Archivo de la etiqueta: INIDEP

ARGENTINA, Pesca

LA ADMINISTRACIÓN DEL LANGOSTINO EN CRISIS

Deja un comentario
Twittear
Compartir
Compartir
Pin
Compartir
0 Compartir

César Augusto Lerena*

La administración de las Cuotas Individuales de Captura son el eje central de la política pesquera; pero, en esta cerrazón, no parecen saberlo los responsables de administrar con eficiencia y sostenibilidad los recursos pesqueros. El “Oro rojo”, como se llama al langostino por su color y efectos económicos y sociales, debería cuotificarse y, al hacerlo, optimizar las condiciones de su otorgamiento.

Las Cuotas son aquellos cupos que el Consejo Federal Pesquero (CFP) otorga a las empresas para pescar. Es un porcentual del volumen total de la “Captura Máxima Permisible” por Especie, basada en estudios del Instituto de Investigación (INIDEP); es decir, el máximo que se puede capturar asegurando la sostenibilidad de las especies; cuota que se asigna a una empresa por un plazo determinado para que extraiga este recurso, en las condiciones que la política pesquera determine.

Hasta el 2009 los buques pescaban en “forma olímpica”, es decir, hasta que la Autoridad cerraba la temporada de pesca para garantizar la conservación de las especies. Cuotificar permitió una mayor sostenibilidad a las especies; previsibilidad empresaria; inversiones y dar más estabilidad laboral; aunque, también se atribuyen efectos negativos con la concentración de capturas e, incumplimiento de los cupos, producto de una mala administración de las concesiones y bajo control de las capturas. Además de ello, es necesario aplicar un enfoque eco-sistémico, porque no se puede explotar individualmente cada especie sin tener en cuenta la interacción y asociación entre estas y, en especial, por el carácter migratorio de algunas especies -como el langostino- en cuya explotación intervienen Autoridades de distintas jurisdicciones.     

El langostino (Pleoticus muelleri); el Calamar (Illex argentinus) y la merluza (Merluccius Hubbsi) representan el 84% de las capturas y el 84% del total de dólares de las exportaciones pesqueras argentinas. El pasado 5 de diciembre de 2024, el Consejo Federal Pesquero (Acta 25/24 Res. 11/24) renovó por 15 años la adjudicación de las Cuotas de Captura de Merluza otorgadas en 2009 (Res. CFP 23/09); desperdiciando una oportunidad excepcional para efectuar un reordenamiento profundo de la actividad, promoviendo una mayor inversión; generación y registración de empleos; mayor valor agregado y una administración más eficiente y equitativa de las Concesiones Pesqueras.

Fue la consecuencia de una tríade de hechos: incapacidad y temor de la Autoridad de Aplicación; presión de empresarios-gremios respondiendo al proyecto de liberar el mar previsto en la Ley de Bases de Milei-Sturzenegger y lo que es vox populi en medios portuarios: hubo “otra cuestión de peso”.

El otorgamiento de las Cuotas de Captura de Langostino a las empresas pesqueras, tanto en el ámbito nacional como provincial, no debería seguir el mismo camino de renovar para que no se renueve nada.

El diseño del régimen y las negociaciones para cuotificar la pesca comenzaron en 1999 (Acta CFP 15/99) a instancias del art. 27° de la Ley de Pesca 24.922. Se sometió a este régimen en 2009 a las especies merluza hubbsi; merluza negra y merluza de cola; en 2013 a la polaca y en 2014 la Vieira; sin embargo, no se cuotificó el langostino. Probablemente en aquellos años, se puso el eje en las especies más vulnerables y de mayor volumen; mientras que entonces las capturas de langostino no superaban las 78.000 toneladas (2001) y, tenían cierta imprevisibilidad; pero, desde hace años las capturas de esta especie superan las 100 mil toneladas y en el pasado año 2024 se capturaron 222.163 toneladas, exportándose por valor de U$S 910 millones, aun así -habiendo transcurrido ya 27 años- desde la sanción de la ley de pesca, no se ha establecido el régimen de cuotas para esta especie que migra desde la jurisdicción provincial a la nacional y viceversa, donde está en juego también la titularidad del recurso y la particular relación entre la merluza y el langostino.

