GUAYANA ESEQUIBA: PATRIOTISMO Y SOLIDARIDAD POR ENCIMA DE LAS DIFERENCIAS

Abraham Gómez R.*

Tengo la seguridad de que una inmensa mayoría de compatriotas venezolanos coincide conmigo cuando expreso que lo peor que podemos hacer es desatar una innecesaria e inconveniente confrontación política-partidista interna en nuestro país, relacionada a la Guyana Esequiba, en este momento apremiante.

Precisamente, ahora, cuando nos encontramos concernidos en un serio pleito jurídico, por ante el Alto Tribunal de La Haya, por la séptima parte de la geografía venezolana que nos arrebataron de manera alevosa y vil.

Hoy, más que nunca, se hace imprescindible preservar la absoluta y compacta unidad de todos los sectores de nuestra sociedad, sin excepciones.

Este asunto litigioso requiere que dejemos a un costado cualquier mezquindad o retaliación. Hay que conferirle al caso aludido la condición de Política de Estado; con lo cual quedan trascendidas las diferenciaciones por nimiedades; aunque estamos conscientes que siempre conseguiremos algunas voces disidentes o inconformes.

Nuestra restitución de la Guayana Esequiba constituye el objetivo de mayor interés en las relaciones exteriores de la Nación venezolana, y la reclamación más antigua entre Estados, en este continente.

Insisto en señalar que debemos seguir reforzando la estructura del equipo de defensa, sin recelos ni odiosas exclusiones. La amplia participación de todos. Digamos, la eficiente conformación de un bloque patriótico y nacionalista compacto y pétreo, para contrarrestar las acechanzas de la Parte que nos rivaliza, como consecuencia de la Acción interpuesta en contra nuestra, por la excolonia británica, en la Corte Internacional de Justicia.

He venido haciendo una clara advertencia, por todo el país, en estos términos: sería desastroso si nos peleamos internamente. Si cada quien cree que puede maniobrar o sacar provecho para su parcela política-partidista.

Igualmente, constituiría una descomunal torpeza si no hacemos acto de presencia, para consignar el memorial de contestación de la demanda, por ante la Sala Juzgadora; es decir, si no comparecemos; porque, de todas maneras, el juicio seguirá su curso.

No hay vuelta atrás. La Haya podría llegar, incluso, a sentenciar, aunque nuestra delegación se encuentre ausente (artículo 53 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia).

El presente evento litigioso nos obliga a estudiarlo y manejarlo invocando la concitación de toda la población venezolana; adunando las mejores voluntades e inteligencias.

Para abril del año 2024, cuando el Jefe de Estado determine ―por cuanto es su atribución constitucional― la comparecencia o no de Venezuela, para hacernos parte del juicio—en las fases postulatoria y probatoria– será densa la alforja de Títulos históricos y jurídicos (que no admiten pruebas en contrario) que presentaremos para la examinación e investigación por parte del Jurado sentenciador.

En el párrafo anterior, expreso adrede el modo indicativo de nuestra participación en el aludido Proceso. Lo hago asistido en los actos concluyentes que hemos adelantado (nombramiento de Agente, Coagentes, designación de Juez ad-hoc y la estructuración de un elogiable equipo para elaboración de la contestación de la demanda), y también porque la inmensa mayoría de los venezolanos consultados aspiran un desenlace jurisdiccional de una vez por todas.

Deseo agregar algo más, en idéntico sentido. La contención por la Guayana Esequiba rebasa, en Venezuela, los egos individualistas mal curados, los particularismos académicos, políticos, confesionales, raciales o de cualquier otra índole.

Este caso nos necesita unidos como país, con criterios unánimes.

Me permito dejar constancia y destacar la labor de las ONG y las páginas web  en todas las plataformas que han sido creadas para adelantar hermosas actividades al respecto; así, además, hacemos el reconocimiento debido al Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela(IDEFV); lo propio cabe para el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales(COVRI), para las Fundaciones en su insistente afán de concienciación; igualmente la determinante posición de La Academia de Ciencias Políticas y Sociales; nos llena de orgullo la tarea que viene cumpliendo la Comisión en Defensa del Esequibo de la Asamblea Nacional. Las Universidades, entes culturales, religiosos, los intelectuales que han sido permanentes estudiosos del caso, las alcaldías etc.

Todos en una sola motivación y propósito, de esfuerzos elogiadamente ponderados; lo cual constituye un ejemplo de lucha sostenida sin actitudes atrabiliarias o estrepitosas.

 Aquí se requiere talento y densidad en la formación documental y doctrinaria, para insistir en la reclamación y defender en la Entidad Jurisdicente lo que honradamente siempre ha sido nuestro, que nos arrebataron en una tratativa perversa mediante añagazas.

