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ALBERTO FERNÁNDEZ Y EL EJEMPLO PORTUGUÉS

Rolando Santos*

En su visita a Portugal, Alberto Fernández se reunió con el primer ministro Antonio Costa

Como dicen en Portugal, el pueblo decidió, está decidido: Alberto Fernández será el próximo presidente de la Argentina.

Dada la situación económica del país, su gobierno tendrá una enorme tarea por delante. La máxima prioridad, dijo poco después de que se conocieran los resultados de las elecciones, es que “los argentinos dejen de sufrir”. Con este fin, Fernández quiere reducir las medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por los acreedores extranjeros mediante la recuperación de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados. Esto aumentaría la demanda interna y el crecimiento económico, lo que a su vez generaría más ingresos fiscales y mejora de las cuentas del Estado. Es decir, la idea es cambiar un ciclo vicioso (austeridad, depresión económica, degradación de las cuentas públicas, más austeridad) por un ciclo virtuoso.

Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Portugal, preguntará el lector?

A principios de septiembre, el futuro presidente estuvo en Europa y habló con António Costa, el primer ministro portugués, sobre cómo ha implementado una política similar en los últimos cuatro años. El propio Fernández informó en una entrevista de radio las conclusiones que sacó de esta discusión, que eventualmente encontró eco en otros medios.

Alberto Fernández elogió la capacidad del líder socialista portugués para conciliar lo que aparentemente es irreconciliable en un país que “viste” el chaleco de fuerza del FMI: equilibrar las cuentas públicas al tiempo que aumenta los ingresos de los trabajadores y de los jubilados. Algo similar, dice, sucedió durante la presidencia de Néstor Kirchner, y eso es lo que pretende repetir.

Naturalmente, no apreciaré las medidas específicas propuestas por el futuro presidente argentino para implementar este programa, ya que los lectores están mucho mejor capacitados que yo para hacerlo. Sin embargo, puedo dar algunos datos que podrán ser útiles para contextualizar el ejemplo portugués y permitir evaluar los límites de su aplicación en Argentina.

Tras la crisis financiera mundial de 2008-2009, Portugal se vio obligado a pedir ayuda de emergencia por valor de 78 000 millones de euros a una “Troika” compuesta por el FMI, la Unión Europea (UE) y el Banco Central Europeo (BCE). Esto sucedió en abril de 2011, aún bajo la responsabilidad de un gobierno renunciante dirigido por José Sócrates. Solo dos meses después, los socialistas fueron reemplazados por una coalición de centroderecha (PSD y CDS) dirigida por Pedro Passos Coelho, quien introdujo un conjunto de medidas de austeridad sin precedentes en la historia reciente del país.

Como resultado de ello, el ingreso promedio de los portugueses cayó un 16% entre 2010 y 2013. La tasa de desempleo, que estaba por debajo del 8% antes de la crisis, aumentó al 16% en 2013. Los impuestos directos e indirectos aumentaron a niveles nunca antes vistos. La inversión pública prácticamente se detuvo y muchos gastos actuales se redujeron a niveles que amenazaron el funcionamiento de los servicios. Casi todos los bancos sufrieron enormes dificultades y se vieron obligados a pedir ayuda estatal. El mayor banco privado ha sido cerrado en medio de un gran escándalo y su daño afectará a las cuentas públicas durante muchos años.

A pesar de todo esto, se ha logrado el objetivo principal del gobierno. La amarga píldora de la austeridad redujo el déficit estatal a niveles aceptables, por lo que, solo tres años después de pedir la ayuda de la Troika, Portugal ya estaba en condiciones de abandonar el programa de rescate financiero que había puesto las cuentas públicas bajo control externo.

La evolución, como dice la Comisión Europea, fue notable. En 2010, el déficit alcanzó el 11,2% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los más altos de la historia; para 2014, ya era menos de la mitad (sin contar los gastos extraordinarios resultantes de la crisis bancaria); en 2019, se estima que por primera vez desde que se estableció la democracia en el país, Portugal tiene un déficit cero, o muy cercano a él.

