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GUAYANA ESEQUIBA: PREFERENCIA DE TÍTULOS Y CARTOGRAFÍA IRREFUTABLE

Abraham Gómez R.*

En cualquier desenvolvimiento lógico, fundamentalmente en el caso que nos ocupa del conocido litigio centenario, debe prevalecer, más aún, la lógica jurídica; disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico; es decir, que los argumentos que vayamos aportando en un proceso inductivo, la verdad de las premisas sólo permite suponer, en el mejor de los casos, que es probable que la conclusión también sea verdad.

Hemos sostenido por nuestras indagaciones documentales —y dadas a conocer a todo el país— la verdad del vil despojo que se nos perpetró. Conclusión que aumenta con el descubrimiento de nuevas evidencias que la corrobora. Nos hemos encontrado con todas las premisas favorables, positivas y certeras; así entonces, no caben dudas que las conclusiones, que aspiramos —en sentencia— en la Corte Internacional de Justicia, así mismo serán.

Debemos suponer que en el juicio que se sigue en la Corte no sólo debe importar la narratología de los hechos sino también el contenido en estricto derecho para determinar su corrección.

Significa que, si el Alto Jurado sentenciador se compromete con este tipo de argumentaciones de cogencias, fortalece la verdad de las premisas (Justos Títulos y cartografías) y reivindica la conclusión jurídica, esperada en justo derecho.

El concepto jurídico y Principio de la Efectividad ha sido discutido en relación con el título sobre un territorio, donde el Derecho Internacional ha marcado la preferencia del título jurídico por encima de la ocupación o la posesión ilegítima.

Por lo pronto, atendamos a la siguiente observación/pregunta: ¿cómo observa el Derecho Internacional las efectividades en el establecimiento de las fronteras?

La Corte ha decidido en una serie de sentencias, que han creado jurisprudencias, que un Título Jurídico preexistente (como en nuestro caso con la Cédula Real de Carlos III, de 1777) prevalece sobre una administración del territorio en controversia, por parte de otro Estado.

Un Estado puede completar, pero no contradecir el título jurídico preestablecido.

Las fronteras han tenido, por su propio ámbito de aplicación, una relación estrecha con la cartografía. Este es otro punto de nuestro aprendizaje.

Prestemos mucha atención a lo siguiente. La propia Sala sentenciadora de la ONU, ha dictaminado siempre que las cartografías constituyen —apenas— elementos auxiliares en una controversia interestatal.

Los mapas suelen jugar un rol importante, ya sea como integrante del tratado que se aplica al caso concreto, o porque muestran una forma de interpretar la intención real de las Partes, y pueden servir de prueba auxiliar o confirmatoria de aquélla.

La Corte siempre ha dictaminado que un mapa anexo a un título jurídico es un elemento complementario del cual forma parte integral.

La Corte sentó la jurisprudencia que la cartografía alegada por un Estado Parte, en un proceso de litigación, constituye, ciertamente, una expresión física de la voluntad del Estado concernido; pero no es suficiente como elemento de probanza definitiva.

La Sala decidió que, en las delimitaciones fronterizas, los mapas condensan (representativamente) simplemente información, y nunca títulos territoriales por sí solos. Son meramente pruebas extrínsecas, que pueden usarse, junto con otras, para determinar los hechos reales. Su valor depende de su fiabilidad técnica y de su neutralidad en relación con la controversia y las Partes.

A partir de los mapas presentados no se puede efectuar una inversión de la carga de la prueba. Conforme a la Corte, los mapas no poseen —eo ipso— fuerza probatoria en un litigio.

No obstante, en el caso que nos ocupa, en la actualidad, en la Corte Internacional de Justicia nos atrevemos a exponer el carácter de cogencia de nuestra enjundiosa cartografía.

Me permito explicar. Nuestro portafolio cartográfico ha adquirido la condición de argumento cogente; porque sus elementos constituyentes (los mapas que lo componen) resultan, en sí mismos, premisas de certificación histórica. Los mapas han hecho veracidad en su conclusión: la Guayana Esequiba ha estado siempre en cualquier cartografía venezolana.

Si todos los mapas inductivamente dicen que sí, entonces la conclusión deductiva es sí.

Vamos por partes. Conforma un legajo incuestionable todo el mapeado del reconocido geógrafo y académico Juan de la Cruz Cano y Olmedilla del año 1775. Un mural realizado con ocho planchas de cobre, valorado como el más completo mapa que se haya hecho de América del Sur hasta la utilización de métodos cartográficos contemporáneos.

Otra inducción: hay bastante fortaleza argumentativa en la obra cartográfica del inglés Joseph Hadfield, de 1839; la cual fue hallada en Londres, en el año 2018, por el abogado Ugo Giuliani, quien donó al Estado venezolano esos mapas legítimos y auténticos, que demuestran la inclusión de la Guayana Esequiba, en el contexto geográfico venezolano.

Más argumentación al respecto. El mapa político y atlas de las provincias venezolanas, realizado por Agustín Codazzi, en 1840; el cual ha sido considerado un elemento de cogencia (respaldado por investigaciones geográficas, sobre todo en la provincia de Guayana). Añadamos, también, el elogiable aporte cartográfico, plasmado en el enjundioso trabajo del ingeniero y exrector de la UCV, Muñoz Tébar, en 1887, fundamentalmente hacia la parte oriental de nuestro país.

Nuestra delegación, si aceptamos hacernos parte del Juicio en La Corte, tendría la solidez como prueba auxiliar extrínseca —elemento de cogencia al momento de elaborar el Memorial de contestación de la demanda— de una fortaleza cartográfica auténtica. 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro del Instituto de Estudios Fronterizos de Venezuela (IDEFV).

MONÓLOGO ARGENTINO Y AVANCE BRITÁNICO

César Augusto Lerena*

Con políticas erróneas, erráticas o ausentes, se ha provocado la más grande pérdida territorial de la Historia Argentina, desde la independencia

 

«Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas» (Res. 1514 ‹XV› ONU, 14/12/1960 inc. 6). No parece entenderlo así el Reino Unido de Gran Bretaña, que ha hecho oídos sordos a todas las resoluciones; mientras que los reclamos diplomáticos argentinos apoyados internacionalmente, como el recibido el pasado 21 de este mes en la ONU, resultan necesarios, pero insuficientes.

Sabemos, que en 1965 la ONU dictó la Res. 2065 (XX) reconociendo la disputa entre Argentina y el Reino Unido respecto a Malvinas y los instó al diálogo; pero, ya pasaron 56 años de monólogo y cooperación unilateral argentina y 45 años de avance territorial y de explotación británica. En este escenario, hay unos pocos argentinos, que contrariando las citadas resoluciones y la Constitución Nacional y, desconociendo las cuestiones geopolíticas, económicas, jurídicas e históricas quieren que los gobiernos tengan en cuenta la opinión de los isleños, a pesar de solo tratarse de habitantes británicos implantados en Malvinas, como ya quedó demostrado en el plebiscito de 2013. En esta línea están Antón; de Ipola; Filippelli; Gargarella; Iglesias; Kovadloff; Lanata; Noriega; Novaro; Onaindia; Palermo; Sábato; Sabsay; Sarlo y Sebreli; a los que se agregan Luis Romero y Sabrina Ajmechet candidata a diputada de “Juntos” que pusieron en duda que las Malvinas sean argentinas; Patricia Bullrich, que sugirió que podrían haber cambiado Malvinas por vacunas y Marcelo Kohan que prometió a los isleños «un plebiscito sobre la soberanía» (Infobae, CARI, 2018), con la particularidad que este último hoy pertenece al Consejo Nacional de Malvinas.

Con las opiniones de estos personajes que tienen una gran exposición pública y la instrumentación de políticas erróneas, erráticas o ausentes y, a pesar de lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, se ha provocado la más grande pérdida territorial de la historia argentina, desde la independencia nacional.

El 23 de septiembre de 1973 el FREJULI ganó las elecciones con la fórmula Perón-Perón obteniendo el 61,85% de los votos. Un frente integrado por peronistas, frondizistas, demócratas cristianos, conservadores populares, socialistas y otros apoyos de la izquierda.

Como producto de las gestiones diplomáticas realizadas durante ese gobierno democrático el 1 de diciembre de 1976 las Naciones Unidas aprobaron la Res. 31/49, en base a las Res. 1514 (XV) del 14/12/1960; 2065 (XX) del 16/12/1965; la 3160 (XXVIII) del 14/12/1973 y, teniendo en cuenta, la Declaración Política aprobada por la Conferencia de los Países no Alineados (Lima, 25 al 30/8/1975), donde en especial, se pidió a los gobiernos que “…aceleren las negociaciones relativas a la disputa sobre la soberanía…” y “…se instó las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas”, cuestión que el Reino Unido violó sistemáticamente y que, distintos gobiernos invisibilizaron esta importante resolución bajo el falso pretexto que fue dictada durante el Proceso Militar (escondiendo el valioso trabajo precedente) y, hasta cedieron espacios y recursos e, incluso, cooperaron en favor de los intereses de esta potencia invasora.

Los resultados están a la vista: en 1965 la disputa se limitaba a Malvinas. En 1989/90 por el Acuerdo de Madrid se incorporaron formalmente las Georgias del Sur (3.850km2) y Sándwich del Sur (310km2) y el Reino Unido consideró con este Acuerdo haber dado fin a la disputa. En 1976 al dictarse la Res. 31/49 el Reino Unido ocupaba Malvinas (11.410 Km2 y tres millas marinas alrededor). Desde esa fecha y a hoy ocupan 1.639.900 km2 del territorio marítimo e insular y, nos disputan 1.430.367 km2 de la plataforma continental y 965.597 km2 de la Antártida Argentina. En 1976 la explotación de los recursos argentinos en el área de Malvinas era poco significativa. A partir de ese año y, especialmente desde los Acuerdos de Madrid, el Reino Unido otorgó licencias pesqueras a empresas extranjeras que capturan 250 mil toneladas por año por un valor de mil millones de dólares. Se formaron sociedades mixtas española-británicas y desde 2021 estas sociedades deberán tener el 51% de las acciones a favor de los isleños. En 45 años las empresas se llevaron 11.250.000 toneladas de productos pesqueros por un valor estimado en los 45.000 millones de dólares. Desde 1976 y especialmente desde 1982 más de 350 buques extranjeros capturan un millón de toneladas de recursos pesqueros migratorios de la Z.E.E.

Durante la década de 1980, la Cancillería rechaza en 1981 la propuesta británica de “congelar por un determinado plazo la cuestión de la soberanía…”; oferta que hacía suya “sin vencimiento” Caputo en 1987, aunque no alcanzaría el Acuerdo debido al prematuro fin del gobierno radical (1989). Sería Cavallo, quien firmaría los Acuerdos de Madrid, bajo la “fórmula del Paraguas”. Arturo Frondizi le decía a Cavallo al respecto: “para los peronistas usted es un traidor a la patria”. Desde 1982 y en especial a partir de 1989 con los citados Acuerdos y el otorgamiento de licencias pesqueras, se acrecienta la pesca por parte de buques extranjeros y, la internacionalización del mar argentino. En 1983 se inicia un proceso de desmalvinización. Se instala un proceso de desculturalización y desinformación, presentando a la guerra de Malvinas como vergonzante que minimiza el sentido de pertenencia del Archipiélago e ignora el rol cumplido por los combatientes argentinos en Malvinas y el Atlántico Sur, facilitando a los británicos el inicio de una serie de procesos ruinosos en perjuicio del país. En 1985 el Reino Unido inaugura un nuevo aeropuerto en Malvinas que facilita las operaciones militares desde las islas. En 1986 el Canciller Caputo concreta el «Acuerdo Marco de Cooperación» con la URSS y Bulgaria con la intensión fallida de que sus buques pesquen en el área de Malvinas. Como respuesta a estos Acuerdos, el Gobernador británico ilegal en Malvinas anuncia la creación de una «Zona Provisional de Conservación y Administración de Pesquerías» (FICZ), estableciendo, por primera vez, un área de 150 millas en torno a Malvinas prohibida a los buques argentinos, además de reivindicar, la Z.E.E. y una Plataforma Continental de 200 millas (438.000 km2) alrededor de Malvinas. El mismo año se crea la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (ZPCAS) aprobada por la Res. 41/11 del 27/10/1986 la ONU, con la participación de todos los Estados con ZZE en el Atlántico Sur; pese a ello el Reino Unido incrementa su armamento en las islas y la explotación de los recursos.

