Hacia fines de 2019 se realizaban en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) unas Jornadas sobre «selectividad y reducción de pesca incidental», donde se escuchó decir que era «un escándalo que tiremos comida al agua que nos deja mal parados ante el mundo». No era un representante de una organización social o medioambiental o un militante opositor al gobierno, era nada menos que el propio Subsecretario de PescaJuan Bosch quien expresaba este horror, como si no fuera el principal responsable de la depredación pesquera que ocurría en el mar argentino después de varios años de una lamentable y deficiente tarea y, en un repudiable sincericidio nos expresaba, que eraun escándalo que se descarten cientos de miles de toneladas de proteínas al mar, que podrían alimentar a tres millones de niños y adolescentes diarios y que, desvergonzadamente, admitía, en su doble condición de subsecretario del área y presidente del Consejo Federal Pesquero. Pues bien, de ese Consejo del gobierno saliente participaba —y levantaba la mano en signo de aprobación— el actual subsecretario de PescaCarlos Liberman y, a poco menos de dos años de gestión todo se ha agravado; porque no solo se siguen descartando proteínas al mar, vital elemento para la formación y desarrollo intelectual de nuestros niños y jóvenes, sino que la pobreza y la indigencia siguen aumentando en la Argentina.
Estos dos funcionarios de distintas corrientes políticas expresaron y expresan una sola política: la de la ineptitud y la irresponsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones públicas y, mientras los trabajadores, empresarios, profesionales e investigadores del sector se esfuerzan, con virtudes y defectos en producir más y mejor desarrollando los pueblos donde se radican, estos burócratas son el ejemplo que aprovechan los prebendarios para denostar al Estado, calificándolo de ineficiente, incapaz y, hasta corrupto, para hacerse, vía concesión o privatización de los recursos, privándole a éste de los medios para sostener los servicios básicos a la población.
El ex representante de Santa Cruz y hoy subsecretario Carlos Damián Liberman, quien como consejero votó reiteradamente decisiones que perjudicaron el interés pesquero en general y muy especialmente a los de su Provincia, como surge de las Actas del CFP y, responsable del escaso desarrollo pesquero de esa Provincia en los últimos quince años, sino no fuese por la presencia del imprevisible langostino —cuyos derechos originarios ni siquiera supo defender— mantiene el modelo (¿?) de gestión iniciado en el proceso militar y reafirmado durante el gobierno de Menem. El de la concentración pesquera; la exportación sin valor agregado y la importación de buques; la ausencia de consumo interno y el desempleo y trabajo precarizado. Si este funcionario fuese peronista, diría Evita: «los peronistas tibios, me dan asco». Y habrá otra cantidad importante de argentinos que no son peronistas, y puede no importarles este calificativo, pero no están en el gobierno.
Ya es bastante absurdo que éste y los anteriores gobiernos mantengan con rango de subsecretaría un área que tiene bajo su responsabilidad administrar (investigar, conservar y distribuir) los recursos pesqueros; ser palanca del desarrollo poblacional e industrial del estratégico litoral marino; estar relacionada con la industria naval y la ocupación marítima; su control y defensa y, en un espacio, que está ocupado en un 52% por una potencia extranjera que se sostiene con la sustracción de 250.000 toneladas anuales de recursos migratorios argentinos, además de las capturas igualmente ilegales que realizan buques españoles, chinos, coreanos y taiwaneses con subsidios que facilitan la pesca a distancia. Un Estado ribereño (Argentina) que tiene un PBI marítimo desaprovechado; un sector que exporta el 50% de los recursos que le roban; que pese a tener una Zona Común de Pesca con Uruguay en los puertos de este país hacen su logística los buques extranjeros que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur y Malvinas. Pero, si algo falta, ¿qué hace la subsecretaría de pesca en el Ministerio de los granos y la carne? En lugar del de la Producción o Industria o en un Ministerio del Mar, como Francia, que con el 10% de Zona Económica Exclusiva Continental Argentina entiende la importancia del mar y sus recursos. La Pesca no solo es una cuestión productiva, de desarrollo, alimentario y sanitario, es geopolítica y de soberanía nacional. Claro, con funcionarios mediocres, con escritorios y la bandera a sus espaldas, es poco probable que se entienda.
Transcribo dos mensajes inaugurales de dos presidentes en el Congreso de la Nación, que podríamos tener en cuenta a la hora de valorar las capacidades puestas por los citados subsecretarios Bosh y Liberman por igual:
«Para que haya en realidad pobreza cero necesitamos generar trabajo, ampliar la economía, aprovechar los enormes recursos naturales y humanos que tiene la Argentina. Vamos a cuidar los trabajos que hoy existen, pero sobre todo a producir una transformación para que se multipliquen las fuentes de trabajo porque esa es la única forma de que haya prosperidad donde hoy hay una pobreza inaceptable. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio».
«Adoptar las medidas más urgentes que nos permiten hoy compartir con ustedes la agenda de futuro que tenemos que desarrollar, como comunidad fraterna y solidaria que somos, para construir la transformación que nos proponemos (…) Al mismo tiempo, estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción. Estamos generando condiciones macroeconómicas sostenibles y acompañamos a los productores en sus proyectos y esfuerzos. La política productiva debe tener una fuerte orientación a impulsar las exportaciones. Tenemos que salir del extractivismo y generar una industrialización de base nacional, PyME y tecnológica, que permita desarrollar una cadena de proveedores en torno a los recursos naturales y otras actividades».
El primero, el 1º de marzo de 2016, fue pronunciado por Mauricio Macri y, el segundo, el 1º de marzo de 2020, por Alberto Fernández. Aunque opositores, el mensaje parece similar. Me inclino a pensar que los ineptos (véase significado) de Bosch y Liberman por igual, no han cumplido con el mandato presidencial ante los representantes del pueblo argentino.
A nuestro entender, ambos funcionarios, han sido igualmente incapaces de:
Asuntos Nacionales
1)Nose eliminó o redujo el descarte y la pesca incidental impidiendo la generación de nuevas fuentes de trabajo y contribuir a reducir el hambre cubriendo las necesidades proteicas diarias de tres millones de niños y adolescentes diarios todo el año, con motivo del desembarco, proceso industrial y aprovechamiento de las 300 mil toneladas que se descartan por año, ajustándose a las exigencias de descarte cero que la Unión Europea aplica desde 2014 y la Ley 24.922 exige desde 1998. Se suspendió la utilización de artes de pesca selectivas para facilitar el escape de juveniles, etc.
2)Nose evitó la sustitución de las especies desembarcadas, favoreciendo la distorsión de las cuotas asignadas a las empresas y provocando depredación e inequidad en la distribución de las cuotas.
3) Como consecuencia de los descartes, depredación y sustitución no se garantizó la sostenibilidad y sustentabilidad del mar argentino para las actividades actuales y las generaciones venideras.
4)Nose eliminó el trabajo en negro en la actividad industrial por la falta de utilización de sistemas que obliguen a la registración del trabajo.
5)No se aplicó un modelo de administración industrial del recurso para asegurar el trabajo, con motivo -entre otros- del modelo extractivo y la transferencia del esfuerzo pesquero a la captura del langostino y su transformación en terceros países, muchos de ellos consumidores directos.
6)No se aumentó el valor agregado de las exportaciones, ni se evitó la cesión del empleo de mano de obra argentina en el procesamiento del langostino, derivando estos a terceros países consumidores finales o a los que transforman los recursos para éstos. El 65% de las exportaciones son commodities o de bajísimo valor agregado. Se mantiene el mismo modelo extractivo probadamente generador de menor mano de obra e industrialización nacional y de transferencia del trabajo a los importadores.
7)No se efectuó un control adecuado de las cuotas y se admitió la venta entre privados de las habilitaciones concesionadas por el Estado, quién se limitó al mero registro. Se aumentó del esfuerzo pesquero con motivo de las reformulaciones de permisos de pesca desde embarcaciones de baja capacidad y bodega a buques de mayor eslora y capacidad pesquera.
8)No se aumentó el consumo nacional de pescado y por tanto no se mejoró la dieta de los argentinos, la que está entre los más bajos del mundo (6,5 kg per cápita/año) cuando el promedio mundial es del orden de los 20kg. Es decir que los argentinos, consumen menos que los países pobres y que los ricos, con efectos muy negativos, no solo por el bajo valor agregado de las materias primas comercializadas, sino también, porque se pierden de consumir un producto que, por su alta calidad proteica y de sus grasas insaturadas, es solo comparable a la leche materna y, por lo tanto, es un alimento insustituible en el desarrollo y mantenimiento de la salud.
9)Se mantuvo la concentración y extranjerización pesquera, concentrando las exportaciones en unos diez grupos empresarios, que colocan en una situación de desarmonía al conjunto del sector pesquero.
10)No se aseguró la diversidad de la explotación, el que depende en gran medida de las exportaciones de langostino, un recurso biológicamente imprevisible, que ante una eventual caída de precio o de la captura llevaría al sector a una crisis sin precedentes.
11)No se implementó una política que asegure a las pequeñas y medianas embarcaciones e industrias pesqueras una Unidad Económica Pesquera que pueda garantizar su sustentabilidad económica y social.