Estos números no se lograron solo mediante la austeridad. La economía, que había tenido tasas de crecimiento muy bajas o incluso negativas desde la introducción del euro en 2002, ha evolucionado de manera muy diferente. En el apogeo de la crisis, en 2012, el PIB cayó más del 4%; en 2017 aumentó 3.5% y el año pasado 2.4%. La apuesta de las empresas por las exportaciones y el enorme crecimiento del turismo contribuyeron mucho a esto, en una primera fase; luego, el aumento del consumo interno ayudó mucho.

Lo que debe destacarse en esta ruta es la continuidad. Entre 2011 y 2019, Portugal tuvo dos gobiernos, uno de centro derecha (coalición PSD-CDS) y uno socialista (con el apoyo parlamentario del Partido Comunista y del Bloque de Izquierda), pero ambos mantuvieron el mismo control férreo sobre las finanzas públicas. Todos los gastos grandes —y a veces incluso pequeños— de diferentes ministerios solo pueden hacerse con el acuerdo del ministro de finanzas. Cada vez que éste entiende que esos gastos pueden poner en duda el resultado anual del déficit, procede a bloquearlos. Es decir, incluso si los gastos son presupuestados y autorizados por el parlamento, el gobierno no los hace.

No es casualidad que describo este mecanismo en tiempo presente. Si bien los bloqueos son ampliamente criticados por su impacto negativo en las inversiones públicas indispensables, continúan utilizándose con frecuencia. La verdad es que han sido cruciales para prevenir los recortes presupuestarios y, por lo tanto, no deberán efectuarse en el corto plazo.

La reducción del déficit público ha sido el principal objetivo económico del gobierno portugués desde la crisis, sea el de la izquierda o el de la derecha. Tanto Pedro Passos Coelho como António Costa se dieron cuenta de algo fundamental: para sacar a Portugal de esta situación lo antes posible, la Unión Europea y el FMI tenían que estar de su lado. Contra ellos no se puede hacer nada. Para obtener la buena voluntad de estas entidades, era necesario mostrarles que el gobierno pudo poner las cuentas al día y eso fue lo que hicieron. Con un gran costo para los portugueses.

El camino podría haber sido otro. Grecia eligió rebelarse contra los dictados de Bruselas, Frankfurt y Washington, e incluso eligió un gobierno radical de izquierda. Sin embargo, este último se vio obligado, de manera humillante, a aceptar las imposiciones de los acreedores y en condiciones aún más duras que las presentadas inicialmente.

Las diferencias entre los de centro derecha y los socialistas en Portugal se centraron en la dimensión de la austeridad y en cómo debería aplicarse en lugar de su necesidad. Después de la fase inicial de recortes profundos y transversales en salarios, pensiones e inversiones, Passos Coelho desea reducirlos más lentamente y concentrar los esfuerzos en mejorar la situación de las empresas para que luego puedan impulsar la economía. Antonio Costa ya propuso una reversión más rápida y mayor de la pérdida de ingresos, a fin de mejorar la vida de las personas y aumentar el consumo.

Estas opciones se debatieron acaloradamente en las elecciones legislativas de 2015, que ganó la coalición de centroderecha. A pesar del enorme desgaste que sufrió el gobierno durante cuatro años de austeridad sin precedentes, gran parte del electorado comprendió que el curso no podría haber sido muy diferente y que el ejecutivo había sido determinado en su aplicación.

Los socialistas finalmente llegaron al poder porque sus oponentes no lograron obtener el apoyo parlamentario necesario, y lo hicieron, a través de una alianza invisible con la izquierda más radical, que se conocería como la “Geringonça”.

António Costa asumió el liderazgo del gobierno y esencialmente cumplió sus promesas. Por esta razón, y debido a que la economía continuó mejorando sustancialmente durante su mandato, fue recompensado con una clara victoria en las elecciones legislativas del 6 de octubre, aunque todavía necesitará el apoyo de los partidos más a la izquierda.

Dicho esto, se deben tener en cuenta varios hechos importantes sobre la política económica socialista de los últimos cuatro años. La primera es que no es posible separarla de la que siguieron sus predecesores y mucho menos hacerla antagónica. Los socialistas pudieron mejorar la situación de los asalariados y de los jubilados también gracias a lo que se hizo antes y no a pesar de lo que se hizo antes. Sin mejorar las cuentas públicas, nunca habría suficiente dinero para tales medidas, ni los prestamistas las hubieran permitido. Los socialistas dejaron de hablar de austeridad, la atenuaron y la aplicaron de otra manera, pero terminaron con ella.