Las Cámaras empresarias presentaron (Acta CFP 23/24 y 27/24) al CFP una propuesta de Plan de Manejo de langostino, bajo un enfoque eco-sistémico, elaborado junto al INIDEP, “procurando su máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional del recurso (…) la sustentabilidad del langostino (…) minimizar la mortalidad y el descarte de especies no objetivo (…) integrar, y compatibilizar las medidas de manejo entre las jurisdicciones (….) mitigar los potenciales impactos negativos de la pesquería en los diversos componentes del ecosistema…”. La intención de avanzar en un enfoque eco-sistémico por parte de las Cámaras es un avance importante; pero, en este trabajo solo se presenta una serie de definiciones generales y no propuestas concretas de explotación eco-sistémica donde se detallen las acciones integrales relativas a interacciones con especies (por ej. bycatch de juveniles de merluza en redes de langostino); descartes por procesamiento a bordo; acciones sobre el medio marino y en el ámbito de radicación empresaria y, tampoco, se hace mención alguna a agregarle valor a la explotación industrial del langostino. Cuando las Cámaras refieren a “procurar su máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional del recurso” no puede prescindirse -como hasta ahora- del agregado de alto valor a la extracción y, debería, dejar de exportar langostinos enteros o colas congeladas a bordo o a terceros países para su transformación y posterior reexportación. La Subsecretaría de Pesca, el CFP y las provincias en sus jurisdicciones deben “en serio” establecer -en acuerdo con el sector empresario, del trabajo y las comunidades portuarias- las condiciones de las concesiones de explotación de los recursos de todos los argentinos.

Según los informes del INIDEP 2/25 y 10/25 en 2024 ―en relación con 2023― disminuyó el porcentual de juveniles capturados y la población se encuentra en equilibrio biológico y, los buques congeladores descargaron el 40% de las capturas y los fresqueros, costeros y de rada/ría lo hicieron en un 57%.

Los gobiernos, CFP y los actores no parecen tener en cuenta que “Camarón que se duerme lo lleva la corriente” y mientras tanto: los derechos únicos de extracción (DUE) no guardan relación con la rentabilidad del negocio (en el langostino aumentaron el 83%) y con los requerimientos pesqueros de investigación, control y distribución. En tanto el próximo Acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el MERCOSUR prevé llevar el arancel del 12% a 0 recién en 3-5 años; pero, sujeto a la decisión unilateral de la UE. En la Argentina, las retenciones (DEX) van del 1% al 7% y, no se benefició a la pesca en la eliminación temporal de retenciones para economías regionales (hasta octubre 2025) “ni de reducciones en proteínas animales”.

Se agrega la compensación (Res. CFP 9/2025) con un cupo social de 4.500 toneladas anuales para Chubut y Santa Cruz ―con la oposición de Buenos Aires por falta de reciprocidad a su Provincia― para buques fresqueros que desembarquen en dichas provincias, fundado en el cierre del Golfo San Jorge como núcleo biológico de la especie, razón por las cuales las Cámaras piden vista de las actuaciones vinculadas a esas Reservas y, oponen a la decisión del CFP (Acta 21/2025) de otorgar una Reserva social de langostino a Río Negro. Una falta de consenso por no presentarse claramente una explotación con enfoque eco-sistémico. 

Por otra parte, Cámaras Empresarias han planteado la eliminación de barreras provinciales para buques con habilitación nacional y como contrapartida el CFP pone límites a la pesca en la ZEE a los buques que capturan en la jurisdicción provincial. Es evidente que ambas posiciones, no tienen en cuenta el carácter migratorio del langostino y, a su vez, el desconocimiento de que se trata de dos jurisdicciones diferentes con un recurso que migra, poniendo en discusión los derechos de captura de esta especie.

