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¿QUIÉN EJERCE EL PODER EN EL ATLÁNTICO SUR? (3ª PARTE) CUANDO LA POLÍTICA PESQUERA NACIONAL NO SE MANEJA DESDE ARGENTINA

César Augusto Lerena*

Ya vimos que la ONG OPRAS propicia “evitar la pesca ilegal”, propósito muy loable, pero, sinceramente, en 50 años de participar activamente y, sobre todo de observar distintos proyectos pesqueros de funcionarios y empresarios, no recuerdo haber visto que, ninguno de los engendros propiciados, alcanzase semejante nivel de absurdo.

Varios proyectos, se fundaron en Salvar a la Patria. Un argumento difícil de oponer y, no obstante, lo hicimos. Así, entraron al mar argentino los buques soviéticos para que pesquen en la zona de exclusión de Malvinas y nunca lo hicieron. Lo mismo, con la Unión Europea, cambiaron figuritas, bajo pretexto, de modernizar la flota y capturar las especies excedentarias (que no se habían determinado previamente), para regularizar la situación de Argentina con Europa post guerra de Malvinas. Tampoco pescaron en el área invadida por el Reino Unido y ocasionaron la más importante depredación que puso en grave peligro el stock de merluza y provocó una desocupación inédita. En las autorizaciones de pesca extranjera o “charteos” que, por razones de síntesis no voy a detallar, los reducidos procesos obligatorios en tierra se transformaron en meras comisiones empresarias y, los cánones, muchas veces, se establecieron por debajo de los internacionales.

Pero, como en el tango de Homero Manzi, respecto a este acuerdo entre la ONG OPRAS (Argentina) y las Cámaras Españolas y Argentinas”No habrá ninguno igual, no habrá ninguno”.

Lo de “Argentina”, es pura teoría, porque las empresas a la que pertenecen los directivos de OPRAS son 71,5% extranjeras y el 28,5% nacionales y respecto a las Cámaras CAPECA y CAPA sus directivos representan empresas en un 80% extranjeras y 20% nacionales. Por supuesto, el 100% de las empresas que integran las Cámaras Españolas, son españolas. Se agrava, aún más, porque muchos de los directivos de aquellas son solo gerentes que reciben órdenes de los propietarios. Las cuotas transferibles y esta composición, hace que la política pesquera argentina se maneje desde el exterior. ¿Con esta integración societaria, mayoritariamente extranjera, OPRAS y estas Cámaras van a establecer o promover la política nacional sobre la explotación y sostenibilidad de los recursos migratorios argentinos y asociados, junto a Cámaras españolas? Y luego OPRAS ¿con esta composición extranjera participará en la administración de los recursos migratorios del Estado ribereño argentino como propone entre sus objetivos?

¿Quiénes son las Cámaras Argentinas? Sellos de goma. El poder se está armando afuera. Hay hombres de paja en los representantes privados y los funcionarios públicos (ya explicaré en detalle).

Esto suena al otorgamiento de una Patente de Corso: ayudan al Estado a hacer lo que este no puede (ver opinión del director de OPRAS sobre los gobiernos). ¿El Estado Español admitiría que empresas extranjeras le indiquen, en su carácter de país ribereño, cómo administrar sus recursos migratorios? Yo creo que los funcionarios nacionales no… o sí. Me puedo equivocar, como nos equivocamos por décadas los argentinos sobre el proceder de la Cancillería y la Subsecretaría de Pesca de la Nación. El propio director Ejecutivo de OPRAS lo remarca y él, de esto sabe.

Nada personal, pero ¿cómo se compadece el pensamiento conservacionista del presidente de OPRAS (un ex director de la quebrada Harengus, en su momento asociada con la China National Fisheries) de establecer un “Área de Pesca Regulada”? (en la que el Estado ribereño está obligado a regular sobre sus recursos migratorios) con su oposición a las “Áreas Marítimas Protegidas”, por afectar los intereses de la empresa que preside: “… Cuanto nos afecta es difícil decir… (sic). Por otra parte, si durante tantos años operamos en el lugar…”.

Ahora, seamos generosos, alguien podría decirme que estoy prejuzgando, incluso, que los extranjeros podrían administrar mejor nuestros recursos y que, por ejemplo, el 5 de diciembre de 2018, el Congreso aprobó la creación del Parque Nacional Iberá y, la donación para ese efecto, de 160 mil hectáreas de la fundación de Doug and Kris Tompkins. La diferencia de los Tompkins es que donaron tierras para preservarlas y estas empresas en su mayoría extranjeras acuerdan para explotarlo a su favor. ¿Y cuál es el aporte de las empresas españolas que pescan en el área de Malvinas y más allá de las 200 millas de la ZEE? ¿Y el de las cámaras españolas? (En breve me referiré y, muy especialmente a un personaje). Estas y las empresas están subvencionadas. Por ejemplo, el MAPyA les acaba de adjudicar 4,3 millones y la UE 500 millones de Euros extras, en las tres primeras anualidades. Nada parecido a la carga impositiva que sufren las empresas argentinas.

