Archivo de la etiqueta: INIDEP

CONFLICTO DE INTERESES, SOBREPRECIOS Y CORRUPCIÓN EN LA PESCA (Nota 3/4)

César Augusto Lerena*

De la información relevada se podría presumir ―sujeto a la investigación judicial― que las licitaciones de los buques de investigación “Víctor Angelescu” y “Mar Argentino” habrían estado dirigidas para que el proveedor Armón Vigo de España fuese el adjudicado, con un evidente perjuicio al erario nacional, la industria naval argentina, el desarrollo tecnológico y la generación de empleo.

Si bien en el ambiente portuario se conocía que el INIDEP licitaría la construcción de dos buques de Investigación Pesquera, ningún Astillero nacional habría sido notificado formalmente. La Federación de la Industria Naval Argentina (FINA); la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) y los Astilleros argentinos nunca fueron informados ni invitados a cotizar. No se otorgó a ningún Astillero nacional el acceso a los pliegos en tiempo y forma (Decreto 1023/2001) para poder presentarse a la apertura de los sobres el 02/09/2015.

El director del INIDEP Otto Christian Whöler, ante la presentación de una sola oferta, debió anular la licitación; pero «confió que la invitación a participar de la licitación se hizo a unos 20 astilleros de todas partes del mundo y una Cámara de Astilleros de España» (sic). El aparente justificativo para no convocar a los astilleros nacionales sería que no tenían antecedentes suficientes para la construcción de barcos de similares características. Cuestión absolutamente objetable y en todo caso, evaluable a través de expertos -ya que Whöler no lo es- con posterioridad a la presentación de las ofertas. Como he dicho en la Nota anterior; incluso, los Astilleros nacionales podrían hacerse presentado con otros astilleros nacionales o del extranjero a la competencia; por lo cual, la decisión de no invitarlos a la licitación fue irregular.

Por otra parte, el director del INIDEP Whöler reunido con la Asociación Argentina de Ingeniería Naval (AAIN) habría reconocido que «el Instituto contrató a un experto español para la confección de los pliegos y que éste habría determinado la exclusión de los astilleros locales por una supuesta falta de experiencia para hacer cumplir las normas de insonorización». El experto convocado -como veremos- tenía una estrecha relación con el Astillero Armón. Ello habría sido denunciado a la Subsecretaría de Industria de la Nación.

La adjudicación finalmente fue en favor del Astillero Armón de Vigo. No fue necesario “carterizar” la oferta ya que se trató de un único ofertante que cotizó ―a prima facie― la sobrevaluada suma de 27,72 millones de dólares. Cotización que estaría fuera de mercado para un barco de investigación de 52 metros, teniendo en cuenta, que el buque de Formación Náutica Pesquera “Intermares” de 79 metros de eslora, construido también en Armón costó de 22,3 millones de euros y los buques “Ramón Margalef” y “Angeles Alvariño” también construidos en Armón ―tomados como base por el INIDEP para la licitación― tuvieron un costo inferior a los 20 millones de euros; lo que haría pensar que en la cotización del “Víctor Angelescu” de 27,72 millones de U$S habría un sobre-precio de unos 5/7 millones de U$S.

Pese a las denuncias, el 24/11/2015 se adjudicó a Armón la construcción; pese a las exigencias del “Compre argentino”; demás legislación y las ventajas de Armon de no tenerse que inscribirse en el Registro de Proveedores del Estado Argentino (SIPRO/COMPR.AR), lo que genera desventajas competitivas para las empresas radicadas en Argentina, por razones burocráticas; costos adicionales; mayores riesgos formales y, consecuente menor agilidad para participar y, “la preferencia nacional” no alcanza a compensar la diferencia burocrática y, la competencia desleal y la asimetría con subsidios etc. de las propuestas extranjeras, lo que se traduce en una menor tasa de adjudicación a empresas nacionales en los grandes proyectos internacionales.

La apertura de los sobres para licitación del segundo barco “Mar Argentino” se haría 30/10/2025. Aquí los astilleros argentinos fueron convocados el 17/09/2015, fecha insuficiente para la presentación de una frondosa documentación requerida. Se cumplía escasamente con el Decreto 1023/2001 ya que se otorgaba solo 43 días corridos; aunque, el Banco Mundial establece un mínimo de 45 días; en la Unión Europea se fijan como mínimo 52 días y, los Bancos de Desarrollo, dan plazos de entre 45 y 90 días para ampliar la competencia.

Además, los astilleros argentinos estaban obligados a cotizar en pesos ―al menos un 30% del valor del buque― lo cual constituía una desventaja muy importante relación a los extranjeros, en especial con un dólar en suba. Aun así, una oferta habría resultado menor a la de Armón y, con la gravedad, que posteriormente se habría autorizado un aumento de casi un 20% del costo, lo que evidencia una oferta inicial falsa a la hora de la licitación 2/15 del buque costero “Mar Argentino”. Todas estas cuestiones merecerían una pericia judicial.

Por otra parte, se habría negado a los ofertantes argentinos (08/03/2016) conocer las ofertas bajo pretexto que el BID no autoriza hacerlo (¿?). Negativa que no transparenta el proceso de adjudicación e impide impugnar las ofertas y verificar el cumplimiento del pliego. El 30/06/2016 el director del INIDEP Otto Christian Whöler notificó que se adjudicó la construcción al Astillero Armón y el 02/08/2016, el mismo funcionario indicó que la normativa no preveía la vista del expediente (¿?), lo que nuevamente muestra un trámite no transparente.

Este ocultamiento deja de manifiesto que las Autoridades del INIDEP no tenían en sus planes adjudicar la construcción a un Astillero nacional y, en lo relativo a la licitación fallida del buque de investigación Ice-Class, llama la atención que el 06/09/2023 el medio “Faro de Vigo” ya anunciaba que sería adjudicado al Astillero Armón y, el anteproyecto habría sido elaborado en base al buque “Odeón de Buen” que coincidentemente se construía en este Astillero para el Instituto de Oceanografía español.

El Ing. Naval Raúl Podetti (Ser Industria, 2023), califica las licitaciones de «groseros fraudes» diseñados para beneficiar a Armón. Acusa al director del INIDEP Wöhler de encargar el diseño a un ingeniero naval español -consultor habitual del astillero ganador- excluyendo a los expertos argentinos. Indica que se usó un sistema de calificación de ofertas perjudicando las propuestas nacionales. Extendió esta denuncia a la 3ra. licitación proyectada en 2023. Podetti estimó que las dos primeras licitaciones generaron sobrecostos significativos: «En el caso del buque “Victor Angelescu” de 8/10 M de U$S; en el Mar Argentino de 2/3 M de U$S y en el tercer buque no construido hubiese sido de unos 45 M de U$S. Es decir, un total de entre 55 y 58 millones de U$S de sobreprecios (…) Los pliegos fueron armados para Armón agregando requisitos innecesarios (por ej. Ice-Class) (…) las acusaciones se centran en fraude licitatorio, corrupción y favoritismo a la industria extranjera (…) el INIDEP actuó como agente de Armón (…) hubo ocultamiento de la información (…) pérdida de soberanía naval (…) y desconocimiento de la legislación argentina».

Según este Ingeniero Naval, los hechos denunciados se separan en dos períodos:

  1. a) Entre 2015-2019 el INIDEP realizó dos licitaciones con financiamiento BID para adquirir los buques de investigación pesquera. Las licitaciones/contrataciones dan lugar a fundadas sospechas de fraude, colusión y corrupción que involucra a empresas e instituciones mencionadas y eventualmente, a funcionarios del Todo indica que entre funcionarios del INIDEP; asesores contratados «ad hoc»; un astillero español; una consultora española y posiblemente funcionarios del BID, se habría formado una asociación para delinquir favoreciendo indebidamente a una empresa privada española y causando grave perjuicio a la Argentina-BID.

Estas sospechas se enumeran por Podetti y «considera responsable al director del INIDEP Otto Christian Wöhler. Para el diseño de los barcos y de la licitación, el INIDEP no contrató a un equipo de ingenieros navales argentinos, sino que el INIDEP armó un equipo técnico incapaz de realizar las tareas, incluyendo biólogos, técnicos de sonido y bachilleres que contaron con el asesoramiento del profesional naval español. Para ello el INIDEP eligió ―entre miles de ingenieros navales del mundo― a Juan Luis Sánchez Pastrana relacionado y vecino del Astillero Armón».

«La razón de la elección de Sánchez Pastrana por parte del INIDEP y el BID se consideró que había asesorado a un proyecto naval en México que “casualmente” concluyó con la contratación del Astillero Armón de España. Años atrás, Sánchez Pastrana había fundado la consultora “Astur Marine” en cuya página web figuran como propios los diseños de los buques de investigación del INIDEP construidos en Armón (NdA: demostrando la parcialidad de este asesor del INIDEP). Esta consultora del experto elegido por el INIDEP está “casualmente” ubicada a sólo siete minutos del astillero Armón y, gran parte de su trabajo de asesoramiento lo ha realizado para este astillero. El INIDEP se basó en un informe de Sánchez Pastrana para elegir un diseño «a medida de Armón» y, el Astillero le otorgó a la Consultora “Astur Marine” un contrato millonario de DT de la obra del barco para el INIDEP. Además de ello, el INIDEP usó un informe de Sánchez Pastrana para descalificar y sacar de la licitación a la industria naval argentina por considerarla incapaz de hacer ese barco a pesar de que ha construido cientos de buques más complejos. Varios años atrás, un astillero argentino ya había construido un buque de investigación pesquera que hasta hace poco era el más moderno de la región. Esta obra se hizo con financiamiento BID tras una transparente licitación internacional y la participación de varios oferentes del mundo».

«De los cientos de astilleros extranjeros capaces -98 habituales constructores de estos buques- de construir los barcos para el INIDEP, solo se presentó el astillero español Armón (¿?). Es que sólo éste era capaz de cumplir las exageradas exigencias técnicas y exigidos en cortísimos plazos, ya que en realidad era un pliego hecho “a medida». Para asegurar que no compitieran los astilleros argentinos, el INIDEP incluyó exigencias técnicas y administrativas orientadas a descalificarlos y para que resultasen más caras que la de Armón se diseñó un tratamiento impositivo y un tipo de cambio desventajoso para los argentinos. Exactamente al revés que lo que debería hacer un gobierno que promueva la industria nacional».

Para la inspección de la obra en España -continua Podetti- «de entre cientos de ingenieros navales argentinos, el INIDEP eligió al Ing. Luis Javier Picco, que es un comisionista comercial del astillero español Armón al que supuestamente debía controlar. Como representante técnico e inspector del INIDEP Picco autorizó una sospechosa ampliación de contrato (aprox. 25%) a favor del Astilleros Armón. Este Asesor, además de gestor comercial de Armón en la región actuaba comercialmente en el ámbito privado con empresas pesqueras. Raramente, los directivos del INIDEP mantuvieron una sospechosa preferencia por Armón desoyendo los escándalos de corrupción de Armón en Panamá (156 MMusd y 10% de sobornos) en situaciones similares a la generada en las licitaciones de Argentina».

  1. b) Entre hechos posteriores al 2021 el Ing. Podetti manifiesta que, «en el año 2022, y en medio de la crisis y las denuncias, el entonces director del INIDEP el Lic. Oscar Horacio Padín tuvo tres actitudes:

La primera, en junio de 2022 el INIDEP gastó un gran presupuesto para llevar “a mostrar” en Montevideo el barco construido en España por Armón. Esta inaudita gestión comercial del INIDEP en favor del astillero español ocurrió en un momento muy oportuno. Casualmente Uruguay estaba considerando reemplazar su buque de investigación pesquera “Aldebarán” y el Astillero Armón negociaba su construcción. Por una rara paradoja, el buque Aldebarán a reemplazar fue construido varios años atrás en la Argentina, en una verdadera y transparente licitación internacional financiada por el BID; pero, a pesar de ello, nadie de la industria naval argentina fue invitado por el INIDEP en ese viaje promocional que hizo la Argentina para favorecer a la industria española y perjudicar a todos los argentinos que costeamos el viaje. Llevar a un país extranjero a mostrar un barco a un potencial comprador es la acción comercial naval más osada y onerosa; pero ocurrió con la voluntad del INIDEP respecto al Astillero Armón.

La segunda, hace pocos meses el Astillero Armón había iniciado la construcción de un nuevo diseño de buque de investigación pesquera apto para uso en regiones polares. “Casualmente” el INIDEP indicó que necesitaba un tercer barco de las características técnicas “coincidentes” con las del nuevo diseño del Astillero Armón y el presupuesto cercano a los 100 M de U$S, es decir el doble que los barcos anteriores.

La tercera, en septiembre 2022 el INIDEP inició gestiones ante la Subsecretaría de Industria de la Nación solicitando importar este tercer barco evitando así cumplir con la exigencia de construcción local impuesta en la legislación argentina, con el argumento que el financiamiento del BID le permitiría importar sin restricciones». ¿Y los funcionarios responsables?

El Ing. Podetti no se limitó a ser un opinante calificado, sino que efectuó las correspondientes denuncias en la Oficina de Integridad Institucional (OII) del BID en cabeza del citado Otto Christian Whöler.  

Por su parte, Domingo Contessi, responsable del Astillero Federico Contessi, «cuestionó las adjudicaciones a Armón de los buques de investigación, centrándose sus críticas en la falta de transparencia en los procesos licitatorios; las especificaciones que favorecían a los astilleros extranjeros (como las similitudes con diseños de Armón para España) y el impacto negativo en la industria naval argentina. Sus declaraciones forman parte de las de la Federación de la Industria Naval Argentina, por priorizar los intereses extranjeros. Refirió en el caso del “Mar Argentino” «a un proceso oscuro, por las condiciones desfavorables para la industria local y criticó las especificaciones técnicas del buque, similares a otro ya provisto por Armón en España. Consideró que la importación -aportando el Estado Nacional- violó el artículo 15° de la Ley 27.418, al no dar prioridad a la construcción nacional y teniendo capacidad técnica suficiente los Astilleros del país. Efectuó muchas más observaciones a las autoridades salientes y entrantes».

El Ing. Naval Horacio Tettamanti del Astillero SPI y ex Subsecretario de Puertos, por su parte, criticó la construcción en España. En Radio Brisas (16/07/20); Carta Abierta y otros foros, manifestó, que «Fue un error estratégico, ya que la industria local tiene la capacidad técnica y laboral para ejecutarla; fomentando empleo y soberanía tecnológica. La licitación de ese buque excluyó deliberadamente a los astilleros argentinos; por ej. requisitos Ice-Class innecesarios para el Atlántico Sur. Alegó un sesgo en favor de proveedores europeos y enfatizó que el costo podría haberse reducido en un 20/30% en Argentina con transferencia tecnológica gratuita vía BID y la mano de obra aplicada. Se ignoró la preferencia nacional; siendo una dependencia crónica ya que ningún país entrega sus recursos. La Industria Naval Argentina genera unos 5.000 empleos directos y en estas importaciones se perdieron unos 300 empleos. Refleja una visión absolutamente financiera que ignoró el valor agregado de la construcción local. La Argentina está en condiciones de construir cualquier tipo de buque, incluyendo oceanográficos complejos. Debió construirse en Mar del Plata. Hacerlo en España generó una pérdida neta de 70-90 millones de dólares en 5 años para la economía argentina, principalmente por fuga de capitales, empleo perdido y, proveedores (acero de Techint, electrónica local, etc.)». Según la Cámara Naval Argentina y Tettamanti, cada dólar invertido en astilleros locales multiplica por tres/cuatro en la economía vs. por uno en las importaciones.

Otros ingenieros navales (en carta de 2015) cuestionaron la exclusión de astilleros locales.

El SiMaPe; SOMU y ATE de los Astilleros Río Santiago alegaron “pliegos a medida” en favor de Armón.

La Asociación Argentina de Ingeniería Naval (2015) realizó una denuncia similar a la de los ingenieros Podetti y Tettamanti, resaltando la falta de transparencia en el proceso.

Medios especializados como Pescare y Revista Puerto reportaron el error en el diseño; por ejemplo, la ausencia de tangones para pescar langostino, a pesar de ser la principal especie exportadora argentina; lo que implica un sobrecosto operativo. Por su parte Punto Noticias vinculó “la corrupción a la preferencia en las importaciones, con la consecuente pérdida de mano de obra local y sobrecostos millonarios”.

Licitar la construcción de un buque no solo debe generar un bien sino el desarrollo Nacional y el bienestar de su gente. En la próxima Nota (4/4) se muestra la ineficiencia de los buques del INIDEP.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. cesarlerena.com.ar

CONFLICTO DE INTERESES, SOBREPRECIOS Y CORRUPCIÓN EN LA PESCA (NOTA 2/4)

César Augusto Lerena*

Publicado en FIS & SeafoodMediaGroup, 16 de enero de 2026.

 

En la nota anterior nos centramos sobre los eventuales conflictos de intereses y/o incompatibilidades que podrían resultar de las actuaciones del ex director del INIDEP y hoy director de Investigación de ese Instituto Otto Christian Wöhler. Avanzaremos en este escrito sobre su rol controversial en la adjudicación de la construcción de los buques de investigación Víctor Angelescu y Mar Argentino y, también el de otros actores que intervinieron en el proceso de adjudicación y construcción de estos buques en España que podrían haberse realizado en Astilleros del país.

Este funcionario, habría conducido el proceso de licitación, adjudicación y entrega de estos buques. Su rol incluyó la firma de documentos oficiales y, la gestión de aspectos operativos. El buque Víctor Angelescu se habría adjudicado con su firma mediante la nota fechada del 30/06/2016 e, incluso, en octubre de ese año visitó el astillero “para inspeccionar los avances”.

Si bien no hemos podido encontrar el dictamen final formal de este funcionario, como hubiese correspondido y, de no existir, sería una cuestión suficiente para observar en el proceso licitatorio, respecto a la preferencia de fabricar en España; no obstante ello, en varias declaraciones públicas defendió la decisión de «adjudicar al Astillero Armón Vigo y, aduciendo un salto cualitativo en tecnología para la investigación pesquera que no estaba disponible localmente, evitándose la demora en la transferencia tecnológica» (2/2016). «Es la primera vez “que diseñamos” un barco con equipamiento de última generación» (3/2016). Enfocándose en supuestos beneficios científicos no económicos, ni de desarrollo tecnológico o laborales.

En 2024 (Revista Puerto) Wöhler no cuestionó la construcción externa. En entrevistas (2016-2017) «justificó la elección española por el “salto de calidad” en investigación marina, acceso a tecnologías avanzadas y cumplimiento de normas BID»; aunque, la Argentina ya había accedido varias veces a la construcción de buques de investigación y otros complejos con apoyo del BID y ¿por qué suponía este investigador que los astilleros nacionales no contaban con capacidad o que eventualmente no podrían presentarse asociados con empresas italianas, alemanas, finlandesas o chinas? ¿Conclusión empírica?

El análisis de conveniencia estuvo bajo su gestión y, como veremos, en asesores convocados por el INIDEP. ¿En el caso del buque Ice-Class pudo estar influido además por su especialidad académica? Contrario a su opinión, todos los expertos y directivos de astilleros argentinos se opusieron y denunciaron irregularidades. No hubo un solo investigador ―salvo los directivos que nos referiremos― que defendiesen el proyecto de construir en España. Para la construcción en el Astillero Armón de España habrían participado distintos actores imprescindibles en esta tarea de promoción y adjudicación de los dos buques de investigación; al igual, que en la gestión muy avanzada e infructuosa de construir el buque oceanográfico con capacidad Ice-Class. La Justicia será el órgano más adecuado para juzgar eventuales responsabilidades y el alcance de ellas.

El Ing. Luis Eugenio Basterra, en su triple condición de Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados (2011/2019); luego Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (2019/2021) y, finalmente diputado nacional (2023/2027) no pudo estar ausente de tamaña decisión que hubiese implicado -de concretarse el tercer proyecto fallido- el pago de 161 M de dólares a un Astillero Español por parte del Estado Nacional, con un crédito del BID, sumándose a la tremenda deuda argentina.  

Al momento de la apertura de los sobres de la primera licitación el 02/09/2015 el Subsecretario de Pesca de la Nación era el Dr. Néstor Miguel Bustamante (2015-2017); continuaron a cargo de esta Subsecretaría el Dr. Juan Manuel Bosch (2017-2019) y Carlos Liberman (2019-2023) y si bien el Consejo Federal Pesquero -según sus Actas- nunca intervino en el proceso, debieron estar en conocimiento de la adjudicación y construcción de los buques. Esenciales responsables de estas adjudicaciones son los Consejos Federales de Pesca (CFP) desde 2015 a 2023, algunos de cuyos miembros se encuentran integrando ese cuerpo hasta hoy; entre otros el actual Subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla. El CFP es quién establece la política pesquera y de investigación (Art. 9° Ley 24.922) y jamás trató la construcción ni adjudicación de los buques de investigación ni planificó el desarrollo pesquero en relación con la necesidad de adquirir en el extranjero estos buques y, el INIDEP (Art. 12° Ley 24.922) debe administrar los buques de investigación pesquera “conforme a los requerimientos y políticas que oportunamente se establezcan…”. Llamativamente, los integrantes del CFP dejaron en manos de unos pocos -algunos extranjeros- la decisión política.

También se le atribuye un papel muy importante “en el proyecto” al Lic. Oscar Horacio Padín, quien fue miembro del CFP (1999-2011); asesor del diputado Basterra (2011-2019); investigador del INIDEP (desde 1980); Director del CIMAS en Río Negro (2014-2020) y, en oportunidad de ser Director del INIDEP (2020-2023) -a instancias del Ministro Basterra- fue uno de los gestores del buque oceanográfico “Ice-Class 7” (Pescare, 2/3/2023); que, por Decreto 140/2023 del P.E.N. aprobó el contrato modelo entre Argentina y el BID por un préstamo de hasta U$S 125 M para financiar el PROSAMA que, incluía entre otras cosas, la construcción de ese buque. La decisión de construir un buque para operar en regiones polares o subpolares, donde el hielo representa un riesgo significativo y que el CFP ni siquiera debatió su construcción al igual que el sector empresario; pese a tener las necesidades insatisfechas respecto a investigar en la Zona Económica Exclusiva Argentina y el mar adyacente. Un proyecto que antes de terminarse ya estaba direccionado para construirse en el extranjero. El cambio de gobierno le quitó la supuesta esencialidad.

En las Memorias de 2020 del INIDEP Padín «celebró la incorporación como una “joya” de la flota, destacando los esfuerzos administrativo, legal y financiero para construir en España los dos buques que representan un “paso cuantitativo y cualitativo” en estudios pesqueros y oceanográficos». Nosotros diríamos irónicamente: “Nada como pensar que lo de afuera es siempre mejor”. Raúl Scalabrini Ortiz, lo desnudaba como un complejo de inferioridad: la creencia de que el progreso solo llega de afuera, que lo extranjero es inherentemente mejor, y que la Argentina debe someterse a modelos ajenos para avanzar.

Del mismo modo se le atribuye -en los ambientes portuarios- un rol protagónico al doctor Carlos Ángel Lasta, ex Investigador del INIDEP; miembro del CFP (2020/2023); Asesor de la CTM del Tratado del Río de la Plata y del INIDEP en la gestión de Padín y, actor en las reuniones con el BID y la Dirección de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) donde se acordó con el BID. Ha sido un referente clave en el sector vinculado a la investigación.

Asimismo, el CPN Ramón María Basanta, primero director Administrativo del INIDEP (2016-2021) y luego representante del DIPROSE, resultando una pieza clave en esta determinación de extranjerizar la construcción de los buques. En su visita al Astillero Armon (Faro de Vigo, 16/12/2018) manifestó “hemos cerrado el nuevo diseño hace unos días y ahora tendremos un barco oceanográfico de clase mundial (…) la Argentina confía plenamente en Armón”. Este oscuro agente se atribuía la responsabilidad y, erraba en la opinión de los argentinos de construir fuera del país. No se trató de un mero funcionario administrativo del INIDEP a la hora de concretarse la adjudicación y los proyectos de los tres buques de investigación. “Ahora tenemos claro que valió la pena” acotaría en ese mismo momento el Ing. Luis Javier Picco ¿A qué “pena” se refería este Asesor del INIDEP que aparecía muy vinculado al Astillero Armón?

Basanta, además de funcionario del Estado, para esos años presidía la Sociedad “Garay 1831 SA” con oficina en la calle Garay 1831 de Mar del Plata (02/08/2017); aunque resulta llamativo que en este estudio ―según nos indica un testigo presencial― en mayo de 2021 «se estuviese trabajando sobre los planos del proyectado buque oceanográfico Ice-Class para asignarle ―seguramente― la construcción a Armón por más de U$S 125 M»; en lugar, de hacerlo en el ámbito propio del INIDEP, como hubiese correspondido dada la confidencialidad de un proyecto que luego se licitaría. ¿Qué hacía un director administrativo en la botadura del Angelescu en España en 2017 junto a director científico Otto Wöhler?

Según denuncia el Ing. Podetti el Ingeniero Naval Luis Javier Picco contratado por el INIDEP era un gestor comercial del Astillero Armón. En estas condiciones es poco probable su imparcialidad a la hora de participar en la elaboración de los pliegos; evaluar las ofertas y analizar la construcción. Un gran conocedor y activo participante en el sector pesquero y naval manifestó: «afirmo que el profesional contratado por el INIDEP no es independiente del Astillero Armón ya que el día previo a la apertura de sobres de la licitación del buque costero, me mostró carpetas con documentación que presentaría el Astillero Armón en su propuesta técnica-económica, las cuales estaban en el baúl de su vehículo personal. Además, no tuvo reparos en acompañar a los directivos del Astillero Armón en distintas acciones comerciales con Astilleros locales y hasta con las autoridades del Chubut, como se muestra en la Revista Puerto» (09/06/2017).

¿Este Picco sería el mismo que «se desempeñaba? «como Presidente de la armadora pesquera Makro SA con varios barcos de la flota amarilla de Rawson, beneficiada con el Reparto de Fomento Productivo (FAFP) de langostino que distribuyo 5 mil toneladas hasta 2028 y, por si faltaban coincidencias, su empresa “Luis Javier Picco SA” tenía domicilio en la Av. Julio A. Roca 751 piso 6° CABA, el mismo de la Empresa Mar Perlado» (Partes de Pesca, 17/05/2024). Además de todo, Asesor del INIDEP en la gestión de Padín.

Nos dice también el Ing. Raúl Podetti: «entre miles de ingenieros navales del mundo, el INIDEP seleccionó a Juan Luis Sánchez Pastrana de la consultora “Astur Marine” y estrechamente relacionado a Armón y gran parte de su trabajo de “asesoramiento” lo realizó para el astillero Armón, que resultaría seleccionado para la construcción de los dos buques del INIDEP. Este organismo se basó en un informe de Sánchez Pastrana para elegir un diseño “a medida de Armón” y descalificar a los Astilleros argentinos».

La técnica y la ciencia se contamina con el negocio, a punto tal, que este personaje participaba en la definición política de regalarle los pocos recursos económicos argentinos a los españoles que, aplicados en el país, podrían haber contribuido al desarrollo de Argentina, generar empleo y soberanía.

Lo dejamos para lo último, pero seguramente cumplió un rol central en la adjudicación de la construcción de los buques en el Astillero Armón de Vigo (España). Claro, se trata del presidente del grupo empresario español Astilleros Armón, Laudelino Alperi Baragaño que, estuvo en Comodoro Rivadavia con la supuesta intención de instalar un Astillero en esa ciudad. Un hombre experto a la hora de cerrar acuerdos y transferir fondos: «los propietarios de Astilleros Armón acumularon 85,5 millones de euros en Suiza y Luxemburgo hasta 2012 y después transfirieron sus fondos al Principado pirenaico (…) un Juzgado investiga un opaco entramado Suiza-Luxemburgo del patrimonio y, un informe cuestiona el origen de los fondos” (Gil-Irujo, El País, 19/07/2024). “La justicia investiga a los empresarios Laudelino Alperi y José Ramón Fernández por un posible blanqueo de capitales con ramificaciones en Suiza, Luxemburgo, Panamá, Reino Unido e Islas Vírgenes (…) los empresarios se defienden diciendo que estos fondos provienen de sus actividades industriales. En la actualidad Armón es el grupo de construcción más importante (de España) y ha sido muy cuestionado por accidentes laborales, 4 de ellos mortales y prácticas antisindicales…» (Nortes, 20/07/2024).

No parece una empresa cristalina, en la que Otto Wöhler y Ramón Basanta y otros en nombre del Estado Argentino “puedan confiar” entregándole el patrimonio nacional, al tiempo de descalificar a los Astilleros Argentinos.

También habría que analizar el interés -además del británico- de promover una Ley en el Congreso destinada a aprobar el Área Protegida Bentónica “Agujero Azul” con el que se justificaba también la construcción del citado buque Ice-Class; aunque, el Congreso Nacional no aprobó la Ley por distintos informes que nos incluyeron. Un proyecto que parecía atado a la nueva construcción en el Astillero Armón por 125 millones de U$S que, en esa época, le hubiera significado además un costo operativo anual del orden de los 70 millones de pesos.

En la adquisición de los buques “Víctor Angelescu” y “Mar Argentino” del INIDEP existieron diversas denuncias públicas. Estas acusaciones se centraron en presuntos “fraudes” en las licitaciones de 2015/17 adjudicadas al astillero español Armón Vigo S.A., y en la supuesta orientación de los pliegos -amañados- para excluir ofertas argentinas. La Licitación Internacional 1/15 (27/11/2015) para construir el buque de investigación “Víctor Angelescu” se adjudicó en 28,3 millones de U$S sin impuestos a este astillero español. Al año siguiente (8/7/2016) se oficializó la licitación para la construcción del buque de investigación costero “Mar Argentino” donde presentaron ofertas la citada Armón Vigo con 7 millones de U$S sin impuestos y modificaciones. Se agregaron los gastos de traslados y mantenimiento, que encarecieron el costo.

El gobierno les tolera a los españoles la pesca ilegal en alta mar y Malvinas y les compra buques. Insólito. Los funcionarios estarían incursos en el delito de incumplimiento de sus deberes públicos. La corrupción no es solo meter la mano en la lata, también es atentar contra los intereses argentinos y la soberanía nacional. En la próxima Nota (3/4) se detallan algunas de las denuncias de los procesos licitatorios.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). cesarlerena.com.ar

 

CONFLICTO DE INTERESES, SOBREPRECIOS Y CORRUPCIÓN EN LA PESCA (Nota 1/4)

César Augusto Lerena*

Artículo publicado en FIS & SeafoodMediaGroup, 10 de enero de 2026**

 

En la actividad pesquera es difícil determinar dónde empieza el Estado y donde termina. Tal vez sea por aquello de que se trata de un recurso del Estado concesionado a terceros o porque entre la Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero ―aunque lo diga la Ley 24.922― no tienen claro quién fija la política pesquera y quién la investigación y pareciera que carecen de determinación o capacidad para administrar la actividad.

Podría deberse a una cuestión de ineptitud; pero, dejar en manos de unas pocas manos la adjudicación y aprobación de la licitación de buques de investigación en favor de un astillero español ―contra todas las opiniones especializadas― por 161 millones de dólares, perjudicando el erario público y violando ―tratándose de aportes para la construcción que realiza el Estado― el art. 15° de la Ley 27.418 (de la que soy coautor junto a Fabián Lugarini para el fallecido Senador Pino Solanas) y también la Ley 27.437 de «Compre argentino», transfiriendo al exterior recursos económicos escasos de los argentinos y, además y muy importante, desconociendo las capacidades industriales navales de Argentina. Un hecho deleznable que la Justicia debería investigar para determinar si las personas que intervinieron (que en los sucesivos artículos develaremos) hubiesen cometido delitos contra la administración pública.

Aunque en la adjudicación no se hubiese probado corrupción (cuestión ventilada), el daño a la soberanía, a la economía nacional, al desarrollo tecnológico y a la generación de mano de obra es gravísima. Es un delito de acción pública cuando ―como afirman los expertos― el país tiene capacidad para construir buques, aunque pudiese recurrir a componentes extraños, como lo hacen también otras industrias, como la automotriz.

Además, ¿cómo la Argentina recurre a astilleros de España cuando los buques gallegos depredan los recursos migratorios argentinos en alta mar y en las aguas argentinas de Malvinas? y, ¿cómo esa decisión queda en manos de un investigador y asesores de dudosa imparcialidad? ¿Será ineptitud u otras razones para justificar semejante imbecilidad? ¿falta de inteligencia o corrupción?

Nosotros teníamos desde hace años este tema en carpeta y, erróneamente, descansamos en las denuncias que oportunamente efectuaron expertos, varios directivos de los astilleros nacionales y gremios del sector; pero, todo parece seguir igual, con lazos endogámicos y una dirección del INIDEP, donde el funcionario elegido ―como hoy el Lic. Gonzalo Bacigalupo― incumple con el art. 4° de la Ley 21.673 o, cuando estuvo a cargo de un investigador ―como ocurrió en los años 2015/6― resultó incapaz para hacer un análisis integral a la hora de promover la construcción de buques para el INIDEP; pero, claro ―por alguna razón― los que establecen la política también estuvieron ausentes; por ejemplo Juan A. López Casorla, que ya integraba el Consejo Federal Pesquero en esos años y, hoy siendo Subsecretario de Pesca, designó a Otto Christian Wöhler Director de Investigación; que, para ese entonces como Director del INIDEP, recomendó alegremente la construcción en España de los buques de investigación «Victor Angelescu» y «Mar Argentino», perjudicando a toda la industria pesquera y naval nacional que contribuye al pago de sus salarios desde 1980 a la fecha.  

Todo tiene su límite y el disparador fue la nota firmada por una consultora, sin personería y con marca de fantasía «Resilience», publicada en la Revista Puerto el pasado 05/12/2025 donde refiere a un «doble estándar ante la pesca INDNR» de la Unión Europea. Tema en el que coincidimos, porque días antes habíamos escrito (Perfil, 27/11/25), refiriéndonos a que Vigo es el principal puerto europeo de descarga de los productos pesqueros ilegales de especies argentinas. Ahora bien, que esta consultora opine sobre el tema y hable de «doble estándar» fue más allá de lo que uno puede tolerar.

En primer lugar, diremos que la citada «Resilience» podría tener algún vínculo con el Director de Investigación Otto Christian Wöhler, ya que muchos funcionarios imaginan para su jubilación una estructura de este tipo para aprovechar la capacitación y perfeccionamiento que recibieron gratuitamente del Estado; pero no, el hecho es que sus hijos Otto Axel y Sofía Irina la integran y es muy difícil no caer en incompatibilidades o conflictos de intereses, entre la actividad pública y la privada, en estos casos.

Nos llamó la atención que no suscriban la nota citada los referidos jóvenes Otto Axel y Sofía Irina Wöhler en lugar de «Resilience», ya que son los titulares de la marca. Ambos, son profesionales con escasos antecedentes en tareas ambientales; ninguno de los dos en materia de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), al igual que en materia pesquera. Hace 40/50 años era muy común que las empresas contrataran personal sin experiencia, la que precisamente adquirían luego en las empresas; pero la situación desde hace años requiere la elaboración de una estrategia o la solución de problema «ya», y éstas no pueden esperar un aprendizaje que, además, es endogámico. Por ello sorprende que, frente a semejante crisis crónica que enfrenta la pesca, por alguna rara razón, tres importantes Cámaras Pesqueras (CAPA, CEPA, CAPECA) requieran «los servicios» de dos inexpertos para representarlos y defender sus intereses en un negocio que factura dos mil millones de dólares anuales y depende de la macroeconomía, del mercado internacional, de los gobiernos nacionales, provinciales y sus funcionarios, de la biología, la climatología, la captura, las retenciones, los impuestos, derechos y tasas, los servicios, la producción, la industria y por supuesto del trabajo donde intervienen una docena de gremios. Basta ver sus ingresos y las tareas que realizan y que, en su corta vida profesional, solo elaboraron dos informes, uno de ellos sobre prospecciones sísmicas para la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA). Aunque es «vox pópuli» en los ambientes portuarios que ambos informes recibieron una “ayudita” de su Papá Otto Christian. Pero, ello, no habla mal de los contratados, habla mal de las Cámaras Empresarias que suelen ser justos y permanentes reclamantes ante los gobiernos de turno.

Por una parte, la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA) contrató a Sofía Irina Wöhler (Monotributista, Cat. C, 30 años; UNICEN, 2021), no como experta en gestión ambiental ―el diploma no presume habilidad― sino como empleada administrativa que en su único trabajo publicado (UNICEN, 27/09/2021) escribió: «en una de las principales actividades económicas que se desarrolla en la pesca (…) la captura, incluye especies y/o tallas de peces no comerciales que generalmente son descartadas por la borda, pero también aves, mamíferos y tortugas marinas (…) atraídas por los desechos y descartes generados (…) existe una deficiente comunicación entre empresarios y capitanes (…) Dificultades por parte de los empresarios para controlar lo que pasa arriba del barco (…) Necesidad de incrementar los procedimientos de control (…) se requiere la presencia de observadores…» (sic) mencionando que los empresarios pesqueros comenten varias prácticas prohibidas en la Ley de Pesca 24.922. Ello, popularmente podría denominarse: «el pez por la boca muere» o «durmiendo con el enemigo». Flaco favor le hace al sector sus opiniones y luego los representa.

No pasó desapercibido en la exposición de Sofía Irina en la Audiencia Pública N° 1/24 (de la que se ausentó Otto Axel Wöhler) donde se presentó como fundadora de «Resilience» y asesora ambiental y representante de CAPECA refiriéndose críticamente a los posibles efectos de las exploraciones sísmicas sobre la merluza de cola, la polaca y la merluza negra (casualmente, las especies de especialidad de su padre Otto Christian); pero omitiendo a numerosas especies que se pescan en la región y en Malvinas, tales como la merluza hubbsi, merluza austral, abadejo, bacalo, nototenias, rayas, calamar Illex y loligo. Muy especialmente estas dos últimas ―por su importancia económica y biológica― que está probado internacionalmente en estudios in situ que son afectadas por las exploraciones sísmicas. Es notable que representando a una Cámara Pesquera no haya planteado otras observaciones muy importantes a los estudios de impacto ambiental realizados por Shell y Equinor. Por ejemplo, la falta de estudios en el área y la ausencia de compensaciones económicas, como ya son una práctica normal en la Ley Noruega. Además, de establecer en otro organismo y no en la administración central al INIDEP las aprobaciones. Se trató de una exposición de generalidades sin profundidad que debió destinarse a la revisión de los «dibujados» EsIA y asegurar la sostenibilidad de un recurso que se explota en «forma previa» a los hidrocarburos, cuestión muy importante en la materia.

Por su parte, el joven abogado Otto Axel Wöhler (Monotributista, Cat. D, 32 años, recibido en 2019) presta sus servicios jurídicos en una reconocida empresa pesquera marplatense y, probablemente por ello, poco tiempo atrás, fue designado Presidente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) y entonces ―probablemente también― podría no ser políticamente correcto cuestionar a los empresarios españoles que pescan en aguas argentinas o, bien, porque sería difícil separar su rol de abogado, presidente de una Cámara pesquera y consultor medio ambiental, de su vínculo directo con el Director Nacional de Investigaciones del INIDEP Otto Christian Wöhler, ya que es lógico suponer que éste deba tomar distancia de las posiciones políticas gremiales-empresarias que coalicionan con su  competencia oficial de asegurar la sostenibilidad de los recursos. La ley de incompatibilidades exige neutralidad a quienes trabajan en las reparticiones públicas.

Por último, es asombrosa la designación de Otto Axel en CEPA. De tener un presidente del peso específico de Oscar Ángel Fortunato (f.2025), a un ignoto abogado. Si bien «el gordo» no era «Ángel» de mi devoción, era muy solvente en el tema pesquero; ocupó los cargos más importantes de la actividad pública y privada de la especialidad y era un profundo conocedor de la gestión pesquera. Me opuse reiteradamente a sus políticas pesqueras pero, en el tema era un experto con capacidad de representar sólidamente al sector. La designación de Otto Axel muestra que el poder real ya no pasa por las Cámaras ¿o alguien se imagina a Tony Solimeno o cualquier otro, etc., escuchando ―atentamente― la estrategia pesquera de Otto Axel?

Inteligencia Artificial (IA) dice: «Otto Cristian Wöhler y Otto Axel Wöhler no son la misma persona, pero operan en círculos interconectados». Lo que es vox pópuli, la propia IA lo hace suyo. También aclara: «Hay riesgos éticos potenciales: los funcionarios públicos como Otto Christian Wöhler están sujetos a la Ley de Ética Pública (N° 25.188) y la Ley de Conflictos de Intereses (N° 25.964), que prohíben actividades privadas que interfieran con deberes públicos, especialmente si involucran a familiares o generan favoritismos y, además, (pone el ejemplo de) Resilience asesora a CAPECA que financia campañas al INIDEP o suministrando información privilegiada a su hijo, violando potencialmente la confidencialidad pública. Las colaboraciones podrían interpretarse como promoción familiar, especialmente si el INIDEP valida conclusiones sin competencia abierta. Y concluye, hay un potencial conflicto de intereses. El riesgo radica en la percepción de favoritismo familiar que podría escalar a una investigación de OA si se denuncia» (sic).

Vale la pena tener en cuenta que «Resilience» en su nota no precisa ¿a qué Pesca Ilegal y/o Pesca INDNR en el área adyacente a la ZEE refiere?; atribuyendo genéricamente a «países europeos» y omitiendo la pesca ilegal en Malvinas; además, es sabido que en el Atlántico Suroccidental, los únicos europeos que pescan son españoles. La FAO y la Auditoría General de la Nación han dicho, que se descarta el 30% de las capturas y, digámoslo más claramente «aunque quedaría feo hacerlo desde CEPA― ello incluiría también a la flota nacional. El eufemismo de pesca INDNR no es otra cosa que PESCA ILEGAL. Como lo son el descarte (Art. 21 Ley 24.922), la sustitución o sub-declaración en los desembarcos ―entre otras prácticas― ilegales.

Referenciarse en la opinión de ONG extranjeras ―como indica la nota de los Wöhler― merece una opinión. La motivación de los argentinos en las cuestiones ambientales no solo debería estar fundada en las ONG extranjeras, muchas de las cuales están solventadas por terceros países geopolíticamente interesados (Caso WCS en «Agujero Azul»).

Nuestro modesto Centro (CESPEL) viene denunciando la pesca ilegal extranjera en el Atlántico Sur en forma permanente y sin solución de continuidad desde 1989; pero la pesca ilegal, no empezó ayer; desde la década del 60 y del 78 al 90 pescó ilegalmente la flota soviética y especialmente la polaca. Esto de creer que la opinión, los servicios y los bienes extranjeros son mejores, es una mirada colonizada que podría dar lugar a decisiones equivocadas o actos de corrupción. Por ello, analizaremos, el caso de la construcción de buques para el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en España.

El doctor en Ciencias Biológicas Otto Cristian Wöhler ―en la opinión de varios referentes destacados― habría sido el principal responsable de la construcción de buques de investigación en España (sin su aprobación no habría sido posible), descartando la opción de mayor beneficio para Argentina de construirlos en un astillero nacional público o privado o asociados. Este funcionario, al que desde 1980 todos los argentinos le abonan su salario, habría decidido que todos los argentinos paguemos 35 millones de dólares a un astillero español y hubiésemos tenido que abonar 161 millones de dólares de no desactivarse la construcción de un tercer buque Ice-Class en estudio desde 2019.

Wöhler desde 1980 a la fecha ha ocupado posiciones de política institucional y participado activamente desde gobiernos populares a libertarios como en la actualidad. Investigador principal, desde 2004 a 2006 fue director interino del INIDEP; desde 2006 a 2009 director de Investigación; a cargo del Despacho de INIDEP del 2009 a 2012; director de Investigación del 2012 a 2015; siendo promovido a director del INIDEP en 2015 (período de la adjudicación del buque Angelescu) a 2018, año en que fue separado del cargo y volvió a su actividad de Investigador Principal hasta 2024, para ser nuevamente designado Director de Investigación del INIDEP (13/05/24 Res. 86/24) hasta la fecha. Un funcionario requerido.

No fue miembro del CFP pero participó en distintas comisiones vinculadas a decisiones políticas, incluyendo cuotas y regulaciones. Este agente polifacético que, pese a ser un funcionario público ―según información documentada― mantuvo una relación de dependencia privada y una sociedad comercial.

En síntesis, cumplió cargos políticos-administrativos en los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Javier Milei, contando para su designación actual con el apoyo del Subsecretario de Pesca López Cazorla. Ductilidad política y contactos aceitados con la prensa.

Complementariamente, Wöhler gestionó el acuerdo con la Prefectura para operar los buques de investigación en lugar de la tripulación civil (juicio en la Corte, con dos fallos a favor de los tripulantes del SiMaPe), desnaturalizando la función policial que debe estar en la prevención y el combate del delito y, al mismo tiempo, incorporando a un ámbito de investigación civil, personal de seguridad, cuya sola presencia viola el art. 13° de la ley 24.922 que no permite ventilar a terceros información que debe reservarse a las autoridades del INIDEP hasta su revisión y aprobación.

Profundizaremos en la próxima nota (2/4) sobre los actores de la construcción de buques de investigación en España. El rol de Otto Christian Wöhler y otra decena de actores en la adjudicación y contratación de los buques de investigación «Víctor Angelescu» y «Mar Argentino» construidos en Armón (Vigo) , en la gestión fallida para construir un tercer buque oceanográfico con capacidad Ice-Class.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex secretario de Estado. Presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. cesarlerena.com.ar

 

** https://www.seafood.media/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=10&id=136870&l=s&special=0&ndb=0.