El presidente Jair Bolsonaro, a lo largo de su carrera política, ya ha cambiado de partido en ocho ocasiones, sin que ello implique inconsistencia, aunque sea una simple veleta o un caso único. De hecho, estos partidos son prácticamente todos iguales, e incluso se puede plantear la cuestión de si son partidos o meras leyendas. Hay una diferencia que no aparece en la legislación pero que se nota en la práctica. Existen varias definiciones de “partido político”, ninguna de ellas se aplica a las fachadas electorales de personas cuyas afinidades se limitan a garantizar un requisito de candidatura y, sobre todo, minutos en televisión.
La mayoría de los aproximadamente tres decenas de “partidos” brasileros se encuentran en esta situación, provocando un constante nomadismo de personalidades y fomentando alianzas que nada tienen que ver con principios o programas. Es solo para agregar votos.
Haber llamado ayer a alguien explotador del pueblo, mal carácter o ladrón no nos impide hoy hacer una alianza con él. Este es un comportamiento generalizado en Brasil y en casi en todo el mundo, que genera una profunda desconfianza social y genera una abstención desenfrenada o, en casos de votación obligatoria, como en Brasil, “votación al azar” o excusas para no votar.
La dimensión del fenómeno “leyenda” da mucha visibilidad a este tipo de políticas aquí.
Los partidos políticos en Brasil son pocos. A la izquierda, PT y PSOL son parte de estas rarezas, que también existen a la derecha con el proyecto União Brasil (fusión casi lista de demócratas y PSL) o como los evangélicos Republicanos.
En la centroizquierda, el PSB y el PDT tienen dirigentes preocupados por mantener un perfil de partido, no siempre seguidos por figuras egocéntricas, además de ser dos formaciones políticas tan cercanas en sus discursos que cuesta encontrar razones para que sean dos. Parece derivar únicamente de haber sido fundada por dos líderes políticos históricos ya fallecidos: Miguel Arraes y Leonel Brizola.
El PSDB (https://www.publico.pt/2021/11/28/mundo/noticia/joao-doria-escerto-candidato-presidencial-psdb-1986710) ha sido un partido político, inicialmente centrista, más recientemente centro-derecha y, más recientemente aún, escenario de enfrentamientos entre proyectos individuales y frecuentes zigzags, crea un look cercano de las simples leyendas. Es una trayectoria ya consolidada por el MDB, donde cada ala interna (o grupo de intereses) puede seguir fuertes caminos antagónicos o candidaturas decididas en términos de caciquismo.
Como el MDB, el Partido Progressista (PP) tiene sus orígenes en la dictadura posterior a 1964, con la diferencia de que el MDB estaba en la oposición y el PP actual es, en gran medida, heredero de Arena, entonces el partido de gobierno. Tiene un menor abanico de estrategias internas, entre derecha y centro derecha pero, como su ex adversario, prioriza la búsqueda de participación en todos los gobiernos. Exitoso, estuvo presente en todos desde la fundación y fue acusado —el partido y algunos de sus responsables— de escándalos vinculados a Petrobras.
Las migraciones o vaivenes político-partidistas son otro rasgo que no impide una carrera política destacada y con niveles de popularidad relevantes. Este es el caso de Ciro Gomes, candidato presidencial por el PDT, con siete cambios de partido, Eduardo Paes, actual alcalde de Río de Janeiro, con ocho y los evangélicos agrupados en Republicanos que dieron apoyo decisivo a Lula, Dilma, Temer y Bolsonaro. Muchos de estos cambios ni siquiera fueron notados por la opinión pública, cuya mayoría vota mucho más por la personalidad que por el partido.
Así es como Lula y Bolsonaro son más populares que el PT y el PL, que el PSDB nunca volvió a encontrar un líder de la dimensión de Fernando Henrique Cardoso y que el peso histórico de Brizola y Arraes todavía se siente hoy. Por otro lado, existen importantes proyecciones políticas de personalidades provenientes de otras áreas. Así, el ex juez Sérgio Moro pasó rápidamente de la Operación Lava Jato a ministro y candidato presidencial (https://www.publico.pt/2021/12/03/mundo/noticia/moro-devera-passar-bolsonaro-intencoes-voto-hasta-fevereiro-lideres-partidos-folha-spaulo-1987367), mientras que el alcalde de Belo Horizonte (MG), Alexandre Kalil, debe su fácil victoria electoral a haber sido presidente del Atlético Mineiro.