Instalada la “pesca ilegal” en los medios, se instala la necesidad de resolverla (yo mismo escribí numerosos artículos sobre la pesca ilegal) y aparece OPRAS y el Acuerdo. Ahora: una nota de tapa, dos páginas y una editorial en La Nación; artículos diversos colocados con una única pluma en varias páginas; la “modernización del formato” de las páginas de CAPECA (2018), PESCA CONCIENCIA (2019) OPRAS, CAPA y HEMISFERIOS (2020) por una misma empresa creativa: “Ambiente Comunicaciones & Simón Digital” que, por “casualidad”, lleva la idéntica denominación de “Ambiente Comunicación” del director del programa radial FM de Gustavo Rachid, denominado también, por otra rara casualidad “entre amigos”.

Pero esto, podría parecer un detalle menor (…), obra de la casualidad. Lo que sí demuestra, es la fuerte voluntad de llevar adelante este acuerdo, es el corto plazo desde la creación de OPRAS en 2018; un Acuerdo Privado de Cooperación para la Pesca Sustentable con el Sindicato de Armadores de Industrias de Pesca de Brasil (SINDIPI) el 3 de diciembre de 2019; la concreción del documento el 27 de abril de 2020, hasta la firma del Acuerdo con las Cámaras Españolas ANAMER y CEPESCA el 2 de junio de 2020 y entre tanto —como dije— se produjo una estrategia mediática.

Hasta Brasil todo bien, suma a la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS) Resolución ONU 41/11 que firmaron todos los países con ZEE en el Atlántico Sur, de modo de avanzar para que los Estados de Bandera se ajusten a la administración de los recursos migratorios y asociados de los Estados Ribereños, no profundizando la intervención de países extraños en el Atlántico Sur.

Este Acuerdo no indica detalle alguno … pero preserva Malvinas para los británicos y … los españoles y propicia las OROP. El fin de la administración del Estado Ribereño en el sur.

En primer lugar, así planteado, viola la Constitución Nacional y el art. 27 bis de la Ley 24.922 reformado por la Ley 26.386. En segundo lugar, para que el Estado ribereño ordene la explotación de los recursos migratorios en la Alta Mar que están siendo depredados, mi opinión es que el gobierno debería iniciar primero acuerdos con las empresas chinas y no las españolas, por razones de resguardo que no fundamentaré aquí. Ahora, si se avanzase con las empresas españolas en una segunda instancia, habría que hacerlo a través de un acuerdo tan serio como irreprochable y no una nueva entrega del patrimonio nacional y del Atlántico Sur. El que debiera contemplar: a) los españoles no deberían constituir sociedades pesqueras mixtas ni de otro tipo en el área de Malvinas; b) de seguir pescando en la zona de exclusión británica deberían ajustarse a las normas de administración argentinas y pagando los derechos de captura o por el contrario, no pescar en esa área; c) no adquirir en España productos pesqueros de origen en esa área; d) ingresar a la UE libre de aranceles los productos argentinos; d) solicitar habilitación de Argentina para pescar las especies migratorias o asociadas más allá de 200 millas de la ZEE Argentina y no utilizar para ello redes de arrastre hasta establecer la Captura Máxima Sostenible en el área; e) colaborar con el gobierno de Argentina en el acuerdo de pesca con buques de otras nacionalidades más allá de las 200 millas.

Todo lo contrario a lo previsto en el Acuerdo de OPRAS que establece no capturar en el área ocupada por el Reino Unido en Malvinas, cuidando el interés británico y español, cuando dice: “…sin que su extensión afecte a los espacios marítimos susceptibles de disputas o controversias relativas a jurisdicción o soberanía” (sic), atentando contra lo dispuesto en la cláusula Primera de las Disposiciones Transitorias de la Constitución Nacional, donde: “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional…y, conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

La ONG OPRAS ni las Cámaras nacionales desconocen que las empresas españolas constituyen joint venture con británicos en Malvinas y usufructúan licencias con bandera española o británica otorgadas ilegalmente (Res. ONU 31/49). Entre 1989-2019 se capturaron con licencias en el área de Malvinas 7.633.000 toneladas de pescados y calamares argentinos por un valor de U$S 19.845.800.000, de los cuales “en un año típico, las dos especies de calamar representan el 75% de todas las capturas”. En lo que va de 2020 en esa área se han pescado 115.741 toneladas de los cuales el 80% son calamares. Poco menos de las 125 mil toneladas que las empresas argentinas pescaron en igual período el todo el Atlántico Sur. Al respecto, dice el Departamento de Recursos Naturales en Malvinas: “Si usted come calamares en el sur de Europa ¡tiene un 50% de probabilidades de que sea de Falklands!”. (ampliaré sobre las capturas españolas).

