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WASHINGTON ENTRE TEL AVIV Y TEHERÁN: LA POLÍTICA EXTERIOR DE EE.UU. ANTE LA GUERRA

Mateo Patelli*

Introducción

«En el mundo anárquico del sistema internacional, es mejor parecerse a Godzilla que a Bambi».

John Mearsheimer

 

T. S. Eliot escribió alguna vez «el mundo no terminará con un estruendo, sino con un gemido». Pero en los márgenes ardientes del Medio Oriente, el gemido y el estruendo parecen confundirse en un mismo eco. Desde la academia se han ensayado múltiples intentos por explicar la pugna —casi teológica— entre Israel e Irán. Sin embargo, muchas de esas interpretaciones tienden a agotarse en lecturas ideológicas antes que estructurales, más preocupadas por imputaciones morales que por desentrañar los equilibrios de poder y las lógicas de interés que configuran el sistema internacional.

En ese panorama, sobresale una obra que, pese a su escasa presencia en las cátedras de política internacional, ha provocado un profundo debate en la academia y los círculos de formulación de política exterior: The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, escrita por John Mearsheimer y Stephen Walt. En la misma los autores ―referentes de la escuela neorrealista― desandan los hilos del paternalismo automático de los Estados con su par israelí y buscarán dar respuesta a una de las preguntas más inquietantes de la política mundial contemporánea: ¿por qué Estados Unidos mantiene un apoyo incondicional hacia Israel, incluso cuando dicho vínculo parece contradecir sus intereses estratégicos más amplios?

La guerra entre Israel e Irán devuelve a primer plano las tesis centrales de dicha obra publicada en 2006, al reavivar interrogantes sobre el verdadero alcance del alineamiento estratégico entre Washington y Tel Aviv. En un escenario atravesado por una peligrosa escalada regional, la intervención ―ya sea directa o por interpósitos actores― de Estados Unidos parece responder menos a un cálculo racional de intereses nacionales que a la persistencia de una alianza profundamente enraizada en factores culturales, políticos y lobbies domésticos. Mearsheimer y Walt anticiparon precisamente este tipo de dinámicas: una política exterior condicionada no solo por las exigencias del realismo clásico, sino por la influencia persistente de un entramado de actores con capacidad de incidir en la toma de decisiones del Congreso, el Ejecutivo y los medios de comunicación estadounidenses.

La guerra no solo confirma aquel diagnóstico, sino que lo intensifica y lo proyecta sobre nuevas coordenadas geopolíticas. En un escenario internacional que pensadores como Aleksndr Dugin han caracterizado como el advenimiento de un «mundo multipolar», la escalada bélica ha reactivado ―contra lo que suele asumirse en los análisis convencionales― los impulsos mesiánicos de Washington en las tierras santas de Oriente Próximo. Estos impulsos, de raigambre histórica y cultural, aparecen precisamente en el momento en que Estados Unidos se enfrenta a una redefinición estratégica de su rol global, alimentando una tensión constitutiva entre su legado hegemónico y la pretensión, al menos declarativa, de contención geopolítica.

Este dilema encuentra una expresión particularmente nítida en el interior del universo ideológico del trumpismo. El repliegue estratégico de los Estados Unidos respecto del orden liberal internacional forjado tras la Segunda Guerra Mundial constituyó, sin lugar a duda, la promesa más audaz ―y acaso la más coherente― del proyecto político de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca. Esta agenda contó con un respaldo sólido por parte del núcleo duro del nuevo Partido Republicano, representado por figuras como Steve Bannon, así como por corrientes conservadoras de orientación aislacionista, encarnadas en referentes como Peter Navarro o Tulsi Gabbard. Incluso Elon Musk, entonces un actor clave dentro del ecosistema trumpista, desempeñó un rol significativo en la reconfiguración de la proyección internacional estadounidense, al promover el desmantelamiento de buena parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), lo que derivó en el cierre de aproximadamente el 83 % de sus programas de asistencia exterior.

La esperada restricción de la política intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos mundiales, sin embargo, se enfrenta hoy a una encrucijada tan decisiva como incómoda. La política exterior del trumpismo oscila entre dos impulsos en abierta tensión: por un lado, la voluntad declarada de desinversión militar en escenarios de conflicto crónico como Medio Oriente; por el otro, la persistencia de una retórica beligerante, muchas veces alentada por la presión de aliados estratégicos de Israel profundamente insertos en los engranajes del sistema político estadounidense.

No obstante, a medida que se intensifica la estrategia de guerra preventiva emprendida por Israel ―justificada en el presunto desarrollo de capacidades nucleares por parte de la teocracia iraní―, los Estados Unidos parecen cada vez más cerca de reinsertarse activamente en el complejo y volátil tablero de Medio Oriente. Al momento de redactar este artículo, el presidente Donald Trump ha confirmado el bombardeo con aviones B2 de tres instalaciones nucleares iraníes ubicadas Fordo, Natanz e Isfahan, lo que sugiere una posible escalada del involucramiento estadounidense en el conflicto. Esta inclinación responde en parte a la inercia histórica de su rol como potencia hegemónica; sin embargo, las profundas fracturas internas que atraviesan su política exterior dotan de incertidumbre y ambivalencia a cada decisión. El dilema excede con creces el plano estrictamente militar: lo que se encuentra en disputa es, en última instancia, la arquitectura misma del orden internacional. En este contexto, se vuelve cada vez más evidente la contradicción estructural que aqueja al poder estadounidense: una potencia que aspira a sostener su liderazgo global mientras, simultáneamente, ensaya formas de repliegue estratégico frente al ascenso chino, en un intento por recomponer su fuerza desde adentro.

A los fines de vislumbrar los horizontes estratégicos, me propongo delinear al menos tres niveles de análisis que permitan una aproximación al laberinto en el que hoy se debate la proyección global del poder estadounidense.

Capas del poder: una anatomía del laberinto estratégico de Estados Unidos

El primer nivel de análisis remite a la dinámica interna de la agenda pública en los Estados Unidos. Desde una perspectiva neorrealista, resulta central observar cómo los factores domésticos ―tradicionalmente considerados secundarios en el análisis estructural del sistema internacional― pueden condicionar de manera significativa la conducta externa de una superpotencia. Tal como sostienen John Mearsheimer y Stephen Walt, la arquitectura institucional del régimen político estadounidense ―caracterizada por una división de poderes robusta, un federalismo competitivo y una notable apertura a la influencia de actores no estatales― configura un entorno especialmente receptivo a la acción de grupos de presión.

En este marco, los intereses organizados cuentan con múltiples vías para incidir en el proceso de formulación de políticas exteriores: desde el cabildeo directo sobre legisladores y funcionarios del Ejecutivo, hasta el financiamiento de campañas, la movilización electoral o las estrategias de modelado de la opinión pública. Esta influencia se vuelve decisiva cuando el grupo movilizado se compromete con una causa específica que no despierta una atención proporcional por parte de la ciudadanía general. En tales escenarios, los responsables políticos tienden a responder a las demandas del sector más activo, seguros de que el electorado mayoritario no impondrá un castigo político.

En este contexto, el israel lobby no se distingue por prácticas conspirativas ―como postulan algunos discursos antisemitas―, sino por su eficacia organizativa y estratégica. Su lógica operativa no difiere sustancialmente de la de otros grupos de presión sectoriales o identitarios; su excepcionalidad reside en su capacidad para construir consensos bipartidarios, movilizar recursos a gran escala y asegurar un alineamiento sostenido entre los intereses israelíes y la política exterior de Washington. Esta eficacia se ve amplificada por la ausencia de un contrapoder proárabe de escala comparable que pueda equilibrar el debate o disputar el sentido común en los ámbitos legislativo y mediático.

La consecuencia de este desequilibrio no es menor: la centralidad de la causa israelí en la política exterior de Washington ha devenido en una forma de paternalismo diplomático que, lejos de obedecer a una lógica de intereses estratégicos estrictamente definidos, parece responder a un patrón de compromisos automáticos. Esta dinámica, argumentan Mearsheimer y Walt, erosionan la capacidad de cálculo racional de la política exterior estadounidense, dado que el respaldo sistemático al Estado de Israel no ha redundado, en términos empíricos, en beneficios tangibles o sostenibles para los intereses nacionales de Estados Unidos. Por el contrario, ha contribuido en muchos casos a comprometer su legitimidad internacional, deteriorar sus relaciones con el mundo árabe y arrastrarlo a conflictos de baja rentabilidad geopolítica. En última instancia, se trata de una anomalía sistémica que socava la racionalidad estructural que el realismo pretende preservar en el análisis de la política internacional.

El respaldo sistemático al Estado de Israel configura lo que podría denominarse un proceso de securitización selectiva, en el que ciertos intereses particulares son elevados al estatus de amenazas existenciales para el conjunto del sistema político. Esta lógica, conceptualizada por Barry Buzan y los teóricos de la Escuela de Copenhague, permite comprender cómo intereses privados o sectoriales pueden desplazar la agenda de seguridad nacional a través de prácticas discursivas y presión institucional.

Robert Gilpin advierte que los sistemas internacionales tienden a entrar en crisis cuando las potencias dominantes, en lugar de ajustar sus compromisos a su poder real, adoptan agendas que comprometen su estabilidad y aceleran su declive. En este sentido, el alineamiento automático con Israel no parece obedecer a un cálculo estratégico basado en la maximización del poder relativo, sino a una forma de captura institucional que distorsiona el equilibrio entre intereses globales y presiones domésticas.