En lo que a mí respecta, siendo la reclamación de la Guayana Esequiba el eje central y esencial en mi formación académica en pre y postgrado por casi cinco décadas, me atrevo a señalar ―con bastante modestia― que estamos ante un hito histórico disyuntivo.

Nos encontramos obligados, como Estado, a probar en su debido momento por ante la Corte Internacional de Justicia ―sin descarados aprovechamientos ideológicos, interesados o reticentes— el hecho histórico que nos conjuga con suma trascendencia para la vida de la Nación: la Guayana Esequiba siempre nos ha pertenecido.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba.  Miembro de la ONG Mi Mapa.

LOS RIESGOS DE ABANDONAR LA EXPERIENCIA EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Alberto Hutschenreuter*

Imagen: geralt en Pixabay

Tal vez debido a un exceso de expectativas centradas en las tecnologías mayores, acaso por la falta de liderazgos de escala, o quizá por el alto grado de discordia existente entre los poderes preeminentes, pareciera que cada vez importa menos la experiencia en las relaciones internacionales, algo que no sólo se refleja en hechos importantes que tienen lugar en el mundo actual, sino que se trata de una realidad que nos lleva a planteos inquietantes sobre el curso del mismo.

Como en otras disciplinas, la experiencia en las relaciones internacionales es un bien vital al momento de analizar situaciones. Las analogías tienen un carácter estratégico, pues permiten considerar posibles resultados sobre decisiones tomadas, y hasta permiten considerar eventuales escenarios. Podríamos decir que la experiencia es un activo o bien público casi único en las relaciones internacionales. Nadie como Maquiavelo supo advertirlo mejor: «Todo aquel que desee saber qué sucederá debe examinar qué ha sucedido: todas las cosas de este mundo en cualquier época tienen su réplica en la Antigüedad».

Por ejemplo, sabemos que sin orden internacional difícilmente habrá estabilidad, incluso si un orden resulta insuficiente o demasiado ideal, pues, precisamente, la experiencia nos permite trabajar sobre errores, omisiones y vulnerabilidades, más hoy cuando la tecnología nos puede aportar mucho en materia de análisis y prognosis estratégica.

En alguna medida, el orden reduce la condición anárquica de las relaciones entre Estados. Un orden no eliminará nunca la competencia y el principio de la incertidumbre existente entre los «gladiadores», los Estados, pero reducirá el factor de imprevisibilidad y hasta evitará que determinados conflictos intra e interestatales acaben por desbordarse. Por ello, siempre será preferible un orden a una situación de aumento e incluso descontrol de todos los «tensiómetros» en las relaciones internacionales.

Para utilizar un término de moda, el orden supone la resiliencia de los poderes mayores en lo que se considera la tragedia de la política entre Estados: la anarquía y rivalidad entre ellos. Y esto continúa siendo válido en tiempos de globalización, un fenómeno que para algunos supone cierto relajamiento del patrón clásico en la disciplina, pues, como muy bien sostiene Henry Kissinger: «El sistema económico internacional se ha vuelto global, mientras que la estructura política del mundo continúa basándose en la nación-Estado».

Para tomar un caso actual que muestra el alejamiento de los poderes preeminentes de la lógica pretérita, la guerra en Ucrania es sin duda pertinente.

En una situación de orden, e incluso de cierta discordia, dichos poderes habrían mantenido algunos patrones que impidieran el descenso de la seguridad internacional, es decir, nunca un Estado intermedio (como Ucrania en este caso) habría mantenido sus preferencias estratégicas hasta producir una ruptura. La necesidad de equilibrio lo habría impedido y el Estado perturbador, más allá de su soberanía e independencia, tendría que considerar otras opciones no desestabilizadoras del nivel superior de las relaciones internacionales.

Sucede que el lugar del equilibrio ha sido sustituido por el de la supremacía monopolar internacional, un modelo que históricamente ha tendido a la inestabilidad, pues, como advierte Kenneth Waltz, la concentración excesiva de poder provoca, tarde o temprano, acciones de corrección a través de la violencia.

Además, algo que corrobora también la experiencia, la ausencia de equilibrio dispara el incremento de la desconfianza y, por tanto, el aumento de las capacidades de los Estados, es decir, su grado de autoayuda.

Nada nuevo aquí, hasta que en materia de capacidades aparece en escena el armamento nuclear. Hasta el momento no hemos vivido un estado de desorden internacional con armas nucleares. Lo estamos haciendo en los años que llevamos en este siglo. Y la realidad se torna cada vez más inquietante, pues los Estados nucleares mayores (Estados Unidos y Rusia) se han marchado de los marcos regulatorios, quedando con vida un solo tratado cuya prórroga vence en poco tiempo.

