César Augusto Lerena*

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La provisión de alimentos a las poblaciones vulnerables mediante cajas o bolsones, desde la instauración del Programa Alimentario Nacional (PAN) de Alfonsín, y todos los que lo sucedieron en centros o comedores de distinto tipo, se han basado fundamentalmente en el suministro de carbohidratos, con una baja o nula provisión de hortalizas frescas y alimentos proteicos. En síntesis, insuficientes para proveer una dieta nutricionalmente balanceada, especialmente en los niños y adolescentes. Ello está motivado en la carencia de transportes y cámaras de refrigeración, destinados al mantenimiento de la aptitud sanitaria de estos alimentos altamente perecederos, durante los procesos de almacenamiento, distribución y entrega de los programas sociales de alimentación, además de los costos de hortalizas y carnes.

La tecnología ha avanzado y, hace años que es posible, envasar hortalizas frescas con atmósfera modificada para prolongar su vida útil a tiempos superiores de entre 7 y 15 días y, con ello, facilitar su traslado y guarda; pero, no nos referiremos aquí a éstas sino al suministro de proteínas —aminoácidos esenciales de la mejor calidad, solo comparables con la leche materna— que proveen los pescados, además de grasas insaturadas y Omega 3, que, como sabemos, actúan favorablemente en el sistema circulatorio y como antioxidantes, respectivamente, entre otras virtudes.

El promedio de consumo mundial de productos de origen pesquero es del orden de los 19kg/año por persona, mientras que en la Argentina el consumo está por debajo de los países más pobres y de los más ricos con unos 6kg/año/per cápita, es decir, menos que la media y, sensiblemente menor que los países desarrollados que van de 35 a 70kg/año por persona. Es decir, en nuestra dieta alimentaria, esta proteína esencial está virtualmente ausente.

Supongamos, que entonces nos decidiéramos a incorporar pescado en la dieta de niños y adolescentes para resolver la carencia que hemos mencionado de proteína en los programas sociales, para lo cual deberíamos pensar en la provisión de hamburguesas o empanados de pescados desmenuzados, saborizados o no, para la alimentación en los centros urbanos y, en productos termoestabilizados o conservas de pescados para su entrega en los ámbitos remotos. Ello produciría dos importantes efectos, el primero, contribuir a paliar el hambre y la desnutrición en la niñez y, el segundo, revitalizar la industria pesquera conservera y de empanados congelados, generando un importante mano de obra ocupada en la actividad. Esto es lo que el autor ha llamado “La Alimentación Social para la generación de desarrollo industrial y empleo” (1996), cuyo proyecto iniciaron en 1983 los ex gerentes de Alpesca-Conservas Cascabel (Federico Bensadón) y de Ventura-Conservas Dársena (César Lerena) cuando insertaron ese año dos latas de merluza carioca (que los fileteros descartan por su pequeño tamaño) en las cajas del programa PAN, permitiendo, por un lado, duplicar la producción nacional de conservas de pescado y, por el otro, a partir de conocerse popularmente el producto, ingresar estos alimentos enlatados a las góndolas de los comercios, cuestión que nunca antes había ocurrido, a la par de generar un importante desarrollo tecnológico, que aportó el INTI, para adecuar esta especie a su utilización en la conservación por esterilización.

A esta altura agregaremos, que la pesca, debe regularse, si se quiere que sea sostenible y contribuya al bienestar nutricional, sanitario, económico y social, en acuerdo con lo que la FAO sugiere en su “Código Internacional de Conducta Responsable”, disuadiendo las actividades de buques que depredan (descartan) el recurso, teniendo en cuenta, las necesidades de las comunidades pesqueras que requieren de él para su subsistencia, como es el caso de Argentina, donde una gran cantidad de pueblos y ciudades del litoral marítimo depende de esta actividad. Es decir, optimizar la explotación no solo es una cuestión económica, sino una “Responsabilidad Social” inherente al concepto moderno empresario, donde, además, siendo un recurso del Estado, su explotación eficiente debiera ser una obligación del concedente y el concesionario.