La magnitud del respaldo estadounidense a Israel ilustra empíricamente esta anomalía. Desde la guerra de octubre de 1973, Washington ha proporcionado a Israel un nivel de apoyo que supera con creces al destinado a cualquier otro Estado. Desde 1976 ha sido el principal receptor anual de asistencia económica y militar directa, acumulando —solo hasta 2004— más de 140 mil millones de dólares (a valores constantes), lo cual representa aproximadamente una quinta parte del presupuesto de ayuda exterior de Estados Unidos. A modo ilustrativo, esta transferencia equivale a cerca de 3 mil millones de dólares anuales, o unos 500 dólares por ciudadano israelí, a pesar de que Israel es una economía avanzada, con un ingreso per cápita comparable al de países como Corea del Sur o España.

La Primera Guerra del Golfo (1990–1991) reveló hasta qué punto Israel se estaba convirtiendo en una carga estratégica: Washington no podía utilizar bases israelíes sin arriesgar la cohesión de la coalición árabe contra Irak, y se vio obligado a desviar recursos ―como baterías de misiles Patriot― para evitar una reacción unilateral de Tel Aviv que pudiera desestabilizar la alianza. La situación se repitió en 2003. Aunque Israel presionaba por una intervención estadounidense en Irak, el presidente George W. Bush no podía aceptar públicamente su colaboración militar sin provocar una reacción adversa en el mundo árabe. En consecuencia, Israel se mantuvo al margen una vez más, evidenciando que su involucramiento directo podía restar más de lo que sumaba en términos de capital diplomático.

En segundo término, las disputas internas que atraviesan al universo ideológico del trumpismo configuran un escenario particularmente complejo para el ejercicio del liderazgo presidencial. Esta tensión fue advertida tempranamente por el filósofo ruso Aleksandr Dugin en The Trump Revolution, donde esboza tres grandes incertidumbres que marcarían el rumbo de la nueva era inaugurada por la irrupción de Donald Trump. Si bien el análisis de Dugin merecería un tratamiento específico en otro trabajo, resulta pertinente señalar que una de esas incertidumbres alude, precisamente, a la fragilidad estructural del liderazgo trumpista y a la encrucijada histórica del movimiento Make America Great Again (MAGA).

En el interior del movimiento MAGA pueden identificarse al menos dos niveles de conflicto ideológico que estructuran su dinámica interna y condicionan sus márgenes de proyección estratégica.

    • En un primer nivel, se evidencia una fractura doctrinaria entre dos grandes corrientes: por un lado, la derecha tecno-optimista, asociada a una visión postnacional, disruptiva e impulsada por la innovación tecnológica, representada emblemáticamente por figuras como Elon Musk; por el otro, la derecha tradicionalista, nacionalista y antiprogresista, encarnada por Steve Bannon y por sectores del paleoconservadurismo cristiano.
    • En un segundo plano analítico, emerge una tensión de naturaleza geopolítica más profunda: la histórica contraposición entre intervencionismo y aislacionismo, dos corrientes que han moldeado la tradición republicana desde los inicios del siglo XX. Mientras que el intervencionismo ―representado históricamente por figuras como Lindsey Graham, George W. Bush o John McCain― postula una proyección global activa, legitimada por imperativos de seguridad y una vocación universalista de cuño wilsoniano, el aislacionismo ―cuyo referente paradigmático puede hallarse en Ron Paul― defiende una retirada selectiva del escenario internacional.

Sin embargo, la estrategia de política exterior impulsada por la administración Trump desborda esta dicotomía tradicional. En efecto, su primer mandato (2017–2021) articuló una praxis de repliegue estratégico, que no se inscribe ni en el aislacionismo clásico ni en el intervencionismo hegemónico. Ejemplos como la reducción sustancial de tropas en Afganistán o la apertura de un canal diplomático sin precedentes con Corea del Norte ilustran este giro: un desplazamiento desde el universalismo liberal hacia una racionalidad geopolítica transaccional, donde las alianzas se subordinan a la reciprocidad material y los compromisos se renegocian bajo una lógica de costo-beneficio.

En términos prospectivos, la proyección discursiva del trumpismo durante su segunda gestión tiende a profundizar esta orientación. Su narrativa exhibe un desapego creciente respecto del andamiaje institucional del orden liberal internacional, gestado en los acuerdos de Bretton Woods y sostenido por organismos multilaterales como las Naciones Unidas, el FMI o la OTAN. Desde esta perspectiva, el liderazgo estadounidense en ese orden ya no es percibido como un activo estratégico, sino como una carga onerosa que compromete los intereses vitales de la nación. Lejos de reproducir la doctrina wilsoniana de expansión democrática y gobernanza global, el trumpismo postula una reconfiguración profunda del rol de Estados Unidos en el sistema internacional, centrada en tres pilares: la primacía del interés nacional como principio rector, una desconfianza estructural hacia las instituciones multilaterales y una lógica transaccional en las relaciones exteriores.

Sin embargo, esta estrategia de repliegue selectivo y recentramiento soberano encuentra hoy, ante la intervención estadounidense en Irán, un quiebre significativo. La creciente presión ejercida por sectores favorables a la defensa irrestricta de Israel mina toda posibilidad de sostener una política exterior plenamente coherente con los postulados no intervencionistas que ciertos sectores del trumpismo ―incluso Trump mismo― ha reivindicado.

En efecto, en el marco de esta reconfiguración doctrinaria, la cuestión israelí no remite a un cuerpo ideológico unificado, sino que revela un clivaje interno persistente. Aunque el respaldo a Israel ha constituido, durante décadas, un punto de convergencia bipartidista dentro del establishment político estadounidense, el trumpismo ha introducido una fractura relevante en esa tradición. En su seno coexisten ―en tensión permanente― dos vertientes claramente diferenciadas: por un lado, una corriente nacionalista de orientación no intervencionista, escéptica de todo tipo de proyección militar exterior, crítica del gobierno israelí y partidaria de una geopolítica centrada en el repliegue soberano; por el otro, una facción evangélico-sionista, estrechamente alineada con los intereses del Estado de Israel, al que no solo consideran un socio estratégico en Medio Oriente, sino también un actor providencial dentro de una narrativa teológico-mesiánica de matriz milenarista. Mearsheimer y Walt en su libro advertían sobre este tipo de interpretación escatológica del cristianismo evangélico sobre Israel. Los autores incluso citan una declaración de Benjamin Netanyahu, quien en 2005 sostuvo que los «cristianos sionistas serían los mejores aliados de Israel en el futuro».

Esta fisura doctrinaria se manifestó con particular nitidez en una entrevista reciente protagonizada por Tucker Carlson ―ex comentarista de Fox News y figura central del ecosistema mediático conservador― y el senador Ted Cruz, uno de los portavoces más vehementes del alineamiento proisraelí en el seno del Partido Republicano. El intercambio, de tono frontal desde sus primeras líneas, puso en evidencia la profundidad del desacuerdo:

«Usted ha apoyado un cambio de régimen en Irán, no sólo la eliminación de instalaciones nucleares. ¿Cómo luciría ese cambio?», preguntó Carlson.

A lo que Cruz respondió sin ambages:

«Alguien más a cargo. A Estados Unidos le va mejor con un país que tenga un líder que quiera ser nuestro amigo, no uno que quiera matarnos.»

Este episodio no solo visibiliza el clivaje interno que atraviesa al trumpismo en relación con la política hacia Medio Oriente, sino que también expone las crecientes dificultades para articular un consenso sostenido dentro del Partido Republicano en torno al lugar estratégico que debe ocupar Israel en el diseño de la política exterior estadounidense.

Más allá del caso puntual, el intercambio evidencia la tensión estructural entre dos concepciones antagónicas del orden global: una, centrada en la defensa de un sistema internacional moldeado a imagen de los intereses estratégicos estadounidenses; otra, cada vez más inclinada a desmontar ese mismo orden en nombre de la autonomía soberana, el bilateralismo selectivo y la contención del sobreextensión imperial.

La guerra en curso reactualiza ―de forma tan paradójica como sintomática― las tensiones latentes en el mainstream de la política exterior estadounidense y, al mismo tiempo, revive los viejos reflejos ideológicos del neoconservadurismo articulado durante la administración de George W. Bush. Lejos de constituir un fenómeno marginal, este retorno discursivo y doctrinario sugiere la persistencia de una matriz intervencionista que, si bien fue desacreditada tras los fracasos en Irak y Afganistán, conserva una capacidad latente de reorganización ante contextos de crisis internacional.

En este marco, incluso las recientes declaraciones del senador Ted Cruz evocan los postulados más duros de aquella doctrina. Su apelación a un «cambio de régimen» en Irán remite a la lógica transformacional que estructuró la visión estratégica de figuras como Paul Wolfowitz, quien en plena efervescencia post-11S llegó a afirmar que «tiene que haber un cambio de régimen en Siria», o de Richard Perle, quien declaró a un periodista que se podía enviar un mensaje breve, de dos palabras, a otros regímenes hostiles de Medio Oriente: «Son los siguientes».

Donald Trump está, sin lugar a duda, en el epicentro de esta encrucijada geopolítica. El día posterior al 16 de junio ―fecha que marcó el inicio de las hostilidades israelíes contra objetivos iraníes―, su equipo de campaña emitió un comunicado en el que se aclaraba que los Estados Unidos no habían dado su consentimiento a dicha operación militar. Apenas 48 horas más tarde, el propio Trump rechazó públicamente el plan presentado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ejecutar un ataque selectivo contra el ayatolá Alí Khamenei, dejando en evidencia la ambigüedad ―y, en cierto sentido, la fragilidad― de su posicionamiento frente a la cuestión iraní.