En suma, desde hace tiempo las relaciones internacionales se mantienen en una especie de piloto automático, la globalización. Es un sucedáneo de orden, pero no es orden. Implica ganancias económicas, pero no soportes estratégicos. Además, la experiencia no respalda situaciones de estabilidad con base en la globalización. Si así fuera, la Primera Guerra Mundial no habría ocurrido.

 

* Alberto Hutschenreuter es miembro de la SAEEG. Su último libro, recientemente publicado, se titula El descenso de la política mundial en el siglo XXI. Cápsulas estratégicas y geopolíticas para sobrellevar la incertidumbre, Almaluz, CABA, 2023.

 

Artículo publicado el 31/07/2023 en Abordajes, http://abordajes.blogspot.com/2023/07/los-riesgos-de-abandonar-la-experiencia.html.

 

PESCA ILEGAL Y SEIS MILLONES DE NIÑOS POBRES EN ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Publicado en El Economista, 02/08/2023.

 

La salud y la alimentación son un Derecho Constitucional en la Argentina, no una dádiva. En 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirmó que «toda persona tiene derecho a la alimentación» y, en 1966, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se sostuvo que «el derecho a la alimentación tiene incluso el carácter derecho fundamental. Es el primer derecho económico de la persona humana».

El alimento es una sustancia que, ingerida, aporta al organismo la energía necesaria para el desarrollo de sus procesos biológicos y la alimentación, como afirmó la FAO y la OMS, debe ser suficiente, inocua y sana. Sin embargo, poco de ello ocurre en la Argentina. Hay pobres e indigentes y si hay indigentes hay hambre, porque estos son quienes no tienen al acceso suficiente a la alimentación que, además, en muchos casos suele ser de baja calidad.

Postergar la alimentación de los sectores más vulnerables, hasta que algún día improbable el presupuesto se encuentre equilibrado, es un delito deleznable que ignora los efectos mórbidos y letales del hambre y la desnutrición. Incorporar como una cláusula de ajuste al hambre, es indigno y ruin.  

La alimentación debiera estar accesible en el hogar de todo el grupo familiar, ya que si bien, la alimentación que se recibe fuera de aquel, contribuye a mejorar la nutrición de los niños y adolescentes en situación de pobreza, marginalidad e indigencia; el alimento en el hogar, amén de satisfacer los requerimientos nutricionales, reúne a todos los integrantes de la familia alrededor de la mesa y, promueve el diálogo y el fortalecimiento del núcleo familiar. La comida en el hogar no se sustituye con comedores, aunque estos sean -en muchos casos- quienes están proveyendo la alimentación de sostén.  

En 2000, en la «Declaración del Milenio» de la Asamblea General de la ONU se expresó, entre otras cosas: «Nosotros, jefes de Estado y de Gobierno, no escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema y decidimos, asimismo, reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta que padezcan hambre». Llegó el 2015 y los gobiernos de Argentina no cumplieron y, por el contrario, se aumentó la pobreza. En la década del 70 la pobreza era del 5,7% y a mayo de 2023 es del 46%.

Es falso que la Argentina produzca alimentos para 400 millones de personas. Terminemos con esta errónea afirmación, la mayoría de la producción nacional exportable «no se destina al consumo humano directo, ni la soja ni el maíz, se usan para alimentar animales» (Vilella Fernando; director de Agronegocios, Facultad de Agronomía, UBA, 25/11/2019); no obstante, con la producción nacional, según Cispan y Fragan «queda en la Argentina alimento suficiente para cubrir las necesidades calóricas para alimentar alrededor de 60 millones de habitantes» (Martín Slipczuk, 25/11/2019).

Es decir, los gobernantes no pueden justificar 5.900.000 niños y adolescentes pobres, de los cuales 1.300.000 son indigentes menores de hasta 14 años (Infobae, INDEC, 31/3/2023) que representan el 34,1% de la indigencia total; además, de que las Autoridades no administran adecuadamente otros alimentos que son del Estado Nacional o de las Provincias del litoral marítimo, como es el caso de los recursos pesqueros. Todo ello, pese, a que el 59,3% de los niños y adolescentes reciben alimentos en forma gratuita del Estado, aunque, mayoritariamente harinas y no alimentos proteicos.

Con una información similar al INDEC, el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, indica que 6 de cada 10 niños y adolescentes menores de 17 años son pobres, es decir que, promediando con los indigentes, el 74,7% de éstos «no acceden total o parcialmente a la alimentación, educación y salud básica y, por su parte, los indigentes, no alcanzan a ingerir la cantidad mínima de alimentos para cubrir los requerimientos energéticos diarios» (Gabriel Matera, Ámbito, 15/05/2023).

