Cuando se establece históricamente un límite —sin protestas— debe aceptarse su permanencia inalterable; salvo arreglo pactado entre los Estados concernidos, para sus posibles modificaciones.
Suficientemente es conocido que los componentes estructurantes de un Estado: el territorio que ha sido adquirido legítima y legalmente, así, además, la población como la dimensión humana que se posesiona de tal espacio y el sistema jurídico que regula y norma los comportamientos sociales, para hacer factible la convivencia; en fin, se constituye un entramado tridimensional que fija el destino y señala las acciones; atendiendo, permanentemente, al absoluto respeto y acatamiento al orden estatal.
El otro factor viene a ser el reconocimiento; complementario —tal vez— para la plena condición de Estado.
El problema del reconocimiento de Estados siempre ha sido controversial entre las doctrinas que se rivalizan según los caracteres constitutivo o declarativo del reconocimiento.
Todavía La contraposición de esas dos teorizaciones domina la discusión sobre este aspecto.
Cuando nace un Estado es porque ha habido una conjugación de bastantes elementos antecedentes que materializan ese hecho social, histórico y jurídico.
Digamos que un Estado no surge a la vida comunitaria internacional por medio de instrumentos de prestidigitación, cualquiera que sea su extensión y organización.
Un Estado no aparece de improviso sobre la tierra, sino que se forja progresivamente a través de la textura sociopolítica de su sociedad.
Se le ha conferido —en algunos casos específicos— mucha importancia al asiento físico del Estado, a su delimitación y demarcación; por cuanto, comporta el elemento quizás de mayor significación histórica; de allí que, si se intenta torcer las determinaciones limítrofes, de manera arbitraria , se quebrantaría el Principio de Estabilidad de las fronteras; trayendo graves consecuencias a los Justos Títulos que respaldan y soportan la consolidación espacial de los Estados (cuando en verdad los poseen; más aún si es frontera heredada, como en nuestro caso); así igual, el señalado hecho absurdo irrumpe contra al valor de la geografía; desnaturaliza la política y la historia en la comprensión del fenómeno limítrofe, el cual siempre ha sido abarcativo en muchos aspectos; no solo líneas divisorias.
Hemos sostenido, por más de un siglo la contención por la extensión que nos arrebataron y estamos dispuestos a alegar en pro de la justicia en La Haya, si así lo determina el Jefe de Estado porque tenemos suficientes elementos probatorios: históricos, jurídicos, cartográficos, sociales, políticos y morales que nos asisten. Justificamos nuestro reclamo basados en el Principio de la intangibilidad de nuestra frontera heredada; de tal manera que no son elucidaciones trasnochadas o caprichos antojadizos
La contraparte en el litigio —amparada en prebendas dinerarias e intereses de las empresas transnacionales— sabe que poseemos bastantes documentos de pleno derecho, que no admiten prueba en contrario.
A propósito de la audiencia pública que recién finalizaron en la Corte —motivadas a la Excepción Preliminar de inadmisibilidad que plateamos— la numerosa y cara delegación guyanesa pudo percatarse que nos asiste la razón y que estamos dispuestos, una vez conocida la sentencia de la Corte, a alcanzar una solución definitiva a este pleito.
La mayoría de los jueces de la Corte conocen, además, que nos encontramos apertrechados y munidos con los Justos Títulos (iuris et de iure) que avalan la histórica propiedad incuestionable de Venezuela, sobre la Guayana Esequiba.
Esa extensión territorial de 159.500 km2, con su incalculable riqueza de todo tipo y su legítima proyección atlántica desde siempre ha sido nuestra.
Ha habido innumerables jurisprudencias —a partir de anteriores resoluciones sentenciales de la Corte Internacional de Justicia— que refuerzan nuestra posición para mantener con firmeza los límites heredados por Venezuela.
En el Derecho Internacional Público es válidamente aceptado, sin la menor discusión, que la Cesión de Derechos se impone a cualquier dictamen de fuerza; por lo que en nuestro caso —según sentencia esperada de la Corte, si admite o no la demanda que nos hizo Guyana— no será distinto; siempre y cuando la posible resolución de la citada Sala Juzgadora se circunscriba en estricto derecho.
Veamos las siguientes decisiones jurisprudenciales emanadas de esa entidad administradora de justicia:
“Una vez acordado, el límite se mantiene; ya que cualquier otro enfoque viciaría el principio fundamental de la estabilidad de los límites, cuya importancia ha sido reiteradamente enfatizada por esta Corte” (Contención entre Libia y Chad, 1994).