El posicionamiento de Trump en la región ha experimentado incluso un quiebre respecto a su primer mandato. En 2018 ordenó la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, lo que provocó la renuncia de su secretario de Defensa, James Mattis, quien se opuso a dicha decisión, considerando que dejaba a los aliados kurdos en una situación vulnerable y debilitaba la postura de Estados Unidos frente a Rusia e Irán. Si bien el trumpismo se ha inclinado hacia un repliegue estratégico, al menos en comparación con las administraciones anteriores, su intervención en Irán marca una clara desviación de esa tendencia. Este episodio cristaliza con nitidez el dilema político y geoestratégico que enfrenta el expresidente: Trump oscila entre su impulso por desmarcarse del intervencionismo tradicional y las exigencias de una política exterior que continúa operando bajo coordenadas estructurales de hegemonía.

Por último, el factor estratégico a nivel sistémico. Un incremento de la intervención estadounidense en un conflicto abierto entre Israel e Irán tendría implicancias que trascienden lo regional, reconfigurando potencialmente las coordenadas del sistema internacional. En un escenario caracterizado por una transición hegemónica incipiente, tal como ha sido conceptualizado por el político chino Shiping Tang ―uno de los referentes teóricos del neorrealismo defensivo― las potencias dominantes tienden a interpretar las crisis regionales no como episodios aislados, sino como expresiones sintomáticas de un orden en declive. Esta percepción suele inducir respuestas sobredimensionadas ―intervenciones de alta intensidad o compromisos desproporcionados― que, lejos de consolidar su primacía, aceleran el desgaste de sus capacidades materiales y simbólicas. Es lo que Organsky denomina el síndrome de la sobrerreacción sistémica: una tendencia de las potencias declinantes a actuar de forma excesiva frente a amenazas percibidas, a menudo incentivadas por presiones internas o alianzas estratégicas asimétricas.

La reciente operación militar ordenada por la administración Trump puede ser interpretada como una victoria pírrica del lobby israelí y de las corrientes intervencionistas que aún persisten en el aparato gubernamental estadounidense. Esto supone, en esencia, una colusión entre el primer aparataje ideológico del trumspimo respecto a Irán, y los sectores neoconservadores que aún conviven en tensa relación con el nuevo Grand Old Party. Si bien representa una concesión simbólica a las presiones crecientes por adoptar una postura más agresiva frente a Irán, sus efectos estratégicos son, en el mejor de los casos, limitados, y refuerzan la imagen de una potencia atrapada entre compromisos contradictorios y presiones exógenas.

No se trata, en modo alguno, de una alarma novedosa. Desde al menos 2003, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha sostenido reiteradamente que Irán se encuentra «a pocos pasos» de adquirir capacidad nuclear. Más de dos décadas después, la insistencia en esa inminencia plantea legítimas dudas respecto de la veracidad o al menos la proporcionalidad de dichas afirmaciones. Esta estrategia de sobredramatización no solo ha buscado movilizar apoyos diplomáticos, sino que también ha servido como herramienta para justificar una agenda regional agresiva por parte del Estado israelí.

El renovado envalentonamiento de Israel ha venido acompañado de un activismo intensificado del lobby proisraelí en Estados Unidos, particularmente en torno a la necesidad de frenar ―por medios coercitivos si es necesario― el avance del programa nuclear iraní. Sin embargo, pese al cúmulo de medidas adoptadas ―incluyendo sanciones multilaterales, ciberoperaciones como el ataque con Stuxnet, y diversas iniciativas diplomáticas fallidas―, la política exterior estadounidense ha cosechado logros escasos y fragmentarios. Teherán, lejos de ceder ante la presión, ha mostrado una voluntad sostenida de desarrollar sus capacidades nucleares, articulando dicho proceso dentro de una estrategia de disuasión racional frente a un entorno regional crecientemente hostil. A fin de cuentas, lejos de desalentar el comportamiento revisionista de Irán, la presión unilateral de los Estados Unidos ha consolidado su percepción de vulnerabilidad estratégica, reforzando los incentivos internos para la nuclearización.

Podría sostenerse que el Estado de Israel y su red de apoyos en Washington no han sido los únicos factores determinantes de la política estadounidense hacia Irán, dado que existen razones estructurales para que Estados Unidos busque impedir la nuclearización de la República Islámica. En efecto, el control de la proliferación ha sido históricamente un eje central de la estrategia de seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, incluso concediendo ese punto, debe reconocerse que las ambiciones nucleares de Irán no constituyen, en términos estrictamente estratégicos, una amenaza directa para la seguridad continental de Estados Unidos. A lo largo del siglo XX, Washington ha aprendido a coexistir ―aunque con tensiones― con potencias nucleares de mucho mayor envergadura e ideología hostil, como la Unión Soviética o la República Popular China. Incluso en el caso de Corea del Norte, cuya retórica beligerante excede ampliamente la de Irán, la disuasión mutua ha logrado evitar una conflagración abierta.

Desde esta perspectiva, resulta verosímil suponer que, en ausencia del lobby, la política exterior estadounidense hacia Irán sería sustancialmente más moderada. El enfrentamiento persistente, la retórica maximalista y, sobre todo, la posibilidad de contemplar una guerra preventiva, difícilmente serían opciones serias sin la presión sostenida ejercida por este entramado de actores que operan tanto en el Congreso como en la opinión pública, los medios y los organismos de seguridad.

No resulta sorprendente, por ende, que tanto Israel como sus aliados dentro del sistema político estadounidense aspiren a que Estados Unidos se haga cargo de las principales amenazas percibidas por la seguridad israelí. Si sus esfuerzos por moldear la política exterior estadounidense resultan exitosos, los rivales estratégicos de Israel ―como Irán, Hamas o incluso sectores del aparato estatal sirio― serán debilitados o directamente eliminados, allanando el camino para que Tel Aviv consolide su hegemonía regional y expanda unilateralmente sus márgenes de acción en los territorios palestinos, sin enfrentar presiones diplomáticas significativas.

La conclusión es más que clara. Estados Unidos está asumiendo, al momento, no sólo la responsabilidad de la ofensiva militar, sino también los costos políticos de una nueva intervención. Incluso si ese objetivo no se cumple plenamente ―es decir, aunque Washington no logre una reconfiguración integral de Medio Oriente a imagen y semejanza del statu quo deseado por Israel―, el balance seguiría siendo aceptable para Tel Aviv: la protección del escudo militar estadounidense y el mantenimiento de su superioridad cualitativa frente a cualquier adversario regional están, en última instancia, garantizados por la alianza estratégica con la superpotencia, no por su propia supervivencia.

Este no sería, sin duda, el escenario ideal para los sectores más maximalistas, pero sigue siendo preferible a una alternativa en la que Estados Unidos decidiera distanciarse de la agenda de seguridad israelí o utilizar su peso diplomático para presionar a Israel a alcanzar un acuerdo duradero con los palestinos. En ese eventual viraje, el Estado israelí no sólo perdería margen de maniobra geopolítica, sino que quedaría expuesto a mayores costos reputacionales, estratégicos y normativos ante la comunidad internacional.

En definitiva, la política exterior estadounidense atraviesa una fase crítica de dispersión estratégica, donde la superposición de frentes ―Europa del Este, Medio Oriente, Indo-Pacífico― ha puesto en jaque la posibilidad misma de sostener, como señala Posen, una grand strategy coherente. En 2023 John Mearsheimer advirtió, durante una conferencia ofrecida en el Center for Independent Studies, que el principal desafío geopolítico que enfrenta Estados Unidos no proviene ni de Moscú ni de Teherán, sino del ascenso sostenido de China. En este sentido, resulta revelador el planteo del académico chino Zhang Yunling, quien sostiene que «las restricciones externas ―siempre que no conduzcan a la confrontación directa ni busquen la destrucción de China― pueden resultar, en realidad, beneficiosas para nuestro país».

«American grand strategy is losing focus», dijo Mearshimer en 2023. Siguiendo aquel diagnóstico, la persistente implicación de Washington en conflictos periféricos ―ya sea en Ucrania o en Medio Oriente― dificulta el necesario pivote hacia Asia y erosiona la capacidad estadounidense de ejercer un liderazgo global racional y focalizado.

La intervención actual en el conflicto entre Israel e Irán se inscribe en esta deriva. Aunque Israel haya empujado a Estados Unidos hacia una escalada, lo cierto es que Washington también comparte un interés estructural en mantener a Irán debilitado. Pero de ahí no se sigue que una estrategia de cambio de régimen sea funcional a los intereses estadounidenses. En efecto, si el régimen iraní concibe ―como probablemente lo haga― que su supervivencia depende del desarrollo de un arsenal nuclear, una política de presión maximalista podría precipitar exactamente lo que busca evitar: la radicalización del sistema político iraní, la regionalización del conflicto y una dinámica de disuasión asimétrica, similar a la que hoy representa Corea del Norte. En términos simples: el desarme es un suicidio y sobrevivir significa mantenerse armado hasta los dientes. 

Reflexiones finales

En 2012, pocos meses antes de su muerte, Kenneth Waltz ―el padre fundador del neorrealismo estructural― publicó un artículo provocador en Foreign Affairs titulado «Why Iran Should Get the Bomb». Allí sostenía, en abierta disonancia con el consenso predominante, que un Irán nuclear no constituiría una amenaza para la estabilidad regional, sino más bien sería un factor de equilibrio. Su argumento era tan simple como subversivo: la proliferación, lejos de ser inherentemente desestabilizadora, podía generar una relación de disuasión mutua que inhibiera conductas aventureras. En otras palabras, el verdadero peligro no residía en que Irán adquiriera capacidades nucleares, sino en que se le negara ese derecho en un entorno donde sus rivales ―como Israel― ya poseen ese tipo de armamento.

Como advertía Waltz:

«Lo más importante es que los formuladores de políticas públicas y los ciudadanos del mundo árabe, de Estados Unidos, de Europa y de Israel deben tener el consuelo de que la historia ha demostrado que ahí donde surgen las capacidades nucleares, también surge la estabilidad. Ahora más que nunca, cuando se trata de armas nucleares, más puede ser mejor».

