El 1º de mayo de 1948, en su mensaje ante el Congreso, el presidente argentino Juan Domingo Perón rechazó los rumores acerca de que pretendía modificar la Constitución Nacional en la parte referida a la reelección. El artículo 77 especificaba que el mandato era de seis años para presidente y vice; solo podían ser reelegidos tras el intervalo de un período. Perón negó querer ser reelecto. Expresó que la reelección inmediata “sería un enorme peligro para el futuro político de la República”. Sin embargo, cuatro meses después se inició la reforma, que concluyó en la Constitución de 1949 y se cambió el artículo 77, que pasó a ser 78, el que simplemente expresaba: “el presidente y el vicepresidente duran en sus cargos seis años y pueden ser reelegidos”. En 1951 Perón se convirtió en el primer mandatario argentino reelecto; ciertamente su meta era seguir así indefinidamente pero el alzamiento militar de 1955 truncó sus planes. El resto de la historia es conocida. Años después Perón retornó de su exilio y fue presidente nuevamente, esa vez mediante voto popular indiscutido. Falleció en pleno ejercicio de su mandato en julio de 1974.

La llamada Constitución peronista se promulgó el 16 de marzo de 1949, hace 70 años. Según los justicialistas, marcaba la cima del llamado «constitucionalismo social». Se derogó tras la caída de Perón. En el hermano país hoy rige la Constitución de 1994.

Poco pueden sorprender ahora los malabares de Daniel Ortega y Evo Morales con este antecedente. Es un hecho que, desde hace mucho tiempo, el caudillaje latinoamericano ha pretendido estar por encima de la ley o modificarla a su antojo con el fin de perpetuarse. Casi siempre la cosa ha terminado mal, pero la historia no desalienta a los caudillos de turno. Ellos siguen insistiendo en permanecer al mando, inclusive burlando la voluntad popular. Tal cosa sucedió en Bolivia, donde luego del rechazo mayoritario del 21 de febrero de 2016, un tribunal complaciente sacó de la galera la idea del “derecho humano” a ser reelegido. Y lo hizo ante el silencio cómplice de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo actual Secretario Luis Almagro ha dado muestras de vergonzosa duplicidad.

Escudados en conceptos formales de soberanía o autodeterminación, los afectos a perpetuarse se burlan de la Carta Democrática interamericana, como también de sus propios pueblos. Y mientras tanto, el sistema hemisférico -en su tremenda ineficacia lindante con complicidad- sigue sin hacer nada que termine con esas maniobras.

Tomada de El Deber (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia),  https://www.eldeber.com.bo/opinion/El-afan-historico-de-la-reeleccion-20190325-7514.html

La administración de Evo Morales, desde el inicio de su gestión en 2006 rechazó conceptos clásicos de la diplomacia y proclamó una ‘diplomacia de los pueblos’, sin elaborar nada que vaya más allá de esa ambigua definición. Si por los resultados podemos calificar, en la práctica la misma no tuvo aciertos y pareciera haberse convertido en un fracaso.

Tras desmantelar la vieja casona de la calle Ingavi -sede tradicional de la Cancillería- y crear una ficción indigenista, con notable sesgo aimara que ignoró la rica diversidad étnica del país, ha transcurrido un margen de tiempo suficiente para juzgar resultados. Lograr la participación de los pueblos originarios sería positivo si se acompañara de la formación indispensable para representar a Bolivia en el concierto internacional.

En esa perspectiva, hay muestras de fracasos de la diplomacia nacional en los últimos años. Sin duda, uno de ellos —quizás el más importante— fue el fiasco ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuyo veredicto de octubre 2018 sepultó casi para siempre las posibilidades que Bolivia podía tener de retornar algún día al mar que perdió en la Guerra del Pacífico. Más de cinco años después de iniciado el trámite judicial y tras muchos millones de dólares gastados, vino el fallo adverso, no sin previos actos internos y externos de triunfalismo, algo que hizo aún más amarga la derrota para el oficialismo y sobre todo para el inocente pueblo boliviano. Es más, expresar una leve crítica o dudas acerca del proceso llevado a cabo ante la CIJ era hasta peligroso, se corría el riesgo de ser tildado de ‘traidor’; la demanda presentada ante La Haya se transformó en dogma. A esos extremos se llegó.

En 2013 se aprobó una nueva ley del servicio exterior, que borró con el codo los esfuerzos de muchos años por tener una carrera diplomática estable y un cuerpo de formación profesional vía la Academia Diplomática. Desdeñando lo actuado antes —tildado de “elitista” y para “pocos” — el MAS pretendió crear una diplomacia inédita.

De las 36 legaciones diplomáticas de Bolivia en el mundo, 15 no tienen embajador. Solo dos de los representantes tienen carrera diplomática y las nuevas designaciones son casi siempre sorprendentes. Ya pasaron militares, dirigentes indígenas y cantantes. Ahora hay otros perfiles, pero se mantiene la falta de formación especializada.

Bolivia es un país diverso y de riqueza productiva, pero de nada le sirve si quienes nos representan en los grandes mercados mundiales, carecen de iniciativas que permitan buscar nuevos mercados para las exportaciones. En fin, se necesita mucho y es poco lo que se consigue con el actual sistema del servicio exterior.

No es evidente ningún “ejercicio de soberanía”, como se afirma. Lo que sí se ve es que hay improvisados diplomáticos, muchos de ellos convencidos de que, por vestir ropas extravagantes y expresar altisonancias, son ‘representativos’. Los embajadores profesionales son contados, el resto son designaciones dispuestas al calor político.

Tomada de El Deber (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), https://www.eldeber.com.bo/opinion/La-diplomacia-de-los-pueblos-20190324-7488.html