Otro ejemplo que nos viene bastante bien, para reinstalar en la memoria algunas decisiones por controversias interestatales en el Alto Tribunal de La Haya:
“…La Corte enfatiza que el principio Uti possidetis iuris requiere no solo que se confíe en los títulos legales existentes, sino también que se tenga en cuenta la manera en que esos títulos fueron interpretados y aplicados por las autoridades públicas competentes en el Poder, en particular en el ejercicio de su poder legislativo”
(Controversia fronteriza, Benín-Níger. 2013).
Nuestra aseveración la basamos y centramos en que, al momento de resolver el anterior caso como en el contenido de la sentencia del pleito que vamos a reseñar a continuación, la Corte le ha conferido suficiente prioridad y preponderancia al Principio del Uti possidetis Iuris.
Leamos lo que la Corte enfatizó para entonces en cuanto al aludido reconocimiento, y lo hizo de la siguiente manera:
“el principio del Uti possidetis iuris ha mantenido su lugar entre los principios jurídicos más importantes, fundamentalmente en lo tocante a los títulos territoriales y la delimitación de las fronteras en el momento de la descolonización”
(Controversia fronteriza (Burkina Faso/ República de Malí), Fallo, I.C.J. Reports 1986, pág. 567, párr. 26).
La contraparte no ha tenido otra causa peticional ante la Corte que solicitar la declaratoria de autoridad de cosa juzgada y que se le constituya como “válido y vinculante” al adefesio denominado Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899, que no nació a la vida jurídica, por írrito y nulo. No es que sea anulable es que es nulo de nulidad absoluta.
Eso es todo lo que —en concreto— piden (y lo reiteraron en las réplicas con motivo de la Excepción Preliminar) ante la mencionada Sala Juzgadora de la ONU.
Es que no tienen nada más que soporte tan extravagante pretensión procesal; por cuanto, el citado Laudo —de ingrata recordación— quedó desechado, cuando se firmó, el 17 de febrero de 1966, el Acuerdo de Ginebra.
El citado Laudo quedó invalidado, sin eficacia jurídica y no es oponible a nada; por lo que de llegarse al juicio propiamente y al desarrollarse la fase probatoria la contraparte daría una demostración de supina torpeza al pretender reposicionar ese “Laudo“ante el Cuerpo Sentenciador de las Naciones Unidas.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Comisión por la Defensa del Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.
Decenas de miles de nuevos empleos, todos ellos bien pagos.
Les paso una disertación del Dr. Bisang, del minuto 30’30” al 52”, para JONAGRO (*). Me referiré a sus primeros 10 minutos de disertación sobre energía, ya que luego pasa a hablar de otros temas.
Explica cómo los costos de los productos agropecuarios están atados al vaivén de los precios del combustible, toda vez que fertilizantes y plaguicidas son derivados de hidrocarburos. Por otro lado, el principal uso de la soja es para producir combustibles, como substituto de los hidrocarburos.
El precio de un bien substituto se mueve en paralelo con el precio del bien que pretende substituir. Por lo que si sube el precio del petróleo (por acuerdo de la OPEP o por una guerra) aumentan: a) los precios de la mayoría de los insumos de la producción agrícola como los fertilizantes, b) sube el precio de la soja en cuanto substituto del petróleo y gas.
Argentina: Fuertes inversiones en alcohol para producir alconafta tanto de caña de azúcar como de maíz. Son fuente de trabajo y riqueza para las provincias del noroeste (donde hay caña) y del centro, Córdoba principalmente, donde se produce y procesa el maíz. Luego hay numerosas plantas, algunas medias, otras gigantes, para el procesamiento de soja. El derivado es el aceite de soja, insumo para la producción de biodiésel. Está concentrado en su gran mayoría sobre la margen oeste del Río Paraná, principalmente en Santa Fe. Curiosamente, la provincia de Buenos Aires, la gran productora de soja y origen del 35% de las exportaciones argentinas, no se dedica a procesar su producto estrella.
El Dr. Bisang explica el despropósito del manejo de la energía en Argentina. Sugiero que lo escuchen directamente sin mi interpretación en el medio, la cual genera ruido. Argentina tiene sus destilerías a máxima capacidad. Por lo tanto un aumento de producción de petróleo sólo redundaría en exportaciones de crudo. Lo que se destila localmente no alcanza para satisfacer el mercado interno [1].