También es cierto, que nunca habrá Acuerdo, sin el apoyo de la Subsecretaría de Pesca y el VB del responsable de área de la Cancillería. Tengo muy presente el rol de Caputo, Cavallo, Di Tella, Malcorra y Faurie y sus secretarios, desde la fórmula del paraguas; pasando por las relaciones carnes y el remover todos los obstáculos … de las Islas Malvinas” del Pacto Foradori-Duncan.

Pero, semejante engendro de Acuerdo se ve rematado por dos artículos que se difunden en varios medios y en el portal de CEPA: “El Atlántico Sudoccidental, Zona Libre para la Pesca Ilegal” y “Los calamares de nuestros mares: el caso del Illex argentinus” con expresiones inadmisibles y deleznables para nuestra soberanía, el pueblo argentino, los veteranos de guerra y nuestros muertos:

“…el Atlántico Sur no empieza ni termina en Malvinas…”. (Gustavo Rachid)

“…la Argentina se ve afectada por esta irracional actividad de explotación irregular … son los tres países ribereños y sus recursos…” (G. Rachid)

“…No es biológicamente viable que la pesca ilegal en la región continúe…con la complicidad del silencio gubernamental y del ambiguo secretismo oficial … con evidente desprecio a las normas internacionales y a la legislación del estado ribereño…” (Eduardo Pucci).

“…la tradicional y ecléctica acción política utiliza la ignorancia pública (NdA: Ignorancia Colectiva refiere CAPECA en el art. de Rachid del 3 de marzo)…». (E. Pucci, G. Rachid)

Hace una propuesta de “…establecer un Área de Pesca Regulada en una franja adyacente a las ZEE de 150 millas …” (Pucci) discriminando los países que intervendrían o no (¿Se entiende?).

“…este importante recurso (el calamar) es compartido y explotado por varios Estados y encuentra su mayor abundancia en el Océano Atlántico Sur que corresponde a los límites entre Argentina y las Islas Falkland/Malvinas…”. Publicado en PescaconCiencia y reproducido por CAPA (PCC-C). La Argentina es una sola. No hay límites con Malvinas.

Llama varias veces “…Falklands a las Malvinas…”. (PCC-C).

“…al ser un recurso compartido entre varios Estados, ninguno posee el dominio absoluto del mismo…”. (PCC-C). El dominio es argentino, independientemente que lo explote el R.U.

“…la mayor fuente de ingresos (de las islas) es la venta de licencias a buques del Lejano Oriente y España. El Illex argentinus es la mitad de las capturas…». (PCC-C).

“…el calamar es parte de un único ecosistema del que dependen merluza y anchoíta. La pesquería principal del Illex se compone en un 95% de un solo Stock Patagónico Sur…”. (PCC-C).

Distorsiona la realidad cuando dice que “…los españoles capturan un 2.54%…”. (PCC-C). No coincide con el hecho de que España es el destino principal de la captura del calamar argentino del área de Malvinas. Y con la preocupación actual de los ocupantes de Malvinas por el Brexit, de que origen se considerarán las capturas de Malvinas a partir de éste.

Pondera “…la acción de la Comisión Conjunta de Pesca de 1986 a 2005…». (PCC-C).

“…dice que la Argentina entendió…su naturaleza compartida” (PCC-C). El autor, no conoce que la Res. de la ONU 31/49 indicó al Reino Unido no innovar sobre el territorio ocupado en 1982.

Propicia la OROP cuando dice que “…cualquier esfuerzo de gestión futuro deberá estar orientado al multilateralismo, involucrando en su gestión a todos los Estados con interés en la pesquería” (PCC-C) y, sin más. (Pucci). Al referir a las OROP trata a las Islas Falklands como un país costero (PCC-C). Considera “…a las Falkland un Estado costero…”. (PCC-C). ¡Gravísimo!

Efectúa un ordenamiento distinto al de la CONVEMAR, llamando Naciones Pesqueras de Aguas Distantes, relevantes a China, España, Taiwán y Corea del Sur y España, dejando en claro quiénes explotan mayoritariamente nuestros recursos y agrega otros no relevantes (PCC-C).

Ya estamos más cerca del dueño del chancho.