Evidencia de esto es que, en menos de tres años, el ministro de Finanzas, Mário Centeno, cambió de representante de un país que acababa de ser intervenido por la UE al presidente del Eurogrupo, el organismo responsable del cumplimiento de la ortodoxia financiera de Bruselas. Pasar de ser fiscalizado a supervisor de las finanzas europeas en tan poco tiempo es trabajo y solo ha sido posible gracias a su respeto por las reglas básicas dictadas por los acreedores europeos.

Hacerlo mientras se cumplían las promesas de las elecciones socialistas no fue fácil. Uno de los métodos que utilizó fue compensar la reducción de los impuestos extraordinarios sobre los salarios y las pensiones mediante el aumento de los impuestos indirectos, como los aplicados al combustible. En Portugal, aproximadamente dos tercios del precio final de un litro de combustible corresponden a impuestos. Esto significa que gran parte del dinero que los portugueses recuperaron, por un lado, fue a arcas estatales por el otro. Por lo tanto, la carga tributaria para los ciudadanos sigue siendo muy alta, habiendo sido en 2018 la más alta desde 1995: 35,4% del PIB.

Otro de los factores que debe tenerse en cuenta al analizar las posibilidades de transferencia del modelo portugués es la gran diferencia en el marco internacional. Como el propio Alberto Fernández reconoció en su entrevista radial de septiembre, el hecho de que Portugal sea parte de la Unión Europea y de la Eurozona lo coloca en una situación muy diferente de la Argentina.

La política redistributiva del Partido Socialista solo fue posible debido a la política monetaria seguida por el Banco Central Europeo. Desde 2016, la tasa de referencia de los préstamos bancarios ha sido del 0% y el BCE se ha embarcado en un gran programa de compra de deuda para los países más afectados por la crisis, incluido Portugal. Eso fue lo que les permitió soportar los peores momentos en que nadie más estaba dispuesto a darles crédito. Ahora, gracias a la acción del BCE, Portugal puede obtener préstamos a tasas negativas, lo que le da la posibilidad de reestructurar su deuda por sobregiro. El ministerio de Finanzas ha reemplazado las deudas más antiguas y más caras que generan intereses por una deuda nueva más favorable, ahorrando así miles de millones de euros.

Por supuesto, siempre es posible ver el reverso de la medalla y decir que si Portugal aún conservara su antigua moneda, el escudo habría tenido mucha más flexibilidad para lidiar con los efectos de la crisis. Sin embargo, como saben los argentinos, emitir más papel moneda para resolver problemas a corto plazo siempre tiene consecuencias mucho peores a largo plazo.

Lo que también me parece importante tener en cuenta para el caso argentino es el hecho de que el FMI ha reconocido que la medida de austeridad impuesta al rescate financiero de los países europeos ha sido excesiva. Christine Lagarde, ex directora general de la organización, dijo en 2013 que el FMI “fue el primero en decir ‘atención, es demasiada consolidación fiscal, demasiado rápido, hay que dar tiempo’. Y les dijimos lo mismo tanto a Grecia, como a Portugal, o a España, que no estaba en el programa”.

Esta posición es relativamente consensuada en Portugal. Ocho años después de que el país estuviera al borde de la bancarrota y pidiendo ayuda a la “Troika”, existe la clara idea de que se podrían haber logrado los mismos resultados o incluso mejores con menos sufrimiento.

 

Rolando Santos

* Licenciado en Historia por la Universidad de Oporto (1998) y posgrado en Historia, Defensa y Relaciones Internacionales por la Academia Militar del Ejército Portugués y por el ISCTE – Instituto Universitario de Lisboa (2007).

Periodista especializado en asuntos internacionales de la estación de televisión portuguesa TVI y autor de cientos de artículos periodísticos sobre temas de esta área.

En 2005 publicó el libro “Terrorismo em Direto – A Grande Manipulação”.

 

Traducido del portugués por Marcelo Javier de los Reyes.