12) Cayeron las exportaciones y no se facilitó la exportación y el comercio interno de las pequeñas y medianas empresas para mejorar su sustentabilidad económica y generar mayor valor agregado y empleo y, el valor promedio de las exportaciones en 2020 del complejo pesquero alcanzaron 1.730 millones de dólares (3,2% de las exportaciones totales) y decrecieron 7,1% con respecto a 2019. Del total exportado, crustáceos y moluscos participó con 74,5% (se destacaron los calamares congelados y los camarones y langostinos, enteros y congelados); pescados frescos y congelados participó con 24,0% (mayoritariamente merluza en filetes, merluza negra congelada y merluza congelada); y harinas y conservas participó con 1,6%. Y esto muestra la endeblez del sector dependiente en gran medida del imprevisible recurso langostino.
13)Se mantiene una política sin federalizar la explotación de los recursos originarios desindustrializando a las provincias del litoral marítimo.
14)Se mantuvo la política de importación de buques pesqueros, de investigación y transporte y se privatizó un recurso del Estado Nacional o Provincial en su caso en evidente perjuicio de la industria pública y privada argentina, con la consecuente pérdida de mano de obra y sin la rápida y adecuada renovación de la flota obsoleta, cuyas consecuencias trágicas son conocidas. Los españoles importan buques y llevan materias primas ilegalmente del mar argentino. El mantenimiento del DNU 145 del gobierno de Macri, permitió poner en garantía para la construcción de buques los permisos y/o cuotas de pesca, cuyo titular es el Estado, y meras concesiones para habilitar a la pesca. No se ha promovido la acción de la justicia penal.
15)No se actuó sobre las empresas que abandonaron los buques pesqueros en los puertos dificultando la operatividad en los mismos, tal es el grave caso del puerto de Mar del Plata.
16)No se intervino en la promoción de la construcción y/o ampliación y/o mejora de los puertos para facilitar la operación de los buques pesqueros.
17) Se mantuvo con escasa actividad los buques de investigación del INIDEP a pesar de realizarse la construcción en el extranjero de buques destinados a esta tarea. No se realizan investigaciones en alta mar destinadas a demostrar la depredación que están realizando al ecosistema los buques extranjeros que pescan ilegalmente ni a determinar el origen de las especies migratorias que realizan su ciclo vital principal en la Zona Económica Exclusiva Argentina.
18) No se intervino en la integración Paraná-Río de la Plata-Atlántico Sur para mejorar la eficiencia e integración territorial marina.
19)No se efectuó un seguimiento en forma continua de todos los proyectos de inversión, radicación industrial, agregado de valor y ocupación de mano de obra etc. a las empresas concesionarias de cuotas y autorizaciones de captura.
20) Nada se ha hecho en materia de acuicultura a pesar de que en el mundo de la producción total de pescados, moluscos y crustáceos alcanza a unos 167 millones de toneladas y que de éstas un 44% son de origen en acuicultura (73,8 millones). En la Argentina la producción total anual llegó en 2019 a las 2.592 toneladas, es decir un 0,0039% a nivel mundial y un 0,0843% en Latinoamérica. Si relacionamos los desembarques totales de capturas marítimas en 2019 (781.327 toneladas) con la acuicultura, en la Argentina ésta representa el 0,33% cuando debería representar el 44% mundial, es decir un volumen del orden de las 343.784 toneladas, que permitirían duplicar el empleo pesquero, el consumo y la exportación nacional.
21) No se tomaron las medidas adecuadas —entre otras considerar esenciales a los trabajadores de la pesca— para evitar la contaminación por COVID-19, la enfermedad y muerte. Amén de las graves dificultades operativas que la enfermedad y ausentismo provoca en la actividad.
Asuntos Internacionales
22)No se llevó adelante ninguna política de erradicación de la Pesca ilegal (INDNR), implementada por la Unión Europea (Reglamento (CE) Nº 1005/2008 del Consejo del 29/09/2008) por el que se estableció un sistema prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PESCA INDNR). No se impidió la captura ni se efectuaron los correspondientes acuerdos para evitar la pesca de más de 350 buques extranjeros ilegales en el mar argentino y adyacente que priva a la Argentina de un millón de toneladas anuales de pescados y calamares por un valor estimado de 4 mil millones de dólares anuales que duplican las exportaciones de Argentina. No hubo sanciones a la pesca en Malvinas.
23)No se llevó adelante una política de explotación nacional subsidiada de los recursos en la alta mar por parte de los buques argentinos destinada a facilitar la pesca argentina en esa área para contrarrestar la presencia de buques extranjeros en el mar argentino de Malvinas y la alta mar y, facilitar, accesoriamente Acuerdos entre empresas o de Estado-Estado. Esto permitiría duplicar la producción nacional y el empleo y ejercer mayor soberanía territorial y biológica.
24) No se canceló la Comisión Conjunta de Pesca con el Reino Unido y sólo se suspendieron las investigaciones conjuntas.
25)No se hizo valer en el concierto internacional el ejercicio de los derechos soberanos de Argentina en su carácter de carácter de país ribereño, ni se sancionó a todos los buques extranjeros que con o sin licencia ilegal inglesa pescan los recursos argentinos en el Atlántico Sur y Malvinas, violando las Leyes 24.922, la 26.386 y la 27.564, en un evidente incumplimiento de deberes de funcionario público y un daño gravísimo al patrimonio nacional.
26)No se concretaron nuevos Acuerdos con Uruguay que dificulten las operaciones ilegales de buques extranjeros en el Atlántico Sur y posibiliten una integración rioplatense para defensa del Atlántico Sur y, por el contrario, se ignoró la utilización de los puertos uruguayos por parte de buques extranjeros ilegales.
27) No se promovió la derogación del Acuerdo de Madrid I y II; el Pacto de Foradori-Duncan; los Acuerdos de Nueva York, del Atún y Rector de Puertos que le han permitido al Reino Unido extraer de Malvinas desde 1989 a la fecha 32 mil millones de dólares de productos pesqueros de origen argentino debilitando la posición argentina en el Atlántico Sur, Malvinas e impedir el desarrollo estratégico de la Patagonia y especialmente la provincia de Tierra del Fuego, a cuya jurisdicción pertenecen los archipiélagos, la Antártida y los mares correspondientes. A la par, de facilitar la intervención de Estados de bandera (extranjeros) en la administración de los recursos argentinos en el Atlántico Sur y facilitar al Reino Unido el pretendido e ilegal rol de Estado ribereño, absolutamente violario de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
28)Nose intervino ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) ni ante los países que subsidian la pesca a distancia (China, España, Japón, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos, Taiwán, Tailandia, Noruega) y, que en el caso específico de la pesca en Malvinas reciben 100 millones de dólares anuales de subsidios.
29) No se opone a la iniciativa de declarar Área Marina Protegida al denominado Agujero Azul, que debería limitarse a declarar monumento por ley aparte la reducida área donde descansan los restos de los tripulantes del ARA San Juan y no restringir la pesca nacional en esa área, mientras que los buques extranjeros no habrán de acatar dicha declaración, creando el gravísimo precedente que seguramente habrá de darle pie al Reino Unido a iguales acciones en perjuicio de la Soberanía Nacional Argentina.
30) Se mantienen las Áreas Marinas Protegidas de Yaganes y Namuncurá en lugar de aplicar los previstos de vedas, reservas, limitaciones, etc. de la Ley 24.922 en un evidente perjuicio a la pesca nacional y por el contrario no ha promovido la instalación de Áreas Marinas Protegidas en los 1,6 millones de km2 en los territorios marino alrededor de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur mantiene ocupado el Reino Unido.
31) No se generó la necesaria confianza internacional en los organismos nacionales de control y certificación para asegurar la colocación certificada de los productos pesqueros argentinos en el mundo y equilibrar las barreras para-arancelarias que organismos internacionales certificadores ejercen sobre los productos nacionales y los sistemas de explotación. A punto tal que estas empresas extranjeras certifiquen procesos y productos extraídos en forma ilegal en las áreas bajo ocupación del Reino Unido.
En la numerología el 31, que son el número de observaciones que aquí se realizan, simboliza la expresión creativa, sinceridad, confiabilidad, pragmatismo, seguridad, etc. el problema es que a estos funcionarios les faltan y no están presentes.
Los funcionarios públicos van a tener que empezar a rendir cuentas. No sea que tomemos como cierto los cuentos del pescador mentiroso o apelemos a la multiplicación de los peces para ser, como tantas veces, campeones morales del subdesarrollo.
La inacción muestra la incapacidad de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Federal Pesquero y el grave desorden de la administración de la pesquería que deja de manifiesto este gobierno nacional, el anterior y el anterior, per sécula seculorum.
Algunos funcionarios del sector pesquero, al solo efecto de posicionarse en las propias internas de los partidos gobernantes de turno, suelen referirse a que el sector tuvo un volumen mayor crecimiento que el agrícola, ganadero, minero, etc. Ello sería desconocer la política extractiva iniciada en la década del 90 y es imposible que la pesca, que es un recurso renovable, pero agotable, pueda competir con la ganadería que tiene, no solo un alto consumo interno (55kg per cápita/año) al que hay que agregar, que las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas de abril de 2019 a marzo de 2020 alcanzaron a las 868 mil toneladas por un valor cercano a 3.192 millones de dólares (IPCVA, abril 2020); por su parte, el 37,4% del total de las exportaciones argentinas de 2019 se debió al complejo sojero, maicero y triguero, materias primas que se exportaron por un monto de 24.310 millones de dólares, obviamente muy superior a los U$S 1.730 millones de dólares de la pesca.