El verdadero dilema, entonces, no radica en el potencial armamentístico de Irán, sino en la negativa occidental a aceptar un nuevo equilibrio regional. Cuando Israel adquirió la bomba en la década de los sesenta, se encontraba en guerra con muchos de sus vecinos. Sus armas nucleares eran una amenaza mucho mayor para el mundo árabe que la que representa el programa de Irán hoy en día. En ese marco, si Washington persiste en una estrategia punitiva, sincronizada con la lógica preventiva que anima la ofensiva israelí, y avala ―aunque sea de manera implícita― una escalada progresiva sobre territorio iraní, incluso de baja intensidad en las próximas semanas, corre el riesgo de convertirse, una vez más, en el garante involuntario de los intereses de un aliado cuyo horizonte estratégico no necesariamente se alinea con los objetivos estructurales de Estados Unidos.

El resultado sería, así, una paradoja estratégica: mientras Israel avanza en la eliminación de sus amenazas inmediatas, Estados Unidos asume los costos globales de una confrontación prolongada en un teatro que no es prioritario. El alto al fuego vigente al terminar esta nota no cambia las capas geológicas que moldean la política exterior estadounidense, al menos en el corto-mediano plazo. En un escenario de transición hegemónica y multipolaridad creciente, donde cada recurso cuenta, este desvío no solo revela una pérdida de enfoque, sino una erosión profunda del juicio estratégico. La historia sugiere que las grandes potencias no suelen caer por debilidad, sino por agotamiento. Tal vez ese sea su destino: no sucumbir por lo que las supera, sino por olvidar lo que las sostiene.

 

* Estudiante avanzado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Alumni del Programa virtual para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina de la Fundación Botín y del Programa «Estados Unidos en el Siglo XXI» de la UCA. Coordinador del Instituto de Análisis Políticos y Electorales.

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PANORAMA POLÍTICO INTERNO Y PRIMERAS PROYECCIONES REGIONALES DE SRI LANKA

Julio Francisco Sotés Morales*

Introducción

Históricamente, en Sri Lanka, las dinámicas internas, políticas y sociales han estado determinadas por la influencia de los imperios indios y por la actividad disruptiva de las potencias europeas a partir del siglo XVI: Portugal (1505-1658), Holanda (1658-1796) y Reino Unido (1796-1900). Tal y como sucedió con la India y Pakistán, el proceso de concesión de la independencia de Ceilán del Reino Unido[1] fue acompañado por un cisma irreconciliable de las dos principales etnias de la isla: los cingaleses como mayoría que practicaban el budismo y los tamiles que profesaban el hinduismo y que quedaron relegados principalmente a la parte noreste del territorio esrilanqués y a una posición muy secundaria dentro del espectro político interno.

Las reformas a la constitución y a la estructura gubernamental[2] de 1972 permitieron oficializar el dominio de la etnia cingalesa y, por consiguiente, el aumento del diferendo con los tamiles: conflictos armados, denuncias de violaciones de los derechos humanos y pogromos anti-tamiles por parte de las fuerzas cingalesas apoyadas desde el gobierno. La radicalización de ambas partes del conflicto y las posiciones irreconciliables de sus demandas, determinaron una guerra civil desde la década de 1980 hasta su fin en 2009 con los acuerdos de paz sin que ello significara el término de las discrepancias.

Esta contradicción étnico-religiosa, constituye parte fundamental de la estructura partidista del país. Existen en Sri Lanka un total de 83 partidos políticos reconocidos oficialmente[3], de ellos 15 están representados en el Noveno Parlamento de la República Democrática Popular de Sri Lanka[4], siendo el United National Party (UNP, por sus siglas en inglés) y el Sri Lanka Freedom Party (SLFP, por sus siglas en inglés) las organizaciones partidistas que han dominado casi en su totalidad el gobierno de la isla y se han alternado en el poder. De igual forma, el Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) es el partido que ha estado en el poder político desde el año 2019 y hasta 2022, y está controlado por la familia Rajapaksa; el Samagi Jana Balawegaya (SJB), dirigido por Sajith Premadasa, como partido de la oposición; y el National People’s Power (NPP, por sus siglas en inglés), una coalición liderada por el izquierdista Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) y crítica a la gestión estatal hasta entonces. Además, la existencia de partidos más pequeños que representan a las minorías étnicas y religiosas complementan ese espectro político interno en el que las organizaciones tamiles minoritarias se alternan entre la opción legal y política y el extremismo[5], de ahí la división, falta de coherencia en sus propuestas políticas y la ausencia de una representación fuerte dentro del contexto gubernamental esrilanqués[6].

El presente ensayo se dedica al análisis del panorama político en Sri Lanka después de celebrarse las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2024. Igualmente se abordan las implicaciones de estos cambios internos y su influencia en la proyección exterior del país, principalmente hacia India y China como potencias regionales con intereses en disputa.

Elecciones de 2024 como expresión de cambio

Aun cuando el país todavía no ha podido superar la grave crisis económica producida por el impago de la deuda internacional y las medidas de austeridad del gobierno interino de Ranil Wickremesinghe, la Comisión Electoral de Sri Lanka convocó a la realización de elecciones presidenciales. Las campañas políticas de los 38 candidatos que se presentaron a los comicios se enfocaron en la mejora de la situación económica del país, a diferencia de las tres elecciones anteriores en donde las cuestiones de seguridad nacional y la lucha contra el autoritarismo, el nepotismo y la corrupción dominaron las propuestas principales de los contendientes.

El fracaso de los gobiernos de la isla en industrializar y liberalizar la economía, las consecuencias que tuvo para la industria turística la pandemia de la COVID-19[7], los efectos de la crisis provocada por el conflicto ruso-ucraniano, la acumulación de deudas de los gobiernos desde 2009 a través de empresas estatales ineficientes y medidas de bienestar insostenibles, y decisiones mal concebidas relacionadas a la incapacidad para trasladar la economía a la industria[8] fueron las causas principales de la crisis económica y social del país a partir de 2022. La voluntad del país de mantener un Estado de bienestar basado en tasas impositivas progresivamente decrecientes y la incapacidad de los ingresos del turismo, las exportaciones y las remesas[9] de cubrir las importaciones de petróleo, gasolina, gas para cocinar, alimentos, medicinas y bienes de consumo duraderos, desembocaron en un aumento de la deuda pública total del 126 por ciento del PIB[10].

El 12 de abril de 2022, Sri Lanka anunció un impago soberano preventivo de toda su deuda externa de unos 50.000 millones de dólares, sumado a una contracción del 7,8% de su PIB, una inflación del 54,5%, escasez de productos básicos y una duplicación de la pobreza[11] hasta el 25% de la población[12]. La falta de liquidez para asumir sus compromisos de pagos de deuda externa a acreedores multilaterales y bilaterales[13], fue un aspecto muy importante de la situación interna del país desde de abril de 2022.

La dimisión de Mahinda y Gotabaya Rajapaksa mediante las amplias y sostenidas movilizaciones populares bajo el nombre de Aragalaya («lucha popular» en cingalés), produjeron un cambio de figura política al mando del gobierno, pero en esencia, mantuvieron la estructura del sistema. Ranil Wickremesinghe, quien fue confirmado como presidente del país por el resto del tiempo constitucional establecido, implementó una serie de medidas encaminadas a solventar los problemas sociales derivados de la crisis económica, aliviar la situación de impago de las deudas mediante la aceptación de un paquete de financiación del FMI[14], negociar con los acreedores la deuda externa, aplicar medidas de austeridad para detener la inflación y la escasez, y la disolución de las protestas mediante la combinación de la represión y el alivio económico.

Es en este contexto en el que se convocaron a las elecciones presidenciales, al concluir el mandato constitucional de 5 años del gobierno de Rajapaksa-Wickremesinghe. El padrón electoral contó con un total de 17 millones de habitantes, de los 22 millones que conforman el país, el despliegue de más de 250.000 funcionarios públicos para gestionar las elecciones y la instalación de más de 13.000 colegios electorales[15]. De los 38 candidatos presentados, 4 fueron los favoritos a alcanzar números considerables: el líder opositor Sajith Premadasa, que encabeza el Samagi Jana Balawegaya (SJB), Anura Kumara Dissanayake, líder del izquierdista Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) y su alianza Poder Popular Nacional (NPP), el presidente Ranil Wickremesinghe como candidato independiente y Namal Rajapaksa del Partido Podujana Peramuna de Sri Lanka[16].

Con un 79,46% de asistencia a las urnas (13.619.916 votantes de 17.140.354 registrados) y el 97,8% de los votos validados, la Comisión Electoral de Sri Lanka declaró vencedor a Anura Kumara Dissanayake con 5.634.915 votos para un 42,31%[17]. En este caso, lo atípico del contexto electoral y la gran cantidad de candidatos, muy superior a las 8 elecciones presidenciales anteriores, condujo a una mayor polarización y dilución del voto, por lo que resulta comprensible que ninguno de ellos pudiera sobrepasar el umbral del 50%. Al contabilizarse las preferencias[18] de los votantes que eligieron a los restantes 36 candidatos, Dissenayake fue declarado vencedor con un total de 5.740.179 votos frente a los 4.530.902 obtenidos por Sajith Premadasa[19].

