Los argentinos nos vemos bombardeados en los medios por dos corrientes de propaganda respecto al hambre.
ONU. Agenda 2030. Davos. Build Back Better. Gran Reseteo. Etc.
Local. “El hambre tan temida”. “La mesa del hambre”. Los “merenderos”. Desarrollo Social. Planes sociales. Etc.
La primera, neomaltusiana, está plagada de contradicciones. Por un lado sostiene que hay hambre en el mundo y por otro intenta reglamentar/prohibir/limitar la producción de alimentos. Nosotros, que somos inteligentes, sabemos que es un intento de cartelizar la producción y comercialización de productos agropecuarios (para todos los usos, alimentarios y otros) en concordancia con proseguir el viejo sueño de las élites occidentales de limitar la población como herramienta de control político. La mayoría de la humanidad vive fuera de la órbita occidental y no le presta atención a estos divagues.
Tony Milne, matemático escocés y autor de “Famine: Ireland, India and China, and the British Empire”, [Hambruna: Irlanda, India y China, y el Imperio Británico] ha estudiado la relación entre impuestos y hambrunas. Sostiene que éstas son provocadas por el sistema político y no por situaciones naturales. El Imperio Británico, desde su unificación en 1703, desarrolló un eficiente sistema impositivo y de aduanas (heredado de los normandos) que le permitió: a. financiar una flota poderosa; b. con el tiempo controlar un cuarto de la humanidad; c. una consecuencia del sistema fueron hambrunas periódicas y recurrentes en los territorios dominados.
El ciclo que describe es: los impuestos se llevan los excedentes de la población, lo que le impide tener acopios para los malos tiempos. Las hambrunas citadas (Irlanda, India, China) no fueron por escasez de comida, sino por escasez de dinero por parte de los sectores más pobres de la población para comprarla.
Entre 1945 y 1849 hubo una Gran Hambruna irlandesa (en inglés Great Famine o Great Hunger y en irlandés An Gorta Mór o An Drochshaol). Millones de irlandeses perecieron y otros tantos emigraron. El ciclo es el siguiente: la malnutrición o subnutrición sostenida, primero consume las reservas del cuerpo y luego deteriora el sistema inmunológico de la persona, hasta que esta contrae una enfermedad que el cuerpo no puede combatir y fallece; otros simplemente murieron de inanición. Debo recalcar que durante esos años el país exportó enormes cantidades de comida, en particular carne vacuna y porcina y barriles de manteca, a Inglaterra. Esto último consta en los registros aduaneros, públicos y disponibles. El sistema político impedía que la población nativa accediera a esa producción. Irlanda todavía no recuperó la población que perdió hace 170 años atrás.
Sostiene Tony Milne, libro citado, prefacio (la traducción es mía). Debo aclarar que el autor denomina “cobradores de impuestos” (tax-collectors) a todos los funcionarios del gobierno, ya que a su entender, la única función de éste es recaudar impuestos:
“[Funcionarios públicos] primero defendieron sus acciones, luego justificaron su inacción, más tarde intentaron esconder o minimizar los problemas más obvios, y finalmente culparon a los nativos. El gerenciamiento de la hambruna se convirtió en un proceso político que continúa hasta hoy en el SXXI”.
Prosigue en el capítulo I:
“Jared Diamond lista tres estrategias adoptadas por las sociedades tradicionales para evitar las hambrunas: guardar comida, diversificar la dieta, y dispersar o concentrar población. Los recaudadores de impuestos impiden, mediante políticas públicas, que esas estrategias puedan llevarse a cabo o que sean exitosas”.
El Sr. Milne sostiene que todas las leyes supuestamente ambientalistas que quieren imponer en el mundo hoy tienen por objetivo el control de la producción de alimentos y dejar afuera de las decisiones alimentarias a los comunes.
Juan José Borrell, es su magnífico libro “Geopolítica y Alimentos”, Ed. Biblos, describe cómo es el control de los alimentos por parte de las potencias y las grandes empresas y desenmascara el rol de la FAO y otras organizaciones dependientes de la ONU, como UNICEF. Donde el supuesto altruismo para con las poblaciones desfavorecidas, en realidad encubre deshacerse de excedentes —que son vendidos a la ONU a precios de primera—. Una de las múltiples consecuencias negativas de la intervención de la FAO es condenar a los agricultores locales a la quiebra por competencia desleal de las importaciones a precio cero.
Los argentinos debemos:
– Desarrollar una argumentación para hacer frente a la Agenda 2030, al ambientalismo, a los que quieren sacrificar vacunos o hacernos comer grillos.
– Formular estrategias para defender nuestros intereses de quienes desean manipular —aún más— los mercados de los alimentos.
– Construir una posición propia que resguarde los intereses del país y de sus agricultores y ganaderos.
Hoy, el gobierno patea en contra (como lo demuestra la desaparición de 100.000 productores en los últimos 15 años), y las cámaras patronales no muestran estrategia, programas o ideas.
La oposición se alinea con el gobierno, impostando diferencias mínimas.
Mi solución fáctica es sencilla: bajar los impuestos a los productores (DEX y tipo de cambio).
La lucha ideológica es toda otra historia y más compleja: habrá que darla en los escenarios internacionales con inteligencia, profesionalismo y picardía, y en el frente interno con determinación e impiedad: los interventores, los caballos de Troya, los traidores y los caídos del catre son más de lo que parece.
La Mesa del Hambre
En diciembre 2019, el presidente Fernández, a días de asumir, armó una gran campaña publicitaria sobre el hambre en la Argentina. Se reunió con figurones y presionó a los legisladores para que sacaran un impuesto más —porque, ya saben, el hambre es atroz—. Salió en tiempo récord y los políticos se fueron de vacaciones en enero 2020. Fue todo un montaje para que la oposición tuviera una excusa para sumarse al voto del tributo.
Sobre el hambre nadie dio una cifra o un dato. La oposición no lo pidió.