Ante la ausencia de manifestación contraria a este Acuerdo del Subsecretario y el Consejo Federal Pesquero, reitero: ¿Los españoles nos cuidarán los recursos? y ¿quien ejercerá el poder administrador y soberano en el Atlántico Sur?

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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ARGENTINA UN ESTADO MARÍTIMO CON UN ATLÁNTICO SUR ABANDONADO

César Augusto Lerena*

El día 21 de mayo —en dos páginas— La Nación explica la tapa que titula: “Pesca Ilegal. Los piratas del siglo XXI se llevan U$S 1.000 millones del Mar Argentino” y en el Editorial del día 23 “Pesca ilegal: falta decisión política”. Al respecto diré: los buques extranjeros no se llevan mil, sino al menos 2.600 millones de dólares anuales y, estos números, en la comercialización final minorista significan entre 14 y 15 mil millones de dólares por año. Este es un problema que no surge por generación espontánea ni la culpa la tiene el Coronavirus COVID-19, tiene más de 50 años (el siglo XX). Desde 1976 los gobiernos han tolerado la pesca ilegal de entre 300 y 400 buques extranjeros que se llevaron unos 44 millones de toneladas por un valor comercial final minorista del orden de los 770 mil millones de dólares. Ello no solo es una enajenación económica ilegal por parte de buques extranjeros, sino que impidió la generación de cientos de miles de empleos y el desarrollo de los pueblos pesqueros de toda la costa atlántica argentina. Es decir, el desarrollo de un área estratégica, que se considera desfavorable.

Si bien el diario La Nación califica el problema, dejando en claro a qué áreas les asigna responsabilidad; lo más importante, es que visibiliza una cuestión que estuvo ausente en los gobiernos de las últimas décadas y, aunque no comparto parte de la información y algunas herramientas, mucho menos de que “se analiza la conveniencia de continuar el intercambio de información en la Comisión de Pesca Argentino-Británica porque el Reino Unido sigue otorgando unilateralmente licencias” (¿hay otra forma de hacerlo, sino es Argentina? Lo único que nos falta es que nos asociemos para otorgarlas). La Argentina no necesita reunirse al efecto. Quienes sí necesitan esta información son los británicos, ya que, siendo recursos migratorios argentinos la información está al acceso de nuestros investigadores, pudiéndose, además, confrontar con datos del mercado.
A propósito de los recursos migratorios, hay que precisar que, no solo hay que cuidar los recursos dentro de la ZEE Argentina, sino, muy especialmente los migratorios, como desde 1995 lo establece la Ley 24.543 y desde 1998 la Ley 24.922 que, con el fin de proteger los derechos preferentes de la Argentina, en su condición de Estado Marítimo (ribereño para la CONVEMAR), el Subsecretario de Pesca, el Consejo Federal Pesquero, que SON LOS ADMINISTRADORES, deben organizar y mantener un sistema de regulación de la pesca más allá de las 200 millas, respecto de los recursos migratorios o que pertenezcan a una misma población de especies o asociadas a las de la ZEE Argentina, diseñando las herramientas legales, políticas, biológicas y económicas (algunos proyectos concluidos en mi poder) para administrar el ecosistema del Atlántico Sur, en la que están en mora todos los funcionarios desde hace 25 años a la fecha. El Consejo Federal Pesquero nunca tuvo una reunión al efecto, incluso ahora que la Argentina fue invadida por 100 buques. No fue Bolivia corriendo el mojón de Abra y las fuerzas argentinas actuaron porque dos capitanes de pesca levantaron la perdiz. Fueron 50 buques menos que el total de buques que estuvieron presentes en el Atlántico Sur durante la guerra de Malvinas y no solo son asiáticos. Ocupan nuestro territorio ilegalmente y se llevan nuestros recursos originarios el Reino Unido (o con licencias ilegales otorgadas por este), buques españoles, chinos y algunos otros.

Además, no es en la “Pampa Marítima” o la “Pampa Azul” —términos que no comparto— donde se extraen los recursos pesqueros, sino en el territorio más amplio del país, estratégico, y uno de los potencialmente más ricos. La Argentina, con una ZEE de 3.146.345 km2, 6.816 km de costa, 1.784.000 km2 de plataforma continental, los kmdel sector meridional del Atlántico Sur y la Antártida, es un “ESTADO MARÍTIMO”, de los diez más amplios del mundo, aunque, por falta de instrucción o conocimiento, los argentinos en general carecen de una cultura marítima.

El mar argentino, su lecho y subsuelo no es la “pampa” agraria o ganadera, es subestimar con esta denominación al único territorio nacional que —de hecho— tiene una “hipótesis de conflicto” y cuyo Potencial Económico es de 670 mil millones de dólares con la posibilidad de generar 570 mil puestos de trabajo directo prospectado (2016-2035), según el Escenario Medio del Informe Técnico Nº 10 elaborado por los investigadores Gustavo Baruj y Sergio Drucaroff del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI).