Por otro lado, Argentina es uno de los grandes exportadores de insumos para combustibles: a) maíz (que otros usan de forraje y de insumo de alconafta), b) aceite de soja (el 80% de la soja se vende procesada), insumo de biodiésel, c) en menor medida se exporta biodiésel.
En resumen: se importan combustibles terminados y se exportan insumos para combustibles [2].
Luego el Dr. Bisang pasa a referirse a la circulación de energía eléctrica por el país. Si bien Argentina tiene un sistema interconectado de electricidad, la provisión de potencia en el interior es altamente deficiente, con los inconvenientes que eso genera a la producción (tal vez no a los hogares), suplido por las cooperativas con generadores diésel viejos, con alto costo por Kwh. La configuración actual, determinada por los gobiernos, es altamente unitaria, concentrada en satisfacer a la Capital Federal y al GBA. El Dr. Bisang propone otra matriz de energía, donde se invierta en biodigestores en las explotaciones agropecuarias, principalmente tambos y municipios, y la producción con biodiésel en las localidades. Bueno, escúchenlo a él. Son 10’.
Ideas
Esto dispara muchas ideas de mi parte.
Tuvimos durante los 12 años de gobierno kirchnerista una predisposición al negocio del petróleo, ya sea importar gas licuado (De Vido) o precio sostén para Vaca Muerta. Razonable si el presidente es patagónico. Los senadores de las provincias patagónicas responden al lobby petrolero [3]. El kirchnerismo es una coalición de intereses patagónicos (petróleo) y el conurbano más auríferas. Al resto, que les parta un rayo. Ni siquiera promocionaron el cultivo y exportación de la cereza de Los Antiguos.
El conurbano y los patagónicos se apoyan mutuamente, lo que resulta en 1) tarifas subsidiadas para las viviendas y fábricas del conurbano y la Capital Federal, 2) subsidios y precio sostén para el negocio petrolero y Vaca Muerta [4].
El gobierno de Macri pudo cambiar este esquema. Sin embargo puso al frente de Energía no a un experto en biocombustibles sino a un petrolero. Eligió un ex gerente general de una petrolera y no, por ejemplo, a uno de Ingenio Ledesma [5].
El gobierno de Alberto Fernández es la continuación de los anteriores (kirchnerismo y macrismo).
Veamos los números de 2022 en combustibles.
En lo que va del año, Argentina exportó casi siete mil millones de dólares de combustibles. La mitad en petróleo crudo, dos mil millones de carburantes y mil millones de gas.
Miremos ahora las importaciones del 2022:
Se importaron casi doce mil millones, en su totalidad combustibles refinados.
Éste es el desacierto que señala Bisang. Importamos combustibles refinados cuando, con el suplemento de biocombustibles, es una demanda que podríamos satisfacer localmente con facilidad.
El futuro
Lo que se ve es un presente innecesariamente complicado pero con grandes perspectivas a futuro.
El mercado local de combustibles podría en su totalidad proveerse con biocombustibles. Más o menos lo que hizo EEUU. El campo debería usar exclusivamente biocombustibles. En transporte: movimiento de insumos, cosecha, animales vía camiones y FFCC. Uso de maquinaria agrícola. En las explotaciones: biodigestores y autogeneradores a biodiésel. Luego, en las zonas urbanas: biodigestores para manejo de basura orgánica; alconafta y biodiésel para automóviles y transporte público. La generación térmica de electricidad debería ser preferentemente a gas. En su defecto, biodiésel con alta proporción de “bio”.
En muy poco tiempo, deberíamos pasar de la importación de combustibles a no importar en absoluto. Sería una distribución más federal de la riqueza.
Un aparte para Vaca Muerta. Si realmente hay gas y petróleo (supongamos) y si los precios internacionales favorecen [6] la única propuesta de los gobiernos (Cristina Fernández-Mauricio Macri-Alberto Fernández) es exportar el gas (de ahí una planta de GNL en Bahía Blanca [7]) o exportar crudo. Si el gobierno estuviera realmente interesado en la explotación de Vaca Muerta para la prosperidad nacional, ya estaría erigiendo nuevas destilerías.