Se añaden decenas de otras cuestiones; como el peso de los cajones; la velocidad de navegación; la extensión de las mareas; las prospecciones científicas; vedas; aperturas y cierres estacionales; la captura incidental (bycatch); tamaños mínimos; observadores a bordo; eslora de los buques, etc. y por cierto las cuestiones relativas a “la externalidad” cuando la captura de una flota afecta a otra.

Para sumar más complejidad, la flota pesquera permaneció inactiva aproximadamente 137 días por problemas salariales, que seguramente podrían minimizarse de contarse con una mayor previsibilidad.

Por otra parte, se ha profundizado la dependencia de los países productores (Argentina) por parte de los importadores, ya que para exportar a los mercados más exigentes se deberá contar con una certificación externa. Al respecto, el CFP destacó la certificación del Marine Stewardship Council (MSC) en marzo de 2025 para la pesquería de langostino en aguas del Chubut; con lo cual la certificadora garantizaría estándares internacionales de manejo del recurso; a partir de lo cual, la Argentina delegará en una institución extranjera -mediante auditorías anuales obligatorias- las funciones que debería llevar la subsecretaría de pesca, el INIDEP; el SENASA y los gobiernos provinciales. Lo que certifica la MSC deberían realizarlo los organismos argentinos citados ya que dentro de sus funciones está la de establecer el stock; determinar el impacto ambiental; autogestionar el recurso y las prácticas establecidas en la Ley 24.922, resoluciones del CFP y las buenas prácticas; los códigos de conducta; sanidad, trazabilidad; origen (Dec. 4238/68), etc. 

Sin duda, una barrera paraarancelaria en perjuicio del país que reducirá su autonomía en la fiscalización interna. Será un buen negocio para los certificadores y una nueva herramienta de los importadores desarrollados para frenar las importaciones cuando la comunidad de destino así lo entienda; por ej. el Acuerdo UE-MERCOSUR: “…sujeto a contingentes arancelarios y medidas de salvaguardia si hay daño grave a productores europeos” (Cap.2, Anexo I). Y no tiene rigor, porque, tratándose el langostino de un recurso que migra del mar territorial a la ZEE y viceversa, no podría certificarse la jurisdicción de Chubut mientras la ZEE no se encuentre certificada. Todo contó con el apoyo del CFP y deberíamos preguntarnos, sí a la habilitación por parte de los importadores de plantas industriales y buques se le agrega la tercerización y certificación de la administración, carece de todo sentido que el sector sostenga las estructuras del Estado.

Es evidente que con el otorgamiento de cuotas de captura de langostino debe renovarse el sistema de otorgamiento de las concesiones, de forma tal de hacer más efectiva y sostenible la actividad.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado. Presidente de Centro de estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). Web: cesarlerena.com.ar 

Twittear
Compartir
Compartir
Pin
Compartir
0 Compartir
ARGENTINA, PESCA ILEGAL

MERLUZA NEGRA ¿PACTO DE IMPUNIDAD EN LA PESCA?

Deja un comentario
Twittear
Compartir
Compartir
Pin
Compartir
0 Compartir

César Augusto Lerena*

¿Hay un pacto de impunidad en la pesca? En este “caso testigo” de la pesca ilegal de Merluza Negra ¿por qué intervino el Coordinador de Cancillería Pablo Ferrara para evitar que se interrumpiera la Pesca del buque? ¿Por qué el director interino del INIDEP y Subsecretario de Pesca López Cazorla no interrumpió la pesca del buque el día 10 de febrero de 2024? ¿Por qué tampoco lo hizo el secretario de Bioeconomía? ¿Actuó solo el propietario del buque pesquero Tai An? Son muchos los dólares en juego.