¿Existe hambre en la Argentina? Sí, claro, lo dicen las estadísticas que produce la UCA, juez y parte en este entuerto.
¿Existe gente con hambre en Argentina? Si las personas que veo revolver comida todos los santos días y comer de los tachos es prueba de ello, sí, hay hambre o al menos algunos compatriotas la pasan muy mal.
Sin embargo, resulta extraño que en un país con el mayor consumo de carnes de todo el mundo detrás de EEUU, con consumo anual promedio de 240 huevos por habitante (también excepcional) y de 96 kg per cápita por año de trigo (también alto), la población pase hambre.
Cada vez suena más razonable la afirmación de la ex presidente, en Roma, en el Congreso de la FAO, que la pobreza no llega al 6% del total.
Ahora bien, ¿qué es pobreza? Si el sueldo promedio es de US$ 250, si millones de jubilados ganan menos de US$ 100 mensuales y claramente tienen dificultades para una comida diaria, si la población se ve mal vestida, mal entrazada, mal abrigada, entonces algo anda muy mal.
Una de las cosas que no funcionan son los ministerios de Desarrollo Social. Porque ni desarrollan ni son sociales. En manos de tilingas como Stanley o de chantas como Arroyo, no pueden explicar en qué gastan el dinero ni los resultados de gestión. Larroque trajinó La Cárcova con el padre Pepe. ¿Aprendió algo? Los niños a la ribera del Reconquista andaban descalzos, con frío y lluvia. ¿Larroque les compró zapatillas, al menos?
Nuestros funcionarios en el área no tienen formación, ni ideas para cambiar la realidad, ni calle. Se trata solamente de un negocio para administrar fondos públicos. A su vez los “referentes sociales” son los primeros interesados en que la pobreza real o aparente nunca se esfume. Sin “hambre”, no hay planes, no hay negocio.
La primera medida para tratar de poner un poco de orden en esta infamia que humilla a millones de compatriotas y desangra a impuestos al resto es comenzar a manejar cifras, datos, estadísticas.
Porque algo no cierra. Algo huele muy mal y no en Dinamarca.
* Licenciada de Economía (UBA), Master en Finanzas (UCEMA), Posgrado Agronegocios, Agronomía (UBA).
Cuando comenzó el conflicto en Malvinas, tanto los países europeos integrantes de la OTAN como los Estados Unidos impusieron un embargo a Argentina que impidió la obtención de suministros esenciales para sostener el esfuerzo bélico.
Ello motivó que no dispusiéramos de otros medios que aquellos con que contábamos al comienzo de la guerra o los que pudieran ser provistos por las empresas nacionales de nuestra industria para la defensa.
Un caso paradigmático fue la disponibilidad de misiles Exocet Aire-Mar. La Armada Argentina solo disponía de cinco misiles de estas características y los utilizó con gran eficacia hundiendo al buque logístico “Atlantic Conveyor”, al Destructor “HMS Sheffield”, orgullo de la marina británica, y presumiblemente averiando el Portaaviones “HMS Invincible”. Pero a pesar de todos los esfuerzos realizados por el gobierno argentino fue imposible adquirir nuevas unidades una vez iniciado el conflicto ya que los misiles eran de origen francés y este país no solo se negó a proveerlos, sino que cesó oficialmente el apoyo para poner a punto las unidades ya vendidas y además brindó información a los británicos para facilitar la interceptación de estas armas.
Esta experiencia nos dejó como enseñanza la necesidad de asegurar la disponibilidad de insumos bélicos de producción nacional ya que, en caso de conflicto, que es justamente cuando más se los necesita, la mayor parte de los países se niegan a aportar armas al beligerante. Sin embargo, a pesar de estas evidencias, durante la Presidencia de Carlos Saúl Menem y el mandato de su Ministro Domingo Cavallo todo el complejo de producción para la defensa fue desarticulado siendo los casos más notables la fábrica que producía misiles Cóndor y el astillero de submarinos Domeq García. Si bien se adujeron razones presupuestarias, fue notoria la imposición de Estados Unidos a instancias del Reino Unido para quienes resultaba inaceptable la independencia armamentística de un país como la Argentina, que había demostrado tener la voluntad para desarrollar políticas independientes y la disposición para defender sus intereses nacionales utilizando la fuerza de ser necesario.
La pandemia del coronavirus vuelve a enfrentarnos con otro caso en que se siente profundamente la carencia de producción nacional de insumos vitales para situaciones de crisis, en este caso de origen sanitario.
Tanto el Presidente Alberto Fernández como su Ministro de Salud han reconocido públicamente que no se hacen las pruebas en la cantidad necesaria porque no se disponen de suficientes unidades de los elementos para determinar infectados, dado que son importados y muy requeridos en este momento en todo el mundo. Obviamente, los países que los producen priorizan sus propias necesidades y eventualmente las de sus aliados más cercanos. Sin embargo, la industria farmacológica argentina y el nivel de nuestros investigadores en la materia, permitiría desarrollar estos productos (como están intentando ahora de apuro) si lo tuviéramos entre nuestras prioridades. Lo mismo puede aplicarse al desarrollo de vacunas y a cuestiones más sencillas como respiradores, los que son producidos en el país por una única empresa y en cantidades limitadas.
Como me dijera en una oportunidad el prestigioso científico Conrado Varotto, presidente de la Comisión Nacional Aeroespacial: los únicos productos que no podemos producir son los que nos venden. Sucede que pocos países están dispuestos a invertir el tiempo y el dinero necesario para un desarrollo autónomo de algo que puede conseguirse en el mercado y Argentina no es la excepción.
La lógica económica de producir allí donde resulta más barato, generalmente por el menor costo de mano de obra derivado de las precarias condiciones laborales, ha llevado a que China tenga el monopolio de numerosos productos entre ellos los insumos medicinales. Sin embargo, debemos considerar que la lógica económica no es la única fuente de motivación para determinar los modos de acción para la producción, ya que existe una lógica estratégica que debe ser considerada so pena de sufrir graves consecuencias.