Dicho esto, es inadmisible que durante la explotación se descarten unas 300 mil toneladas/año de pescados —un recurso de todos los argentinos— que podría proveer de proteínas a unos 3 millones de niños y adolescentes por día y que, técnica y económicamente, es posible evitar su descarte y aprovechar esta materia prima de la mejor calidad nutricional para ser utilizada en los programas sociales y, a la par de ello, generar nuevas actividades industriales y unos 10.000 empleos/año.

El número de 300 mil toneladas descartadas por año no es arbitrario. El BID en su “Proyecto de Desarrollo Pesquero Sustentable” (2013), informó que en Argentina hay un 20% de descarte y subdeclaración. Ello nos estaría indicando que, desembarcándose unas 800 mil toneladas/año, los buques argentinos tirarían al mar o sub-declararían todos los años, unas 160 mil toneladas de pescados aptos para el consumo. Por su parte, la Auditoría General de la Nación (Res. Nº 17/08, 09/11 y 032/15) manifestó: “No hay sanción a la pesca incidental de más del 10% de merluza; su Biomasa Reproductiva sigue en estado crítico y el INIDEP precisa que los buques no usan mecanismos de selectividad en la pesca de langostino y tiran unas 32 mil toneladas de merluza/año”. En igual sentido, el Inf. Téc. Of. 46/09 del INIDEP indica: “Los partes de pesca (los informes empresarios de las capturas) son inconsistentes, hay sobrepesca, se pescan juveniles, no se declara pesca y los descartes son del 20 al 30%” y, el Inf. Tec. Of. 32/15 del INIDEP (Santos-Villarino) dice: “se descartan entre 52.000 y 108.000 toneladas de merluza hubssi por año”; es decir, el 41% del total de la merluza desembarcada, aunque aquí faltaría agregar todas las especies consideradas “no comerciales” que igualmente se descartan una vez capturadas. Y el mismo informe continua: “Persiste una mayor presión pesquera sobre el grupo de 2 años (juveniles)”, es decir, que además de depredar —porque el inicio de la madurez ocurre a los 2,6 años— se impide el crecimiento de estos ejemplares, que no alcanzan todo su desarrollo y peso y, un mayor volumen de la Biomasa Reproductiva, con la consiguiente disminución del stock pescable. Este informe en 2017 indica que el grupo de edad fue de un promedio de 2,2 años, continuando la depredación y en la pesca incidental del langostino a un promedio de un año, es decir que desde hace unos diez años la captura es sobre los juveniles, en la más absoluta transgresión a la Ley de Pesca 24.922 (Art. 21º inciso o). Ya en diciembre de 2018, el Informe 137/18 INIDEP (Villarino-Tringali-Louge) refiere que el bycatch (captura incidental) de merluza de la flota langostinera, accedió a entre un 38% y 43% dentro del área de veda patagónica y al sur y este de la veda de reproductores, con un 40% de juveniles de menos de 35cm; talla que ni siquiera procesan los fileteros y sobre datos de solo la flota observada, que no incluye la flota congeladora y la fresquera de altura de merluza y otras especies.

Con los informes citados relativos a los descartes de diversa índole (especies no comerciales, pesca incidental, sub-declaración, etc.) y los datos estadísticos de la Subsecretaría de Pesca de la Nación (véase desembarques de langostinos y merluza de Chubut, por ejemplo), más el rendimiento inadecuado en los procesos a bordo, se puede inferir el descarte al mar de unas 300 mil toneladas de pescados anuales, de la mejor calidad y aptitud para el consumo humano y, a todo este brutal descarte al mar de proteínas, habría que agregar los residuos que se descartan al mar sin fabricar harinas en los buques congeladores, otra importantísima fuente de proteína para consumo humano o animal descartada.