Si hubiera gas en Vaca Muerta, lo primero es proveer al consumo interno, tanto a fábricas, hogares como a la generación termoeléctrica y al transporte. El gas es un combustible no contaminante y barato. Si tuviéramos excedentes, la prioridad debería ser la fabricación de fertilizantes. Un objetivo geopolítico debería ser el autoabastecimiento de fertilizantes. Y si hay excedentes de fertilizantes para exportar, aún mejor. Más trabajo para miles de personas. Las plantas de fertilizantes podrían instalarse en Neuquén, sur de Mendoza y Río Negro (menos empleado público, más trabajo productivo bien pago) y aumentar el polo petroquímico de Bahía Blanca.
Acá es donde los senadores de las provincias del centro, NEA y NOA debería exigir el aumento del porcentaje “bio” en la alconafta y biodiésel y el uso libre de tanto de B20 y B100 como de E15 y E85, a elección del consumidor, como sucede en EEUU. Los FFCC, las termoeléctricas, el uso interno de maquinaria agrícola y generadores domésticos deberían acceder libremente a la proporción de biodiésel que el consumidor desee.
El otro punto crítico que plantea el Dr. Bisang es la federalización de la generación eléctrica para que todo el país tenga acceso no sólo en cantidad sino en calidad (potencia). Para eso es conveniente la proliferación de biodigestores. Es una inversión módica que genera gran autonomía. En explotaciones agrícolas (tambos, criaderos de cerdos, otros) y en comunas para tratamiento de residuos orgánicos.
Es mi convicción que debemos incrementar la inversión en generación nuclear y construir todas las represas hidroeléctricas que nuestra geografía permita [8]. Dicho esto, la generación termoeléctrica a gas producido por biodigestores elimina las distancias de nuestro país. Mejor que utilizar diésel o gas de 2000 km de distancia.
Como marco general, propongo dejar de exportar forraje e insumo para combustibles que harán otros. No hay que exportar tortas de soja a Alemania (que ésta traduce en exportaciones de carne de cerdo por U$D 6.000 millones anuales) sino exportar nosotros US$ 6.000 millones de carne de cerdo. Debemos dejar de exportar tortas y pellets de soja a Holanda y Francia que ellas transforman en exportación de queso de US$ 4.000 millones cada una, sino nosotros exportar US$ 4.000 millones en queso de leche de vaca, cabra u oveja [9]. Trabajo en la Pampa Húmeda, NEA, NOA y Patagonia para miles de personas. A buenos sueldos promedio. Explotaciones que a su vez necesitarán su propia electricidad (gas de biodigestores).
Hay un futuro próspero y promisorio al alcance de la mano. Con decenas de miles de nuevos empleos, todos ellos bien pagos.
No van a ser las actuales coaliciones de gobierno (tanto FdT como JxC) quienes los harán. Sus compromisos son con otros.
Sólo tenemos que atrevernos.
* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).
Notas
[1] Como lo demostró el faltante del invierno de 2022.
[2] Comentario mío: Esto se agrava ya que el gobierno limita el uso de alconafta y biodiésel (supuestamente para mantener parte del mercado de las petroleras). Las proporciones argentinas son muy inferiores a las autorizadas por el gobierno de EEUU para su mercado doméstico.
[3] 3 senadores x 5 provincias = 15 senadores.
[4] Ejemplos: a) parte del impuesto a la riqueza por única vez, iniciativa de Heller (diputado por capital federal, FdT) tenía por destino inversiones en petróleo, b) la iniciativa del diputado Kirchner (provincia de Buenos Aires, FdT) proponía la baja de uso de biodiésel en el diésel; mayor negocio petroleras, menor negocio provincias del centro del país. Ambos proyectos convertidos en ley con el voto “opositor”.
[5] Autorizó, para dar ejemplos, las importaciones carísimas de gas licuado vía Chile (Shell) y precio sostén 50% más alto que el mercado para abastecer la generadoras termoeléctricas a gas.
[6] Vaca Muerta es rentable únicamente con precios internacionales altos.
[7] Me surge la pregunta: ¿Por qué en Bahía Blanca y no en un puerto de Río Negro o Chubut?
[8] Sin despreciar a las pequeñas generadoras hidroeléctricas. El objetivo no debe ser una gigantesca represa para que la electricidad llegue a la Capital Federal. Una pequeña que regule el nivel de agua de la zona y que genere módicamente para las localidades aledañas es más que suficiente.