La capacidad física e intelectual de millones de menores está en grave peligro. Deberían estar avergonzados los funcionarios de un país productor de alimentos, dando una muestra acabada de su incapacidad para administrar la producción de alimentos y distribuirla. Lo que suelen llamar «pobreza estructural» no es otra cosa que falta de ideas y administración adecuada para resolver esta indignidad, que ya superó dos generaciones de argentinos. Es una obligación impostergable del Estado Argentino, y de sus dirigentes con mayores posibilidades, en una acción organizada de solidaridad ejemplar, eliminar definitivamente este flagelo que denigra, desnutre, enferma y mata a una parte importante de su población, Gravísima cuando se trata de niños que no alcanzarán su madurez intelectual. 

¿Qué debería hacer el Estado para terminar con la indigencia de niños y adolescentes?, además de optimizar la producción e industrialización de alimentos; mejorar los planes y dar a las tarjetas alimentarias una acción generadora de empleo y nutrición y, no solo de acceso a los alimentos de baja calidad.

El Estado tiene recursos alimentarios propios, como son los pesqueros. La pesca constituye para la humanidad una fuente importante de proteínas, cuya calidad es solo comparable con la leche materna. Además, es una de las actividades de mayor ocupación de mano de obra intensiva. Una generadora de empleo en regiones inhóspitas del país que, de otro modo, sus poblaciones emigrarían hacia los grandes centros urbanos. Como muy pocas actividades, requiere de gran cantidad de operarias, que realizan tareas de supervisión, fileteado, emprolijado y empaque, donde suelen ser más eficientes que los hombres.

¿Cuántas toneladas de pescado se necesitarían para proveerle una ración diaria de la mejor proteína a seis millones de niños y adolescentes para terminar con la pobreza infantil? 600 mil toneladas de pescado/año, para proveer productos empanados, termoestabilizados, liofilizados, etc.

El Estado argentino puede hacerse de las referidas 600 mil toneladas de pescado si acuerda condiciones equitativas con los Estados de pabellón de los buques españoles, chinos, coreanos y taiwaneses que explotan en alta mar nuestros recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina; se otorgan exenciones impositivas al gasoil, a la captura, aduaneros y otros beneficios de explotación a todas las empresas nacionales que pesquen en alta mar; se deja de descartar (Art. 21 m Ley 24.922) al mar el 30% de las capturas, estableciendo un precio sostén y, se lleva progresivamente a la Acuicultura en la Argentina a niveles compatibles con la producción mundial. Accesoriamente a ello, se cuadruplicaría el empleo registrado en la actividad pesquera y la acuicultura.

La soberanía alimentaria permitirá, mediante la administración adecuada del Atlántico Sudoccidental, recuperar la soberanía marítima y política de la Argentina, donde en las últimas décadas entre 350 y 500 buques extranjeros pescan ilegalmente (INDNR) en alta mar todos los años los recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE Argentina y, lo hacen en forma ilegal, porque pese a ser la pesca libre en esa zona, los Estados de pabellón a los que pertenecen esos buques no los controlan; no hacen investigaciones para determinar las capturas máximas sostenibles y, afectando el interés de terceros Estados, no hacen acuerdos pesqueros con los Estados ribereños (Argentina, Brasil y Uruguay).

No puede perderse de vista que la administración del recurso tiene efectos laborales y sociales que superan los daños que cualquier empresa de riesgo pueda asumir; ya que el pesquero se trata de un recurso de propiedad del Estado, que debe cumplir un fin social, sanitario, poblacional, industrial y estratégico, más allá de los efectos económicos que genere. Al respecto de su administración pesquera y su sustentabilidad, José Juste Ruiz considera que el desarrollo persigue tres objetivos esenciales: «a) el objetivo económico que  consiste en buscar la eficiencia en la utilización de los recursos y el crecimiento cuantitativo; b) el objetivo social y cultural que promueve la limitación de la pobreza, el mantenimiento de los diversos sistemas sociales y culturales, y la equidad social; y c) el objetivo ecológico ocupado de la preservación a perpetuidad de los recursos naturales que sirven de soporte a la vida de los seres humanos».

Es necesario entonces un nuevo orden en materia de la administración, captura, distribución, industrialización, protección y control de los recursos vivos marinos, para permitir que este recurso contribuya a eliminar la indigencia de niños y adolescentes del país y aumentar el consumo anual de 4,8 kg (Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio Desarrollo Productivo, marzo, 2021) a 10 Kg per cápita por año de todos los argentinos, para equiparar -al menos- el consumo promedio anual de Latinoamérica, el Caribe y África, muy lejos aún de los 20 Kg. que consume el mundo; proveyendo de una mejor dieta, salud y trabajo. Somos un Estado Marítimo y deberíamos comenzar a mirar el mar y aprovecharnos de sus capacidades.

«Mi pescado grande tiene que estar en alguna parte» (El Viejo y el Mar, Ernest Heminway, 1989).

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002), Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).

Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022).

 

Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales

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