Estos números no desvalorizan la importancia del sector pesquero, pero referirse a que tenga el mayor crecimiento por sobre otros sectores muy importantes no se ajusta a la realidad y desinforma a funcionarios y lectores desprevenidos. La pesca no es inagotable y si bien puede lograrse un crecimiento, no será posible hacerlo a través de incrementar las capturas en la Zona Económica Exclusiva Argentina, sino mediante una mejor administración del recurso, la eliminación de los descartes, el agregado de valor a las materias primas y, sobre todo, acordar e ir a capturar más allá de las 200 millas.
Finalmente habría que agregar que, siendo en sus orígenes una actividad 100% nacional, hoy siete de las diez primeras exportadoras pesqueras son extranjeras; capitales chinos, americanos, españoles, etc. cuyas casas centrales se hacen de las materias primas argentinas que compiten en el mercado internacional con las empresas nacionales.
Todas tienen en común que sufren altos impuestos internos, derechos a las exportaciones, falta de financiación a tasas adecuadas para la renovación de la flota en el país, moras en la reposición de reintegros e IVA, altos impuestos al combustible, etc. Y es verdad también, que las empresas exportadoras pesqueras están certificadas en su calidad y sanidad por los organismos técnicos competentes más exigentes del mundo (FDA, Comisión Veterinaria UE, etc.) y aplican Planes HACCP de autocontrol de seguridad alimentaria desde hace más de 20 años.
Accesoriamente y como muy importante es que la Pesca es una herramienta estratégica para encaminarnos a la recuperación de Malvinas y esto no parecen entenderlo ni el Subsecretario de Pesca Carlos Liberman ni el secretario de Malvinas Daniel Filmus. Ellos también siguen consumiendo no más de 6,5 kg per cápita de pescado por año y con este simple dato es muy poco probable revalorizar el mar y los espacios insulares argentinos.
Este país, que al parecer no reflexiona ni tiene conocimientos económicos, será sin comercio un país desgraciado, esterilizada su feracidad y holgando su industria (Manuel Belgrano).
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.
Programa «De Renzis Ayer y Hoy» conducido por Miguel Ángel De Renzis
Todos los viernes 7,15 horas por Radio Belgrano AM650
Habiendo sido convocado por Miguel Ángel De Renzis para incorporarme como columnista de su programa, es una muy interesante oportunidad para continuar divulgando a nivel nacional cuestiones que ya se llevan adelante desde “De Renzis Ayer y Hoy” en defensa y promoción de los intereses nacionales, sus recursos, la gente y la soberanía nacional. No se me preguntó qué pienso y no se me puso límite alguno. No fue necesario, compartimos un ideario y yo, la línea editorial de Miguel Ángel y, en la diversidad de las ideas y en la autonomía del pensamiento, el amor a la Patria es el eje conductor. Gracias Miguel Ángel, por darme a esta edad una oportunidad para que con referencia al “Ayer” podamos hablar de temas argentinos de “Hoy” y del futuro, para revalorizar el país y la gente.
Le pusimos a esta columna “El Estado Marítimo Argentino” para resaltar que el territorio marítimo con más de 3 millones de km2 es más amplio que el territorio continental que alcanza a casi 2.800.000 km2 y a pesar de ello, suele decirse que los argentinos vivimos de espaldas al mar.
Para llegar al mar, debemos de hablar del agua, este vital elemento para el hombre y que, la Argentina, es reservorio de los acuíferos más importantes de agua dulce del mundo y cuya contaminación se viene realizando con explotaciones mineras a cielo abierto, el uso de agrotóxicos en las agriculturas transgénicas y otras prácticas sin el debido control ambiental.
La Argentina continental limita y está protegida —o debería estarlo— por importantes masas de agua que transcurren en ríos y mares desde el Río Pilcomayo al norte; pasando el Río Paraná; el Río Uruguay; el Río de la Plata; el Atlántico Sur; el Canal del Beagle y el Estrecho de Magallanes, entre otros, que se individualizan por separado, pero deben ser tratados en forma integral, como los espacios insulares (la Isla Grande de Tierra del Fuego, las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, la Isla de los estados, etc.) y la Antártida Argentina. Somos por ello un país bicontinental y bioceánico, porque nos unimos a Chile desde el Atlántico Sur al Pacífico.
Estas masas de agua, no solo nos limitan, sino que son fuente para la explotación de los recursos naturales, de transporte y comercio (pesca, petróleo, minerales, agropecuarios, etc.) y la primera línea de resguardo de la soberanía nacional y por esto, fuertemente vinculadas a la defensa, la seguridad y las relaciones internacionales con nuestros vecinos Brasil, Uruguay y Chile; con todos los países de África Oriental que comparten con nosotros el Atlántico Sur; pero, también con quienes se apropian de nuestros espacios y recursos.
Muchas de estas cuestiones que no suelen estar en la agenda nacional adquieren una significativa importancia en la búsqueda de asegurar nuestra soberanía política, la independencia económica y la justicia social, ideario de los países como el nuestro que tenemos todo y, por incapacidades propias y una fuerte dependencia externa no podemos alcanzar el estado de bienestar para nuestro pueblo.
Vemos con estupor que tenemos ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no solo Malvinas, sino 1.639.900 km2 de mar argentino; es decir, un 52% de nuestro territorio marítimo y, si le sumamos que ese Reino nos disputa 1.430.367 km2 de la plataforma continental argentina y casi 1 millón de Km2 de la Antártida; podríamos decir, que los británicos nos ocupan un territorio equivalente a todos nuestros espacios continentales desde la Quiaca a Ushuaia. Es execrable.
Al margen de la invasión territorial que sufrimos, en términos prácticos, significa, que los ingleses desde 1989 cuando se firmaron los infamantes Acuerdos de Madrid, a través del otorgamiento de licencias ilegales en Malvinas han extraído a razón de 250 mil toneladas por año de productos pesqueros, una cifra del orden de los 32 mil millones de dólares, que afectaron y dañan la economía, a los trabajadores y las empresas de los pueblos pescadores de la Patagonia y la Argentina. Ello sin entrar evaluar las exploraciones petroleras que pueden en un corto futuro ser el más importante ingreso de Malvinas, significando una gravísima consolidación de la ocupación británica en el sur argentino.
Un total de 1 millón de toneladas anuales de pesca ilegal de recursos migratorios argentinos son capturados en el Atlántico Sur por parte de buques españoles, británicos, chinos, coreanos y taiwaneses. Una extracción anual de unos 4 mil millones de dólares anuales, el doble de las exportaciones pesqueras argentinas.
La Argentina exporta con escaso valor agregado y ello significa regalar a los países desarrollados del mundo nuestro trabajo y la creación de una desocupación que alcanza al 11%. Se da el absurdo, que teniendo astilleros públicos y privados importemos buques y exportemos commodities a los españoles y otros países, como en el siglo XVIII y XIX donde nos vendían esclavos y se llevaban las materias primas de bajo costo a Europa producidas con ese trabajo esclavo.
Con los descartes de pescados en aguas argentinas podrían alimentarse con la mejor proteína unos 3 millones de niños y adolescentes en forma diaria todo el año, en un país con 45% de pobreza.
Nuestra incapacidad defensiva en el mar y las troncales fluviales, contrasta con la instalación de la base misilística y naval más importante del Atlántico Sur en Malvinas por parte del Reino Unido. Una situación intolerable que vulnera nuestra soberanía nacional.
A esto, debemos agregar que los ríos y el mar, son un elemento de transporte de cabotaje, importación y exportación del comercio nacional y también de soberanía. Argentina carece de una flota mercante y fluvial, y priman entonces los buques de bandera extranjera, que encarecen nuestros fletes y se llevan riquezas por esta razón. Esto y el Río Paraná y Río de la Plata concesionado, no solo generan una dependencia extranjera monopólica en el comercio, sino que limita la cuestión al dragado (muy importante) en lugar de ser una herramienta de desarrollo regional del país. Aquí se discute la eficiencia y corrupción del Estado, un deterioro al que se lo ha llevado para concesionar la explotación de casi todos los recursos naturales del país (petróleo, la minería, la pesca, etc.) con igual corrupción privada, descontrol, cediendo el poder de policía y generando graves pasivos ambientales.
Todo ello nos llevará a abordar en esta columna las cuestiones desde el punto de vista político nacional e internacional; la promoción de la industria nacional, el consumo y la exportación.
Habrá cientos de cuestiones sobre las que hablar, escuchando las inquietudes de la gente, desde la Organización Nacional; la revisión y reforma de las leyes relativas a la administración de los ríos, el mar, los recursos; los puertos y la industria pesquera y naval; el rol de la investigación, la tecnología y la generación del trabajo; las políticas de Estado respecto a Malvinas, la Antártida y el cumplimiento de la Constitución sobre la irrenunciable soberanía de Malvinas; el desecho de los Acuerdos perniciosos con el Reino Unido y, la búsqueda, de nuevos acuerdos regionales para asegurar la soberanía plena en el mar; promover su defensa; la construcción nacional de buques para las fuerzas navales, la marina mercante, fluvial y pesquera y, la erradicación de la pesca ilegal extranjera y nacional. El desarrollo de la Patagonia y en especial de Tierra del Fuego, como eje central de la defensa nacional austral.