Pero aún quedan otros dos detalles capitales: primero, los grandes líderes de los partidos o leyendas son hombres blancos, con una excepción, Marina da Silva, cuyo impacto actual es una incógnita. Ni siquiera el aumento de alcaldes de otros grupos raciales se debió a iniciativas partidistas. Fue consecuencia de nuevas reglas de la justicia electoral. En segundo lugar, Lula y Bolsonaro poseen máquinas de guerra de narrativas de las más poderosas del mundo.
En 2022, el año 200 de la independencia, Brasil completará una década marcada por cuatro traumas y muchos enojos: una secuencia de escándalos de corrupción, mala gestión pública, más pobreza y amenazas a la democracia. Las elecciones del próximo año y las maniobras preparatorias señalan hoy dos escenarios. La probable persistencia de lo emocional como criterio fundamental para las elecciones políticas, incita a partidos, leyendas y candidatos a optar por meras técnicas de mero marketing en lugar de proyectos de recuperación nacional. Por otro lado, los efectos políticos de esta década perdida pueden servir de advertencia, incluso a los provocadores del trauma, reduciendo en gran medida la corrupción, los intentos autoritarios y la mala gestión pública.
* Investigador asociado del NEA/UFF (Rio de Janeiro) e Investigador del ISCTE/IUL. Reside en Niterói (Rio de Janeiro).
Como todos los años las flotas china, española, coreana y taiwanesa han vuelto al Atlántico Sur a llevarse en alta mar los recursos pesqueros migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). Si bien parece el problema principal que ocurre en el Atlántico, no lo es. Hay varios problemas significativos que están interrelacionados. El primero, que da lugar a los restantes, es la ocupación británica de 1.639.900 km2 de territorio marítimo argentino y, con motivo de ello (fuera de las connotaciones soberanas), la extracción anual de 250.000 toneladas de recursos pesqueros argentinos por parte de buques extranjeros licenciados ilegalmente por Gran Bretaña, contrario a lo establecido en la Res. 31/49 de las Naciones Unidas. Ello, provoca varios efectos: la internacionalización del Atlántico; el desequilibrio del ecosistema; la quita de recursos pesqueros y económicos a un país emergente como la Argentina y la competencia desleal en el mercado internacional, en especial en la comercialización española en la Unión Europea.
La presencia británica en el Atlántico Sudoccidental, al margen de quebrantar la Zona de Paz y Cooperación de los países africanos occidentales y americanos orientales que lindan con éste, es el principal motivo de interés creciente de la pesca extranjera sin control en sus aguas, por motivos económicos y geopolíticos, en especial, cuando se trata de las flotas chinas y rusas.
El segundo, es la internacionalización del Atlántico y la extracción de recursos en forma ilegal. Entre 300 y 350 buques extranjeros extraen ilegalmente unas 750.000 toneladas de recursos pesqueros, en su gran mayoría, originarios de la ZEEA. Y, si bien, por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), esta pesca es libre para los Estados de Bandera, debe considerarse ilegal, porque se realiza sin control de ninguna naturaleza, tanto en los aspectos relativos a la sostenibilidad, como los biológicos, operativos, extractivos o de comercialización y sin una clara determinación de origen y trazabilidad. En este sentido, el destino de las materias primas son los países de los buques pesqueros o a Unión Europea, previo blanqueo del origen a través de puertos, como es el caso de Montevideo.
Por cierto, no es de esperar que esta situación se modifique a corto plazo si se siguen utilizando las ineficaces herramientas actuales, ya que los países que pescan a distancia (China, la Unión Europea, en especial España, Corea, Taiwán, etc.) no reducirán esta pesca cuando la están subsidiando.
Es obvio que esta pesca en alta mar, sin acuerdo con los países ribereños, genera un desequilibrio en el ecosistema del Atlántico Sudoccidental afectando gravemente la sostenibilidad de los recursos, por cuanto, mientras la Argentina determina anualmente las “Capturas Máximas Sostenibles”, establece cuotas de captura en base a ellas y efectúa un control de la flota nacional en la ZEEA, no ocurre lo mismo en alta mar donde, como dije, las flotas extranjeras pescan en forma creciente sin prácticas sostenibles. Incluso la eventual disminución de barcos no reducirán el esfuerzo, porque se incorporan buques más eficientes en las capturas.
En tercer lugar, los objetivos previstos en la CONVEMAR respecto a la sostenibilidad de los recursos pesqueros no se compadecen con las reglas que se establecen en ella y, entiendo, como muy favorables a los Estados de Bandera las regulaciones que contiene, que dan lugar, al poco interés de estos de regular con los Estados ribereños las capturas en alta mar. Ya me he referido que mientras Argentina tiene importantes obligaciones respecto a la conservación de sus recursos en la ZEEA, los Estados que pescan en alta mar lo hacen en forma libre y sin control externo. Ello sólo, es una insensatez biológica sin rigor científico alguno.
En cuarto lugar, la pesca en alta mar sin acuerdo con los países ribereños provoca una distorsión en los mercados, ya que la extracción de los recursos pesqueros de los citados buques extranjeros sin impuesto alguno, subsidiados y en algunos casos con “trabajo esclavo”, generan una competencia desleal con los países emergentes, cuyas empresas afrontan no solo los costos internos impositivos y laborales, sino también los aranceles de importación de los propios países que pescan en el Atlántico Sur. Este hecho, no solo es de carácter comercial, sino que afecta las economías de los pueblos y ciudades pesqueras del litoral marítimo.
En quinto lugar, esto se ve facilitado por el apoyo logístico que le prestan los puertos de Uruguay a la Pesca Ilegal, tanto la proveniente del área de Malvinas como de alta mar que transita libremente por la Zona Común de Pesca, resultante del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, firmado en 1973/4.
En este escenario, no pueden esperarse mayores sorpresas. Los países desarrollados requieren cantidades crecientes de proteína por satisfacer las necesidades alimenticias de sus poblaciones y, en lugar de concertar un intercambio adecuado con los países ribereños que disponen de las materias primas, van por ellas; ya no invadiendo sus territorios como antaño, sino apropiándose de los recursos. Un ejemplo de ello es China. No solo opera subsidiada, sino que reduce sus costos al extremo utilizando, incluso, mano de obra esclava.
El modelo que utilizan las flotas que pescan a distancia es altamente prepotente, donde subyace la presión hacia los Estados ribereños, donde sus economías son dependientes de los países que pescan a distancia.
Sorprende sí, que los países de Suramérica, entre ellos Argentina, no hayan generado mecanismos para reducir la expoliación de sus recursos migratorios.
Ya me referí a que las capturas de las ZEE y en alta mar deben abordarse en forma integral, como bien refiere la FAO. ya que una u otra pesca indiscriminada afecta al conjunto del ecosistema, rompiendo el ciclo biológico de las especies migratorias, su desarrollo y reproducción. Accesoriamente a ello, las capturas sin control en alta mar no permiten disponer de estadísticas de los descartes por pesca incidental o no comercial; pero si transpolamos datos conocidos en la ZEEA podríamos inferir que estos descartes alcanzan al 30% de las capturas, razón por la cual, podríamos estimar en 300 mil toneladas/año los descartes anuales. Volumen que le permitía a la Argentina disponer de raciones proteicas diarias para 3 millones de niños y adolescentes los 365 días al año. Por cierto, un desaprovechamiento inadmisible, frente al hambre y pobreza mundial.
Hay además una contaminación del medio marino por el descarte de residuos no orgánicos.
Los países que pescan a distancia no están preocupados por lo que pasa fuera de sus jurisdicciones y por el contrario subsidian estas actividades. Ello favorece la práctica ilegal que se realiza en alta mar. La falta de control podría además favorecer el trabajo esclavo a bordo, las prácticas relativas al narcotráfico, la evasión fiscal y tareas ajenas a la explotación pesquera de los buques extranjeros. Sin embargo, la CONVEMAR solo autoriza la aplicación de penas de prisión y confiscación de los buques a los países titulares de estos. Ello ha llevado a muchos países y comunidades a que empiecen a analizar la aplicación de sanciones penales.
No hay una sola solución al problema, sino varias herramientas que deben converger en forma simultánea con la participación de todos los Estados ribereños, en especial los de Suramérica (Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, etc.), ya que este no es solo un problema del Atlántico sino también del Pacífico. Sintéticamente menciono alguno de los temas sobre los que he trabajado en profundidad, donde los Estados ribereños deberían actuar en forma mancomunada:
a) obtener el reconocimiento de los derechos en alta mar sobre los recursos migratorios originarios de las ZEE;
b) actuar ante la OMC para eliminar los subsidios a la pesca a distancia o fuera de las jurisdicciones;
c) propiciar que el origen y la trazabilidad y su correspondiente certificación debería estar en manos de los Estados ribereños para garantizar la sostenibilidad del conjunto del ecosistema (ZEE-ALTA MAR);
d) acordar que los puertos suramericanos no presten ningún apoyo logístico a los buques que pesquen en alta mar sin acuerdo del Estado ribereño;
e) establecer que los observadores a bordo y los inspectores al desembarque deben ser altamente calificados y suficientemente remunerados para evitar la pesca ilegal, la sustitución de especies y los descartes;
f) firmar un Acuerdo complementario del MERCOSUR (MERCOPES) para favorecería el interés de actuar en el Atlántico Sur por parte de Brasil, Uruguay y Argentina.
Por cierto, hay otras medidas complementarias.
Los países de Suramérica deberían entender que la pesca no es solo una cuestión económica y de generación de trabajo. Es una herramienta estratégica de ocupación de espacios marinos, de población y radicación industrial, de desarrollo de regiones inhóspitas y de provisión de salud (los aminoácidos esenciales del pescado son solo comparables con la leche materna). Nada que pueda verse solamente desde una mirada productiva o ambiental. Los países desarrollados ya lo saben y, empiezan a observar con lupa, la presencia de buques fuera de sus jurisdicciones. Saquemos nuestras propias conclusiones y obremos en consecuencia: No habrá Malvinas sin Pesca y sin Pesca no habrá desarrollo del litoral marítimo argentino.
* Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA. Ex Asesor en la H. Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, autor de 28 libros. Entre ellos: “Malvinas. 1982-2022. Una Gesta Histórica y 40 años de Entrega. Pesca la moneda de cambio” (2021) y “Argentina. La Casa Común. La Encíclica Laudato Si’ El Cuidado de la Casa Común. Comentada” (2021).
Negociar con un dealer es inmoral, no hacerlo es por lo menos imprudente
Los cambiemitas se ufanan sin el menor rubor de haber contraído una deuda astronómica con el Fondo Monetario Internacional, el préstamo más grande que ese organismo haya concedido en toda su historia, y los kirchneristas se aprestan con impostado disgusto a renegociar ese préstamo impagable. Aunque una cosa es consecuencia de la otra, las dos son igualmente inmorales, similares al tráfico con un vendedor de droga. El FMI ha sido el dealer de la Argentina desde 1976 y, como suelen hacer los dealers, amenaza con usar de la fuerza a fin de asegurarse el cobro, y no le importa si para eso es necesario matar a un jubilado, o a millones de jubilados.
No hay nada moral envuelto en el trato con el FMI porque el FMI tiene la moral de un dealer. Un prestamista profesional jamás le habría entregado 50.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri. Al dealer no le importan las cualidades de su cliente, sólo le interesa mantenerlo abastecido y con vida mientras siga consumiendo y pagando. En realidad, el FMI tiene menos moral que un dealer, porque el dealer en definitiva está haciendo un negocio para obtener una ganancia, mientras que el propósito del FMI no es cobrar intereses sino afianzar la dependencia y sumisión de sus clientes, manteniéndolos endeudados en beneficio de terceros. No fue creado para eso, pero se convirtió en eso.
