Deseo comenzar, de manera expresa, con un enunciado que encierra suficiente sabiduría. Un contenido aleccionador en estas palabras del investigador social chileno-venezolano, Pedro Cunill Grau: «Poblar las fronteras y garantizar su desarrollo en los procesos de integración interna es básico para preservar la soberanía nacional. La geohistoria moderna nos ha proporcionado patéticas enseñanzas acerca de las consecuencias de ausencias de ocupaciones efectivas de lindes fronterizos».
Conforme con lo anteriormente dicho, que asumimos como autocrítica, no podemos negar que hemos cometido errores, desaciertos e impropiedades; sin embargo, nuestra lucha reivindicativa cada vez se vuelve más inmarcesible. Hemos sido implacables, cierto, por cuanto nos asiste la razón.
Sin embargo, tengamos en cuenta también que no es el momento de resentirse o cuestionar dónde estuvieron los errores, torpezas o desaciertos en el manejo de nuestro justo reclamo al imperio inglés y a la excolonia británica.
Considero que, por la importancia y trascendencia de la reivindicación histórica que perseguimos, y en estricto apego al Derecho Internacional Público, estamos obligados, como país, a “hablar el mismo idioma”. No nos está permitido cometer más deslices. Este asunto litigioso debemos encararlo con seriedad y contundencia.
Las incoherencias que manifestemos (adrede o involuntariamente) en el ámbito de que se trate —llámese Corte internacional de Justicia— se pagan caro. No diversifiquemos intenciones o criterios en nuestro reclamo contencioso venezolanista.
Cuando estamos concernidos en un proceso en la Corte sentenciadora de la ONU; esta vez referida al supuesto carácter “válido y vinculante” del nulo e írrito Laudo Arbitral de París del 03 de octubre de 1899 (porque tal es la pretensión de la Parte demandante) aspiramos que prevalezca, entre nosotros, la unidad de criterios para enfrentar esta lucha. Nada de protagonismos odiosos. Por el contrario, debemos sostener criterios firmes y unánimes, para desmontar la mencionada tratativa perversa.
Auguramos la necesaria solidaridad e identidad nacional que merece el caso de la Guayana Esequiba. Deseamos que nos mantengamos como un bastión compacto y fortificado.
Ya sabemos y no nos amedrenta que, dentro de las estrategias, que han diseñado y acometido los coagentes de la excolonia británica, se cuentan: los pronunciamientos de la Caricom y de la Commonwealth; así también, han logrado sumar opiniones de algunos países que —como es fácil advertir— tienen señaladamente fuertes intereses en el área en controversia, en la cual han recibido ilegalmente por parte de Guyana concesiones para el desarrollo de proyectos.
Han logrado acopiar suficientes recursos dinerarios de las empresas transnacionales (¿extorsión?) que operan —sobre todo—e n la proyección atlántica en la Zona en Reclamación, para cancelar los carísimos honorarios de los abogados litigantes en este caso; quienes tienen meses residenciados y haciendo lobby en La Haya.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela. Miembro de la ONG “Mi mapa de Venezuela”.
Los medios y las redes sociales de todo el mundo se han hecho eco de la controversia que se ha generado a partir de la decisión del gobierno de Australia de no permitir el ingreso del tenista serbio Novak Djokovic para defender el título en el Abierto de Australia que obtuvo el año pasado.
En los primeros días del año, Nole, a través de las redes sociales, anunció que viajaría a Australia por el beneficio de una “exención médica”. El mensaje fue el siguiente:
Disfruté estar con mi familia y mi gente querida, me tomé un descanso de la muy larga y exitosa temporada 2021. Ahora me voy a mudar a Australia porque obtuve una exención y estoy listo para vivir y respirar el tenis durante las próximas semanas de competencia. ¡Gracias por todo tu apoyo![1]
Su intención era batir el récord de 20 coronas de Grand Slam, que comparte con Roger Federer y Rafael Nadal. El tenista no informó acerca de si había recibido o no la vacunación. Al día siguiente, al arribar a ese país, fue interrogado por migraciones y se le canceló su visado por no aportar “pruebas adecuadas” para ingresar a Australia, lo que motivó que presentara una demanda contra la cancelación de su visa y la deportación. Fue llevado a un centro de retención para inmigrantes.
Desde el primer momento el ministro de Migración de Australia, Alex Hawke, se convirtió en otro protagonista de la controversia anunciando que había decidido “cancelar el visado de Novak Djokovic por asuntos de salud y orden público, considerando que va en favor del interés público”.
Las idas y venidas de este caso han ocupado las portadas de todos los medios por lo que se pueden obviar los detalles.
El 16 de enero la Corte Federal rechazó por unanimidad el recurso presentado por Djokovic por lo que no pudo defender el título en el Abierto de Australia. Los magistrados encargados del fallo, James Allsop, Anthony Besanko y David O’Callaghan, en su fallo, detallaron[2]:
La posible influencia (de Djokovic) viene del sentido común y de la experiencia. Un icono del mundo del tenis puede influir en personas de todas las edades, jóvenes o mayores, pero quizá especialmente en los jóvenes e impresionables, que quisieran emularlo. Esto no es especulativo, no necesita evidencia.
En consideración del interés público, creemos que las personas no vacunadas suponen un mayor riesgo para el contagio de Covid-19 y su propagación a otros, más que las personas vacunadas, que puede llevar a una saturación del sistema sanitario. A pesar de que aceptamos que la reciente infección de covid de Djokovic conlleva un riesgo insignificante de infección y, por lo tanto, presenta un riesgo insignificante para quienes lo rodean, su presencia en Australia, dada su bien conocida posición sobre la vacunación, genera un riesgo de crecimiento para el movimiento antivacunas en una minoría de la población australiana.
No era irracional que el ministro se preocupara de que el supuesto apoyo de algunos grupos antivacunas a la aparente posición del Sr. Djokovic sobre la vacunación pudiera alentar concentraciones y protestas que pudieran conducir a una mayor transmisión comunitaria.[3].
La actitud de Djokovic ha dividido a la opinión pública en dos, los que lo consideran un caprichoso y los que lo consideran como un luchador por la libertad contra el poder global e, incluso, de los valores cristianos.
Hasta aquí la polémica gira en torno de las vacunas pero en la “biblioteca de Alejandría” —Internet— está todo, solo que hay que buscarlo. Detrás de este caso existe una puja de intereses.
El 9 de enero el medio serbio SRBIN.INFO se refirió a las verdaderas razones por las que a Djokovic se le impidió ingresar a Australia, que no son deportivas y mucho menos por no haber recibido las vacunas[4]. Una de las razones sería que el primer ministro australiano, Scott Morrison, ha llegado a un mínimo histórico de apoyo de los votantes y necesitaba posicionarse para lo cual Djokovic le sería muy útil.
El medio serbio tiene razón en este punto ya que el caudal político de Morrison, líder del Partido Liberal, disminuyó considerablemente debido a los incendios que provocaron la muerte de decenas de personas y que arrasaron millones de hectáreas en 2021 así como a la gestión de la pandemia del covid-19. Cabe recordar que en mayo se celebrarán elecciones federales y la opinión pública australiana no había visto con buenos ojos la exención que se le otorgó a Djokovic para competir en el Abierto de Australia pese a no estar vacunado. Y en un año electoral hay que escuchar a la opinión pública.
La apuesta de Morrison en contra del serbio le permitió ganar seguidores y pasar a ser el favorito de los australianos de cara a las elecciones. Sin embargo, según SRBIN.INFO habría otra razón.
Melbourne, donde se encuentra el aeropuerto al que había arribado Djokovic, es una de las sede de la multinacional angloaustraliana Río Tinto Plc, empresa que participa en la exploración, extracción y procesamiento de recursos minerales: explota cobre, oro, mineral de hierro, bauxita, plomo, zinc, plata, carbón, uranio, bórax, dióxido de titanio, talco, diamantes y zirconio.
La multinacional tiene presencia global y también en Argentina. En 2009 Rio Tinto había anunciado la venta de su proyecto de desarrollo de potasio en Río Colorado, Argentina, por US$ 850 millones, así como la mina de hierro de Corumba en Brasil y sus operaciones logísticas en el río en Paraguay, lo que sumaba otros US$ 750 millones destinados a pagar un pasivo de US$ 10.000 millones. En diciembre de 2021 Rio Tinto le compró un proyecto de litio en la Argentina a Rincon Mining US$ 825 millones, con lo que se adueñó de Salar del Rincón, en la provincia de Salta.
Volvamos a Serbia, donde Rio Tinto incitó a “una verdadera revolución ecológica” porque la gente estaba tratando de evitar excavaciones en el valle de Jadra[5]. Djokovic apoyó públicamente la lucha ambiental de sus compatriotas y ahora debió enfrentarse con Morrison, defensor de la minera ya que había expresado que la empresa no debería pagar impuestos. “Hace cinco años, cuando hubo una propuesta para gravar una tonelada de mineral de hierro extraído por BHP Biliton y Rio Tinto, Morrison se rebeló”, afirma SRBIN.INFO. El medio agrega que el “colaborador muy cercano de Morrison, John Kunkel, fue asesor de Rio Tinto y jefe del departamento de relaciones con el gobierno” y “desde 2018, se ha desempeñado como Jefe de Gabinete del Primer Ministro de Australia”.
La presencia de Rio Tinto en Serbia provocó protestas de los ciudadanos en las calles. La población salió a luchar “para salvar el valle de Jadra de la extracción y producción de litio, teniendo en cuenta las consecuencias que Rio Tinto tenía en el medio ambiente dondequiera que se extrajera”[6]. Las carreteras en Serbia fueron bloqueadas y luego Djokovic abogó por un aire, agua y medio ambiente saludables y limpios.
Cabe destacar que la multinacional pagaría solo 25 centavos por tonelada de mineral. La empresa se encuentra interesada en la exploración y explotación del litio también en Serbia.
De tal manera que para el medio serbio Djokovic “es solo un daño colateral y un ‘chivo expiatorio’ de la lucha política”. Según SRBIN.INFO, el mensaje inicial de Novak refiriéndose a su exención y a su viaje a Australia “se entendió como un ‘dedo en el ojo’ de los políticos”.
La venganza serbia no se hizo esperar. El 21 de enero, medios como el Daily Mail o Euronews informaron que Serbia había decidido revocar las licencias del gigante minero australiano Rio Tinto, solo unos días después de que la estrella del tenis Novak Djokovic fuera deportada.
Ana Brnabic, primera ministra de Serbia, expresó que su gobierno estuvo de acuerdo con los llamados de los grupos ecologistas para detener el proyecto de litio de Jadar, valorado en US$ 2.400 millones (3.300 millones de dólares australianos), que, de haberse completado, habría convertido a la empresa en uno de los 10 principales productores de litio, un mineral esencial para la baterías solares y eléctricas para automóviles[7]. El giro del gobierno serbio también obedeció a presiones de la opinión pública, también de cara a las elecciones de abril.
Serbia fue escenario de grandes movilizaciones en contra de Rio Tinto. Foto: Deutsche Welle.
Por su parte, Euronews informa que el proyecto de exploración de Rio Tinto se remonta a 2004 y que la primera ministra Brnabic manifestó que detrás de algunos de los “bloqueos de carreteras están políticos de la oposición 17 años después del inicio del proyecto, que fue aprobado cuando esos partidos estaban en el poder”[8]. Asimismo aseguró “que las protestas son financiadas desde el extranjero por diferentes organizaciones de Estados Unidos, Reino Unido y otros países, con el fin de debilitar el actual Gobierno y al presidente del país, el nacionalista populista Aleksandar Vucic, ante las elecciones previstas para abril próximo”.
Ya se ha visto cómo la política interna ha jugado su carta tanto en Australia como en Serbia pero, en realidad, este conflicto debe también ser puesto en contexto. Serbia es un aliado de Rusia en la región y debe recordarse que los Estados Unidos junto a la OTAN llevaron al desmembramiento de Yugoslavia, de la que Serbia es su heredera. Los avances de los Estados Unidos y de la OTAN sobre el espacio postsoviético no ha cesado desde que implosionó la Unión Soviética. Para Moscú, tanto Ucrania como Serbia se encuentran en lo que considera su esfera de influencia. El caso de Ucrania está en los titulares de todos los medios todos los días y suele mostrarse a Rusia como el país agresor pero aquí también hay que recordar los intereses del propio Joe Biden en ese país, en el que su hijo Hunter tenía sus negocios al ser contratado por la empresa Burisma Holdings Limited.
La saga de Djokovic quizás dé inicio a un nuevo conflicto en el que se enfrenten los Estados Unidos y la OTAN con Rusia. Cabe recordar que, recientemente, el 4 de enero, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, le respondió al almirante estadounidense de la OTAN Robert Burke —quien manifestó que la OTAN “apoya las reformas llevadas a cabo por Serbia para fortalecer la capacidad de defensa del país”— que la defensa de Serbia “en los últimos, probablemente, doscientos años, ella depende en gran medida de cómo Rusia reaccione en breve a las amenazas externas de este país eslavo del sur”[9].
Como puede apreciarse, por un lado, la política interna y la política exterior se relacionan y, por otro, los queda demostrado como los principales medios favorecen la desinformación al quedarse en lo superficial. El caso de Novak Djokovic tapa mucho de lo que realmente está sucediendo en la relación entre Australia —miembro de la angloesfera— y Serbia, aliada de la Federación de Rusia.
Quizás, en breve, los actores se saquen sus caretas y veamos un nuevo conflicto geopolítico en los Balcanes.
* Licenciado en Historia (UBA). Doctor en Relaciones Internacionales (AIU, Estados Unidos). Director de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG).Autor del libro “Inteligencia y Relaciones Internacionales. Un vínculo antiguo y su revalorización actual para la toma de decisiones”, Buenos Aires: Editorial Almaluz, 2019.
Bloque Stabroek ubicado frente a la fachada atlántica venezolana, en aguas que forman parte de la plataforma continental del territorio en reclamación entre Venezuela y Guyana (Foto: Oilprice). Fuente http://www.aviacion.mil.ve/?p=9368
La disputa centenaria por el inmenso territorio —que nos arrebataron con vileza— entre Venezuela y Guyana ha tenido a lo largo de su desenvolvimiento ciclos de altas y bajas.
En algunas precisas ocasiones pareciera que se extremaran las posiciones de parte y parte. Se han percibido recrudecimientos que se llega a sacar una conclusión a priori; y por el tono uno aligera y dice: “ahora si la cosa va en serio”.
Sin embargo, analistas coinciden en que la tensión provocada para reivindicar el área citada por los gobiernos venezolanos (de distintos signos y colores) se incrementa en las proximidades de procesos comiciales; y que una vez trascendido el hecho electoral baja el ardor del pleito fronterizo, significativamente. A la situación descrita en el párrafo anterior le hemos estado haciendo un severo estudio y seguimiento.
Apoyados en datos concretos llegamos a afirmar que el conflicto histórico —del cual nos ocupamos desde hace muchos años— ha sido utilizado con sesgos políticos; como una especie de estrategia para crear un falso nacionalismo, y casi nunca como lo que debe ser: una sostenida reivindicación venezolanista con suficientes elementos de probanzas.
En el señalamiento anterior, personalmente he coincidido con el experto Sadio Garavini, quien ha insistido: “el gobierno ha demostrado que todo cuanto es el caso Esequibo lo tratan como un tema electoral; así también, debo exponer que cuando se dan cuenta de que bajan en las encuestas y que sus tácticas parar crear un nacionalismo fallan, deciden no tocar, circunstancialmente, el tema del Esequibo. El Ejecutivo no se ha mostrado interesado, en los últimos 15 años, en la disputa territorial sino hasta el momento en el que se acercan algunos comicios. El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez nunca tuvo ningún interés al respecto, pese a su gran poder político y económico con el que pudo haber llegado a un acuerdo con Georgetown”.
Lo cierto es que La controversia sigue estando allí. El litigio ha escalado a la Corte Internacional de Justicia. Ente sentenciador que ha programado para los años 2022 y 2023 los eventos para que las partes conflictuadas; caso de Guyana ratifique su demanda, obviamente con inserción de su pretensión procesal; y en nuestro caso, ocasión para consignar el memorial de contestación.
Nos sigue preocupando el silencio injustificado e incomprensible que se ha ido apoderando de quienes representan al Estado venezolano en la controversia por el Esequibo.
Resulta extraño que luego de la convulsión que se levantó internacionalmente, por las audiencias orales —a las cuales no asistimos e invocamos la no comparecencia—; y por las decisiones de la Corte en febrero y marzo de este año, no ha habido, ni el país ha apreciado mayores iniciativas para insistir en las tareas de concienciación, y menos en la estructuración del equipo multidisciplinario para la recuperación del territorio, que nos han usurpado desde la firma del Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899.
Aprovechando la desatención de las autoridades venezolanas, la empresa Exxon Mobil se ha encargado de capitalizar —directa o indirectamente— todos los trabajos de exploración sísmica, explotación y comercialización petrolera en el contexto geofísico en el Bloque Stabroek, ubicado en la proyección atlántica del estado Delta Amacuro. Advertimos que es área venezolana que jamás ha estado bajo ningún pleito fronterizo; además, incurren en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero de 1966.
Agreguemos también, que a pesar de los constantes señalamientos contra Exxon Mobil, la transnacional más protuberante que se instaló ilegalmente en esos yacimientos; tampoco los gobiernos nuestros han hecho las denuncias de las empresas con concesiones espurias aprobadas por Guyana para esquilmar recursos de todo tipo, que pertenecen a la nación venezolana.
Hemos denunciado, con insistencia, que hay un enjambre de empresas operando, bajo la coordinación, como se sabe, de la Exxon-Mobil, la cual fija los procedimientos, en el área, para la Shell holandesa, a la CGX estadounidense, a la Anadarko canadiense, a la CNOON china; en fin, se conoce que sobrepasan las (52) compañías que allí se instalaron, procedentes de muchos países, que se dicen amigos de Venezuela; incluso algunas naciones que hemos estado apoyando a través de Petrocaribe.
Están aprovechando, como mejor les plazca, los recursos madereros, acuíferos, mineros, petrolíferos y energéticos en general, en nuestra Guayana Esequiba; no únicamente en el área territorial de los 159.500 km2 que nos arrebataron; sino además han permisado a grandes consorcios en la proyección atlántica nuestra.
Estimaciones recientes del Fondo Monetario Internacional revelan que Guyana tendrá, en 2021, un crecimiento de su PIB, por el orden del 86%; incluso, se especula que sobrepasará en un 14 por ciento a la misma China, en su incremento de riquezas.
Se habla que en los próximos meses comenzarán las “exportaciones petroleras de Guyana” (¿?), entre 700.000 y un millón de barriles diarios. Además, añaden que la ex colonia británica puede llegar a ser el país con el mayor caudal financiero líquido disponible y de ingreso per-cápita. Podría llegar a ser el país, en el mundo, con el mayor número de barriles de petróleo por habitante.
La señalada perplejidad (y las comillas que adrede utilizamos) para relatar las cifras anteriores vienen dadas porque la Zona Esequiba (y su proyección marítima) donde están operando las citadas empresas nunca ha sido ni británica ni guyanesa. Tenemos una reclamación centenaria que ahora se dirime en la Corte Internacional de Justicia. Poseemos suficientes elementos probatorios para exponer y alegar que la Guayana Esequiba es nuestra jurídica, cartográfica e históricamente.
Ha habido una ocupación abusiva de las transnacionales, a partir de concesiones fraudulentas e ilegales que recibieron de los gobiernos guyaneses. Entregas impregnadas de añagaza económica.
* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV).