Espero, que esta columna semanal pueda estar a la altura del Programa de Miguel Ángel De Renzis y, acompañe el mismo interés, de contribuir a conocer y divulgar las cuestiones de interés nacional.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.
Entiendo que las solas acciones diplomáticas destinadas a alcanzar un dialogo con el Reino Unido, la cooperación unilateral con éste o los isleños o buscar apoyos, no son suficientes para encaminarnos hacia una recuperación de Malvinas y los espacios marítimos ocupados (César Lerena “La política de cooperación argentina sobre Malvinas”, 02/07/2021). Sería necesario entonces, combinar distintas acciones para que dentro de la debilidad en la que nos encontramos, podamos mejorar nuestra posición en la región, de tal modo de comenzar a revertir una situación donde el Reino Unido avanza cada día sobre nuestros espacios marítimos y recursos y nosotros, no solo cumplimos a raja tabla la fórmula del paraguas sino que perdemos territorio y el control del Atlántico Sudoccidental Sur respecto a la Antártida, la plataforma continental y el paso bioceánico.
Quien no ocupa, puebla y explota sus recursos no puede sostener en el tiempo sus territorios y un Estado que tolera la ocupación y explotación por parte de terceros, sin ejercer en plenitud su soberanía, lo hace en forma débil, dejando en evidencia su falta de fortaleza e incapacidad de imponer la voluntad como Estado independiente. No alcanza con declamar esto es mío, ya que los británicos tienen tan buena formación jurídica que jamás se dispondrán a dialogar confrontando los títulos de Argentina. No se trata entonces de la voluntad argentina de dialogar, sino del desinterés británico en hacerlo, como ha quedado de manifiesto desde la Res. 2065 (XX) de las Naciones Unidas.
El historiador griego Polibio (208-126 a.C.) cuenta, que «los aqueos se sintieron ofendidos porque los etolios, hubieran osado entrar con tropas, sin licencia de ellos, en sus tierras», mientras los sucesivos gobiernos de nuestro país, por su parte, ni siquiera se han animado a considerar una “hipótesis de conflicto”, pese a que el Reino Unido ocupa 1,9 millones de km2 de territorios marítimos, extrae anualmente cientos de miles de toneladas de recursos pesqueros argentinos y tiene instalada la base misilística y naval más importante del Atlántico Sur en Malvinas y, pese a que la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Primera Parte, Capítulo I, Artículo 1º) establece que los Estados consagran esta Organización «…para lograr un orden de paz y de justicia (…) y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia…», del mismo que la Res. 41/11 del 27/10/1986 por la cual se declaró al Océano Atlántico en la región entre África y América del Sur, como «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (ZPCAS) donde se exhortó —entre otras cosas— a todos los Estados de ésta área —en especial a los Estados militarmente importantes— que respeten escrupulosamente a esta región como zona de paz y cooperación, en particular mediante «la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva y la no extensión a la región de rivalidades y conflictos que le sean ajenos». Todas cuestiones que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante el Reino Unido) incumple.
No creo posible esperar la recuperación soberana del Atlántico Sur y Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur (en adelante Malvinas) sino ocupamos alta mar con un mayor número de buques nacionales y de la región; reducimos con ello la pesca ilegal y optimizamos la explotación del ecosistema y de los recursos en la Zona Económica Exclusiva (en adelante ZEE) Argentina y los migratorios originados en ésta en la alta mar, aparte de llevar adelante los Acuerdos necesarios, para definitivamente incorporar en forma efectiva al atlántico sur al territorio nacional. Trato de evitar caer en meros diagnósticos y, efectúo una propuesta concreta, que no pretende ser excluyente e, incluso, seguramente, debería ser perfeccionada y soslayo algunas cuestiones que deben mantenerse en reserva por la particularidad de la cuestión en juego.
No planteó aquí un plan fundacional, en el que se desanden las buenas acciones, sino el de una nueva estrategia fundada y sostenible que la Argentina pueda llevar adelante, en la situación geopolítica en la que se encuentra y con los recursos económicos, tecnológicos, biológicos, industriales, navales, empresarios y humanos que dispone y, cuya táctica, no solo debería tener efectos en el ámbito marino sino también en el desarrollo patagónico, muy especialmente en la Provincia de Tierra del Fuego, indispensable para sostener la presencia argentina en el mar, los territorios insulares y la Antártida y también en el cambio de hábitos de consumo que revaloricen en los argentinos los recursos del mar y el reconocimiento e internalizando de que somos un país marítimo, fundamental para que podamos valorar en toda su dimensión la pérdida territorial que sufrimos.
Nada es fácil pero, como dijera el escritor y diplomático español Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648), al que le tocó intervenir en la pérdida de posesiones territoriales de España: “hay que saber navegar con viento de proa”.
En función de ello, planteo los siguientes ejes de trabajo:
LA ORGANIZACIÓN NACIONAL
1.1. La Creación del Ministerio del Mar
Crear el Ministerio del Mar (del Atlántico Sur, Islas y Antártida Argentina), que entienda sobre toda práctica de extracción, explotación, investigación, tecnología, calidad, sanidad y seguridad de los recursos naturales en el Atlántico Sudoccidental y la Antártida y aquellos que estén vinculados a éstos territorios, directa o indirectamente con la Plataforma Continental Argentina, la ZEE o la Alta Mar cuando se traten de recursos migratorios y/o asociados y/o que intervengan en la cadena trófica de los recursos vivos de dominio de la Argentina y que tenga este Ministerio, como primera misión y función, la de promover la legislación aplicable para revalorizar y demostrar la vocación soberana de ocupar, explotar en forma sostenible y cuidar ambientalmente estos espacios argentinos. Esta decisión ya tiene suficientes antecedentes, como los de Francia que teniendo una ZEE Continental equivalente al 10% de la ZEE Argentina y tiene un Ministerio de este tipo.
1.2. Revisar la norma de creación y reglamentación del Consejo Nacional de Asuntos relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes (en delante Consejo Nacional de Malvinas), sus facultades e integración.
Asegurar que este Cuerpo tenga como misión y función la de establecer la Política de Estado con aprobación posterior del Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso de la Nación. Revisar toda la legislación aplicable afín a la materia e integrarse con ciudadanos argentinos con amplio conocimiento en la materia y una disposición política probada respecto al cumplimiento irrestricto de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y, ello alcanza, a que las estrategias deben ser formuladas por el referido Consejo y, el funcionario que se asigne al efecto (en su caso el Secretario de Malvinas de la Cancillería Argentina) debería limitar sus acciones a las previstas en la Ley 27.558, del Decreto reglamentario 822/20 y el Reglamento Interno, quien debe formular las políticas y no el “Coordinador” como viene ocurriendo hasta la fecha. Dar participación a los distintos sectores comprometidos con el cumplimiento de la Constitución Nacional en la elaboración de la Política de Estado.
1.3. Activar la Comisión Bicameral de Malvinas sobre la Cuestión Malvinas
Activar esta Comisión que se encuentran virtualmente paralizada y debieran ser el ámbito adecuado para obtener la aprobación del Congreso Nacional a las Políticas de Estado que elabore y lleve adelante el Poder Ejecutivo Nacional a través del Consejo Nacional de Malvinas e intervenir en el análisis y aprobación de toda la legislación que se promueva vinculada en forma directa e indirecta a la cuestión Malvinas.
1.4. La regulación de los espacios marítimos
Efectuar las reformas indispensables, modificar o reglamentar algunas leyes argentinas, tales como la reformada Ley Nº 17.094 (Extensión de soberanía territorial); Ley Nº 17.285 y mod. Nº 23.399 (Código Aeronáutico); Ley Nº 17.319, 26.197, 26.659, 27.007 y 27.444 (Hidrocarburos); Ley Nº 20.094, 2.637, 17.371, 21.763, 22.228, 26.354, 26.994, 27.077 y 27.419 (Navegación); Ley Nº 20.645 (Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo); Ley Nº 20.957 (Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación); Ley Nº 21.673 (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero INIDEP); Ley Nº 22.520 y mod. (Ministerios); Ley Nº 22.591 (Indisponibilidad de Bienes Británicos); Ley Nº 23.554 y afines (Defensa Nacional); Ley Nº 23.968 (Espacios marítimos y líneas de base); Ley Nº 24.059 y mod. (Seguridad Interior); Ley Nº 24.093 y provinciales del litoral marítimo (Puertos); Ley Nº 24.184 (Protección y Promoción de Inversiones del Reino Unido); Ley Nº 24.543 (CONVEMAR); Ley Nº 24.922, Nº 26.386 y 27.564 (Pesca, Régimen, incompatibilidades y sanciones); Ley Nº 25.290 (Acuerdo sobre Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, adoptado en Nueva York); Ley Nº 25.675 (Ambiente); Ley 26.875 (AMP Reserva Namuncurá I); Ley Nº 27.418 (Industria Naval); Ley Nº 27.419 (Marina Mercante y Flota Fluvial); Ley Nº 27.490 (AMP Reserva Namuncurá II y Yaganes); Ley Nº 27.557 (Plataforma Continental); Ley Nº 27.558 (Consejo Nacional de Malvinas) y, toda ley aplicable relativa al Atlántico Sudoccidental para ajustarla al objeto.
1.5. La Administración del Atlántico Sur. Reforma de la Ley de Pesca; Pesca ilegal y, Código Penal.
Reformar la Ley de Pesca para promover políticas activas en el Atlántico Sudoccidental, declarando a este espacio de interés ambiental, social y de desarrollo económico de la Argentina y Suramérica. Establecer la “Unidad Económica Pesquera” y mejorar la distribución de los recursos; incrementar el valor agregado de los productos; fomentar el consumo interno; eliminar los descartes y aprovecharlos para la generación de proteínas destinadas a la alimentación social, mayor industrialización y empleo; promover y subsidiar la captura nacional en alta mar y buscar acuerdos para la pesca en ésta; tecnificar los controles de captura, desembarco y comercialización de los productos pesqueros; controlar la captura en el área de Malvinas; promover la gestión mayorista del comercio internacional; federalizar la explotación de los recursos y radicar estratégicamente empresas en determinadas regiones del litoral marítimo, etc. Reformar el Art. 186º del Código Penal para combatir el tránsito y la navegación no inocente y la pesca ilegal. Decomisar los buques y las mercaderías de aquellos que realicen pesca ilegal.
1.6. La administración del Río Paraná, el Río de la Plata y los puertos
El Rio Paraná, el Rio de la Plata, el Atlántico Sudoccidental, el Estrecho de Magallanes, el Canal de Onashaga (del Beagle) y el Pasaje de Drake (refiere a un corsario británico y el Congreso proyectó denominarlo comandante Luis Piedrabuena en 2006) deben actuar en forma integrada para el transporte de cabotaje e internacional y de explotación de los recursos en favor de la Argentina y muy especialmente actuando como una barrera de defensa de la soberanía nacional.
La Argentina debe administrar en forma directa el Río Paraná, donde el dragado, el balizamiento y el mantenimiento son solo herramientas destinadas al transporte. La Administración supone ayudar a potenciar la región del litoral y las provincias que hacen tráfico fluvial y generar —entre otras cosas— las condiciones adecuadas para reducir los fletes y optimizar el comercio regional, nacional e internacional. Ello incluye la prolongación y profundización del Canal de Magdalena en el Río de la Plata para constituir un eje integrado de transporte y comercio autónomo nacional entre el Río Paraná, el Río de la Plata, el Atlántico Sur y el Estrecho de Magallanes y los pasos al Pacífico. El día 20 de noviembre se instituyó como el día de la Soberanía Nacional, debido a la Batalla de la Vuelta de Obligado, combate que queda totalmente desdibujado frente a la realidad actual de la explotación de los efluentes troncales fluviales y su comercio, donde empresas extranjeras administran puertos y flotas de banderas extranjeras transportan la carga nacional. Por otra parte, la explotación del Río Paraná, su dragado, mantenimiento y control de las empresas transportadoras esta concesionado (privatizado) a empresas extranjeras, a las que se les otorgó de facto el poder de policíacon el cobro actualizado en dólares de un peaje relacionado al volumen transportado; con cuya recaudación, la Argentina estaría en condiciones de realizar el dragado en forma directa con dragas nacionales ya disponibles y la eventual reparación o construcción de nuevas en astilleros nacionales.
La Argentina debe reformular la política portuaria nacional y su emplazamiento estratégico. Sus puertos, al igual que los canales que fueran necesarios, deben estar aptos para realizar las operaciones de buques de gran porte y portacontenedores, de modo de asegurar el traslado marítimo y fluvial de mercaderías en todo el litoral patagónico y bonaerense, el Río Paraná y de la Plata.
1.7. Reformar la Ley Nº 21.673 de creación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero INIDEP.
La investigación y el avance y aplicación tecnológica es central en el ejercicio de la soberanía de un país. Es necesario entonces, transformar el actual Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo y Explotación Pesquera (INIDEP), dotándolo de las herramientas de autonomía y autarquía necesarias para la autofinanciación de toda la estructura de investigación; determinar las capturas máximas permisibles en el Atlántico Sudoccidental (en la ZEE y la alta mar); efectuar los desarrollos tecnológicos destinados a la captura e industria y, controlar la calidad y sanidad de la actividad. Determinar el PBI del Atlántico Sudoccidental e implementar y llevar el inventario del ecosistema del Atlántico Sudoccidental.
LAS POLÍTICAS DE ESTADO RESPECTO A MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SÁNDWICH DEL SUR, LA ANTÁRTIDA, LOS ESPACIOS MARÍTIMOS CORRESPONDIENTES Y LOS RECURSOS NATURALES.
2.1. Cumplir en forma irrestricta con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
A las medidas indicadas precedentemente se agregan las siguientes pero, en ningún caso las que pudieran tomarse pueden apartarse de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional y de las que pudieran resultar de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego.
Es evidente que varios de los Acuerdos o Pactos llevados adelante por funcionarios de la Cancillería (que no contaron con la debida aprobación del Congreso de la Nación) o alguna ley nacional sancionada no han contado con la debida consulta y aprobación de la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ya que este Cuerpo (AS Nº 412-21) acaba de Resolver: (Art. 1°) «Invitar a los Senadores Nacionales por la Provincia de Tierra del Fuego en los términos del artículo 105º inciso 6 de la Constitución Provincial y el artículo 1° de la Ley Provincial N° 98 e invitar a los Diputados de Tierra del Fuego para que, en función a sus competencias, articulen los medios necesarios a fin de impulsar el debate y la sanción de un marco normativo en torno a los entendimientos bilaterales provisorios con el Reino Unido respecto a la Cuestión de las Islas Malvinas, para el debido cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU y la Declaración de Ushuaia, dejando sin efecto los denominados Acuerdos de Madrid I y Madrid II; (Art. 2º) Invitar en idénticos términos a los Senadores Nacionales por la Provincia de Tierra del Fuego e invitar a los Diputados de Tierra del Fuego a realizar las gestiones conducentes a la derogación de la Ley Nacional N° 25.290 sancionada el 13/06/2000 y la denuncia del Tratado de Nueva York de 1995 relativo a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, celebrado el 04/12/1995; (Art. 3°) Invitar en idénticos términos a los Senadores Nacionales por la Provincia de Tierra del Fuego e invitar a los Diputados de Tierra del Fuego a realizar las gestiones conducentes a abordar en el ámbito del Congreso de la Nación el debate en torno a las consecuencias de la vigencia y aplicación del Comunicado Conjunto del 13/09/2016, denominado coloquialmente como “Foradori-Duncan”, para su posterior desechamiento.
2.2. La Política de Acuerdos respecto a Malvinas y el Atlántico Sur.
2.2.1. Continuidad de las acciones diplomáticas.
Mantener activa la búsqueda de apoyos destinados a promover el diálogo sobre de la recuperación de la soberanía plena en Malvinas de acuerdo con lo establecido en la Res. 2065 (XX) de las Naciones Unidas.
2.2.2. Fortalecer la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS).
Promover la relación con todos los Estados ribereños de África Occidental y América Oriental con ZEE en el Atlántico Sur con el objeto de contribuir a la preservación de la independencia, soberanía e integridad territorial y desarrollar relaciones en condiciones de paz y cooperación económica.
2.2.3. Desechar los Acuerdos con Gran Bretaña e Irlanda del Norte vinculados a Malvinas o al Atlántico Sudoccidental con incidencia en los archipiélagos argentinos y espacios marinos correspondientes ocupados por el Reino Unido.
Con fundamento en que en todos estos años no han sido ratificados por el Congreso Nacional los Acuerdos, ser contrarios a los intereses nacionales, en especial por la violación del Reino Unido a la Res. 31/49 de las Naciones Unidas, quien ha invadido en forma creciente nuestros territorios insulares y marítimos y ha explotado nuestros recursos nacionales; desechar los Acuerdos de Madrid I (19/10/1989) y II (15/02/1990), poniéndole perentoria fecha de vencimiento a las negociaciones sobre la soberanía de Malvinas; el llamado Acuerdo de Nueva York; el Convenio del Atún; el Acuerdo del Estado Rector del Puerto y, las negativas Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (OROP) que pondrían en manos de los Estados de Bandera (buques extranjeros) la administración del Atlántico Sudoccidental y consolidarían la posición del Reino Unido en Malvinas; el Pacto de Foradori-Duncan, cuyos efectos prácticos deberían ser la anulación de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur y las investigaciones conjuntas; la Comisión sobre Hidrocarburos del Atlántico Sudoccidental; los vuelos a Santiago de Chile y San Pablo desde Malvinas y viceversa. Dar por finalizado el Convenio entre Argentina y el Reino Unido para la Promoción y Protección de Inversiones Británicas en Argentina suscripto el 11/12/1990 en Londres y aprobado por Ley 24.184 del 04/11/1992, el que a la fecha se encuentra vencido.