Según el INDEC el índice de pobreza del primer semestre de 2019 alcanzó al 35,4%, es decir que hay 15,9 millones de pobres en Argentina, de estos 7,7% son indigentes (tienen ingresos insuficientes para adquirir los alimentos). Por su parte, el reporte de la UCA muestra que 51,7% de niños y adolescentes tiene dificultades alimentarias, un 29,3% tiene un déficit en sus comidas, mientras que un 13% pasó hambre. Además, la asistencia de los menores a comedores infantiles creció de forma constante hasta el 35%, por lo que estimamos que en el país hay un importantísimo número de niños desnutridos, mientras se tiran cientos de miles de toneladas de proteínas al mar.

Este volumen descartado de pescados, aptos para la alimentación, de ser aprovechados, implementando una política, ya implementada en la Unión Europea desde enero de 2014, más aun teniendo en cuenta que en la Argentina el descarte está prohibido desde 1998 (Art. 21º Ley 24.922) y a partir de este se resolvería el hambre de tres millones diarios de niños y adolescentes. Dar solución a esta cuestión dramática, reduciría el hambre y la pobreza y, cumpliría con el derecho básico a la alimentación reconocido en nuestra Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

La FAO y la OMS han dicho: “el alimento no solo tiene que ser inocuo, sino suficiente” y, la insuficiencia se da, en este caso, con motivo de la depredación (el descarte) del recurso, del que viven miles de trabajadores argentinos y sus familias, radicados en poblaciones donde la posibilidad de sustituir o reconvertir su actividad laboral es remota o imposible. El índice de desocupación en la Argentina en el segundo trimestre del 2019 alcanzó al 10,1% alcanzando a unos 2,1 millones de personas, por lo cual, al implementar un programa de este tipo se podría ayudar a paliar la desocupación generando unos diez mil nuevos puestos de trabajo en la industria pesquera. En este sentido, no se puede dejar de valorar que la pesca es una actividad de mano de obra intensiva, que genera trabajo en regiones inhóspitas que, de otro modo, sus poblaciones emigrarían hacia los grandes conglomerados urbanos, que ya sabemos desbordados en todo sentido. A los argentinos nos asombran las migraciones de distintos lugares a Europa, pero el gobierno nacional resulta indiferente a las migraciones internas en busca de oportunidades laborales, dejando atrás, culturas y afectos.

El “uso social de este recurso del Estado”, ya previsto en la CONVEMAR, a partir de una disminución drástica de la depredación (el descarte) y contaminación del ambiente marino, adquiere una dimensión superlativa a partir de reducir el hambre y aumentar la generación del empleo.
La eliminación de la depredación (el descarte) y subutilización de los recursos se habrá de lograr con decisión política, administración eficiente y cristalina, pesca selectiva, reducción y blanqueo de la pesca incidental, tecnificación y jerarquización de los controles de capturas y los desembarcos, subastas públicas, compensación y precios de sostén a la captura y desembarco de todas las capturas.

Si el gobierno implementa un PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL DESCARTE, recupera las 300 mil toneladas que se tiran anualmente y tres millones de niños y adolescentes podrían cubrir sus necesidades diarias de proteínas de la mejor calidad biológica, las que, complementadas con hidratos carbonos complejos (arroz, pastas, vegetales) que habitualmente se incluyen en los planes sociales, les permitirían acceder a los requerimientos calóricos diarios y asegurar los argentinos sanos y capaces, terminando con esa vieja e inconducente pregunta: ¿cómo produciendo alimentos para 400 millones de personas no podemos alimentar a los 15,9 millones de pobres e indigentes en nuestro país?

Cuando el problema de alimentación y nutrición se ha ido acrecentando con el correr de los años es necesario cambiar el modelo. Es posible llevar adelante un proyecto que cumpla con las obligaciones que tienen los funcionarios de cumplir con la Constitución Nacional de explotar racionalmente los recursos naturales de la Nación y proveer de bienestar y salud a los argentinos.

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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