En la década del 1990, se firman los Acuerdos de Madrid I y II en 1989/90 que confirman la «fórmula del paraguas»; la entrega de la pesca al Reino Unido y las restricciones militares británicas que consolidan su ocupación militar y económica del Atlántico Sur. En 1990 Cavallo firma el “Acuerdo del Gallinero”, de conservación conjunta de los recursos pesqueros al éste de Malvinas, un área con forma de medialuna en territorio argentino, que facilita al Reino Unido el otorgamiento de licencias pesqueras. Con el descarte de 4.000 km2 al sudeste de Malvinas, el Reino Unido se ajusta a las previsiones de la CONVEMAR (Art. 74º) respecto a la delimitación de espacios entre países ribereños vecinos, estatus que el Reino Unido pretende. En 1991 Cavallo promueve la determinación de las Líneas de Base del territorio continental argentino que le allana al Reino Unido la posterior demarcación de una Z.E.E. de Malvinas. En 1993 el Reino Unido amplía su ocupación hasta 200 millas alrededor de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Esta determinación implicó una mayor ocupación marítima y el control meridional del Atlántico Sur y su vinculación con la Antártida. En 1994 el Reino Unido se apropia de 1.400 Km2 al noroeste de Malvinas, por fuera de la exclusión británica (FICZ), que denomina “GAP”, para proteger sus capturas de calamar. En 1995 la Argentina y el Reino Unido acuerdan una investigación pesquera conjunta en un sector más amplio que el de la exclusión británica, obteniendo una información vital para otorgar licencias ilegales a buques extranjeros. En 1996 en Londres, el secretario de Relaciones Exteriores Andrés Cisneros explica, como exitoso el Acuerdo donde se normalizan las relaciones con Inglaterra, sin que la Argentina limite ocupación territorial de esta o, la libre explotación de nuestros recursos. En 1998 la Argentina firma un “Convenio de Cooperación Militar” con el Reino Unido y, en lugar de reducirse la presencia militar británica en el mar argentino, ésta traslada el Comando Sur desde la Isla Ascensión a Malvinas, instalando la mayor base de la OTAN en el Atlántico Sur y, se mantiene la obligación de informar los movimientos militares argentinos. En 1999, Cisneros acuerda combatir los “buques sin licencias británicas”, una de las mayores cooperaciones unilaterales argentinas en favor de la economía isleña.

Durante la década del 2000. En el 2000 se aprueba por Ley 25.290 el llamado Acuerdo de Nueva York (adoptado el 4 de diciembre de 1995) sobre la conservación de las especies transzonales y altamente migratorias, que -de ratificarse- pondría en manos de los Estados de Bandera con mayoría de votos en las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP) el control de las especies migratorias argentinas, abriéndole las puertas al Reino Unido para intervenir en la administración del Atlántico Sur bajo pretexto de considerar a Malvinas un estado ribereño. Es un Acuerdo que violentaría la Constitución Nacional (DTP). En 2005 la Unión Europea vota su Constitución, e incluye, a Malvinas, Georgias, Sándwich y la Antártida como Territorios Británicos de Ultramar y, los británicos otorgan licencias de pesca por 25 años en Malvinas, en una clara demostración depredadora de los recursos argentinos.

En la década del 2010. En 2011 el Reino Unido inicia las exploraciones petroleras en Malvinas y, en 2015 anuncian el hallazgo de petróleo a unos 200 km del archipiélago. El Reino Unido crea en 2011 la «reserva Blue Belt más grande del mundo» con 1.070.000 km2 (tres veces más grande que el Reino Unido) en jurisdicción argentina, alrededor de Georgias y Sándwich del Sur, para asegurarse la llegada de peces a Malvinas, incluidos 20 mil Km2 de dentro del área de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. En 2012 el director ilegal de Pesca de Malvinas, John Barton declaraba: «sin la Pesca los Malvinenses no podrían haber subsistido» (sic). En 2016 se ratifica de hecho el Acuerdo de Madrid, con el denominado Pacto Foradori-Duncan que declara: «adoptar las medidas para remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas». Este pacto reactivó las investigaciones pesqueras conjuntas suspendidas en 2015 y, habilitó vuelos de Malvinas a San Pablo, facilitando el comercio con este importante centro económico y de acceso al mundo. En el 2016/17 la Comisión de Límites (CLPC) de la Plataforma Continental aprueba el informe argentino, por el cual, recomienda que, sobre el total de 1.782.000 km2 presentados, queden firmes solo 351.633 km2, dejando sin tratar 1.430.367 km2 por entender que son espacios en disputa con el Reino Unido. En 2018 la Cancillería requiere al Congreso de la Nación la aprobación del Convenio para la Conservación del Atún en el Atlántico Sur con “el ingenuo interés” de preservar una especie que no está presente en la Z.E.E. Argentina, que le permitiría una mayor injerencia al Reino Unido. En 2019 se otorgan a empresas británicas áreas offshore de explotación petrolera, entre Malvinas y el continente argentino, consolidando la presencia británica en esa región austral.

Durante la década del 2020. En 2020 se crea por ley 27.558 una Comisión integrada con legisladores, académicos y veteranos de guerra, entre cuyos miembros, hay quién tiene una posición alejada a la establecida en la Constitución Nacional. Sancionada la ley 27.564 para aumentar las multas a la pesca ilegal, hasta la fecha no se han aplicado a los buques que operan en Malvinas o a la captura de las especies migratorias argentinas. En 2021 se produce el Brexit y la salida de Malvinas de la Unión Europea, sin embargo, a instancias de España, se acuerda que los productos de este origen sigan ingresando a Europa sin aranceles, consolidando la economía de los isleños. Los británicos construyen un puerto en Georgias del Sur y anuncian la construcción de un puerto en Malvinas que se constituirá en el epicentro de las operaciones del sur de Atlántico Sur y la Antártida. Uruguay y Chile, mientras tanto, dan apoyo logístico y portuario a Malvinas.

La información precedente demuestra la grave violación del Reino Unido de la Res. 31/49 de las Naciones Unidas y la necesidad de nuevas estrategias de Argentina.

 

* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, autor de 28 libros. Entre ellos: “Malvinas. 1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2021) y “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada” (2021).

 

Nota publicada en El Economista, 02/11/2021, https://eleconomista.com.ar/debates/monologo-argentino-avance-britanico-n47499

GUAYANA ESEQUIBA: APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE UNOS Y ARDID ELECTORAL DE OTROS

Abraham Gómez R.*

Bloque Stabroek ubicado frente a la fachada atlántica venezolana, en aguas que forman parte de la plataforma continental del territorio en reclamación entre Venezuela y Guyana (Foto: Oilprice). Fuente http://www.aviacion.mil.ve/?p=9368

La disputa centenaria por el inmenso territorio —que nos arrebataron con vileza— entre Venezuela y Guyana ha tenido a lo largo de su desenvolvimiento ciclos de altas y bajas.

En algunas precisas ocasiones pareciera que se extremaran las posiciones de parte y parte. Se han percibido recrudecimientos que se llega a sacar una conclusión a priori; y por el tono uno aligera y dice: “ahora si la cosa va en serio”.

Sin embargo, analistas coinciden en que la tensión provocada para reivindicar el área citada por los gobiernos venezolanos (de distintos signos y colores) se incrementa en las proximidades de procesos comiciales; y que una vez trascendido el hecho electoral baja el ardor del pleito fronterizo, significativamente. A la situación descrita en el párrafo anterior le hemos estado haciendo un severo estudio y seguimiento.

Apoyados en datos concretos llegamos a afirmar que el conflicto histórico —del cual nos ocupamos desde hace muchos años— ha sido utilizado con sesgos políticos; como una especie de estrategia para crear un falso nacionalismo, y casi nunca como lo que debe ser: una sostenida reivindicación venezolanista con suficientes elementos de probanzas.

En el señalamiento anterior, personalmente he coincidido con el experto Sadio Garavini, quien ha insistido: “el gobierno ha demostrado que todo cuanto es el caso Esequibo lo tratan como un tema electoral; así también, debo exponer que cuando se dan cuenta de que bajan en las encuestas y que sus tácticas parar crear un nacionalismo fallan, deciden no tocar, circunstancialmente, el tema del Esequibo. El Ejecutivo no se ha mostrado interesado, en los últimos 15 años, en la disputa territorial sino hasta el momento en el que se acercan algunos comicios. El fallecido presidente venezolano Hugo Chávez nunca tuvo ningún interés al respecto, pese a su gran poder político y económico con el que pudo haber llegado a un acuerdo con Georgetown”.