Esta no es solo una conclusión personal. Numerosos analistas de diversos países reconocen el error de tener una enorme dependencia de China en el área de insumos medicinales y ahora están sufriendo las consecuencias. Es absolutamente necesario que tomemos nota de esta segunda lección y actuemos en consecuencia.
¿Significa esto que tenemos que producir todo nacional, atados al eslogan de “vivir con lo nuestro”?
No, por cierto. No tiene sentido reinventar la rueda o lograr una patente de un motor de combustión convencional o cuestiones similares. De lo que se trata es de identificar las áreas de importancia estratégica y los elementos críticos para garantizar la supervivencia ante graves eventos infrecuentes, pero de ocurrencia posible y probable, y trabajar para contar con ellos en el mediano plazo.
Las circunstancias nos han hecho evidentes dos sectores que claramente entran en la categoría de estratégicos. El de la Defensa y el Farmacológico pues nuestra salud depende fuertemente de vacunas y otros productos importados que pueden tornarse escasos cuando más se los necesite.
Una tercera área que por suerte tenemos cubierta es el agua y la alimentación, ya que las características geográficas de nuestro país y el desarrollo tecnológico de la agroindustria aseguran la disponibilidad y la autosuficiencia.
Quedan sin embargo otros espacios a considerar en una lista que no es excluyente.
Uno de ellos es la Energía, de la que en distintos períodos de nuestra historia hemos pasado a ser importadores o exportadores y de la que no solo hay que considerar la producción sino la capacidad de distribución y la disponibilidad de refinerías y tecnología. Es necesario poner el énfasis en las fuentes alternativas de energía tales como la hidráulica, solar, eólica, mareomotriz, etc., que, a diferencia de las térmicas basadas en el consumo de sustancias fósiles, son renovables. En el caso particular de Argentina también debemos mantener la ventaja de disponer el conocimiento, el combustible (uranio) y la experiencia que nos permiten utilizar la energía nuclear.
Aunque menos obvio, debemos destacar la enorme dependencia que tenemos en el área de comunicaciones de elementos que no controlamos. Si una circunstancia inesperada como una tormenta de meteoritos, una inusual actividad solar o un acto de terrorismo a gran escala afectara los satélites de comunicaciones tenemos la seguridad de que los países que controlan estos artefactos asegurarían su propia necesidad y nos dejaría incomunicados. Es imperioso dar continuidad al programa ARSAT de satélites de comunicaciones de origen nacional y debemos disponer de alternativas aumentando las redes de fibra óptica que nos garanticen las comunicaciones internas en el ámbito nacional ante una catástrofe de esta naturaleza. Como dato cabe aportar que la red de fibra óptica nacional está alrededor de los 33.000 km contra más de un millón de su equivalente en España en un territorio mucho menor.
Finalmente, e insisto que sin agotar el análisis acerca de cuáles son las áreas que requieren desarrollos autónomos, debemos alertar que Argentina exporta más del ochenta por ciento de sus productos por vía marítima pero no dispone de una flota mercante de bandera. Todo el flete del comercio exterior es dependiente de terceros y es susceptible de ser bloqueado o embargado casi sin alternativas. Fortalecer la existencia y el funcionamiento de empresas navieras argentinas es también una necesidad estratégica.
Concluyendo, el coronavirus nos ha demostrado una vez más que no podemos vivir en un mundo complejo sin tener desarrolladas ciertas áreas estratégicas que irresponsablemente ignoramos corridos por la eterna coyuntura en que vive nuestro país. Por supuesto que una de las claves para llevar adelante una previsión estratégica racional es tener una economía sana y eliminar la enorme dependencia que genera la condición de deudor moroso.
La solución para esta falencia es mucho más integral, ya que requiere gobernantes y funcionarios idóneos, eliminar la corrupción, producir con eficiencia y no gastar más de lo que produce. Receta sencilla pero que ha probado ser muy difícil de cumplir en nuestra querida patria.
Quizás el sufrimiento y las carencias que se evidenciaron con la epidemia nos otorguen el incentivo para generar cambios inmediatos en lo económico y ponernos a pensar en lo estratégico, si queremos asegurar un futuro deseable.
* Contralmirante Retirado, Veterano de Guerra de Malvinas. Licenciado en Sistemas Navales. Master en Relaciones Internacionales. Master en Ciencias en Management. Presidente del Partido Nueva Unión Ciudadana. Coordinador Político de ENCENDER (Encuentro de Centro Derecha).
La Argentina es un Estado Marítimo. No parecen entenderlo las autoridades de los gobiernos argentinos, incluso aquellos que son responsables del mar argentino, sus archipiélagos y la explotación de los recursos y son varias las razones por las cuales entendemos que el Estado Nacional no ejerce soberanía política y el debido control y administración del Atlántico Suroccidental. Podríamos ampliar también sobre la falta de administración adecuada del Río Paraná y el Río de la Plata, pero no es el objeto de este escrito y, aunque tienen efectos negativos convergentes, los funcionarios siguen sin regular las cuestiones políticas fluviales y marítimas, motivo por el cual, en este último ámbito, los recursos naturales argentinos son expoliados por el Reino Unido, China, España, Taiwán y Corea del Sur, que junto a Japón capturan el 85% de la pesca a distancia en forma subsidiada, sin control de los Estados de pabellón, sin acuerdo con Argentina (el Estado ribereño) y del total mundial de 37 millones de horas de pesca ocupan unas 25 millones de horas (César Lerena “La responsabilidad del gobierno sobre la pesca ilegal de los recursos migratorios argentinos en Malvinas y alta mar”15/04/2022).