Anura Kumara Dissanayake (comúnmente conocido por las siglas AKD) en su campaña electoral por la presidencia del país, enfatizó en la reducción de la dependencia de bienes extranjeros y fortalecer las industrias locales, una economía mixta dirigida por el Estado, la expansión de los programas de bienestar social, el aumento de los impuestos a los ricos y la flexibilización de las medidas de austeridad para beneficiar a las familias de bajos ingresos. Además, prometió una renegociación del acuerdo con el FMI, realizar auditorías de la deuda y crear un análisis alternativo de la deuda[20]. Su mensaje anticorrupción y su promesa de un cambio en la cultura política resonaron con fuerza entre los votantes que exigen un cambio de sistema, un lema clave durante el Aragalaya. Su populismo de izquierda, encaminado hacia la unificación de los votantes descontentos con la crisis nacional, ha obligado al NPP a matizar su discurso nacionalista[21] y a evolucionar en su política de reconciliación nacional.

Desde la victoria del JVP en septiembre de 2024 y hasta noviembre del 2024, AKD disolvió el parlamento del país y gobernó con un gabinete simplificado de 3 ministros y 15 secretarios ministeriales. Además, se designó a la Dra. Harini Amarasuriya como primera ministra del gobierno interino, tercera primera ministra de la isla en toda su historia, lo que significó un elemento novedoso que refuerza la idea de que la plataforma del gobierno de AKD viene a romper con la forma tradicional de hacer política en Sri Lanka.

La disolución del Parlamento de manera inmediata fue uno de los compromisos que asumió el presidente Anura Kumara Dissanayake durante su campaña, haciendo hincapié en que se necesitaría un nuevo gobierno para remodelar el panorama político de Sri Lanka. El 14 de noviembre de 2024 se celebraron las elecciones parlamentarias[22], con un padrón electoral de más de 17 millones de votantes, el partido la coalición del NPP, a la que pertenece el presidente del país, obtuvo la mayoría de los escaños parlamentarios, mejorando sustancialmente los 3 asientos que obtuvo en las elecciones parlamentarias de 2020. Este resultado, muy satisfactorio e histórico para el NPP, consolidó su victoria en las presidenciales y superó los dos tercios necesarios dentro del parlamento para la implementación de reformas constitucionales y otros cambios estructurales prometidos durante la las campañas electorales.

A lo interno, las dos victorias electorales de lo que se considera como un movimiento de izquierdas, progresista, alejado de la política tradicional esrilanquesa y que esgrime un cambio estructural dentro del país, han significado para Sri Lanka una reconfiguración de las ideologías de las principales fuerzas electorales, una transformación del patrón de voto de las minorías étnicas, díganse tamiles y musulmanes, y una victoria y finalización del movimiento de Aragalaya iniciado en el año 2022. De las elecciones, también se puede afirmar la existencia de un rechazo generalizado a las organizaciones políticas tradicionales y a su forma de hacer políticas y relacionarse con otros partidos y organizaciones menores para consolidarse. Además, ha mostrado la pérdida de importancia del nacionalismo tamil dentro del panorama electoral y político de la nación, frente a los imperativos de cambios estructurales y mejorías económicas esgrimidos por AKD y su coalición.

Fuente: https://results.elections.gov.lk/.

No obstante, existen varios aspectos que suscitan cierta preocupación y criticas públicas debido a la falta de concordancia con lo prometido en la campaña electoral. La estrategia política de moverse ideológicamente hacia una posición de centro-izquierda favoreció aún más la captación de votantes y alejarse de la idea de un movimiento de extrema izquierda y nacionalista cingalés del SVP, partido de corte marxista-leninista que formó gobiernos de coalición de manera intermitente como socio minoritario entre 1994 y 2007. El cuestionamiento a los términos del 17º programa del FMI y la revisión de sus términos como promesa de campaña, se ha transformado hacia un compromiso público de continuar con el paquete de financiamiento y las políticas neoliberales exigidas[23], salvo la exigencia de una mayor atención al sector social. También, el nuevo gobierno ha mantenido en sus cargos a varios funcionarios de la administración anterior y le ha otorgado puestos oficiales de alto rango a varios representantes del mundo empresarial y los negocios. Igualmente, ha continuado con la mayoría de las políticas económicas del gobierno anterior, salvo por la renuencia a privatizar empresas de sectores considerados estratégicos como Sri Lankan Airlines, Ceylon Electricity Board y Ceylon Petroleum Corporation. «A pesar de su aparente agenda “anti-élite”, el NPP ha tenido que navegar por la misma burocracia y el mismo aparato estatal que estas élites han controlado durante los últimos tres cuartos de siglo»[24].

Proyección externa del nuevo gobierno. El equilibrio entre India y China.

Tradicionalmente, la postura exterior de Sri Lanka ha estado sujeta a las dinámicas regionales de Asia en donde tres actores dominan el escenario de la zona: India, China y Estados Unidos. Desde su surgimiento como Estado independiente, la práctica del no alineamiento ha funcionado coherentemente con sus objetivos nacionales, la baja densidad poblacional, sus características geográficas y sus inestabilidades internas relacionadas con la cuestión nacional tamil. Y es que las sensibilidades geopolíticas de Sri Lanka han estado determinadas por su cercanía geográfica a la India y por la asertividad china en el área. En este sentido, ha influido la falta de atención que India le brindó a su vecindario en un período de su historia reciente, donde sus proyecciones de política exterior le ganaron el recelo de la gran mayoría de los países surasiáticos. Por su parte, la estrategia china de maximizar ganancias mediante el pragmatismo y la desideologización en sus relaciones y la apuesta por la diplomacia económica, han supuesto una fuerte presencia de Beijing en territorio esrilanqués. A ello tributa considerablemente la ubicación geográfica de la isla. Sri Lanka ocupa una posición clave en el océano Índico. Los puertos de Hambantota y Colombo son cruciales para la conectividad y el comercio de la zona y del resto del mundo. «Si bien los gobiernos de Sri Lanka ―y de todo el sur de Asia― tienden a oscilar entre una retórica pro-India y pro-China, no pueden darse el lujo de distanciarse de ninguno de los dos países»[25].

El enfoque de Dissanayake hacia India y China es de equilibrio y no alineación. Pese a que se ha especulado que la victoria de AKD supondría una inclinación anti-india debido a la tradicional postura de su partido, sus pronunciamientos de campaña y los encuentros con altos funcionarios indios y chinos antes de las elecciones, suponen el mantenimiento de una política exterior de «apertura y amistad con todos». «Tenemos intereses estratégicos y trabajaremos para lograrlos. Somos conscientes de nuestras responsabilidades y sensibilidades regionales. No queremos quedar atrapados en una batalla entre potencias globales»[26]. AKD ha sido muy crítico con ambas partes: por la forma en que los activos nacionales fueron entregados a China y en cómo se gestionó la deuda con ese país, y con la participación india en Sri Lanka en proyectos de dudosa conformación.

Por un lado, China ha brindado y es el principal socio y acreedor económico bilateral del país. Entre 2006 y 2022, Beijing comprometió 11.200 millones de dólares en subvenciones y préstamos para proyectos de infraestructura en Sri Lanka. Además, es el arrendatario del puerto de Hambantota a cambio de 1.100 millones de dólares ante las dificultades que presentó este enclave para atraer tráfico. Durante el gobierno de los hermanos Rajapaksa, se les favoreció con préstamos importantes para financiar proyectos como la ciudad portuaria de Colombo, cuestiones que contribuyeron a exacerbar la crisis económica del país para 2022[27]. La pandemia del COVID-19 y el impago de las deudas por Sri Lanka, hizo que la atención de Beijing se desplazara de esta isla hacia las Maldivas debido a que Sri Lanka no logró ser un socio fiable y adecuado para el pragmatismo chino, a pesar de la larga data de cordiales relaciones bilaterales político-diplomáticas y de ayuda y cooperación desde la década de 1950.

Por su parte, durante la crisis de la deuda de 2022, el gobierno indio proporcionó el mayor paquete de ayuda bilateral de su historia con 4.000 millones de dólares durante solo el primer semestre de ese año mediante créditos, préstamos y donaciones, además de una activa negociación para lograr un programa del FMI para la isla[28]. Las inversiones del Grupo Andani de más de 1.000 millones de dólares en proyectos de energía eólica y para desarrollar una terminal de contenedores en el puerto de Colombo para el comercio de transbordo con India[29], son dos de los proyectos más importantes de la inversión privada india en Sri Lanka. «Sin embargo, dada la historia y la compleja política del país, la asistencia y los préstamos indios y el apalancamiento posterior mediante inversiones privadas se califican de oportunistas y de presión»[30].

Fuente: https://samvadaworld.com/world/asia/anura-dissanayakes-maiden-visit-to-india-sri-lankas-balancing-act-attempts-to-solve-long-standing-disputes/

Con India las relaciones han sido históricas y estrechas, principalmente en gobiernos de derecha a los cuales se les ha apoyado desde Delhi en todas las elecciones presidenciales. Durante la crisis de la deuda de 2022, el gobierno indio proporcionó el mayor paquete de ayuda bilateral de su historia con 4.000 millones de dólares durante solo el primer semestre de ese año mediante créditos, préstamos y donaciones, además de una activa negociación para lograr un programa del FMI para la isla[31]. En su primer viaje oficial al extranjero, AKD visitó India en diciembre de 2024, donde fue recibido tanto por la presidenta india Droupadi Murmu como por el primer ministro Narendra Modi. En dicha visita, la India se comprometió a suministrar gas natural licuado (GNL), mejorar los acuerdos comerciales entre los dos países, impulsar los intercambios educativos y tecnológicos y fomentar la inversión extranjera directa india en Sri Lanka. Igualmente, se acordó el apoyo indio en la digitalización de los servicios públicos de la isla, en tanto Dissanayake reiteró que respetará las preocupaciones de seguridad de la India y no permitirá que Sri Lanka sea utilizada en su contra[32]. También, entre los memorandos de entendimiento firmados, se destaca el establecimiento de un comité de trabajo conjunto entre los dos países para mejorar la cooperación en materia de agricultura; se debatió sobre defensa, energía, y el establecimiento de una red eléctrica y múltiples oleoductos, incluido uno que conectaría a ambos países. En la declaración conjunta, más allá de intenciones, se mostró una hoja de ruta a seguir para el mejoramiento y ampliación de las relaciones bilaterales mediante el enfoque en aspectos específicos y estratégicos de la relación como el terrorismo, el lavado de dinero, el tráfico de drogas, entrenamiento conjunto, vigilancia marítima, firma de un Acuerdo de Cooperación de Defensa, intercambio de mejores prácticas y cooperación en hidrografía. En este sentido, Sri Lanka se comprometió a no permitir que su territorio sea empleado para fines que amenacen a la seguridad india.