Este territorio marítimo del ESTADO MARÍTIMO NACIONAL a falta de valorarlo lo ocupan y expolian los extranjeros. Dejemos de dar la espalda al mar y mirar el territorio nacional desde el mar, como lo ven más de 500 buques pesqueros nacionales custodios de la soberanía, cientos de industrias pesqueras y navales, proveedores de servicios e insumos, decenas de miles de trabajadores marítimos, pesqueros y navales, las fuerzas armadas y de seguridad vinculadas al mar.

No podemos aceptar pasivamente que el “Acuerdo de Madrid” siga vigente, ya que —aun rechazando su legalidad, alcance militar y económico— el propio Reino Unido lo viola al ignorar la Res. 31/49 de la ONU (Las partes deben abstenerse de adoptar modificaciones unilaterales mientras las islas atraviesen el proceso de negociación recomendado por la ONU); ocupa Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur; invade 1.639.900 km2 del mar argentino y explota los recursos pesqueros y petroleros; es el principal responsable de internacionalizar y militarizar el Atlántico Sur y, de violar —despreciando la paz mundial— la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur(ZPCAS) aprobada por la Resolucón de la Asamblea General ONU 41/11 del 27 de octubre de 1986 al instalar en Malvinas la más importante base militar y misilística del Atlántico Sudoccidental. El ZPCAS es un Acuerdo de todos los Estados con ZEE en el Atlántico Sur, incluso, de Sierra Leona y Sudáfrica, que son miembros de la British Commonwealth y, esta unidad afro-americana no fue suscripta por las islas ocupadas por el Reino Unido como Ascensión, Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Tristán da Cunha, en oposición al espíritu con el que nació esta Zona de Paz, influenciada por la Guerra Fría post Segunda Guerra Mundial y su poder bipolar, la guerra de Malvinas, la intromisión de potencias externas en el Atlántico Sur y Angola y preocupados por las cuestiones socio-económicas, la sostenibilidad de los recursos, el medio ambiente, la paz y seguridad y también en la emancipación de Sudáfrica y sus colonias; ampliado con la Declaración de Desnuclearización de Brasilia en 1994.

El Reino Unido internacionalizó el Atlántico Sur y los buques chinos fueron los primeros, junto a los españoles y otros países, quienes adhirieron a su sistema de licencias ilegales pesqueras.

Es el Reino Unido, quién instaló en el mundo que el mar argentino era un caladero abierto negociable y la Argentina —muy especialmente— los Cancilleres Caputo, Cavallo, Di Tella, Malcorra y Faurie, tuvieron una estrategia complaciente, acotados a la Resolución ONU 2065/65 que insta sin éxito a negociar desde hace 55 años. Los sucesivos gobiernos nacionales se pasaron los años invitando a sentarse al Reino Unido, cediendo territorios y derechos, congelados por la fórmula del Paraguas, mientras la pérfida falange de Albión avanza sin pudor.

Si el Reino Unido no estuviese en el Atlántico Sur, no habría buques chinos, españoles u otros pescando sin autorización argentina, incluso, aun estando, si la Argentina hubiese llevado una política nacional posible, soberana e inteligente, tampoco pescarían ilegalmente. No es la misma estrategia la que hay que llevar con China, con España o con el Reino Unido. Y ello, no solo se resuelve con aplicar una multa a algún buque extranjero capturado (que hay que hacerlo). Hay que establecer una política diplomática, pesquera y económica atractiva para quienes pescan ilegalmente, porque, lo que está en juego, no es un pescador deportivo furtivo, son importantes intereses económicos y necesidades alimenticias como las de China, España y otros mercados.

La propia URSS —en pleno esplendor— cuando por Ley 17.094 la Argentina estableció las 200 millas como Mar Territorial (no la ZEE que luego reguló la CONVEMAR) y no había Nación importante que reconociera derechos en esos espacios marítimos, se avino al pago de un canon y ello no fue obra de la casualidad, sino de una importante estrategia que un inteligente funcionario del Estado diseñó y llevó a la práctica, pese a la resistencia inicial del gabinete de la Nación.