Ya dijimos (www.cesarlerena.com.ar; “La negra pudrición de la merluza”, 25/03/24) que en general todos ―directa o indirectamente― serían responsables de la pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina y, en particular, en este caso: la empresa PRODESUR y el propietario del buque pesquero Liu Zhijiang; la política pesquera que mantiene vigente la ley 24.922 de 1997/8, insuficiente para resolver los nuevos desafíos de administrar el recurso, en especial la sostenibilidad y sustentabilidad empresaria, el Consejo Federal Pesquero (inactivo); el secretario de Bioeconomía; el subsecretario de Pesca; la Cancillería y su agente Pablo Ferrara; las empresas; los gremios (muy especialmente el Capitán en este caso); la Prefectura Naval Argentina; los observadores e inspectores; SENASA; etc. Sin embargo, debemos precisar aún más algunas responsabilidades; incentivados por el disparador que nos provocó un intercambio de mails del día 25 de marzo con el ex director del INIDEP Otto Wohler; el Informe 018-24 del 21/03/24 que me adjuntara y sus opiniones en la charla organizada por GlobalPort (26/03/24, 17 hs.).

Debemos decir que es esclarecedor el Informe 018-24 que nos suministrara Wohler con el objeto de mostrarnos que el procedimiento del Observador actuante habría sido “impecable” y aunque se trate de una autoponderación, ya que este Informe lo firma entre otros el propio Wohler, quitándole cierta objetividad a su adjetivación, arroja mucha luz para evaluar los procedimientos seguidos por el Buque Tai An y sería una prueba central de que el Estado no hizo todo lo que le fija le ley o con la celeridad adecuada para evitar la pesca ilegal del Tai An, con un altísimo costo para la sostenibilidad de los recursos. Podríamos decir que, sin eximirlo, le reduce a Liu parte de su responsabilidad, porque el Estado, no está solo para legislar, sino también para evitar los daños de eventuales acciones que, por intencionalidad o negligencia, puedan producir los concesionarios. De otro modo, carecerían de todo sentido los controles de la PNA, SENASA, Aduana, etc., y el Estado se limitaría a legislar y el concesionario ajustar su procedimiento a las leyes y autogestionarse. Algunas empresas alimenticias de la Unión Europea lo hacen, de ahí los Planes HACCP, pero en la Argentina, aplica el dicho del General: “El hombre es bueno, mejor si se lo controla”. El control a tiempo hubiera evitado la magnitud del daño y la desconfianza en Argentina.

Antes de analizar el informe debemos decir que arriba del buque pesquero hay tres personas claves en materia de garantizar la sostenibilidad de las especies y evitar la menor pesca incidental y la pesca ilegal: el Capitán de Pesca, el Observador y el Inspector. Aunque en algunas empresas de capital extranjero suele estar a bordo un cuarto ―que debería prohibirse―, el asesor de pesca, que suele reemplazar irregularmente al Capitán.

En primer lugar, el Informe 018-24 contiene juicios de valor no biológicos: “sugiere una intencionalidad manifiesta”, etc., en lugar de limitarse a detallar las observaciones del manejo biológico del recurso, correspondientes a un informe técnico no jurídico, que podría llevar al INIDEP a ejercer un rol que no tiene.

Los informes deben analizarse e interpretarse, de otro modo podría creerse que el “resumen” que suele colocarse a modo de introducción y lectura rápida, refleja exactamente el contenido de los estudios realizados por los investigadores actuantes (véase, por ejemplo, los artículos de Karina Fernandez de Revista Puerto del 27/06/2016 “El Subsecretario de Pesca y el director del INIDEP manipulan maliciosamente información con aval del CFP” y “El Consejo Federal Pesquero, caja de resonancia del manejo irresponsable” o, la Nota del 10/07/2016 donde la Asociación de Profesionales del INIDEP (API) solicita al Ministro que “investigue las denuncias sobre manipulación maliciosa de información científica por parte de las autoridades pesqueras en complicidad con directivos del Instituto…El Subsecretario de Pesca y el Director del INIDEP manipulan maliciosamente información con aval del CFP y el Director del INIDEP coarta la libertad de expresión de los investigadores…”. Esto suele pasar cuando las autoridades del INIDEP no tienen la suficiente autonomía para actuar con independencia del poder político. Es el caso actual, donde el subsecretario de Pesca es el director del INIDEP. También es el caso de funcionarios que tienen a familiares directos en consultorías de la actividad o prestan asesoramiento a empresas pesqueras. La contaminación no está solo en mar y ello hace perder credibilidad nacional e internacional a este prestigioso Instituto.    