Asuntos relativos a la soberanía territorial, a los recursos naturales, económicos, ambientales, alimentarios, sociales y culturales del mar y de los archipiélagos argentinos limitan la autonomía de la Nación, impiden el desarrollo nacional y empobrecen al pueblo argentino y, muy particularmente, a las poblaciones del litoral, debilitando, no solo la soberanía argentina en el territorio marítimo, sino también en la Patagonia continental, cuya densidad población es de las más bajas del país.
Demostraremos en este escrito que los extranjeros ocupan, administran y explotan el Atlántico Suroccidental y el Reino Unido controla desde Malvinas los accesos al océano Indico y al Pacífico, avanzan en la constitución de un Centro Regional (hub) en Malvinas, además de fortalecer su proyección hacia la Antártida, todos efectos que para la Argentina pueden ser inconmensurables.
La falta de políticas activas del Estado Argentino en el Atlántico Suroccidental
En lo relativo a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) la Argentina ha llevado una política de declamación de derechos, resignando en terceros países y organismos multilaterales las acciones destinadas a reintegrar la posesión de los archipiélagos usurpados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido). Más allá de la acción directa que significó la recuperación de Malvinas en 1982, los ejes de la política nacional se han limitado a solicitar el diálogo sobre la negociación con el Reino Unido respecto a la soberanía (plena) de Malvinas; a cooperar en forma unilateral con los isleños (vuelos, etc.) y a solicitar el apoyo de terceros a los derechos argentinos. Los resultados de esta política están a la vista: Hace casi 190 años (1833) cuando los ingleses invadieron Malvinas esta ocupación inglesa se limitaba a 11.410 Km2 y hasta 1982 el control británico se reducía a este espacio (20.007 km2 con las otras islas) más tres millas de mar territorial; aunque, los buques argentinos podían seguir pescando fuera de estos espacios. En la actualidad, el Reino Unido tiene ocupado 1.639.900 Km2 y, en disputa 3.857.278 Km2; es decir, un total 5.497.178 Km2 del territorio argentino. Léase bien: 5.497.178 Km2, casi el doble del territorio continental argentino (sin la Antártida). Por mucho menos (11.410 km2) llevamos adelante la recuperación de Malvinas en 1982; estuvimos al borde de un conflicto armado en 1907/8 con Uruguay y Brasil por unos reducidos km2 de mar territorial de Uruguay (simplificando) o con Chile en 1978 donde ambos países efectuaron movimientos de tropas por la soberanía de unas islas e islotes (en especial las Picton, Nueva y Lennox, de un total de 396,5 km2) al sur del Canal Beagle y los espacios marinos adyacentes que, aunque se introducen en el Atlántico, alcanzan superficies muy menores a la indicadas precedentemente (simplificando) y otros tantos ejemplos que podríamos citar. No está la Argentina en posición de dirimir la cuestión a través de las armas, pero de ahí a la parálisis total hay un abismo. Los gobiernos argentinos están congelados en la cuestión Malvinas y mantienen desmalvinizado al pueblo argentino.
Me pregunto qué diría San Martin que liberó a Perú y Chile, territorios de menor dimensión de los ocupados o en disputa con Reino Unido. O Rosas y Mansilla, quienes llevaron adelante la Batalla de la vuelta de Obligado de 1845, que dio lugar a que en un solo día murieran unos 200 argentinos o los caudillos y patriotas que lucharon y trabajaron para dar lugar a la independencia nacional.
En los espacios ocupados, el Reino Unido explota los recursos petroleros y captura un promedio de 325.000 toneladas anuales de recursos pesqueros, por valor de unos 1,5 mil millones de dólares FOB que, en el comercio final, se transforman en unos 6 mil millones por año (Mercado Central de Valencia, 10/2022). Ante este escenario y, mientras el Reino Unido no se avenga a negociar la soberanía plena de Malvinas, la Argentina debe declarar “Zona de Emergencia Pesquera y Ambiental en Malvinas y las aguas correspondientes” en atención a la violación por parte del Reino Unido de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y la imposibilidad argentina de controlar las capturas, en su condición de Estado ribereño (CONVEMAR), a la par de evaluar la aplicación de un “boicot biológico” para evitar la depredación del calamar (Illex argentinus) que migra al área de Malvinas.
Por otra parte, entre 350 y 500 buques pesqueros chinos, españoles, británicos, coreanos, taiwaneses, etc., anualmente extraen 1.080.000 toneladas de recursos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina, con la pasividad total de los sucesivos gobiernos argentinos. Todo ello le significa graves perjuicios a todos los argentinos. En primer lugar, se impide el desarrollo de la Patagonia continental; por otra parte, se pierden de unos 50 mil empleos directos; en tercer lugar, se produce una evasión económica del orden de los US$ 4.000/Año FOB (que en el comercio final se transforman en unos US$ 24.000) y una competencia desleal en el mercado internacional con los productos de las empresas radicadas en Argentina; en cuarto lugar, la pesca sin control ocasiona un desequilibrio y la insostenibilidad del ecosistema, con efectos directos sobre las capturas en la ZEE Argentina y, finalmente, el desaprovechamiento con fines sociales de los descartes pesqueros de calidad que habrían de asegurar la alimentación proteica de seis millones de niños y adolescentes argentinos por día, todos los días, todo el año, donde «según el último informe del INDEC unos 5,5 millones de menores de 14 años no cubren sus necesidades básicas» (Santiago Rojas, Perfil, 30.3.2022). Es este último aspecto, la inoperancia del gobierno es criminal, ya que ni siquiera actúa para aprovechar los descartes de la flota argentina.