A mediados de los 70, los Estados Unidos acababan de abandonar el patrón oro, y estaban en proceso de imponer el dólar como divisa mundial de atesoramiento y referencia. Mediante complejos mecanismos financieros descriptos con todo detalle en media docena de libros por el economista estadounidense Michael Hudson, lograron ordenar la economía mundial en función de sus propios intereses, convirtiendo en satélites al resto de los países desarrollados y condenando al atraso permanente a las naciones en desarrollo. El gran instrumento para la consecución de esos fines fue el endeudamiento, y sus operadores los organismos multilaterales como el FMI.
A mediados de los 70 la Argentina era el país más promisorio de América latina, con estadísticas de desarrollo humano comparables con las de las naciones avanzadas, el sistema de defensa más poderoso de Sudamérica y desarrollos propios en áreas críticas de la ciencia y la tecnología, desde la energía nuclear y la cohetería hasta la medicina y la genética. Contaba con todo lo necesario para dar el salto: energía, praderas, agua, todos los minerales imaginables y una sociedad educada y sin conflictos. Hacía gala además de una inquietante tendencia al comportamiento independiente, como lo comprobó Henry Kissinger en la famosa conferencia sobre población de 1974. En suma, la Argentina reunía todas las condiciones como para ser blanco de un ataque. Y lo fue.
El golpe militar de 1976 tuvo el propósito declarado de combatir a la guerrilla, y el objetivo oculto de acomodar la economía argentina al orden mundial gestionado desde los Estados Unidos. El asesoramiento brindado por el Comando Sur (y también por algunos ex miembros de la OAS francesa) sobre la forma de reprimir la insurgencia, las señales ambiguas de Washington respecto de Malvinas, el flujo constante y generoso de dólares en préstamo asegurado por David Rockefeller, y las políticas económicas del ministro José Martínez de Hoz se combinaron en una sinergia letal. Cuando los militares volvieron a sus cuarteles en 1983, dejaron un país sin guerrilleros pero desarticulado, indefenso, endeudado como nunca antes en su historia, y herido en su estructura productiva. Es decir, lo dejaron en manos del FMI.
La Argentina ya había requerido los auxilios del Fondo en 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1967, 1968, 1975 y 1976 (antes del golpe): se trataba de pequeños préstamos puente destinados a salvar ocasionales desajustes financieros, tal como había sido el propósito original del FMI. A partir de 1976, cuando la Argentina comienza a endeudarse seriamente con la banca privada y a recibir inversiones extranjeras, el FMI se convirtió de hecho en garante de que los prestamistas pudieran cobrar sus créditos y las empresas retirar sus dividendos en divisas fuertes sin inconvenientes. Ése fue el propósito central en los acuerdos firmados con el Fondo en 1976, 1977, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1996, 1998, 2000, 2003 y 2018, todos los cuales incluyeron recomendaciones o exigencias de política económica.
El FMI es un dealer de dealers, proveedor pero también agente de seguridad para otros proveedores y, al estilo de Barceló y Ruggierito en la Avellaneda del siglo pasado, servicial custodio de los consumidores sociales. El economista Hudson lo describió así en una reciente entrevista: “Otra vez la Argentina está a punto de defaultear o repudiar la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional, que esencialmente es un arma de la política exterior norteamericana. El FMI le presta plata a un país como la Argentina para solventar la fuga de capitales. Hace posible que las empresas norteamericanas y las familias ricas de la Argentina saquen fuera del país sus fondos en pesos, o escudos, o lo que usen allí, convertidos en dólares.” Hudson no conoce muy bien la Argentina: duda sobre la denominación de su moneda. Pero la cita como ejemplo sobre cómo funciona el FMI, cuáles son sus políticas respecto de cualquier país.