«La relación de la India con Sri Lanka se centra mucho más en las particularidades de una amistad entre la India y Sri Lanka que en un marco más amplio. Sin duda, también hay en ella un elemento de la doctrina SAGAR, pero el quid de la dinámica sigue siendo bilateral, con especial atención a una relación de dos vías»[33].

Fuente: https://www.tamilguardian.com/content/china-and-sri-lanka-sign-new-agreements-xi-jinping-hosts-dissanayake

Un mes después, en enero, por invitación del presidente chino Xi Jinping, AKD efectuó una visita oficial a China en la que además de los encuentros al más alto nivel se firmaron un total de 15 MOUs aun por discernir su naturaleza. Sin embargo, según la información ofrecida por la declaración conjunta y por medios de prensa, los acuerdos se centraron principalmente en el avance de proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR); un acuerdo renovado de intercambio de divisas; cooperación ampliada en comercio, agricultura, economía digital, educación y acción climática; la reestructuración de la deuda; las inversiones en logística, desarrollo verde y transformación digital; la cooperación marítima, los intercambios culturales y los vínculos entre los pueblos a través del turismo, la educación y la formación profesional; el apoyo al sector de la salud de Sri Lanka y la preservación del patrimonio cultural; la cooperación judicial y de seguridad, y el compromiso con el multilateralismo y las iniciativas de desarrollo global.

Un aspecto novedoso y que a su vez es una ruptura con los gobiernos anteriores de Sri Lanka en su proyección hacia China, lo fue el reconocimiento por parte de AKD sobre la oposición a la independencia de Taiwán, mediante el apoyo a «todos los esfuerzos» para «la reunificación nacional» de China en su declaración oficial[34]. Asimismo, prometió que no permitiría que su territorio se utilizara para ninguna actividad separatista contra China y que apoyaría firmemente a China en cuestiones relacionadas con Xizang (Tíbet) y Xinjiang[35].

De igual forma, se conoció de acuerdos concretos como un contrato de 3.700 millones de dólares con Sinopec para instalar una refinería de petróleo en Hambantota[36]; el avance de las inversiones en la Ciudad Portuaria de Colombo y el puerto de Hambantota en el marco de la IFR y la construcción de un centro de exposiciones y convenciones de última generación con el objetivo de impulsar la capacidad del país de albergar cumbres comerciales internacionales y eventos a gran escala financiada íntegramente desde Beijing. Otro aspecto relevante fue el anuncio de una subvención china de 500 millones de yuanes[37]. De manera general, «la relación de China con Sri Lanka se basa mucho más en una narrativa más amplia que en una asociación local. Para China, Sri Lanka es parte de un marco conceptual mucho más amplio conocido como la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Todo lo relacionado con la relación bilateral se ve en el contexto más amplio de esta gigantesca iniciativa»[38].

Estos primeros dos compromisos de importancia para la política exterior del gobierno de centro-izquierda de Sri Lanka han significado un reto. Mas allá de las oportunidades que las visitas de AKD a India y China pudieron suscitar para la recuperación de la situación económica del país, estos viajes representaron las primeras acciones de importancia adoptadas por el nuevo gobierno con sus dos principales socios económicos, comerciales y de defensa. Por un lado, el viaje a la India apaciguó en cierta medida las preocupaciones de seguridad del gobierno de Modi ante el nuevo gabinete de Sri Lanka y tranquilizó a los círculos de poder político y económico indios sobre el mantenimiento de la proyección amistosa hacia India heredada del gobierno anterior. Con China, se logró la concreción de varios acuerdos de importancia para la isla surasiática, sobre todo, los relacionados con las inversiones y la reestructuración de su deuda.

Sri Lanka representa un enclave sensible para la seguridad marítima de la India y para los intereses chinos dentro de la IFR. El equilibrio en política exterior que el gobierno de Sri Lanka debe adoptar para no caer en el centro de la rivalidad sino-india en la región, debe ser la principal tarea dentro de su política exterior, junto con la diversificación de sus socios internacionales, la recuperación del prestigio global del país y la reinserción efectiva de éste en los principales mecanismos globales de desarrollo tal y como sucedió con la reciente aceptación como miembro del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Indiscutiblemente, la política exterior no es uno de los puntos fuertes del NPP y del gabinete actual, debido a que sus principales directrices están enfocadas en la política interna, especialmente en la recuperación económica y la lucha contra la corrupción.

Consideraciones finales

Los resultados de las elecciones presidenciales de septiembre de 2024 en Sri Lanka, fueron insólitos, pero no inesperados. Las cuestiones de la seguridad nacional, la unidad interna y la lucha contra la corrupción le dieron paso a la recuperación económica y la superación de la crisis social interna producida por los impagos de sus deudas externas desde 2022. La victoria del candidato marxista, budista y cingalés, Anura Kumara Dissanayake logró capitalizar el descontento popular mediante un programa radical cuyo objetivo esencial recae en la transformación del sistema y la estructura política del Estado.

La consolidación de su gobierno con la victoria del NPP en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2024, significa la vía libre para la implementación del programa de gobierno prometido durante la campaña presidencial. Sin embargo, muchas de estas promesas han ido mutando con el objetivo de atraer a un mayor número de votantes, principalmente de la clase media y baja, y de un sector joven y de etnias comúnmente segregadas como los tamiles y musulmanes. Ello, está relacionado además con el imperativo de distanciarse de las etiquetas poco atractivas asociadas al marxismo-leninismo y al nacionalismo cingalés, que caracterizaron al JVP desde la década de los años 70 del siglo XX.

El rol de Sri Lanka en la geopolítica y la geoestrategia del sur de Asia la ubican como un actor de atención para India y China. Sri Lanka es vital para las sensibilidades de seguridad marítima de la India y para los intereses económicos chinos dentro de sus estrategias de consolidación y ascenso global como la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Las visitas de AKD a Nueva Delhi y Beijing de manera consecutiva, muestra el orden de prioridad que asume el nuevo gobierno en materia de política exterior. La clave del éxito de la plataforma gubernamental recae en el mantenimiento de un equilibrio estratégico de las relaciones de Colombo con estos dos países rivales en la región del Indo-Pacifico y en el mantenimiento de una política internacional de no alineamiento, funcional a los intereses actuales de Sri Lanka como nación en un profundo proceso de transformación estructural.

 

* Investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional, Especialista en Asia Meridional, Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” de La Habana, Cuba; Máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales por la Universidad de La Habana. sotesjulio@gmail.com. ORCID: 0000-0002-8066-9104

 

Referencias y bibliografía

[1] «La constitución aprobada en 1947 y que entró en vigor en 1948, preveía una legislatura bicameral con una Cámara de Representantes elegida popularmente y un Senado que era en parte nominado y en parte elegido indirectamente por los miembros de la Cámara de Representantes. Un primer ministro y su gabinete, elegidos del grupo político más grande de la legislatura, tenían la responsabilidad colectiva de las funciones ejecutivas. El gobernador general, como jefe de estado, representaba al monarca británico. En los asuntos que la constitución no abordaba, se observaban las convenciones del Reino Unido». (Ver: Arasaratnam, S. y Peiris, G. H. History of Sri Lanka. Britannica. 2024. https://www.britannica.com/place/Sri-Lanka/History).

[2] En 1972, en una nueva constitución, Ceilán se convirtió en la República de Sri Lanka, aunque mantuvo su vínculo con la Mancomunidad Británica. La constitución cambió la legislatura bicameral por un órgano unicameral y reemplazó al gobernador general (que había sido una extensión de la corona británica) por un presidente como jefe de Estado. Sin embargo, el poder ejecutivo efectivo permaneció en manos del primer ministro y el gabinete, y se eliminaron todas las restricciones existentes a los poderes legislativos de la nueva legislatura unicameral. Al budismo se le dio «el primer lugar» y el cingalés fue reconocido nuevamente como idioma oficial. Ídem.

[3] Election Commission of Sri Lanka. «Names of recognized political parties, approved symbols, and the list of names, addresses and telephone numbers of the Secretary of each Party». Election Commission of Sri Lanka. 2024. https://elections.gov.lk/en/political_party/political_party_list_E.html

[4] Parliament of Sri Lanka. «Political Parties. Parliament of Sri Lanka». 2024. https://www.parliament.lk/members-of-parliament/political-parties.

[5] El Ilankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) es el partido dominante en la Alianza Nacional Tamil, el principal órgano de representación tamil en la política nacional. Está dirigido por S. Sridharan, un partidario de la línea dura que parece mucho menos dispuesto a negociar con Colombo. Existen, además, el Frente Nacional del Pueblo Tamil creado en 2010 y la Alianza Nacional del Pueblo Tamil, creada en 2020. Ambos grupos desertaron del Tamil National Alliance (TNA, por sus siglas en inglés) y hoy denigran a la organización, considerándola una traidora a la «causa tamil» por lo que consideran una duplicidad del TNA en cuestiones como la autonomía. También han criticado al TNA por algunas de sus decisiones políticas, incluido su respaldo a figuras políticas importantes en Colombo. El TNA y los grupos más radicales comparten el objetivo general de trascender el estatus constitucional de Sri Lanka como estado unitario para asegurar un gobierno autónomo para los tamiles mediante la devolución del poder estatal en un marco más federal.