La Secretaría de Malvinas de la Cancillería Argentina y el Consejo Nacional de Malvinas creado por Ley 27.558 el 04/08/2020 no se han apartado de las citadas declamaciones y no han propuesto al Poder Ejecutivo Nacional —al que supuestamente asesora— la ejecución de ninguna política que ponga en acción las prescripciones de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Varios de sus miembros han sido partícipes en la elaboración y promoción de ruinosos acuerdos (Madrid, Nueva York, etc.) e incluso su integrante Marcelo Kohen —acompañando las políticas de los Cancilleres Malcorra y Faurie que suscribieron el Pacto Foradori-Duncan— en 2018 les propuso un plan a los isleños (Infobae, 2018/CARI, 2018) que, entre otras cuestiones, les habría de permitir seguir determinando quién puede o no radicarse en las islas y, la realización de un referéndum, que los hubiese habilitado a elegir si deseaban ser británicos o argentinos, cuestión que viola la citada Disposición Transitoria y que hubiera sido suficiente justificativo para no incluirlo en el referido Consejo (entre otras sanciones más graves); pero no, no solo se lo incluyó en ese Cuerpo Asesor del PEN, sino que se lo promovió para integrar la Corte Internacional de Justicia; asiento que finalmente quedó en manos del candidato brasileño Leonardo Nemer Caldeira, a quien, seguramente, no se le podría ocurrir un dictamen semejante, que violenta todos los argumentos argentinos y las propias las resoluciones de las Naciones Unidas, que desestiman toda participación de los implantados isleños. La neutralidad e imparcialidad que exige a quienes usan esa poltrona judicial, jamás podrían admitir semejante plan en favor de los intereses británicos.
Se requiere reafirmar la Política de Estado prevista en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional (“…recuperar los territorios y el ejercicio pleno de la soberanía…”) y frente a un mar argentino extranjerizado, crear el “Ministerio del Mar e Islas del Atlántico Sur” como Perú, Francia, Portugal, Canadá, Corea e Indonesia, donde se diseñen y ejecuten todas las políticas marinas, insulares, mercantes, fluviales, portuarias, pesqueras, navales, de investigación y tecnología, de desarrollo y consumo o, en su defecto, crear un nuevo “Territorio Nacional Marítimo” con el correspondiente Acuerdo político, económico y ejecutivo con la Provincia de Tierra del Fuego, en aquellos ámbitos de su jurisdicción y dominio.
Por cierto, deben derogarse/desecharse los Acuerdos de Madrid I y II que limitan la acción de defensa nacional naval y aérea; habilita de hecho la captura de los recursos pesqueros argentinos y, supone, la existencia de un diálogo entre las partes —sin debilitamiento de la soberanía— que la Argentina reclama; el Pacto Foradori-Duncan que refiere a eliminar todos los obstáculos para el desarrollo de Malvinas y sobre asuntos relativos a la Antártida y el llamado Acuerdo de Nueva York (Ley 25.290) que da la lugar a injerencia de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) sobre los espacios de jurisdicción y dominio argentino —incluso los puertos— y los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina y que daría pie a la pretensión británica de co-administrar el Atlántico Suroccidental.
Tampoco ha llevado adelante una política de relación con la Unión Europea post-Brexit de modo que todos los productos pesqueros originarios en el Atlántico Suroccidental estén certificados en su origen y trazabilidad por los Estados ribereños de Argentina, Brasil y Uruguay, según el Área FAO que corresponda, para terminar con la pesca ilegal de Malvinas y sobre los recursos migratorios de las ZEE correspondientes.
Mientras todo ello ocurre, la Argentina no tiene hipótesis de conflicto (¿?); el gobierno autoriza la incorporación a la flota nacional a buques fabricados en España, mientras empresas gallegas pescan en forma ilegal en Malvinas y no se sanciona a las empresas de esta nacionalidad ni a las coreanas, taiwanesas y británicas que pescan en el Archipiélago sin autorización del Estado Argentino, tampoco se les cobra derechos aduaneros ni de captura violando las Leyes 24.922; 26.386 y 27.564 que prohíben la pesca en territorio nacional sin habilitación argentina, en un abierto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Secretario de Malvinas, el Subsecretario de Pesca, el Consejo Federal Pesquero y el Director de Fiscalización Pesquera. Por otra parte, favoreciendo la logística de los isleños, se autoriza el uso del espacio aéreo argentino a la empresa chilena LATAM que transporta pasajeros, trabajadores de las islas, insumos diversos y alimentos.
México, un país que está lejos de tener la disputa marítima e insular y la problemática pesquera que tiene Argentina, dictó la Ley General de Pesca (2007 reformada en 2018, Art. 17º) que indica: “el Estado Mexicano reconoce que la Pesca es una actividad que fortalece la soberanía alimentaria y territorial de la Nación; un asunto de Seguridad Nacional y una prioridad para el desarrollo nacional”. Contrario a ello, la Argentina no cuenta con el suficiente equipamiento naval y de control del mar acorde con las amplias superficies marinas que dispone que, con carácter disuasivo, eviten la pesca ilegal y faciliten los acuerdos pertinentes sobre las capturas de las especies migratorias originarias de la ZEE Argentina y con relación a la invasión que sufre en territorios argentinos por parte del Reino Unido y, el importantísimo número de buques extranjeros en la región. Junto a ello, el Estado Nacional tampoco inspecciona el transporte de productos pesqueros en la ZEE Argentina, la Zona Común de Pesca y el Río de la Plata en aquellos buques extranjeros que realizan pesca en Malvinas y sobre los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina capturados sin control del Estado de bandera y sin acuerdo de los Estados ribereños de América oriental que, en todos los casos, solo por ello y otras razones, debieran ser tipificados como procedentes de la Pesca Ilegal y, consecuentemente, sancionados y comisadas las materias primas, artes de pesca, etc. y reformarse el artículo 186º del Código Penal argentino de modo de aplicar sanciones penales a los responsables, como muchas leyes de América del Sur, la Unión Europea y Estados Unidos lo hacen.
Los gobiernos nacionales han sido incapaces de llevar adelante un “Acuerdo complementario del Tratado del Río de la Plata” para terminar con el uso irregular de los puertos de Uruguay, donde se les presta apoyo logístico a buques que realizan pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental; del mismo modo, firmar un Protocolo adicional al MERCOSUR para contrabalancear la presencia extracontinental en el Atlántico Suroccidental y llevar adelante una Convocatoria a los países de América del Sur y del Caribe para aplicar una política conjunta contra la apropiación de los recursos migratorios originarios de las ZEE de los Estados ribereños del orden de los 7,8 millones de toneladas anuales por unos US$ 11.770 millones.