[9] Imaginen el impacto que puede tener en La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta exportaciones de queso de leche de cabra por US$ 2.000 millones anuales. Mejor que suspirar por inversiones auríferas.
(*) JONAGRO organizada por CRA, realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el 1º de diciembre de 2022.
Bloque con la participación del diputado Vara, el Dr. Bisang y los señores Passerini y García Moritano.
Desde hace unos años, periódicamente, la prensa nacional da a conocer los ataques violentos, generalmente incendiarios, provocados en el norte de la cordillera patagónica por un grupo autodenominado «Resistencia Ancestral Mapuche», organización que reivindica la existencia de un estado racial araucano en una parte de la Patagonia, región geográfica a la que muchas veces, erróneamente, se agrega el adjetivo «argentina». Hay una sola Patagonia y es la ubicada en la Argentina. La zona lindera ubicada en Chile, debe ser llamada «Araucanía». Este punto, que parece una inocente «cuestión de nombre», tiene una relación directa con el tema aquí tratado.
Las acciones violentas de dicho grupo, vinculado con otros similares existentes en Chile, como la «Coordinadora Arauco-Malleuco», son esporádicos, razón por la cual la prensa —y por ende el gobierno y la ciudadanía— deje al poco tiempo de prestar atención al tema. Sin embargo, el problema, del cual la manifestación violenta es sólo una faceta, subsiste y sigue presentándose en formas menos agresivas hasta un nuevo brote de violencia. De esa manera, un enfoque equivocado que puntualiza sólo las manifestaciones violentas del fenómeno permite que su tratamiento sea apenas ocasional en los medios… pero «el problema» sigue existiendo. Ese problema es la existencia en el territorio nacional de la Argentina de grupos organizados, de distintas características, pertenecientes a una etnia no originaria de nuestro país. Estos grupos provocan acciones de diversa naturaleza para obtener su reconocimiento como una «nación dentro de la nación», incluyendo la soberanía sobre determinados sectores geográficos y la introducción de hecho de conceptos doctrinarios que contradicen la legislación vigente. Tal etnia es la araucana.
Es justo aclarar que muchos descendientes de esa etnia viven en el territorio nacional, totalmente integrados a la población en su carácter de ciudadanos argentinos. Estos ciudadanos, si bien reivindican con orgullo su origen y sus costumbres, como lo hace cualquier ciudadano argentino cuyos antepasados hayan venido de otro país —italianos, españoles, alemanes, polacos, árabes, etc., no se vinculan con los movimientos que pretenden vulnerar la Soberanía Nacional. Uno de los ejemplos que pueden citarse, es el del sargento ayudante de la Brigada Rural de la Policía de Neuquén José Eduardo Aigo, descendiente de esa etnia, quien fue asesinado el 7 de marzo del 2012 por dos guerrilleros de organizaciones terroristas chilenas.
Sargento Ayudante José Eduardo Aigo
El hecho ocurrió cuando el sargento ayudante Aigo los descubrió regresando a su país por un paso no autorizado, tras la ejecución de acciones junto a los grupos violentos araucanos en la Patagonia. Aigo fue asesinado por la espalda por ciudadanos chilenos —Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos), también buscado por la justicia de Chile por el homicidio de un carabinero en 1997, y Alexis Alfredo Cortés Torres— que se trasladaban hacia la frontera. El juez interviniente ordenó entonces la captura internacional y detención de los mencionados.
Cabe destacar que diez años después de ese asesinato, se encuentra vigente el decreto provincial 549/12 que otorga una recompensa de US$ 50 mil para aquellas personas que brinden datos útiles, ciertos, veraces, comprobables y determinantes que permitan la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte del hecho delictivo. Por su parte, en 2018, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de $ 3 millones por cada uno de los fugitivos[1].
Foto: Diario Los Andes. Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos) ostenta un puesto de jerarquía militar en el Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (EGP-PL), escisión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El otro prófugo es Alexis Cortés Torres, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Poco después, los prófugos Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres habrían difundido un comunicado en el que daban detalles de cómo ocurrieron los hechos. El supuesto comunicado fue publicado en el portal digital del Centro de Documentación de los Movimientos Armados como «carta pública de Jorge y Alexis» de fecha 12/06/12, desde Chile, como integrantes del Ejército Guerrillero de los Pobres (MIR-EGP). En el mismo afirmaban que la muerte del sargento ayudante Aigo se produjo porque se resistió a ser desarmado, en el marco de un control policial fortuito, y brindaban detalles precisos del operativo policial de búsqueda por tierra y aire, y aseguran que tuvieron «una ventaja táctica, porque llevaban un equipo de radio que les permitía interferir las frecuencias de los efectivos policiales»[2].