[6] Casi todos los políticos tamiles importantes están ligados de alguna manera con el centro; la mayoría de ellos estudiaron y trabajaron en Colombo. Sumanthiran, del TNA, Gajendrakumar Ponnambalam, del Frente Popular Nacional Tamil, y CV Wigneswaran, de la Alianza Nacional del Pueblo Tamil, crecieron en Colombo y estudiaron en la misma escuela. El nuevo líder del ITAK, S. Sridharan, nació, creció y se educó en Jaffna, en la parte norte de la isla.

[7] El país, promocionado como un paraíso tropical, ha fascinado a viajeros y exploradores durante mucho tiempo, en 2019 recibió a dos millones de turistas, que aportaron más de 4.000 millones de dólares en divisas. Con la pandemia del COVID-19 y los efectos de los ataques terroristas de 2019 en iglesias y hoteles de lujo que dejaron alrededor de 290 muertos y 500 heridos, las llegadas de turistas se redujeron a 540.000 en 2020, 194.000 en 2021, la mayoría provenientes de Rusia y Ucrania. El inicio del conflicto en Europa, redujo significativamente este mercado y contrajo los ingresos provenientes del turismo. (Ver: Devapriya, U. «The Crisis in Sri Lanka: economic and political dimensions». Journal of Indo-Pacific Affairs, Air University. 2022. https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/3125910/).

[8] Rajapaksa decidió en 2021 prohibir los fertilizantes químicos para que la agricultura de Sri Lanka fuera «totalmente orgánica», una medida que devastó la industria del té, el principal cultivo de exportación de Sri Lanka. Finalmente, la medida se revirtió, pero las consecuencias afectaron la economía popular. (Ver Devapriya, U., Op. cit.)

[9] El conflicto ruso-ucraniano impactó negativamente en los precios de los combustibles y materias primas a nivel mundial. Sri Lanka gastó USD 330 millones en combustible en diciembre de 2019 y con la escalada de precios la obligó a gastar más de USD 500 millones por mes en 2022 (Ver Devapriya, U. Op. cit.), lo que generó un recorte en los suministros de combustible y en el fluido eléctrico.

[10] Crisis Group. «Sri Lanka´s bailout blues: elections in the aftermath of economic collapse». Crisis Group. 2024. https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/sri-lanka/341-sri-lankas-bailout-blues-elections-aftermath-economic-collapse.

[11] El gobierno tuvo que cancelar los exámenes escolares por falta de papel, los precios se dispararon, y el arroz, uno de los principales alimentos básicos, pasó de 80 a 500 rupias ceilandesas (LKR), con excepción de las zonas francas, el resto de las zonas del país experimentó cortes eléctricos de más de medio día (Ver: Instituto Tricontinental de Investigación Social. «El pueblo de Sri Lanka busca un mundo en el que las personas puedan encontrar la risa juntas». Boletín 31, agosto de 2022. https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/sri-lanka/).

[12] Wignaraja, G. y Willen te Velde, D. «Sri Lanka: from debt default to transformative growth». Gateway House. 2024. https://www.gatewayhouse.in/sri-lanka-from-debt-default-to-transformative-growth/.

[13] La deuda soberana de Sri Lanka está en manos de muchos países, sobre todo de China, India y Japón. Si se cuenta la deuda en manos de bancos chinos, como el Banco EXIM de China y el Banco de Desarrollo de China, el porcentaje de deuda en manos de China en 2019 se acercó al 26%. En los últimos 20 años, la deuda de Sri Lanka ha pasado de préstamos concesionales a bajas tasas de interés del Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo a préstamos principalmente comerciales en manos de bancos privados a tasas de interés mucho más altas. En 2019, el 56% de la deuda de Sri Lanka estaba en manos de prestamistas comerciales, en comparación con solo el 2,5% en 2004 (Ver: Salikuddin, Tamanna. «Five things to know about Sri Lanka´s crisis». United States Intitute of Peace. 2022. https://www.usip.org/publications/2022/07/five-things-know-about-sri-lankas-crisis). A fines de junio de 2022, China poseía el 40,1% y la India el 15% de la deuda bilateral de Sri Lanka, lo que totalizaba el 55,1%, una proporción mayor que la del Club de París, del 41,7% (Ver: Panduwawala, Thilina. «India´s extraordinary support during Sri Lanka´s crisis: motivations and impacts». Journal of Indo-Pacific Affairs, Air University. 2024. https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/3859529/)

[14] En marzo de 2023 el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un programa de 2.900 millones de dólares a lo largo de 48 meses para apoyar los esfuerzos de estabilización económica de Sri Lanka, el 17o rescate en la historia del país (Ver: Bajpaee, C. «Austerity measures are on trial in Sri Lanka´s first election since its economic collapse». Chatham House, 2024, https://www.chathamhouse.org/2024/09/austerity-measures-are-trial-sri-lankas-first-election-its-economic-collapse).

[15] Nath, Tripti. «Anura Kumara Dissanayake leading in presidential race in Sri Lanka». StratNews Global. 2024. https://stratnewsglobal.com/sri-lanka/anura-kumara-dissanayake-leading-in-presidential-race-in-sri-lanka/.

[16] A pesar de que más de la mitad de los votantes y de la fuerza laboral del país son mujeres, no hubo mujeres entre los 38 candidatos presidenciales. De más de los 17 millones de votantes habilitados, el 52% son mujeres. Desde 1931 cuando se introdujo el sufragio universal, el número de mujeres en el parlamento de 225 miembros, nunca ha superado el 7%. Actualmente solo representan el 5,3% del total de los parlamentarios (Ver: Mishra, Anurag. «India´s relations with Sri Lanka expected to remain stable amid new leadership; uncertainty over China and US ties». Jagran English. 2024. https://english.jagran.com/world/india-relations-with-sri-lanka-expected-to-remain-stable-amid-new-leadership-uncertainty-over-china-and-us-ties-10189091).

[17] Election Commission of Sri Lanka. Presidential Election Results-2024. Election Commission of Sri Lanka. 2024. https://results.elections.gov.lk/.

[18] El sistema electoral de Sri Lanka permite a los votantes emitir tres votos preferenciales para sus candidatos elegidos. Si ningún candidato obtiene el 50% en el primer recuento, una segunda ronda de recuento determina el ganador entre los dos candidatos principales, utilizando los votos preferenciales (Ver Nath, Tripti, Op. cit.).

[19] Ver Election Commission of Sri Lanka. Presidential Election Results-2024, Op. cit.

[20] Gowdara Shivamurthy, A. y Gaur, Ananya. «Sri Lanka debates economy, yet uncertainty looms large». Observer Research Foundation. 2024. https://www.orfonline.org/expert-speak/sri-lanka-debates-economy-yet-uncertainty-looms-large.

[21] Con una plataforma nacionalista cingalesa y sobre la base de ideales marxistas y leninistas, el JVP se configuró en las décadas de 1970 y 1980. Además, su radicalismo anti-indio y su oposición al autogobierno tamil, fueron los detonantes de las insurrecciones populares que protagonizó en 1971 y 1988-1989. Ante acusaciones de estar relacionado con el pogromo anti-tamil de 1983, el partido fue prohibido; sin embargo, en 1994 volvió a la política convencional (Ver: Kuruwita, R. «President Anura Kumara Dissanayake: a new era of reform amid economic turmoil in Sri Lanka». The Diplomat, 2024, https://thediplomat.com/2024/09/president-anura-kumara-dissanayake-a-new-era-of-reform-amid-economic-turmoil-in-sri-lanka/). Bajo el liderazgo de AKD, el JVP ha ampliado su base electoral y ha logrado sumar tanto a la clase media, como a la diáspora y al esrilanqués descontento con las medidas económicas de los gobiernos anteriores.

[22] De los 225 escaños, 196 miembros del Parlamento (MPs) son elegidos directamente de 22 distritos electorales plurinominales y 29 MPs son elegidos indirectamente a través de una lista nacional mediante un sistema proporcional de lista abierta con distritos plurinominales. La Comisión Electoral de Sri Lanka determina la asignación de escaños proporcional a la población votante de cada distrito electoral. (Ver: «Elections in Sri Lanka: 2024 Parliamentary Elections». IFES, 2024, https://www.ifes.org/tools-resources/election-snapshots/elections-sri-lanka-2024-parliamentary-elections)

[23] En diciembre de 2024, el gobierno finalizó el proceso de reestructuración de la deuda con los acreedores privados, en los mismos términos que había alcanzado el gobierno anterior.

[24] Devapriya, U. «A Populist Left Victory in Sri Lanka». Jamhoor, 2024, https://www.jamhoor.org/read/a-populist-left-victory-in-sri-lanka.

[25] Ver Bajpaee, C. Op. cit.

[26] Fernando, A. «We will ensure economic stability and the change we promised: PM Harini Amarasuriya». The Morning, 2024, https://www.themorning.lk/articles/sg3YovunY1OI61UAPsYE.

[27] Ver Sayantani. «Sri Lanka will not be used…: What is newly-elected president Dassanayake´s stance on India?» Mint. 2024. https://www-livemint-com.cdn-ampproject.org/c/s/www.livemint.com/news/world/sri-lanka-will-not-be-used-what-is-newly-elected-president-anura-kumara-dissanayakes-stance-on-india-china/amp-11727018915270.html.

[28] Wignaraja, Ganeshan. «India and Sri Lanka beyond the IMF». Gateway House. 2023. https://www.gatewayhouse.in/india-and-sri-lanka-beyond-the-imf/.