Por otra parte, la Argentina mantiene viva la Ley 24.184 (04/11/2022) “de protección y promoción de las inversiones británicas en el país” y el Reino Unido tiene intereses en grandes extensiones de tierra, aeropuertos privados y sobre recursos esenciales como el petróleo, gas, energía, alimentos, etc., concesiones de ríos interiores y se encuentra atrás del litio, pese a la apropiación del territorio nacional y los recursos naturales del área de Malvinas y, por su parte, las empresas pesqueras extranjeras radicadas en la Argentina debilitan territorialmente la Patagonia continental exportando con bajo valor agregado, transfiriendo el trabajo a los países desarrollados; razón por la cual, las cuotas de capturas deberían otorgarse a estas empresas a condición de que las exportaciones sean con un 100% de valor agregado y empleo argentino.
Por si faltaba algo, la Argentina admite el funcionamiento de ONGs extranjeras con intereses en Malvinas (como detallaremos más adelante); organizaciones que incluso coordinan el diseño estratégico del control y la administración del mar y los recursos, lo que resulta a todas luces inadmisible.
Finalmente, la Argentina carece de un régimen de promoción de la flota mercante, fluvial y pesquera que aliente la construcción nacional y termine con la importación de buques extranjeros, de un plan nacional de educación que reafirme desde la niñez y en los distintos niveles de educación los derechos históricos, geográficos, jurídicos y sobre los recursos naturales de la Argentina de los territorios insulares y marítimos de las Malvinas y la Antártida y debe implementar campañas de consumo interno de productos pesqueros para llevar de 4,8 kg. per cápita/año a 20 kg., que es consumo promedio mundial, no solo, porque mejoraría la salud de los nacionales, sino también, porque no es de esperar que los argentinos —incluso los funcionarios— puedan prestarle atención al mar sino conocen las bondades de los recursos naturales que este provee.
Las acciones del Reino Unido en el Atlántico Suroccidental
A lo dicho precedentemente, agregamos que el Reino Unido tiene una política diseñada para todos los archipiélagos de ultramar que éste considera parte de la Comunidad Británica de Naciones y, entre ellas, la anunciada en 2017 respecto a establecer un “Cinturón Azul” (Blue belt) a las islas, bajo el pretexto de proteger el ambiente alrededor de éstas que, en realidad, no es otra cosa que constituir áreas de control británico marino, tal es el caso del “Santuario Ecológico” de 1.070.000 Km2 establecido alrededor de las islas Georgias y Sándwich del Sur en 2011; la Zona de Protección (FOCZ) al este de Malvinas de 109.993 Km2 establecida en 1990; la determinación del Área GAP de 4.000 Km2 al noroeste de Malvinas donde se concentra gran parte del calamar que migra a Malvinas, establecido en forma unilateral por el Reino Unido en 1994; la plataforma continental extendida de 1.430.367 Km2 en disputa consolidada con el Reino Unido desde 2016; la presencia —pese a la ley 26.659— de empresas británicas petroleras o vinculadas a las islas al oeste de Malvinas a partir de la licitación de la explotación offshore de 100.000 Km— por el gobierno argentino en 2019 y el Área Marina Protegida Agujero Azul de 164.000 km2 al nordeste de Malvinas, cuyo proyecto promueve y coordina la Fundación norteamericana WCS (ampliaremos más adelante). Es decir, un “Cinturón Azul” que rodeará totalmente a Malvinas, ejerciendo un control estratégico previo a los archipiélagos y fuente de una riqueza infinitamente mayor al de las islas y ello, es interesante relacionarlo, con el hecho, que no es preocupación del Reino Unido los tres mil británicos implantados ni los trabajadores que viven en Malvinas, sino la proyección a la Antártida y el control estratégico del Atlántico Sur-Sur.
Como hemos dicho, el Reino Unido explota los recursos argentinos y trabaja en línea con establecer un Centro Logístico Regional (hub) en Malvinas. Para ello ha construido un puerto en las islas Georgias del Sur y ha realizado los estudios pertinentes para construir un nuevo puerto en Malvinas y mejora sus disponibilidades logísticas en las islas, además de contar con un aeropuerto para aviones de gran porte. Todo ello habrá de favorecer las operaciones de los grandes buques de transporte que utilizan el Estrecho de Magallanes para acceder al Pacífico ante la imposibilidad de hacerlo por el canal de Panamá; del mismo modo, los que transitan hacia y desde el océano Índico y los pesqueros extranjeros que operan en el Atlántico Suroccidental. Además de promover el interés de los científicos de distintas naciones que trabajan en la Antártida y tienen como base de apoyo a Malvinas en lugar de Ushuaia. ¡Argentina despabílate!
En la actualidad utiliza los puertos y aeropuertos de Uruguay para favorecer las operaciones pesqueras y petroleras de Malvinas; al igual que con Chile y Brasil; es decir, trabaja consolidando las relaciones con estos países, pese a la posición retórica de América del Sur en favor de la Argentina y el poco interés de los funcionarios argentinos por acercar las posiciones con los vecinos.
A través de la embajada británica en la Argentina el Reino Unido realiza diversas acciones de penetración cultural (además de otras que suponemos) a punto de promover concursos destinados a estudiantes argentinos con el objeto de que “conozcan a sus vecinos”, una calificación que muestra el desprecio inglés por los derechos de los argentinos sobre los territorios propios ocupados en forma prepotente por esta fuerza imperial.
Finalmente, en una clara demostración del objetivo británico de ocupar este espacio estratégico del Atlántico Suroccidental, el Reino Unido mantiene en las islas una base militar misilística y naval absolutamente desproporcionada, que contraría la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que firmaran todos los países de África occidental y América oriental y se aprobara en 1986 por la Res. 41/11 de las Naciones Unidas.
Injerencia de organizaciones extranjeras en la planificación estratégica del mar argentino
Ya nos hemos referido en artículos anteriores al rol que tuvo la Fundación norteamericana Wildlife Conservation Society (WCS) en la gestión política para lograr la aprobación del proyecto de Ley de Área Marina Protegida del “Agujero Azul” en la Cámara de Diputados de la Nación y qué efectos negativos tiene ello en el campo biológico, económico, social, ambiental y soberano para la Argentina (César Lerena “Una fundación extranjera propietaria de islas en Malvinas es la gestora del proyecto de Ley Agujero Azul”, 16/08/2022 y otros).
Dijimos al respecto, que este proyecto de establecer un Área Marina Protegida (AMP) más allá de las 200 millas de la ZEE, de 164 mil Km2 carece de todo fundamento político, económico y, científico-técnico; menos aún, cuando desde 2014 se analizaba y, con discrepancias técnicas, establecerlo dentro de la ZEE y de solo 12 mil Km2 (Falabella, V. Pág. 16 a 19 y 80, 2014). También que la propuesta no habrá de impedir la pesca ilegal de buques extranjeros y sí la captura por parte de los buques nacionales, además de consolidar el “Cinturón Azul” (Blue belt) que los británicos promueven desde 2017 alrededor de todos los archipiélagos de la Comunidad Británica de las Naciones, asegurándose el control y la explotación de los recursos pesqueros, facilitando en Malvinas, el otorgamiento de permisos ilegales de pesca, que en la actualidad permiten la captura por parte de buques extranjeros de unas 325 mil toneladas anuales. Por otra parte, no se previeron fondos para las tareas de control e investigación, donde solo las primeras tareas requerirían unos 15 millones de dólares anuales. Asimismo, que la Argentina se excede en sus obligaciones con el «Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020» porque debido a las reservas unilaterales y la ocupación del mar Argentino por parte del Reino Unido tiene restringida para la pesca una superficie equivalente al 52% de su ZEE. El proyecto, por otro parte, no genera ningún beneficio económico, ambiental ni fortalece la soberanía nacional, más bien la violenta, además de que por el artículo 77º de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) la Argentina no tiene obligación de realizar ninguna acción respecto a la titularidad de la plataforma continental extendida y, por lo tanto, ningún Estado puede emprender actividades en ese ámbito sin su expreso consentimiento.
También dijimos que —si fuera necesario— una mera Resolución de la Subsecretaría de Pesca impediría la pesca con redes de arrastre de fondo en esos espacios de la plataforma extendida y bastaría una Declaración de Monumento Marino para prohibir el arrastre de fondo en unas millas alrededor de los restos de los tripulantes y del ARA San Juan.
Que se trata de un proyecto infundado, inútil y costoso, que atenta contra la soberanía nacional y que fuera promovido por la Fundación norteamericana WCS, propietaria desde el 2001 de las islas Grand Jason y Steeple Jason (Sebaldes o Sebaldinas para Argentina) en el archipiélago de Malvinas, ubicadas al noroeste de la isla Gran Malvina y a 400 km de la Patagonia (51º04’37’S-60º58’08’O) en jurisdicción de Tierra del Fuego. Una verdadera afrenta: Mientras los argentinos debemos visar nuestros pasaportes para acceder a las islas y no podemos alquilar, comprar o llevar adelante inversiones industriales o comerciales en Malvinas, no se admite la pesca de buques nacionales y nuestra línea aérea de bandera tiene impedido el vuelo regular a las islas, una fundación extranjera con apoyo de capitales norteamericanos, británicos, etc., planifica y coordinara la administración del Atlántico Sudoccidental Argentino, nuestro mar territorial alrededor los archipiélagos, nuestra ZEE y la explotación de los recursos y la regulación del medio marino y, además de todo ello —por si algo faltaba— la citada WCS “administra estas islas como reservas naturales privadas, y trabaja con el gobierno (NdA: ilegal) local para proteger aún más todo el archipiélago de las Islas Jason y el área marina circundante» (Christopher J. Mckenzie, Wildview, WCS, 15/08/2017).
Una verdadera delegación de funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, quienes admiten y/o han fomentado esta extranjerización de la administración del mar argentino, sus archipiélagos y sus recursos y, la privatización de la planificación estratégica respecto a la utilización de los espacios marítimos, de la plataforma continental y de los recursos vivos. Y por supuesto, la responsabilidad de los legisladores nacionales que tienen la obligación de asegurar la soberanía política, económica y alimentaria de los argentinos y, consecuentemente, proteger los territorios y optimizar la explotación de los recursos.
Estas fundaciones extranjeras a través de sus filiales se inmiscuyen en el corazón mismo de las estructuras del gobierno, definiendo las políticas del Estado Nacional. Ello es evidente a poco de leer «el Reporte final del “Taller de Implementación de Áreas Marinas Protegidas Nacionales, 2018” (pág. 50, 2019) donde WCS se constituye como organizadora y dice: “El diseño de un Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP) requiere definir ¿qué queremos conservar?, y, decidir, sobre prioridades nacionales para la biodiversidad marina en todo el Mar Argentino». En los citados trabajos la Lic. Falabella representa a la norteamericana WCS, aunque no queda claro, si también lo hace como profesional de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ya que en varios pasajes el informe refiere a «fortalecer a la autoridad de aplicación para que sea capaz de liderar la gestión de un conjunto de sitios representativos de la biodiversidad del Mar Argentino” (pág. 12); “es necesario desarrollar en general la capacidad de gobernanza y gestión del Estado” (pág. 14) y “la gobernanza se relaciona con el poder, las políticas, las estructuras y los procesos utilizados para la toma de decisiones en un área de responsabilidad” (pág. 38)» (César Lerena, Ob. Cit. 15/8/2022). Resulta evidente la injerencia de esta Fundación WCS en la planificación nacional respecto a la sostenibilidad de los recursos marítimos, circunstancia que se agrava, por la particular situación de que esta organización tiene intereses en Malvinas y colabora con el gobierno ilegal, gobierno que otorga permisos de pesca ilegal, con los que se capturan anualmente 325.000 toneladas (incluido los descartes), produciendo la mayor depredación pesquera en el Atlántico Suroccidental desde 1976.