En la lista de tripulantes (Rol), el barco tenía 88 tripulantes encabezados por el Capitán Mariano Hércules Bervich e integrado por 6 extranjeros, uno de ellos, el 81 sería Saetre Etril Terie, un asesor de Pesca que ―según versiones extraoficiales― oficiaría como Capitán de Pesca sustituto y, al final de la lista, sin tener en cuenta su status de oficiales, los observadores Walter Alejandro León y Leonardo Luis Spagnuolo Rey y la Inspectora Norma Beatriz Oszust. El buque tuvo salida del puerto de Ushuaia el día 03/02/2024 y regresó a éste el día 22/03/24. Mientras que el Informe 018-24 fechado el 21/03/24 registra sólo la actividad de pesca del día 04/02 al 11/03/24, es decir 11 días antes del arribo del buque a puerto, ya que, como el propio informe lo indica (pág. 4): “en función del estado público que se produjo a partir de la captura de merluza negra…se resolvió analizar la marea anticipadamente”; es decir, determinados por las circunstancias, no por la obligación de actuar diligentemente para evitar el daño conforme la ley.

Ninguno de los firmantes del Informe 018-24 estuvo in situ durante las operaciones del buque y llama la atención que al único presente, el observador del INIDEP (Dec. 1109) Leonardo Luis Spagnuolo Rey, ni siquiera se lo menciona en el trabajo; Informe que seguramente integrará el currículum de todos ellos, omitiendo al principal actor que hoy debe estar muy preocupado por su estabilidad laboral, como otros contratados del INIDEP. Nuestra adhesión a estos últimos.

Nos apresuramos a decir que luego de la indicación ―a nuestro requerimiento― de cuándo habían sido informado el INIDEP, el citado Wholer (GlobalPort, 26/03/24) expresó que “estaban informados día a día de lo que ocurría en el buque Tai An”; es decir que Wholer y el resto de los firmantes ya estaban en conocimiento que hasta el día 10/02/24 este buque ya había pescado 12,8 toneladas de merluza negra a una profundidad que no superaba los 460 m. y en porcentuales superiores al 1,5% y/o 5 toneladas admitidas. Concluyó en este aspecto que según sus propios dichos, el INIDEP contaba en tiempo y forma con el trabajo técnico, legal e “impecable” del Observador Spagnuelo Rey. Nos resta saber si Wholer y colaboradores informaron en forma inmediata al director interino del INIDEP y Subsecretario de Pesca y/o PNA y/o fiscal de turno para que se exigiese la inmediata interrupción de la captura (Art. 55º Ley 24.922) del buque; la finalización del daño y la iniciación del sumario correspondiente; porque sería un acto irregular que, conociendo que hasta el día 10/02/24 ya se habían pescado 12,8 toneladas de Merluza, recién después de más de un mes, el 21/03/24, se produce un informe; es decir, permitiendo que al día 11/03 el buque hubiese pescado ilegalmente 162,2 toneladas más de Merluza Negra, precisamente por quienes están obligados a preservar el recurso.

A esta altura, una cuestión que debería dejarse en claro: el INIDEP no le estaría exigiendo al observador que actué como fiscalizador ―cuestión en la que discrepo y será motivo de otro artículo―, aun así, el Observador informó “día a día” las capturas y no podría ser de otra manera, no solo desde el punto de vista técnico sino porque en su condición de agente público está obligado a informar en tiempo y forma un ilícito, como lo establece el Código Procesal Penal (Ley 23.984) y el Artículo 177 Inc. 1 del Decreto 1162 del 6/12/2000; del mismo modo que también están obligados de denunciar los firmantes del citado informe; aunque, el ex Director del INIDEP y miembro de la Dirección de Pesquerías de Peces de este Instituto, Otto Wohler, nos diga: ese volumen de pesca sin cuota de captura y con una proporción de juveniles de merluza negra del 55% “no es importante … en Malvinas no hay control de la pesca incidental de la Merluza Negra” (GlobalPort, 26/03/24); sorprendente su opinión ya que se trata de uno de los principales responsables de garantizar la sostenibilidad de “los peces” del INIDEP, opinión que ciertamente no compartimos y tampoco las empresas denunciantes que consideran al hecho como “muy grave”. Si quien tiene que preservar la sostenibilidad de los peces en el mar argentino tiene esa opinión poco puede exigirse al pobre Liu. Al menos rara su opinión, que está en línea con la extemporánea acción de la Autoridad de Aplicación como producto de la acción de los medios y no en los tiempos que se detectó el ilícito.