En el comunicado deslindaban la responsabilidad de Juan Marcos Fernández —hijo del intendente de San Martín de los Andes—, imputado en la causa como presunto partícipe, debido a que «el conductor de la camioneta quedó en medio del fuego cruzado. Por el bien y la verdad, esta persona no tiene nada que ver con los hechos sucedidos, no sabía ni que andábamos armados ni quiénes éramos en realidad». Ambos se reconocieron como integras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR Ejército Guerrillero de los Pobres[3].
Los araucanos
Los araucanos eran un pueblo semi sedentario que hacia el siglo XVI ocupaba la Araucanía al sur del río Bío Bío, donde habían sido confinados por el empuje desde el norte, primero de los Incas y luego de los españoles, quienes le dieron el nombre por la región donde habitaban. En documentos antiguos se los llama también «moluches» y «reches». Cabe aclarar que si bien algunos autores ubican el origen del nombre de «mapuches» en el siglo XVIII, recién comienza a utilizarse en la Argentina, autorreferencialmente, a partir de 1961. Según el estudioso Gregorio Álvarez, quien cita el dato en su obra «El tronco de oro»[4], es en el acta de un congreso indigenista celebrado en el país donde representantes de la etnia requieren recibir esa denominación, dejando de lado sus anteriores nombres. Sin embargo, este término no se introdujo de inmediato en la bibliografía argentina y su incorporación masiva fue muy posterior, en la década de 1990. Así fue como al libro Cuentan los araucanos de Bertha Koessler, le cambiaron el nombre por el de Cuentan los mapuches, cuando precisamente la autora no hablaba de los «mapuches»[5]. Sobre esa cuestión puede leerse el artículo titulado Consideraciones en torno a la etnia araucana.
A la llegada de los españoles a Chile, hacia el año 1540, esta etnia no poseía un desarrollo tecnológico de consideración y ese desarrollo poco se modificó hasta fines del siglo XIX, ya que los modernos productos que la civilización les ofrecía, y aceptaban gustosos, eran obtenidos mediante trueque en los poblados de frontera y no fueron objeto de fabricación por su parte. Los araucanos mostraban una agricultura incipiente, poseían las técnicas del tejido en telar, de la cerámica y del trabajo del cobre. Vivían en chozas de madera aunque cuando comenzaron a incursionar en territorio argentino adoptaron los toldos de cuero de sus vecinos patagones. Si bien tenían cierta precaria mitología, su religión era animista —el más primitivo de los estadios religiosos— y creían que los espíritus buenos y malos moraban en determinados árboles, piedras o sitios, como por ejemplo, las cumbres de los cerros. No tenían lugares de culto fijo y aunque durante las ceremonias los sacrificios eran de animales, la ejecución de los prisioneros de guerra que no eran sometidos a la esclavitud («cautiverio»), tiene reminiscencias de sacrificios humanos rituales. Es difícil fijar la antigüedad de los ritos, los que muchas veces revelan un origen tardío. Por ejemplo, en el «camaruco», además de sacrificarse una yegua, se realizan diversas actividades a caballo, lo que señala que es una ceremonia creada luego de la llegada de los españoles. Son las modernas interpretaciones de estudiosos tendenciosos las que les otorgan una «cosmovisión» espiritual y profunda que no tenían.
Carecían de lenguaje escrito por lo que todos los registros sobre tradiciones, leyendas y otros aspectos intelectuales provienen de las transcripciones e investigaciones hechas por los cronistas occidentales; es decir, son datos proto-históricos. Por ello, no es pertinente hablar de costumbres «ancestrales» en el sentido que la RAE da al término («remoto o muy lejano en el pasado»), ya que es imposible determinar su antigüedad. Además, dado el corto horizonte temporal del relato oral, no pueden ser muy viejos esos testimonios. La cronología se hace aún más incierta al considerar que los integrantes de esas etnias tenían una muy corta esperanza de vida. Por ejemplo, uno de los investigadores que recopilan esos recuerdos, fue el alemán Robert Lehmann Nitsche (1872-1938), quien entre 1900 y 1926 obtuvo testimonios de algunos araucanos que estaban en La Plata y los volcó en textos como «El tatrapal de los araucanos». El estudioso advierte que es difícil separar las «leyendas» de los «cuentos» y descubre que muchas de las fábulas son en esencia similares a las antiguas leyendas europeas. Ahora bien, la antigüedad de esos testimonios no puede ser tildada de «ancestral» ya que es imposible saber de cuantos años atrás data la versión registrada.
Aculturación e invasión de La Pampa
Simultáneamente con la presencia araucana en el sur de Chile, en la Patagonia habitaban dos grupos étnicos: los «poyas», en la cordillera neuquina y rionegrina, y los patagones en la meseta. Este último grupo, numeroso, estaba dividido en dos subgrupos: los meridionales (al sur del río Negro) y los septentrionales (al norte de dicho río). Aquí es necesario hacer un alto, para aclarar algunos puntos de la «guerra de nombres» que forma parte del accionar araucano.
Así como la etnia procura cambiar su propio nombre por el más «épico» de mapuches («gente de la tierra» en su lenguaje) y borrar el nombre de Araucanía de su región de origen, procuran mantener los nombres que ellos, en su carácter de invasores «aculturadores», dieron a las tribus que enfrentaron. De allí que los «poyas» (nombre registrado por los jesuitas de la misión del Nahuel Huapi) sean luego conocidos por «pehuenches» («gente de los pehuenes» en araucano); en tanto los patagones —nombre dado por Hernando de Magallanes durante su encuentro con ellos en 1520— fueron llamados «tehuelches» («gente arisca» en araucano), en obvia referencia a su actitud por mantenerse libres frente al avance araucano. Cuando comenzó a profundizarse en el estudio de los patagones, los etnólogos hallaron que los patagones sureños se designaban a sí mismos «tsonekas» o «aonikenk»; y los norteños «guenenakenk».
Más al norte, en la región pampeana, existían otras etnias como los «puelches», los «ranqueles» y los «pampas», aunque estos últimos serían los guenenakenk más aculturados por los araucanos. Dichos pueblos tenían una economía de cazadores-recolectores y en el caso de los aonikenk eran nómades. Es probable que debido a ese menor grado de desarrollo, sin moverse del otro lado de la cordillera o con movimientos ocasionales y sin ocupar territorios del lado argentino, los araucanos hayan logrado, mediante el comercio, cierto grado de aculturamiento sobre sus vecinos. Cuando comenzó a poblarse de ganado la provincia de Buenos Aires, las tribus pampeanas comenzaron a dedicarse al abigeato como forma de subsistencia. Así provocaron los malones en la provincia de Buenos Aires en los primeros años del siglo XIX, los que motivaron la intervención del gobernador Martín Rodríguez con sus primeras «campañas al desierto». El historiador Isidro Belver, en su libro Los Pincheira: aldea realista en Epu Lauquen, afirma incluso que muchos de estos malones eran organizados desde Neuquén por los célebres hermanos chilenos Pincheira.
Hasta ese momento, los araucanos no habían realizado un avance profundo hacia el territorio argentino, limitándose sus acciones a pasar a Chile el ganado robado por sus vecinos pampeanos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos intentos habían hecho, al menos para asegurarse la zona del desemboque de los pasos cordilleranos, a resultas de los cuales habían enfrentado y derrotado a los guenenakenk en tres combates en el actual territorio chubutense: Languineo (lugar donde los huesos blanquean al sol, en idioma guenenakenk), Piedra Sholten y Genoa. Estos episodios, que el investigador Federico Escalada en «El complejo tehuelche» sitúa después de 1820, muestran que no eran tan buenas las relaciones entre las etnias como actualmente ciertos historiadores afirman. Incluso, se conoce que los patagones temían la belicosidad de sus vecinos trasandinos.
Es recién hacia 1830 cuando, con la invasión de las huestes de Calfucurá desde Chile hacia Salinas Grandes, cuyos motivos quieren ser presentados como políticos pero que más parecerían basarse en la intención de tomar el abigeato en sus propias manos para evitar intermediarios, que los araucanos hacen un pie firme en la Argentina. Tal situación es la que hace decir al estudioso Rodolfo Casamiquela en su libro Rodolfo Casamiquela: racista antimapuche o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina [6], que los mapuches no son originarios de la Argentina y que su ingreso al territorio es tardío. Lo mismo sostiene Roberto Edelmiro Porcel en su libro La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores [7]. Esta fecha moderna de ingreso al país es la que impide hablar a los araucanos de posesiones «ancestrales», pues su presencia no va más allá de los 190 años y eso sólo en referencia a sus precarias tolderías en Salinas Grandes.