Lo cierto es que La controversia sigue estando allí. El litigio ha escalado a la Corte Internacional de Justicia. Ente sentenciador que ha programado para los años 2022 y 2023 los eventos para que las partes conflictuadas; caso de Guyana ratifique su demanda, obviamente con inserción de su pretensión procesal; y en nuestro caso, ocasión para consignar el memorial de contestación.

Nos sigue preocupando el silencio injustificado e incomprensible que se ha ido apoderando de quienes representan al Estado venezolano en la controversia por el Esequibo.

Resulta extraño que luego de la convulsión que se levantó internacionalmente, por las audiencias orales —a las cuales no asistimos e invocamos la no comparecencia—; y por las decisiones de la Corte en febrero y marzo de este año, no ha habido, ni el país ha apreciado mayores iniciativas para insistir en las tareas de concienciación, y menos en la estructuración del equipo multidisciplinario para la recuperación del territorio, que nos han usurpado desde la firma del Laudo Arbitral de París, del 03 de octubre de 1899.

Aprovechando la desatención de las autoridades venezolanas, la empresa Exxon Mobil se ha encargado de capitalizar —directa o indirectamente— todos los trabajos de exploración sísmica, explotación y comercialización petrolera en el contexto geofísico en el Bloque Stabroek, ubicado en la proyección atlántica del estado Delta Amacuro. Advertimos que es área venezolana que jamás ha estado bajo ningún pleito fronterizo; además, incurren en flagrante violación del Acuerdo de Ginebra, suscrito el 17 de febrero de 1966.

Agreguemos también, que a pesar de los constantes señalamientos contra Exxon Mobil, la transnacional más protuberante que se instaló ilegalmente en esos yacimientos; tampoco los gobiernos nuestros han hecho las denuncias de las empresas con concesiones espurias aprobadas por Guyana para esquilmar recursos de todo tipo, que pertenecen a la nación venezolana.

Hemos denunciado, con insistencia, que hay un enjambre de empresas operando, bajo la coordinación, como se sabe, de la Exxon-Mobil, la cual fija los procedimientos, en el área, para la Shell holandesa, a la CGX estadounidense, a la Anadarko canadiense, a la CNOON china; en fin, se conoce que sobrepasan las (52) compañías que allí se instalaron, procedentes de muchos países, que se dicen amigos de Venezuela; incluso algunas naciones que hemos estado apoyando a través de Petrocaribe.

Están aprovechando, como mejor les plazca, los recursos madereros, acuíferos, mineros, petrolíferos y energéticos en general, en nuestra Guayana Esequiba; no únicamente en el área territorial de los 159.500 km2 que nos arrebataron; sino además han permisado a grandes consorcios en la proyección atlántica nuestra.

Estimaciones recientes del Fondo Monetario Internacional revelan que Guyana tendrá, en 2021, un crecimiento de su PIB, por el orden del 86%; incluso, se especula que sobrepasará en un 14 por ciento a la misma China, en su incremento de riquezas.

Se habla que en los próximos meses comenzarán las “exportaciones petroleras de Guyana” (¿?), entre 700.000 y un millón de barriles diarios. Además, añaden que la ex colonia británica puede llegar a ser el país con el mayor caudal financiero líquido disponible y de ingreso per-cápita. Podría llegar a ser el país, en el mundo, con el mayor número de barriles de petróleo por habitante.

La señalada perplejidad (y las comillas que adrede utilizamos) para relatar las cifras anteriores vienen dadas porque la Zona Esequiba (y su proyección marítima) donde están operando las citadas empresas nunca ha sido ni británica ni guyanesa. Tenemos una reclamación centenaria que ahora se dirime en la Corte Internacional de Justicia. Poseemos suficientes elementos probatorios para exponer y alegar que la Guayana Esequiba es nuestra jurídica, cartográfica e históricamente.

Ha habido una ocupación abusiva de las transnacionales, a partir de concesiones fraudulentas e ilegales que recibieron de los gobiernos guyaneses. Entregas impregnadas de añagaza económica.

 

 

* Miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Miembro de la Fundación Venezuela Esequiba. Miembro del Instituto de Estudios de la Frontera Venezolana (IDEFV). 

Publicado originalmente en Disenso Fértil https://abraham-disensofrtil.blogspot.com/