Las razones para desechar todos estos Acuerdos merecen una fundamentación que he desarrollado oportunamente en cada caso en particular; simplemente, indicar aquí algunos aspectos esenciales, explicitados en forma muy sintética, que justifican desechar los Acuerdos de Madrid I y II donde, por una lamentable claudicación de los gestores y firmantes (Acuerdos no aprobados por el Congreso de la Nación) se incluyen por primera vez en éstos a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur con una evidente mala fe del Reino Unido e ingenuidad o sometimiento de los gobiernos argentinos; cuestión que nunca se trató previamente ni estuvieron en disputa en las Res. 2065 (XX), 1514 (XV), 31/49 y otras de las Naciones Unidas y, los distintos intercambios entre la Argentina y el Reino Unido.
Además de ello, la Constitución Nacional en la Disposición Transitoria Primera refiere con certeza a los espacios marítimos “correspondientes” y no “circundantes” que podría entenderse que circundan o rodea a los archipiélagos, cuestión que se incluye en el Acuerdo de Madrid I, por lo que es absolutamente contrario este término a lo que luego se establece con precisión en la Constitución, lo que algunos funcionarios (civiles, militares o de fuerzas de seguridad) erróneamente repiten, como si se tratara de una cuestión de innecesaria estrictez en los límites y en ello se ponen en juego millones de km2.
No puede dejar de tenerse en cuenta la gravedad de la militarización británica existente en Malvinas, derivada de la guerra de 1982 y la firma de los Acuerdos de Madrid, que derivan además en cuestiones relativas al control de la navegación y comunicación prevista en Acuerdo de Madrid II que es absolutamente contraria el compromiso expresado por el Reino Unido de respetar plenamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas, ya que mantiene una base misilística y otros medios militares en Malvinas en evidente violación a la “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” (Res. 41/11 del 27/10/1986 de las Naciones Unidas) que agravian a la Argentina; contrario también a lo previsto (Madrid I, 6, Madrid II, 4) de «crear confianza y evitar incidentes en la esfera militar», además de otras cláusulas lesivas a la soberanía nacional al indicar que el Reino Unido «Eliminaría el actual requisito para que los buques mercantes argentinos entren a la zona de protección y, hacer coincidir los límites de la zona de protección con los de la zona de conservación», en una evidente acción de administración británica inadmisible de los territorios argentinos.
Se ejecuta formalmente un evidente “cambio de figuritas” (Madrid I, inc. 7 y 8) donde «el gobierno británico convino en facilitar el restablecimiento de vínculos de cooperación entre la Argentina y la Comunidad Europea», etc. Una vergüenza de solo ver este escrito mercantilista, cuando están en juego cuestiones soberanas tan sensibles al pueblo argentino y un acto de humillación y sumisión de los firmantes que enloda a la Argentina independiente. Por mucho menos, muchos pueblos han vivido en la pobreza sufriendo el boicot de otras naciones.
A todo ello, se agregó (Madrid II, inc. 5, A, B, C, D y sus Anexos) una dependencia de las fuerzas armadas argentinas (en el Acuerdo los británicos, incluso, excluyeron al Ejército Argentino) que se deja de manifiesto en el «Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas sobre los movimientos de las unidades de sus Fuerzas Armadas en áreas del Atlántico Sudoccidental», sobre espacios que alcanzan a gran parte del Atlántico Sur y, no solo al área ocupada por el Reino Unido en 1982; el «Sistema de Comunicación Directa entre las Islas Malvinas y el territorio continental con el objetivo de reducir la posibilidad de incidentes, limitar sus consecuencias si ocurrieran actividades y aumentar el conocimiento reciproco de los militares en el Atlántico Sudoccidental» y «Acordar un conjunto de reglas de comportamiento reciproco para las unidades de sus respectivas fuerzas navales y aéreas que operen en proximidad» y «establecer un sistema de intercambio de información sobre seguridad y control de la navegación marítima y aérea». Sin referirnos al veto a la compra de armas del Reino Unido a la Argentina que, aun hoy limita nuestras compras para defender el territorio nacional.
A todo lo acordado se agregó la aceptación lisa y llana de la explotación pesquera británica de los recursos argentinos, como se desprende de los Acuerdos (Madrid I, inc. 10; Madrid II, inc. 7 y 14) que llevaría a que el gobierno ilegal británico en Malvinas capturara, por vía del otorgamiento de licencias pesqueras ilegales a buques extranjeros, un promedio anual de 250 mil toneladas, equivalentes a mil millones de dólares/año; es decir que desde 1989 (cuando se firmó el Acuerdo) a la fecha, los británicos han extraído recursos pesqueros argentinos por valor de treinta y dos mil millones de dólares y lo han hecho comprometiendo el ecosistema, como la propia Consultora Británica MacAlister, Elliot & partners Limited, especializada en pesca sustentable (Penguin News, Agenda Malvinas “Lapidario informe cuestiona severamente la gestión británica de pesca en Malvinas”, 10/06/2021) lo considera (2020), es decir que la actividad está comprometiendo el ambiente, que era una cuestión que el Acuerdo refería a la necesidad de cuidar.
Como consecuencia de este Acuerdo (Madrid II, inc. 12) la Argentina aprobaría luego la Ley Nº 24.184 de “Protección y Promoción de Inversiones del Reino Unido”, con condiciones muy ventajosas sobre las generales. La palabra “protección” lo dice todo y, se contrapone con la apropiación que los británicos hacen de nuestros recursos. Poco serio.
En el mismo acto de desechar los Acuerdos debería renegociarse una fecha de vencimiento perentorio de la denominada fórmula de paraguas (Madrid I, ítem 2) que congela las cuestiones relativas a la soberanía, cuya vigencia, es contradictoria con la Res. 2065 (XX) de las Naciones Unidas que promueve el diálogo sobre la soberanía; aunque la interpretación de Lucio García del Solar fuera de que “los británicos aceptaron la fórmula y con ello reconocieron la disputa de soberanía” (Clarín, 22/10/1989:9), esta opinión parece sesgada, ya que deberíamos recordar que los británicos no la aceptaron sino que impusieron la referida fórmula inglesa, donde de hecho, negaban toda soberanía y obtenían los resultados que están a la vista: siguieron avanzando en la ocupación de territorios y explotación de los recursos y la Argentina quedó congelada.
Finalmente, el incumplimiento por parte del Reino Unido de la Res. 2065 (XX) de dialogar con la Argentina el mecanismo de reconocimiento de la soberanía argentina de Malvinas, coloca en una situación de absurdo una fórmula de paraguas sin fecha de vencimiento de no avanzar sobre las cuestiones de soberanía, mientras el Reino Unido viola la citada Res. 2065 (XX) y, muy especialmente, la 31/49 de las Naciones Unidas, al ocupar en forma creciente y sostenida nuevos espacios marítimos argentinos a los ocupados en 1982; explotado los recursos pesqueros e hidrocarburíferos y militarizando el área, violando la “Zona de Cooperación y Paz” establecida por todos los países de América y África vinculados al Atlántico Sur.
2.2.4. Acción ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre la política de subsidios.
Actuar ante la OMC y los países que integran la OMC con el objeto de eliminar todo subsidio a la pesca y, en especial, aquellos que subsidian la pesca a distancia fuera de las ZEE de origen de los países pesqueros de los Estados de Bandera que compiten con los Estados ribereños además de depredar los ecosistemas. La Argentina debe actuar en forma enérgica en esto, para reducir y/o eliminar la pesca ilegal; facilitar los acuerdos de Estado de Bandera-Estado ribereño sobre la pesca en alta mar; pero, además y muy importante, para reducir o eliminar la rentabilidad a quienes pescan con licencias británicas ilegales en Malvinas, donde los buques extranjeros que capturan en esa área están recibiendo de sus países de origen unos cien millones de dólares por año de subsidios, sin referirnos que no tienen aranceles de importación en sus países de origen.
2.2.5. La implementación de un Protocolo Adicional del MERCOSUR.
La Argentina debe llevar una política de verdadera integración de los países de Suramérica y muy especialmente con los que integran el MERCOSUR interesándolos en la defensa del Atlántico Sudoccidental. Por ello, puede ser muy importante firmar un Protocolo Adicional “Mercado Común Pesquero del Sur” (MERCOPES) del MERCOSUR para fortalecer la presencia suramericana en el Atlántico Sur en contraposición a la ocupación del Reino Unido y la extranjerización del Atlántico Sur. Avanzar sobre cuestiones marítimas del Atlántico Sudoccidental y Pacífico Sudeste, perfeccionando el Tratado del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) firmado en Asunción el 26 de marzo de 1991 y el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, suscripto con la República Oriental del Uruguay el 19 de noviembre de 1973 (Ley 20.645 del 31/01/1974).
Se constituiría en el esfuerzo más sólido de la Argentina, desde la firma de ambos Tratados y la sanción de las Resoluciones de la ONU Nº 31/49 del 01/12/1976; Nº 41/11 del 27/10/1986; 2065 (XX) del 16 de diciembre de 2065; Nº 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960 y Nº 3160 (XXVIII) del 14 de diciembre de 1973, y s.s., para reafirmar los derechos nacionales sobre su territorio marítimo e insular del Atlántico Sudoccidental; iniciar acciones de cooperación con la República de Chile y consolidar el liderazgo de Argentina en Suramérica en materia de proteger el mar y los recursos de los Estados ribereños.