Trataré de que alguna cuestión coyuntural no me impida presentar en los próximos artículos el “Protocolo Adicional Mercado Común Pesquero del Sur (MERCOPES) del MERCOSUR en el Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudeste” (© RL-2019-112532147-APN-DNDA#MJ-23/12/2019) y la estrategia general que podríamos aplicar (aquellas publicables), pero, no puedo dejar de señalar dos hechos que nos demuestran en la gravedad e incapacidad en la que estamos inmersos. El primero: el Reino Unido, acaba de inaugurar —mientras nosotros festejábamos virtualmente los 210 años de la Revolución de Mayo— con un costo de ₤ 11 millones, un puerto en las islas Georgias del Sur para albergar al buque de investigación RRS David Attenborough; el buque patrulla de pesca MV Pharos SG y los buques de la Royal Navy “HMS Forth” (1 cañón de 30mm, 2 ametralladoras multicañón y 4 ametralladoras), y “HMS Protector” de 5.000 toneladas. El segundo, mientras los chinos pescan en el Atlántico Sur y, para ser más eficientes cuentan con abastecimiento en altamar, la Argentina habría recibido en Puerto Belgrano al barco petrolero chino Hai Gong You 309 (IMO 9153214) para cargar combustibles libres de impuestos. El tercero…

En la tauromaquia, los avisos son tres; al cuarto, se llevan el toro al corral (Ithacar Jalí).

Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Asesor en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.

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SIGNIFICADO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL CON HAITÍ

Pedro von Eyken*

 

Un artículo sumamente motivador de Omar Martín Tejada Pérez, integrante de la SAEEG y oficial retirado de la armada peruana, me llevó a enviarle este modesto aporte a Marcelo Javier de los Reyes. Respondo también a la propia invitación de este último para escribir sobre Haití[1].

Primero me interesa recordar, como siempre que hablo de Haití, que fue el primer país del mundo que reconoció nuestra independencia. Sucedió en 1817, cuando el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón, envió un agente a dialogar con el presidente de Haití, Alexandre Pétion. El mandatario haitiano estaba interesado en cooperar con la emancipación de los países americanos y era conocida, en ese sentido, su relación con Simón Bolívar, a quien ofreció armas, barcos y soldados para su lucha emancipadora.

Haití fue la primera república negra del mundo y la primera en abolir la esclavitud. Esta liberación impulsó su independencia y en ello Haití sentó un precedente mundial. En el hemisferio occidental, Haití fue la segunda nación en obtener su independencia en enero de 1804, luego de Estados Unidos (1776) y 150 años antes que la mayoría de las naciones africanas. La esclavitud fue abolida en Haití siete décadas antes que en EE.UU. y 90 años antes que en Brasil. Por esos hechos históricos Haití debió pagar un alto precio pecuniario frente a su antigua metrópoli, Francia, y otro político frente a Estados Unidos, que ocupó militarmente el país caribeño de 1915 a 1934. A esos orígenes difíciles como nación independiente en época tan temprana le debe el digno pueblo de Haití buena parte de sus infortunios actuales.

Si seguimos por el título del artículo de Tejada Pérez, también he visitado un orfanato en Haití, sostenido por la generosidad de seres humanos sensibles que, desde el extranjero, comprenden las necesidades materiales y de afecto de miles de niños haitianos. Las familias extranjeras les cambian totalmente la vida a estos chicos en el más amplio sentido de la palabra cambio.

Seguidamente me extenderé en una digresión sobre el rol desempeñado por la Argentina en la Fuerza de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH), antes de pasar al punto focal de mi artículo, la cooperación bilateral.

Tomé contacto con la MINUSTAH cuando llegué a Haití, justo cuando esa Misión se estaba retirando. La Argentina tenía el segundo contingente de fuerzas desplegadas en ese país y un general del Ejército Argentino, Gabriel Guerrero, se desempeñó como Segundo Comandante de la Fuerza Militar (Deputy Force Commander) entre 2012 y 2013.

Con el presidente de Haití, Jovenel Moïse.

Nuestro país aportó tropas de paz durante 13 años (2004-2017), donde quedaron de manifiesto la eficiencia y el profesionalismo con que nuestras Fuerzas Armadas llevaron adelante una política de Estado, las misiones de paz en el orden internacional. Argentina desplegó, en esos años, 12.800 cascos azules, hombres y mujeres, que cumplieron su labor en un país muy vulnerable, devastado en enero de 2010 por un terremoto que se cobró más de 300.000 vidas y dejó sin techo a un millón y medio de personas. Entre otros problemas estructurales que conviven con sus encantos, Haití posee montañas deforestadas, altas tasas de desocupación y analfabetismo, enfermedades endémicas como malaria, dengue y tifus y un enfrentamiento político y social que se acentuó a partir de julio de 2018 y aún continúa. En ese contexto complicado, la pandemia de COVID-19 abre un interrogante preocupante, cuando se escriben estas líneas, debido a la elevada vulnerabilidad sanitaria y hospitalaria del país.

Seis años después del terremoto provocó desolación el huracán Matthew, que atacó con virulencia el sur del país en septiembre de 2016, dejando un saldo de más de 800 muertos y miles de desplazados.