[29] El gobierno del NPP ha afirmado que los proyectos de energía eólica de 442 millones de dólares en Mannar y Pooneryn están simplemente bajo revisión, no cancelados debido a la reciente polémica que ha envuelto al Grupo Adani por una denuncia de presionar a funcionarios norteamericanos para la adjudicación de proyectos de energía renovable en Estados Unidos (Ver: Kuruwita, R. «Sri Lanka’s Adani Controversy: Navigating Geopolitics, Transparency, and Sovereignty». The Diplomat, 2025, https://thediplomat.com/2025/01/sri-lankas-adani-controversy-navigating-geopolitics-transparency-and-sovereignty/).

[30] Gowdara Shivamurthy, A. «The Sri Lankan elections and the question of Indian goodwill: perspectives from the ground». Observer Research Foundation, 2024, https://www.orfonline.org/expert-speak/the-sri-lankan-elections-and-the-question-of-indian-goodwill-perspectives-from-the-ground.

[31] Ver Wignaraja, Ganeshan. Op. cit.

[32] Wignaraja, G. y Kripalani, M. «How India and Sri Lanka can go from aid to trade». The Indian Express, 2024, https://indianexpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/indianexpress.com/article/opinion/columns/india-sri-lanka-aid-trade-9729776/lite/.

[33] Niruthan, N. «Sri Lanka, China And The Specific Indian Edge». StratNews Global, 2025, https://stratnewsglobal.com/asia/sri-lanka-china-and-the-specific-indian-edge/.

[34] Ídem.

[35] Kuruwita, R. «Sri Lankan President Seals Several Deals in China». The Diplomat, 2025, https://thediplomat.com/2025/01/sri-lankan-president-seals-several-deals-in-china/.

[36] Jayasinghe, U. «Sri Lanka agrees with China’s Sinopec to fast-track $3.7 billion refinery». Reuters. 2025. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sri-lanka-china-agree-fast-track-sinopecs-37-bln-refinery-hambantota-2025-01-22/.

[37] Antes de la visita oficial, el nuevo gobierno había firmado varios memorandos de entendimiento con importantes organizaciones de medios de comunicación chinas, como la Administración Nacional de Radio y Televisión de China, la Agencia de Noticias Xinhua y el Grupo de Medios de China, para fortalecer la capacidad de los medios de comunicación locales mediante la capacitación y la adquisición de tecnología moderna (Ver: Gamage, R. y De Silva, S. «Sri Lankan President Visits China: Priorities and Competing Interests». ISAS Briefs, 2025, https://www.isas.nus.edu.sg/papers/sri-lankan-president-visits-china-priorities-and-competing-interests/).

[38] En la declaración conjunta entre los lideres de China y Sri Lanka, se emplea un lenguaje amplio y vago frente a lo pragmático y directo de la declaración entre Modi y AKD un mes antes en Delhi. Se enfatiza en la incorporación de Colombo a las iniciativas chinas relacionadas con la IFR y con el pensamiento del Xi Jinping: la Coalición de Desarrollo Verde, la Alianza Asiática para la Promoción del Patrimonio Cultural, la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global y la Iniciativa de Civilización Global.  Por su parte, India celebro la membresia esrilanquesa en foros multilaterales como el IORA (Indian Ocean Rim Association) y BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation). (Ver Niruthan, N., Op. cit.).

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LA CANCILLERÍA ARGENTINA ¿DECIME QUIÉN SOS VOS, DECIME ADÓNDE VAS?

César Augusto Lerena*

Por el artículo 18º de la Ley 22.520 le compete a la Cancillería Argentina asistir al Presidente de la Nación en todo lo inherente a las Relaciones Exteriores de la Nación con los gobiernos extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales y, entre otras cosas, «entender desde el punto de vista de la política exterior en la elaboración e interpretación de los tratados, pactos, convenios, protocolos, acuerdos, arreglos o cualquier otro instrumento de naturaleza internacional…» y por el artículo 1º de la Ley 20.957 de la Carta Orgánica del Servicio Exterior de la Nación el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto tiene por función ejecutar la política exterior nacional, preservando, defendiendo y resguardando la soberanía, dignidad e interés de la República en el ámbito continental y mundial y por su artículo 24º prohíbe a los funcionarios del servicio exterior de la Nación “asumir la representación o protección de los intereses de un tercer Estado o de sus nacionales” y “efectuar declaraciones que comprometan la política interna o externa de la República” y en el caso de que los funcionarios no guarden fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional son pasibles de exoneración (Art. 43º). Parece claro que subordinar la política internacional argentina a la que fije Estados Unidos o Israel u otro país no se ajusta a lo prescripto a estas leyes. Una cosa es acompañar determinadas políticas y otra aceptar a raja tabla políticas extrañas.

Suscribo a la opinión de Diego Guelar a quien le “sorprendió más la designación que la salida de Mondino”. Suena gracioso, pero los argentinos estamos hartos que gran parte de los funcionarios ―administradores de nuestro Consorcio Nacional― sean ineptos. Aunque no suelo hacer “leña del árbol caído”, la Sra. Diana Mondino consideró “que todos los chinos son iguales”; manifestó que “los isleños tienen derechos”; acordó “el Pacto Mondino-Lammy” que reedita el Pacto Foradori-Duncan que promueve eliminar todos los obstáculos para desarrollar Malvinas; y “denominó Falklands en lugar de Malvinas”; una política más bien propia del personaje “Boluda Total” del comediante Fabio Alberti que acciones responsables de una Cancillería. Y que, pese a bañarse (no nos consta) y saber inglés, se ve que no estaba suficientemente habilitada para conducir semejante responsabilidad que le exige ―antes que todo― conocer la problemática del país y ser “un hombre” de mundo.

Por su parte, el presidente Javier Milei, quién manifiesta que “cuando iban a mis actos había muchas banderas de Israel”, en un evidente menoscabo a la bandera nacional ―ya que por la Ley 23.208 existe una sola enseña patria para todos los argentinos― no solo echó a la Canciller Diana Mondino por “un error imperdonable que le costó el puesto en treinta minutos” sino que además trató de imbéciles, arrogantes y traidores a la patria a aquellos diplomáticos al oponerse al boicot a Cuba, acompañando al tradicional voto argentino en las Naciones Unidas, como lo hizo todo el mundo y, muy particularmente, aquellos países que acompañan a Argentina en su reivindicación sobre la soberanía plena de Malvinas. Posición Argentina, por la que consideró que los diplomáticos “votaron cualquier cosa”, amenazando con sumariarlos y echarlos.

El amenazante Milei parece ignorar la vigencia ―entre otras― de la Ley 24.871 promulgada por su admirado Carlos Menem que reza en sus artículos 1º y 2º: «Las leyes extranjeras que, directa o indirectamente, tengan por objeto restringir o impedir el libre ejercicio del comercio y la libre circulación de capitales, bienes o personas en detrimento de algún país o grupo de países… Serán también absolutamente inaplicables y carentes de efectos jurídicos las leyes extranjeras que pretendan generar efectos extraterritoriales a través de la imposición de bloqueo económico, la limitación de inversiones en un determinado país, o la restricción a la circulación de personas, bienes, servicios o capitales, con el fin de provocar el cambio de la forma de gobierno de un país, o para afectar su derecho a la libre autodeterminación. Ninguna persona, física o de existencia ideal, puede invocar derechos, ejecutar o demandar la ejecución de actos, ni ser obligada a obedecer u observar, ya sea en forma activa u omisiva, medidas, directivas, instrucciones o indicaciones que sean consecuencia de la aplicación extraterritorial de las leyes extranjeras indicadas en el artículo anterior» y, por cierto, no podrá alcanzar ninguna sanción formal a los diplomáticos; aunque, en la práctica, es sabido podría afectar gravemente la carrera de los sumariados, sus ascensos y destinos, con el consabido freezer. La Casa, no es el mejor abrigo para los diplomáticos que se prepararon y revalidaron títulos para representar al país fuera de la Argentina.

Los diplomáticos están en estado deliberativo por estas amenazas; pero, yo entiendo, que más allá del daño moral y a la carrera profesional que cada uno de ellos pueda sufrir, el daño de la parálisis que provocará en el cuerpo diplomático será mucho más importante, cuando mayor estrategia se necesita para afrontar los grandes desafíos del mundo y la interpretación acabada de las potenciales y capacidades de la Argentina.

En el mejor de los casos, la Cancillería dependerá de un Presidente y de un Canciller iluminado sin contar con toda la estructura capacitada y experimentada que ―por supervivencia― evitará el debate de ideas y la emisión de informes internos contrarios al pensamiento único. Florecerán los amanuenses, los correveidiles, los genuflexos e idiotas que poco servicio podrán prestarle a la Nación.

Por cierto, a quienes intenten sancionar a diplomáticos por sus ideas se encontrarán violando ―entre otras― la ley 23.592 que adopta medidas, para quienes arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional quienes podrán ser reprimidos con prisión por alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de sus ideas políticas.

Mientras ello ocurre el buque británico Sir David Attenborourgh con bandera “Falklands” ingresa al Río de la Plata dentro del área del Tratado del Río de la Plata suscripto por Argentina y Uruguay en 1973/74 sin que se haya informado a la Argentina conforme al Decreto 256/10 y violando la Declaración de la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de 2011 sobre los derechos argentinos de Malvinas que prohibía toda logística a buques con bandera “Falklands”, sin que ni siquiera haya una declaración de repudio de la Cancillería. ¿El efecto de la “obediencia debida” al pensamiento único del Presidente comenzó a funcionar?

Que Siga el corso, como escribió Francisco García Jiménez.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar