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GUAYANA ESEQUIBA: VERGONZOSA EXPLOTACIÓN SOBRE UNOS RECURSOS PETROLEROS CUESTIONADOS

Abraham Gómez R.*

El petróleo, como importante factor productivo en Venezuela, irrumpe a partir de 1875.

Lo que quiere decir que poseemos abolengo, probado densamente, en estas tareas.

En breve síntesis, relatamos que un hecho fortuito devela para la posteridad nuestro posible destino, luego de un terrible terremoto comienza a manar el magma fósil en grandes cantidades por una de las grietas producidas por el movimiento telúrico, en la hacienda «La Alquitrana» del Estado Táchira. Inmediatamente, se instalaron allí extraños equipos de perforación.

Todo un espectáculo para los pobladores de la región, quienes se acercaban para ver lo que estaba sucediendo. Nada más que una prodigalidad de la naturaleza para esta tierra venezolana; que abundaremos con otros detalles epocales, más delante de este escrito.

Hoy, a estas alturas del siglo XXI, requerimos mayores estudios y disciplina para llegar a dominar (con rigor administrativo) ese accidente geológico.

En otro orden, en varios escenarios académicos, se nos solicita ―insistentemente― una opinión objetiva, en cuanto a cómo es eso que Guyana nos puede llegar a superar en tanto y en cuanto explorador, explotador y comercializador de petróleo.

Hay una inquietud generalizada que apunta a querer conocer cómo es que Guyana pueda tener un crecimiento vertiginoso de su Producto Interno Bruto (PIB), en los próximos meses, sobre la base de esquilmar los recursos que se encuentran en la zona controvertida, que ahora se dirime por ante la Corte Internacional de justicia. Un descaro mayúsculo el que están cometiendo.

Hemos respondido, con suficiente asertividad y contundencia, en los siguientes términos: Guyana se ha burlado de Venezuela, de muchas maneras.

La excolonia británica ha irrespetado el contenido esencial del Acuerdo de Ginebra de 1966 que de ninguna manera confiere soberanía a alguna de las partes en el conflicto, en la señalada zona del pleito. En dicho texto, además, se restringe a los concernidos en el litigio a explotar ―unilateralmente― los recursos en esa área hasta que haya un “arreglo amistoso, práctico y satisfactorio” o una decisión sentencial firme por la Sala Juzgadora de la ONU.

No nos cansaremos de denunciar ―siempre con mayor fortaleza― que hay un enjambre de empresas operando, ilegal e ilegítimamente, bajo la coordinación de la Exxon-Mobil, la cual fija los procedimientos en el área para la Shell holandesa, diseña los planes para la CGX estadounidense, impone los criterios operativos a la Hess Corporation y a la israelí Ratio Guyana Limited, al tiempo que  establece las cuotas de explotación a la Anadarko canadiense, a la CNOON china, en fin, se conoce que sobrepasan de (52) compañías que allí se instalaron, procedentes de muchos países que se dicen amigos de Venezuela; incluso algunas naciones que hemos estado apoyando a través de Petrocaribe.

Esos incalculables recursos nunca han sido ni británicos ni guyaneses.

Tenemos una reclamación centenaria que ahora se dirime en la Corte Internacional de Justicia. Poseemos suficientes elementos de convicción, de pleno derecho; documentos probatorios para exponer y alegar que la Guayana Esequiba es nuestra jurídica, cartográfica e históricamente.

Desde hace algunos años ha habido una ocupación abusiva de las transnacionales a partir de concesiones fraudulentas que recibieron (y siguen en tales afanes) de los gobiernos guyaneses.

No son más que entregas impregnadas de añagaza económica. Por supuesto que esas adjudicaciones serán reversibles, una vez que el señalado Ente Administrador de justicia resuelva a nuestro favor.

Guyana no es un país petrolero. Esos recursos no le pertenecen.

Están aprovechando, como mejor les plazca, los recursos madereros, acuíferos, mineros, petrolíferos y energéticos en general, en nuestra Guayana Esequiba; no únicamente en el área territorial de los 159.500 km2 que nos arrebataron sino además han otorgado permiso a grandes consorcios en nuestra proyección atlántica, en los que ellos han denominado los Bloques Pomeroon, Roraima, Stabroek y Kaieteur, ubicados, precisamente, en la zona marítima no delimitada o frente al estado Delta Amacuro.

Dejamos sentado ante el mundo que la condición de Venezuela de país petrolero no es un artificio de ayer para hoy, una sospechosa invención para coquetear con las transnacionales o una caricatura económica para justificarnos por el asunto litigioso ante la Corte.

Para una mejor precisión socio-histórica diremos que, en la madrugada del 14 de diciembre de 1922, los lugareños del pueblito La Rosa, cerca de la empobrecida Cabimas, estado Zulia, quedaron perplejos y sobresaltados, por cuanto no comprendían lo que estaba sucediendo.

Quienes hicieron las crónicas de tales acaecimientos relatan que los trabajadores de la Shell demoraron varios días en controlar con una válvula la potencia del incontenible líquido que cada vez brotaba con más fuerza.

Dicen que los dueños de la hacienda Los Barrosos estaban asombrados y recelosos; porque ese pozo estuvo arrojando unos 100 mil barriles diarios de crudo día y noche, que se terminaron desperdiciando pero que sirvió para develar el tamaño del yacimiento y su importancia.

Acontecimientos similares ―en mayor o menor proporción―, y con otras circunstancias se suscitaron en varias regiones de Venezuela; con lo cual podemos enfatizar que a lo largo del siglo XX se fueron emprendiendo nuevos y precisos descubrimientos; exploraciones tecnificadas y sostenidas explotaciones que le confirieron a nuestra nación la merecida categoría de país petrolero y la ocasión de hacerse cofundadora de la OPEP.

De modo que no somos una caricatura de país petrolero o una estrategia sobrevenida para quedar bien con las transnacionales.

Coincidimos plenamente con la Asamblea Nacional, no únicamente con todo lo relacionado con el referendo consultivo, cuya realización será el 3 de diciembre, sino también con el pronunciamiento emitido por las descaradas declaraciones del arrogante presidente de la transnacional Exxon Mobil; y la adjudicación directa del citado funcionario de contratos multimillonarios, sin cumplir las regulaciones y aprobaciones del gobierno guyanés para proyectos pertinentes.

Ese señor actúa por encima de toda norma, inclusive, dentro de nuestra histórica propiedad.

El Parlamento venezolano lamenta que el Gobierno de Guyana se comporte como una franquicia de la transnacional norteamericana petrolera Exxon Mobil cuyos intereses son esencialmente la apropiación del petróleo existente en este territorio.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV).

GUAYANA ESEQUIBA: JUICIO CON INSIDIOSA DISYUNTIVA TEMPORAL

Abraham Gómez R.*

Con racional optimismo, me permito celebrar el inmenso entusiasmo avivado en   la población venezolana; la cual se ha mostrado (en todas partes) de acuerdo con las gestiones desarrolladas para reclamar y defender jurídicamente ―por ante la Sala Juzgadora de la ONU― la extensión territorial que nos desgajaron por el costado este de nuestra geografía.

Hay una agradable irrupción de entusiasmo en los distintos sectores de nuestra sociedad; auguramos para que así nos mantengamos hasta lograr nuestro justo objetivo de restitución.

Nos complace, además, significar que percibimos ―directamente― en nuestros encuentros presenciales en las universidades, plena solidaridad con las decisiones que viene tomando el Ejecutivo Nacional, con las cuales queda   involucrado todo el país; porque se ha asumido como Política de Estado, sin distinciones de ninguna naturaleza.

Entendemos que los pleitos internos y ajustes de cuentas ―por otros motivos y circunstancias― corresponden a conceptos diferentes a esta importante y trascendental determinación patriótica.

El presente asunto litigioso —el más importante de las relaciones exteriores de Venezuela― debe concitar una absoluta unidad nacional; sin imprudentes exclusiones, sin dejar a nadie a un costado porque tenga una ideología divergente, o piense y milite en organización política contraria al gobierno. Es una Asunto de Estado, que trasciende los particularismos de cualquier signo.

Apreciamos en todas las regiones una compacta concitación por lo que se viene haciendo; por encima, de ciertos resentidos ―sin causas justificables— que hacen alardes de conocimientos de este asunto controvertido y del Derecho Internacional Público; como también, de algunas opiniones (muy pocas, por cierto) que reman en sentido opuesto a los verdaderos intereses de la patria.

Nuestro país vive ―por este asunto controversial― un inusitado comportamiento histórico. Indudablemente.

Valoramos a toda nuestra Venezuela cerrando filas: académicos, historiadores, comunicadores, catedráticos, investigadores sociales, dirigentes políticos, artistas, cultores populares, educadores, sacerdotes, pastores, intelectuales, directivos de páginas en internet exclusivamente diseñadas para este tema y estudiosos del asunto litigioso que nos ocupa. Toda la nación firme y decidida.

Escuchamos y acopiamos en nuestros repertorios académicos expresiones y conjeturas bastantes acertadas y suficientemente provechosas que nutren y ensanchan las opciones y alternativas posibles para cualquiera determinación, para cuando haya que asumir (en la fase probatoria) la absoluta defensa del Estado venezolano.

Sin embargo, los especialistas y demás expertos siguen sosteniendo una inquietud sobre los posibles elementos jurídicos que examinará la Corte para soportar su iter sentencial en la presente controversia.

Los estudiosos de la controversia asumen ―justificadamente― cierta duda; por cuanto, nos encontramos con un caso típico de “catacronismo”. Étimo raro que despierta la curiosidad.

No obstante, este vocablo que, aunque ha venido ocupando bastantes espacios en los análisis multidisciplinarios y con tímida frecuencia de uso, aún la Real Academia de la Lengua no lo ha incorporado formalmente en su registro lexicográfico.

Por lo pronto, una breve aproximación al significado y alcance de “catacronismo”, como neologismo corriente en variados ámbitos. Por supuesto que el campo jurídico (particularmente el Derecho Internacional) no será la excepción para su empleo.

“Catacronismo” vendría a ser una decisión para una situación confrontada en la actualidad, pero utilizando reglas o normas establecidas en el pasado.

También se puede interpretar “catacronismo” como un acto de juzgamiento en la actualidad, donde se aplican reglas jurisdiccionales del presente, pero para hechos producidos o realizados en el pasado.

Primer caso: sentenciar un hecho ocurrido en el presente, pero aplicando normas del pasado. 

Segundo caso: sentenciar un hecho ocurrido en el pasado, pero aplicando normas del presente.

Veamos más claramente todavía la aparente situación de “inocuidad” de catacronismo.

En el asunto litigioso por la Guayana Esequiba vale la pena que nos detengamos a escrutar tan notable (e interesante) caso de “catacronismo” ―de disyunción temporal― en que nos encontramos; a partir del cual se puede colegir una amplia gama de preguntas.

¿Cuál será la base estructurante de la relación temporal; además, ¿las circunstancias discernibles y la fundamentación de normas y principios que establecerá la Corte Internacional de Justicia para decidir con congruencia sentencial el litigio que nos ocupa?

¿Resolverá la Sala en la actualidad ―con la vigencia y la eficacia de una norma pactada en el presente, denominado y aceptado Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966― el vil despojo que se nos perpetró hace más de un siglo?

¿Se atreverá la Corte, a causa del asunto contencioso en el presente, a reeditar (o reinstaurar) otro ominoso Tratado de Washington, como el tramposo que padecimos en 1897, que tan dañoso resultó a los sagrados intereses soberanos de Venezuela?

¿Ratificará el Ente Jurisdicente la nulidad del laudo, acaecimiento cometido hace (124) años (hecho pasado), conforme a su Estatuto y Reglamento, ambos instrumentos con pleno vigor jurídico (normas presentes)?

Por ejemplo, ateniéndose a lo contemplado en el artículo (38) de su Estatuto:

“l. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacional como. Prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59. 2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequoet bono, si las partes así lo convinieren”.

Revisemos, con idéntico propósito, el artículo (45) del Reglamento del Alto Tribunal de La Haya, válidamente aplicable, en el presente:

“1. En un procedimiento incoado mediante una solicitud, los alegatos escritos consistirán, por su orden. en una memoria del demandante y en una contramemoria del demandado. 2. La Corte podrá autorizar o disponer la presentación de una réplica por el demandante y de una dúplica por el demandado si las partes están de acuerdo a este respecto o si la Corte decide, de oficio o a instancia de parte, que estos alegatos escritos son necesarios”.

Hoy Venezuela pide ante la Corte ―de una vez por todas― que con su vigente instrumental jurisdiccional certifique la condición de nulidad absoluta del laudo, y relacionadamente todos los procedimientos y la abominación judicial cometida el 3 de octubre de 1899, por la malsana e indebida aplicación de las añagazas utilizadas entonces.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Asesor de la ONG Mi Mapa. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela. Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial.

 

GUAYANA ESEQUIBA: LA CORTE NO QUEBRANTARÁ SU PROPIO ESTATUTO

Abraham Gómez R.*

En el transcurso de los próximos meses nuestro país se mantendrá expectante por todo cuanto vaya ocurriendo con el presente asunto litigioso y la decisión que podría tomar la Sala Juzgadora de la ONU en relación a la centenaria controversia; fundamentalmente, una vez que consignemos el memorial de contestación de la demanda, para cumplir la primera fase postulatoria, y pasemos a probar, en una segunda etapa, el vil despojo que se nos hizo, con el nulo de nulidad absoluta Laudo de París de 1899.

Ya se ha hecho bastante conocido que Guyana no maneja remilgos en este asunto. No mide con ponderación sus pasos. Está dispuesta a todo o nada. Hay un altísimo grado de intranquilidad de la delegación guyanesa porque saben (o sospechan) que la resolución que dimane, en estricto derecho, del Ente Jurisdicente no los favorecería.

La excolonia británica, hasta ahora, no ha justificado lo que pide en su pretensión procesal. No tiene cómo ni con qué.

En su condición de causahabiente de los ingleses, en este pleito, se ha dedicado a buscar alianzas con empresas transnacionales a cambio de concesiones (calificadas por nosotros de ilegítimas e ilegales) en los bloques petroleros de las áreas aún no delimitadas en la proyección atlántica de la Zona en Reclamación. Así, además, han procurado ―con desesperación— comunicados y pronunciamientos de sujetos internacionales; caso de la CARICOM, la COMMONWEALTH. Agreguemos la infeliz e imprudente declaración del Secretario General de la OEA, las indescifrables maniobras diplomáticas de funcionarios del Departamento de Estado y del Comando Sur de los EE.UU. Y qué decir del juego solapado de países a los cuales teníamos como solidarios a lo largo de nuestro proceso de reivindicación y resulta que nos han dado la espalda. Hay un dineral de por medio, sin dudas.

Llevamos un registro de un enjambre de (59) compañías transnacionales que están esquilmando nuestros recursos en tierra firme, en el Mar Territorial y en la Zona Económica Exclusiva que genera.

La Exxon se puso al frente, y comanda las gestiones de coacción al presidente Irfaan Ali y a su equipo de gobierno; así como antes lo hicieron con Granger.

Afloran a cada rato demasiados intereses atravesados y según han declarado, en público y en privado, algunos voceros del gigante petrolero norteamericano que ellos no están dispuestos a seguir perdiendo el tiempo; mucho menos permitir que continúe la indefinición jurídica en los bloques y yacimientos donde están operando. Guyana se transformó en un país tutelado por transnacionales.

Los diplomáticos que representan a Guyana en el juicio ―con sus prebendas dinerarias garantizadas por las empresas― tienen varios meses instalados en la sede del Alto Tribunal de La Haya.

Sin embargo, hasta la presente fecha todavía los coagentes de la excolonia británica no han respondido la pregunta que el juez francés Ronny Abraham les formuló el 30 de junio del 2020, con motivo de la concurrencia ―unilateral de Guyana― a la audiencia oral, donde ratificaron la ingrata e inmerecida demanda que interpusieron contra Venezuela. Una sola pregunta y les desmontó todo el “andamiaje urdido”.

Recordemos que entonces el citado magistrado los precisó (y sorprendió) con la siguiente interrogante:

“¿Agotaron, ustedes, las alternativas de solución previas, es decir: la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje; que también las contempla el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas; antes de haber venido a esta Corte, e interponer un recurso, ¿procurando un arreglo judicial?”

Cundió un silencio sepulcral, a partir de tal expresión directa del juez.

Intervino, de inmediato, el presidente del jurado, para concederle al equipo de Guyana un plazo perentorio, con la finalidad de que consignaran la respuesta solicitada. Y hasta el día de hoy no han entregado la prometida argumentación que justifique, porqué han violentado algunos lapsos. ¿Acaso no incurrieron en un indisimulado fraude procesal?

Es tanta la torpeza del equipo de litigantes guyaneses que lo único que les interesa e importa es que esa instancia jurisdiccional internacional confirme “la validez legal y efecto vinculante del Laudo Arbitral de París de 1899 y le confiera la autoridad de cosa juzgada”.

A tal documento desde su origen, en Venezuela le hemos dado el calificativo de adefesio jurídico, con sus consabidas características intrínsecas de inválido e ineficaz jurídicamente.

El mencionado “laudo” quedó rechazado y forcluído cuando las partes concernidas suscribieron el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966, en cuyo texto quedó explícito y aceptado la condición de nulo de nulidad absoluta el resultado arbitral, producto de una tratativa perversa coludida contra nuestro país.

Seguiremos haciendo bueno, valedero y propio ante la Corte el Acuerdo de Ginebra, como el único documento a través del cual, procesalmente, se llevará este caso litigioso a partir de abril del próximo año.

Celebramos el inmenso auge que ha cobrado la unívoca solidaridad, en toda Venezuela, para pedir la restitución de lo que nos desgajaron con vileza.

Leemos en las distintas plataformas las manifestaciones de reivindicación por nuestra Guayana Esequiba; que se suman al trabajo de elogiables organismos que permanentemente sensibilizan conciencias en este asunto controvertido.

Nuestro país ha podido analizar y asimilar con justeza toda nuestra probanza histórica, jurídica y cartográfica.

Nos consta, porque ha sido parte de nuestra modesta tarea, que en los distintos sectores ha habido la posibilidad de ponderar las legítimas razones que nos asisten en el presente pleito, y los justos títulos traslaticios que nos respaldan; mismos que consignaremos, por ante la Sala Sentenciadora, en la fase de prueba; con la seguridad de que nuestra petición de justicia será suficientemente escuchada

Con idéntico propósito, igualmente, me permito rescatar un interesante párrafo del escrito presentado por el magistrado eslovaco ―juez en la Corte Internacional de Justicia― Peter Tomka, exactamente el mismo día (30-06-2020) cuando ese Alto Tribunal se atribuía competencia para conocer forma y fondo en el centenario litigio:

Es importante que las Partes entiendan que, en caso de que la Corte declare nulo el Laudo Arbitral de 1899, como argumenta Venezuela, la Corte necesitará nuevas comunicaciones, en forma de pruebas y argumentos, sobre el curso de la frontera terrestre, a fin de que resuelva plenamente la «controversia». Sin estas comunicaciones, la Corte Internacional de Justicia no estará en condiciones de determinar el curso de la frontera disputada entre los dos países”.

Visto así, entonces, nuestro irrebatible portafolio da cuenta de la propiedad absoluta de Venezuela en lo que hasta ahora se ha conocido como la Zona en Reclamación.

La mayoría de los jueces de la Corte conocen, además, que nos encontramos apertrechados y munidos con los Justos Títulos (iuris et de iure), de pleno derecho, que avalan la propiedad incuestionable de nuestra nación sobre la Guayana Esequiba.

Ha habido innumerables jurisprudencias ―a partir de anteriores resoluciones sentenciales de la Corte Internacional de Justicia― que refuerzan el reclamo venezolano para mantener con firmeza los límites que heredamos, sustentados en la Real Cédula de Carlos III, del 8 de septiembre de 1777 y el Tratado de Paz y Amistad entre España y Venezuela, del 30 de marzo de 1845.

La Sala debe proceder a examinar los justos títulos que aporten los concernidos.

No creo que la Corte se lleve por delante su propio Estatuto para complacer a la contraparte; que está desesperada por quedar bien con la Exxon-Mobil, la CNPC (de China), la Shell, la CGX, la Anadarko, la israelí Ratio Guyana Limited, la Hess Corporation y el resto de los consorcios internacionales que auspician y financian la vil interposición de acciones contra nuestro país.

No creo que la Corte se atreva a lo impensable; ya que está al tanto de que Venezuela conoce y respeta el Derecho Internacional.

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Asesor de la ONG Mi Mapa. Asesor de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV). Asesor de la Comisión por el Esequibo y la Soberanía Territorial.