En la misma charla Wohler se quejó de las publicaciones que desinforman y confunden; sin embargo, el extemporáneo informe 018-24 del 21/3/24 surge por el estado público que toman los acontecimientos (ver pág. 3/4) y no por una acción autónoma a partir de los datos aportados por el Observador el 10/2/24. Accesoriamente deberíamos preguntarnos, ¿quién violó el Art. 13º de la Ley 24.922? que indica: que los resultados de la investigación deben ser puestos a disposición de la Autoridad de Aplicación antes de cualquier utilización o divulgación de los mismos.

Será posible deslindar responsabilidad responsabilidades. El sumario pertinente debiera decir cuando cada uno de los funcionarios tomó conocimiento de los hechos y cómo procedió para minimizarlos. Al Inspector actuante le cabe idénticas responsabilidades y su información debió elevarla el 10/02 al Subsecretario de Pesca. Finalmente, el Capitán, debería indicar, quién llevó adelante la pesca ilegal, él o el asesor de pesca a bordo del Tai An.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL). www.cesarlerena.com.ar

Artículo publicado por Seafood Food Group, 27 de marzo de 2024.

 

Twittear
Compartir
Compartir
Pin
Compartir
0 Compartir
ARGENTINA, Pesca

BERTIE. LA PATA SNOB DE LA MERLUZA

Deja un comentario
Twittear
Compartir
Compartir
Pin
Compartir
0 Compartir

César Augusto Lerena*

El diputado Bertie, sin el más mínimo conocimiento, se ha referido con insistencia a la libertad de la pesca y a la privatización del mar argentino.

Libertario, de los que gritan “Viva la libertad carajo” y se olvidan de “juremos con gloria vivir”; usa jopo aún a riesgo de calcinarse; un fundamentalista reconocido con su adscripción a las reglas tilingas de “María Belén”. Se lo conoce con el apodo inglés “Bertie” a Don Alberto Tiburcio Benegas Lynch y pertenece a un subgrupo de los anticasta de reciente aparición proyectándose desde su obscuro rincón antiperonista, hacia la política globalizadora y desindustrializadora de los países emergentes, contraria a las ideas que para su país tiene el propio Donald Trump, tan admirado por la “La libertad Avanza”.

Quien refiere al plan de extranjerización del mar, no se trata siquiera de un outsider ingresado en la política, como pudo ser Palito o Pichichi, que tenían su nombre ganado en la música o en el deporte náutico; aun así, nos habla este recién llegado, como un erudito y con una versatilidad notable que va desde que “los planes sociales son un horror”, en lugar de apreciar que el horror es la pobreza y la indigencia, hasta opinar que “es necesario la asignación de derechos de propiedad en el océano para combatir la crisis climática”, sobre la que “niega que sea de responsabilidad del hombre”, proponiéndonos, sin embargo, “privatizar el mar para que no se extingan las ballenas”; es decir, parece desconocer que la pesca en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) se realiza a través de empresas nacionales concesionadas que no capturan ballenas, práctica que sí efectúan algunas empresas extranjeras y que hacia 1833 fueron el argumento para la invasión británica de Malvinas ante la intención de regular la captura de estas especies por parte del gobernador Luis Vernet.

Sus ideas privatizadoras son confusas y llama la atención estando su familia tan vinculada a Mendoza, donde el agua es un bien escaso y si no fuera por su manejo prehispánico (1561), organizado sobre la base del primitivo sistema de canales y acequias heredado de los aborígenes que proveían de agua potable y riego y luego por la política derivada de la Ley de Aguas de 1884 que lleva adelante la administración del Departamento General de Irradiación, los viñedos de los ascendientes de Bertie no hubieran existido (Ver “Las viñas y los vinos de Mendoza”, de Eusebio Blanco, 1884, con el que aprendieron los Benegas).