La Fundación WCS, cuenta con el apoyo de OCEANS 5, organización que con sus «primeras subvenciones apoyaron el trabajo en los territorios de ultramar del Reino Unido, la Antártida, el Ártico y varias grandes ZEE, entre ellas, la de Estados Unidos» (sic) incluyendo, entre sus socios y miembros, a trece fundaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos.
¿Por qué razón se admitió que este proyecto enmarcado en un medio marino internacionalizado y vinculado a un área ocupada y disputada por el Reino Unido se tratase en el recinto de la Cámara de Diputados sin la debida evaluación de todos los antecedentes necesarios y la aprobación previa de las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores, Recursos Naturales, Intereses Marítimos y Presupuesto?
Un absurdo que el Estado Argentino admita la intervención de WCS en Malvinas y más allá del territorio ocupado por el Reino Unido, violando la ley 26.386 y, dando opiniones y promoviendo leyes referidas a la administración de todo el Atlántico Suroccidental, agraviando la soberanía argentina y violando la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
¿Y qué opinó al respecto el Consejo Federal Pesquero, y muy particularmente la Embajadora del Cuerpo Diplomático argentino que lo integra? Respecto a la Diputada que promovió el proyecto, ya nos hemos referido (César Lerena, Ob. cit. 15/08/2022) que esta iniciativa además de errónea omite cuestiones relevantes que atentan contra el interés nacional.
Ya hemos dicho en nuestros siete anteriores escritos sobre el tema ¿por qué motivo se trasladó el Área Marina Protegida (AMP) limitada originalmente a 12 mil km2 (2014) de la ZEE Argentina al AMP Agujero Azul de alta mar que se propicia con 164 mil km2? (2021); ¿No se sabía que en la zona seleccionada pescan buques chinos, coreanos, taiwaneses y españoles-británicos con licencia británica que no pueden ser alcanzados por esta AMP y que, al igual que ocurrió con el Acuerdo firmado por Cavallo de Conservación (FOCZ) al este de Malvinas en 1990, permitiría consolidar el otorgamiento de licencias a los isleños y resguardar la zona nordeste de Malvinas?; ¿Por qué motivo se trató en sesión un proyecto que no se aprobó en las Comisiones respectivas y que no prevé los fondos necesarios para las tareas de control e investigación que, sin tener en cuenta las necesidades de equipamiento naval y de investigación, solo en materia de control y vigilancia se requerirían unos 15 millones de dólares anuales?; ¿No sabían los autores del proyecto que por falta de medios suficientes las patrulleras oceánicas (OPV) recientemente adquiridas a Francia se encuentran amarradas en la Base Naval de Mar del Plata, sin poder controlar el extenso mar argentino y que, la Subsecretaría de Pesca y el INIDEP tienen 17 artículos en la Ley 24.922 —si se dispusiese de medios— para realizar todas las tareas de protección de la plataforma continental extendida prohibiendo la pesca de arrastre de fondo, sin necesidad de dictar ninguna nueva AMP?; ¿que para resguardar a los tripulantes y los restos del Submarino ARA San Juan basta una declaración de Monumento Nacional Marino?; tampoco ¿qué al asignarle la categoría de Reserva Estricta “sobre” la plataforma se impedirá solo la pesca a los buques nacionales?; ¿qué no se cumplieron los requisitos científicos previos exigidos por la FAO (2012) para establecer un AMP?; ¿que no hay ningún incumplimiento del «compromiso del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020» porque el Reino Unido estableció en 2011 una reserva de 1,07 millones de km2 alrededor de las Georgias y Sándwich del Sur y tiene restringida una superficie de nuestro país equivalente al 52% de la ZEE Argentina?; ¿que el proyecto no tendrá beneficio económico alguno, ni impedirá la pesca ilegal y que, de ninguna manera fortalecerá la soberanía nacional, ya que por el Artículo 77º de la Convención del Mar nadie podría emprender actividad alguna en la plataforma extendida sin expreso consentimiento del Estado argentino? Todo es gravísimo.
Saben (debieran saberlo) la Cancillería, la Secretaría de Malvinas y los autores del proyecto que además del interés estratégico del Reino Unido, la fundación WCS es funcional a ese interés porque particularmente está interesada en el cuidado de los albatros “ceja negra” (Thalassarche melanophris) que se encuentra y anidan en las islas de “su propiedad” y que, según el informe de la filial local de WCS, al describir el porcentual de especies a conservar en el Agujero Azul-ZEE alcanzan a “2.72” (pág. 82-84), el más alto porcentual entre las especies analizadas y “se cree” (un término poco serio científicamente que no indica evidencia) que “la pesca con palangre y arrastre contribuyen a su disminución”.
Las autoridades argentinas de Malvinas y Pesca no administran el Atlántico Suroccidental y las implicancias derivadas de la ocupación británica y, lo que es peor aún, delega en organizaciones extrañas la planificación y coordinación de las actividades en el mar y sus recursos.
“Un Estado sin pesca nada puede sobre la mar” (Manuel Belgrano).
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de la Fundación Agustina Lerena (Fundada el 21/10/2002),Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, CESPEL (Fundada el 02/04/1989).
Autor de “Malvinas 1982-2022. Una gesta heroica y 40 años de entrega” (2021) y de “Pesca Ilegal y Recursos Pesqueros Migratorios Originarios de los Estados Ribereños de Latinoamérica y El Caribe” (2022)