Lo cierto es que es recién al término de la campaña al desierto del general Roca, cuando, buscando la paz, se entregan tierras a estos araucanos que habían invadido el territorio nacional, los únicos sitios sobre los que pueden alegar legítimos derechos. Existen aún varios de estos lugares, como Laguna Rosario y el Boquete Nahuel Pan en el Chubut; en tanto otros fueron vendidos por sus propietarios originales.
La situación actual
Al igual que en otros movimientos separatistas, como el ETA en España y el IRA en el Reino Unido, el secesionismo araucano presenta dos brazos: uno «armado» (la RAM y otros grupos) y uno «político» (los «lofs» y demás organizaciones similares). El brazo «armado» ejecuta atentados incendiarios, ocupación violenta de tierras, «escraches», «piquetes» y otras acciones similares. El brazo «político» realiza reclamos y ocupación pacífica de tierras y reivindicación de supuestas «costumbres ancestrales» que pretenden sean introducidas en la legislación. También, como los grupos citados, cuentan con un apoyo internacional que va desde Europa hasta el Kurdistán.
Esta última acción secesionista «pacífica», se realiza en las tres provincias argentinas que supuestamente formarían parte del territorio al que las organizaciones aspiran (Neuquén, Río Negro y Chubut). Por ejemplo, en el Neuquén se introdujo en la legislación provincial los conceptos de «medicina mapuche» y «justicia mapuche». En Río Negro se entrega la explotación comercial de campings y lugares turísticos, sin contraprestación y sin control fiscal. En Chubut tiene personería jurídica la Comunidad «Mapuche-Tehuelche», oxímoron que aúna dos etnias rivales, siendo aún más extraño que se les diese tierras en sitios donde nunca hubo un araucano.
Esta situación irregular surge mayormente a consecuencia de una inexacta interpretación del artículo 75 (Atribuciones del Congreso), inciso 17 de la Constitución Nacional, que dice:
Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Allí se habla de pueblos indígenas argentinos, definición que no incluye a los araucanos. Por otro lado, no menciona la entrega de «otras» tierras por cuestiones «ancestrales»; sino que es una potestad del gobierno entregar tierras «aptas para el desarrollo humano». Además, como fecha de «ocupación tradicional» debe ser tomada la de la firma de la Constitución. Y así otros puntos.
Oponerse con firmeza a esta política separatista es, en primer lugar, defender la soberanía argentina, no sólo territorial sino jurídica, vigente en todo el país, pero además implica un acto de justicia hacia aquellos descendientes de araucanos que se reconocen ciudadanos argentinos, con sus derechos y sus deberes, con sus garantías y sus obligaciones, y que no apoyan el secesionismo.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG). Profesor de Inteligencia de la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata.
Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Embajador Académico de la Fundación Internacionalista de Bolivia (FIB).
Investigador Senior del IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Pontevedra, España.
Referencias
[1] «Recompensa millonaria por los asesinos de José Aigo. El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecerá tres millones de pesos de recompensa para dar con el paradero de los responsables del asesinato del policía de Neuquén». Sitio oficial del Gobierno de la República Argentina, Argentina.gob.ar, 07/02/2018, https://www.argentina.gob.ar/noticias/recompensa-millonaria-por-los-asesinos-de-jose-aigo, [consulta: 13/10/2022].
[4] Gregorio Álvarez. El tronco de oro. Neuquén: Editorial Siringa Libros, 1981.
[5] Bertha Koessler. Cuentan los araucanos. Buenos Aires: Espasa Calpe Argentina, 1954, 153 p.
[6] Rodolfo M. Casamiquela. Rodolfo Casamiquela racista antimapuche: o la verdadera antigüedad de los mapuches en la Argentina. Buenos Aires: del autor, 2007, ISBN 10: 9870536085 / ISBN 13: 9789870536086.
[7] Roberto Edelmiro Porcel. La araucanización de nuestra pampa: los Tehuelches y Pehuenches. Los mapuches invasores. Buenos Aires: el autor, 2007, 60 p.