©2019-SAEEG®

ALBERTO FERNÁNDEZ E O EXEMPLO PORTUGUÊS

Rolando Santos*

 Durante sua visita a Portugal, Alberto Fernández se encontrou com o primeiro-ministro António Costa 

Como se diz em Portugal, o povo decidiu, está decidido: Alberto Fernández vai ser o próximo presidente da Argentina.

Dada a situação económica do país, o seu governo terá uma tarefa tremenda pela frente. A principal prioridade, disse ele logo após os resultados eleitorais terem sido conhecidos, é que “os argentinos deixem de sofrer”. Para tal, Fernández quer reduzir as medidas de austeridade impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelos credores estrangeiros, repondo rendimentos dos trabalhadores e pensionistas. Isso permitiria aumentar a procura interna e o crescimento económico, o que, por sua vez, geraria mais receita fiscal e uma melhoria das contas do Estado. Ou seja, a ideia é trocar um ciclo vicioso (austeridade, depressão económica, degradação das contas públicas, mais austeridade) por um ciclo virtuoso.

Bem, mas o que tem tudo isto a ver com Portugal, perguntará o leitor?

No início de setembro, o futuro presidente esteve na Europa e conversou com António Costa, o primeiro-ministro português, sobre a forma como este implementou uma política semelhante nos últimos quatro anos. O próprio Fernández deu conta, numa entrevista radiofónica, das conclusões que tirou dessa discussão, que acabaria por ter eco noutros órgãos de comunicação social.

Alberto Fernández louvou a capacidade do líder socialista português de conciliar o que é aparentemente irreconciliável num país que “veste” a camisa-de-forças do FMI: equilibrar as contas públicas e, ao mesmo tempo, aumentar os rendimentos de trabalhadores e pensionistas. Algo parecido, diz ele, aconteceu durante a presidência de Néstor Kirchner, e é isso que pretende repetir.

Como é natural, não farei qualquer apreciação sobre as medidas específicas propostas pelo futuro presidente argentino para concretizar este programa, já que os leitores estão muito mais habilitados do que eu para o fazer. Posso, contudo, dar alguns dados que poderão ser úteis para contextualizar o exemplo português e permitir avaliar os limites da sua aplicação na Argentina.

Na sequência da crise financeira mundial de 2008-2009, Portugal viu-se forçado a pedir uma ajuda de emergência de 78 mil milhões de euros a uma “Troika” composta pelo FMI, União Europeia (UE) e Banco Central Europeu (BCE). Isso aconteceu em abril de 2011, ainda sob a responsabilidade de um governo demissionário liderado por José Sócrates. Apenas dois meses depois, os socialistas foram substituídos por uma coligação de centro-direita (PSD e CDS) liderada por Pedro Passos Coelho, que introduziu um conjunto de medidas de austeridade sem precendentes na história recente do país.

Em consequência disso, o rendimento médio dos portugueses caiu 16% entre 2010 e 2013. A taxa de desemprego, que estava abaixo dos 8% antes da crise, subiu até aos 16% em 2013. Os impostos diretos e indiretos aumentaram para níveis nunca vistos. O investimento público praticamente parou e muitas despesas correntes foram cortadas para patamares que ameaçaram o funcionamento dos serviços. Quase todos os bancos sofreram enormes dificuldades e foram obrigados a pedir a ajuda do Estado. O maior banco privado foi encerrado no meio de um enorme escândalo e os seus prejuízos irão sobrecarregar as contas públicas durante muitos anos.

Apesar de tudo isto, o principal objetivo do Governo foi alcançado. A pílula amarga da austeridade reduziu o défice do Estado para níveis comportáveis, de tal modo que, apenas três anos depois de ter pedido a ajuda da “Troika”, Portugal já estava em condições de deixar o programa de resgate financeiro que tinha posto as contas públicas sob controlo externo.

A evolução, como diz a Comissão Europeia, foi notável. Em 2010, o défice chegou a 11,2% do Produto Interno Bruto (PIB), um dos valores mais altos de sempre; em 2014, já estava em menos de metade (não contando com as despesas extraordinárias resultantes da crise bancária); em 2019, estima-se que, pela primeira vez desde que a democracia foi instaurada no país, Portugal tenha um défice de zero, ou muito próximo disso.

Estes números não foram alcançados apenas através da austeridade. A economia, que tinha tido taxas de crescimento muito baixas ou mesmo negativas desde a introdução do euro, em 2002, passou a ter uma evolução muito diferente. No auge da crise, em 2012, o PIB caiu mais de 4%; em 2017 subiu 3,5% e no ano passado 2,4%. A aposta das empresas nas exportações e o crescimento enorme do turismo contribuíram muito para isso, numa primeira fase; depois, a subida do consumo interno ajudou bastante.

O que há a realçar neste percurso é a continuidade. Entre 2011 e 2019, Portugal teve dois governos, um de centro-direita (coligação entre PSD e CDS) e outro socialista (com o apoio parlamentar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda), mas ambos mantiveram o mesmo controlo férreo das finanças públicas. Todas as grandes —e, por vezes, mesmo as pequenas— despesas dos diferentes ministérios só podem ser feitas com o acordo do ministro das Finanças. Sempre que este entende que elas podem pôr em causa o resultado anual do défice, ele procede à sua cativação. Ou seja, mesmo que a despesa esteja orçamentada e autorizada pelo Parlamento, o Governo não a faz.

Não é por acaso que descrevo este mecanismo no presente do indicativo. Apesar de as cativações serem muito criticadas pelo impacto negativo que têm em investimentos públicos considerados indispensáveis, elas continuam a ser usadas com frequência. A verdade é que elas se têm mostrado cruciais para evitar derrapagens orçamentais e, por isso, não deverão ser dispensadas tão cedo.

Reduzir o défice público tem sido o principal objetivo económico do governo português desde a crise, seja ele de esquerda ou de direita. Quer Pedro Passos Coelho, quer António Costa perceberam algo de fundamental: para tirar Portugal desta situação o mais rapidamente possível, havia que ter a União Europeia e o FMI do seu lado. Contra eles, nada se conseguiria fazer. Para obter a boa vontade dessas entidades, era preciso mostrar-lhes que o Governo era capaz de pôr as contas em dia, e foi isso que fizeram. Com enorme custo para o povo português.

O caminho podia ter sido outro. A Grécia escolheu rebelar-se contra os ditames de Bruxelas, Frankfurt e Washington, e até elegeu um governo da esquerda radical. Todavia, este acabou por ser forçado, de forma humilhante, a aceitar as imposições dos credores, e em condições ainda mais duras do que aquelas que tinham sido apresentadas inicialmente.

As divergências entre centro-direita e os socialistas em Portugal centraram-se na dimensão da austeridade e na forma como ela devia ser aplicada, e não na sua necessidade. Passada a fase inicial, de cortes profundos e transversais em salários, pensões e investimentos, Passos Coelho gostaria de os reduzir mais lentamente e concentrar esforços em melhorar a situação das empresas, para que estas pudessem depois empurrar a economia para a frente. Já António Costa propôs uma reversão mais rápida e maior dos rendimentos perdidos, de forma a melhorar a vida das pessoas e aumentar o consumo.

Estas opções foram debatidas intensamente nas eleições legislativas de 2015, que a coligação de centro-direita venceu. Apesar do enorme desgaste que o governo sofreu durante quatro anos de austeridade sem precedentes, boa parte do eleitorado entendeu que o rumo não poderia ter sido muito diferente e que o executivo tinha sido determinado na sua aplicação.

Os socialistas acabaram por chegar ao poder porque os seus adversários não conseguiram obter o apoio parlamentar necessário, e eles sim, mercê de uma aliança nunca vista com a esquerda mais radical, que passaria a ser conhecida como a “Geringonça”.

António Costa assumiu a chefia do governo e cumpriu, no essencial, as suas promessas. Por isso mesmo, e porque a economia continuou a melhorar substancialmente durante o seu mandato, foi recompensado com uma vitória clara nas eleições legislativas de 6 de outubro, embora vá continuar a precisar do apoio dos partidos mais à esquerda.