A nadie se le ocurriría privatizar el agua de los canales y acequias y manejar la producción de los mendocinos; como a nadie, salvo a un grupo minoritario de privatizadores fundamentalistas, se le podría ocurrir privatizar el mar y que los nuevos propietarios de este amplio territorio marítimo manejen todos los recursos naturales pesqueros, hidrocarburíferos, mineros, etc., inclusive, la explotación de los cetáceos y, por supuesto, resignar la soberanía argentina de 8.029.842 Km2, es decir el 68% del total el territorio bicontinental nacional. Ahora, nada es casual, ya que a la par, el gobierno pretenda derogar la Ley de Tierras y con ello, entre otras cosas, poner en venta a extranjeros las fronteras del territorio argentino continental.

Antes de entrar a referirnos a la propuesta de este Caquero, como lo definiría María Belén, describimos un poco más a este oscuro diputado, para lo cual recurrimos a su escasa biografía para conocer con qué preparación previa diseña su hipótesis de liberar el mar.

Así vemos que en sus antecedentes, que rápidamente a ingresa Wikipedia, refieren más a los de su papá y a los de su abuelo que a los propios, como si el conocimiento se transmitiese por ósmosis. Suelen presentarlo como el hijo o nieto de, aunque en su adhesión a la política de confrontación con los gobernadores, contradice a su bisabuelo José Tiburcio que admiraba al caudillo oriental federal Gervasio Artigas y abrevó desde su juventud a la derecha recalcitrante en su ámbito familiar y «así se explica en el libro De la refundación al ocaso: los intelectuales liberal-conservadores ante la última dictadura, de Vicente Martín, en donde se cuenta el apoyo del mayor de los Benegas Lynch a la autodenominada “Revolución Libertadora”, que derrocó y proscribió a Perón en 1955 y le dio al economista un puesto en la embajada en Estados Unidos. Años más tarde apoyaría también, junto a José Martínez de Hoz y Álvaro Alsogaray, la dictadura de Videla en 1976» (Página 12, 17/08/2023). Ahora se entiende.

Cuando se carece de méritos propios o no se tiene suficiente edad para haberlos adquirido, es difícil diferenciarse de los mayores; pero Bertie dice tener 56 años y haber trabajado 20 años antes de llegar a la política en 2023; es decir, no ha sido un trabajador infantil y ha gozado de una larguísima adolescencia que podrían ser los motivos para que esté tan alejado de la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos. Podríamos decir que en términos sociales ha sido un gerente pasivo de la pobreza, por sus nulos aportes a la comunidad más vulnerable. Se presenta como un economista, político e intelectual, título este último que no convalida dejándonos atónitos, ya que hemos tenido candidatos a diputados en primer término en Buenos Aires peores; pero por suerte no todos llegaron al Congreso y éste, sin embargo, logró acceder a ese “nido de ratas” (Javier Milei) de la mano de los 25,43% de votos del presidente. Es un asquete, diría María Belén.

Bertie tiene como referentes políticos a Donald Reagan y a Margaret Thatcher y esta admiración está viva, aunque esta criminal por perpetuarse en el poder torpedeó fuera del área de exclusión de Malvinas al Crucero Gral. Belgrano el 2 de mayo de 1982 provocando la muerte de 323 argentinos.

Cuestiona a Hipólito Yrigoyen; adhiere al acuerdo entre Menem y Alsogaray; se declara católico aunque cuestiona al representante de Dios en la tierra ya que dice irresponsablemente que Francisco “tiene desvíos” y entiende que es autoritario a la par de respaldar la propuesta de su padre de romper relaciones con el Vaticano mientras dure su mandato.

