comisión de Límites de la Plataforma Continental Argentina (COPLA) que, desde su formalización por la Ley 24.815 de 1997, elaboró un trabajo interdisciplinario excepcional que transcurrió durante varios gobiernos (Menen, De la Rúa, Kirchner, Fernández de Kirchner), de modo de cumplir con lo previsto en el artículo 76º (inc. 8 y 9) que establecía: «El Estado ribereño presentará información sobre los límites de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas (…) a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental…» para lo cual, «depositará en las Naciones Unidas las cartas e información pertinente que describa el límite exterior de su plataforma continental…».

Como consecuencia de ello, la referida Comisión de Límites, que funciona en la O.N.U. pero no pertenece a esta Organización, sino que fue creada por la CONVEMAR (Anexo II art. 1 a 3), compuesta de 21 miembros, analizó la voluminosa documentación que la Argentina presentó el 21 de abril de 2009, mediante la cual solicitó la recomendación por parte de esta Comisión de 1.782.000 km2 de plataforma continental por fuera de las doscientas millas marinas; la cual, el 28 de marzo de 2016 y el 17 de marzo de 2017 recomendó la aprobación de solo 351.633 km2 por cuanto 1.430.367 km2 no fueron tratados —por entender ese Cuerpo— que eran espacios relacionados a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Ya en el año 2020 este gobierno promovió —a mi juicio innecesariamente— la sanción en el Congreso de la Nación de la Ley 27.557 resaltando una supuesta reafirmación soberana sobre espacios que en su mayoría —como dije— estaban en disputa con el Reino Unido, con el objeto evidente de satisfacer políticas domésticas.

Por su parte, la República de Chile, no efectuó similar presentación ante la referida Comisión de Límites y si, bien no hay plazos porque la plataforma continental es “inherente” a los Estados, es particularmente notable la falta de observación oportuna de Chile, ya que por un lado los técnicos que integraban la Comisión recomendaron por unanimidad la presentación argentina en los kilómetros cuadrados indicados, que incluían el espacio, hoy reclamado por Chile y, tampoco el país vecino efectuó observación alguna, entre la presentación y la recomendación a Argentina (entre 2009 y 2017) y, recién el pasado 27 de agosto de 2021 el gobierno de Sebastian Piñera cuestionó por Decreto los espacios informados por la Argentina, entendiendo que en el sur de Tierra del Fuego, se podría estar cercenando derechos chilenos relativos a la isla Diego Ramirez y, fundado en que Chile, pretendería proyectar su plataforma continental al este de las coordenadas establecidas en el artículo 7º del Tratado de 1984.

Es difícil entender el reclamo chileno ya que, correspondería indicar los límites que se acordaron entre ambos países por el Tratado con Chile de 1881, el Protocolo Complementario de 1893 y, especialmente por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, donde se estableció una línea divisoria en las coordenadas 67º 16’ que delimita claramente a ambos países: «El límite entre las respectivas soberanías sobre el mar, suelo y subsuelo de la República Argentina y de la República de Chile en el mar de la Zona Austral a partir del término de la delimitación existente en el Canal de Beagle será la línea que una los puntos que a continuación se indican y que se identifican con líneas y los puntos A, B, C, D. E y F, donde se indica que desde el punto E el límite continuará hacia el Sur hasta el punto cuyas coordenadas son 58° 21’,1 de latitud Sur y 67° 16’,0 longitud Oeste identificado como punto F.

A esta altura suscribo a la expresiones del Coordinador del Departamento del Atlántico Sur del IRI el Dr. Carlos Alberto Biangardi Delgado en el sentido de que “Argentina y Chile se han reconocido mutuamente derechos de soberanía sobre una porción del cuadrante antártico suramericano: promover la defensa conjunta de la misma dentro del Sistema del Tratado Antártico, ya que los actores extrarregionales que operan hoy en la Antártida dificultarán al extremo una acción individual exitosa de cada uno de estos países (…) lo importante es no ser funcional al juego de todos aquellos interesados en dividirnos, solucionando este nuevo diferendo dentro del amplio marco que nos ofrecen las herramientas del Derecho Internacional (…) y promover la defensa conjunta del cuadrante antártico suramericano reclamado por ambos países, partiendo de la base del mutuo reconocimiento de la soberanía sobre el mismo”.

Dicho esto, no deja de llamar la atención la innecesaria confrontación en estos momentos, en que ambos países enfrentan procesos electorales y Chile lleva además adelante, una reforma Constitucional, a la par de que la Argentina, sufre una invasión británica de 1,6 millones de km2 de sus mares y territorios insulares en el Atlántico Sur; la explotación de sus recursos naturales; más la pretensión del Reino Unido de disputarnos millones de km2 de plataforma continental y la Antártida.

Este reclamo chileno, debería resolverse entre ambas Cancillerías, evitando pasar por arbitrajes que tensionan, respetándose las mutuas soberanías y de la manera más efectiva, para que estas diferencias no sean funcionales a intereses ajenos a Suramérica.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.

 

Artículo publicado por “El Economista. Internacional”, 31/08/2021, https://eleconomista.com.ar/2021-08-divide-y-reinaras-reflexiones-sobre-el-reclamo-territorial-de-chile/

SIN PLAN PARA MALVINAS

César Augusto Lerena*

Observo en los últimos tiempos que hay una mayor atención en la cuestión Malvinas; desde, la puesta en duda sobre su pertenencia hasta la reivindicación de derechos. En medio de ello, nuestros funcionarios se limitan a invitar a dialogar por enésima vez a Gran Bretaña y a resaltar las fechas conmemorativas, sin lograr un solo avance, mientras que los ingleses, controlan cada día más nuestro territorio.