Un párrafo destacado, en el ámbito de la MINUSTAH, merece la actuación del Hospital Militar Reubicable Argentino a cargo de nuestra Fuerza Aérea, que culminó en forma exitosa en septiembre de 2017. En esos días recorrí el hospital y escuché numerosas alabanzas. El hospital asistió al personal de la fuerza de paz pero también dio apoyo sanitario a la población local en emergencias y catástrofes. Llevó a cabo más de 200 mil atenciones médicas.

De 2017 a 2019, la MINUSTAH dio lugar a la Misión de Apoyo a la Justicia de la ONU (MINUSJUSTH), con la que coincidí. En ella deseo subrayar el destacado papel que tuvieron los efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Cumplieron un rol destacado y reconocido en ambas Misiones de la ONU. En el caso de la MINUSJUSTH, la satisfacción por el desempeño de los oficiales y suboficiales de nuestra GNA me fue expresamente señalada por un general de la gendarmería francesa y otro de la policía canadiense, que dirigieron sucesivamente el componente policial. Fuerzas de nuestra Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también participaron.

Idéntico profesionalismo, eficiencia y lealtad debo reconocerle a los efectivos de la GNA que integraron el Elemento de Seguridad (custodia) de nuestra Embajada en Haití. Fueron tres grupos, de 12 a 14 oficiales y suboficiales cada uno, hombres y mujeres que protegieron con celo las vidas de mi esposa, de otros funcionarios y empleados de la embajada y la mía propia. Deben desplazarse a Haití solos, sin sus familias, durante un año. Mi gratitud es para siempre.

Hecha esa importante digresión, deseo abordar el punto focal de este aporte, la cooperación bilateral y comienzo con una frase frontal: la relación bilateral con Haití sin cooperación técnica (a veces también humanitaria) vacía de contenido la relación bilateral. La relación política es muy buena; por ejemplo, el apoyo de Haití a nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas ha sido claro y permanente. La relación comercial, en especial de las exportaciones argentinas, se ve limitada por el tamaño relativamente pequeño del mercado haitiano. Y la relación cultural, con sus eventos de difusión, depende de la seguridad del país caribeño. Pero si no se impulsa la cooperación técnica, una embajada en ese país carece de sentido.

Entre 2005 y 2016 se desarrolló en Haití, primero en el norte y luego extendido a otras regiones, un proyecto de cooperación bilateral emblemático, ProHuerta, dedicado a mejorar la horticultura familiar y la seguridad alimentaria. El programa, coordinado por el área de cooperación internacional de la Cancillería Argentina y en el que intervenían el Ministerio de Desarrollo Social y el INTA, con ingenieros agrónomos y promotores haitianos, mejoró de forma tangible esa situación en un país esencialmente agrícola. También participaron agencias de cooperación extranjeras. ProHuerta sirvió, además, para mejorar una deficiencia estructural en Haití como la irrigación de agua. Según una encuesta del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (CNSA) de ese país, publicado en 2015, el 93 por ciento de las familias involucradas en el ProHuerta mejoraron su situación alimentaria. El programa, que cumplía 25 años en Argentina, se desarrolló durante una década en Haití, donde llegó a contar con más de 21.000 huertas, 5.200 granjas, 1.500 promotores y beneficiar a más de 140 mil huerteros familiares.

Lamentablemente, el programa se discontinuó en 2016. En 2018 se intentó relanzarlo con un alcance más modesto y una misión de funcionarios de nuestro Ministerio de Desarrollo Social y dos ingenieros agrónomos del INTA se desplazó a Puerto Príncipe. Mantuvimos reuniones con diferentes agencias gubernamentales y extranjeras, como la española y el Programa Mundial de Alimentos. Se avanzó en un alcance acotado a la seguridad alimentaria de la primera infancia, de interés especial de la Primera Dama de Haití. Pero finalmente no llegó a concretarse nada hasta mi traslado a Buenos Aires, en septiembre de 2019.

La cooperación técnica bilateral, a partir de 2017, se limitó a un programa de Apoyo a los Derechos Humanos coordinado por el área de cooperación internacional de la Cancillería, que preveía una semana de actividades en Puerto Príncipe y otra en Buenos Aires, con asistencia de especialistas de ambos países y de las Naciones Unidas. Desconozco si existen planes para reactivar Pro Huerta, aunque lo deseo fervientemente. Todos los países con embajada en Haití (son 20 más la Nunciatura Apostólica) mantienen proyectos de cooperación. Hasta Panamá, el más pequeño de los siete países latinoamericanos con representación en Puerto Príncipe, tiene esos programas. En los gobiernos de Brasil y Chile, en los últimos años, se produjeron fuertes cambios de orientación política, de la centro-izquierda a la derecha, pero se mantuvo la cooperación técnica con Haití. También cooperan Cuba, México y Venezuela.