Posto isto, há que notar vários dados importantes sobre a política económica socialista dos últimos quatro anos. O primeiro é que não é possível separá-la daquela que foi seguida pelo seus antecessores, e muito menos torná-las antagónicas. Os socialistas puderam melhorar a situação dos assalariados e pensionistas também por causa do que foi feito antes e não apesar do que foi feito antes. Sem a melhoria das contas públicas, nunca haveria dinheiro suficiente para essas medidas, nem os credores as permitiriam. Os socialistas deixaram de falar em austeridade, aligeiraram-na e aplicaram-na de outra forma, mas nem por isso acabaram com ela.

Uma das provas disso mesmo é o facto de, em menos de três anos, o ministro das Finanças, Mário Centeno, ter passado de representante de um país que tinha acabado de ser intervencionado pela UE para presidente do Eurogrupo, o órgão responsável pelo cumprimento da ortodoxia financeira de Bruxelas. Passar de fiscalizado a fiscalizador-mor das finanças europeias em tão pouco tempo é obra e só foi possível graças ao seu respeito pelas regras básicas ditadas pelos credores europeus.

Fazer isso e, ao mesmo tempo, cumprir as promessas eleitorais socialistas não era nada fácil. Um dos métodos que usou foi compensar o corte dos impostos extraordinários que recaíam sobre salários e pensões com o aumento de impostos indiretos, como os que incidem sobre os combustíveis. Em Portugal, cerca de dois terços do preço final de um litro de combustível corresponde a taxas. Isto significa que boa parte do dinheiro que os portugueses recuperaram por um lado foi parar aos cofres do Estado por outro. Assim, a carga fiscal que recai sobre os cidadãos continua muito elevada, tendo atingido em 2018 o valor mais alto desde 1995: 35,4% do PIB.

Outro dos factores que há que ter em atenção ao analisarmos as possibilidades de transferência do modelo português é a diferença enorme que há no enquadramento internacional. Como o próprio Alberto Fernández reconheceu na sua entrevista radiofónica de setembro, o facto de Portugal fazer parte da União Europeia e da Zona Euro colocam-no numa situação muito diferente da Argentina.

A política redistributiva do Partido Socialista só foi possível por causa da política monetária seguida pelo Banco Central Europeu. Desde 2016 que a taxa de referência para os empréstimos bancários é 0% e o BCE encetou um enorme programa de compra de dívida dos países mais afetados pela crise, entre os quais Portugal. Foi isso que que lhes permitiu aguentar os piores momentos, em que mais ninguém estava disposto a dar-lhes crédito. Agora mercê da ação do BCE, Portugal consegue obter empréstimos a taxas negativas, o que lhe dá a possibilidade de fazer uma reestruturação da dívida encapotada. O MInistério das Finanças tem substituído a dívida mais antiga, e mais cara em juros, por dívida nova em condições mais favoráveis, poupando assim milhares de milhões de euros.

É claro que é sempre possível ver o reverso da medalha e dizer que, se Portugal ainda mantivesse a sua moeda antiga, o escudo, teria tido muito mais flexibilidade para lidar com os efeitos da crise. Todavia, como os argentinos bem sabem, imprimir mais papel-moeda para resolver problemas de curto prazo acaba sempre por trazer consequências muito piores no longo prazo.

O que também me parece importante reter para o caso argentino é o facto de o FMI ter reconhecido que a dose de austeridade imposta nos países europeus sob resgate ter sido excessiva. Christine Lagarde, a ex-diretora-geral da organização disse logo em 2013 que o FMI «foi o primeiro a dizer ‘atenção, é demasiada consolidação orçamental, demasiado depressa, é preciso dar tempo ao tempo’. E dissemos a mesma coisa tanto para a Grécia, como para Portugal, ou para Espanha, que não estava sob programa».

Esta posição é relativamente consensual em Portugal. Oito anos depois de o país ter ficado à beira da bancarrota e de ter pedido ajuda à “Troika”, há a noção clara de que se poderia ter alcançado os mesmos resultados, ou até melhores, com menos sofrimento.

 

Rolando Santos

* Licenciado em História pela Universidade do Porto (1998) e pós-graduado em História, Defesa e Relações Internacionais pela Academia Militar do Exército Português e pelo ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (2007).

Jornalista especializado em assuntos internacionais da estação de televisão portuguesa TVI e autor de centenas de artigos jornalísticos sobre temas dessa área.

Publicou em 2005 o livro “Terrorismo em Direto – A Grande Manipulação”.

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