El ex presidente Macri, probablemente de manera involuntaria, le dio la razón al académico estadounidense cuando confió en un reportaje que “la plata del FMI la usamos para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”. Las críticas que suscitó esa declaración le obligaron entrar en detalles que no hicieron más que ratificar su admisión inicial: “La plata de la deuda fue para pagar uno a uno los préstamos que iban venciendo, porque el que tenía ese préstamo no lo quería renovar”, dijo y añadió: “El FMI nos prestó para que podamos pagar y no entrar en default, y seguir administrando la transición política hasta el segundo mandato”.
No es un secreto que Donald Trump intervino personalmente para que el FMI aceptara conceder a la Argentina, contra la opinión de los socios europeos, un préstamo de magnitud sin precedentes. Pero, ¿con qué intenciones? ¿Arrojarle un salvavidas a un amigo o, como supone Hudson, amarrar todavía más a la Argentina con los lazos de la deuda? Macri no tiene dudas. Piensa que Trump “se portó muy bien con nosotros” y cree en las bondades del Fondo: “No están para ganar plata, sino para que a la Argentina le vaya bien. Necesitan que todos los países del mundo se fortalezcan y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este planeta. El FMI pide un plan. Si hay un plan, esto se refinancia.” El FMI pidió y obtuvo un plan en cada uno de los acuerdos citados, pero a la Argentina nunca le fue bien.
Hudson describe así la naturaleza de los planes solicitados: “Y entonces el FMI deja que la moneda local colapse, de hecho insiste en que la moneda colapse. Porque dice que cuando uno no puede pagar sus deudas, la manera de hacerlo es imponer la austeridad, bajar los salarios y recortar la inversión en infraestructura, detener el gasto público. Y así, el resultado de esta política del FMI, con el Banco Mundial detrás, es reducir cada vez más la capacidad de los países para pagar sus deudas. Y así es cómo se endeudan cada vez más, y se vuelven cada vez más dependientes del crédito oficial estadounidense. Los préstamos del FMI y esencialmente la deuda se usan internacionalmente para empobrecer a otros países, tal como se está empobreciendo ahora la economía norteamericana.”
Pero se necesitan dos para bailar el tango. El FMI no tendría poder sobre la Argentina si no hubiese encontrado aquí su pareja en la casta política. La coreografía entre el dealer y el adicto es así: la casta primero endeuda al país para cubrir su propio desorden presupuestario, para proveerse de dólares baratos que se vende a sí misma y a sus amigos, y para brindar oportunidades a los expertos en triquiñuelas financieras; como no puede pagar sus vicios, algo que tanto el FMI como la casta saben de antemano, acto seguido renegocia el pago de la deuda en condiciones cada vez más lesivas para el país pero que aseguran el mantenimiento del sistema.
El endeudamiento es una estafa a la Nación, siempre lo ha sido. Desde el último cuarto del siglo pasado, la Argentina se ha endeudado de manera multimillonaria (y también ha pagado deuda de manera multimillonaria), pero el crédito no se advierte en inversiones ni en infraestructura ni en desarrollo. El único efecto palpable del endeudamiento ha sido el de paralizar el desarrollo argentino, abaratar el trabajo argentino y rebajar el precio de los activos argentinos. Y aumentar los impuestos.
En 1975, la deuda externa argentina sumaba 7.947 millones de dólares y representaba un 35% del PBI. Al término del primer semestre de este 2021, la deuda alcanzó los 257.643 millones de dólares y representó un 70% del PBI. Entre una fecha y otra se suscribieron 17 acuerdos con el FMI, cada uno acompañado de sus pertinentes recetas sanadoras. O el médico no acierta con el diagnóstico, o el adicto no tiene cura, y le están robando la plata con tratamientos inútiles mientras lo mantienen convenientemente abastecido. El fallecido diputado Mario Cafiero dejó documentado ese robo en dos trabajos cuya consulta es aleccionadora. El primero figura como anexo del llamado “informe Carrió” sobre lavado de dinero, emitido en 2001 por una comisión investigadora especial de la Cámara de Diputados. El segundo se titula “El FMI y la debacle argentina (1976-2003)”, y también se lo encuentra en los archivos de la cámara.