El próximo 40° aniversario de la recuperación de Malvinas nos encontrará peor que en 1982: el mar argentino más ocupado y con una secretaría de Malvinas inerte.

En 1982 el Reino Unido tenía invadida 11.410 km2 (Malvinas) y hoy tiene ocupados y explota 1.650.000 km2 de territorio marítimo e insular. Más de 100 buques operando en Malvinas que extraen 250 mil toneladas anuales de recursos pesqueros por valor de mil millones de dólares anuales y, en todo el Atlántico Sur, más de 350 buques extranjeros se llevan anualmente un millón de toneladas por un valor de cuatro mil millones de dólares, el doble de las exportaciones argentinas. Si se hubiesen promovidos acuerdos entre empresas para la pesca de los recursos migratorios en alta mar otro hubiese el desarrollo empresario y social de la Patagonia.

Ahora, el gobierno ilegal de Malvinas está en proceso de construir un puerto en Malvinas que se constituirá en la puerta de acceso a la Antártida y de logística de los buques que operan al sur del Mar argentino, remplazando a Ushuaia y a otros puertos del litoral nacional. Desde la firma de los Acuerdos de Madrid (1989/90) los británicos se llevaron recursos migratorios argentinos por valor de 32 mil millones de dólares.

Sin embargo, los gobiernos no han tenido voluntad de desechar los Acuerdos de Madrid ni el Pacto de Foradori-Duncan (2016), puestos ejecución sin aprobación del Congreso, en los que se incluyeron por primera vez, las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Les permitió a los británicos avanzar los millones de km2 referidos; regular el movimiento de las naves militares argentinas; facilitar la relación de Malvinas con Brasil y Chile y, con ello, el contacto comercial de las islas con el mundo e implementó la “fórmula del Paraguas” que permite que Gran Bretaña avance y Argentina esté congelada.

Por otra parte, el abogado Marcelo Kohen, que hoy asesora al presidente de la Nación en el Consejo Nacional de Malvinas, elaboró en 2018 un plan que les permitiría a los isleños establecer —entre otras cosas— quiénes podían o no radicarse en las islas y, a los treinta años, tener un referéndum para determinar si adoptan la soberanía británica o argentina. Un Plan que pondría en manos británicas la soberanía de Malvinas, ya que es de esperar que, si los isleños británicos son los únicos que votan, ocurriría lo mismo que ya ocurrió en el referéndum ilegal de 2013, donde el 99% opto por continuar siendo súbditos británicos.

Por su parte, Uruguay abre sus puertos a la pesca ilegal en el Atlántico Sur y tiene previsto para 2022 la habilitación del puerto pesquero Capurro, para atender la operatoria y logística de los buques que pescan en el Atlántico Sur y en Malvinas y, licitar su operación que, si son “empresas chinas”, tanto Uruguay como la Argentina, perderán el control de la pesca, en una región donde los buques chinos son mayoritarios, aunque también pescan españoles, coreanos y taiwaneses. El Atlántico Sur está internacionalizado y ello dio lugar a la presencia de buques de las fuerzas armadas de Estados Unidos, bajo pretexto de controlar la pesca ilegal.

En medio de ello, debemos sumar la revitalización de algunas declaraciones que refieren a que las Malvinas no son argentinas, como es el caso de la candidata a diputada Sabrina Ajmecht y de la reiterada declaración en ese sentido de Beatriz Sarlo. Llama la atención, en ambos casos que se preocupen por supuestos derechos de tres mil ocupantes de Malvinas y no por los millones de argentinos que han perdido casi todos sus derechos básicos, como la educación, el trabajo, la vivienda, etc. Estas declaraciones se reflotan en coincidencia con el Brexit, donde el Reino Unido necesita fortalecer su pertenencia sobre los territorios de ultramar.

Debería agregar: que todas las empresas que pescan en el Atlántico Sur y Malvinas lo hacen subsidiadas; las certificadoras internacionales de productos pesqueros avanzan para decirnos qué empresa podrá o no exportar a los mercados; nuestro Congreso promueve un área Marina Protegida Agujero Azul que dará argumentos al Reino Unido para establecer nuevas restricciones a Argentina, impedirá la pesca argentina y encarecerá la gestión en lugar de darle los medios al INIDEP para que cumpla con la tarea de asegurar una pesca sostenible y, también hay quienes promueven la creación de Organizaciones Regionales (OROP) que reafirmarán a las empresas extranjeras y al Reino Unido en la administración de aguas argentinas.

Hace casi sesenta años que los gobiernos argentinos promueven el diálogo y la cooperación unilateral, sin éxito. La Argentina tiene recursos diplomáticos, económicos, técnicos, biológicos y empresarios, para que, en forma pacífica, pueda cambiarse este modelo que impide el desarrollo regional, la generación de empleo y el fortalecimiento nacional, alcanzando mejores condiciones para estar más cerca de recuperar la integridad territorial con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los mares correspondientes y, la disputa sobre la Plataforma Continental y la Antártida.

 

* ExSecretario de Estado y experto en Atlántico Sur y Pesca. 

Publicado por El Economista el 25/08/2021, https://eleconomista.com.ar/2021-08-sin-plan-para-malvinas/