A través de este Protocolo a) Se aplican todos los derechos y obligaciones del Tratado del MERCOSUR, razón por la cual no requiere la firma de un nuevo Tratado; b) Se promueve una integración cierta con Brasil, Chile y Uruguay y una política de solidaridad con países como Bolivia y Paraguay, sin acceso directo al mar, propiciando una política de solidaridad Latinoamérica sin afectar los intereses de los Estados Parte; c) Se define al Estado Titular del Recurso Pesquero Originario, como medio fundamental para recuperar más de un millón de toneladas de recursos pesqueros/año del Atlántico Sur, equivalentes a unos dos mil seiscientos millones de dólares anuales; d) Se amplían los alcances continentales del Mercosur a los territorios marítimos; e) Se formula una posición de Latinoamérica sobre los derechos de los Estados ribereños sobre los recursos originarios migratorios y se ratifica la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (ZPCAS) aprobada por la Res. de la Asamblea General ONU 41/11 del 27 de octubre de 1986; f) Se promueve la explotación de los recursos migratorios en la Alta Mar en el Atlántico Sur (y el Pacífico Sudeste) y con ello generar mayor radicación industrial y triplicar el actual empleo portuario e industrial nacional, a la par de ratificarse la posición de la CONVEMAR y la FAO de apoyar los pueblos del litoral que viven de la explotación del recurso pesquero; g) Se desalienta la pesca extranjera ilegal (Pesca INDNR), se promueve y asegura la pesca sostenible y un medio marino sin contaminación ambiental, a la par de limitarse el uso de los puertos de los Estados Parte a los buques pesqueros de estos, salvo en la emergencia; h) Se consolida el origen de los productos de América Latina; i) Se propicia la explotación e industrialización de calidad que permita identificar con una marca única de calidad y sanidad la exportación de los productos de los Estados Parte; j) Se establecen las reglas para aplicar este Protocolo Adicional al Tratado del MERCOSUR.
2.2.6. La instrumentación del Acuerdo entre MERCOSUR-Unión Europea y las certificaciones.
En línea con este pre-Acuerdo y en función de las nuevas condiciones relativas al Brexit, acordar con la Unión Europea para que todos los productos originarios del Atlántico Sudoccidental (Área FAO 41 y 48) o migratorios o asociados a ésta deban encontrarse certificados por los organismos oficiales de la Argentina, Uruguay o Brasil según corresponda, para su ingreso a la Unión Europea, de modo de reducir la pesca y el comercio ilegal por parte de los Estados de Bandera, inclusive del Reino Unido.
2.2.7. La Política Rioplatense.
En necesario profundizar los lazos de hermandad con la República Oriental del Uruguay, actuando en forma sinérgica para potencializar nuestras capacidades e intereses comunes.
Trabajar para llegar a una política común rioplatense con los acuerdos económicos adecuados con Uruguay para que, en forma inmediata, este país suspenda todo el apoyo logístico que le presta a los buques extranjeros que operan sin permiso en alta mar y Malvinas y, al mismo tiempo, realizar las negociaciones necesarias para facilitar las operaciones de los grandes buques, el comercio, el control aduanero, la reducción de costos, el resguardo del acceso al Río de la Plata, el transporte en el área norte del Atlántico Sudoccidental, del mismo modo que promover nuestra cultura, turismo y medio ambiente sano.
2.2.8. Ejecutar el Tratado de Paz y Amistad con Chile.
Profundizar las relaciones culturales, comerciales y turísticas con Chile de modo de fortalecer los vínculos con este país y desfocalizar la relación Reino Unido-Chile. En este sentido, es necesario mejorar la vinculación de Chile respecto a la Antártida; el transporte, la seguridad en los corredores bioceánicos; acuerdos de libre comercio y, coordinar un plan turístico binacional de modo de promover la explotación de ambos mares y los archipiélagos australes.
2.2.9. Promover el interés de Suramérica del Continente Antártico.
En atención al Tratado Antártico y, sin menoscabo a los derechos de soberanía territorial, que se dejan en claro en el art. IV inc. 1 y 2 de éste y, teniendo en cuenta las superposiciones territoriales reclamadas, el gobierno argentino debería invitar a todos los países de Suramérica a adherir al Tratado, de acuerdo con lo previsto en el art. XIII inciso 1 para acordar con ellos la transformación del Continente Antártico en la “Reserva Ambiental, Científica, Acuífera y Alimentaria de Suramérica” y convenir con estos países, en el marco de la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CRVMA) la explotación de los peces, crustáceos y moluscos al sur del 60ºS.
2.3. Recursos migratorios y pesca ilegal.
La Pesca ilegal es insostenible, ya que se estima que el 30% del comercio proviene de la pesca ilegal y el daño que provoca en los ecosistemas, a falta de controles que la hacen —entre otras cosas— ilegal, es inconmensurable. En el caso de la Argentina, resolver esta cuestión es, además, una cuestión estratégica respecto a la ocupación de Malvinas, la pesca ilegal sostiene la ocupación británica en Malvinas y los espacios marítimos.
Es necesario por ello, promover en los ámbitos de los organismos multilaterales y los países que los integran, una política de preeminencia en favor de los Estados Ribereños respecto a la administración y explotación de los recursos migratorios originarios de las ZEE, tomando las acciones precautorias para evitar la depredación del Atlántico Sur por parte de los Estados de Bandera (buques extranjeros).
Penalizar a las empresas pesqueras radicadas en el continente argentino que pescan con licencias ilegales británicas en Malvinas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 26.386 y, a todas las empresas pesqueras extranjeras que pescan en el área de Malvinas sin habilitación de Argentina, de acuerdo a lo previsto en la Ley 24.922 y la Ley 27.564 que, pese a haber sido aprobadas, la primera en 1998 y la última en 2020, nunca se sancionó a los buques extranjeros que pescan en ese territorio argentino (Malvinas) y se llevan anualmente 250 mil toneladas de recursos pesqueros, por un valor de unos mil millones de dólares por año, debe ser una inmediata tarea. El Secretario de Malvinas Daniel Filmus y el de Energía Dario Martinez anunciaron (Telam, 07/07/2021) sanciones por la explotación ilegal de hidrocarburos y no lo hacen con las explotaciones pesqueras que, a la fecha, son mucho más importantes, biológica, económica y socialmente hablando, con la particular que sabemos exactamente cuál es el volumen anual de pescados y calamares capturados en el área de Malvinas, empresa por empresa.
Ejecutar las acciones previstas en el artículo 2º inc. c) de la Ley 24.543 ratificatoria de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y los artículos 4º, 5º d, 21 e, 22 y 23 b de la Ley 24.922, relativos a los derechos y la preservación de los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina actuará en este sentido.
Poner toda la flota pesquera potera y congeladora argentina a pescar en la alta mar. El plan pesquero debe priorizar la captura de la población de calamar Illex argentinus que migra a Malvinas y al área adyacente a la ZEE Argentina y para ello deben eliminarse todo tipo de impuestos y derechos (combustible, derechos de captura, derechos de exportación, etc.) y otorgar otro tipo de incentivos a las empresas nacionales cuyos buques pesquen en la alta mar (que accesoriamente generará trabajo y duplicará las exportaciones pesqueras argentinas). Al mismo tiempo buscar Acuerdos y controlar todos los buques extranjeros subsidiados que navegan y pescan ilegalmente en la alta mar los recursos migratorios originarios del mar argentino y dentro de éste, en especial aquellos licenciados por el Reino Unido en Malvinas.
2.4. Reclamo de lucro cesante por la explotación de los recursos en Malvinas.
Iniciar una demanda por lucro cesante contra las empresas pesqueras extranjeras que pescaron en Malvinas entre 1976 a 2021 donde empresas españolas, británicas (o de las islas), coreanas, taiwanesas, chinas, etc. extrajeron anualmente 250.000 toneladas por un valor estimado en los mil millones de dólares; en decir que en estos últimos 45 años han extraído 11.250.000 toneladas por un valor estimado en los 45.000 millones de dólares, el valor de la deuda con el FMI.
2.5. Declarar Zona de Emergencia Pesquera y Ambiental y Áreas Marinas Protegidas (AMP) dentro de las 200 millas alrededor de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Entendiendo que la explotación británica en estas áreas afecta al ecosistema del Atlántico Sur, por cuanto la captura biológicamente sostenible no puede ser controlada ni determinada por la Autoridad de Aplicación Argentina, mientras los británicos depredan los recursos pesqueros argentinos, cuestión que ha sido -incluso- corroborada en el año 2020 por la Consultora Británica MacAlister, Elliot & partners Limited, especializada en pesca sustentable (Penguin News, Agenda Malvinas “Lapidario informe cuestiona severamente la gestión británica de pesca en Malvinas”, 10/06/2021) por lo cual es necesario tomar esta decisión, a la par de cumplir con los compromisos argentinos en esta materia.
Revisar a partir de la aprobación de esta Área Marina Protegida (AMP) las AMP de Namuncurá I y II y Yaganes.