La economía argentina no recuperó la salud con las recetas del Fondo, dice Cafiero en el segundo informe citado. Pero, en cambio, “el FMI logró en Argentina un resultado concreto; obtuvo una profunda transnacionalización de su economía, en beneficio directo, casualmente, de las empresas e intereses del grupo de países del G7, que controlan el FMI”. Y agrega: “los resultados de estas políticas, que se miden en dramáticos costos sociales, económicos y humanos, han recaído y siguen recayendo sobre las espaldas del pueblo argentino, en especial de los más desprotegidos y pobres”. En el anexo al “informe Carrió”, Cafiero muestra cómo el pago de los intereses de la deuda representaba en 2001 el 20% del déficit fiscal; ahora la proporción se redujo a casi el 16% pero sólo porque el gobierno incrementó el déficit en todos los demás rubros.
La renegociación del crédito exorbitante que el FMI concedió al gobierno de Macri no es un simple trámite financiero como el ex presidente sugiere con desconcertante puerilidad. Sus condiciones pueden afectar seriamente la capacidad de decisión de cualquier gobierno respecto del manejo de su economía. Hay que reconocer que la vicepresidente tuvo una mirada más cautelosa sobre el asunto: “Nuestro país tiene el peso inédito de una deuda también inédita con el FMI. Es un momento histórico de extrema gravedad, y la definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo de que se tenga memoria”, escribió Cristina Fernández hace algunos días. Y descargó la responsabilidad, correctamente, en el Congreso nacional.
No se trató, sin embargo de un republicanismo tardío de la líder kirchnerista, sino de una olímpica lavada de manos: “No es Cristina”, dijo hablando de sí misma en tercera persona. “Es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones, en ejercicio de su responsabilidad constitucional en esta materia” y “son los 257 diputados y los 72 senadores quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia”. Si después vienen los reproches, nunca está de más preparar de antemano el “yo no fui” y el “yo avisé”. Resguardos que toma cualquier político avisado.
Alberto Fernández, por su lado, pretendió hacerse el duro: “Antes de cerrar un nuevo acuerdo”, intimó a Kristalina Georgieva, “haga su evaluación de lo que fue el fallido programa por el que se desembolsaron 44.000 millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales”. Fernández le alcanzó su propia evaluación, pero no era necesario. Antes de que el presidente argentino lanzara su desafiante exigencia, el Fondo ya tenía preparado el balance sobre la utilización del préstamo que ahora debe renegociar, algo rutinario en estos casos. “Hemos trabajado hasta ahora de manera constructiva, pero aún queda mucho por hacer”, lo sofrenó Georgieva, instándolo a “trabajar por un programa que mejore significativamente los fundamentos macroeconómicos de la Argentina y la coloque en una senda sólida para recuperarse de esta crisis”.
Mauricio, Alberto, Cristina y Kristalina pueden estar tranquilos: la casta política va a aprobar la renegociación, como lo ha hecho desde 1983, con algún tira y afloja irrelevante sobre sus términos y condiciones como para salvar la cara y entretener a la tribuna.
“Como siempre ocurrió en la historia argentina, y ahora no será excepción —escribió el consultor Marcelo Posada—, el acuerdo con el FMI es a favor de la perduración del endeudamiento de mediano plazo, a favor de que la casta siga su juego y, por consiguiente, a favor de prolongar la agonía de la sociedad. Cada intervención del FMI ‘a favor del país’, como la de 2018, es en contra de la sociedad, y ésta será lo mismo. Los parches de estos ‘acuerdos’ sólo sirven para impedir cualquier reforma estructural del Estado. Y no sólo cualquier reforma: también inciden para asegurar el mantenimiento de la presión impositiva. Al buscar mantener elevados los ingresos públicos (para destinarlos al pago de la deuda), el FMI se opone a la reducción de impuestos”.
5Negociar con el Fondo es inmoral, no hacerlo es por lo menos imprudente: lo sabe cualquiera acostumbrado a tratar con dealers. O abonado a Netflix. La casta parasitaria entiende muy bien el mensaje mafioso contenido en las cifras del “riesgo país”, la amenaza que agitan cada noche los noticieros televisivos.