Declara que “la derogación de la ley de aborto es una prioridad para él” y que “todo es posible y moralmente válido cuando no se lesionan derechos de terceros”, pero no se le cae una idea para terminar con el 57,4% de la pobreza y el 15% de indigencia (UCA, 17/12/2024) y no incluye la alimentación, la salud y la educación como un derecho ya que considera a “los planes un horror”.

Se reconoce como un “ser imperfecto, limitado y que maneja una ínfima cuota de comprensión respecto al mundo que lo rodea” (Infobae 2021, Wikipedia), aún con este reconocimiento opina de cualquier cosa, algunas de ellas muy complejas para ser entendidas para una persona que no se informa.

Dejando de lado cuestiones a las que ya nos hemos referido (César Lerena “La inverosímil idea de privatizar el mar”, 28/10/2023) en la Conferencia de La Haya de 1930 se inició la Codificación del Mar donde los países se propusieron delimitarlo y la Argentina en 1995 sancionó la Ley 24.543 ratificando la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, donde entre otras cosas, se establecieron los límites marítimos de los Estados y el aprovechamiento de los recursos naturales y la explotación del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) por parte de los Estados ribereños y alta mar por los Estados de pabellón. Desde entonces la apertura de la ZEE no se abre a la pesca de buques extranjeros. Ningún país desarrollado del mundo lleva adelante semejante despropósito. Solo Costa Rica, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y algunos países africanos que no tienen desarrollada su flota, su industria ni sus mercados pesqueros y no se trata solo de una cuestión económica o de soberanía alimentaria, muy importante, sino de Seguridad de Estado, como los países en que se referencia Bertie lo entienden, como Estados Unidos y el Reino Unido e incluso la Unión Europea (2014) que consideran los riesgos de la pesca en el mismo nivel de otras amenazas, como el crimen organizado transnacional.

Ahora bien, aunque el mar argentino no está divido en parcelas y vendido a terceros u otorgados permisos de pesca en la ZEE a buques extranjeros como propone “inocentemente” Bertie, la explotación del recurso pesquero ya está concesionado a empresas nacionales de capital argentino o extranjero y 520 buques de éstas pescan todo el volumen que autoriza la “Captura Máxima Sostenible” determinada por el Instituto de Investigación (INIDEP) y entonces vemos que no es casual que se quiera desmantelar este Instituto para provocar un desconocimiento del recurso disponible y dejar sin bioestadísticas al sector, lo que sumado a una falta de control sería lo que se estaría llevando adelante desde las ideas de libertad total a cualquier precio.

El gobierno y este desinformado diputado no tienen la menor idea de que debe hacerse en el ámbito pesquero. Nada de lo que se propuso en la Ley de Bases. Si se trata de aumentar los valores de los derechos de captura, porque se pudiera entender bajos, cuestión que es muy probable porque se trata de un recurso de dominio del Estado y los valores podrían no corresponder con los valores ciertos de comercialización, debería encomendarse al Consejo Federal Pesquero y en especial al subsecretario de Pesca elegido, que eleve al Poder Ejecutivo una fórmula de determinación y actualización de los valores. Claro, habrá que ver que tan idóneo y transparente es ese cuerpo, ya que, por ejemplo, el designado subsecretario ya se desempeñó durante 13 años en ese Consejo; es decir, es parte del problema.

El sector no tiene política de industrialización y agregado de valor; no se ha explotado la acuicultura en los niveles que lo hace en el mundo; no hay un control adecuado durante las capturas ni en los desembarcos; no hay acciones ciertas para erradicar la pesca ilegal extranjera y nacional y no hay un plan para llevar adelante acuerdos equitativos que permitan a la Argentina acceder a los recursos originarios de la ZEE en altamar; hay un altísimo porcentual de trabajadores en negro y parte de los salarios no se incorporan a los registros formales; entre “cientos de cuestiones irregulares” que hay que erradicar. Todo esto dicho en un lenguaje formal.

También es necesario que los representantes del pueblo reciban una capacitación básica sobre los temas que opinan, con el más absoluto respeto por la libertad “carajo”.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).

 

Twittear
Compartir
Compartir
Pin
Compartir
0 Compartir