Como no me resigné fácilmente a abandonar la razón de ser primordial de nuestra relación con Haití, en 2019 intenté modestas formas de cooperación puntuales en lugares distantes uno de otro y de la capital. En marzo visité una escuela rural modestísima, llamada Don Diego de Villaguay, de 150 chicos muy humildes, cercana a la frontera con la República Dominicana. La escuelita surgió hace algunos años por iniciativa del Suboficial David Garcés del Ejército Argentino, un hombre con profundo sentido humanitario que prestó servicios en la MINUSTAH y pertenece a la comunidad adventista. No tienen casi nada, falta de todo. Pero entre la ciudad entrerriana de Villaguay —el pueblo y la intendencia municipal— y la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Haití, sostienen como pueden esa escuela que necesita hace tiempo, entre tantas cosas, un equipo electrógeno y algunas computadoras. Pasamos un par de horas inolvidables con mi mujer y los efectivos de GNA que nos llevaron. Dejamos alimentos para varios días. Los pocos maestros que enseñan en todos los grados, cobran un “sueldo” sólo cuando la comunidad de Villaguay envía dinero que se recauda en alcancías distribuidas en la ciudad entrerriana. Sino, enseñan igual. Los conocí. Me comprometí a conseguir algo de lo que pedían, mantuve reuniones semanas después, durante mis vacaciones en Buenos Aires, pero me fui de Haití sin poder regresar con alguna mejora. La comunidad de Villaguay sigue ayudando como puede y ya piensa en recibir algunos chicos, cuando terminen en esa escuelita, para aprender oficios y el idioma castellano con mate entrerriano. Apenas regresé trasladado a la Argentina, visité en esa ciudad a la Intendenta y a algunos medios de prensa.

En abril del año pasado, al regresar a Haití de mis vacaciones, visité la localidad de Corail, ubicada en el extremo sudoeste de Haití. En esa zona con malaria, a siete horas de camino tortuoso, se encuentra un hospital reequipado por la Argentina a través de la UNASUR. En 2013, fue rebautizado “Presidente Néstor Carlos Kirchner” por ese aporte. La entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, mantuvo una teleconferencia con el anterior presidente de Haití, Michel Martelly, para referirse al acto. Si las dos banderas nacionales se encuentran en ese Hospital, atendido por médicos cubanos y haitianos, el embajador argentino debía conocerlo. Un diputado haitiano, perteneciente a la circunscripción de Corail, nos invitó a almorzar junto al director del hospital. Nos pidieron un equipo de odontología y paneles solares para la deficiente energía eléctrica. También me comprometí a hacer lo posible por conseguirlo. Pero me tuve que ir del país cinco meses después.

En la foto siguiente aparecemos mi mujer y yo en el hospital, junto a médicos cubanos y haitianos, alrededor del monolito con las dos banderas y el nombre del ex presidente argentino de 2003 a 2007.

Podría hablar de otros proyectos que suponen mejoras para un país tan vulnerable. Hasta el presidente de Haití, Jovenel Moïse, al despedirse de mí en el Palacio Nacional dos días antes de irme, me preguntó si sería posible conseguir asesoramiento para introducir vacas lecheras por inseminación artificial, a fin de iniciar una industria láctea que Haití no tiene y para que los niños más humildes tengan una copa de leche en las escuelas. Hoy no la tienen.

Si todo lo antedicho no puede conseguirse por la cooperación estatal, como se vio que no pudo ser, estoy seguro que hay instituciones argentinas que podrían colaborar.

La caridad bien entendida empieza por casa, dice un refrán. Nuestro país también tiene necesidades. Pero si nos quedáramos con el refrán, no existiría la cooperación Sur Sur.

No me faltaron ganas sino tiempo. Ojalá otros puedan conseguir lo que yo no pude. Pertenezco al Servicio Exterior y servir también es eso, en ese país entrañable. Algún día volveré a Haití.

 

* Diplomático de carrera, ex embajador argentino en Haití (2017-2019), licenciado y doctorando en ciencias políticas por la Universidad Católica Argentina.

 

Referencia

[1] TEJADA PÉREZ, Omar Martín. «Haití. Una gota de esperanza en medio del desastre, la adversidad y la burocracia. La historia de la reconstrucción de un orfanato», SAAEG, 16 de mayo de 2020, https://saeeg.org/index.php/2020/05/16/haiti-una-gota-de-esperanza-en-medio-del-desastre-la-adversidad-la-burocracia-la-historia-de-la-reconstruccion-de-orfanato/