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168 HORAS

28 abril, 2023 SAEEG Deja un comentario

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Iris Speroni*

Lo que un gobierno no hace en sus primeros días, no lo hace más.

Esta última semana (17/04/2023-21/04/2023) ha sido infernal, con el dólar disparándose, una deuda que crece exponencialmente, brecha cambiaria del 100% y la bomba del BCRA sin desactivar.

Tener artificialmente baja la cotización del dólar les sirve a los amigos del poder, porque lo compran barato para llevárselo a la casa. Lo traté en EL TAMAÑO DEL BOTÍN.

¿Por qué hemos vivido una semana odiosa que será seguida de meses más horribles aún? La inestabilidad política en la Argentina la generan los poderosos —no los humildes— por la simple razón de que así ganan dinero. Podrían ganar un poco menos, y así robar y dejar vivir, pero ellos son partidarios de “ganar dinero y dejar morir”. Lo traté en EQUILIBRIO INESTABLE.

La brecha cambiaria afecta en primer lugar a quienes producen bienes exportables, porque el BCRA se queda con la mitad del valor de lo exportado —44 mil millones de dólares en el 2022—. A quien más perjudica es al pueblo raso, ya que la triquiñuela de atrasar el dólar provoca: a) caída del salario real, b) desocupación, c) subocupación (trabajo informal) y d) recesión o ausencia de crecimiento. Hace once años que tenemos dólar atrasado y hace once años que el país no crece. El dinero no se lo queda el Estado (para aumentar reservas, por ejemplo), sino que el gobierno se da vuelta y le vende dólares a mitad de precio a los amigos. Es el mayor negocio que existe. Mejor que traficar drogas, armas o la trata de blancas. ¡¡¡U$D 44 mil MM en 2022!!! Lo traté en PRECIO PLENO y EL TAMAÑO DEL BOTÍN; la razón de EQUILIBRIO INESTABLE.

Discrepo con la mayoría de los economistas en que la madre de todos los males sea el déficit fiscal. Es un mal, pero no es la génesis del mal. Creo que la relación de causa y efecto es justamente al revés. Los políticos provocan déficit fiscal para tener la excusa de endeudarnos [1].

Por último, las LELIQs. No es el problema más importante, pero sí el más urgente. LA OTRA IFE, LA ESTANFLACIÓN SEGUIRÁ, SEIS LATITAS DE ATÚN (sobre el costo de la inflación).

Los temas importantes son, a mí entender: defensa nacional, pleno empleo, alimentación de la población, salario real, seguridad interna y educación. De nada de eso me ocuparé hoy.

Días antes de que asumiera Alberto Fernández propuse lo que creí debían ser las medidas de los primeros 90 días de gobierno para acabar con la recesión y poner en marcha el país. LOS PRIMEROS 90 DÍAS DE GOBIERNO – 20 MEDIDAS PARA REACTIVAR EL PAÍS.

Hoy serán los primeros siete días, las primeras 168 horas, de gobierno en lo que habrá que poner en marcha el país, estabilizar la moneda nacional y desarmar las bombas de LELIQs.

168 horas

Cancelar las LELIQs con dinero. Depositar los pesos. Hay vencimientos diarios. En siete días todos quedan pagos y la deuda en pesos del BCRA pasa a ser cero. La amenaza actual de banqueros y funcionarios corruptos es la siguiente [2]: «si el gobierno corta las letras del BCRA, todo se irá al dólar, el valor de la divisa se triplicará (quintuplicará, multiplicará por X), el país volará por los aires. “Desolación”. “Muerte”. “Tragedia”». Amenazas huecas. Lo traté en EL ELEFANTE SE COME EN PEDACITOS. La mayoría del dinero hoy depositado es de privados comerciales que necesitan ese dinero para sus pagos corrientes. Lo tienen a tasa para tratar de mitigar el efecto de la inflación (explicado en EL ELEFANTE SE COME EN PEDACITOS). Si alguno quiere comprar dólares, lo hará con lo que cobre de sus plazos fijos luego de abonar sus obligaciones corrientes (ya volveré sobre esto). El resto de los depósitos el sistema bancario (los que no son de familias o empresas) son o del gobierno o de los bancos. En estos dos últimos casos el estado controla el destino de esos fondos.
Liberar las transacciones en dólares o cualquier otra divisa entre privados (legalizar la situación actual). Total libertad de compra de dólares entre privados. Total libertad de venta. Pero sólo en efectivo o por transferencia bancaria. No se autorizarán los cheques en dólares u otra divisa (los privados no podrán crear divisa). No se autorizarán los préstamos en dólares de bancos a privados o al gobierno excepto con capital propio. Todo depósito en dólares o divisa será con 100% de encaje. Objetivo: que la mayor cantidad posible de divisas esté en poder de familias y empresas. Que se popularice aún más la posesión de divisas. Lo que atomizará la decisión de compra y venta de las mismas. La prohibición de cheques y préstamos es para evitar que se generen argendólares o dólares sin respaldo físico.
Los comercializadores de exportaciones de commodities (traders, en la jerga) tendrán la obligación de liquidar las exportaciones dentro de las 24 horas siguientes a la carga del barco. Pero no tendrán la obligación de vender las divisas que obtengan, solamente de ingresarlas a su cuenta corriente en el país (no pueden dejar ese dinero en el exterior). Podrán pagar los granos o los animales (para el caso de frigoríficos) o fruta en el caso de empacadoras en dólares a productores y acopiadores. Esto hará que se atomice la oferta de dólares la cual no sólo estará ya en manos de los traders (COFCO, CARGILL, etc.) sino en cientos de miles de agentes económicos que en forma atomizada decidirán conservarlos o canjearlos por pesos. El objetivo es que aumente la oferta de divisas para que no se dispare el precio de la misma más de lo necesario.
El presidente decretará que el pago de ganancias cuarta categoría será por sobre el sueldo del juez mejor pago. Todos somos iguales ante la ley. Si los jueces se niegan a pagar ganancias, extendemos el mismo privilegio sobre la totalidad de la economía. Objetivo: que las familias cuenten con efectivo inesperado en medio de un contexto que pueda ser recesivo, lo que estimulará o bien la compra de dólares para ahorro personal, o el gasto (vacaciones, comer afuera, etc.) o ponerse al día deudas con las tarjetas; más aumentar el salario real de millones de trabajadores.
El presidente decretará que en el próximo pago de sueldos (entre el 1º y el 5 de enero 2024) la patronal devolverá al empleado todos los adelantos a cuenta de ganancias retenidos durante el año 2023. Objetivo: aumentar el salario real de millones de trabajadores y bajar el nivel de disponibilidad de las empresas la cual habrá crecido instantáneamente al cancelar las LELIQs y los plazos fijos.
El dinero que pone la patronal de su bolsillo será a cuentas de impuestos de las empresas. Será el último adelanto impositivo de la administración que comience ese día.
Prohibir toda forma de percepción, retención o adelanto impositivo a partir de 2024. Los impuestos se pagan luego del hecho económico. El estado no puede quitarle el capital de trabajo a las empresas. Objetivo: aumentar el capital de trabajo de las empresas, darle aire a las empresas para reponer stocks o aumentar la producción.
Eliminar todos los impuestos internos (bebidas, gaseosas, combustibles, alfombras, etc.). Ídem anterior.
Eliminar el IVA sobre:

1. alimentos,
2. forraje,
3. combustible,
4. transporte,
5. servicios públicos de electricidad, gas y aguas.

La alícuota de IVA para el resto de los bienes y servicios será de 10%. Objetivo de 9 y 10: abaratar el costo de vida, aumentar el poder de compra de salarios, jubilaciones y planes sociales, los cuales hoy vuelven en un 50% al estado en forma de impuestos.
Por 90 días disponer que la totalidad de las cuentas a pagar de las grandes empresas a profesionales (contadores, abogados, consultores, médicos, kinesiólogos, etc.) y a los proveedores pymes se pagarán dentro de los 7 días. Objetivo: actualmente las grandes empresas han acumulado capital de trabajo para colocarlo a plazo (y así tratar de moderar los efectos de la alta inflación) pero a costa de sus proveedores. La empresa, al cobrar en una semana todo el dinero colocado en el sistema bancario, pretenderá que una parte vaya a comprar dólares y así aumentará la demanda. Con esta medida se busca: ordenar el mercado de pagos, que hoy perjudica al más débil —por una distorsión que provoca el Estado (la inflación y las altas tasas)—; pasar el dinero a manos de profesiones y pymes y así atomizar las disponibilidades y la decisión de comprar divisas o no.
Los dólares se comprarán y venderán libremente entre particulares vía casas de cambio o bancos o entre privados.
El BCRA no interferirá en el mercado cambiario. El gobierno nacional comprará divisas para sus obligaciones al mercado como un agente más al precio vigente. Dirá a principio de mes cuántos dólares deberá comprar para cancelar obligaciones. Objetivo: que exportadores, importadores y ahorristas decidan libremente el valor de la divisa.
De igual manera el BCRA no interferirá en el mercado futuro de divisas.
La compra de granos a acopios o productores, de animales por parte de frigoríficos, de leche por usinas, o de fruta por parte de empacadoras podrá hacerse en pesos o divisas a voluntad de las partes. Objetivo: atomizar la posesión de divisas entre la población.
Toda compra de mercadería podrá hacerse indistintamente en pesos o divisas según voluntad de las partes.
Eliminar el límite al uso de efectivo en pesos o dólares. Objetivo: a) la libertad y b) atomizar aún más la decisión de la operatoria de cambios.
El Estado continuará haciendo frente a sus obligaciones de sueldos, jubilaciones y proveedores en pesos.
Liberar el precio de los combustibles. El único límite es que no puedan ser más caros (por colusión entre los vendedores) del precio libre de impuestos en EEUU. Para compensar a la población se eliminará todo impuesto sobre combustibles.

Actualmente numerosas empresas ganan más dinero (nominal) por sus fondos depositados a tasa que por el devenir del negocio. Es así como están retrasadas todas las cadenas de pago donde los principales damnificados son los pequeños agentes económicos (médicos con las prepagas, pymes proveedoras de grandes empresas, proveedores de supermercados, etc.). Con estas medidas, por un lado se elimina el incentivo a demorar los pagos (tasa cero o casi cero una vez que el estado no demanda dinero), por el otro será obligatorio para que los mismos gerentes de inversiones no se tienten en comprar dólares mientras tienen millonarias cuentas a pagar. Por el otro lado, todo ese dinero se repartirá entre millones de agentes económicos pequeños, lo que atomizará la decisión de comprar o no divisas y por lo tanto influir en su cotización: algunos comprarán dólares, otros cubrirán el saldo de la tarjeta de crédito, otros comprarán mercadería, otros pagarán impuestos adeudados y otros se irán de vacaciones a Miramar. La obligación de pagar por parte de las grandes empresas es a sólo efecto de disminuir en lo más posible sus disponibilidades (a costa de sus proveedores) para comprar dólares y subir por encima de su nivel natural la cotización.

Acabar con la coparticipación

Hay dos formas de acabar con la coparticipación. Una es cambiar la ley (lo que es difícil de lograr), otra es que no haya impuestos coparticipables. O son provinciales o son nacionales. Medidas:

Nacionalizar la educación.
Nacionalizar la salud.
Eliminar el impuesto a los bienes personales. Eventualmente las provincias podrán reformular sus alícuotas de impuesto inmobiliario.
Eliminar el impuesto al cheque.
Convertir el IVA (ya disminuido a tasa 0% y 10%) en 100% del gobierno federal.
A cambio ofrecer que el impuesto a las ganancias sea 100% provincial. Proponer la baja de la alícuota de ganancias a 10% para las personas físicas y 15% para las personas jurídicas. FEDERALES Y UNITARIOS.
Las alícuotas aduaneras deberán ser más sencillas. Una nominal de tasa de estadística (1%, 3% ó 5%) para exportaciones y algo sencillo para importaciones 10%, 15%, 30%. Simple, para limitar la arbitrariedad. La mejora del ingreso de los productores de bienes exportables será por la liberación del tipo de cambio.

El tema de impuesto a las ganancias y la no coparticipación de IVA se tiene que discutir en el Congreso, esto será a partir del 1º de marzo de 2024. Mientras tanto, el presidente puede bajar las alícuotas, incluso hasta 0%.

Finanzas públicas

Queda claro que la cancelación de LELIQs será con emisión monetaria. Debería ser la última que efectúe el nuevo gobierno. Medidas para contrarrestar sus efectos.

Exigir pago de impuestos a quienes adeuden (que parte del dinero emitido vuelva al Tesoro).
Obligar a las grandes empresas al pago a acreedores (ya detallado), por la misma razón.
Reducir ministerios y gansadas a trazo grueso (motosierra). Baja de gasto público.
Pagar con estricto criterio de caja. Se pagarán sueldos y proveedores con el ingreso de impuestos. No entra, no paga.
Cobrar impuestos aduaneros en divisa, tanto importaciones como exportaciones. Puede ser en la divisa de la transacción dentro del siguiente menú: dólares, euros, yuanes, reales.
La recaudación aduanera se destinará únicamente a cancelación de obligaciones externas (repago deuda y compra de pertrechos militares) o acumulación de reservas.
La minería aurífera pagará sus impuestos en especie. El oro y plata se destinarán a reservas del BCRA.

La dolarización

No leí la propuesta, por lo que sería una falta de respeto comentar el trabajo de otro. Mis prevenciones sobre el título en cuestión (dolarizar) son dos: A) dejar que funcionarios públicos puedan libremente contraer obligaciones en divisa es lo mismo que dejar que un mono tenga una navaja (imaginen a todo intendente y gobernador que tenga salarios y proveedores a pagar en dólares; una fiesta). B) Que los privados puedan crear argendólares mediante el simple procedimiento de emitir un cheque en dólares. No. Toda transacción en divisas deberá ser por transferencia bancaria o efectivo. Y los bancos no podrán prestar divisas excepto con su propio dinero (incluido prestárselo al estado). Nos evitaremos un nuevo 2001.

En cuanto a la gente que exporta servicios: programadores informáticos, consultores, docentes, actores, dibujantes, auditores, etc., el cambio impositivo debe ser claro e inmediato a partir del 10 de diciembre de 2023:

Cambio libre, el comprador le puede depositar la divisa en su cuenta corriente nominada en divisa (euro, dólar, etc.) al profesional exportador de servicios.
El profesional no tiene obligación de vender sus divisas que son de su propiedad y hace con las mismas lo que desee.
Ganancias sólo a partir de que el sueldo anual sea superior al del juez mejor pago de la Argentina.
IVA 0% ó 10% (a decidir).
0% impuesto al cheque.
Las empresas exportadoras de servicios podrán abonar los honorarios de sus colaboradores en divisas. Pagarán ganancias según régimen vigente.

Proyecto a elevar al congreso: 10% y 15% alícuota ganancias. Eliminar cuarta categoría. Poner mínimo no imponible para ganancias de personas físicas que no estén en relación de dependencia.

Eliminar sellos e impuesto a los ingresos brutos en provincias. Las provincias dejan de solventar salud y educación y además cobrarán 100% del impuesto a las ganancias. Ya demostré la factibilidad en FEDERALES Y UNITARIOS. Hay que tener en cuenta que el pago de DEX y brecha cambiaria es dinero que se paga hoy a la Aduana y BCRA que al eliminarlo quedará en los resultados de la empresa; en su totalidad pasará a ser rédito. Por lo tanto los provincias cobrarán – sólo por este rubro – el 15% (ó 10%) del dinero que hoy el gobierno nacional cobra de DEX + brecha cambiaria. Es muchísimo dinero adicional a la recaudación de ganancias actuales.

Dolarización

Como dije, es una falta de respeto opinar sobre el trabajo ajeno sin haberlo leído o escuchado. Mis prevenciones las hice públicas en su momento. Pero hay algo claro: existe inflación porque es un gran negocio para políticos y “empresarios” amigos del gobierno. Y la población se cansó de ese juego donde tres se hacen ricos y millones vemos que la inflación nos come los ingresos.

@autopolitics lo dice mejor que yo.

Hay muchos interrogantes y cabos sueltos en el presente texto. No es el punto. El punto es que existen soluciones. Éstas u otras. No permitan que les digan lo contrario. Hace décadas que los gobernantes son unos llorones impotentes (pompas de jabón que se derrumban, pasaron cosas, la guerra en Ucrania). Los problemas que tenemos son generados por la clase política. El primer paso para solucionarlos es echarlos a todos a patadas.

* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).

Notas

[1] Clara muestra fue el gobierno de Macri que pedía dinero prestado antes de tener asignación del mismo. Exactamente lo mismo hizo Alberto Fernández. Mientras se quejaba de que tenía que renegociar la deuda con el FMI, abría ministerios a diestra y siniestra. La deuda y su renegociación es un gigantesco negocio para los funcionarios. No importa en qué gasten. El tema es gastar mucho (y llevarse su parte) y generar la excusa para contraer deudas.

[2] Hoy casi no hay dinero de fondos de inversión que hacen la siguiente voltereta: vienen y venden dólares (lo que los funcionarios usan para bajar artificialmente la cotización), la ponen en pesos a 27%, 45%, 80%, 100% anual; cuando se cansan compran dólares y se van. Los que hacen eso ya se fueron. Una punta de compra menos.

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Artículo publicado originalmente el 22/04/2022 por Restaurar, http://restaurarg.blogspot.com/2023/04/168-horas.html

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ARGENTINA

EL ACCESO A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA AL MARGEN DEL INTERÉS NACIONAL

1 mayo, 2022 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

**Imagen: *MercoPress* (29/03/2018) https://en.mercopress.com/2018/03/29/falklands-argentine-professor-visits-stanley-and-offers-proposal-to-end-the-dispute**

El hombre del sombrerito gris no levantó la vista y continúo caminando, mirando las baldosas húmedas. Caían las primeras gotas, el “frente de todas las tormentas” enrarecía el ambiente y comenzaba a temer que no llegase a cumplir con esa ambición que ya llevaba treinta años, con la misma convicción de los que se entienden predestinados a cosas personales importantes por encima de los intereses nacionales.

Marcelo Kohen recuerda que él era desde 2016 “el primer no europeo electo como secretario general en casi 150 años del Instituto de Droit International”, una entidad que en 1904 obtuvo el Premio Nobel a la Paz, «por sus esfuerzos como organismo no oficial al formular los principios generales de la ciencia de la ley internacional». Nada que tenga que ver con el proyecto personal de este jurista que reside y trabaja hace más de veinte años en Ginebra, en un Instituto que ocupa el nada destacado Nº 2.940 en excelencia entre el ranking de universidades en el mundo y, claro está, muy lejos de este Premio Nobel a la Paz que se considera uno de los más controvertidos, ya que muchos de sus ganadores han sido muy criticados: por ejemplo Henry Kissinger (1973); Aung San Suu Kyi (1991); Yasser Arafat (1994); Wangari Mathai (2004) y otros. Nunca se le otorgó a Mahatma Gandhi a pesar de haber sido nominado varias veces y no se le dio el debido reconocimiento en el país a Adolfo Pérez Esquivel a quien se lo otorgaron en 1980 en su carácter de “fundador de organizaciones de derechos humanos no violentas para luchar contra la Junta Militar que gobernaba el país” y a Carlos Saavedra Lamas que lo recibió en 1936 por su actuación como “Presidente de la Conferencia de Paz que logró el armisticio entre Paraguay y Bolivia poniendo fin a la guerra del Chaco en 1935” y que, por una rara casualidad, estaba vinculado a nuestro ascendiente Gilberto Lerena, ya que ambos se casaron con las hijas del Presidente Roque Sáenz Peña; Rosa con Saavedra Lamas y Ciprianita con Lerena. En fin, los Premios Nobel a las personas y a las organizaciones, no se transfieren por ósmosis a los descendientes ni mucho menos a directivos de las instituciones. Solo podría heredarse alguna vieja fotografía.

Las luces de la ciudad confunden a los más obscuros personajes y suelen presentarse a destiempo de las circunstancias que viven los pueblos que, como la Argentina, viven dificilísimas décadas económicas y sociales. Tal vez sea el caso de Marcelo, que Cecilia Degl’Innocenti (Perfil, 26/04/2022) lo presenta como “el jurista que busca romper con 30 años de ausencia argentina en la Corte de La Haya” y que dice está “impulsado por la Cancillería para ocupar un lugar en el tribunal” y que “ha representado al país durante el conflicto de las papeleras sobre el río Uruguay y el caso de la Fragata Libertad”. El primer caso, perdidoso, porque la Corte entendió que Uruguay no violó sus obligaciones para evitar la contaminación ambiental y la planta de Botnia sigue produciendo, al igual que otras que se agregaron con posterioridad y, el segundo, liberó la fragata después de más de 60 días, cuando los actuantes se dieron cuenta que en lugar de recurrir al Tribunal de Comercio de Ghana podrían haber invocado el artículo 95º y 96º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para liberarla. Para no mencionar y olvidar, su rol de asesor del equipo juristas que perdió ante Chile el reclamo de Bolivia de la salida al mar.

Nos dice Cecilia que “en 2023 la Argentina tendrá la posibilidad de contar con un juez en la Corte Internacional de Justicia tras más de 30 años de ausencia de representación nacional en el órgano judicial de mayor peso a nivel internacional” y, nosotros creemos, que no se trata de incorporar simplemente un argentino a ese Tribunal sino de hacerlo con el adecuado, ya que mientras en 1973 se incorporaba a esta Corte el jurista y diplomático José María Ruda que integró ese cuerpo hasta 1991 y lo presidió en los últimos tres años, quien tuvo una participación superlativa en favor de la Nación Argentina, entre otras obras, con su fundado alegato y destacado rol que dio lugar a la sanción de la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas, un hito histórico político y jurídico en la Cuestión Malvinas; mientras que el citado Marcelo Kohen en 2018 (Infobae, 22/03/2018) les proponía a los isleños un plan que, de haberse llevado adelante, entre otras cosas les habría de permitir a estos a los treinta años reivindicar la soberanía británica sobre los archipiélagos de Malvinas, contrariando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional Argentina, la integridad territorial argentina y el sentimiento mayoritario de los argentinos.

A la hora de elegir el perfil de los representantes argentinos ante la Corte, es muy interesante destacar que mientras Ruda tenía una clara posición de representante de los intereses políticos nacionales y los traducía en claras y comprometidas acciones jurídicas y diplomáticas, la posición de Kohen parece la de un técnico a ultranza. Por un lado, el articulista refiere a que Kohen cuenta con el apoyo del gobierno nacional, sin embargo, las declaraciones de éste son reveladoras respecto a su compromiso con el Estado Argentino. Al preguntarle la periodista: «¿Cómo surgió su candidatura?» no refiere Kohen a que fue apoyado por el Gobierno actual, sino que fue «una propuesta de destacados colegas y amigos de todo el mundo que consideran que mi presencia como juez sería una contribución positiva para el trabajo de la Corte… no son los estados los que proponen a los jueces…soy profesor, no diplomático ni político, y pienso de manera independiente…No soy “pro tal estado o tal otro” sino pro-derecho internacional, lo que me importa es que los estados lo respeten… Mi compromiso como candidato es con la independencia de todo estado, presión o interés; poner el respeto del derecho internacional por encima de todo… poner todo el esfuerzo y la experiencia de trabajo en el derecho internacional al servicio de la justicia». Toda una autodefinición de un Técnico al servicio de la técnica, en un mundo, donde los intereses hegemónicos de las grandes potencias queda cada día más de manifiesto y, en especial, cuando este técnico forma parte del cuerpo de asesores del Consejo Nacional de Malvinas, que tiene como función principal prestar su conocimiento jurídico al Presidente Fernández, el Canciller Cafiero y el Secretario de Malvinas Guillermo Carmona, quienes deberían esperar que sus aportes estén destinados a recuperar el ejercicio pleno de Malvinas y no a escuchar una clase teórica del derecho internacional público al servicio de la justicia.

Llamativamente menciona Kohen en el artículo de Perfil a los muy destacados juristas argentinos Carlos Calvo y José María Drago, ambos diplomáticos de Julio Argentino Roca y omite a José María Ruda, embajador en las Naciones Unidas durante la presidencia de Arturo Illia, cuyos aportes respecto a la Cuestión Malvinas como vimos fueron relevantes y también, entre otros, a uno de los jurisconsultos más importantes de Argentina, el profesor Hugo Caminos, que entre otras cosas fue miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quién cuando integraba el Institut de Droit International acuñó una frase derivada del artículo 2º del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que dejaba en claro su calidad moral: «no se puede avalar el ingreso a quienes carecen de integridad moral». Esto viene a colación, porque para los cargos internacionales no deberían ser tenidas en cuenta solo las capacidades técnicas que, por cierto, son absolutamente imprescindibles, sino fundamentalmente la trayectoria de los postulados en favor de los intereses nacionales del candidato que el gobierno promueva. No a quien se presenta como: No soy “pro tal estado o tal otro”.

Nos deja claro Marcelo, cuando responde a la periodista, sobre cuál sería su rol en la Corte en el caso que la Argentina presentase la cuestión Malvinas: «Para que la cuestión Malvinas llegue a la Corte por vía contenciosa, haría falta que ambos Estados estén de acuerdo y acepten la jurisdicción de la Corte para resolver su controversia». Al respecto, en Clarín (Natasha N. 19/12/21) es un tanto dubitativo: “ha aconsejado a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de llevar a los británicos hasta la CIJ, lo que después ha desaconsejado por su propia experiencia” y, su mirada política un tanto lábil, ya que proveniente de una familia comunista, conmemora y pondera el “Acuerdo de Comunicaciones con el Reino Unido” de 1971 que llevó adelante la llamada Revolución Argentina del presidente de facto Alejandro Lanusse, donde confiesa que «el Acuerdo contribuyó significativamente a la prosperidad de los isleños» (Perfil, 29/06/21), lo mismo que propició Macri con el Pacto de Foradori-Duncan en 2016, pacto que aún permanece vigente pese a su asesoramiento en el Consejo Nacional de Malvinas.

Está claro que el autopostulado Marcelo Kohen no es político ni diplomático, ni ha sido juez, es un docente de derecho internacional público y así le va a la Argentina en su errática política para recuperar el ejercicio pleno de la soberanía en Malvinas.

Por los frutos se conoce el árbol (San Mateo 7,16 y San Lucas 6,44).

* Presidente de la Fundación Agustina Lerena (fundada 21/10/2002). Presidente Centro de Estudios para la Pesca (CESPE). Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex-Secretario de Estado. Ex-Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021).

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Atlántico Sur

MONÓLOGO ARGENTINO Y AVANCE BRITÁNICO

3 noviembre, 2021 SAEEG Deja un comentario

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César Augusto Lerena*

Con políticas erróneas, erráticas o ausentes, se ha provocado la más grande pérdida territorial de la Historia Argentina, desde la independencia

«Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» (Res. 1514 ‹XV› ONU, 14/12/1960 inc. 6). No parece entenderlo así el Reino Unido de Gran Bretaña, que ha hecho oídos sordos a todas las resoluciones; mientras que los reclamos diplomáticos argentinos apoyados internacionalmente, como el recibido el pasado 21 de este mes en la ONU, resultan necesarios, pero insuficientes.

Sabemos, que en 1965 la ONU dictó la Res. 2065 (XX) reconociendo la disputa entre Argentina y el Reino Unido respecto a Malvinas y los instó al diálogo; pero, ya pasaron 56 años de monólogo y cooperación unilateral argentina y 45 años de avance territorial y de explotación británica. En este escenario, hay unos pocos argentinos, que contrariando las citadas resoluciones y la Constitución Nacional y, desconociendo las cuestiones geopolíticas, económicas, jurídicas e históricas quieren que los gobiernos tengan en cuenta la opinión de los isleños, a pesar de solo tratarse de habitantes británicos implantados en Malvinas, como ya quedó demostrado en el plebiscito de 2013. En esta línea están Antón; de Ipola; Filippelli; Gargarella; Iglesias; Kovadloff; Lanata; Noriega; Novaro; Onaindia; Palermo; Sábato; Sabsay; Sarlo y Sebreli; a los que se agregan Luis Romero y Sabrina Ajmechet candidata a diputada de “Juntos” que pusieron en duda que las Malvinas sean argentinas; Patricia Bullrich, que sugirió que podrían haber cambiado Malvinas por vacunas y Marcelo Kohan que prometió a los isleños «un plebiscito sobre la soberanía» (Infobae, CARI, 2018), con la particularidad que este último hoy pertenece al Consejo Nacional de Malvinas.

Con las opiniones de estos personajes que tienen una gran exposición pública y la instrumentación de políticas erróneas, erráticas o ausentes y, a pesar de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, se ha provocado la más grande pérdida territorial de la historia argentina, desde la independencia nacional.

El 23 de septiembre de 1973 el FREJULI ganó las elecciones con la fórmula Perón-Perón obteniendo el 61,85% de los votos. Un frente integrado por peronistas, frondizistas, demócratas cristianos, conservadores populares, socialistas y otros apoyos de la izquierda.

Como producto de las gestiones diplomáticas realizadas durante ese gobierno democrático el 1 de diciembre de 1976 las Naciones Unidas aprobaron la Res. 31/49, en base a las Res. 1514 (XV) del 14/12/1960; 2065 (XX) del 16/12/1965; la 3160 (XXVIII) del 14/12/1973 y, teniendo en cuenta, la Declaración Política aprobada por la Conferencia de los Países no Alineados (Lima, 25 al 30/8/1975), donde en especial, se pidió a los gobiernos que “…aceleren las negociaciones relativas a la disputa sobre la soberanía…” y “…se instó las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas”, cuestión que el Reino Unido violó sistemáticamente y que, distintos gobiernos invisibilizaron esta importante resolución bajo el falso pretexto que fue dictada durante el Proceso Militar (escondiendo el valioso trabajo precedente) y, hasta cedieron espacios y recursos e, incluso, cooperaron en favor de los intereses de esta potencia invasora.

Los resultados están a la vista: en 1965 la disputa se limitaba a Malvinas. En 1989/90 por el Acuerdo de Madrid se incorporaron formalmente las Georgias del Sur (3.850km²) y Sándwich del Sur (310km²) y el Reino Unido consideró con este Acuerdo haber dado fin a la disputa. En 1976 al dictarse la Res. 31/49 el Reino Unido ocupaba Malvinas (11.410 Km² y tres millas marinas alrededor). Desde esa fecha y a hoy ocupan 1.639.900 km² del territorio marítimo e insular y, nos disputan 1.430.367 km² de la plataforma continental y 965.597 km2 de la Antártida Argentina. En 1976 la explotación de los recursos argentinos en el área de Malvinas era poco significativa. A partir de ese año y, especialmente desde los Acuerdos de Madrid, el Reino Unido otorgó licencias pesqueras a empresas extranjeras que capturan 250 mil toneladas por año por un valor de mil millones de dólares. Se formaron sociedades mixtas española-británicas y desde 2021 estas sociedades deberán tener el 51% de las acciones a favor de los isleños. En 45 años las empresas se llevaron 11.250.000 toneladas de productos pesqueros por un valor estimado en los 45.000 millones de dólares. Desde 1976 y especialmente desde 1982 más de 350 buques extranjeros capturan un millón de toneladas de recursos pesqueros migratorios de la Z.E.E.

Durante la década de 1980, la Cancillería rechaza en 1981 la propuesta británica de “congelar por un determinado plazo la cuestión de la soberanía…”; oferta que hacía suya “sin vencimiento” Caputo en 1987, aunque no alcanzaría el Acuerdo debido al prematuro fin del gobierno radical (1989). Sería Cavallo, quien firmaría los Acuerdos de Madrid, bajo la “fórmula del Paraguas”. Arturo Frondizi le decía a Cavallo al respecto: “para los peronistas usted es un traidor a la patria”. Desde 1982 y en especial a partir de 1989 con los citados Acuerdos y el otorgamiento de licencias pesqueras, se acrecienta la pesca por parte de buques extranjeros y, la internacionalización del mar argentino. En 1983 se inicia un proceso de desmalvinización. Se instala un proceso de desculturalización y desinformación, presentando a la guerra de Malvinas como vergonzante que minimiza el sentido de pertenencia del Archipiélago e ignora el rol cumplido por los combatientes argentinos en Malvinas y el Atlántico Sur, facilitando a los británicos el inicio de una serie de procesos ruinosos en perjuicio del país. En 1985 el Reino Unido inaugura un nuevo aeropuerto en Malvinas que facilita las operaciones militares desde las islas. En 1986 el Canciller Caputo concreta el «Acuerdo Marco de Cooperación» con la URSS y Bulgaria con la intensión fallida de que sus buques pesquen en el área de Malvinas. Como respuesta a estos Acuerdos, el Gobernador británico ilegal en Malvinas anuncia la creación de una «Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías» (FICZ), estableciendo, por primera vez, un área de 150 millas en torno a Malvinas prohibida a los buques argentinos, además de reivindicar, la Z.E.E. y una Plataforma Continental de 200 millas (438.000 km²) alrededor de Malvinas. El mismo año se crea la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (ZPCAS) aprobada por la Res. 41/11 del 27/10/1986 la ONU, con la participación de todos los Estados con ZZE en el Atlántico Sur; pese a ello el Reino Unido incrementa su armamento en las islas y la explotación de los recursos.

En la década del 1990, se firman los Acuerdos de Madrid I y II en 1989/90 que confirman la «fórmula del paraguas»; la entrega de la pesca al Reino Unido y las restricciones militares británicas que consolidan su ocupación militar y económica del Atlántico Sur. En 1990 Cavallo firma el “Acuerdo del Gallinero”, de conservación conjunta de los recursos pesqueros al éste de Malvinas, un área con forma de medialuna en territorio argentino, que facilita al Reino Unido el otorgamiento de licencias pesqueras. Con el descarte de 4.000 km² al sudeste de Malvinas, el Reino Unido se ajusta a las previsiones de la CONVEMAR (Art. 74º) respecto a la delimitación de espacios entre países ribereños vecinos, estatus que el Reino Unido pretende. En 1991 Cavallo promueve la determinación de las Líneas de Base del territorio continental argentino que le allana al Reino Unido la posterior demarcación de una Z.E.E. de Malvinas. En 1993 el Reino Unido amplía su ocupación hasta 200 millas alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Esta determinación implicó una mayor ocupación marítima y el control meridional del Atlántico Sur y su vinculación con la Antártida. En 1994 el Reino Unido se apropia de 1.400 Km² al noroeste de Malvinas, por fuera de la exclusión británica (FICZ), que denomina “GAP”, para proteger sus capturas de calamar. En 1995 la Argentina y el Reino Unido acuerdan una investigación pesquera conjunta en un sector más amplio que el de la exclusión británica, obteniendo una información vital para otorgar licencias ilegales a buques extranjeros. En 1996 en Londres, el secretario de Relaciones Exteriores Andrés Cisneros explica, como exitoso el Acuerdo donde se normalizan las relaciones con Inglaterra, sin que la Argentina limite ocupación territorial de esta o, la libre explotación de nuestros recursos. En 1998 la Argentina firma un “Convenio de Cooperación Militar” con el Reino Unido y, en lugar de reducirse la presencia militar británica en el mar argentino, ésta traslada el Comando Sur desde la Isla Ascensión a Malvinas, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur y, se mantiene la obligación de informar los movimientos militares argentinos. En 1999, Cisneros acuerda combatir los “buques sin licencias británicas”, una de las mayores cooperaciones unilaterales argentinas en favor de la economía isleña.

Durante la década del 2000. En el 2000 se aprueba por Ley 25.290 el llamado Acuerdo de Nueva York (adoptado el 4 de diciembre de 1995) sobre la conservación de las especies transzonales y altamente migratorias, que -de ratificarse- pondría en manos de los Estados de Bandera con mayoría de votos en las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) el control de las especies migratorias argentinas, abriéndole las puertas al Reino Unido para intervenir en la administración del Atlántico Sur bajo pretexto de considerar a Malvinas un estado ribereño. Es un Acuerdo que violentaría la Constitución Nacional (DTP). En 2005 la Unión Europea vota su Constitución, e incluye, a Malvinas, Georgias, Sándwich y la Antártida como Territorios Británicos de Ultramar y, los británicos otorgan licencias de pesca por 25 años en Malvinas, en una clara demostración depredadora de los recursos argentinos.

En la década del 2010. En 2011 el Reino Unido inicia las exploraciones petroleras en Malvinas y, en 2015 anuncian el hallazgo de petróleo a unos 200 km del archipiélago. El Reino Unido crea en 2011 la «reserva Blue Belt más grande del mundo» con 1.070.000 km² (tres veces más grande que el Reino Unido) en jurisdicción argentina, alrededor de Georgias y Sándwich del Sur, para asegurarse la llegada de peces a Malvinas, incluidos 20 mil Km² de dentro del área de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. En 2012 el director ilegal de Pesca de Malvinas, John Barton declaraba: «sin la Pesca los Malvinenses no podrían haber subsistido» (sic). En 2016 se ratifica de hecho el Acuerdo de Madrid, con el denominado Pacto Foradori-Duncan que declara: «adoptar las medidas para remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas». Este pacto reactivó las investigaciones pesqueras conjuntas suspendidas en 2015 y, habilitó vuelos de Malvinas a San Pablo, facilitando el comercio con este importante centro económico y de acceso al mundo. En el 2016/17 la Comisión de Límites (CLPC) de la Plataforma Continental aprueba el informe argentino, por el cual, recomienda que, sobre el total de 1.782.000 km² presentados, queden firmes solo 351.633 km², dejando sin tratar 1.430.367 km² por entender que son espacios en disputa con el Reino Unido. En 2018 la Cancillería requiere al Congreso de la Nación la aprobación del Convenio para la Conservación del Atún en el Atlántico Sur con “el ingenuo interés” de preservar una especie que no está presente en la Z.E.E. Argentina, que le permitiría una mayor injerencia al Reino Unido. En 2019 se otorgan a empresas británicas áreas offshore de explotación petrolera, entre Malvinas y el continente argentino, consolidando la presencia británica en esa región austral.

Durante la década del 2020. En 2020 se crea por ley 27.558 una Comisión integrada con legisladores, académicos y veteranos de guerra, entre cuyos miembros, hay quién tiene una posición alejada a la establecida en la Constitución Nacional. Sancionada la ley 27.564 para aumentar las multas a la pesca ilegal, hasta la fecha no se han aplicado a los buques que operan en Malvinas o a la captura de las especies migratorias argentinas. En 2021 se produce el Brexit y la salida de Malvinas de la Unión Europea, sin embargo, a instancias de España, se acuerda que los productos de este origen sigan ingresando a Europa sin aranceles, consolidando la economía de los isleños. Los británicos construyen un puerto en Georgias del Sur y anuncian la construcción de un puerto en Malvinas que se constituirá en el epicentro de las operaciones del sur de Atlántico Sur y la Antártida. Uruguay y Chile, mientras tanto, dan apoyo logístico y portuario a Malvinas.

La información precedente demuestra la grave violación del Reino Unido de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y la necesidad de nuevas estrategias de Argentina.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, autor de 28 libros. Entre ellos: “Malvinas. 1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2021) y “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada” (2021).

Nota publicada en El Economista, 02/11/2021, https://eleconomista.com.ar/debates/monologo-argentino-avance-britanico-n47499

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