LA DEFENSA NACIONAL, FLOTA MERCANTE E INDUSTRIA NAVAL.
3.1. Equipamiento de las fuerzas navales, promover la marina mercante, fluvial y pesquera.
La soberanía argentina se comienza a ejercer ocupando en el mar con buques argentinos. En Argentina 520 buques pesqueros se distribuyen en todo el mar territorial y el mar argentino a excepción de los espacios marítimos ocupados por el Reino Unido al que le está vedado el acceso. Por cierto, el resto de los buques que transitan son en su mayoría de bandera extranjera y al respecto el General Belgrano decía que “los países que no tienen buques de bandera están destinados a ser pobres”.
Es necesario tomar algunas medidas al respecto. Ejecutar la Ley de Marina Mercante y Fluvial (Nº 27.419) para asegurar que todo el flete en el mar y los ríos se realice mediante buques de bandera nacional y, la Ley de Promoción de la Industria Naval Pesquera (Nº 27.418) para promover la construcción nacional.
Derogar el DNU 145/2019 y muy especialmente el artículo 3° que establece que “El propietario o armador de un buque con permiso de pesca vigente podrá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de dar sumas de dinero, con causa en la construcción, reconstrucción, reacondicionamiento o adquisición del buque, por un monto y un plazo determinados, mediante el permiso de pesca del cual sea titular, y/o la autorización de captura y/o la cuota individual de captura que detente”, lo cual resulta improcedente por cuanto los recursos cuya explotación se concesiona a las empresas son de propiedad del Estado Nacional o Provincial en su caso y por lo tanto mal puede ponerse como garantía para negocios privados.
Equipar a la Armada Nacional, a la Fuerza Aérea Argentina y a la Prefectura Naval, y dotar a estas Armas y las de Seguridad, de los medios necesarios para patrullar en forma permanente los espacios marítimos y aéreos y mantener activo un sistema satelital que permita en tiempo real, conocer el movimiento en los mares y espacios aéreos argentinos del Atlántico Sudoccidental, los Archipiélagos y la Antártida.
Fortalecer la presencia naval y aérea en el litoral patagónico y en especial en Tierra del Fuego.
Revisar la asignación de fondos al Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) para asignar las multas o comisos por pesca ilegal al equipamiento de las fuerzas armadas y de seguridad afectadas al control del Atlántico Sudoccidental, al margen de los aportes que a este efecto destine el Presupuesto Nacional de Defensa.
PROMOVER EL DESARROLLO PATAGÓNICO. LA ADMINISTRACIÓN Y MALVINAS.
4.1. Revisar la legislación nacional y de la Provincia de Tierra del Fuego.
Con el objeto de dar pleno cumplimiento a lo previsto en la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, parece necesario revisar (y ya hay iniciativas de esta naturaleza), comparar y analizar la Constitución Nacional; la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego; la Ley de provincialización Nº 23.775 del 26/4/90; el Decreto Nacional 905/90 (que observa irregularmente la Ley 23.775); la Ley 23.968 del 15/12/1991 que deroga la Ley 17.094 reduciendo el mar territorial de 200 a 12 millas; la Ley 26.552 (de modificación de los límites establecidos por la Ley 23.775) y los Acuerdos de Madrid I y II y el Pacto de Foradori-Duncan que efectúa declaraciones que no han sido consultas al gobierno de Tierra del Fuego.
Es necesario analizar esta cuestión porque la Provincia de Tierra del Fuego se trata de un conjunto de archipiélagos que incluyen entre otras las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y es la única Provincia que tiene carácter bicontinental y, al mismo tiempo, comparte espacios con Chile en el Canal del Beagle, en el Estrecho de Magallanes neutralizado a perpetuidad, etc.
No puede descartarse en este análisis la relación de la legislación citada con los Acuerdos de Madrid I (19/10/1989) y II (15/02/1990) donde se incluyen por primera vez a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, grave determinación que nunca se trató ni estuvo en disputa en las Res. 2065 (XX), 1514 (XV), 31/49 y otras de las Naciones Unidas y, las distintas notas entre la Argentina y el Reino Unido.
Además de ello —como ya he dicho— la Constitución Nacional en la Disposición Transitoria Primera refiere con certeza a los espacios marítimos “correspondientes” y no “circundantes” que podría entenderse que circundan o rodea a los archipiélagos, cuestión que se incluye en el Acuerdo de Madrid I, por lo que es absolutamente contrario este término a lo que luego se establece con precisión en la Constitución, lo que algunos funcionarios (civiles, militares o de fuerzas de seguridad) erróneamente repiten, como si se tratara de una cuestión de innecesaria estrictez en los límites y en ello se ponen en juego millones de km2 en perjuicio de la Argentina y de la Provincia de Tierra del Fuego.
No puede descartarse en este análisis la particularidad de que las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur serían absolutamente insustentables si su jurisdicción se limitara a las 12 millas, ya que el principal recurso disponible se encuentra fuera de éstas y se cumpliría aquello que algunos agoreros dicen, que la Argentina no sostendría a las Islas; lo cual, sería absolutamente falso con solo afectarle todos los recursos pesqueros que se encuentran dentro de las 200 millas de Malvinas, como producto de la migración de las especies originarios de la ZEE Continental de Argentina.
La Declaración tuitiva de dominio elaborada por el doctor Eduardo Barcesat y otras iniciativas de este acreditado profesional en Tierra del Fuego, podrían ser también importantes herramientas para actuar frente a la explotación ilegal de los recursos por parte de empresas extranjeras que operan en el área de Malvinas con permisos ilegales británicos. Del mismo, la Declaración de Resguardo de los Recursos Naturales de Tierra del Fuego parece esencial y que las riquezas de la Provincia no se vean afectadas en garantía de compromisos de pago de deuda externa o por aplicación del DNU 145/19 que puso de garantías recursos de propiedad del Estado Nacional y de la Provincia.
A esta altura habría que entender que fortalecer Tierra del Fuego es fortalecer los intereses nacionales en el fin del mundo. Tierra del Fuego no sólo tiene que llevar adelante un gran desarrollo para integrar los espacios patagónicos de Argentina, sino también para confrontar la presencia del Reino Unido en los espacios marítimos y archipiélagos argentinos.
4.2. Favorecer la radicación poblacional, industrial y militar en Tierra del Fuego.
Dotar al puerto y a las bases aéreas de Rio Grande y Ushuaia de las mejores condiciones para operar toda la flota mercante, pesquera, militar y turística y, otorgar cuotas de pesca a las empresas que instalen industrias procesadoras en el área de influencia y en la Isla de los Estados u otra que se considere estratégica respecto a la ocupación del área meridional del Atlántico Sudoccidental.
Trasladar la sede el Instituto Antártico Argentino a Ushuaia y crear el polo logístico antártico en el área de Ushuaia. Son todas cuestiones que pueden acompañar estas iniciativas.
4.3. Instalación de Aeropuertos privados en la Patagonia.
Prohibir en las Provincias del litoral marítimo la instalación de aeropuertos privados con capacidad para operar aviones de gran tamaño o militares y, desactivar los existentes.
4.4. Códigos de Administración urbana y rural en Malvinas.
El gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego debería dictar los códigos de administración urbana y rurales de las islas, en consonancia con los vigentes, independiente de su ocupación británica, de modo de poner de manifiesto, la legitimidad argentina sobre Malvinas. Al mismo tiempo modificar la toponimia en los archipiélagos para darle nombres nacionales a todos los espacios y en especial para reconocer a los 649 combatientes fallecidos en Malvinas. Por su parte, el gobierno nacional debería elaborar un proyecto de desarrollo portuario, vial, industrial, agropecuario, social, turístico y ambiental de Malvinas e incorporarlo al presupuesto nacional, de modo, de resaltar ante la comunidad internacional y los habitantes de las islas, la voluntad argentina, que habrá de trabajar para el desarrollo sostenido de Malvinas al momento de extinguirse la invasión británica en el territorio argentino, asegurándoles a los isleños y a quienes habiten este territorio nacional en el futuro los recursos necesarios para garantizarles el bienestar y el resguardo de los modos de vida.
Por cierto, no detallo algunos proyectos que, por su carácter reservado, no deberían ser expuestos, para beneficio de nuestros enemigos.
Podré estar equivocado o podrán ser perfeccionadas muchas de las propuestas que formulo, incluso, agregarse un sinnúmero de otras iniciativas. No me quedaré en los diagnósticos con los que nos tienen acostumbrados algunos referentes, considero, como Honoré de Balzac, que «la resignación es un suicidio cotidiano» y agrego: el rigor mortis es un signo patognomónico de la muerte.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca. Ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Provincia de Corrientes). Ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex asesor en la Honorable Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación. Doctor en Ciencias. Consultor, escritor, autor de 26 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de la Entrega”, 2009) y articulista de la especialidad. En prensa: “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada”, 2021. Miembro de la SAEEG.
9 de julio de 2021. A 74 años de la Declaración de la Independencia Económica dada en la Sala de Sesiones del Congreso de las Provincias Unidas donde en 1816 se proclamó la Independencia de la Nación Argentina, por el presidente Perón en Tucumán, con el apoyo de todas las provincias y el pueblo de la Nación Argentina.
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